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En Factchequeado nos preguntaron si era verdad lo que afirma un video publicado el 30 de marzo de 2026 en Instagram que asegura que los venezolanos “están a sólo tres votos” en el Congreso para “que les sea otorgado residencia permanente americana” (sic) mientras hace referencia al proyecto de Ley de Ajuste Venezolano. Pero eso es falso. Hasta el momento en el que publicamos esta nota, 3 de abril de 2025, este proyecto de ley no estaba siendo discutido en la Cámara de Representantes ni en el Congreso.
La propuesta de ley H.R. 1348 (Venezuelan Adjustment Act o Ley de Ajuste Venezolano) fue introducida el 13 de febrero de 2025 en la Cámara de Representantes por el representante demócrata Darren Soto, de Florida, con el respaldo de otros legisladores también de Florida: María Elvira Salazar (republicana), Debbie Wasserman Schultz (demócrata) y Frederica Wilson (demócrata).
El proyecto, de convertirse en ley, haría que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgue el estatus de residente permanente a los venezolanos que hayan llegado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021, que hayan residido en el país desde entonces y que no hayan cometido delitos, entre otras condiciones.
En lo que va de 2026, la H.R. 1348 ha ganado 20 copatrocinadores (cosponsors, en inglés): 17 demócratas y 3 republicanos.
Sin embargo, que un proyecto sea introducido en el Congreso –incluso con respaldo de varias decenas de legisladores– no implica ni quiere decir que necesariamente vaya a ser sometido a votación. Para el momento en el que publicamos esta nota, la página oficial del Congreso no refleja que la Ley de Ajuste Venezolano vaya a ser discutida.
Además, para que un proyecto se convierta en ley, necesita ser aprobado en ambas cámaras del Congreso (con al menos 218 votos favorables en la Cámara y 60 en el Senado) y después promulgado por el presidente de Estados Unidos. Y, desde que asumió el 20 de enero de 2025, el gobierno Donald Trump ha desplegado una política migratoria contraria a la regularización e ingreso de extranjeros, y ha revocado protecciones migratorias a más de 2.5 millones de personas, incluyendo a más de 600,000 venezolanos que tenían Estatus de Protección Temporal (TPS).
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