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El Servicio de Ciudadanía e Inmigracion de los Estados Unidos (USCIS) anunció que una nueva versión del formulario I-485, utilizado por los inmigrantes para tramitar la residencia permanente (green card), entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, sólo se aceptarán las solicitudes presentadas con la nueva edición.
Las solicitudes presentadas con la edición previa, del 20 de enero de 2025, sólo se procesarán si se envían electrónicamente o si recibieron el matasello de la oficina postal antes del 18 de septiembre de 2026.
Qué cambia en el formulario para adaptarse a la nueva norma sobre inadmisibilidad por carga pública
En un comunicado, USCIS explicó que los cambios en el nuevo formulario I-485 son “para ajustarse a la norma final sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública” anunciada por el gobierno en julio de 2026.
La “carga pública” se refiere a una regla de inmigración que permite decidir si un extranjero podría depender de recursos públicos, y es una de varias causales de inadmisibilidad que se consideran al solicitar el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente, como te contamos en Factchequeado.
La administración de Donald Trump anuló una regulación de 2022 que limitaba la “carga pública” sólo a beneficios monetarios (como el programa de ingreso suplementario SSI, la ayuda económica a familias con niños menores TANF y la asistencia general estatal o local) y el uso de Medicaid para cuidados a largo plazo. A partir del 18 de septiembre de 2026, USCIS “tomará en cuenta todos y cada uno de los beneficios”, según su página.
El nuevo formulario presenta una estructura similar a la versión anterior salvo por unas diferencias en unos puntos de la sección de carga pública. La versión anterior pregunta “¿cuál es el tamaño de su hogar?” y “enumere sus certificaciones, licencias, habilidades adquiridas a través de la experiencia laboral y certificados educativos”. La nueva versión, en cambio, pide describir “su situación familiar (por ejemplo, el número de miembros del hogar)” y enumerar “sus habilidades (por ejemplo, certificaciones, licencias adquiridas mediante experiencia laboral y certificados educativos)”.
También reduce el número de preguntas sobre beneficios públicos recibidos. Solo pregunta si se obtuvieron beneficios sujetos “a prueba de recursos económicos” y pide listarlos con las fechas de recepción, la cantidad (si aplica), y el motivo por el cual se recibieron los beneficios.
Sarah Krieger, asesora jurídica principal de políticas del National Immigration Law Center (NILC), una organización sin fines de lucro que se dedica a defender y promover los derechos de los inmigrantes de bajos recursos, dijo en un comunicado sobre el anuncio de los cambios a la carga pública que “esta medida no sólo es profundamente perjudicial, sino que también infringe la ley”.
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