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Los retrasos de renovaciones de DACA “socavan no sólo la estabilidad individual” de sus beneficiarios “sino también la resiliencia económica más amplia”, dice parte de la carta del 17 de marzo de 2026, en la que 41 senadores piden al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reducir los retrasos. Dos meses después, estas demoras continúan –superando el periodo de 120 a 150 días de anticipación recomendado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigracion (USCIS)– y ponen en riesgo los empleos o ingresos de sus beneficiarios, en caso de que haya lapsos entre la renovación y expiración de sus permisos de trabajo.
El programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) otorga alivio contra la deportación y permisos de trabajo a alrededor de 525,210 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad (también llamados dreamers), según datos de USCIS actualizados hasta el 31 de marzo de 2025. Esto les permite vivir en el país legalmente, participar en la fuerza laboral, pagar impuestos y contribuir al crecimiento económico local, estatal y federal, explica el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), que se describe como “un instituto de políticas independiente y no partidista, dedicado a mejorar la vida de todos los estadounidenses”.
Un reporte publicado el 30 de abril de 2026 por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) recopila varios análisis sobre el impacto económico del programa a nivel local y federal, así como las pérdidas económicas para el país si los beneficiarios pierden las protecciones contra la deportación y sus permisos de trabajo.
Te contamos las cifras del reporte de LULAC, que puedes encontrar haciendo clic aquí.
La población de DACA en números, según USCIS
Los datos de USCIS, actualizados hasta el 31 de marzo de 2026, muestran que:
- La edad promedio de los beneficiarios de DACA es de 31 años de edad. Más de la mitad de ellos son mujeres (54%) y 46%, hombres. El 31% de ellos están casados, 66% son solteros y 3%, divorciados.
-La mayoría proviene de México (~426,570), seguido por El Salvador (~20,740), Guatemala (~14,080), Honduras (~12,900), Perú (~4,690), Corea del Sur (~4,560) y Brasil (~3,880).
-Todos los beneficiarios de DACA han vivido en Estados Unidos desde al menos el 15 de junio de 2007, que es uno de los requisitos para calificar para el programa. Actualmente, residen en todos los estados del país, además del Distrito de Columbia y territorios como Puerto Rico y Guam. La mayoría se encuentra en California (~147,440), seguido por Texas (~87,890), Illinois (~27,800), Florida (~20,590) y Nueva York (~20,520).
Miles de millones de dólares en contribuciones fiscales
Desde la implementación del programa en 2012, los beneficiarios de DACA han pagado un total de 40,000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, según un reporte actualizado en 2025 de la Coalición por el Sueño Americano, descrita por Influence Watch como una red de empresas grandes –como Amazon, Google, Meta, Microsoft y PayPal– que ejerce presión para lograr una legislación que establezca un proceso de naturalización para los beneficiarios de DACA.
Las contribuciones anuales de los beneficiarios se estiman en alrededor de 6,200 millones de dólares en impuestos federales y 3,300 millones en impuestos estatales y locales, según análisis de noviembre de 2021 de CAP.
Una investigación del Foro de Acción Estadounidense (AAF), publicada en enero de 2018, concluye que los beneficiarios de DACA contribuyen cada año aproximadamente con 3,400 millones de dólares en impuestos y añaden 42,000 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. En ese entonces había cerca de 690,000 personas con protecciones de DACA, según el texto de la investigación.
Este grupo también tiene miles de millones de dólares en poder adquisitivo. El CAP estima que los hogares con beneficiarios de DACA tienen alrededor de 25,300 millones de poder adquisitivo anual una vez reducidos los impuestos. La Coalición por el Sueño Americano estima que han contribuido al menos 150,000 millones de dólares a la economía desde 2012 en poder adquisitivo y que los beneficiarios de DACA que tienen negocios propios tienen hasta 188,000 empleados.
El 30.7% de 560 beneficiarios encuestados por Tom K. Wong, del Centro de Política de Inmigración de los Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego, en asociación con United We Dream, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y CAP, entre octubre de 2023 y enero de 2024, dijeron ser propietarios de casas primerizos y pagar hipotecas. Un reporte de CAP publicado en noviembre de 2021, estima que este grupo posee aproximadamente 68,000 casas, pagan 760 millones de dólares en hipoteca y 2,500 millones en alquiler anualmente.
Estimaciones de las pérdidas económicas que resultarían en caso de que se terminen las protecciones de DACA
En su reporte, la Coalición por el Sueño Americano estima que eliminar DACA representaría una pérdida de hasta 1 billón de dólares a lo largo de la vida laboral (working lifetime) de los beneficiarios y potenciales beneficiarios. Esta cifra incluye 234,000 millones de dólares de beneficiarios de DACA y sus cónyuges y 648,000 millones de individuos elegibles para el programa y sus cónyuges, en caso de que dejen de trabajar a lo largo de su vida.
Como te contamos en Factchequeado, una de las propuestas del Proyecto 2025, la propuesta de gobierno por la organización Heritage Foundation, proponía eliminar gradualmente el programa al suprimir el tiempo de personal destinado a la revisión y tramitación de las solicitudes de renovación, según indica la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). Muchas propuestas del Proyecto 2025 se han implementado durante el segundo mandato de Trump, pese a que el mandatario se había distanciado del mismo durante su campaña presidencial.
La Coalición estima que existen 1 millón de menores que califican para el programa, pero que, debido a las batallas legales (como el intento de terminar el programa en 2017, que derivó en un fallo 5-4 de la Corte Suprema en junio de 2020, en el que se determinó que la administración de Trump no siguió los procedimientos adecuados para hacerlo) no han podido beneficiarse de él.
En 2021, el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, Andrew Hanen, falló a favor de una coalición de fiscales generales republicanos que argumentaron en una demanda que el programa era “ilegal”. Esta decisión prohibió al gobierno procesar aplicaciones iniciales de DACA, pero permitió que continuaran las renovaciones, según FWD.us, que se describe como “una organización de políticas que trabaja para promover soluciones mejores y políticamente más resilientes en materia de justicia penal e inmigración”.
La administración Joe Biden apeló los fallos del juez Hanen en contra de DACA en 2022; sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó en dos ocasiones su determinación de que el programa es ilegal, incluso después de que la administración estableciera una norma formal para DACA. No obstante, los tribunales han seguido permitiendo que los beneficiarios actuales renueven sus protecciones mientras prosigue la batalla legal.
Asimismo, el Quinto Circuito dictaminó que, en el estado de Texas, los permisos de trabajo de DACA podrían separarse potencialmente de las protecciones contra la deportación, remitiendo la cuestión nuevamente al juez Hanen; este podría emitir un fallo sobre la forma en que esto operaría tras recibir los escritos de las partes a finales de 2025, según FWD.us
En la práctica, la mayoría de quienes obtuvieron DACA aplicaron durante los primeros cinco años del programa. Es decir, aquellos que no aplicaron durante esa ventana de 5 años no pueden obtener DACA pese a cumplir con los requisitos (como haber residido de manera continua desde el 15 de junio de 2007, haberse graduado de la escuela secundaria y haber llegado al país antes de cumplir los 16 años de edad), de acuerdo a la Coalición.
El Instituto Cato, que se describe como “una organización de investigación de políticas públicas rigurosamente apartidista e independiente”, publicó un reporte en febrero de 2018 en el que estimó que eliminar el programa costaría a la economía estadounidense 351,000 millones de dólares en 10 años (estimaciones de 2019 a 2028) y reduciría los ingresos fiscales en casi 92,900 millones anuales.
La deportación de esta población –según el AAF, para 2018– costaría entre 7,000 y 21,000 millones de dólares.
El CAP estimó que 25,300 millones de dólares anuales en poder adquisitivo después de impuestos y 9,500 millones de ganancias fiscales federales, estatales y locales estarían en riesgo.
La mayoría de estas pérdidas se concentrarían en los 4 estados con la población más grande de estos dreamers: California (68,000 millones de dólares), Texas (37,000 millones), Illinois (11,000 millones) y Arizona (11,000 millones).
A esto se le suma que 1 millón de familiares (incluidos cónyuges e hijos estadounidenses) podrían enfrentarse a la separación de un beneficiario de DACA. Además, 115,00 menores perderían el acceso a un seguro médico privado derivado de un padre beneficiario de DACA, de acuerdo con la Coalición por el Sueño Americano.
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