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Se está acabando el tiempo para las vacunas contra el COVID-19, los kits de prueba caseros, e, incluso, algunos tratamientos, gratuitos.
La Casa Blanca anunció este mes que la emergencia nacional de salud pública, declarada a principios de 2020 en respuesta a la pandemia, expirará el 11 de mayo de 2023. Cuando termine, también lo harán muchas de las políticas diseñadas para combatir la propagación del virus.
Hasta ahora, el gobierno federal ha estado comprando vacunas contra el COVID-19. Recientemente adquirió 105 millones de dosis del refuerzo bivalente de Pfizer-BioNTech por alrededor de $30,48 la dosis, y 66 millones de dosis de la versión de Moderna por $26,36 la dosis.
Se acabará el suministro del gobierno y los fabricantes venderán sus vacunas
Las personas podrán obtener estas vacunas a bajo costo o sin costo mientras duren los suministros del gobierno. Pero incluso antes de que se estableciera la fecha de finalización de la emergencia pública, el Congreso optó por no otorgar más dinero para mantener sus reservas.
Pfizer y Moderna ya están planeando sus movimientos hacia el mercado comercial. Ambos han indicado que aumentarán los precios, entre $110 y $130 por dosis, aunque las aseguradoras y los programas gubernamentales de salud podrían negociar tarifas más bajas.
“Vemos una oportunidad de mercado de dos dígitos de mil millones [de dólares]”, dijo recientemente a los inversionistas Ryan Richardson, director de estrategia de BioNTech, en una conferencia de JPMorgan en San Francisco. La compañía espera un precio bruto de $110 por dosis, lo que, según Richardson, “está más que justificado desde la perspectiva de la economía de la salud”.
Esto podría significar decenas de miles de millones de dólares en ingresos para los fabricantes, incluso si la aceptación de las vacunas es lenta. Y los consumidores pagarían la factura, ya sea directa o indirectamente.
Si la mitad de los adultos, aproximadamente el mismo porcentaje que recibe una vacuna anual contra la gripe, tienen refuerzos contra el COVID-19 a los precios nuevos más altos, según estimó un informe de Kaiser Family Foundation (KFF), las aseguradoras, los empleadores y otros pagarían entre $12.4 mil millones y $14.8 mil millones al año.
En cuanto a los tratamientos para COVID-19, un blog de agosto de 2022 del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) señaló que se espera que los suministros del medicamento Paxlovid comprados por el gobierno duren hasta mediados de año antes de que el sector privado se haga cargo.
El precio de compra a granel del gobierno al fabricante Pfizer-BioNtech fue de $530 por un curso de tratamiento, y aún no se sabe cuánto cobrarán las compañías cuando se agoten los suministros del gobierno.
La porción del nuevo costo de estos productos que se transfiera al consumidor dependerá de su cobertura de salud.
Qué pasa con beneficiarios de Medicare y Medicaid
Los beneficiarios de Medicare, de Medicaid, y las personas con cobertura bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) continuarán recibiendo las vacunas contra el COVID sin costo compartido, incluso cuando termine la emergencia de salud pública y las vacunas compradas por el gobierno, según el anunció gubernamental.
Es probable que muchas personas con seguro basado en el trabajo tampoco tengan que pagar copagos por las vacunas, a menos que se vacunen por fuera de la red. Las personas con pólizas de corto plazo pueden tener que pagar la totalidad o parte de sus vacunas.
Y las que no tienen seguro deberán pagar el costo total de su bolsillo o buscar vacunas gratuitas o de bajo costo en clínicas comunitarias u otros proveedores. Algunos simplemente no se las aplicarán.
Conseguir lo que podría ser $100 o más para la vacunación será especialmente difícil “si no tienes seguro o tienes un seguro insuficiente; ahí es donde estos aumentos de precios podrían generar disparidades adicionales”, dijo Sean Robbins, vicepresidente ejecutivo de asuntos externos de la Asociación Blue Cross Blue Shield. Esos aumentos, dijo, también afectarán a las personas con seguro, ya que los costos “fluyen a las primas”.
Mientras tanto, expertos en políticas públicas dicen que muchas aseguradoras privadas seguirán cubriendo Paxlovid, aunque los pacientes pueden tener un copago, al menos hasta que alcancen su deducible, tal como lo hacen con otros medicamentos.
Medicaid continuará cubriéndolo sin costo para los pacientes hasta al menos 2024. Pero la cobertura de Medicare estará limitada hasta que el tratamiento pase por el proceso regular de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que lleva más tiempo que la autorización de uso de emergencia bajo la cual se ha comercializado.
Otra complicación: es probable que las listas de personas sin seguro aumenten durante el próximo año, ya que los estados están listos para restablecer el proceso regular para determinar la elegibilidad para Medicaid, que se frenó durante la pandemia. A partir de abril de 2023, comenzarán a reevaluar si los beneficiarios de Medicaid cumplen con los ingresos y otros factores.
Se estima que entre 5 y 14 millones de personas en todo el país podrían perder la cobertura.
“Esta es nuestra principal preocupación”, dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care, el plan de salud operado públicamente más grande del país con 2.7 millones de miembros.
“Es posible que no se den cuenta de que han perdido la cobertura hasta que vayan a surtir una receta” o busquen otra atención médica, incluidas las vacunas, dijo.
Qué pasará con las pruebas de COVID-19
Sobre las pruebas, las reglas siguen vigentes para las aseguradoras, incluidos los planes de Medicare y de ACA, para cubrir el costo de hasta 8 kits de prueba en el hogar por mes para cada persona en el plan, hasta que finalice la emergencia de salud pública.
Para los consumidores, incluidos los que no tienen seguro, un sitio web del gobierno todavía ofrece hasta 4 kits de prueba por hogar, hasta que se agoten. La administración Biden cambió los fondos para comprar kits adicionales y los puso a disposición a fines de diciembre.
Sin embargo, a partir de mayo de este año, los beneficiarios del Medicare Original y muchas personas con un seguro privado basado en el trabajo tendrán que comenzar a pagarlos de su bolsillo. Algunos planes de Medicare Advantage pueden optar por seguir cubriéndolos. Y los beneficiarios de Medicaid pueden seguir recibiendo los kits de prueba sin costo durante poco más de un año. Las reglas estatales también pueden variar.
En general, el futuro de las pruebas, vacunas y tratamientos para COVID-19 reflejará la complicada combinación de cobertura que los consumidores ya navegan para la mayoría de los otros tipos de atención.
“Desde la perspectiva del consumidor, las vacunas seguirán siendo gratuitas, pero para los tratamientos y kits de prueba, muchas personas enfrentarán costos compartidos”, dijo Jen Kates, vicepresidenta sénior de Kaiser Family Foundation. “Estamos teniendo acceso universal y ahora estamos volviendo a lo que es el sistema regular de salud del país”.
El corresponsal de KHN, Darius Tahir, colaboró con este informe.
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