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Una mezcla de leyes restrictivas del voto en varios estados, junto a acciones y declaraciones desde el gobierno federal sobre las midterms (elecciones de medio término) del 3 de noviembre de 2026, están creando un potencial ambiente de confusión e intimidación que amenaza afectar el proceso, advierten grupos de derechos civiles y muestran algunos estudios de opinión.
Una reciente encuesta de Gallup muestra que hay preocupación entre los estadounidenses porque se ejerza presión política sobre funcionarios electorales para alterar resultados (el 67% está “muy” o “bastante” preocupado) y que exista intimidación de votantes cerca de los centros de votación (52%).
Es un temor que comparten organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la Liga de Mujeres Votantes o el centro de estudios de políticas públicas Brennan Center for Justice, aliado institucional de Factchequeado, entre otras.
Su preocupación se basa en el hecho de que entre 2025 y 2026 se crearon 44 nuevas leyes electorales restrictivas en 19 estados, según el Brennan Center, con nuevas exigencias para identificar al votante, cambios en las modalidades del voto por correo y el acceso a centros de votación, que consideran que afectaría minorías y votantes de bajos ingresos como reportamos en Factchequeado.
Eso, sumado a acciones y declaraciones del presidente Donald Trump que se orientan a ampliar el control federal sobre el proceso electoral, pese a que la Constitución reserva a los estados la administración del proceso y da poder regulatorio al Congreso en elecciones federales
En marzo de 2026, una orden ejecutiva de Trump instruyó al Servicio Postal a entregar boletas electorales sólo a quienes estén inscritos en una lista de votantes por correo. La orden también encargó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en coordinación con la Administración del Seguro Social (SSA) elaborar listas estatales de personas con ciudadanía confirmada, algo que grupos de defensa de derechos ciudadanos, como ACLU o HRW y otros, han demandado en tribunales por considerarlo una injerencia federal indebida.
El caso está pendiente del fallo definitivo de la Corte Suprema, que el 25 de agosto de 2026 permitió que la orden se aplicara mientras continúa el litigio, al levantar el bloqueo impuesto por un tribunal federal de Boston, aunque sin decidir sobre el fondo de la demanda.
Al mismo tiempo, Trump exige al Congreso que apruebe la llamada Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (Safeguard American Voter Eligibility Act), o SAVE America Act, detenida en el Senado, para “garantizar” lo que el presidente denomina “elecciones honestas”, mediante estrictos métodos para identificación del votante.
En medio de todas esas iniciativas, los consiguientes desafíos legales que han generado y las declaraciones que salen desde la Casa Blanca o aliados y simpatizantes de Trump, se ha ido creando un ambiente que puede resultar confuso para muchos electores.
“Creo, basándome de manera anecdótica en lo que escucho de la gente, que hay votantes confundidos por todo eso”, dijo a Factchequeado Sean Morales Doyle, director sénior del programa de derechos electorales y elecciones del Brennan Center, organización que es parte de una demanda de grupos de derechos civiles contra la orden ejecutiva de Trump sobre voto por correo.
“Los votantes escuchan sobre la ley SAVE y escuchan que el presidente emite una orden ejecutiva diciéndole al Servicio Postal que sólo acepte ciertas boletas de voto por correo, y eso les hace preocuparse de que no puedan votar por correo o de que vayan a necesitar un certificado de nacimiento o un pasaporte para registrarse para votar este otoño”, considera Morales Doyle.
¿Elecciones de midterms “federalizadas”?
Aunque Trump no ha dado ninguna orden oficial ni ha hecho un pronunciamiento expreso que pueda leerse como una directriz política para poner las midterms bajo control del gobierno federal, ha dicho cosas que apuntan a ampliar el control federal sobre el proceso.
En febrero último, por ejemplo, instó al Partido Republicano a “nacionalizar el proceso” y “tomar el control de la votación en al menos 15 sitios”, los que no especificó, en una entrevista en el podcast de Dan Bongino, quien hasta enero de 2026 fue subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Trump habló con Bongino de indocumentados que votan, teoría conspirativa desmontada por las auditorías del padrón electoral realizadas por los estados, algunos con gobiernos republicanos, como indica este trabajo publicado en febrero de 2026 por el Instituto Cato, un centro de estudios de políticas públicas de tendencia conservadora.
El 10 de agosto de 2026, el comentarista Wayne Allyn Root, de la cadena Real America´s Voice TV, le “sugirió” al presidente en una entrevista “declarar una emergencia de seguridad nacional para las elecciones”, a lo que Trump respondió: “Cosas más extrañas han pasado, lo dejo ahí” y cambiaron de tema.
Sin embargo, grupos como Protect Democracy (una organización que se define como “antiautoritaria”) consideran la posibilidad de que el gobierno federal pretenda controlar las elecciones y que despliegue tropas de la Guardia Nacional o de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de centros de votación pese a que existe una específica prohibición legal.
“La administración Trump ha presentado la iniciativa de una manera que probablemente intimide a las comunidades de inmigrantes naturalizados y a aquellas que no hablan inglés”, asegura Henry Hicks, del Programa de Estados Unidos de la organización Humans Rights Watch en un artículo publicado el 27 de agosto de 2026.
En un discurso del 16 de julio de 2026 -que verificamos en Factchequeado-, Trump presentó supuesta información de inteligencia parcial y acusaciones engañosas sobre esfuerzos de China por influir en las elecciones de 2020 para perjudicar al país e insistió en la falacia del voto de no ciudadanos.
Algunos comentaristas conservadores, como los exasesores de Trump Steve Bannon o Roger Stone, consideran que eso justifica la “federalización” de los comicios mediante leyes de excepción, algo que nunca ha sucedido en Estados Unidos, ni siquiera durante guerras u otros serios conflictos, precisamente porque el Ejecutivo carece de la autoridad legal para hacerlo, como indica este trabajo de The Brookings Instituition, un centro de investigación de política públicas.
Peter Ticktin, un abogado amigo de Trump, afirmó que el presidente puede declarar la emergencia nacional, y añadió: "Para cualquiera que haya examinado las pruebas, es evidente que esta emergencia existe", dijo en declaraciones al canal de la televisión pública PBS. Luego dijo que “Trump puede invocar la Ley de Emergencias Nacionales (NEA)".
La única emergencia nacional electoral fue sancionada en 2018, durante el primer gobierno de Trump: fue la Orden Ejecutiva 13848 para proteger el sistema electoral de una supuesta “interferencia extranjera”, pero no dio potestad a la administración para intervenir en las elecciones.
La duda es cómo puede afectar este ambiente a la participación en las midterms.
“La intimidación tiene un efecto real en los votantes, pero es difícil de medir. Creo que hay votantes que responden a este tipo de esfuerzo con un desafío. Ven que alguien intenta quitarle su derecho al voto y dicen: ‘Eso me motiva aún más a ir a emitir mi voto’”, considera Morales Doyle, del Brennan Center for Justice.
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