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Entre el 3 de abril y el 10 de abril de 2026, la administración de Donald Trump despidió a 6 jueces de inmigración, incluyendo a 2 juezas que habían frenado intentos de deportación contra Rümeysa Öztürk y Mohsen Mahdawi, dos de los estudiantes detenidos por ICE en 2025 que habían manifestado públicamente su apoyo a Palestina. La información divulgada por el sindicato de jueces de inmigración añade que desde enero de 2025, el gobierno de Trump ha despedido al menos a 113 jueces.
¿Cuál es la función de los jueces de inmigración?
Los jueces de inmigración son quienes deciden “si una persona extranjera puede permanecer en Estados Unidos o debe salir del país”, explica la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Justicia (DOJ).
Los jueces –que son abogados designados por el fiscal general de Estados Unidos y que, según la ley federal, actúan como sus “delegados”– “resuelven casos relacionados con protección de asilo, detención y fianza, ajuste a un estatus migratorio legal y pérdida del estatus migratorio legal”, indica la EOIR.
La página oficial de la EOIR señala, para el 14 de abril de 2026, que hay 600 jueces de inmigración en todo Estados Unidos, 100 menos de los que había un año atrás, de acuerdo con lo que encontramos en una versión archivada de la misma página web del 11 de abril de 2025.
¿Por qué los jueces de inmigración no son independientes del Ejecutivo?
Como te comentamos en el punto anterior, los jueces son nombrados por el fiscal general (que en Estados Unidos pertenece a la rama ejecutiva del gobierno) y, “como empleados del Departamento de Justicia, pueden ser instruidos para resolver casos de acuerdo con las políticas y prioridades de la administración de turno”, indica la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
Como pertenecen al DOJ, los jueces de inmigración “no son verdaderamente neutrales ni independientes” del gobierno, indica en este artículo, publicado en la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), la abogada de inmigración Evangeline Chan.
Sin embargo, la legalidad de los despidos masivos de los jueces de inmigración está bajo la lupa y se decidirá en la Corte de Apelaciones de Washington D.C. En este caso, 2 jueces argumentan que fueron despedidos sin causa ni debido proceso, mientras que el DOJ asegura que tiene la discrecionalidad de remover sin más a estos funcionarios.
Más de dos docenas de jueces dijeron a The New York Times que nunca habían recibido tanta presión de un gobierno para cumplir con su agenda migratoria. Un memorándum de junio de 2025, firmado por Sirce Owen, quien entonces era la directora interina de la EOIR, advirtió a los jueces que serían sujetos a medidas disciplinarias si su oficina determinaba que algún juez actuaba con una “parcialidad dirigida contra el DHS” y a “a favor del extranjero”.
El gobierno de Trump ha llenado los vacíos de algunos despidos con el nombramiento de abogados militares del Pentágono como jueces temporales. Pero la organización sin fines de lucro American Immigration Council, advirtió que estos abogados “no están calificados” para ejercer el cargo, destacando que, anteriormente, sólo abogados con experiencia en temas migratorios podían ser designados como jueces temporales, pero estos requisitos fueron eliminados por el DOJ en agosto de 2025.
En medio de estos cambios, el índice de aprobación de casos de asilos en cortes de inmigración bajó, en febrero de 2026, a un 7%, versus un 50% de aprobaciones que se registraban durante el mandato de Joe Biden, de acuerdo con datos de The New York Times.
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