MENÚ
No importa el estatus migratorio. Sean ciudadanos, residentes permanentes, inmigrantes con documentos o sin ellos, todas las escuelas están obligadas a garantizar el derecho a la educación a los niños y adolescentes que viven en el país. Así lo decidió la Corte Suprema de Estados Unidos en un fallo de 1982.
Los estudiantes de preescolar a preparatoria (K-12, como es abreviado en EE. UU.) tienen derecho a recibir una educación pública gratuita sin importar raza, nacionalidad, idioma, sexo o estatus migratorio. Además, bajo la ley federal, las escuelas públicas tienen prohibido preguntar sobre el estado migratorio de un estudiante o exigir a las familias que presenten un Número de Seguro Social (SSN, por las siglas en inglés) u otros documentos relacionados con su situación migratoria.
Sí, ha ocurrido que algunos estados han tratado de aprobar leyes para negar la educación a los niños que no tienen un estatus migratorio legal, pero estas propuestas legislativas no han prosperado. Un ejemplo reciente es el caso de Tennessee. El Senado, de mayoría republicana, intentó en 2025 aprobar la versión de un proyecto de ley (HB 793 / SB 836) con la que se exigiría una prueba de residencia legal en Estados Unidos en las escuelas públicas de kínder al grado 12, y otorgaría a los distritos escolares la opción de rechazar o cobrar matrícula a los estudiantes que no presentaran esos documentos. Hasta el 4 de junio de 2026, la iniciativa seguía en disputa.
Entendiendo el caso Plyler vs. Doe.
El precedente legal en Estados Unidos para la educación gratuita y para todos los niños está sustentado en el fallo conocido como Plyler vs. Doe. Se trata de un caso que data de 1975, cuando Texas modificó una ley para que el estado retuviera fondos estatales para la educación de hijos de inmigrantes indocumentados. Esos fondos debían asignarse a los distritos escolares locales.
El 15 de junio de 1982, la Corte Suprema del país concluyó que discriminar a los niños indocumentados negando su acceso al sistema estatal de educación pública gratuita, desde preescolar hasta el último año de preparatoria, constituía “una violación” a la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución, consagrada en la Decimocuarta Enmienda.
Los magistrados argumentaron que los inmigrantes indocumentados y sus hijos, aunque no sean ciudadanos de los Estados Unidos ni de Texas, son personas “en el sentido ordinario del término” y, por lo tanto, gozan de la protección de la Decimocuarta Enmienda. Concluyeron que la ley estatal perjudicaba “de manera grave” a los hijos de inmigrantes indocumentados al negarles el derecho a la educación y, debido a que Texas no pudo demostrar que la regulación fuera necesaria para servir a un “interés estatal imperioso”, anularon la ley por considerarla inconstitucional.
Ojo, para los estudiantes que tienen o solicitan visas F-1 es diferente, esta visa es requerida para los ciudadanos extranjeros que buscan cursar una carrera académica o de idiomas a tiempo completo en una universidad, colegio comunitario (community college ) o instituto de preparatoria estadounidense certificado por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP).
Derechos de traducción cuando las familias no hablan inglés
Según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas del 1974, las escuelas públicas deben proporcionar asistencia lingüística efectiva a madres y padres con un dominio limitado del inglés.
Es decir, las familias tienen derecho a un intérprete oral o una traducción escrita.
Educación igualitaria para niños con discapacidades
La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 garantizan una educación pública gratuita y apropiada para los estudiantes con discapacidades en las escuelas que reciben fondos federales. No importa el estatus migratorio.
La IDEA asegura servicios de educación especial y servicios relacionados para los niños que cumplen sus criterios de elegibilidad, mientras que la Sección 504 prohíbe la discriminación por discapacidad y obliga a las escuelas a proporcionar adaptaciones y apoyos razonables para que el estudiante pueda acceder al mismo plan de estudios que sus compañeros.
Ciertos niños con discapacidades son elegibles para recibir servicios de educación especial y servicios relacionados. IDEA proporciona la definición de un “niño con una discapacidad”. La ley enumera 14 categorías diferentes:
Autismo
Sordera
Sordo-ciego
Impedimento auditivo
Retraso mental
Atraso de desarrollo
Discapacidades múltiples
Impedimento ortopédico
Otros impedimentos de la salud
Problema emocional serio
Problema específico del aprendizaje
Impedimento del habla o lenguaje
Lesión cerebral traumática
Impedimento visual, incluyendo la ceguera.
Algunas protecciones contra las acciones de ICE en las escuelas
Además, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) impide que las escuelas compartan información de los expedientes con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) u otras agencias sin orden judicial.
El 21 de enero de 2025, la administración Trump finalizó una política que anteriormente protegía lugares sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias, de las operaciones de ICE. Sin embargo, los agentes de inmigración no pueden ingresar a las escuelas sin una orden judicial, como ya te hemos contado en Factchequeado.
Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873-6087 o a factchequeado.com/whatsapp.
Leer más:
