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En Estados Unidos las leyes estatales son las que determinan cómo se llevan a cabo las elecciones -nacionales y locales-, mientras que las leyes federales establecen los estándares que todos los estados deben seguir, según explica la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), organización bipartidista que proporciona investigaciones, asistencia y otros recursos para apoyar el proceso de formulación de políticas, hasta enero de 2026, existían “más de 10.000 jurisdicciones de administración electoral en los Estados Unidos”.
¿Por qué el sistema electoral es descentralizado?
La Constitución de Estados Unidos, que entró en efecto en 1789, estableció un sistema de “doble soberanía” en el que el gobierno nacional y los estados tienen responsabilidades definidas, explica la Universidad de Derecho de Cornell con LibreTexts, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer libros de texto universitarios de acceso abierto y bajo licencias Creative Commons. Entre los poderes otorgados a los estados por la Constitución, se incluyen la administración de las elecciones federales -donde se escogen a los senadores, representantes y presidente– a través de varias disposiciones.
“Si nos remontamos a más de 200 años atrás, la idea de una autoridad electoral federal a nivel nacional —que es, por supuesto, lo que tienen la mayoría de los países— iba en contra del sistema político altamente descentralizado propio de la época fundacional", dijo Naten Persily, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, en un seminario web de NCSL publicado el 20 de mayo de 2025.
Por ejemplo, la cláusula de elecciones (Elections Clause) del Artículo I, Sección 4 de la Constitución, establece que los estados tienen la autoridad principal sobre la administración de las elecciones, “la fecha, los lugares y la forma de celebrar las elecciones de senadores y representantes”, explica el Comité de Administración de la Cámara de Representantes.
También se precisa en el Artículo II, sección 1 de la Constitución que “cada Estado nombrará, en la forma que disponga su Legislatura, un número de electores igual al número total de senadores y representantes que le corresponda en el Congreso”.
“Del texto del documento se desprende que la mayor parte de las competencias sobre el modo de celebrar las elecciones para la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia recaerá en la legislatura estatal”, dijo Persily.
¿Cómo funciona esto en la práctica?
Los gobiernos locales y estatales establecen la mayoría de las reglas sobre cómo se llevan a cabo las elecciones, incluyendo el registro de votantes, la gestión de los centros de votación y el conteo de los votos. Esas normas deben ajustarse a las protecciones constitucionales y normas nacionales establecidas por el Congreso, según un análisis del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado Es decir, el poder estatal sobre las elecciones no es ilimitado.
Por otro lado, el gobierno federal, a través del Congreso, “ha actuado para proteger el derecho de los votantes a acceder a las urnas y emitir su voto, establecer normas nacionales básicas que garanticen la equidad y proporcionar fondos y servicios a los funcionarios electorales para ayudarles a organizar las elecciones de manera más eficaz”, explica el Brennan Center.
Entre las leyes que ha aprobado el Congreso se encuentran la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) y la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act).
Las enmiendas constitucionales que protegen el derecho al voto incluyen la 14a Enmienda (cuya cláusula de igual protección exige que todos los votantes reciban un trato igual ante la ley), la 15a Enmienda (que prohíbe la discriminación racial) o la 19a Enmienda (que reconoce el derecho al voto de las mujeres).
¿Cuál es el papel del presidente en la administración de las elecciones federales?
La Constitución no le otorga al presidente ni a ninguna autoridad de la rama Ejecutiva federal una facultad general para “establecer o modificar” unilateralmente las normas de las elecciones federales ni para anular o cancelar una elección, según el Brennan Center for Justice.
Lo que sí puede hacer el presidente es firmar “órdenes ejecutivas que afectan a las agencias y personal federales que hacen cumplir las leyes electorales federales, pero no puede modificar unilateralmente esas leyes ni alterar las leyes estatales sobre la forma en que se administran las elecciones”.
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