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La Corte Suprema de Estados Unidos, el 29 de abril de 2026, determinó que era “inconstitucional” un mapa electoral que había sido aprobado en Luisiana en 2024 para crear un distrito congresional de mayoría negra.
De acuerdo con expertos, esta decisión que anula ese mapa electoral –tomada por la mayoría de los magistrados (los 6 conservadores votaron a favor y las 3 magistradas liberales en contra)– hace que sea más difícil impugnar la creación de distritos electorales que puedan diluir el voto de las comunidades minoritarias, incluyendo el de comunidades latinas. Te explicamos.
De qué trataba el caso en Luisiana
En el caso de Louisiana v. Callais, la mayoría de los magistrados decidió que el mapa congresional aprobado por Luisiana en 2024 violaba la Constitución porque, según la Corte, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965 “no exigía que Luisiana creara un distrito adicional” de mayoría negra, y calificó ese mapa electoral como un “gerrymander inconstitucional”. El gerrymandering es como se le llama en Estados Unidos a la acción de diseñar distritos electorales para favorecer a un partido político o grupo en particular.
Este caso de Luisiana tiene implicaciones a nivel nacional, porque en la sentencia, la Corte cambió la forma en la que interpreta la Sección 2 de la citada ley, que era clave para denunciar mapas que pudiesen diluir el voto de comunidades minoritarias.
La Sección 2 de la Voting Rights Act
La Voting Rights Act de 1965 prohibió las prácticas discriminatorias que implementaron los estados sureños después de la Guerra Civil para evitar que ciudadanos negros pudiesen votar. Por ejemplo, en Tennessee exigían a personas negras pagar un “impuesto electoral” para poder votar, en Alabama implementaron una “prueba de alfabetización” como requisito para que personas negras pudiesen registrarse para votar y en Luisiana se introdujo la “cláusula del abuelo”, que dificultaba el registro electoral para descendientes de personas esclavizadas, porque sólo extendía el derecho al sufragio a los descendientes de quienes hayan podido votar antes de 1867, período en el que las personas negras no tenían derecho al voto.
La Sección 2 de la ley establece que “ningún requisito electoral o prerrequisito para votar, ni ninguna norma, práctica o procedimiento, será impuesto o aplicado por ningún estado o subdivisión política de manera que resulte en la negación o restricción del derecho de cualquier ciudadano de los Estados Unidos a votar por motivos de raza o color”.
El Departamento de Justicia (DOJ) explica que la Sección 2 también protege a grupos de minorías lingüísticas reconocidos por ley, que incluye a personas de habla hispana.
Cambio en la interpretación de la Sección 2
Según la opinión mayoritaria escrita por el magistrado Samuel Alito, la Sección 2, “cuando se interpreta correctamente”, aplica “sólo cuando la evidencia respalda una fuerte inferencia de que el estado trazó intencionalmente sus distritos para dar a los votantes minoritarios menos oportunidades debido a su raza” y no limita “la prerrogativa de los estados de trazar distritos con base en factores no raciales, incluso para lograr una ventaja partidista”.
Esta interpretación es distinta a la que mantenía previamente la Corte. La magistrada Elena Kagan, en su voto disidente, explica que el espíritu de la ley y la interpretación que ha dado la Corte previamente se ha enfocado no tanto en la “intención” con la que se trace un mapa electoral sino en “prohibir el uso de cualquier mecanismo electoral que resultara en que los ciudadanos pertenecientes a minorías tuvieran menos oportunidades que los ciudadanos no pertenecientes a minorías de elegir a sus representantes políticos”.
La nueva interpretación de la Corte implica que “si un estado o una localidad caracteriza sus decisiones al trazar líneas electorales como ‘decisiones de naturaleza partidista’, puede salirse con la suya, incluso si el efecto final es discriminar contra votantes de color”, dijo a Factchequeado Michael Li, abogado experto en derechos electorales del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado.
Cuando Factchequeado le preguntó a Li si, bajo esa lógica, era legal dibujar un mapa con el objetivo explícito de que el otro partido pierda una elección, el experto respondió: “Sí, tan agresivamente como quieran”.
La jueza Kagan, en una disidencia acompañada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, indicó que la decisión de la mayoría deja la Sección 2 “prácticamente como letra muerta”, porque evitará la revisión de “cualquier práctica, incluido cualquier esquema de distribución de distritos electorales, cuando un estado diga que tiene alguna justificación neutral respecto de la raza”, ya que el estado ahora “no necesita hacer nada más que afirmar que el gerrymander es partidista”.
Según Li, el fallo de 2026 de Louisiana v. Callais “elevó el partidismo a casi un principio sagrado” y le da a los estados “vía libre para dibujar mapas sobre la base del partidismo, incluso si su verdadero motivo es discriminar contra votantes de color”, porque lo único que tienen que hacer es “ponerle una apariencia partidista a lo que hacen”.
Eso realmente amplifica lo que era la ley. Ahora los estados tienen vía libre para dibujar mapas sobre la base del partidismo, incluso si su verdadero motivo es discriminar contra votantes de color. Sólo tienen que ponerle una apariencia partidista a lo que hacen. Y eso es suficiente.
Por otro lado, Travis Crum, profesor de Derecho en Washington University in St. Louis, afirmó en un artículo publicado por el portal Election Law Blog que “la Corte prácticamente vació la Sección 2 de la Voting Rights Act y abrió la puerta al desmantelamiento de distritos de mayoría minoritaria en todo el país, particularmente en el Sur”.
Qué puede significar para los votantes latinos
Li dijo a Factchequeado que espera ataques legales futuros contra distritos electorales de mayoría latina, particularmente en Texas y Florida, aunque añadió que los primeros cambios probablemente se enfoquen en distritos negros en estados del Sur, como Luisiana, Alabama, Tennessee o Mississippi.
Juan Proaño, director ejecutivo de La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dijo en un comunicado que el fallo despoja a los votantes latinos, negros, y a otros bloques minoritarios “de la herramienta más poderosa que teníamos para defendernos contra la discriminación en las urnas” y advirtió que la decisión abre la puerta para que “Texas actúe para dividir el Valle del Río Grande” y que Florida haga lo mismo “contra comunidades negras y puertorriqueñas”.
De forma similar, el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y la organización Voto Latino también advirtieron que el fallo puede facilitar que estados y gobiernos locales intenten reducir la fuerza electoral de comunidades negras, latinas y otras minorías usando el argumento de que sus decisiones fueron partidistas y no raciales.
De acuerdo con un análisis de las organizaciones sin fines de lucro Black Voters Matters y Fair Fight Action, sin la Sección 2, el 11% de los miembros del Caucus Hispano del Congreso estarían en riesgo de perder el cargo. Lo mismo ocurriría con entre el 25% y el 30% de los miembros del Caucus Negro.
Algunas acciones que se han tomado tras el fallo
Luisiana, 30 de abril de 2026: el gobernador republicano Jeff Landry suspendió las primarias congresionales para dar tiempo a aprobar un nuevo mapa tras el fallo.
Alabama, 30 de abril de 2026: el fiscal general Steve Marshall presentó mociones para levantar bloqueos judiciales contra mapas electorales del estado.
Florida, 4 de mayo de 2026: el gobernador republicano Ron DeSantis firmó el proyecto HB 1-D, que redibuja los 28 distritos congresionales del estado.
Tennessee, 7 de mayo de 2026: el estado aprobó un nuevo mapa congresional que divide el distrito de mayoría negra de Memphis.
Carolina del Sur, 7 de mayo de 2026: legisladores republicanos presentaron un proyecto para redibujar los distritos congresionales.
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