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Desde que Donald Trump inició su segundo mandato en enero de 2025, se han registrado 50 muertes de inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de otros dos casos de personas mexicanas que fallecieron durante el proceso de su detención. Al comparar las cifras por año fiscal –que comienza en octubre y termina en septiembre–– encontramos que el número de fallecimientos (30) en lo que va del año fiscal 2026 (octubre 2025-junio 2026), ya supera el de cualquier periodo anterior de las últimas dos décadas, incluso el récord de 28 muertes registrado en el año fiscal 2004. Los datos provienen de ICE y del Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Al analizar las cifras por administración presidencial, encontramos que hasta el 23 de junio de 2026, fecha en la que publicamos esta nota, los 50 inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE durante el primer año y medio de la segunda presidencia de Trump ya superaban las 48 registradas durante toda su primera administración. El mayor número de fallecimientos durante una administración presidencial corresponde al segundo mandato de George W. Bush, con 61.
De esas 50 personas fallecidas, 49 eran hombres. Por nacionalidad, el grupo más numeroso es el de los mexicanos (con 12 casos), seguido por los cubanos, hondureños y nicaragüenses (con 4 casos cada uno). Sus edades estaban entre los 19 y los 75 años.
Un análisis de AP publicado el 27 de mayo de 2026 encontró que 10 de estas muertes fueron catalogadas como “suicidio”, un aumento significativo respecto a años anteriores, cuando ICE reportaba entre cero y una muerte por suicidio al año.
"Algo está yendo profundamente mal desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental", dijo a AP el Dr. Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco y coautor de un estudio que documenta el aumento de las tasas de mortalidad y suicidio entre los detenidos por ICE. "Se trata de uno de esos aumentos repentinos y alarmantes".
Nota metodológica. Para este análisis, utilizamos 3 fuentes: los datos públicos de ICE correspondientes a los años fiscales 2018 a 2026, información divulgada por la agencia a partir de una solicitud acceso a la información (FOIA) con datos del 1 de octubre de 2003 al 5 de junio de 2017; y los registros de ICE recopilados por el Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la Facultad de Derecho de UCLA. Utilizamos la aplicación Tabula para extraer la información de la página oficial de ICE y de los obtenidos mediante la solicitud de FOIA. Desde 2018, ICE publica en su página web información sobre las muertes de personas detenidas bajo su custodia. Excluimos del conteo de inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE a 2 inmigrantes mexicanos que murieron en el proceso de ser detenidos. También excluimos el caso de un inmigrante de Eritrea que falleció mientras era deportado, pero que según la nota de prensa de ICE, estaba bajo custodia de autoridades egipcias en el Aeropuerto Internacional del Cairo. Este caso es parte de la base de datos del Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la UCLA pero no forma parte de las muertes de inmigrantes listadas en ICE.gov.
Las muertes no aumentaron de manera proporcional al crecimiento de la población detenida
El exdirector de ICE, Todd Lyons dijo durante una audiencia en el Congreso el 16 de abril de 2026 que los números récord durante el año fiscal se deben a que ICE tiene las cifras más altas de detenidos desde su creación en 2003. También aseguró que la agencia ha gastado más de 1,000 millones de dólares para asegurar que las personas detenidas tengan el cuidado apropiado.
Para el 31 de diciembre de 2025, la población de detenidos por ICE era de 70,800 personas, en comparación con las 40,806 registradas el 31 de diciembre de 2024, según USAFacts con datos de ICE. Esto representa un incremento del 73.5%. Sin embargo, las muertes en esos centros de detención aumentaron a un ritmo mucho mayor: casi se triplicaron al pasar de 11 en 2024 a 32 en 2025 (según datos por año calendario), lo que supone un aumento del 191%. En términos porcentuales, el incremento de las muertes fue 2.6 veces el crecimiento de la población detenida.
Los centros de detención de ICE empeoraron en la atención médica durante el segundo mandato de Trump, según estudio
El reciente incremento de la mortalidad entre los detenidos, según explica un texto editorial publicado en Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA), ocurre en un sistema caracterizado por fallas documentadas en la atención médica, en el tratamiento de la salud mental y en el monitoreo transparente de las muertes, problemas que se agravaron durante la segunda administración de Trump.
El editorial, titulado “More US Immigration Detention, Less Oversight, and More Deaths” y escrito por Michele Heisler y Katherine R. Peeler –ambas de la organización sin fines de lucro Médicos de Derechos Humanos–, comenta los hallazgos del estudio “Mortality in US Immigration and Customs Enforcement Detention” de Sanjay Basu, Benjamin Q. Huynh, Mathew V. Kiang, Elizabeth T. Chin y Jason R. Andrews sobre las muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE entre el año fiscal 2004 y el 19 de enero de 2026.
El editorial menciona una investigación realizada por los Médicos de Derechos Humanos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la American Oversight, que concluyó que el 95% de 52 muertes ocurridas entre 2017 y 2021 fueron “prevenibles o posiblemente prevenibles si se hubiera prestado una atención clínicamente adecuada”. También señala que otros estudios documentaron condiciones que pueden aumentar el riesgo de deterioro médico y autolesiones. Entre estas deficiencias estaban: la falta de acceso inadecuado a jabón, mascarillas, pruebas y medidas de protección para el control de infecciones durante la pandemia de COVID-19; el uso del confinamiento solitario durante periodos superiores a los permitidos (registrado entre 2024 y 2025); los diagnósticos tardíos, los tratamientos inadecuados, la insuficiencia de servicios de salud mental y el traslado de personas detenidas que padecían enfermedades graves a hospitales externos poco antes de fallecer, lo que evita su clasificación como muertes bajo custodia de ICE y conduce a un subregistro de la mortalidad total,
Estas deficiencias se agravaron –según afirman las autoras en el editorial– debido a las políticas implementadas durante el segundo mandato de Trump, que “ampliaron rápidamente la detención hasta alcanzar niveles históricos, debilitaron los mecanismos de supervisión y empeoraron las condiciones de reclusión”.
Un informe de TRAC Reports, un centro de investigación de la Universidad de Syracuse, documentó que, entre octubre de 2024 y abril de 2025, 84 de 181 centros de detención operaron por encima de su capacidad. Un reportaje de KFF Health News, organización aliada de Factchequeado, basado en la revisión de más de 200 páginas de demandas presentadas por inmigrantes detenidos, además de estudios independientes y académicos e investigaciones de legisladores demócratas en el Congreso, encontró que ICE “está infringiendo los estándares que garantizan que los inmigrantes reciban chequeos médicos iniciales, atención médica rutinaria y respuestas oportunas a los problemas de salud”.
Asimismo, el texto editorial publicado en JAMA afirma, citando un artículo de Government Executive, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prácticamente desmanteló 3 oficinas de supervisión independiente al despedir a más de 300 de sus empleados. Estas agencias son la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO), Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) y la Oficina del Defensor del Pueblo de CIS.
Según el DHS, la OIDO es la “encargada de resolver quejas individuales de o sobre personas detenidas por motivos migratorios, relacionadas con posibles violaciones de las normas de detención migratoria u otras posibles faltas de conducta”; el objetivo de la CRCL es "garantizar que los programas, las políticas, las normativas y las directrices del DHS cumplan con los derechos civiles y las libertades civiles y los salvaguarden, al tiempo que se atienden las necesidades de los usuarios y se respalda la misión del DHS”; y la Oficina del Defensor del Pueblo de CIS “se dedica a mejorar la calidad de los servicios de ciudadanía e inmigración que se prestan al público”.
El Instituto de Política Económica (EPI) explica que sin estas oficinas no habrá entidades de “control interno en el DHS para evaluar la legalidad, la eficacia y los problemas relacionados con la implementación de las políticas de la administración Trump en materia de control migratorio”.
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