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El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal y personas con visas temporales en los Estados Unidos. La medida entraría en vigor en 30 días, pero fue impugnada por los fiscales de 22 estados en demandas presentadas por separado por considerarla inconstitucional. Otras organizaciones defensoras de los derechos civiles y grupos de madres embarazadas (como esta y esta) interpusieron más denuncias en contra del decreto.
Importante: Por ahora, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente y la constitucionalidad de la medida de Trump no ha sido resuelta en forma definitiva. Lo último que ha sucedido en este tema ocurrió el 10 de julio de 2025, cuando el juez federal de New Hampshire, Joseph Laplante, bloqueó la orden ejecutiva de Trump tras una demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de derechos civiles que busca proteger a los nacidos de madre o padre indocumentados o con estatus temporal. ******
El 27 de junio de 2025, un fallo de la Corte Suprema limitó la habilidad de cortes federales de emitir medidas cautelares a nivel nacional, pero dejó la puerta abierta para que se dictaran medidas cautelares en demandas colectivas (class action lawsuits).
Cronología de los fallos emitidos sobre la orden ejecutiva desde enero de 2025
23 de enero de 2025: el juez federal John Coughenour, con sede en Seattle, bloqueó la implementación de la medida que elimina la ciudadanía por nacimiento y la calificó de "flagrantemente inconstitucional”.
6 de febrero de 2025: la jueza de distrito de Maryland, Deborah Boardman, bloqueó el decreto de Trump, en otro caso presentado por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados. “La ciudadanía es un derecho muy preciado, concedido expresamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”, expuso Boardman.
10 de febrero de 2025: el juez federal de distrito Joseph N. Laplante, en New Hampshire, bloqueó de manera temporal el decreto del presidente Trump.
13 de febrero de 2025: el juez federal de distrito de Massachusetts, Leo Sorokin, emitió un fallo de 31 páginas en el que señala que la “Constitución confiere el derecho a la ciudadanía por nacimiento de manera amplia, incluyendo a las personas dentro de las categorías descritas” en la orden ejecutiva del presidente. El caso de Boston fue presentado por los fiscales generales demócratas de 18 estados, y es uno de al menos nueve juicios que impugnan la orden de ciudadanía por nacimiento.
27 de junio de 2025: en una decisión dividida (de 6-3 votos), la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del presidente Trump, al conceder su solicitud de limitar el alcance de las medidas cautelares impuestas por tribunales federales. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento en sí misma; sino que resolvió que las cortes federales no tienen autoridad para bloquear leyes o decretos de manera universal. El fallo dejó la puerta abierta para que se introdujeran demandas colectivas.
10 de julio de 2025: tras la decisión de la Corte Suprema, el juez federal Joseph N. Laplante, del distrito de New Hampshire, emitió otro fallo que bloquea la implementación de la orden. El juez respondió así a una demanda colectiva introducida por organizaciones civiles (incluyendo la ACLU de New Hampshire). Laacción busca proteger a “toda persona nacida desde el 20 de febrero de 2025 [el día que hubiese entrado en vigencia la Orden Ejecutiva] en adelante” y que tuviese una madre o un padre inmigrante indocumentado o con estatus legal temporal.
El gobierno de Trump no apeló el fallo del juez federal Laplante en el plazo de 7 días otorgado por la ley, ni presentó un recurso de emergencia. Por lo tanto, la orden judicial que bloquea la implementación de la orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento entró en vigor a nivel nacional.
23 de julio de 2025: en otro caso presentado por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ordenó al gobierno reconocer a los bebés nacidos en cualquier estado de los Estados Unidos como ciudadanos estadounidenses.
25 de julio de 2025: En un caso más presentado por varios estados, un juez en Massachusetts ordenó al gobierno reconocer como ciudadanos estadounidenses a los bebés nacidos en cualquier estado de los Estados Unidos. Lo estados que presentaron la demanda son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington D.C. y Wisconsin.
7 de agosto de 2025: El juez del caso de Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), la jueza Deborah L. Boardman, concedió una petición para la certificación de la clase para una orden judicial preliminar. “Esta nueva orden judicial protege a todos los bebés nacidos en los Estados Unidos y reemplaza la orden judicial anterior, que se limitaba a los miembros de ASAP y CASA”, de acuerdo con la organización.
¿Qué pasa por ahora con la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por nacimiento sigue vigente por ahora, en tanto se determina si la orden ejecutiva de Trump viola o no la Constitución.
Charles Kuck, abogado de inmigración, destacó en su cuenta de X que “la Corte no falló sobre la legalidad de la orden de Trump, sino sobre el proceso para impugnarla”.
La decisión de la Corte del 27 de junio de 2025 permite, en términos técnicos, que la administración de Trump inicie el proceso para eliminarla y autoriza a las agencias federales a desarrollar y emitir directrices para aplicar la orden ejecutiva, explicó en su cuenta de X Kathleen Bush-Joseph, abogada de la organización no partidista Migration Policy Institute.
Después de eso, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando el 25 de julio de 2025 con el plan que deberá seguir la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en caso de que la orden ejecutiva sea desbloqueada.
El Seguro Social también tiene un plan delineado, según su sitio web.
Sin embargo, el gobierno de Trump reconoce en estos memorandos que “actualmente, hay una orden judicial preliminar vigente que impide al Gobierno implementar la Orden Ejecutiva (véase Barbara v. Trump, n.° 2025 DNH 079P, 2025 WL 1904338, DNH, 10 de julio de 2025). Sin embargo, el Gobierno se prepara para implementar la orden ejecutiva en caso de que se permita su entrada en vigor”. Según el documento de la administración Trump, aun cuando entrara en vigor su decreto, en los siguientes casos los niños seguirían obteniendo la ciudadanía estadounidense al nacer:
— Niños con un padre que sea:
Ciudadano de Estados Unidos.
Residente permanente legal.
— Niños con una madre que sea:
Ciudadana de los Estados Unidos.
Residente permanente legal,
Asilada (es decir, alguien que ha ganado asilo).
Refugiada.
Residente permanente condicional, o
Indígena estadounidense nacida en Canadá que haya ingresado a los Estados Unidos bajo una ley específica.
En resumen, la Corte no evaluó si la orden ejecutiva es constitucional o no. Su análisis se limitó a examinar si las cortes federales tienen autoridad para bloquear la aplicación de una orden presidencial en todo el país.
¿Qué establece la orden ejecutiva de Trump?
La orden ejecutiva 14160 firmada por Trump el día de su toma de posesión, señala que las autoridades del país no reconocerán la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que son hijos de inmigrantes indocumentados, y prohíbe la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de personas con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas.
Trump ordenó a las agencias del gobierno de Estados Unidos que no emitieran documentos que reconozcan la ciudadanía para estos niños. Establece específicamente que la Administración de Seguridad Social y el Departamento de Estado, respectivamente, dejen de emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños. La acción ejecutiva señala que entrará en vigor a los 30 días de la firma del documento, algo que no pasó por las impugnaciones judiciales.
Limitar la ciudadanía por nacimiento es “extraordinario y extremo”, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, quien encabezó la iniciativa legal en contra de la orden ejecutiva, junto con los fiscales generales de California y Massachusetts. “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, señaló. El documento de 50 páginas, con el número “Case 1:25-cv-10139”, fue enviado al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts.
Luego de que la orden ejecutiva se diera a conocer, el fiscal general del estado de California, Rob Bonta, dio a conocer también la demanda en una publicación de X (antes Twitter).
“La orden ejecutiva del Presidente que intenta rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y, francamente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general Bonta. “Como hogar de Wong Kim Ark, un nativo de San Francisco que luchó, con éxito, para que se reconociera su ciudadanía estadounidense, California condena los intentos del Presidente de borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema. Estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor”.
El Distrito de Columbia, la ciudad y el condado de San Francisco, California, junto con 18 estados interpusieron una demanda conjunta, y son los siguientes, en orden alfabético:
California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Wisconsin.
Otros cuatro estados se unieron para presentar otra demanda en contra de la medida del presidente: Arizona, Illinois, Oregon y Washington.
Un grupo de organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes también demandaron a la administración de Trump desde el mismo lunes 20 de enero por poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
"Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses", dijo en un comunicado Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que formalizó la demanda.
La demanda —Case No. 1:25-cv-38— fue interpuesta por la ACLU, la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund en nombre de organizaciones cuyos miembros serán denegados de la ciudadanía a sus bebés nacidos en suelo estadounidense en virtud de la orden, entre ellas New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York.
La orden ejecutiva de Trump sobre el derecho de nacimiento es una de las varias políticas relacionadas del presidente en contra de la inmigración indocumentada.
El gobierno de Trump reinterpreta la Constitución
La orden reinterpreta el concepto de “y sujeto a su jurisdicción” previsto en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que hasta ahora ha considerado como ciudadano de Estados Unidos a cualquier persona nacida en el país, independientemente de si sus padres lo son.
El derecho de ciudadanía por nacimiento se otorga desde hace más de un siglo, explicó a Factchequeado la profesora de Derecho de la Universidad de Fordham Jennifer Gordon.
“Hace 125 años que la Corte Suprema aclaró que la 14ª enmienda aplica a los hijos de inmigrantes, sin importar la situación migratoria de sus padres. A no ser que la Corte Suprema anule esa decisión o que haya una enmienda constitucional, los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en Estados Unidos continuarán siendo ciudadanos desde su nacimiento”, precisó Gordon.
El gobierno de Estados Unidos no tiene públicamente una estadística de cuántos hijos de inmigrantes sin estatus legal han nacido en el país. Pero en 2022, Pew Research Center estimó que unos 4.4 millones de niños nacidos en Estados Unidos, menores de 18 años, vivían con una mamá o un papá sin documentos.
¿Qué es la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda?
La 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue aprobada por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868.
Textualmente dice en su Sección 1: “Toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que limite los privilegios o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni dentro de su jurisdicción le negará a persona alguna la protección legal igualitaria”.
Luego, en la Sección 5, señala: “El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de leyes apropiadas”.
De acuerdo con la ACLU, esta enmienda estipula que, con algunas excepciones por separado, las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanas de este país, independientemente de la raza, la etnicidad, o el origen nacional de sus padres.
La ACLU explica en un documento que la enmienda fue ratificada para rectificar una
resolución de la Corte Suprema: la resolución “Dred Scott vs. Sandford” de 1857, en la cual la Corte sostuvo que ningún individuo de descendencia africana, incluyendo a los esclavos y personas libres, jamás podía llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos.
En respuesta a la “Dred Scott”, el Congreso aprobó y los estados ratificaron la 14ª Enmienda, y dispusieron así en su primera frase que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado donde ellas residen”.
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*Esta nota fue actualizada el 22 de enero de 2025 para incluir a los estados del país que presentaron otra demanda conjunta en contra de la orden ejecutiva firmada por Trump.
** Esta nota fue actualizada el 23 de enero de 2025 para incluir que el juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó la implementación de la orden ejecutiva. calificándola de "flagrantemente inconstitucional”.
*** Esta nota fue actualizada el 10 de febrero de 2025 para incluir que tres jueces han bloqueado la orden ejecutiva.
**** Esta nota fue actualizada el 26 de febrero de 2025 para incluir que un cuarto juez bloqueó el decreto del presidente Trump.
***** Esta nota fue actualizada el 27 de junio de 2025 para incluir que la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a delinear planes para implementar su decreto si este entra en vigor. No resolvió si es constitucional o no eliminar la ciudadanía por nacimiento.
****** Esta nota fue actualizada el 10 de julio de 2025 tras el nuevo bloqueo a la orden ejecutiva dispuesta por el juez de New Hampshire como respuesta a una demanda colectiva.
******* Esta nota fue actualizada el 9 de septiembre de 2025 para incluir nuevos bloqueos a la orden ejecutiva y explicar por qué actualmente todos los niños nacidos en Estados Unidos siguen teniendo el derecho a la ciudadanía.
Primera fecha de publicación de este artículo: 21/01/2025
Primera fecha de publicación de este artículo: 21/01/2025
