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Algunos observadores políticos y defensores del derecho al voto temen que estas elecciones de mitad de período (midterms) previstas para noviembre de 2026 sean de las más complejas de los últimos tiempos, considerando una serie de medidas restrictivas adoptadas a nivel estatal y federal que, sostienen, pueden complicar el ejercicio del voto, sobre todo entre poblaciones minoritarias, como hispanos y negros.
Esas medidas van desde el inusual rediseño de distritos electorales a mitad de década que se produjo desde el año pasado en varios estados tras una iniciativa de Texas, pasando por una ola de nuevas leyes estatales, hasta el intento desde la Casa Blanca de restringir el cada vez más popular y usado voto por correo.
Todo eso a la sombra de los esfuerzos del gobierno federal de tratar de intervenir en el proceso electoral, algo que la Constitución consagra como exclusiva área de los estados, mediante órdenes ejecutivas y otras decisiones administrativas que buscan cambiar la manera de cómo se vota, plazos para votar por correo y el control de los padrones de votantes. Todas esas iniciativas han sido desafiadas en cortes, donde, hasta el momento, han sido bloqueadas.
“Es un ataque sistémico total y se están coordinando. Tenemos al presidente Trump pidiendo a gobernadores en estados como Florida y Texas que reorganicen sus mapas electorales. (...) Ese es una especie de plan para ellos, y lo están llevando a la realidad”, aseguró a Factchequeado Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino, una organización que promueve la participación cívica de la comunidad hispana.
Una ley para “salvar a América”: el SAVE America Act
El gran marco de todos los esfuerzos que se hacen a nivel estatal, local y federal es la llamada Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (Safeguard American Voter Eligibility Act), o SAVE America Act, cuya aprobación exige al Congreso el presidente Donald Trump como recurso para “garantizar” lo que él denomina “la limpieza de las elecciones”.
Aunque, en principio, según la ley, sólo los ciudadanos pueden votar en las elecciones federales. Y si bien los casos de registro y voto por parte de personas que no son ciudadanas son muy poco frecuentes,
“El objetivo de la ley SAVE America Act de garantizar que solo los ciudadanos puedan registrarse para votar es importante. Sin embargo, existen formas más sencillas y rentables de mejorar la verificación de la ciudadanía sin crear nuevas barreras para los votantes elegibles”, indica el Bipartisan Policy Center, una organización que promueve políticas bipartidistas para problemas estadounidenses.
Los que se oponen al proyecto indican que la ciudadanía ya es un requisito para votar, y destacan que los casos de voto de personas no ciudadanas son poco frecuentes.
En un estado sólidamente republicano como Luisiana una investigación de votos identificó inicialmente 390 votantes registrados como posibles no ciudadanos. De estos, 79 votaron al menos una vez durante un periodo de más de 40 años (hasta la década de 1980). Un análisis del Brennan Center estima que esa cifra es solo una muy pequeña fracción (0.0001%) comparada con los 74 millones de votos en Luisiana desde la década de 1980, y además señalan que esos son casos no confirmados.
Advierten que muchos ciudadanos elegibles no tienen acceso a pruebas documentales de su ciudadanía, por lo que consideran que la responsabilidad de verificar la ciudadanía debe recaer en el gobierno y no en el votante.
El proyecto contempla, entre otras cosas, que los estadounidenses presenten una prueba de ciudadanía para registrarse para votar, pero sus críticos consideran que complicaría y hasta impediría a millones de estadounidenses votar. Según el Brennan Center, aliado institucional de Factchequeado, alrededor de 21.3 millones de estadounidenses con edad para votar no tienen a mano los documentos requeridos por la SAVE America Act. Eso incluye a alrededor de 69 millones de mujeres que han adoptado el apellido de su cónyuge y su nombre no coincide con el de su acta de nacimiento.
“La Ley SAVE no resuelve nada. Todas las pruebas disponibles, incluidas las de la propia administración Trump, indican que sólo los ciudadanos estadounidenses votan y que los casos excepcionales son extremadamente raros. Los estados que han examinado minuciosamente sus padrones electorales en busca de votos emitidos ilegalmente —como hicieron recientemente Luisiana y Utah— han confirmado reiteradamente este hecho”, indica el Brennan Center for Justice en su página web.
El voto por correo, en la mira de la Casa Blanca
Trump suele quejarse del voto por correo, una modalidad cada vez más usada por los votantes de todo el país. El presidente considera que favorece el fraude, aunque nunca ha presentado pruebas de que así sea y él mismo ha votado por correo en algunas elecciones.
En marzo último, Trump firmó una orden ejecutiva para que el gobierno federal elabore una lista de votantes habilitados que usará el Servicio Postal para enviar boletas por correo únicamente a quienes aparezcan en ella. Y aunque el Servicio Postal publicó una propuesta de norma, esta ha quedado en suspenso por dos fallos de una juez federal de Massachussets con el argumento central de que “el poder ejecutivo no tiene autoridad para regular las elecciones”.
En 2025, Trump había emitido otro decreto que pedía presentar pruebas documentales de ciudadanía para un registro federal de votantes y exigir que las boletas enviadas por correo lleguen a las oficinas electorales a más tardar el día de la elección.
Tras una serie de reveses legales en cortes federales que mantienen bloqueada la iniciativa del ejecutivo, este presentó a fines de julio de 2026 una apelación de emergencia a la Corte Suprema de Justicia para que deje sin efecto los decisiones de tribunales inferiores, aunque ya los magistrados han dicho en recientes decisiones que los estados pueden recibir votos después del día de las elecciones, siempre que el matasellos corresponda con la fecha. Esta semana la Casa Blanca urgió al alto tribunal a que tome una decisión pronto.
Grupos defensores del derecho al voto y fiscales generales estatales demócratas afirman que es una usurpación de poder inconstitucional que privará de su derecho al voto a amplios sectores del electorado.
Un tercio de los votantes utilizó el voto por correo en las elecciones generales de 2024, de acuerdo con datos compilados por Brooking Institute, un centro de estudios de políticas públicas de Washington DC., en el que se indica que ya existen “importantes salvaguardias estatales y federales que garantizan la seguridad de esta modalidad de votación”.
“En nuestro análisis, determinamos que el porcentaje total de fraude en el voto por correo fue ínfimo —apenas un 0.000043%, o aproximadamente cuatro casos por cada 10 millones de votos por correo— y que los sistemas de voto por correo universal registraron los niveles más bajos de un fraude que, de por sí, ya era insignificante”, señala el centro de estudio Brooking.
Restricciones al voto por correo en estado republicanos
Mientras tanto, varios estados bajo administración republicana han tomado medidas que restringen el voto por correo, desde la fecha de recepción de la boleta hasta los lugares donde puede ser depositada.
Ohio, Dakota del Norte y Utah anunciaron que invalidarán boletas que sean recibidas después del día de la elección, cuando antes se consideraban válidas si llegaban con retraso, siempre que el Servicio Postal las hubiera recibido y sellado ese día.
Una decisión similar de 2026, que iba a ser adoptada por Kansas, fue anulada en tribunales, pese a que ya los votantes habían recibido las boletas con la explicación de que no se aceptarían si no llegaban a las autoridades electorales antes de las 7 pm del martes 3 de noviembre, el día de las elecciones.
Para las elecciones de medio término de 2026, Arkansas, Indiana, Luisiana, Misisipi, Misuri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental no permiten que se coloquen buzones para recolectar el voto por correo, más allá de los que pueda haber en oficinas públicas.
Según organizaciones defensoras del derecho al voto (desde el Brennan Center for Justice, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), la Liga de Mujeres Votantes hasta grupos hispanos como Voto Latino y UnidoS), estas prohibiciones afectan más a los votantes de zonas rurales, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a los latinos y otras minorías, y a las personas de bajos ingresos.
Por una parte, las medidas dificultan el acceso físico en zonas apartadas en las que los votantes usan el correo para mandar sus boletas, además, imponen la exigencia de presentar documentación que no todos los ciudadanos tiene a mano y que puede resultar costosa obtener para aquellos de menores ingresos.
“Están intentando, desde el nivel del condado hasta el nivel federal, aprobar estas propuestas y legislaciones que realmente podrían generar confusión y caos durante las elecciones. Estamos hablando de menos de 85 días para llegar a noviembre. Puede causar muchos estragos”, aseguró a Factchequeado Beatriz López, de Voto Latino.
“Van a intentar presionar lo más posible. Por eso hay muchísimas organizaciones y defensores que, junto con el público, están prestando atención y listos para presentar demandas, listos para hacer su parte para detener este tipo de tácticas de supresión, porque son tácticas de supresión.
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