La Corte Suprema emitió un fallo el 3 de octubre de 2025 que permite que el gobierno de Donald Trump pueda continuar el proceso de poner fin a la protección a los beneficiarios del TPS 2021 y 2023. *****
La decisión de la Corte Suprema deja temporalmente sin efecto el fallo del juez federal Edward Chen que había determinado que la medida de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de poner fin al TPS para los venezolanos era “ilegal” y debía ser anulada. La suspensión se mantendrá, al menos, hasta que se resuelva la apelación presentada por el gobierno de Donald Trump.
Producto de la decisión de la Corte Suprema:
Los beneficiarios del TPS de 2023 pierden, nuevamente, ese estatus de protección temporal.
Los beneficiarios del TPS de 2021 perderán la protección a partir del 8 de noviembre de 2025.
La página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) explica que mantendrán la protección hasta el 2 de octubre de 2026 aquellos beneficiarios del TPS cuyo caso haya sido aprobado antes del 5 de febrero de 2025, o ese mismo día, y que hayan recibido una autorización de empleo que expire el 2 de octubre de 2026.
Es la segunda vez que la Corte Suprema permite que el gobierno de Trump ponga fin al TPS de los venezolanos
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo el 18 de mayo de 2025 que permitía la entrada en vigor de la decisión de poner fin al TPS de los venezolanos, mientras el juez Chen emitía una sentencia definitiva sobre la legalidad de la decisión de Noem.
Con el fallo del 5 de septiembre de 2025, el juez Chen resolvió sobre el fondo del asunto, calificó de ilegal la decisión de Noem y, con ello, se había restablecido el TPS para los venezolanos hasta octubre de 2026. Sin embargo, como ya te comentamos, la decisión de la Corte Suprema del 3 de octubre de 2025 suspendió el fallo de Chen mientras se resuelve la apelación que presentó el gobierno de Trump.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema indicó que, a pesar de que el juez Chen había emitido un fallo en el caso, su decisión debía suspenderse temporalmente mientras avanza la apelación ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. El Noveno Circuito ordenó al gobierno presentar sus argumentos iniciales para el 16 de octubre de 2025.
Las magistradas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson indicaron que disentían de la decisión. Jackson criticó a la mayoría por “permitir que esta administración perturbe tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”.
Noem había anunciado el 3 de septiembre de 2025 el fin del TPS de los venezolanos de 2021. Noem también puso fin en febrero de 2025 al TPS de los venezolanos que recibieron este beneficio a partir de la expansión de octubre de 2023.
Lo que afirmó el juez Chen en el fallo que fue suspendido por la Corte Suprema
El juez Chen determinó en su fallo, ahora bajo revisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Citcuito:
Que la decisión de Noem fue ilegal porque no tenía autoridad para anular la extensión del TPS hasta octubre de 2026 que había dado el DHS bajo la administración de Joe Biden.
Además, el juez afirmó que incluso si Noem hubiese tenido tal autoridad, “no cabe duda de que su decisión posterior de dar por terminada la designación fue ilegal y/o arbitraria y caprichosa, ya que la secretaria no llevó a cabo una consulta significativa con otras agencias gubernamentales”.
En los documentos donde anunció el fin al TPS de 2023 y 2021, Noem señaló que “permitir a los venezolanos protegidos [por el TPS] permanecer temporalmente en los Estados Unidos es contrario al interés nacional”. También afirmó, sin mostrar evidencias, que el TPS estaría supuestamente relacionado con la llegada a Estados Unidos de miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua (TdA, como también la denomina el gobierno de Donald Trump).
El juez Chen además indicó que el gobierno no mostró evidencias de que hubiese alguna relación entre los beneficiarios del TPS y el Tren de Aragua, y afirmó que “la generalización que hizo la Secretaria Noem de los supuestos actos de unos pocos (para los cuales hay poca o ninguna evidencia) a toda la población de beneficiarios venezolanos de TPS –quienes tienen tasas más bajas de criminalidad y tasas más altas de educación universitaria y participación laboral que la población general constituye una forma clásica de racismo”.
El juez añadió que Noem “estaba eligiendo despojar del estatus legal a todos los beneficiarios venezolanos de TPS –que suman cientos de miles– basándose en su evaluación de un número limitado de individuos, y sin prueba alguna de que algún presunto miembro de pandilla fuera titular de TPS”.
De esta manera, Chen falló a favor de los demandantes que solicitaron el 19 de febrero de 2025 que se invalidara la decisión de Noem.
Según el DHS, “hay mejoras notables” en Venezuela
Cuando la administración del expresidente Biden anunció la decisión de extender el TPS de los Venezolanos, Alejandro Mayorkas –entonces secretario del DHS– citó la crisis de Venezuela: “Las condiciones extraordinarias y temporales, incluida una grave emergencia humanitaria marcada por una contracción económica, el aumento de la pobreza, el acceso reducido a alimentos y medicinas, el colapso de los servicios básicos, la escasez de combustible, los abusos a los derechos humanos, la represión política, el crimen y la violencia, siguen impidiendo que los ciudadanos venezolanos regresen de manera segura”.
Pero según afirmó Noem en su anuncio al invalidar el TPS de 2023, en Venezuela –país gobernado por el dictador Nicolás Maduro, quien es señalado por Estados Unidos de liderar un cartel de drogas– “hay mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública, y la criminalidad que permite que estos nacionales puedan regresar de forma segura a su país”. Noem no citó evidencias que respalden las supuestas “mejoras notables” en Venezuela.
En su anuncio de la invalidación del TPS de 2021 del 8 de septiembre de 2025, Noem afirmó que Venezuela estaba mejorando económicamente porque según un artículo de El País del 22 de julio de 2024 estaba produciendo más petróleo y porque, según el Fondo Monetario Internacional, también en 2024 la hiperinflación había disminuido y el Producto Interno Bruto había aumentado. Noem no mencionó la crisis de derechos humanos en Venezuela ni el hecho de que el gobierno del que forma parte considera que Venezuela está liderada por un “cartel narcoterrorista”.
Noem también citó, como evidencia de mejoría en Venezuela, reportes que señalan que la cifra de venezolanos regresando a su país aumentó en 2023, pero sin mencionar los motivos de esos retornos. Por ejemplo, la Secretaria del DHS citó un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 2024 que hace mención a los venezolanos regresaron al país en 2023, pero dejó por fuera que el reporte señala que “la dificultad para encontrar oportunidades e ingresos estables, la regularización del estatus migratorio en el extranjero y la xenofobia” fueron “los factores más comunes” que impulsaron esos retornos en 2023.
Sobre este punto, el juez Chen resaltó que el gobierno no mostró evidencias en corte que respalden la supuesta mejoría y añadió que las condiciones en Venezuela “son tan peligrosas que el Departamento de Estado recomienda no viajar a esos países”.
Más de 2,000 personas fueron arrestadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en las que Maduro fue declarado vencedor a pesar de que las evidencias mostraron que Edmundo González, el candidato opositor, había ganado por amplio margen.
De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en enero de 2025, posterior a las elecciones, la dictadura venezolana empleó “prácticas de terrorismo de estado” que dejaron al menos 25 asesinatos, y en la que se emplearon técnicas de “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los detenidos.
Más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2014, en lo que la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR) describe como “el más grande éxodo de la historia reciente de América Latina”, y “una de las crisis de desplazamiento internacional más grande del mundo”.
Qué es el TPS
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un estatus migratorio no permanente otorgado por el DHS a extranjeros elegibles, que estén en territorio estadounidense, y que la agencia considere que provienen de países que están pasando por un conflicto armado, desastre natural u otras “condiciones extraordinarias y de carácter temporal” que impiden que puedan regresar de forma segura.
En total, 607,000 venezolanos son beneficiarios del TPS en Estados Unidos, según indicó el DHS el 15 de enero de 2025.
Trump también intentó poner fin a programas de TPS durante su primer mandato
Durante el primer gobierno de Trump se intentó poner fin al TPS que beneficia a nacionales de Haití, Nicaragua, Nepal, Sudán, El Salvador y Honduras, pero fue bloqueado en 2018 por decisión de una Corte Federal en respuesta a una demanda presentada por organizaciones defensoras de derechos humanos. El caso nunca llegó a una resolución final porque el gobierno de Biden revocó la medida de la administración Trump en junio de 2023, antes de que se emitiera la decisión definitiva en el juicio.
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* Esta nota fue actualizada el 13 de junio de 2025 con el anuncio del DHS sobre la invalidez del TPS de 2023 de algunos venezolanos.
** Esta nota fue actualizada el 2 de septiembre de 2025 con el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
*** Esta nota fue actualizada el 4 de septiembre de 2025 con la decisión de Kristi Noem de poner fin al TPS de 2021.
**** Esta nota fue actualizada el 8 de septiembre de 2025 tras la decisión del juez Edward Chen que anuló la orden de Kristi Noem.
***** Esta nota fue actualizada el 6 de octubre de 2025 tras la decisión de la Corte Suprema que suspendió el fallo del juez Chen.
Primera fecha de publicación de este artículo: 04/02/2025