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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó, entre enero de 2025 y el 12 de mayo de 2026, a 85 beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que no tenían ni condenas ni cargos criminales. Las deportaciones ocurrieron bajo el segundo gobierno del presidente Donald Trump, según registros federales obtenidos por un grupo de congresistas federales y compartidos con Factchequeado.
En esas mismas fechas, ICE tomó bajo custodia a 658 beneficiarios y solicitantes de DACA, pero no desglosó cuántos eran beneficiarios y cuántos solicitantes. Así lo indica la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fechada el 8 de junio de 2026, a cuatro miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: Joaquin Castro y Sylvia García, de Texas; y Raja Krishnamoorthi y Delia Ramirez, de Illinois. Tres de ellos —Castro, García y Ramirez— de ascendencia latina.
El DHS reportó que en el mismo periodo hubo 93 arrestos de beneficiarios o solicitantes de DACA bajo delitos tipificados en la Ley Laken Riley, que obliga a ICE a detener a migrantes acusados de delitos menores, aún cuando no hayan sido condenados.
PDF con la respuesta del DHS a las preguntas sobre arrestos y deportaciones de beneficiarios de DACA a los congresistas.
Cinco instalaciones concentraban hasta esa fecha cerca del 30% de las personas detenidas:
Eloy Federal Contract Facility, en Arizona, operada por CoreCivic.
El Valle Detention Facility, en Texas, operada por Management & Training Corporation (MTC).
Adelanto ICE Processing Center, en California, operada por The GEO Group.
California City Corrections Center, en California, operada por CoreCivic.
Stewart Detention Center, en Georgia, operada por CoreCivic.
El DHS envió estos datos en respuesta a una carta del 24 de marzo de 2026 en la que los cuatro congresistas solicitaron información sobre arrestos, detenciones y deportaciones de beneficiarios de DACA.
La respuesta de DHS aclara que los datos de “removals” (deportaciones) de ICE incluyen retornos y expulsiones, entre ellos retornos voluntarios, salidas voluntarias y retiros bajo control del expediente. También indica que, si una persona tuvo más de un arresto, ingreso a custodia o remoción durante el periodo reportado, ICE solo contó el registro más reciente.
Para los datos de detención, el DHS excluyó traslados o instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como personas bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
DACA es un programa creado en 2012 en el gobierno de Barack Obama que ofrece protección temporal frente a la deportación y otorga permisos de trabajo a ciertos inmigrantes que llegaron siendo menores de edad a Estados Unidos, pero no les da estatus permanente ni es un camino directo a la ciudadanía.
Durante el segundo mandato de Trump, organizaciones como el American Immigration Council han documentado un aumento de arrestos y deportaciones de personas con DACA, pese a que muchas tenían el estatus vigente. En algunos casos, jueces federales han ordenado regresar a Estados Unidos a “dreamers” expulsados aún cuando tienen protecciones de DACA, como este y este ejemplo.
Las cifras de ICE difieren en diversas respuestas
Congresistas demócratas han pedido al DHS desde hace meses —al menos desde septiembre de 2025—- datos detallados sobre arrestos y deportaciones de beneficiarios de DACA durante el gobierno de Trump.
En marzo de 2026, las congresistas demócratas Ramirez y Garcia denunciaron discrepancias del DHS en las respuestas al Congreso a los cuestionamientos sobre DACA.
Por ejemplo, en enero de 2026, la ex secretaria del DHS, Kristi Naom, le respondió a la congresista Garcia que, entre el 1 de enero de 2025 y el 28 de septiembre de 2025, su agencia tenía el registro de 270 beneficiarios de DACA arrestados: 130 con condena, 120 con cargos penales pendientes y 14 con violaciones a la ley de inmigración. Registró, además, 174 solicitantes de DACA deportados dentro de ese mismo periodo: 71 con condena, 66 con cargos penales pendientes y 66 con violaciones a la ley de inmigración. Según el DHS, “ninguno de estos solicitantes había recibido estatus protegido al momento de su expulsión”.
En otra respuesta del 11 de febrero de 2026, la ex secretaria Noem le contestó al senador demócrata Richard Durbin del arresto de 261 beneficiarios de DACA y deportación de 86 entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de noviembre de 2025. Según Noem, 241 de las personas arrestadas tenían “historial criminal”, sin señalar qué delitos.
Ahora, en esta última respuesta del 8 de junio de 2026, el DHS se refiere solo a 85 deportaciones de beneficiarios de DACA sin antecedentes penales.
Además de los arrestos, detenciones y deportaciones, en Factchequeado te hemos contado sobre los retrasos de las renovaciones en las solicitudes de DACA y el impacto en la fuerza de trabajo estadounidense, documentado por diversas organizaciones.
Según estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), al 30 de septiembre de 2025 había 505,940 beneficiarios activos de DACA, una disminución de más de 130,000 desde el 31 de diciembre de 2020, muestra un análisis del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro y no partidista. La mayoría reside en California y Texas.
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