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La Corte Suprema de Estados Unidos derogó la sentencia de 1973 del caso Roe v. Wade, que protegía el aborto a nivel federal hasta que el feto alcanzara la “viabilidad” (es decir, hasta que pueda sobrevivir fuera del útero) y citaba la Uniform Abortion Act de 1972, que lo permitía hasta la semana 20 del embarazo. Entre quienes se han pronunciado en contra de dicha decisión está el presidente, Joe Biden (Partido Demócrata), quien dijo que su “administración haría uso de todos los mecanismos legales”.
Pero, ¿qué puede hacer realmente el Presidente en contra de esta decisión del máximo tribunal?
Una orden ejecutiva: corto alcance
El 9 de julio Joe Biden firmó una orden ejecutiva para asegurar el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo.
Con ella se instruye al Departamento de Salud a expandir el acceso a fármacos abortivos, a asegurarle a las mujeres el acceso a tratamientos médicos de emergencia y a garantizar servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos a la población. Según la Casa Blanca, la orden tiene los siguientes cuatro apartados:
- Asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto y los anticonceptivos.
- Proteger la privacidad de los pacientes y su acceso a información veraz
- Proteger la seguridad de los pacientes, los médicos y las clínicas
- Coordinar la implementación de esfuerzos federales para proteger los derechos reproductivos y el acceso a la salud
La medida también dota de representación legal a médicos que presten servicios de interrupción del embarazo y a pacientes que decidan viajar para someterse al procedimiento de un estado prohibitivo a otro en el que la legislación local permite el aborto. También resguarda la privacidad sobre el historial médico de cada persona.
Estas medidas sirven para reforzar la legislación vigente, pero no para aportar nada nuevo ni para legislar en contra de la derogación de Roe v. Wade. Así lo reconoció la directora del Consejo Presidencial de Política de Género, Jen Klein, quien le dijo a la agencia Reuters que “no se puede resolver una decisión de la Corte Suprema con una orden ejecutiva”.
En la página web de la Corte Suprema, se explica que “el complejo rol de la Corte Suprema dentro del sistema proviene de su autoridad para invalidar legislaciones o acciones ejecutivas que, a criterio de la Corte, entran en conflicto con la Constitución”, es decir, que el poder ejecutivo que ostenta el Gobierno no puede ir en contra de una decisión de la Corte Suprema mediante una orden ejecutiva como la que Biden ha firmado.
Donde sí podría haber espacio legal para revertir la decisión de la Corte Suprema es en el Congreso, aunque tienen que dar los números.
El papel del Congreso: una ley federal podría garantizar el acceso al aborto en todo el país pero hoy en día no dan los números
“Déjenme ser muy claro: la única manera de asegurar el derecho de las mujeres a decidir es que el Congreso reinstaure las protecciones de Roe v. Wade como ley federal (…). El Congreso debe actuar, y ustedes con su voto pueden actuar”. Joe Biden se pronunció inmediatamente después de hacerse público el fallo de la Corte Suprema y con este mensaje cerró su discurso.
La promulgación de una ley federal podría proteger el acceso al aborto en todo el país.
En la guía oficial de información y servicios del gobierno de Estados Unidos se explica que “las cortes federales no redactan ni emiten leyes. En cambio, establecen medios individuales amparados por la ley federal”.
El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema estableció en el caso Roe v. Wade que ciertos estatutos del estado de Texas que criminalizaban las prácticas abortivas violaban el derecho constitucional de las mujeres a la privacidad.
Esa sentencia es la que evitaba, hasta ahora, que pudiera penalizarse la interrupción voluntaria del embarazo, antes de la semana 20, en Estados Unidos. Sin embargo, no se trata de una ley promulgada, sino de un hecho jurisprudencial que nace de la defensa de un derecho individual amparado por la ley federal.
Con el fallo del 24 de junio de 2022, en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (que deroga lo conseguido con la causa Roe v. Wade) sucede lo mismo: no es una ley.
De esa tarea, legislar, se encarga el Congreso, compuesto por dos cámaras: el Senado (Cámara Alta) y la Cámara de Representantes (Baja). Para promulgarse una ley federal, esta debe pasar por ambas, y depende del número de parlamentarios que la apoyen. Hoy en día, con la distribución actual de republicanos y demócratas, no dan los números. Es por eso que Biden ha hecho el llamado al voto de la ciudadanía en las elecciones de mitad de mandato (midterms) de noviembre de este año.
Una ley federal que ampare la interrupción voluntaria del embarazo revertiría el efecto del reciente fallo de la Corte Suprema y reestablecería el aborto en todo el país, con las reestricciones que decidan.
Las elecciones de mitad de mandato (midterms): ¿qué escenario podría llevar a la promulgación de una ley federal?
Cualquier congresista tiene potestad para introducir un proyecto de ley para su discusión en las cámaras. Una vez que lo ha hecho, se asigna dentro del Congreso una comisión que lo discute y plantea cambios.
Con el proyecto pulido por la comisión, es momento de votar.
El primer sitio por el que debe pasar es la Cámara de Representantes. Una mayoría simple, o sea, la mitad más un voto, es suficiente para darle el visto bueno. Con 435 congresistas que forman parte de esta instancia, son necesarios 218 votos.
Luego, el Senado.
Al entrar en la Cámara Alta, el proyecto de ley también necesita de una mayoría simple para ser aprobado. Y ahí los demócratas tienen los votos con 220 miembros demócratas, 210 son del Partido Republicano, y cinco escaños vacantes.
Sin embargo, el Senado funciona con un mecanismo propio que requiere de un conteo previo: el filibuster.
El filibuster supone que, para que un proyecto de ley entre a debate, el 60% de los miembros de la Cámara deben estar de acuerdo en que se discuta. Así que, si bien una mayoría simple es la necesaria para aprobarse, la ley no llega siquiera a una instancia de discusión si menos de 60 de los 100 senadores no están de acuerdo con hacerlo. Y aquí es donde a Biden no le salen los números porque no cuenta con ese. 60% de senadores demócratas.
Allí, en el Senado, 50 senadores son republicanos y 48 demócratas. Además, hay otros dos escaños que pertenecen a congresistas independientes que suelen votar con el Partido Demócrata, y cuentan con el voto de desempate, un poder que recae sobre la persona que preside el Senado, que es la vicepresidenta del país, Kamala Harris. El llamado al “voto consciente” que hace el presidente Biden tiene que ver con la idea de que serán los congresistas de su partido, el Demócrata, quienes votarían a favor de proteger, mediante una ley, el derecho al aborto y que, en las elecciones de noviembre, podrían cambiar. En el caso del Senado se escogerán 34 de los 100 asientos mientras que la Cámara de representantes se renueva al completo.
De los 34 senadores que se renovarán en noviembre, 14 de esos asientos están, en este momento, en poder del Partido Demócrata. Los otros 20 son republicanos.
En los comicios más recientes, los demócratas han ido ganando terreno republicano. En las midterms de 2016 obtuvieron dos puestos, Illinois y New Hampshire, que estaban en poder de sus rivales. Lo mismo ocurrió en las elecciones especiales de 2020 y 2021, cuando consiguieron dos escaños más: uno en Arizona y otro en Georgia.
Cabe mencionar, además que, en 2019, el periódico The Wall Street Journal anotaba a dos senadoras republicanas como a favor del derecho a interrumpir el embarazo: Lisa Murkowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine.
Pero con eso no suman 60 todavía.
Superar el filibuster sin los números, ¿es posible?
El 30 de junio de 2022, durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Madrid, Joe Biden dijo que “si el filibuster intercede con esta situación, necesitamos una excepción al filibuster para esta acción”.
Luego repitió la proclama en un tuit.
La medida nace en 1917 y exigía el consenso de dos tercios de la cámara para llevar a cabo los debates. En 1975 se redujo a las actuales tres quintas partes.
Desde entonces se han aprobado varias excepciones. Por ejemplo, la Budget Reconciliation, que permite aprobar los presupuestos federales con el visto bueno de la mayoría simple.
A partir de 2013 es posible para el Senado aprobar a los nominados a puestos federales, distintos de la Corte Suprema, por mayoría simple, y en 2017 se extendió, ahora sí, a la confirmación de magistrados del máximo tribunal.
Es posible eliminar el filibuster de manera puntual, y para hacerlo basta con el voto de la mayoría simple . Algo con lo que sí cuenta, en este momento, el Partido Demócrata.
Sin embargo, en enero de este año dos senadores demócratas se mostraron contrarios a eliminar el filibuster con un margen tan corto como la mayoría simple. Uno es Joe Manchin, de West Virginia, y la otra es Kyrsten Sinema, de Arizona.
En ese momento argumentaron que “romperían los lazos que aún sostienen con el Partido Republicano”. No obstante, no había ante ellos una situación como la planteada por la reciente penalización del aborto.
En línea con lo explicado por Factchequeado en esta nota, Biden no lo tiene fácil para crear una legislación federal de acceso al aborto pero si las mayorías demócratas se amplían en el Senado en las elecciones de mitad de mandato, podría tener los números. De ahí que Biden apele al voto ciudadano, y sobre todo al de las mujeres como principales afectadas. Un decreto presidencial no puede revertir una decisión de la Corte, pero una decisión de la Corte no se convierte en una ley escrita. El derecho al aborto pasa por tener una legislación que explícitamente lo permita.
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