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El 3 de noviembre de 2026 no solo se elige a los miembros del Congreso federal: también habrá 39 elecciones a gobernador en estados y territorios, según la Asociación Nacional de Gobernadores, y se renovarán 6,122 escaños legislativos estatales en 46 estados; es decir, más de 8 de cada 10 cargos estatales del país. Y tu voto en estas elecciones intermedias (midterms, en inglés) puede influir en la vivienda, al menos, de dos maneras.
La primera forma en la que el voto puede influir en la vivienda es cuando este tema aparece directamente en la boleta, mediante referéndums o medidas locales. Ahí decides por un “sí” o por un “no” en una propuesta concreta, como un bono. Por ejemplo, autorizar fondos para construir, reparar o preservar una política de vivienda asequible.
La segunda es cuando eliges a funcionarios que se encargan de las decisiones sobre la vivienda.
El voto, sin embargo, no influye enlas tasas hipotecarias, porque dependen de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, en inglés) y de las condiciones del mercado.
Así, con el voto no se decide cuánto cuesta una casa o un alquiler, pero sí define quién toma decisiones que pueden aliviar o agravar esos costos.
A nivel federal, los legisladores toman decisiones sobre los presupuestos, subsidios y créditos fiscales para “vivienda asequible”. El Congreso aprueba el presupuesto anual, que incluye programas de vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), vales de alquiler, vivienda pública, etcétera. También crea y modifica créditos fiscales, como el dirigido a la construcción o preservación de viviendas de bajos ingresos (Low-Income Housing Tax Credit), un subsidio clave para financiar vivienda de alquiler asequible.
A nivel estatal, las legislaturas de los estados crean fondos y programas de vivienda (bonos estatales, subsidios, apoyos a compradores primerizos) y los gobernadores proponen presupuestos y los ejecutan. En materia de zonificación y uso de suelo, la regla general es que se decide a nivel local (ciudades, condados), pero los estados fijan el marco legal que habilita o limita lo que los gobiernos locales pueden hacer. Muchos estados ya aprobaron leyes que obligan a los municipios a permitir más densidad, limitar ciertas prohibiciones locales o evitar ordenanzas “exclusionarias” (reglas de uso de suelo que, en la práctica, expulsan o impiden la llegada de vivienda más asequible); otros, en cambio, restringen el control de rentas o ciertas regulaciones en favor de los inquilinos.
A nivel local, alcaldes, concejales y autoridades municipales suelen decidir qué tipo de viviendas se pueden construir, dónde, con qué densidad y bajo qué permisos. Los gobiernos locales controlan las ordenanzas de uso de suelo y zonificación, que determinan tipos de vivienda: si es unifamiliar, multifamiliar, dúplex, etcétera; alturas y densidades permitidas, y requisitos como estacionamiento mínimo. También manejan procesos de permisos, tiempos y condiciones para aprobar proyectos, y muchas veces pueden establecer o reforzar protecciones para inquilinos, según lo que permita la ley estatal.
Seattle, Vancouver, San Antonio, Portland y Minneapolis: algunos ejemplos de cómo ha influido el voto en la vivienda
En Seattle, Washington, los votantes aprobaron en febrero de 2025 la Proposición 1A, una medida que creó un impuesto de 5% que las empresas pagan sobre la fracción del salario y otros ingresos laborales de cada empleado que supere 1 millón de dólares al año. Los fondos recaudados se destinarán a financiar a la nueva Desarrolladora de Vivienda Social de Seattle. En febrero de 2026, el Ayuntamiento de Seattle aprobó por unanimidad la ley que permite empezar a transferir los ingresos de ese nuevo impuesto a la desarrolladora para cumplir con lo que votaron los electores. Con esos recursos, la desarrolladora deberá adquirir su primer edificio y ofrecer viviendas públicas, mixtas y permanentemente asequibles a cientos de residentes este año, según informó el ayuntamiento.
En Vancouver, también en Washington, en 2023 los votantes aprobaron la Proposición 3, que reemplazó y amplió un gravamen al impuesto a la propiedad destinado a financiar vivienda asequible creado en 2016, también por voto de los electores. El nuevo fondo autorizó recaudar 10 millones de dólares anuales durante 10 años —100 millones en total— para vivienda asequible, asistencia con el alquiler, servicios para prevenir la falta de vivienda y refugios temporales; en general, servicios habitacionales para personas de ingresos bajos y muy bajos.
En San Antonio, Texas, los votantes aprobaron en 2022 un bono municipal de 150 millones de dólares dedicado a vivienda asequible como parte de un paquete de infraestructura de 1,200 millones. Con ese dinero, la ciudad financió la reparación de viviendas de propietarios con bajos ingresos, la rehabilitación de departamentos, la construcción de unidades de alquiler asequible y vivienda con servicios para personas sin hogar, además de algunos apoyos para compra de vivienda. Cuatro años después —en mayo de 2026— las autoridades reportaron más de 3,100 viviendas creadas o preservadas con recursos del bono y otros proyectos en construcción.
En Minneapolis, Minnesota, la reforma de uso de suelo conocida como Minneapolis 2040 permitió construir más viviendas en más zonas de la ciudad. Entre 2017 y 2022, el parque de vivienda aumentó 12% mientras que las rentas solo crecieron 1%, frente a un alza de 14% en el resto de Minnesota, según un análisis de The Pew Charitable Trusts. También aclara ese informe que las reformas con más impacto fueron las que facilitaron la construcción de departamentos cerca de transporte público y zonas comerciales, y las que eliminaron reglas que obligaban a los nuevos edificios a incluir una cantidad mínima de espacios de estacionamiento.
En Portland, Oregón, los votantes aprobaron en 2016 un bono municipal de 258.4 millones de dólares para crear vivienda asequible. Dos años después, en 2018, el electorado de la región metropolitana de Portland aprobó otro bono de 652.8 millones de dólares para crear viviendas asequibles permanentes en los condados de Washington, Clackamas y Multnomah. Según la ciudad de Portland, el programa regional busca llevar vivienda asequible a unas 14,000 personas, incluidas personas mayores, familias y veteranos.
¿Qué tanto preocupa el tema de vivienda a los estadounidenses?
Según una encuesta nacional de The New York Times/Siena (Siena College Research Institute (SCRI), un instituto académico especializado en opinión pública de Siena College en Nueva York, de enero de 2026, el tema de la vivienda es el que más preocupó a las personas encuestadas en cuanto a su presupuesto: 25% en primera mención, seguida de atención médica, con un 16%, y tres veces más que comida o alimentos, con un 8%.
En cuanto a la vivienda, el 54% de los encuestados respondió que “el costo ha aumentado tanto que es inasequible”; el 31% dijo que el precio “parece elevado, pero aún así es relativamente asequible”; el 13% contestó que “el precio parece bastante asequible”, y el 2% restante respondió que no sabe o no contestó.
Un informe de Realtor.com, publicado el 18 de junio de 2026, señala que más de 25.2 millones de adultos menores de 35 años vivían con sus padres en 2025, en un contexto de dificultades para acceder a una vivienda propia por los altos costos. Por su parte, el Índice de Asequibilidad de Viviendas de ATTOM del primer trimestre de 2026, el más actualizado, concluye que comprar una vivienda sigue siendo inaccesible en una cuarta parte de los condados analizados.
En cuanto al alquiler de viviendas, la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos (NLIHC, por sus siglas en inglés) reportó en marzo de 2026 una escasez de 7.2 millones de viviendas de alquiler asequibles y disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos.
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