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El Sindicato Nacional Trabajadores de la Prensa de Venezuela confirmó la excarcelación de 19 periodistas y trabajadores de medios, como parte de un proceso de liberaciones anunciado por el gobierno venezolano el 14 de enero de 2026. De acuerdo con el SNTP, al menos 24 periodistas y trabajadores de medios estaban privados de libertad en Venezuela hasta mediados de enero de 2026.
Los liberados son Roland Carreño, Carlos Julio Rojas, Nicmer Evans, Ramón Centeno, Ángel Godoy, Carlos Marcano, Julio Balza, Víctor Ugas, Gabriel González, Mario Chávez Cohen, Carlos Lesma, Omario Castellanos, Yorbín García, Rafael García Márvez, Luis López, Leandro Palmar, Salvador Cubillán, así como Nakary Ramos y Gianni González. La lista incluye a detenidos entre 2022 y 2025 en distintos contextos, desde coberturas periodísticas y protestas hasta investigaciones o publicaciones en redes sociales. Centeno estuvo preso desde 2022; Ugas desde 2024, y el resto fue detenido durante 2025.
El SNTP indica que todavía siguen encarcelados arbitrariamente otros 5 trabajadores de medios: Jonathan Carrillo, Deivis Correa, Rory Branker, Juan Francisco Alvarado y Juan Pablo Guanipa.
Detenciones de periodistas y revisión de dispositivos luego de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta
El día de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, el 5 de enero –luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses– el SNTP registró que al menos 14 periodistas fueron detenidos temporalmente en Caracas, por un período de 2 a 10 horas,.
El SNTP informó que todos los detenidos ese día fueron liberados sin haber sido presentados ante autoridades judiciales. Los hechos también fueron reportados por otros medios, como The New York Times y The Guardian.
Los medios y el número de trabajadores afectados ese día en Caracas fueron:
Televen (1)
France 2 (2)
Antena 3 (2)
Associated Press (3)
CNN (1)
Reuters (4)
Getty Images (1)
De acuerdo con el SNTP y fuentes de The New York Times durante las detenciones del 5 de enero, varios periodistas, entre ellos Daniel Álvarez, reportero de Televen y dos colaboradores de The Associated Press denunciaron confiscación temporal de equipos de trabajo, retiro de teléfonos móviles y solicitudes de acceso al contenido de los dispositivos. Otras detenciones fueron reportadas por SNTP en la zona fronteriza con Colombia ese mismo día.
Estas prácticas han sido documentadas por el SNTP y difundidas por la organización de libertad de prensa como el Committee to Protect Journalists (CPJ), que ha advertido que la revisión extensiva de celulares y equipos y la falta de garantías procesales claras forman parte de un patrón observado en detenciones de periodistas en Venezuela, incluso cuando éstas concluyen con liberaciones o deportaciones sin cargos.
En primera persona
En entrevista con Factchequeado, el periodista mexicano Julián Mazoy, del grupo Radio Fórmula, relató la detención y posterior deportación que le hicieron a él y a su compañero, quien viajaba con él, el periodista colombiano Jeff Martínez, tras intentar ingresar a Venezuela por el cruce fronterizo del Puente Internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas, el cual conecta a Villa del Rosario (Norte de Santander, Colombia) con San Antonio del Táchira (Táchira, Venezuela).
Mazoy explicó que, poco después de su llegada al Táchira el miércoles 7 de enero de 2026 –a dos días de la juramentación de Rodríguez–, fue identificado como periodista y trasladado a oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). “No fue una revisión civil, fue una revisión militar”, dijo. Según su relato, estuvo retenido durante varias horas sin ser informado formalmente de una detención, sin asistencia consular y sin acceso a asesoría legal.
Desde el inicio del procedimiento, su teléfono móvil le fue retirado. “El celular me lo quitaron (…) no tuve celular todo el tiempo”, relató. Mazoy explicó que, tras ser identificado como periodista, fue retenido por un tiempo prolongado antes de cualquier entrevista formal y separado de su teléfono celular. Más adelante, durante el interrogatorio, le solicitaron acceso al contenido del teléfono: “Me dijeron directamente: ‘Ábrame su celular y entréguemelo’”.
Mazoy detalló que la revisión fue extensa y minuciosa. “Sé que se metieron a todas mis conversaciones de WhatsApp, probablemente del último año, una revisión muy intensa. Se metieron en Facebook, en Instagram, en mi galería de imágenes (...) en mi bloc de notas”. También señaló que revisaron “los chats bloqueados, los chats ocultos, los chats archivados”, y que en “cada uno de ellos fue cuestionado al respecto de quién era”.
Sobre el tiempo en que estuvo separado de su teléfono, Mazoy desconoce “qué hicieron con estos celulares mientras nosotros no estábamos junto a ellos”, dijo, y añadió que no cuenta con evidencia técnica de que el dispositivo haya sido intervenido con algún sistema especializado.
El periodista también describió el lugar donde fue retenido e interrogado. “Después fui retenido en una celda distinta, una celda que yo interpreto tenía elementos que me hacen pensar que era una celda donde se pueden realizar torturas”, relató. Detalló que había “cadenas en el suelo, cadenas en la pared, entre la pared y el techo”, así como “una camisa de inmovilización colgada en la pared”, “una correa como de perro, de cuero, en el suelo” y “una cubeta verde llena de cucarachas… había decenas de ellas”.
El periodista mexicano explicó que no fue retenido solo. De acuerdo con su testimonio, el periodista colombiano Jeff Martínez, quien viajaba con él, fue detenido durante el mismo procedimiento y también sometido a revisión de sus teléfonos móviles.
Según reportaron el SNTP y El Nacional, los dos periodistas estuvieron retenidos por 10 horas, “recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos”, para luego ser deportados.
Organizaciones como Amnistía Internacional han hecho un llamado “en los términos más contundentes a que se desarticule la política de represión, cesen las detenciones arbitrarias por motivos políticos y que se investiguen a las personas que tengan responsabilidad penal individual por estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
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