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Stephen Miller, subdirector de política y asesor de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump, declaró en una publicación de X: “¿Bajo qué teoría constitucional un solo juez marxista tiene el mismo poder que el Comandante en Jefe?”. Lo dijo refiriéndose a la orden de un juez federal para frenar la expulsión exprés de decenas de migrantes latinoamericanos en aviones de Estados Unidos a El Salvador, sin derecho a hablar con un abogado o estar frente a un juez.
La respuesta a la pregunta retórica de Miller es que, bajo el sistema constitucional de Estados Unidos, un solo juez federal sí puede bloquear una orden presidencial si la considera inconstitucional. No es una anomalía, es justamente la función del Poder Judicial como contrapeso: se trata de un poder “contramayoritario”, diseñado para proteger los derechos de las minorías incluso frente a decisiones respaldadas por mayorías o por el propio presidente.
La narrativa de que los jueces están obstruyendo al gobierno por razones políticas no es original de la administración de Trump ni de los gobiernos de derecha. Distintos líderes en América Latina —incluidos en Argentina, Ecuador y México— han utilizado esta narrativa para desacreditar al Poder Judicial.
El gobierno de Trump desafía orden judicial y busca destituir a jueces federales
El 15 de marzo de 2025, el juez federal para el Distrito de Columbia, James Boasberg, emitió una orden para detener la deportación de 238 personas venezolanas, luego de que el presidente Donald Trump invocara una ley de guerra del siglo XVIII —la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798— para justificar su expulsión inmediata. Pese a la orden judicial, los vuelos salieron de Estados Unidos con destino a El Salvador. Según la administración Trump, las personas deportadas estaban supuestamente vinculadas con el Tren de Aragua (TdA), una organización criminal originaria de Venezuela.
Desde que comenzó el 20 de enero de 2025, la administración Trump ha presionado para que se destituya a distintos jueces federales, algo inusual en Estados Unidos. En los últimos 222 años, sólo 15 jueces han sido sometidos a juicio político en la historia del país, según el órgano de gobierno de los tribunales estadounidenses, y sólo 8 han sido destituidos, la última vez fue en 2010 en casos de sobornos.
El congresista Brandon Gill presentó formalmente una acusación contra el juez Boasberg y otros representantes republicanos buscaron destituir a por lo menos seis jueces más, de acuerdo con Reuters. La Constitución permite que la Cámara de Representantes inicie un juicio político con mayoría simple, pero para que un juez sea destituido, se necesita el voto de dos tercios del Senado.
La administración Trump niega haber desobedecido la orden del juez Boasberg e infringido la ley, argumentan que el vuelo no tenía que regresar porque ya había salido del territorio estadounidense en el momento en que la orden judicial entró en vigor. El New York Times rastreó los vuelos con fuentes de varios países, hizo una cronología de las hora de salida y llegada de los aviones y concluyó que Trump desobedeció al juez.
La narrativa de la obstrucción judicial en la Casa Blanca
Además de la declaración de Miller, Trump y otros funcionarios de su gabinete impulsan la narrativa de que el Poder Judicial, especialmente cuando se trata de un solo juez federal, no debería tener la capacidad de bloquear decisiones ejecutivas. Por ejemplo:
– Donald Trump calificó al juez Boasberg de “lunático radical de izquierda” y pidió su juicio político, en una publicación de Truth Social el 18 de marzo de 2025.
– Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dijo que “hay dudas sobre si una orden verbal tiene el mismo peso legal que una escrita”, durante una conferencia el 17 de marzo de 2025.
– JD Vance, vicepresidente, sostuvo: “Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del poder ejecutivo”, en una publicación de X el 9 de febrero de 2025
– Elon Musk habló de un “golpe judicial” y pidió someter a los jueces a juicio político para “salvar la democracia”, en una publicación de X el 11 de febrero de 2025.
– El llamado zar de la frontera de Trump, Tom Homan, indicó que la administración planeaba continuar con ese tipo de deportaciones a pesar de la orden del tribunal. “No nos detendremos”, dijo Homan en Fox News. “No me importa lo que piensen los jueces”.
En reacción a esto, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió categóricamente el 18 de marzo de 2025 con una defensa a la independencia judicial para recordar que las decisiones de los jueces no pueden anularse por presión política. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment (juicio político) no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, dijo Roberts. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”, precisó.
El 27 de marzo de 2025, la fiscal general Pam Bondi pidió la destitución de las juezas federales en Washington, D. C., Ana Reyes y Beryl Howell, además del juez Boasberg. A Reyes por cuestionar a un abogado del Departamento de Justicia sobre sus argumentos y creencias religiosas durante una audiencia sobre la prohibición de personas trans en el ejército. La destitución de Howell la pidió por bloquear una orden ejecutiva de Trump para sancionar al bufete Perkins Coie, vinculado a los demócratas. La jueza Howell argumentó que la medida violaba la Primera Enmienda y el debido proceso.
¿Qué dice la Constitución de Estados Unidos?
La Constitución de EE. UU. establece tres poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. Ninguno debe estar por encima del otro. Este principio se conoce como "checks and balances" (controles y contrapesos).
Para entenderlo hay que tener en cuenta que la Constitución define las funciones y límites del presidente (en el Artículo II) y las del Poder judicial y su facultad de interpretar la ley (en el Artículo III).
En Estados Unidos, cualquier juez federal puede revisar si una acción del Ejecutivo o el Congreso viola la Constitución. Esta facultad, conocida como control de constitucionalidad difuso, fue establecida en el caso histórico Marbury v. Madison (1803). Según este principio, el Poder Judicial actúa como un contrapeso contramayoritario que protege derechos fundamentales, incluso frente a decisiones impulsadas por el presidente o por mayorías legislativas temporales.
Casos históricos reafirman este principio:
Estados Unidos vs. Nixon (1974)
La Corte Suprema obligó al presidente Richard Nixon a entregar grabaciones del caso Watergate. Nixon cumplió la orden y renunció al cargo poco después. Este caso estableció que el presidente no está por encima de la ley y que el principio de privilegio ejecutivo (el derecho del presidente a mantener ciertas comunicaciones en secreto) no es absoluto. Aquí puedes encontrar más detalles.
Trump vs. Hawaii (2018)
Este caso mostró el poder presidencial en inmigración. En 2018, la Corte Suprema avaló la orden ejecutiva de Donald Trump que restringía la entrada de ciudadanos de Corea del Norte, Irán, Libia, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen, bajo el argumento de seguridad nacional. La decisión, con un voto de 5-4, reafirmó la amplia autoridad del presidente en materia migratoria, pero también dejó claro que sus órdenes pueden ser revisadas por jueces. Aquí puedes ver el caso.
¿Qué dicen los especialistas?
Jessica Silbey, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, experta en Derecho Constitucional, dijo a la revista de la universidad: “Donald Trump está reorganizando la estructura constitucional del gobierno por medio de mecanismos que no prevén ninguna responsabilidad ni transparencia, lo que desafía nuestras normas y compromisos democráticos. Se resiste abiertamente al significado claro de las leyes que hemos aceptado durante mucho tiempo”.
“Lo que estamos viendo es un intento de una rama del gobierno de intimidar a otra para que no cumpla con su deber constitucional”, dijo Marin Levy, profesora de derecho en Duke, citada por Univision.
Los jueces federales han emitido más de una docena de órdenes de restricción temporales y medidas cautelares contra las acciones de la administración Trump, según el recurso Trump Litigation Tracker, elaborado por Just Security, una publicación legal vinculada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York que da seguimiento a las impugnaciones legales contra las acciones de Trump. Al día 27 de marzo de 2025, habían rastreado 146 casos, 3 de estos ya cerrados.
“La orden de un juez es la orden de un juez”, afirmó el abogado constitucionalista Joseph Malouf, puede ser una orden oral o escrita, señaló a Univision.
“No está claro si el gobierno las cumplirá (las órdenes de los jueces), y en al menos dos casos, los jueces han declarado que sus órdenes fueron ignoradas”, escribió en The New York Times el decano de la Facultad de Derecho de Berkeley en la Universidad de California, Erwin Chemerinsky, autor del libro “Ninguna democracia dura para siempre: cómo la Constitución amenaza a los Estados Unidos”.
Otros dos casos de desobediencia de fallos judiciales durante la segunda administración de Trump
Uno de los casos a los que se refiere Chemerinsky es el del juez federal de distrito John J. McConnell Jr., con sede en Rhode Island, quien ordenó que el gobierno de Trump liberara “casi 2 mil millones” a programas nacionales en casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia. En su fallo, McConnell argumentó que el Ejecutivo intenta colocarse por encima del Congreso al bloquear el dinero aprobado por el Legislativo y socavar los roles constitucionales de cada rama del gobierno.
En el otro caso, el juez federal Amir H. Ali, del Tribunal de Distrito en Washington, D.C., ordenó que la administración Trump liberara aproximadamente 2,000 millones de dólares en ayuda exterior congelados tras una orden ejecutiva emitida el 20 de enero de 2025. El recorte ha afectado programas gestionados por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y el Departamento de Estado.
A pesar de la orden judicial, la administración Trump no ha cumplido con el plazo establecido para liberar los fondos. “La amplia y categórica congelación de fondos federales es, como determinó la Corte, probablemente inconstitucional y ha causado, y sigue causando, un daño irreparable a una vasta parte del país”, dijo Ali.
Un patrón de cuestionamiento a los jueces en América Latina
Esta narrativa del Poder Ejecutivo desacreditando el Poder Judicial ha sido una narrativa entre gobernantes de América Latina:
El presidente agentino, Javier Milei, nombró por decreto en febrero de 2025 a dos jueces sin pasar por la aprobación del Senado. Su jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo: "El decreto es algo que el presidente tiene en la cabeza y lo autorizará en el momento que corresponda y que crea que lo tiene que utilizar. Es una decisión de él".
Antes, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (10 de diciembre de 2007– 9 de diciembre de 2015), dijo cuando estaba en el cargo: “¿Qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida y si hay que juzgarlo lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados que son los que dependen de él?”.
El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en junio de 2024, expresó críticas hacia el sistema judicial en una entrevista con The New Yorker, donde mencionó: "El sistema judicial está completamente corrompido. Los jueces son comprados y vendidos como si fueran mercancías".
Andrés Manuel López Obrador como presidente de México dijo en 2021: “Desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas expresiones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”.
Su sucesora, Claudia Sheinbaum, declaró en octubre de 2023: "Ya se democratizó el Poder Ejecutivo, se democratizó el Poder Legislativo, pero hay un Poder que sigue siendo el reducto de unos cuantos, de unos cuantos intereses y también de unos cuantos delincuentes, ese es el Poder Judicial”.
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