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Durante más de dos décadas, 22 estados y el Distrito de Columbia ofrecían matrícula estatal a estudiantes inmigrantes sin documentos que crecieron y se graduaron en sus comunidades. Sin embargo, ese mapa está cambiando bajo la presión del gobierno federal de Donald Trump, que desde 2025 emprendió una serie de demandas para poner fin a estos programas.
En menos de un año, 4 estados eliminaron sus programas; otros siguen en litigio en las cortes para mantenerlos. Según el informe Undocumented Students in U.S. Higher Education, de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, una organización de incidencia y coordinación entre instituciones educativas, en 2024, el último dato disponible, había aproximadamente 408,000 estudiantes indocumentados en educación superior en Estados Unidos.
La administración Trump activó la política migratoria contra los estudiantes indocumentados con la orden ejecutiva del 28 de abril de 2025, en la que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “detener leyes estatales que favorezcan a extranjeros sobre ciudadanos estadounidenses de manera ilegal”, incluyendo matrícula estatal para indocumentados que no se ofrece a ciudadanos de otros estados.
El argumento legal del gobierno federal se centra en dos puntos:
La ley federal 8 USC §1623, que establece que los estados no pueden dar beneficios de educación postsecundaria a indocumentados a menos que también los ofrezcan a todos los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los defensores de estos beneficios argumentan que la matrícula estatal no es técnicamente un subsidio público, sino una tarifa diferenciada por residencia.
La Sección 5 de la orden ejecutiva señala que las "leyes que proporcionan matrícula estatal a extranjeros pero no a ciudadanos de otros estados violan la ley federal".
El DOJ también cita la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, en inglés) de 1996. Pero ojo, esta ley no prohíbe explícitamente la matrícula estatal, que legalmente cae en una excepción permitida.
Florida
El estado de Florida fue el primero en revocar una ley de 2014, la HB 851, que exigía que los colegios comunitarios (college), las universidades y las instituciones de educación superior eximieran del pago de la matrícula a ciertos estudiantes indocumentados graduados de la escuela preparatoria en el estado.
El gobernador Ron DeSantis firmó el Senate Bill 2-C y, desde el 1 de julio de 2025, los jóvenes inmigrantes sin documentos pagan tarifas foráneas, que pueden ser mucho más altas que las tarifas estatales. El cambio sí afecta a jóvenes inmigrantes sin documentos y jóvenes con DACA y TPS.
En la University of Florida, la matrícula estatal para residentes es 6,381 dólares anuales (2024-25), mientras que la foránea, que ahora deben pagar los estudiantes sin documentos, con DACA o TPS supera los 30,900 dólares por año: casi 5 veces más alta. En Florida Atlantic University (FAU), la matrícula estatal es de 5,984 dólares anuales para los estudiantes residentes, mientras que la matrícula para foráneos es de 22,888 dólares anuales: casi 4 veces más.
Según el Florida Policy Institute, una organización sin fines de lucro y no partidista, solo en el año académico 2023-24, más de 6,000 estudiantes universitarios de Florida se beneficiaron de exenciones para no residentes, y desde 2014 se han concedido más de 63,000 exenciones.
Texas
Texas es un caso emblemático porque, en 2001, se convirtió en el primer estado del país en aprobar una ley que permitía que ciertos estudiantes indocumentados calificaran para la matriculación estatal y la ayuda financiera estatal en universidades y colegios comunitarios.
El gobernador republicano Rick Perry firmó la ley HB 1403, conocida como “Texas Dream Act”. Para ser elegible, los estudiantes debían haber vivido en Texas durante al menos 3 años antes de graduarse de una preparatoria de Texas, haberse graduado o haber recibido un GED en Texas, y haber firmado una declaración jurada en la que afirmaran su intención de solicitar el estatus legal tan pronto como fueran elegibles.
Durante 24 años, la ley abrió las puertas de la educación superior a miles de estudiantes. Según el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro y no partidista, para 2025 había 57,000 estudiantes indocumentados cursando educación superior en Texas bajo este programa, además de 197,000 estudiantes menores de 18 años en preparatorias que eventualmente se beneficiarían.
Los recipientes de DACA, los titulares de TPS y otros individuos considerados “legalmente presentes” no se ven afectados por la orden judicial: estos estudiantes podrían seguir siendo elegibles bajo los requisitos del estado, según FIEL Houston, una organización comunitaria y de derechos civiles liderada por inmigrantes en Houston, Texas. “Estos estudiantes comprenden una pequeña parte de los inscritos indocumentados”, señala FIEL.
El DOJ presentó una demanda contra Texas el 4 de junio de 2025: alegó que la HB 1403 discriminaba contra ciudadanos de otros estados. En lugar de defenderse en la corte, el fiscal general republicano Ken Paxton inmediatamente se unió al DOJ y pidió al juez federal que bloqueara la propia ley de Texas.
Kentucky
Terminó su programa ante la demanda del DOJ en junio de 2025, sin esperar un fallo judicial. Organizaciones de derechos civiles como MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund) están intentando intervenir legalmente para revertir la decisión.
Oklahoma
Recibió una demanda del DOJ el 5 de agosto de 2025: tenía su propia política de matrícula estatal desde 2007, pero el fiscal general republicano Gentner Drummond tampoco defendió la ley y, el 29 de agosto de 2025, el juez del Distrito Este de Oklahoma falló a favor del DOJ. Aproximadamente entre 400 y 1,500 estudiantes han sido afectados con tarifas que saltaron de alrededor de 4,800 dólares a más de 14,000 dólares por semestre; que serían de 9,600 dólares por año académico anteriormente a 28,000 dólares anuales.
Minnesota, una primera victoria nacional
Minnesota se defendió ante la demanda del DOJ del 26 de junio de 2025 y mantiene la Ley del Sueño de Minnesota (Ley de Prosperidad), promulgada el 24 de mayo de 2013, que permite a estudiantes indocumentados acceder a tarifas de matrícula estatal, ayuda financiera privada y ayuda financiera estatal.
El 21 de marzo de 2026, la jueza Katherine Menendez del Distrito de Minnesota desestimó la demanda del DOJ; resolvió que el gobierno federal no demostró discriminación contra ciudadanos estadounidenses.
Esta es la primera victoria judicial contra la administración Trump. Minnesota mantiene su Ley del Sueño de 2013 y su programa “North Star Promise”, que ofrece universidad gratuita a estudiantes de familias que ganan menos de 80,000 dólares al año, independientemente del estatus migratorio.
Virginia, el caso sigue en curso
El Departamento de Justicia demandó a Virginia el 29 de diciembre de 2025 por su “Virginia Dream Act” de 2020. Según el Higher Ed Immigration Portal —una plataforma que integra datos, análisis de políticas y recursos para apoyar a los beneficiarios de DACA y a los estudiantes indocumentados, refugiados, otros inmigrantes y estudiantes internacionales—, más de 13,000 estudiantes indocumentados asisten a instituciones de educación superior en Virginia, y alrededor de 5,000 se gradúan de preparatoria cada año. El litigio del DOJ contra Virginia sigue en curso.
California e Illinois anunciaron que pelearán en cortes
El Departamento de Justicia también demandó a California e Illinois, pero ambos —controlados por demócratas— han indicado que pelearán las demandas en la corte.
Estados como California, Nueva York y Washington prohíben explícitamente la discriminación por motivos de ciudadanía o situación migratoria.
¿Qué estados siguen con programas para jóvenes inmigrantes que no tienen un estatus de residente o ciudadano?
Según el National Immigration Law Center, una organización de defensa de inmigrantes, al menos 14 estados, entre ellos California, Colorado, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia, siguen ofreciendo ayuda financiera estatal a estudiantes que cumplen ciertos criterios, independientemente de su estatus migratorio.
Aproximadamente el 61% de la población nacida en el extranjero reside en estados con leyes o políticas de equidad en las matrículas universitarias, y otros estados están considerando medidas similares, de acuerdo con la misma organización.
Investigaciones contra becas para estudiantes DACA
Además de las demandas estatales sobre matrícula estatal, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de Trump, el 23 de julio de 2025 abrió investigaciones contra 5 universidades por ofrecer becas específicas a estudiantes DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
Las universidades investigadas son:
Universidad de Louisville, en Kentucky, por la beca “Sagar Patagundi Scholarship” para estudiantes DACA e indocumentados.
Universidad de Nebraska Omaha, UNO, por la beca "Dreamer's Pathway Scholarship” para estudiantes DACA o elegibles para DACA.
Universidad de Miami, en Florida, por la beca “U Dreamers Program” para estudiantes DACA e indocumentados.
Universidad de Michigan, en Ann Arbor, por la beca “Dreamer Scholarship” para estudiantes indocumentados o con estatus DACA.
Western Michigan University, por la beca “WMU Undocumented/DACA Scholarship" para estudiantes sin elegibilidad para ayuda federal.
Las autoridades federales dicen que investigan si estas becas violan el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por origen nacional en instituciones que reciben fondos federales.
La investigación inició a raíz de denuncias por parte de la Legal Insurrection Foundation's Equal Protection Project, un grupo conservador que se opone a políticas basadas en raza o estatus migratorio.
Nebraska eliminó la “Dreamer's Pathway Scholarship” de su sitio web de becas vigentes y ahora redirige a una beca genérica sólo para residentes de Nebraska.
Organizaciones civiles señalan que tras la presión de Trump para reducir los apoyos a estudiantes que viven en el país pero nacieron en el extranjero, han visto deserción escolar masiva, reducción de carga académica, migración interna a otros estados que mantienen sus programas y crisis de salud mental por estrés, ansiedad y depresión por el panorama incierto.
Por ahora, el acceso a educación superior para jóvenes inmigrantes dependerá del lugar donde vive y si su estado está dispuesto a ir en contra de la demanda federal y pelear en las cortes.
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