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En Estados Unidos el marco jurídico que protege el acceso al voto se ha reducido drásticamente desde 2013. Ese año, la Corte Suprema de Justicia, en el caso conocido como ‘Shelby County’, anuló el poder del gobierno federal de supervisar cambios a normas electorales en estados con historia de discriminación racial, como establece la Ley de Derecho al Voto de 1965 (VRA, por sus siglas en inglés). No derogó la potestad federal, pero sí desbarató la sección de la ley que se usaba para garantizar esa vigilancia.
Desde entonces se han venido produciendo cambios legales en materia electoral desde los estados y se dictaron nuevas decisiones jurídicas de la Corte Suprema.
De acuerdo con un reporte de Brennan Center for Justice actualizado en agosto de 2026, “al menos 19 estados ya han promulgado 44 leyes restrictivas durante el ciclo electoral de dos años que comienza en enero de 2025, superando el máximo anterior de 43 leyes restrictivas promulgadas en el ciclo de 2021 a 2022”.
“Hemos visto una tendencia y una oleada de leyes de votación restrictivas aprobadas a nivel estatal que han cambiado las reglas, pueden resultar confusas y han impuesto nuevas restricciones a la votación”, aseguró a Factchequeado Sean Morales Doyle, director sénior del programa de derechos electorales y elecciones en el Brennan Center.
“Además, hemos visto repetidos intentos de los políticos en Washington D.C. para hacer lo mismo a nivel federal, aunque todos se han desvanecido en el Senado. Hemos visto a esta administración intentar cambiar las reglas a través de órdenes ejecutivas en múltiples ocasiones”, dijo Morales en referencia a la SAVE America Act y los decretos presidenciales con los que Trump ha querido establecer restricciones al voto por correo y que han sido bloqueados hasta ahora en tribunales.
Parálisis en el Congreso, hiperactividad en los estados
En abril último, la Corte dictó una sentencia que significó un debilitamiento adicional de la VRA al determinar que es inconstitucional un distrito de mayoría negra creado en Alabama.
A todas estas, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo en una nueva legislación federal electoral que restablezca el papel supervisor del gobierno federal. Los legisladores no han logrado avanzar la Ley John Lewis para el Avance de los Derechos Electorales (‘John Lewis Voting Rights Advancement Act’), nombrada en honor al representante demócrata por Georgia fallecido en 2020 y figura del movimiento por los derechos civiles estadounidense, con la que los demócratas aspiran actualizar la VRA.
Pero tampoco han logrado definiciones en la llamada Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (Safeguard American Voter Eligibility Act), o SAVE America Act, cuya aprobación exige al Congreso el presidente Donald Trump como recurso para “garantizar” lo que él denomina “la limpieza de las elecciones”.
En junio, la Corte Suprema ratificó que el voto por correo puede ser contado aunque llegue después del día de las elecciones, si el sello postal indica que fue depositado antes de esa fecha, una decisión que garantiza el acceso al voto y que va contra las aspiraciones de Trump de eliminar lo más posible ese popular método para sufragar.
Mientras tanto, en los últimos años se ha registrado una intensa actividad legislativa a nivel estatal para regular elecciones, área que la Constitución reserva a los estados para su administración y da al Congreso facultades de regulación para cargos federales.
Estado por estado, repasamos las leyes restrictivas del voto
Las restricciones que establecen algunas de las nuevas normas tienen que ver con la forma de identificación que se le exige al votante a la hora de registrarse y de sufragar. No todos los ciudadanos tienen licencia de conducir (el documento universalmente aceptado como identificación en EEUU) o pasaporte.
Investigaciones, como esta de Brennan Center for Justice, han determinado que los integrantes de las minorías en promedio tienden a no disponer de identificación oficial como la mayoría blanca del país, en parte porque sus comunidades no cuentan con servicios para obtenerlas con facilidad y en parte porque les resulta costoso acceder a la documentación.
Para algunos resulta complicado y costoso obtenerlos o gestionar sus certificados de nacimiento.
Otros estados han reducido el número de centros de votación, en procesos que han sido calificados por las autoridades como de “consolidación” para hacer más efectivos los procesos, pero que algunos grupos de defensa de derechos civiles consideran que afecta desproporcionadamente a la población más pobre y a las minorías, al alejarles los lugares para votar de sus casas o centros de trabajo.
Mientras que los promotores de este tipo de leyes consideradas restrictivas aseguran que se trata de reducir las vulnerabilidades del sistema para tener un “voto seguro”, sus críticos, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) consideran que tiene el potencial de limitar el sufragio a grandes sectores de la población, sobre todo entre los más pobres y las minorías.
Como resultado y ante el estancamiento de la SAVE Act en el Senado, las legislaturas estatales impulsan políticas que exigen la presentación de documentos de identidad o limitaciones al voto por correo, que se suman a otros estados que ya contaban con leyes similares.
Utah exige desde principios de 2026 que los nuevos votantes presenten documentos de ciudadanía (pasaporte, certificado de nacimiento) para registrarse en elecciones estatales y locales. Además, ordena a los funcionarios electorales revisar los registros existentes para verificar la ciudadanía de los votantes ya inscritos. Los votantes identificados como “posibles no ciudadanos” tienen 30 días para presentar documentos válidos (pasaporte, certificado de nacimiento) o serán eliminados del padrón electoral.
Kentucky: el estado está autorizado ahora, desde abril de 2026, a pactar acuerdos con agencias federales para revisar la lista de votantes registrados e identificar personas que dichas agencias consideren “no ciudadanas”. Los votantes señalados por las agencias federales deben presentar documentos de ciudadanía (pasaporte, certificado de nacimiento, documentos de naturalización) antes de votar. Si no presentan documentos, deben emitir un voto provisional y firmar una declaración jurada de ciudadanía.
Mississippi amplíó los requisitos existentes de prueba de ciudadanía. Antes los votantes solo debían presentar documentos si los registros estatales o federales indicaban que no eran ciudadanos, pero ahora, desde 2026, deben presentar documentos si los registros no pueden confirmar su ciudadanía. Esto aumenta el número de votantes obligados a presentar pasaporte, certificado de nacimiento u otros documentos de ciudadanía.
Georgia intensificó en 2026 el requisito de presentar documentos de ciudadanía (licencia de conducir, pasaporte, certificado de nacimiento) para registrarse y para votar, algo que puede impactar a naturalizados y nuevos votantes. Además restringió las identificaciones aceptables, incluyendo limitaciones a documentos estudiantiles. Redujo la infraestructura electoral, con el cierre y consolidación de centros de votación en zonas de mayoría negra, junto con una reducción de horas de voto y los días para la votación anticipada.
Arizona estableció un re‑registro obligatorio y si la dirección del votante no coincide con la del DMV, debe volver a registrarse. Introdujo nuevas restricciones a las formas aceptables de identificación, incluyendo limitaciones a IDs estudiantiles y tribales. Además, creó nuevos requisitos de firma y verificación para el voto por correo, y redujo el número de centros de votación
Texas adoptó desde 2024 la purga del registro de los votantes que no han votado en cuatro elecciones consecutivas y redujo el número de centros de votación con cierres y consolidaciones que, según los críticos de la medida, afecta más zonas rurales y urbanas de mayoría latina. Además endureció las condiciones para el voto por correo reforzando la prohibición de buzones (drop boxes, en inglés) ya establecida en 2021.
New Hampshire y Alabama también han excluido desde 2026 los documentos estudiantiles como aceptables para votar.
