Por Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado

Circula en redes sociales un video en el que el papa León XIV supuestamente exige “la destitución del presidente Donald Trump” con un impeachment. Eso es falso. El extracto que se comparte en redes tiene su origen en las declaraciones que dio León XIV el 7 de abril de 2026 desde la localidad italiana de Castel Gandolfo y que publicó Vatican News, el portal oficial de la Santa Sede.  Pero en su discurso, el pontífice no menciona a Trump.

En estas declaraciones, el papa afirmó que “no es aceptable”  la “amenaza contra todo el pueblo de Irán” e invitó “a los ciudadanos de todos los países involucrados a que contacten las autoridades, líderes políticos, congresistas" para decir que “no queremos la guerra, queremos la paz”. En ningún momento el pontífice menciona de manera explícita al presidente de EE.UU., Donald Trump, y al 13 de abril de 2026 tampoco hay registros de que haya pedido la destitución del mandatario estadounidense en otras intervenciones públicas.

Los contenidos falsos que comparten el video del papa León XIV junto a la afirmación de que está pidiendo “la destitución de Trump” han circulado en varios idiomas además del español, como inglés, francés, turco o portugués. Donald Trump publicó el 13 de abril un post en Truth Social en el que critica al pontífice: “Es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. Añade que no quiere un papa “que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares”. 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Por Alberto Andreo Sandoval de Factchequeado

Una nueva misión a la Luna, y un nuevo regreso de las falsedades en torno a la llegada del hombre al satélite. Con la misión Artemis II la NASA se planteó el reto, conseguido, de enviar a sus cuatro astronautas al lado oculto de la Luna. En ese recorrido Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han conseguido, además de ser los primeros en ver con ojos humanos esa parte del satélite, ser los seres humanos que más lejos han estado del planeta en toda nuestra Historia.

Vimos al cohete salir desde su plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida el 1 de abril de 2026 y perderse de vista en busca del espacio. Vimos a los astronautas hablar flotando por la gravedad 0 espacial, hemos sabido de sus problemas con el inodoro, situación con la que el mismo presidente, Donald Trump, bromeó, y la misma Casa Blanca posteó en su cuenta de X (antes Twitter) la imagen tomada desde la órbita de la Luna de nuestro planeta tomada por los viajeros.

Nada de eso le alcanza a los defensores de la falsa teoría que afirma, con esta nueva misión, que se está repitiendo la supuesta mentira de que el 20 de junio de 1969, Neil Amstrong, comandante de la misión Apollo 11, fue el primer hombre en pisar la Luna. 

“La misión lunar Artemis II demostró que el alunizaje de 1969 fue un engaño”, asegura un mensaje en X. Otro post en esa misma red social dice que las rocas lunares que el Apolo 11 se trajo en la primera visita de la Humanidad al satélite “eran falsas” y que eso “se descubrió en 2009”. 

Más falsedades, ahora también generadas con IA

Circula una imagen que supuestamente muestra que uno de los livestream de la tripulación fue frente a un croma (pantalla de fondo unicolor), pero al fijarse detenidamente en la imagen se aprecian errores clásicos que cometen las aplicaciones de creación imágenes con inteligencia artificial (IA), como problemas al generar las manos (recuadros rojos) y otros más flagrantes, como que la astronauta Christina Koch no está sujeta por ningún cable (recuadro azul) o como se entrelazan sus piernas con la del compañero detrás de ella (recuadro amarillo).

También pasamos la imagen por Hive Moderation, My Detection y AI Image Detection tres herramientas de detección de imágenes creadas con IA. El primer programa dictaminó que la probabilidad de que la imagen fuese creada con IA era del 78.3%; en el segundo, del 99.54% y en el tercero, del 100%.

Una imagen que circula en X muestra a los astronautas supuestamente frente a un croma para sostener que todo fue un montaje, pero pueden notarse errores típicos de las imágenes creadas con IA. 

También se ha dicho que el lanzamiento es un montaje porque el cohete se inclina y cambia de dirección en el aire. Ese movimiento del cohete, como explica la BBC, tiene como objetivo reducir el gasto de combustible generado por la atracción gravitacional a la vez que  busca equiparar el alejamiento del suelo y la caída para que la nave entre en órbita. 

El “truco”, apunta la BBC, consiste no solo en volar en vertical “hacia arriba”, sino “también en volar ‘hacia abajo’ con la suficiente velocidad para que, a medida que la gravedad tira del cohete, este siga la curvatura de la Tierra y entre en un estado de caída libre perpetua”. 

Además ha circulado que el comandante de la misión, Wiseman, supuestamente dijo en una rueda de prensa que con Artemis II sería “la primera vez que enviamos seres humanos a la Luna”. La declaración está recortada, ya que Wiseman añadió a continuación “y en órbita terrestre baja al mismo tiempo”, refiriéndose a la tripulación de la Estación Espacial Internacional con quienes mantuvieron una conversación el 7 de abril de 2026. 

Pruebas de que sí llegamos a la Luna

No es la primera vez que se viaja a la Luna

Como recuerda la NASA en su web, además de integrantes del Apolo 11, astronautas de las misiones Apolo 12, 14, 15, 16 y 17 también pisaron la Luna. En total han pisado el satélite 12 hombres, todos estadounidenses. Y un total de 24 han hecho el viaje de ida y vuelta.

Rocas lunares más viejas que la Tierra 

En el primero de los viajes exitosos, el del Apolo 11, los astronautas volvieron con 800 libras (algo más de 362 kilos) de rocas lunares. En una entrevista con la Agencia Sinc, Richard Carlson, investigador del Carnegie Institution for Science y autor de un trabajo publicado en la revista Science en 2019 por el 50 aniversario de la llegada al satélite, explicó que “la mayoría” de la superficie de nuestro planeta es “bastante joven en términos geológicos, de apenas 200 millones de años”.

Eso se debe, añadía, a que la Tierra es un planeta “vivo” en cuanto que es “activo geológicamente” y “cualquier registro de los procesos implicados en su formación hace tiempo que fue eliminado por esta actividad continua”. Eso sí, añadía, “la mayoría de la superficie lunar tiene más de 4,000 millones de años, y algunas partes se acercan a los 4,400”.

Es decir, tenemos piedras de la Luna en la Tierra… más antiguas que las propias piedras terrenales.  

Otras desinformaciones relacionadas con la llegada a la Luna

Las huellas dejadas por Neil Armstrong no coinciden con su traje

Como ya explicamos en Factchequeado, se compartió un video en el que se utilizaba el falso argumento de que las huellas dejadas por Neil Armstrong no coincidían con su traje para decir que la misión del Apolo 11 fue un montaje. La explicación era más sencilla: la foto que se difundió como la huella de Amstrong en realidad era de su compañero Edwin “Buzz” Aldrin, el segundo hombre en la Historia de la Humanidad en pisar la Luna. 

La bandera no ondea 

Un clásico de las teorías conspiranoicas es que dicen que el primer alunizaje era un montaje porque la bandera que clavaron no se mueve. ¿Cómo puede estar la bandera que los integrantes del Apolo 11 clavaron en suelo lunar ondeando si no hay atmósfera en nuestro satélite, y por tanto nada de viento sino el vacío? Simple: se le añadió una varilla metálica en su parte superior horizontal para que se mantuviera firme, como explica el Instituto de Física del Reino Unido e Irlanda en su web.

La bandera “no se mueve en absoluto”, asegura, y apunta que la “impresión” de que ondea se debe a que “la débil gravedad lunar no es lo suficientemente fuerte como para alisar la bandera”. 

“Tras ondear ligeramente mientras los astronautas las clavaban en la superficie lunar, ha permanecido inmóvil desde entonces”, sentencia el instituto. 

Los retroreflectores (que viste en The Big Bang Theory)

El Apolo 11 no fue solo a pasear a la Luna. El tiempo que estuvieron en su superficie lo aprovecharon para hacer todo tipo de experimentos y desplegar equipo científico. Uno de ellos fueron los retroreflectores.

Como explica la NASA en su web, estos aparatos son “pequeños conjuntos de espejos” a  los que los científicos apuntan láseres. Al calcular el tiempo que tardan en ir y volver facilita “mediciones excepcionalmente precisas de la órbita y la forma de la Luna, incluyendo cómo cambiaba ligeramente debido a la fuerza gravitatoria de la Tierra”.

Si eres fan de la serie The Bing Bang Theory, recordarás el capítulo en el que los cuatro científicos protagonistas hicieron esas mismas mediciones. 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873-6087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Leer también: 

No, la huella de la pisada de Neil Armstrong en la Luna no es “un montaje”: es la marca del cubrebotas que llevó su compañero Buzz Aldrin

Por qué la NASA ha tardado más de medio siglo en intentar regresar a la Luna

Qué es una teoría conspirativa, por qué algunos la creen y cómo desacreditarla

El Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos hizo una publicación el 18 de marzo de 2026 en sus redes sociales (Facebook y X) en la que comparó a cuánto equivaldría los 2,600 dólares que ofrece el gobierno a inmigrantes indocumentados que se autodeporten usando la aplicación CBP Home, en la moneda oficial de 23 países.  

Sin embargo, 2 de las monedas incluidas en esos cálculos dejaron de circular hace más de 20 años. Se tratan del sucre de Ecuador y el colón de El Salvador, que fueron reemplazados por el dólar estadounidense en los años 2000 y 2001, respectivamente, según el Banco Central del Ecuador y el Banco Central de Reserva de El Salvador.

Hasta el 8 de abril de 2026, no encontramos publicaciones de ICE reconociendo o rectificando el error. Tampoco encontramos publicaciones o reportes de medios de comunicación sobre alguna el gobierno de Ecuador o el de El Salvador abordando el tema.

Asimismo, la publicación oficial indica que la moneda oficial de Perú es el “nuevo sol”. Sin embargo, desde el 15 de diciembre de 2015, se conoce  la moneda nacional peruana como “sol”, según el Banco Central de la Reserva del Perú.

Ecuador adoptó el dólar estadounidense en 2000

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, el país reemplazó el sucre ecuatoriano por el dólar estadounidense el 9 de enero del 2000, “como una medida urgente para frenar la crisis económica y financiera que atravesaba el país”.

Dato: el sucre ecuatoriano fue acuñado en honor al mariscal Antonio José de Sucre, “uno de los héroes y precursores de las guerras independentistas que pusieron fin a la dominación española”, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. 

El sucre sufrió una de las peores devaluaciones en su historia antes de la dolarización, según recoge el medio ecuatoriano Primicias. Pasó de 4,493 sucres por dólar en enero de 1998 a 7,119 en enero de 1999. En diciembre de 1999 llegó a 18,287 sucres por dólar, una devaluación del 276% en ese año, según datos del Banco Central del Ecuador recolectados por Primicias.

El Salvador adoptó el dólar estadounidense en 2001

El Salvador reemplazó su moneda nacional, el colón, por el dólar estadounidense con la aprobación de la Ley de Integración Monetaria (LIM), que entró en vigor el 1 de enero de 2001, según recoge un análisis de Claudio de Rosa, economista e investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Gavidia. A diferencia de la situación económica de Ecuador antes de la dolarización, la economía salvadoreña era bastante estable, dijo de Rosa a Bloomberg Línea. 

Sin embargo, “las tasas de interés de instrumentos denominados en colones” eran más elevadas “que las ofrecidas por los instrumentos denominados en dólares”, según Bloomberg Línea. De Rosa concluye en su análisis que la dolarización en El Salvador logró que bajaran las tasas de inflación e interés, los plazos de los créditos se ampliaron y la economía entró en una estabilidad muy sólida.

Dato: el colón fue llamado así en homenaje a Cristóbal Colón “en el cuarto centenario del descubrimiento de América” (1892), según el Ministerio de Cultura del Gobierno de El Salvador. 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

El 3 de abril de 2026, la NASA hizo una publicación con dos imágenes del planeta Tierra: la primera tomada por la misión Apolo 17 en 1972 y una segunda tomada recientemente por la misión Artemis II. Lo curioso es que la primera imagen, tomada hace más de medio siglo, muestra a la Tierra con colores más vibrantes, incluyendo océanos con un tono de azul más fuerte, que la imagen tomada en 2026.

Usuarios en redes sociales viralizaron la publicación de la NASA afirmando que es una muestra de los efectos del cambio climático. Si bien, como te hemos dicho en Factchequeado, el cambio climático es real y es causado por la actividad humana, la diferencia de ambas imágenes no se debe al cambio climático sino a la iluminación que recibía la Tierra en el momento en el que fue tomada y a la tecnología que se usó, según explica la NASA.  

“La [foto] de 2026 muestra que desapareció gran parte del planeta Tierra a consecuencia de: la era de hielo en los 70s, el calentamiento global de los 90s, y el cambio climático actual”, dijo otro usuario en una publicación, con casi 300 reacciones y 358 comentarios, en Facebook.

“No sé si antes tenían más definición las cámaras o la Tierra se ve diferente por todo lo que los humanos hemos hecho”, dijo un usuario en TikTok con más de 1.2 millones de seguidores. 

Un vocero de la NASA dijo a Factchequeado que la Tierra aparece “más apagada” en las nuevas fotografías porque “fueron tomadas durante la noche, con la superficie terrestre iluminada únicamente por la luz de la Luna”.

Lauren Low, vocera de la NASA, dijo a nuestros aliados de PolitiFact que la imagen de 1972 fue tomada bajo la luz directa del sol. Además, ambas imágenes fueron procesadas de manera diferente, según Low.

Asimismo, Matt Kendall, fotógrafo que reside en Alabama, dijo a PolitiFact que la película fotográfica (film) usada en las cámaras analógicas, con lo que se tomó la fotografía de la Tierra en 1972, realza de forma natural la saturación y el contraste, lo que hace que las imágenes parezcan más vibrantes. “Además, presenta una respuesta distinta ante la luz, acentuando a menudo los tonos azules y cálidos de un modo que resulta más ‘impactante’", agregó.

Las cámaras digitales modernas tienden a ofrecer menos precisión cromática por lo que las fotos parecen “menos vívidas”, dijo Kendall.

¿Qué es Artemis II?

La misión Artemis II es un vuelo de prueba alrededor de la luna del programa Artemis de la NASA. Este vuelo despegó del Kennedy Space Center en Florida el 1 de abril y está previsto finalizar con su aterrizaje en las costas de San Diego, California el 10 de abril a las 8:07 p.m. ET. El programa Artemis II de la NASA “enviará astronautas a explorar la Luna para llevar a cabo descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, para el beneficio de todos”, según informa un resumen de la misión en la página de la NASA.

El 6 de abril de 2026, el vuelo alcanzó una distancia de 248,655 millas de la Tierra, superando el récord previo del Apolo 13 en 1970.

Los 4 tripulantes de la nave espacial Orion son:

• Reid Wiseman, comandante 

• Victor Glover, piloto

• Christina Koch, especialista de la misión

• Jeremy Hansen, especialista de la misión

El programa se llama Artemis en honor a la diosa griega de la Luna y hermana gemela de Apolo, dios del Sol, según la NASA. El programa Apolo llevó al ser humano a poner pie por primera vez en la Luna el 20 de julio de 1969.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Did you know that mosquitoes bite you more when you’re drunk? Or that Frankenstein was born in a year without a summer? These are just some of the topics covered in the episodes of “Frío, tibio, caliente,” Factchequeado’s new podcast produced by Sillón Estudios, which provides fact-checked information on climate change to Latino communities in the United States.

Available starting April 14, 2026, this podcast tells stories based on curious questions, surprising situations, and evidence-based explanations.

In its first season of eight episodes, the podcast addresses questions such as whether hurricanes named after women are deadlier, whether Death Valley in California is really the hottest place on Earth, and whether sunsets look more beautiful because of pollution.

With accessible, rigorous storytelling that connects with people’s daily lives, “Cold, Warm, Hot” brings scientific information and reliable advice on a topic that directly affects the health, work, finances, and safety of millions of people.

You can listen to “Frío, Tibio, Caliente” on Spotify, YouTube, and other platforms starting April 14, 2026. Follow us here so you don’t miss the first episode!

The production of this podcast’s episodes has been made possible thanks to the support of Climate Power in Action.

Eight episodes to understand the climate through everyday questions

In the first episode, the podcast explores how the tradition of naming hurricanes began, what the scientific evidence actually says about the idea that cyclones with female names might be perceived as less threatening, and what this debate reveals about our biases, along with tips to protect yourself in the event of a hurricane.

The second episode focuses on extreme heat, discussing temperatures in California’s Death Valley, how heat waves affect health and the economy, and why Latino communities in the United States face greater occupational risks from this phenomenon, along with—of course—tips to protect yourself in the event of extreme heat.

In the third episode, the focus is on sunsets with intense colors and how that visual beauty could also be a sign of pollution. It also explains how light scattering occurs in the atmosphere, its interaction with airborne particles, the health impacts of that pollution, and how to protect yourself.

The fourth episode addresses wildfires and mentions birds that set forests ablaze and technologies like the helitorch. It also examines why wildfires hit Latino communities hardest and what steps can be taken to be prepared.

In the fifth episode, the podcast answers a question as curious as it is relevant: is it true that mosquitoes bite you more if you’re drunk? From there, it delves into how these insects transmit diseases such as dengue, malaria, Zika, yellow fever, and chikungunya, and how climate change affects them.

The sixth episode discusses the “Year Without a Summer” of 1816, during which Mary Shelley wrote Frankenstein. It also examines the current dangers of extreme cold, winter storms, and the need for emergency preparedness.

The seventh episode recounts how, in the past, major floods were thought to be processes of “cosmic cleansing,” but it also examines the dangers of flash floods and how to prepare for them.

The final episode of this series also addresses water, but in this case, from the perspective of rising sea levels. It explains how some islands are disappearing and what certain cities are doing to adapt.

A fact-checked audio journalism project

“Cold, Warm, Hot” is Factchequeado’s first podcast. It was produced by Sillón Estudios.

It is narrated by Irene García Calvo. The scripts were written by Felipe Useche, with research by Felipe Useche, Pablo Convers, and Isabel Rubio, and edited by Ana María Carrano.

General production is by Sara Trejos and executive production is by Laura Zommer. Editing and sound design are by Maru Lombardo, with music by Epidemic Sound. The podcast’s graphic design is by Julieta Licandro Meta.

Where to listen and follow Factchequeado

“Frío, tibio, caliente” is available on Spotify, YouTube, and other podcast platforms.

You can find more verified content and information at factchequeado.com and on all of Factchequeado’s social media channels:

Instagram: https://www.instagram.com/factchequeado/

TikTok: https://www.tiktok.com/@factchequeado

YouTube: https://www.youtube.com/@Factchequeado

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va6VZZuDDmFSboHJQH0a

Facebook: https://www.facebook.com/factchequeado

¿Sabes si cuando estás borracho te pican más los mosquitos? ¿O que Frankenstein nació un año sin verano? Estos son algunos de los temas tocados en los episodios de “Frío, tibio, caliente”, el nuevo podcast de Factchequeado producido por Sillón Estudios, que ofrece información verificada sobre el cambio climático a las comunidades latinas en Estados Unidos. 

Disponible desde el 14 de abril de 2026, este podcast cuenta historias a partir de preguntas curiosas, situaciones sorprendentes y explicaciones basadas en evidencia.

En una primera temporada de ocho episodios, el podcast aborda preguntas como si es verdad los huracanes con nombres de mujer son más mortales, si el Valle de la Muerte, en California, es realmente el lugar más caliente del mundo o si los atardeceres se ven más lindos por la contaminación.

Con una narrativa accesible, rigurosa y pensada para conectar con la vida diaria de la audiencia, “Frío, tibio, caliente” busca acercar información científica y consejos confiables sobre un tema que afecta directamente la salud, el trabajo, el bolsillo y la seguridad de millones de personas.

Puedes escuchar “Frío, tibio, caliente” en Spotify, YouTube y otras plataformas a partir del 14 de abril de 2026. ¡Síguenos aquí para no perderte el primer episodio!

La producción de las historias de este podcast ha sido posible gracias al apoyo de Climate Power en Acción.

Ocho episodios para entender el clima desde preguntas cotidianas

En el primer episodio, el podcast explora cómo nació la tradición de nombrar los huracanes, qué dice realmente la evidencia científica sobre la idea de que los ciclones con nombres femeninos podrían percibirse como menos amenazantes y qué revela este debate sobre nuestros sesgos, además de consejos para protegerte en caso de huracanes.

El segundo episodio se centra en el calor extremo, habla de las temperaturas del Valle de la Muerte, en California, cómo las olas de calor afectan la salud y la economía, y por qué las comunidades latinas en Estados Unidos enfrentan mayores riesgos laborales ante este fenómeno, además de -claro- consejos para protegerte en caso de calor extremo.

En el tercer episodio, el foco está puesto en los atardeceres con colores intensos y cómo esa belleza visual podría ser también una señal de contaminación. También explica cómo ocurre la dispersión de la luz en la atmósfera, su interacción con las partículas en el aire, los impactos de esa contaminación en la salud y cómo protegerte.

El cuarto episodio aborda el fuego en la naturaleza y menciona pájaros que incendian bosques y tecnologías como el helitorch. También examina por qué los incendios forestales golpean con más fuerza a las comunidades latinas y qué medidas pueden tomarse para estar preparados.

En el quinto episodio, el podcast responde una pregunta tan curiosa como relevante: ¿es verdad que si estás borracho te pican más los mosquitos? A partir de ahí, profundiza en cómo estos insectos transmiten enfermedades como dengue, malaria, zika, fiebre amarilla y chikungunya, y cómo el cambio climático los impacta.

El sexto episodio habla de cómo fue el “año sin verano” de 1816, en el que Mary Shelley escribió Frankenstein. Además revisa los peligros actuales del frío extremo, las tormentas invernales y la necesidad de preparación ante emergencias.

El séptimo episodio narra cómo en el pasado se pensaba que las grandes inundaciones eran procesos de “limpieza cósmica”, pero además revisa los peligros de las inundaciones repentinas y cómo prepararte. 

El último capítulo de esta serie también aborda el agua, pero en este caso, desde la perspectiva del aumento del nivel del mar. Allí se cuenta cómo hay islas que están desapareciendo y qué están haciendo algunas ciudades para resistir.

Un proyecto de periodismo verificado en audio

“Frío, tibio, caliente” es el primer podcast de Factchequeado. Fue producido por Sillón Estudios.

Está narrado por Irene García Calvo. Los guiones son de Felipe Useche, con investigación de Felipe Useche, Pablo Convers e Isabel Rubio y fueron editados por Ana María Carrano.

La producción general es de Sara Trejos y la producción ejecutiva es de Laura Zommer. La edición y el diseño sonoro son de Maru Lombardo, con música de Epidemic Sound. Y el diseño gráfico del podcast es de Julieta Licandro Meta.

Dónde escucharlo y seguir a Factchequeado

 “Frío, tibio, caliente” se distribuye en Spotify, YouTube y otras plataformas de podcast. 

Puedes encontrar más contenido e información verificada en factchequeado.com y en todas las redes sociales de Factchequeado:

Instagram: https://www.instagram.com/factchequeado/TikTok: https://www.tiktok.com/@factchequeadoYouTube: https://www.youtube.com/@FactchequeadoWhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va6VZZuDDmFSboHJQH0aFacebook: https://www.facebook.com/factchequeado

Por Joaquín Coto, de Chequeado, medio cofundador de Factchequeado

Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra el traslado del presidente Donald Trump a un hospital militar para ser internado de urgencia este fin de semana. Esto es falso. 

La escena que se muestra en los videos desinformantes ocurrió en julio de 2024 en Pensilvania, luego de que Trump fuera herido en un atentado durante un mitin de campaña. 

Los posteos desinformantes circularon luego de que la Casa Blanca comunicara el sábado 4 de abril de 2026 por la mañana que el presidente estadounidense no tendría más actividades oficiales ese día. Esto disparó rumores sobre su salud, que fueron desmentidos oficialmente.

Qué dicen los posteos desinformantes

Múltiples publicaciones en redes sociales difundieron un video que, supuestamente, mostraba el traslado de urgencia de Trump hacia el hospital militar Walter Reed, en Bethesda, Maryland. En el mismo se ve una fila de numerosos patrulleros escoltando un auto, a la vez que personal de policía corta el tráfico de calles aledañas.

Este contenido circuló inicialmente en inglés y fue compartido luego por usuarios de habla hispana en distintas redes. Así, un posteo en castellano realizado en X (antes Twitter) alcanzó mil reposteos, 6 mil “me gusta” y más de 230 mil visualizaciones. Por su parte, una publicación del mismo contenido en Facebook tuvo 64 mil reproducciones, y un posteo  de Instagram que incluye el video recibió casi 80 mil “me gusta”. En todos se afirma que Trump fue hospitalizado de urgencia este fin de semana.

Sin embargo, las imágenes no corresponden a este fin de semana ni fueron registradas en el hospital Walter Reed. El video fue grabado originalmente en julio de 2024, cuando Trump abandonaba un centro médico en Butler, Pensilvania, luego de ser atendido por un disparo recibido durante un acto de campaña. 

En aquel momento el video fue difundido por usuarios en redes sociales, entre ellos Charlie Kirk, un activista partidario de Trump asesinado en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah.

A su vez, reportes de periodistas indicaron que en las inmediaciones del hospital Walter Reed no se observaba actividad inusual. En ese sentido, el periodista freelance Andrew Leyden publicó temprano en la tarde del sábado que en dicha zona no se registraban cortes de calle, ni desplazamientos infrecuentes de fuerzas de seguridad, al contrario de lo indicado por diversas publicaciones en redes.

La circulación de estos contenidos se produce en un contexto de significativo escrutinio sobre el estado del mandatario estadounidense. La salud de Trump, de 79 años, ha sido un objeto de conversación pública recurrente desde el inicio de su segundo mandato. 

Este fin de semana las especulaciones se expandieron luego de que la Casa Blanca comunicara el sábado por la mañana que Trump no realizaría más apariciones públicas durante ese día.

Sin embargo, Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, afirmó, mediante un posteo en la red social X, que “durante este fin de semana de Pascuas, él [Trump] estuvo trabajando sin cesar en la Casa Blanca y el salón oval”. A su vez, desde la cuenta oficial de Respuesta Rápida de la Casa Blanca también publicaron un mensaje asegurando que el presidente estadounidense estaba trabajando con normalidad.

En la mañana del domingo, la Casa Blanca anunció que Trump participaría en una conferencia de prensa el lunes en el Salón Oval. 

Este artículo fue publicado originalmente por Chequado, medio Cofundador de Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Por Maria Ramirez Uribe y  Amy Sherman de Politifact, medio aliado de Factchequeado

Uno de los fallos más importantes de la Corte Suprema que se espera este año es si se debe mantener la protección constitucional que establece que los bebés nacidos en Estados Unidos son ciudadanos.

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en su primer día de mandato con el objetivo de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Las cortes inferiores dictaminaron que su orden era inconstitucional y ahora la Corte Suprema emitirá su fallo antes del 4 de julio de 2026.

Días antes de las audiencias orales del 1 de abril de 2026, Trump arremetió contra la ciudadanía por derecho de nacimiento, diciendo que la histórica práctica de otorgar la ciudadanía automática a los bebés nacidos en EE.UU. es abusada por parte de extranjeros ricos, que estaba destinada a los hijos de personas esclavizadas y que EE.UU. es una excepción.

Es hora de verificar los hechos.

Algunos extranjeros dan a luz en EE.UU. porque desean que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense, pero esto representa una pequeña porción de los nacimientos anuales, y existen políticas para evitarlo. La 14ª Enmienda aprobada tras la abolición de la esclavitud, es una disposición legal clave que otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento. Sin embargo, las cortes han dictaminado desde entonces que la enmienda se aplica a los hijos de inmigrantes, no solo a los hijos de personas esclavizadas. Y EE.UU. no es el único país que otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento. 

La orden de Trump que elimina la ciudadanía por derecho de nacimiento, de implementarse, afectaría a unos 255,000 bebés nacidos cada año durante décadas, según un escrito presentado a la corte por 141 profesores que se oponen a la orden de Trump. Quitarles el acceso a la ciudadanía perjudicaría su capacidad para ir a la universidad y contribuir a la economía, dice el escrito.

El turismo de nacimiento representa una pequeña parte de los nacimientos en EE.UU.

En los últimos días, Trump ha atacado el "turismo de nacimiento".

"La ciudadanía por derecho de nacimiento no se trata de personas ricas de China y del resto del mundo que quieren que sus hijos, y cientos de miles más, POR PAGO, se conviertan ridículamente en ciudadanos de los Estados Unidos de América", publicó el 30 de marzo de 2026 en su red social Truth Social.

No está claro cuántas mujeres vienen a EE.UU. a dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía; ninguna agencia estadounidense lleva un registro de ello. Podemos extraer conclusiones limitadas de los datos federales. Los CDC, encargados del control de enfermedades, estimaron que en 2024 se registraron 9,500 nacimientos de padres que declararon una dirección fuera de EE.UU. como su lugar de residencia. Es probable que esta cifra sea inferior a la real, ya que es posible que algunas personas no declaren su domicilio.

The Center for Immigration Studies (CIS, por sus siglas en ingles), un grupo de expertos que aboga por bajos niveles de inmigración, estima 70,000 nacimientos de hijos de visitantes temporales en 2023, lo que representa menos del 2% de los 3.5 millones de nacimientos registrados ese año. Esta cifra corresponde a personas con visas temporales de larga duración, como estudiantes y trabajadores invitados, no a personas con visas de turista. El Niskanen Center, otro grupo de expertos, ha dicho que la estimación del CIS es excesiva.

Las visas de turista no pueden otorgarse "con el propósito principal de obtener la ciudadanía estadounidense para un niño dando a luz en EE.UU.". El Departamento de Estado, bajo la administración Trump, ha hecho hincapié en esta norma. Los funcionarios de inmigración pueden impedir la entrada al país a mujeres embarazadas con una visa de turista si consideran que podrían dar a luz durante su visita a EE.UU.

Mentir a las autoridades de inmigración es un delito. 

Los fiscales federales, tanto en la administración Trump como en la del expresidente Joe Biden, han presentado cargos contra personas en California y Nueva York por delitos de fraude de visas e inmigración relacionados con el turismo de nacimiento.

"Si el turismo de nacimiento es un problema, la solución es hacer cumplir esa normativa", le dijo a PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, Amanda Frost, profesora de derecho migratorio de la Universidad de Virginia.

La orden del Día 1 de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es impugnada en la corte

En la publicación de Truth Social del 30 de marzo de 2026, Trump dijo que la ciudadanía por derecho de nacimiento se trata de "¡los BEBÉS DE ESCLAVOS! ... ¡Miren las fechas de esta legislación de hace mucho tiempo: ¡EL FINAL EXACTO DE LA GUERRA CIVIL!"

La noción de ciudadanía por derecho de nacimiento se remonta a 1608 con el caso de Calvino, una decisión británica que pasó a formar parte de la ley común adoptada en los inicios del sistema legal estadounidense. El caso de Calvino otorgó la condición de súbdito — un concepto británico que posteriormente evolucionó hasta convertirse en ciudadanía — a todos los niños nacidos en Escocia, excepto a los hijos de diplomáticos y tropas enemigas bajo ocupación hostil.

El marco constitucional al que Trump se refirió se remonta a la época posterior a la Guerra Civil. 

La 14ª Enmienda establece que "Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida".

Esta enmienda, ratificada en 1868, "sin duda tenía como objetivo amparar a los hijos de inmigrantes indocumentados, es decir, a los hijos de personas esclavizadas traídas aquí por delincuentes tras la prohibición del comercio de esclavos", dijo Gabriel (Jack) Chin, profesor de derecho de la Universidad de California, Davis. (Una ley de 1952 reiteró el lenguaje de la 14ª Enmienda).

Las cortes han dictaminado que la ciudadanía por derecho de nacimiento no se aplica únicamente a los hijos de personas esclavizadas. Los hijos de inmigrantes también son elegibles.

En 1898, la Corte Suprema dictaminó en el caso Wong Kim Ark, que lleva el nombre de un trabajador nacido en 1873 en San Francisco. Sus padres eran chinos y residían legalmente en los Estados Unidos. 

Alrededor de los 17 años, Wong viajó a China y regresó a Estados Unidos sin incidentes. Luego, a los 21 años, volvió a viajar a China, pero al final de ese viaje se le negó la entrada a EE.UU. porque el funcionario de aduanas argumentó que no era ciudadano estadounidense. 

Esto ocurrió durante la época de las estrictas leyes antiasiáticas conocidas como la Ley de Exclusión China.

En su decisión mayoritaria de 6 a 2, los magistrados de la Corte Suprema dictaminaron que Wong — y otros nacidos en suelo estadounidense, con algunas claras excepciones — reunían los requisitos para obtener la ciudadanía en virtud de la 14ª Enmienda.

EE.UU. no es el único país que otorga ciudadanía por nacimiento

Trump presenta falsamente a EE.UU. como una excepción a nivel mundial por ofrecer la ciudadanía por derecho de nacimiento. "Somos el único país del mundo que dignifica este tema con un debate", escribió Trump el 30 de marzo de 2026.

Pero alrededor de tres docenas de países tienen ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones, también conocida como "ius soli" o "derecho de suelo". A EE.UU. se unen sus vecinos Canadá y México, junto con casi todos los países de Centroamérica y Sudamérica.

Estados Unidos y Canadá son considerados los únicos dos países "desarrollados", según la definición del International Monetary Fund. Los países que ofrecen la ciudadanía por derecho de nacimiento se encuentran casi exclusivamente en el hemisferio occidental. Ningún país de Europa o Asia oriental, por ejemplo, tiene una política similar.

Algunos países ofrecen una versión de la ciudadanía por derecho de nacimiento. En Alemania y el Reino Unido, por ejemplo, la ciudadanía se concede automáticamente a las personas nacidas dentro de las fronteras de estos países, siempre que al menos uno de sus padres sea ciudadano o residente permanente.

Este artículo fue publicado originalmente por Politifact, medio aliado de Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

La administración del presidente Donald Trump presentó el 3 de abril de 2026 su propuesta de presupuesto para 2027 sin aumentos para Head Start, el único programa de educación temprana gratuita del país, que en 2024 atendió a más de 800,000 niños de 0 a 5 años de bajos ingresos y mujeres embarazadas. Y ocurre justo cuando un litigio bloquea una medida de su gobierno para negar este beneficio a niños inmigrantes indocumentados.

Casi 4 de cada 10 niños inscritos en Head Start se identifican como hispano o latino, el grupo más numeroso, según el reporte anual del año fiscal 2024 en su sitio web (el último disponible); el 29% son de raza negra o afroamericano, no hispano ni latino. Además, alrededor del 35% de los niños matriculados están aprendiendo dos idiomas, de los cuales casi dos tercios (63%) proceden de familias que hablan principalmente español en casa.

Desde 2025, el gobierno federal comenzó a reducir el presupuesto, el personal y los recursos para Head Start, con el argumento —sin evidencia— de que incentiva la “migración ilegal” y es un programa que “promueve” lecciones de “identidad de género”, “raza” y libros ilustrados sobre “pingüinos homosexuales”. 

En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó a todas las agencias federales a identificar y restringir los programas que atendían a inmigrantes indocumentados. 

Así, el 14 de julio de 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) reclasificó Head Start, centros de salud comunitarios y programas de salud mental, entre otros, como “beneficio público federal”, una categoría legal que desde 1996 excluye a inmigrantes indocumentados y beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), TPS (Estatus de Protección Temporal) y visas temporales. 

La reclasificación de Head Start para excluir niños sin documentos fue bloqueada en 2025

La reclasificación de Head Start entró en vigor el 24 de julio de 2025. Y, a raíz de esto, las organizaciones de padres de familia de Parent Voices Oakland, Family Forward Oregon y las asociaciones de Head Start de los estados de Washington, Illinois, Pensilvania y Wisconsin, encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda en contra del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., con el argumento central de que Head Start nunca había sido “beneficio público” bajo esa ley porque es un programa educativo, no de asistencia directa a individuos, como sí lo son el seguro médico Medicaid, los cupones de alimentos SNAP o la asistencia económica TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).

Mes y medio después del cambio en el programa, el 11 de septiembre de 2025, el juez federal Ricardo Martinez, del Distrito Oeste de Washington —nombrado por el presidente George W. Bush— emitió una orden de bloqueo nacional.

Martinez destacó que, desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés), el Congreso revisó cuatro veces los requisitos de elegibilidad de Head Start y nunca mencionó el estatus migratorio como criterio. Señaló que el HHS está obligado por la Ley Head Start a consultar con expertos y proveedores antes de hacer cambios, y que esa misma ley prohíbe adoptar modificaciones que reduzcan los servicios. El departamento no siguió ninguno de esos pasos.

La disputa central gira en torno a la PRWORA, que establece que los "beneficios públicos federales" solo son para ciudadanos, residentes legales y asilados. El HHS argumentó que Head Start cae en esa categoría y el juez determinó que no.

Ante el argumento del gobierno de que la restricción desincentivaría la migración irregular, el juez respondió: “La corte está pasmada por este argumento. No hay nada en el expediente que permita inferir que el acceso a Head Start incentiva la inmigración ilegal, o que una acción inmediata requiera saltarse las barreras de las leyes, ignorando el plazo de 30 días para notificación y comentarios”.

El bloqueo es para todo el país. Aunque la Corte Suprema limitó en 2025 el uso de órdenes nacionales, Martinez determinó que era necesaria aquí porque varios proveedores operan en múltiples estados, incluyendo los programas para hijos de trabajadores agrícolas migrantes que cruzan fronteras estatales. “El interés público se inclina a favor de mantener a los niños en la escuela, alimentados y cuidados, con sus familias capaces de acudir al trabajo, mantenerlos y participar en la sociedad”, escribió el juez.

Según las propias estimaciones del HHS citadas en la orden judicial, la reclasificación abrupta dejaría fuera del programa a más de 500,000 niños, entre ellos 115,000 ya inscritos que serían dados de baja. El juez argumentó que el propio gobierno calculó que implementar el cambio tendría un costo de hasta $374 millones anuales. 

El 10 de septiembre de 2025, la jueza federal Mary McElroy de Rhode Island —nombrada por el propio Trump— bloqueó la misma directiva en 20 estados y el Distrito de Columbia, tras una demanda de sus fiscales generales. El bloqueo judicial también protege a los inmigrantes indocumentados para acceder a educación para adultos y servicios federales de emergencia, como refugios para víctimas de violencia doméstica y personas sin hogar. 

Entre julio y septiembre de 2025, hasta que llegó el bloqueó nacional, hubo niños que no se inscribieron o familias que retiraron a los suyos por miedo a verificaciones migratorias y deportaciones, incluso si legalmente calificaban. Por ejemplo, en Los Ángeles, California, la matrícula bajó 20% y la asistencia 10%.

Oficinas regionales cerradas y palabras eliminadas

El 1 de abril de 2025, la administración Trump cerró de golpe 5 de las 10 oficinas regionales de Head Start: en Boston, Chicago, Nueva York, San Francisco y Seattle, y despidió a todo su personal. Esas oficinas atendían a casi el 44% de los niños inscritos en el programa, en 22 estados y 5 territorios. Los fondos aprobados dejaron de llegar, los directores de programas enviaban mensajes a una dirección de correo sin respuesta, y algunos centros empezaron a planear cierres.

El 5 de diciembre de 2025, algunos programas Head Start de educación infantil temprana recibieron instrucciones del gobierno federal para eliminar una lista de casi 200 palabras y frases de sus solicitudes de financiación, o de lo contrario podrían ser rechazadas, de acuerdo con documentos judiciales revisados por Factchequeado, citados primero por NPR. La lista incluye: “accesible”, “pertenecer”, “negro”, “discapacidad”, “femenino”, “minoría”, “trauma”, "tribal" y “mujeres”. 

En enero de 2026, el mismo juez Martinez emitió una segunda medida cautelar para bloquear tanto los despidos masivos y cierres de oficinas regionales como la prohibición de los casi 200 términos en solicitudes de fondos.

Actualmente, los niños inmigrantes sin documentos pueden acceder al programa y los dos litigios siguen en proceso. 

En el caso del que lleva el juez Martinez (Washington State Association of Head Start and Early Childhood Education and Assistance Program v. Kennedy, Case 2:25-cv-00781-RSM), el gobierno puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y podría llegar a la Corte Suprema. El caso de Rhode Island (State of New York v. U.S. Department of Justice. Case 1:25-cv-00345-MSM-PAS) ) sigue su camino en los tribunales del Primer Circuito.

Sobre el presupuesto 2027, el Congreso tiene la última palabra. En 2024, el presupuesto federal total de Head Start rondó los 12.2 mil millones de dólares; para 2026 se aprobaron 12.36 mil millones de dólares.

Head Start, creado en 1965, ofrece servicios educativos y de apoyo a niños, familias y mujeres embarazadas en todo Estados Unidos, el Distrito de Columbia y 6 territorios. Incluye programas preescolares para niños de 3 y 4 años, Early Head Start para bebés y embarazadas, programas para comunidades indígenas y de Alaska, y Migrant and Seasonal Head Start, para familias de trabajadores agrícolas. Desde su fundación, ha atendido a más de 40 millones de niños y el gobierno federal financia el 80% de sus costos, según el sitio web.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Qué significa 67 y cómo se ha convertido en la palabra del año

No, el consumo de leche cruda y productos lácteos derivados no es seguro, como afirman en redes

El impacto emocional de la migración en los niños latinos: consejos de expertos para apoyar su salud mental

Congresistas demócratas y algunos antiguos aliados del presidente Donald Trump –como Alex Jones, teórico de la conspiración y fundador del portal InfoWars, y Marjorie Taylor Greene, excongresista republicana de Georgia– pidieron la invocación de la Enmienda 25 de la Constitución para remover al mandatario del cargo, luego de que afirmara el 7 de abril de 2026 en su red social, TruthSocial, que si Irán no cede a sus demandas, “toda [esa] civilización va a morir esta noche, para no volver jamás”.

• “Ningún presidente en pleno uso de sus facultades prometería públicamente erradicar a toda una civilización. Por eso estoy de acuerdo con los republicanos que han puesto sobre la mesa la Enmienda 25”, indicó en su cuenta de X el senador demócrata de Connecticut Chris Murphy.

• “Donald Trump es un guerrerista desquiciado y un criminal de guerra que usa la violencia para beneficio y lucro personal, mientras gente inocente paga las consecuencias (...) la Enmienda 25 debe ser invocada”, afirmó el representante Maxwell Frost, de Florida. 

• “¡ENMIENDA 25! No ha caído ni una sola bomba sobre Estados Unidos. No podemos matar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”, señaló Marjorie Taylor Greene, excongresista republicana por Georgia y exaliada del presidente Trump. 

• “¿Cómo le aplicamos la Enmienda 25 de una vez?”, preguntó Alex Jones durante su show en InfoWars. Jones públicamente se ha opuesto a los ataques de Estados Unidos en Irán, calificando las amenazas de Trump como “genocidas”.

Trump, en la noche del 7 de abril, anunció un acuerdo de cese al fuego con Irán por 2 semanas.

El llamado a invocar la Enmienda 25 también ha captado la atención en español, tanto en redes sociales como en búsquedas en Google.

La Enmienda 25 sólo la puede invocar el gabinete de Trump

La Enmienda 25 de la Constitución establece el mecanismo de sucesión en caso de que ocurra una vacante presidencial, ya sea por muerte, renuncia o por cualquier otro motivo que haga que el presidente no tenga capacidad para ejercer el cargo.

La Sección 4 de la Enmienda 25 establece que “cuando el vicepresidente y una mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos”, es decir, el gabinete, “transmitan” al líder del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes “su declaración escrita de que el presidente no puede desempeñar los poderes y deberes de su cargo, el vicepresidente asumirá inmediatamente los poderes y deberes del cargo como presidente en funciones”.

Es decir, para remover a Trump a través de esta enmienda, se necesita el respaldo del vicepresidente J.D. Vance y de la mayoría del gabinete de Trump. Hasta ahora, ninguno ha expresado ni descontento ni oposición frente a las acciones de Trump en Irán ni en relación a la amenaza de poner fin a su civilización, según una revisión que hicimos en Factchequeado de las cuentas de X de los 15 secretarios y en la del vicepresidente Vance. 

El 7 de abril de 2026, J.D. Vance, desde Hungría, dijo que los iraníes “deben saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido usar” y que “el presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y decidirá hacerlo si los iraníes no cambian su conducta”.

Michael J. Gerhardt, profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Norte, dijo a PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, que la Enmienda 25 “tiene un alcance limitado en cuanto a si un presidente es física o mentalmente incapaz de desempeñar su cargo” y que “no es un remedio para una conducta indebida que el presidente pudiera haber cometido”.

Un presidente también puede ser removido por el Congreso, a través del impeachment (juicio político), pero para ello se necesita el voto mayoritario en la Cámara de Representantes y en el Senado, y ambos cuerpos legislativos actualmente están dominados por el Partido Republicano al que pertenece Trump.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

A medida que compañías como Amazon, OpenAI o Google invierten o anuncian la construcción de nuevos centros de datos para el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial (IA), también crece el rechazo por parte de algunas de las comunidades donde están planeados. 

Una investigación de Data Center Watch realizada entre mayo de 2024 y marzo de 2025 encontró que alrededor de 64,000 millones de dólares en proyectos de centros de datos han sido bloqueados o retrasados ante la oposición local. Por ejemplo, en la ciudad de Pekin, en Illinois, residentes aplaudieron el anuncio de que no se construirá un centro de datos en la comunidad, según NPR Illinois. También, en el norte de Virginia, residentes de Warrenton destituyeron en las elecciones de noviembre de 2024 a todos los concejales que apoyaron un centro de datos propuesto por Amazon.

Los motivos de las oposiciones a estos centros varían, pero algunos de los más repetidos son la preocupación por facturas de electricidad más altas, el incremento en el consumo de agua o el ruido que generan. La promesa de la creación de empleos nuevos e ingresos fiscales para las comunidades donde se planean construir los centros no ha mitigado esta oposición, según el reporte.

Te contamos los impactos negativos documentados de los centros de datos en las comunidades donde se instalan.

Primero, algunos datos sobre los centros de datos

Hasta el 17 de marzo de 2026, se estima que existen 4,088 centros de datos en Estados Unidos y se han planificado o se encuentran en construcción alrededor de 3,785 nuevos centros, según indican Data Center Map, un directorio global de centros de datos, y Aterio, un proveedor de inteligencia sobre infraestructura y energía, respectivamente. 

Un reporte elaborado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) de la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que la demanda de electricidad de los centros de datos se ha triplicado en la última década y se duplicará o triplicará para 2028.

Más de 5 millones de galones de agua consume un centro de datos grandes, según estimaciones del EESI

Como te contamos en Factchequeado, los centros de datos requieren de grandes cantidades de agua, principalmente para refrigerar sus servidores. 

De acuerdo con el Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos (EESI), organización que desde 1984 proporciona “recursos educativos basados en la ciencia a los responsables políticos y al público general”, el consumo hídrico en el contexto de los centros de datos se refiere al agua extraída de fuentes azules (como aguas superficiales y subterráneas) y de fuentes grises (agua recuperada purificada) menos el agua descargada por los centros. El agua consumida es generalmente aquella que se evapora o que queda fuera del uso humano inmediato. “La extracción de agua dulce de arroyos locales o acuíferos subterráneos puede provocar el agotamiento de estos, especialmente en zonas con estrés hídrico” señala el instituto.

El EESI estima que los centros de datos medianos consumen más de 300,000 galones de agua diarios para fines de enfriamiento, mientras que los más grandes hasta 5 millones de galones de agua. Una familia estadounidense promedio de cuatro personas utiliza alrededor de 400 galones de agua al día, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Además, la construcción de un centro de datos en una comunidad puede impactar en el suministro de agua de otras comunidades. Por ejemplo, el agua utilizada por centros de datos en Virginia del Norte afectaría el suministro de agua del río Potomac, que atraviesa Washington, D.C., según señala el  Instituto Lincoln de Política de Suelo.

“Donde quiera que decidan instalar un centro de datos, es como una pajita gigante que extrae agua de esa cuenca”, dijo Peter Colohan, director de alianzas e innovación de programas en el Instituto Lincoln. El instituto sugiere que colocar estos centros en lugares más fríos y húmedos puede ayudar a reducir la cantidad de agua que utilizan. 

Sin embargo, casi dos tercios de los centros de datos construidos desde 2022 han sido localizados en regiones con mayor demanda de agua que la disponible (con estrés hídrico), de acuerdo a un análisis de Bloomberg de mayo de 2025. Cinco estados (67% en Virginia, 26% en Arizona, 26% en Texas, 23% en Illinois y 17% en California) tienen 72% de los nuevos centros en áreas de alto estrés hídrico. El consumo de agua aumenta en centros de datos ubicados en climas más cálidos, agregó el EESI.

Más aguas residuales

Por otra parte, el EESI también indica que el agua que no se pierde al evaporarse, se descarga en instalaciones municipales de tratamiento de aguas residuales. Este gran volumen de aguas residuales puede saturar instalaciones locales existentes que no fueron diseñadas para gestionar un volumen tan elevado.

El Foro Económico Mundial explicó en noviembre de 2024, que las aguas residuales de los centros de datos están contaminadas con polvo, químicos y minerales.

Pese a que existe una alternativa de enfriamiento que consume menos agua –enfriación líquida para los servidores que suministra líquido refrigerante directamente a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y a las unidades centrales de procesamiento (CPU)– es más costosa que el enfriamiento a través de la evaporación del agua, según el EESI. 

Incremento de las facturas eléctricas de los residentes

En este artículo de Factchequeado explicamos que existen dos formas en que los centros de datos aumentan las facturas de electricidad:

1. Las compañías proveedoras de electricidad deben construir miles de millones de dólares en infraestructura adicional para abastecer el aumento de la demanda de electricidad ocasionado por los centros de datos. Los costos de nueva infraestructura de las empresas de servicios públicos se distribuyen a todos los clientes. 

2. Si la energía proporcionada por los proveedores de electricidad no aumenta al ritmo de la demanda, los precios suben. Algunos proveedores compran “electricidad a través de mercados y esos precios suben porque la demanda crece en el mercado y la construcción de nuevas centrales lleva tiempo”.

Pese a que ejecutivos de compañías como Amazon, Google y Open AI se comprometieron con la iniciativa del presidente Donald Trump para que las grandes compañías tecnológicas cubran sus necesidades energéticas, expertos consultados por Politico dijeron que es muy improbable que protejan a los consumidores de los incrementos de los costos de electricidad. 

Trevor Higgins, vicepresidente senior del departamento de Energía y Medio Ambiente del Center for American Progress, una organización que se describe como un instituto de políticas independiente y no partidista, calificó la iniciativa como “un compromiso voluntario” y que es “simplemente un esfuerzo vago y prácticamente sin sentido que no ofrece a los usuarios ninguna protección garantizada contra el aumento desorbitado de las tarifas de los servicios públicos”. 

Contaminación del aire

Algunos centros de datos utilizan instalaciones de generación eléctrica a base de gas para sus operaciones diarias, lo cual genera contaminación continua del aire y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), según el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute), una organización sin fines de lucro que investiga sobre políticas medioambientales en el mundo. Los gases de efecto invernadero, como el CO2, retienen el calor de la atmósfera y tal como te hemos explicado en Factchequeado influyen en el cambio climático.

En Memphis, Tennessee, se están instalando más de 30 turbinas de gas natural de uso diario para un nuevo centro de datos Colossus de xAI, start-up de IA adquirida por SpaceX, de Elon Musk. En junio de 2025 los residentes locales y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) presentaron un aviso de intención de demandar argumentando que el proyecto puede empeorar la ya peligrosa calidad del aire de esa ciudad. 

Memphis ocupa el puesto 15 de las 20 Capitales del Asma del país, según la Fundación del Asma y las Alergias de Estados Unidos (AAFA), que se basa “en la prevalencia estimada del asma, las visitas a los servicios de urgencias a causa del asma y las muertes relacionadas con esta afección”. Actualmente ocupa el segundo lugar de áreas metropolitanas con más visitas a las salas de emergencias relacionadas con el asma, solo por detrás de Allentown, Pensilvania.

Otros centros de datos utilizan generadores de respaldo a base de diésel, que también emiten contaminantes del aire, incluyendo las partículas finas (PM2.5) y óxidos de nitrógeno (NOx), que están vinculados a enfermedades respiratorias, cardiopatías, asma y otros riesgos graves para la salud. Estos generadores emiten entre 200 y 600 veces más óxido de nitrógeno que las centrales eléctricas de gas natural, de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales.

Un análisis en Virginia por Arxiv de la Universidad Cornell, estimó que incluso el uso limitado de generadores de respaldo podría ocasionar aproximadamente 14,000 casos de síntomas de asma y entre 13 y 19 muertes al año. Esto equivale a una carga total anual para la salud pública de entre 220 y 300 millones de dólares. 

Ruido molesto

El Instituto de Recursos Mundiales indica que "la construcción de centros de datos, sistemas de refrigeración en azoteas y generadores de respaldo pueden generar ruido sumamente molesto”. 

“Los generadores de diésel de menor tamaño alcanzan los 85 decibelios, niveles que pueden dañar la audición”. Las unidades industriales más grandes “pueden acercarse a los 100 decibelios”, el equivalente “al ruido de una motocicleta”, agregaron.

Medios como la BBC o Politico reportaron que residentes del condado de Loudoun, Virginia, con una población de alrededor de 443,380 habitantes, conviven con el zumbido que producen 200 centros de datos. La zona se conoce como el “callejón de los centros de datos” (Data Center Alley) por la concentración masiva de centros informáticos que manejan gran parte del tráfico mundial de internet.

Competencia por terrenos con agricultores

La búsqueda de terrenos para la construcción de centros de datos a menudo coincide con los usos agrícolas y rurales del suelo, indica el Instituto de Recursos Mundiales.

En Wisconsin, por ejemplo, los residentes locales han expresado preocupación por que la rezonificación para el desarrollo de estos centros puede acelerar la pérdida de tierras agrícolas productivas. En Ohio, una propuesta para rezonificar 300 hectáreas de tierras agrícolas para facilitar la construcción de centros de datos provocó una oposición tan generalizada que “los propietarios de los terrenos terminaron retirando su solicitud”.

Trabajos creados, en su mayoría temporales

Los empleos prometidos por las compañías dueñas de los centros de datos son, en su mayoría, en la construcción y no en sus operaciones diarias, por lo cual son generalmente temporales, de acuerdo con el Instituto Lincoln. 

La construcción de estos centros generan cientos de miles de empleos temporales para “técnicos, electricistas y otros trabajadores locales de la construcción”, de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales. En cuestión de trabajos permanentes, estos centros pueden crear oportunidades bien pagadas para técnicos, personal de seguridad y administradores, según el Instituto de Recursos Mundiales. Sin embargo, un análisis de más de 1,200 centros de datos por Business Insider, encontró que incluso los centros de datos más grandes tienen 150 trabajadores permanentes y algunos solo 25.

Podrían aumentar la temperatura a su alrededor

Un estudio titulado “El efecto de isla de calor de los datos: cuantificando el impacto de los centros de datos de IA en un mundo en calentamiento”  –que aún no ha sido sometido a arbitraje académico (peer review)– liderado por Andrea Marinoni, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, en colaboración con otros de investigadores, estima que los centros de datos de IA aumentan las temperaturas de sus alrededores por 3.6 grados Fahrenheit (2 grados Celsius), generando zonas de microclima local que llaman “efecto de isla de calor de datos”.

Los investigadores examinaron 20 años de datos satelitales de sensores de la NASA y los compararon con más de 6,000 centros de datos situados lejos de zonas urbanas densamente pobladas. Esto se hizo para aislar el efecto de estas instalaciones de otros factores, como la calefacción residencial o la industria manufacturera. También se filtraron los efectos estacionales, tendencias del calentamiento global y otras influencias, según señala el reporte publicado el 21 de marzo de 2026. 

Ingresos a través de impuestos

Kim Ruben, exasesora sénior de sistemas fiscales en el Instituto Lincoln de Política de Suelo, dijo al Instituto Lincoln que estados como Virginia y Texas han ofrecido exenciones fiscales para atraer a los centros de datos, esperando un crecimiento económico a través de impuestos.

El condado de Loudoun, Virginia, por ejemplo, anticipaba recaudar cerca de 900 millones de dólares en impuestos sobre bienes inmuebles y propiedades de los centros de datos durante el año fiscal 2025. Esta cifra equivale al total del presupuesto operativo del condado, según el Instituto Lincoln.

Efectos negativos más allá de las comunidades

El Instituto Lincoln explica que los efectos negativos experimentados por las comunidades donde se sitúan los centros de datos, como el aumento de facturas eléctricas, contaminación del aire o disminución del agua, pueden expandirse regionalmente. Asimismo, debido a la falta de “una avalancha de energía limpia y nueva, la mayoría de los centros de datos están sumando cantidades ingentes de gases de efecto invernadero a nuestras emisiones colectivas”.

Por ejemplo, Luisiana aprobó en agosto de 2025 la construcción de nuevas plantas de gas natural para satisfacer la demanda del centro de datos Hyperion de Meta. 

*Esta nota fue actualizada el 8 de abril de 2026 para incluir el estudio sobre el aumento de temperaturas alrededor de los centros de datos.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

La jueza de distrito en Boston, Massachusetts, Allison Burroughs, ordenó a la administración de Donald Trump el 31 de marzo de 2026 restablecer el estatus legal de inmigrantes que entraron a Estados Unidos usando la aplicación de CBP One. Esta aplicación permitía a los inmigrantes programar citas para ingresar a través de los puertos de entrada de la frontera entre México y Estados Unidos, pero fue desactivada una hora después de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero de 2025.

En abril de 2025, la administración envió correos electrónicos masivos a los inmigrantes que ingresaron con este programa indicándoles que se revocó su parole y permisos de trabajo, señalando que “era hora de que abandonaran Estados Unidos”. Algunos de los inmigrantes que no llegaron a recibir estas cartas se dieron cuenta de que su parole había sido revocado cuando consultaron su comprobante de visitante legal, según informa la demanda, presentada por Democracy Forward y Massachusetts Law Reform Institute, en contra de la terminación de este estatus. 

Hasta el 6 de abril de 2026, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Servicio de Ciudadanía e Inmigracion (USCIS) han dicho cómo van a implementar la orden de la jueza y tampoco se sabe si el gobierno apelará la decisión. Sin embargo, al contactar al DHS vía correo electrónico, un vocero del DHS dijo a Factchequeado que según la ley federal, el DHS tenía autoridad para revocar el parole:

“Discrepamos con este flagrante activismo judicial que socava la autoridad del presidente, conferida por el Artículo II, para determinar quién permanece en este país. La administración Biden abusó de la autoridad del parole bajo el desastroso programa CBP One para permitir la entrada a EE. UU. de millones de extranjeros ilegales, lo cual avivó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de los Estados Unidos. Según la ley federal, el DHS tenía plena autoridad para revocar el parole. La cancelación de estos beneficiarios de parole es una promesa cumplida al pueblo estadounidense para asegurar nuestras fronteras y proteger nuestra seguridad nacional”. Además instó a los extranjeros sin documentos a que se autodeportaran.

El fallo de la jueza cubre a los beneficiarios de CBP One que ingresaron en el país entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025, que tuvieron su parole finalizado en abril de 2025 y que se mantienen en Estados Unidos. 

La jueza “dictaminó que el DHS actuó de manera ilegal al revocar este parole de forma masiva, sin revisar ningún caso de forma individual, algo que, por supuesto, según su mismo argumento y en la decisión constituye una violación de la ley de procedimiento administrativo, que es la norma que rige la forma en que las agencias federales proponen y por supuesto hacen cumplir las regulaciones”, dijo a Factchequeado Ciro Valiente, vocero y miembro de la junta directiva de la Asociación de Venezolanos de Massachusetts, organización que forma parte de los demandantes contra la cancelación.

Por el momento tampoco se conoce cómo la administración manejará los casos de migrantes que tenían un parole que fue afectado por la revocación de abril de 2025 y que expiró en el transcurso de la demanda. Es difícil saber “con exactitud porque la decisión de la jueza es ambigua”, dijo Valiente. La orden no aplicaría a beneficiarios del CBP One que fueron deportados, agregó.

Se estima que alrededor de 900,000 inmigrantes fueron afectados por la revocación del parole dispuesta por la administración de Trump en abril de 2025, según el fallo del 31 de marzo de 2026 por parte de la jueza Burroughs. Pese a que el gobierno no se ha pronunciado, el “parole está en efecto” agregó Valiente.

Qué es la CBP One App

La aplicación móvil CBP One fue desarrollada e implementada durante el gobierno de Joe Biden (2017-2021) y permitía solicitar asilo humanitario en la frontera México-EE. UU. La app otorgaba 1,450 citas diarias para entrar a Estados Unidos en “libertad condicional” migratoria o parole y lo hacía mediante un sistema de lotería en 8 puertos de entrada en la frontera.

Trump desactivó esta aplicación durante la toma de posesión de su segundo mandato presidencial, el 20 de enero de 2025. Ese mismo día, medios como Univision reportaron que solicitantes de asilo tuvieron sus citas de CBP One suspendidas indefinidamente mientras esperaban en la frontera.

Casi dos meses después, el gobierno la reemplazó con la aplicación CBP Home, que incluye la “función de auto deportación” para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos (actualmente ofrece 2,600 dólares para inmigrantes que la usen para autodeportarse, según DHS).

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos: una cronología de lo qué ha pasado con el decreto de Trump hasta este momento

No, el proyecto de ley que daría residencia permanente a un grupo de venezolanos no está “a sólo tres votos” de ser aprobado, como afirma un video desinformante

No, la Corte Suprema no "aceptó" que inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en EE. UU. obtengan la residencia permanente

El martes 3 de noviembre de 2026, en las elecciones de medio término (midterms), los estadounidenses elegirán nuevos representantes del Congreso, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado. Los votantes también elegirán a nuevas autoridades estatales y locales: 36 estados elegirán nuevos gobernadores, 31 elegirán a nuevos vicegobernadores, 30 elegirán a nuevos fiscales, y 26 elegirán a sus nuevos secretarios de estado.

La Cámara de Representantes y el Senado son los 2 cuerpos legislativos que conforman el Congreso. La Cámara tiene más representantes que el Senado (435 y 100, respectivamente), pero el período de los representantes (2 años) es menor al de los senadores (6 años). Aquellos elegidos para estos cargos son los encargados de redactar o reformar leyes, además de actuar como contrapeso del Poder Ejecutivo y, en el caso del Senado, aprobar nombramientos de jueces federales y otros cargos clave.

La Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes (también llamada la cámara baja) se renueva completamente cada 2 años, por lo que en esta elección los ciudadanos estadounidenses elegirán a sus 435 integrantes, es decir, todos los cargos están en juego. Actualmente la Cámara tiene mayoría republicana, con 217 escaños.

Algunos estados tienen más representantes que otros. Por ejemplo, California tiene 52 mientras que Illinois tiene 13; Kansas, 4 y Dakota del Sur, 1. Esto ocurre porque la cantidad de representantes de cada estado va en función a la cantidad de población establecida en el censo poblacional que se lleva a cabo cada 10 años. Para las elecciones de 2026 se utilizarán los resultados del censo más reciente, el de 2020.

El Senado

En el caso del Senado, 35 de los 100 escaños están en juego en estas elecciones: a 33 senadores se les vence el período y hay 2 elecciones especiales. Eso es porque el período de los senadores es de 6 años y el sistema está diseñado para que se renueve un tercio del Senado cada 2 años. El Senado tiene 100 miembros porque la Constitución establece que cada estado (son 50 en total) debe tener 2 senadores.

Sobre las 2 elecciones especiales para el Senado: una es para llenar formalmente el escaño de Marco Rubio, que abandonó su cargo como Senador de Florida para asumir el de Secretario de Estado, y la otra es en Ohio, para llenar el puesto del ahora vicepresidente, J.D. Vance. El escaño de Rubio lo ocupa temporalmente la republicana Ashley Moody, mientras que el de Vance lo ocupa temporalmente Jon Husted .

Estos son los estados que eligen a senadores en noviembre de 2026. En la actualidad, como resultado de las elecciones de 2022, 13 son demócratas y 22 son republicanos. Pero ojo, no todos los senadores actuales son candidatos para la próxima elección: 11 senadores (4 demócratas y 7 republicanos, señalados con un asterisco en el cuadro de abajo) han anunciado que no buscarán la reelección. En ese caso, cada partido, a través de primarias, elegirá a la persona que defenderá el escaño. El proceso de elecciones primarias, para el momento en el que escribimos esta nota, no ha terminado.

Qué funciones  tienen los congresistas

Los miembros del Congreso tienen la responsabilidad de aprobar o reformar leyes federales, financiar al gobierno federal y, además, ejercer control sobre el Poder Ejecutivo.

Un proyecto de ley tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, y luego ser firmado por el presidente para que entre en vigor. En caso de que un presidente vete un proyecto de ley aprobado, tanto la Cámara como el Senado pueden invalidar el veto –con el voto favorable de dos tercios de sus miembros– y forzar a que entre en vigor.

Pero cada uno tiene funciones propias. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes se originan todos los proyectos que tienen que ver con impuestos federales, mientras que el Senado es el encargado de aprobar tratados internacionales y las nominaciones presidenciales, que van desde miembros de su gabinete hasta embajadores y jueces federales (incluyendo magistrados de la Corte Suprema).

En el caso de un impeachment (juicio político) contra un presidente, la Cámara es la encargada de arrancar el proceso y, en caso de que la mayoría vote a favor de impeach (acusar formalmente) al presidente, el Senado tomar el caso para la etapa de trial (juicio) y decide si amerita remover al mandatario del cargo

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87o afactchequeado.com/whatsapp.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, reposteó el 5 de abril de 2026 en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen que supuestamente muestra al piloto estadounidense que fue rescatado ese día en Irán luego de que su avión fuera derribado en la madrugada del 3 de abril de 2026. Pero hay un problema: la imagen no es una foto real del piloto rescatado, sino que fue generada con inteligencia artificial (IA).

“Esto es asombroso”, escribió Abbott al repostear la publicación de la cuenta “MissyIsMaga”. La publicación original, debajo de la imagen, incluye un disclaimer pequeño advirtiendo que el contenido fue hecho con IA.

En Factchequeado subimos la imagen a Hive Moderation, una herramienta que detecta la probabilidad de que un contenido haya sido creado con IA, y el resultado dió que era 99% probable que la imagen haya sido generada en ChatGPT.

Además de ello, ni ese día ni para el momento en el que publicamos esta nota, el Departamento de Defensa ha divulgado foto alguna del rescate.

El gobernador Abbott posteriormente eliminó la publicación, pero no se disculpó ni aclaró que había divulgado un contenido falso.

Esta imagen también circuló en X en español como si fuese cierta.

Otros funcionarios públicos divulgaron la imagen

Varios medios de comunicación reportaron que el contenido falso también fue divulgado por el fiscal general de Texas y aspirante al Senado, el republicano Ken Paxton, y por un representante de Nueva York a la Cámara de Representantes, el republicano Mike Lawler. En Factchequeado encontramos que las publicaciones de ambos habían sido eliminadas para el momento en el que publicamos esta nota, pero sí encontramos comentarios de usuarios alertando ese mismo día a ambos que estaban divulgando contenido falso.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

En Factchequeado nos preguntaron si era verdad lo que afirma un video publicado el 30 de marzo de 2026 en Instagram que asegura que los venezolanos “están a sólo tres votos” en el Congreso para “que les sea otorgado residencia permanente americana” (sic) mientras hace referencia al proyecto de Ley de Ajuste Venezolano. Pero eso es falso. Hasta el momento en el que publicamos esta nota, 3 de abril de 2025, este proyecto de ley no estaba siendo discutido en la Cámara de Representantes ni en el Congreso.

La propuesta de ley H.R. 1348 (Venezuelan Adjustment Act o Ley de Ajuste Venezolano) fue introducida el 13 de febrero de 2025 en la Cámara de Representantes por el representante demócrata Darren Soto, de Florida, con el respaldo de otros legisladores también de Florida: María Elvira Salazar (republicana), Debbie Wasserman Schultz (demócrata) y Frederica Wilson (demócrata).

El proyecto, de convertirse en ley, haría que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgue el estatus de residente permanente a los venezolanos que hayan llegado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021, que hayan residido en el país desde entonces y que no hayan cometido delitos, entre otras condiciones.  

En lo que va de 2026, la H.R. 1348 ha ganado 20 copatrocinadores (cosponsors, en inglés): 17 demócratas y 3 republicanos.

Sin embargo, que un proyecto sea introducido en el Congreso –incluso con respaldo de varias decenas de legisladores– no implica ni quiere decir que necesariamente vaya a ser sometido a votación. Para el momento en el que publicamos esta nota, la página oficial del Congreso no refleja que la Ley de Ajuste Venezolano vaya a ser discutida. 

Además, para que un proyecto se convierta en ley, necesita ser aprobado en ambas cámaras del Congreso (con al menos 218 votos favorables en la Cámara y 60 en el Senado) y después promulgado por el presidente de Estados Unidos. Y, desde que asumió el 20 de enero de 2025, el gobierno Donald Trump ha desplegado una política migratoria contraria a la regularización e ingreso de extranjeros, y ha revocado protecciones migratorias a más de 2.5 millones de personas, incluyendo a más de 600,000 venezolanos que tenían Estatus de Protección Temporal (TPS). 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87o afactchequeado.com/whatsapp.

Un video en TikTok, con más de 146,000 vistas, afirma que la Corte Suprema “aceptó que todo aquel que tenga más de 5 años viviendo ilegal, puede obtener su residencia”. Esto es falso. 

Al 2 de abril de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos no ha emitido ningún fallo o decidido en algún caso que otorgue la residencia a inmigrantes indocumentados que han vivido en el país durante 5 años. 

Ni el sitio SCOTUSblog (SCOTUS es la abreviatura de Corte Suprema de los Estados Unidos, en inglés) –un blog jurídico escrito por abogados, académicos del derecho y estudiantes de derecho–, ni  ningún medio de comunicación han reportado sobre alguna decisión de la Corte sobre otorgar un estatus legal a indocumentados que residan en el país por 5 años como afirma del video desinformante. 

La publicación más reciente de SCOTUSblog es un análisis de los argumentos en el caso Trump v. Barbara, sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Trump que pretende limitar la ciudadanía por nacimiento de hijos de personas sin estatus legal en Estados Unidos, en el que la mayoría de los jueces se mostraron escépticos sobre los argumentos del gobierno..

Búsquedas en Google (en inglés y español) realizadas por Factchequeado no arrojaron resultados sobre alguna decisión similar a la que difunde el video desinformante.

Además, tampoco encontramos proyectos de ley aprobados recientemente por el Congreso en Congress.gov. Para verificarlo, escribimos “immigration” (inmigración, en español) en el buscador y seleccionamos la opción “Became Law” (se convirtió en ley, en español) en el menú izquierdo para obtener las propuestas que se hicieron ley en materia de inmigración. Entre los resultados, encontramos la Big Beautiful Bill (Gran y Hermosa Ley), proyecto presupuestario de Trump promulgado el 4 de julio de 2025. También encontramos la Ley Laken Riley promulgada el 29 de enero de 2025, que obliga a ICE a detener a migrantes acusados de delitos menores, pero ninguno es sobre una reforma migratoria para otorgar residencia a indocumentados con 5 años en el país.

La cuenta y el teléfono no coinciden con la información oficial que del abogado con el que se lo vincula

La imagen de perfil de la cuenta que comparte el video desinformante muestra a un hombre con cabello castaño, barba negra y blanca y lentes y tiene el nombre “Ángel F. Leal” y el texto indica “su abogado y amigo” superpuesto. También incluye un número de contacto por WhatsApp. Al buscarlo en Google, encontramos que tanto la imagen como el nombre corresponden al de un abogado real de Doral, Florida, según pudimos confirmar al comparar la página oficial de su oficina y los registros del Colegio de Abogados de Florida. 

En su cuenta oficial en Facebook, el abogado Leal advierte que “no ofrece servicios por mensajes privados ni por intermediarios” y que sus únicas vías de contacto son correo electrónico, teléfono y página web. El teléfono que tiene publicado en su web termina en “3139” y no coincide con el número que termina en “5816” que aparece en el video desinformante y en la cuenta que lo compartió.

Puedes leer este artículo de Factchequeado sobre cómo asegurarte de contratar los servicios de abogados legítimos. 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

El FBI sí hizo un análisis forense de máquinas de votación en Puerto Rico, pero no hay pruebas de hackeo venezolano

Sí, esta carta de CBP en la que informa sobre una multa de más de 1.8 millones de dólares es real, coinciden expertos

Sí, según encuestas, la gran mayoría está a favor de presentar un ID para votar, pero el apoyo es menor cuando se trata del SAVE America Act

El 1 de abril se celebraron los alegatos orales ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Trump v. Barbara, para determinar si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento es constitucional. Trump estuvo presente durante una parte, un detalle inédito, ya que es la primera vez que se conoce que un presidente en ejercicio asiste a los alegatos orales ante el máximo tribunal del país.

Lo que sigue en el caso es que los magistrados se reunirán en privado para continuar con las discusiones y, según el calendario habitual, se espera que para junio o julio de 2026 haya una decisión final. Por ahora, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente.

La audiencia duró poco más de 2 horas y giró en torno a una pregunta central: ¿puede una orden ejecutiva presidencial cambiar quién tiene derecho a la ciudadanía estadounidense por el simple hecho de nacer en ese país?

Varios magistrados, incluyendo los nombrados por Trump, cuestionaron el intento del presidente de redefinir la ciudadanía por nacimiento. 

El gobierno argumenta que para que un hijo nacido en EE.UU. sea ciudadano automáticamente, sus padres deben tener un “domicilio legal permanente” en el país. Es decir, no basta con estar físicamente en territorio americano: los padres tendrían que tener una residencia legal reconocida y estable. Ante esto, la jueza Amy Coney Barrett —nominada por Trump— señaló un problema: ¿cómo se mide la “intención de quedarse para siempre”?

Neil Gorsuch —también nominado por Trump— indicó una contradicción clave: el decreto se enfoca en los padres, pero la Decimocuarta Enmienda habla del derecho del hijo. Le preguntó al gobierno: ¿cómo sabrías quién es el padre o la madre? ¿Y si no están casados? ¿En casa de quién vive el niño?

El procurador general D. John Sauer, quien asistió como abogado del gobierno, argumentó que el mundo de hoy es muy diferente al de 1868, cuando se aprobó esa enmienda. Su lógica era que, en 1868 no había viajes internacionales masivos, no existía el “turismo de parto” y la inmigración indocumentada a gran escala no era un fenómeno de esa época. Por lo tanto, según Sauer, la enmienda se tiene que adaptar a una “nueva realidad”.

En respuesta a ese argumento de nueva realidad, el presidente de la Corte John Roberts —nominado por George W. Bush— respondió: “Es la misma Constitución”.

La jueza Sonia Sotomayor —nominada por Barack Obama— preguntó si la administración busca retroactivamente “desnaturalizar” a personas nacidas de padres no ciudadanos que ya tienen ciudadanía. Mientras que la jueza Ketanji Brown Jackson —nominada por Joe Biden— preguntó: “¿Vamos a llevar a mujeres embarazadas a declarar?”.  

La abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Cecillia Wang, argumentó que la regla es clara: “Cualquier americano te dirá que nuestra norma de ciudadanía es que todo aquel que nace aquí es ciudadano por igual”. 

Tras salir de la Corte, Trump publicó en la red social Truth Social: “¡Somos el único país en el mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento!”. 

Algo que no es verdad, como te hemos contado ya en una nota antes. Más de 30 países otorgan este derecho, incluyendo a Estados Unidos y a sus vecinos, México y Canadá. Trump ha repetido esta falsedad al menos desde 2015, durante su primera campaña a la presidencia.

El caso lleva el nombre de una mujer hondureña identificada solo como Barbara —su apellido no se revela por razones de seguridad, pues teme por su vida y la de su familia—. Ella es la demandante representativa en una demanda colectiva interpuesta por la ACLU en nombre de todos los bebés nacidos o por nacer en Estados Unidos que perderían su ciudadanía si la orden ejecutiva de Trump entrara en vigor. 

¿En qué consiste la orden ejecutiva? 

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14160 que elimina la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal y personas con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas. 

La medida entraría en vigor en 30 días, pero fue impugnada por los fiscales de 22 estados en demandas presentadas por separado por considerarla inconstitucional. Además de la ACLU, organizaciones defensoras de los derechos civiles, como Asian Law Caucus, State Democracy Defenders Fund y Legal Defense Fund, a las que se sumaron New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York, y grupos de madres embarazadas (como esta y esta) interpusieron denuncias en contra del decreto.

El 27 de junio de 2025, un fallo de la Corte Suprema limitó la habilidad de cortes federales de emitir medidas cautelares a nivel nacional, pero dejó la puerta abierta para que se dictaran medidas cautelares en demandas colectivas (class action lawsuits).

Cronología de los fallos emitidos sobre la orden ejecutiva desde enero de 2025

1. 23 de enero de 2025: el juez federal John Coughenour, con sede en Seattle, bloqueó la implementación de la medida que elimina la ciudadanía por nacimiento y la calificó de "flagrantemente inconstitucional”.

2. 6 de febrero de 2025: la jueza de distrito de Maryland, Deborah Boardman, bloqueó el decreto de Trump, en otro caso presentado por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados. “La ciudadanía es un derecho muy preciado, concedido expresamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”, expuso Boardman. 

3. 10 de febrero de 2025: el juez federal de distrito Joseph N. Laplante, en New Hampshire, bloqueó de manera temporal el decreto del presidente Trump.

4. 13 de febrero de 2025: el juez federal de distrito de Massachusetts, Leo Sorokin, emitió un fallo de 31 páginas en el que señala que la “Constitución confiere el derecho a la ciudadanía por nacimiento de manera amplia, incluyendo a las personas dentro de las categorías descritas” en la orden ejecutiva del presidente. El caso de Boston fue presentado por los fiscales generales demócratas de 18 estados, y es uno de al menos nueve juicios que impugnan la orden de ciudadanía por nacimiento. 

5. 27 de junio de 2025: en una decisión dividida (de 6-3 votos), la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del presidente Trump, al conceder su solicitud de limitar el alcance de las medidas cautelares impuestas por tribunales federales. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento en sí misma; sino que resolvió que las cortes federales no tienen autoridad para bloquear leyes o decretos de manera universal. El fallo dejó la puerta abierta para que se introdujeran demandas colectivas.

6. 10 de julio de 2025: tras la decisión de la Corte Suprema, el juez federal Joseph N. Laplante, del distrito de New Hampshire, emitió otro fallo que bloquea la implementación de la orden. El juez respondió así a una demanda colectiva introducida por organizaciones civiles (incluyendo la ACLU de New Hampshire). Laacción  busca proteger a “toda persona nacida desde el 20 de febrero de 2025 [el día que hubiese entrado en vigencia la Orden Ejecutiva] en adelante” y que tuviese una madre o un padre inmigrante indocumentado o con estatus legal temporal. 

El gobierno de Trump no apeló el fallo del juez federal Laplante en el plazo de 7 días otorgado por la ley, ni presentó un recurso de emergencia. Por lo tanto, la orden judicial que bloquea la implementación de la orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento entró en vigor a nivel nacional. 

7. 23 de julio de 2025: en otro caso presentado por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ordenó al gobierno reconocer a los bebés nacidos en cualquier estado de los Estados Unidos como ciudadanos estadounidenses.

8. 25 de julio de 2025: En un caso más presentado por varios estados, un juez en Massachusetts ordenó al gobierno reconocer como ciudadanos estadounidenses a los bebés nacidos en cualquier estado de los Estados Unidos. Lo estados que presentaron la demanda son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington D.C. y Wisconsin.

9. 7 de agosto de 2025: El juez del caso de Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), la jueza Deborah L. Boardman, concedió una petición para la certificación de la clase para una orden judicial preliminar. “Esta nueva orden judicial protege a todos los bebés nacidos en los Estados Unidos y reemplaza la orden judicial anterior, que se limitaba a los miembros de ASAP y CASA”, de acuerdo con la organización. 

¿Qué pasa por ahora con la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento sigue vigente por ahora. 

Tras los alegatos del 1 de abril de 2026, los magistrados se reunirán en conferencias privadas para discutir el caso y comenzar a redactar sus opiniones. Se espera una decisión final para finales de junio o principios de julio de 2026.

El junio de 2025, cuando la Corte Suprema dejó la puerta abierta para dictar medidas cautelares en demandas colectivas, el experto y abogado de inmigración, Charles Kuck, destacó en su cuenta de X que “la Corte no falló sobre la legalidad de la orden de Trump, sino sobre el proceso para impugnarla”. 

Esa decisión permitió, en términos técnicos, que la administración de Trump iniciara el proceso para eliminarla y autorizar a las agencias federales a desarrollar y emitir directrices para aplicar la orden ejecutiva, explicó en su cuenta de X Kathleen Bush-Joseph, abogada de la organización no partidista Migration Policy Institute.

Junto con su decreto, el gobierno de Trump diseñó un plan para no emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños.

El Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando el 25 de julio de 2025 con el plan que deberá seguir la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en caso de que la orden ejecutiva sea desbloqueada. El Seguro Social también tiene un plan delineado, según su sitio web.

Sin embargo, el gobierno de Trump reconoce en estos memorandos que “actualmente, hay una orden judicial preliminar vigente que impide al gobierno implementar la orden ejecutiva.  Según el documento de su administración, aun cuando entrara en vigor su decreto, en los siguientes casos los niños seguirían obteniendo la ciudadanía estadounidense al nacer: 

— Niños con un padre que sea:

• Ciudadano de Estados Unidos.

• Residente permanente legal.

– Niños con una madre que sea:

• Ciudadana de los Estados Unidos.

• Residente permanente legal.

• Asilada (es decir, alguien que ha ganado asilo).

• Refugiada.

• Residente permanente condicional, o

• Indígena estadounidense nacida en Canadá que haya ingresado a los Estados Unidos bajo una ley específica.

En resumen, la Corte sigue evaluando si la orden ejecutiva es constitucional o no.

Cuando se emitió la orden del presidente, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, y quien encabezó la iniciativa legal en contra de la orden ejecutiva, junto con los fiscales generales de California y Massachusetts, dijo: “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, señaló. Limitar la ciudadanía por nacimiento es “extraordinario y extremo”. Ese caso es el número “Case 1:25-cv-10139” y está en un Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts.

Luego de que la orden ejecutiva se diera a conocer, el fiscal general del estado de California, Rob Bonta, dio a conocer también la demanda en una publicación de X (antes Twitter). 

“La orden ejecutiva del Presidente que intenta rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y, francamente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general Bonta. “Como hogar de Wong Kim Ark, un nativo de San Francisco que luchó, con éxito, para que se reconociera su ciudadanía estadounidense, California condena los intentos del Presidente de borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema. Estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor”.

El Distrito de Columbia, la ciudad y el condado de San Francisco, California, junto con 18 estados interpusieron una demanda conjunta, y son los siguientes, en orden alfabético:  

California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Wisconsin.

Otros cuatro estados se unieron para presentar otra demanda en contra de la medida del presidente: Arizona, Illinois, Oregon y Washington.

Un grupo de organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes también demandaron a la administración de Trump desde el mismo lunes 20 de enero por poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

"Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses", dijo en un comunicado Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que formalizó la demanda. 

La demanda —Case No. 1:25-cv-38— fue interpuesta por la ACLU, la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund en nombre de organizaciones cuyos miembros serán denegados de la ciudadanía a sus bebés nacidos en suelo estadounidense en virtud de la orden, entre ellas New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York. 

La orden ejecutiva de Trump sobre el derecho de nacimiento es una de las varias políticas relacionadas del presidente en contra de la inmigración indocumentada. 

El gobierno de Trump reinterpreta la Constitución

La orden reinterpreta el concepto de “y sujeto a su jurisdicción” previsto en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que hasta ahora ha considerado como ciudadano de Estados Unidos a cualquier persona nacida en el país, no importa si sus padres no lo son. 

El derecho de ciudadanía por nacimiento se otorga desde hace más de un siglo, explicó a Factchequeado la profesora de Derecho de la Universidad de Fordham Jennifer Gordon. 

“Hace 125 años que la Corte Suprema aclaró que la 14ª enmienda aplica a los hijos de inmigrantes, sin importar la situación migratoria de sus padres. A no ser que la Corte Suprema anule esa decisión o que haya una enmienda constitucional, los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en Estados Unidos continuarán siendo ciudadanos desde su nacimiento”, precisó Gordon.

El gobierno de Estados Unidos no tiene públicamente una estadística de cuántos hijos de inmigrantes sin estatus legal han nacido en el país. Pero en 2022,  Pew Research Center estimó que unos 4.4 millones de niños nacidos en Estados Unidos, menores de 18 años, vivían con una mamá o un papá sin documentos. 

La 14ª Enmienda fue aprobada por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868. 

Textualmente dice en su Sección 1: “Toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que limite los privilegios o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni dentro de su jurisdicción le negará a persona alguna la protección legal igualitaria”. 

La Sección 5, señala: “El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de leyes apropiadas”. 

De acuerdo con la ACLU, la enmienda estipula que, salvo excepciones por separado, las personas nacidas en el país son ciudadanas sin importar la raza, la etnicidad, o el origen nacional de sus padres.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

La administración de Trump suspendió una norma que ampliaba protecciones para trabajadores agrícolas con visas H-2A: te explicamos

No, Estados Unidos no anunció que cerrará sus fronteras por 90 días

Protestas en Los Ángeles: narrativas desinformantes que circularon sobre las manifestaciones

*Esta nota fue actualizada el 22 de enero de 2025 para incluir a los estados del país que presentaron otra demanda conjunta en contra de la orden ejecutiva firmada por Trump.

** Esta nota fue actualizada el 23 de enero de 2025 para incluir que el juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó la implementación de la orden ejecutiva. calificándola de "flagrantemente inconstitucional”. 

*** Esta nota fue actualizada el 10 de febrero de 2025 para incluir que tres jueces han bloqueado la orden ejecutiva.

**** Esta nota fue actualizada el 26 de febrero de 2025 para incluir que un cuarto juez bloqueó el decreto del presidente Trump. 

***** Esta nota fue actualizada el 27 de junio de 2025 para incluir que la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a delinear planes para implementar su decreto si este entra en vigor.  No resolvió si es constitucional o no eliminar la ciudadanía por nacimiento. 

****** Esta nota fue actualizada el 10 de julio de 2025 tras el nuevo bloqueo a la orden ejecutiva dispuesta por el juez de New Hampshire como respuesta a una demanda colectiva.

******* Esta nota fue actualizada el 9 de septiembre de 2025 para incluir nuevos bloqueos a la orden ejecutiva y explicar por qué actualmente todos los niños nacidos en Estados Unidos siguen teniendo el derecho a la ciudadanía.

******** Esta nota fue actualizada el 2 de abril de 2026 para incluir la discusión en la Corte Suprema de Estados Unidos. 

En noviembre de 2026, junto con las elecciones de medio término, se llevarán a cabo elecciones locales en todo Estados Unidos, incluyendo de alguaciles (sheriffs) en al menos 46 de los 50 estados del país.

¿En cuáles estados se llevarán a cabo elecciones de sheriffs en noviembre de 2026?

Un vocero de la Asociación Nacional de Sheriffs compartió con Factchequeado esta lista creada por Bolts Magazine, un medio sin fines de lucro enfocado en elecciones locales de todo el país.

De acuerdo con la lista, se celebrarán elecciones de sheriff en al menos 46 estados del país, incluyendo Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania, y Texas.

En la mayoría de los estados, el período de un sheriff es de 4 años. Pero en Massachusetts es de 6 años yen New Jersey, de 3 años.

¿Cómo la elección de un sheriff influye en la cooperación de autoridades locales con ICE?

Como te hemos explicado en Factchequeado, la ley federal, desde 1996, contempla un programa conocido como 287(g), que contempla un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que permite a funcionarios policiales locales o estatales aplicar leyes migratorias.

Estos acuerdos son voluntarios, y suelen implementarse cuando un sheriff (u otro cuerpo policial local) firma un acuerdo de entendimiento con ICE. Para el 30 de marzo de 2026, había 1,586 acuerdos vigentes bajo el programa 287(g) en 39 estados y 2 territorios de Estados Unidos, asegura en su página ICE.

El programa se puede implementar de 3 formas, explica ICE:

• El modelo de cumplimiento en cárceles, en el que funcionarios locales revisan el estatus migratorio de los detenidos que tengan cargos penales activos o pendientes y alertan a ICE.

• El modelo “task force”, que permite que los agentes locales ejerzan “una autoridad migratoria limitada” mientras realizan tareas policiales rutinarias o que sean “participantes activos” en un grupo de trabajo dirigido por ICE.

• El oficial de servicio de órdenes permite que sus agentes entreguen y ejecuten órdenes administrativas de ICE contra extranjeros bajo su custodia.

Los sheriffs o policías locales pueden decidir poner fin a este modelo de cooperación. Esto ocurrió, por ejemplo, en enero de 2026 en el condado de Bucks, en Pensilvania, cuando el recién electo sheriff, Danny Ceisler, puso fin al programa de cooperación con ICE que había sido firmado por su antecesor.

Casos similares ocurrieron en el condado de Barnstable, en Massachusetts, en enero de 2023, en 2021 en los condados de Cobb y Gwinnett, en Georgia, y en el condado de Charleston, en Carolina del Sur.

¿Para qué sirve el programa 287(g)?

Según ICE, “ayuda a que las comunidades estén a salvo de extranjeros criminales potencialmente peligrosos”.

Sin embargo, una investigación llevada a cabo por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), publicada en febrero de 2026, documentó que el programa, durante el segundo gobierno de Donald Trump, ha provocado que la policía estatal y local planifique “deliberadamente paradas de tráfico y retenes, deteniendo a conductores por el color de su piel o el idioma que hablan, para encontrar a personas que creen que pueden no ser ciudadanas, mientras actúan en colusión con agentes federales que están presentes o cerca”. La ACLU es una organización sin fines de lucro que “defiende los derechos elementales establecidos en la Constitución.

De acuerdo con el reporte, las autoridades locales que están cooperando con ICE, “en lugar de promover la seguridad pública (...) están haciendo un uso descarado e indebido de las leyes locales de infracciones de tránsito, del personal y de los recursos, con el propósito de impulsar la aplicación de las leyes migratorias”.

Investigaciones de años anteriores llevadas a cabo por el Departamento de Justicia (DOJ) y el Migration Policy Institute también han documentado casos de discriminación racial en el marco de la implementación del 287(g).

¿Cuál es la diferencia entre el sheriff y el jefe de policía de una policía local?

La Asociación Nacional de Sheriffs indica que un sheriff “por lo general (aunque no siempre), es la autoridad de más alto rango en materia de cumplimiento de la ley dentro de un condado, y normalmente es un cargo de elección popular” mientras que “los jefes de policía suelen ser empleados municipales que deben lealtad a una ciudad” y suelen ser “nombrados por el alcalde de una ciudad” o “por una comisión de policía”.

Otra diferencia, explica el gobierno de la ciudad de Green Cove Springs, en Florida, es que el sheriff tiene jurisdicción en todo el condado por el que fue electo, y pueden operar cárceles del condado, mientras que las policías locales sólo operan en la ciudad a la que pertenecen y sólo pueden administrar cárceles municipales en las que se detienen a acusados de cometer delitos menores y a detenidos que están en espera a ser transferidos a una prisión del condado.

Esto es similar a lo que explica el gobierno de la ciudad de Falls Church, en Virginia: la policía local se enfoca en “prevención, intervención e investigación” y responden a las llamadas del 911, mientras que el Departamento del Sheriff administra cárceles del condado, transporta detenidos, y lleva a cabo desalojos.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

Los partidarios de la “Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses” (Safeguard American Voter Eligibility Act), más conocida como SAVE America Act, afirman que podría “salvar las elecciones estadounidenses”, “proteger los votos de los ciudadanos” o prevenir que inmigrantes indocumentados participen en los comicios. Entre los que han compartido al menos una de estas afirmaciones se encuentran Chip Roy, congresista republicano por Texas y autor de la propuesta SAVE America Act y de su versión anterior; Mike Johnson, congresista de Luisiana y presidente de la Cámara de Representantes; y el presidente Donald Trump.

Sin embargo, aunque el propio nombre de la propuesta de ley indica que busca “salvaguardar” las elecciones, el voto de personas no autorizadas es muy escaso en Estados Unidos, por lo que no ha podido influir en los resultados de las elecciones, de acuerdo con varios estudios. Además, los nuevos requisitos de la SAVE America Act (presentar en persona un pasaporte, certificado de nacimiento o matrimonio para registrarse para votar, por ejemplo) pueden hacer más difícil la participación de votantes ciudadanos, según expertos consultados por Factchequeado. Esto se debe a que millones de personas carecen de acceso inmediato a los documentos requeridos y obtenerlos toma tiempo y tiene costos asociados para cumplir con lo que propone la propuesta de ley.

El voto no ciudadano ya es ilegal y los estados verifican la ciudadanía de los votantes 

El voto de personas no ciudadanas es ilegal en elecciones en todos los estados de Estados Unidos desde 1924. Además, la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996 añadió sanciones penales. Quienes  se registran para votar en persona o por correo deben declarar bajo pena de perjurio (que sanciona las declaraciones falsas) que son estadounidenses, según la Ley Nacional de Registro de Votantes. Pero esto no termina ahí, como te contamos en Factchequeado. Posteriormente, cada estado compara la información proporcionada por el registrante con bases de datos como la del Seguro Social, las de las licencias de conducir (como en el caso de Pensilvania) o los listados de personas que declararon que no eran ciudadanos para no tener que servir como jurados en juicios (jury duty), como Arizona, Georgia o Texas.

Walter Olson, investigador principal del Instituto Cato, dijo a Factchequeado que “los estados ya utilizan una combinación de métodos para verificar la ciudadanía y algunos de ellos, como la comparación con bases de datos, pueden suponer menos molestias para la persona que se inscribe en el censo electoral que el DPOC (prueba documental de ciudadanía)”.

Por ejemplo, la revisión de registros de vehículos motorizados por el Departamento de Estado de Michigan, que inició en diciembre de 2024, identificó a 15 posibles no ciudadanos que participaron en las elecciones presidenciales de 2024. Esto significó el 0.00028% de los 5.7 millones de votos emitidos en Michigan en ese entonces. Sin embargo, 3 de los 15 resultaron ser ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con Jocelyn Benson, secretaria de estado de Michigan. En 2024, el presidente Trump superó a su rival por la presidencia, Kamala Harris, por más de 80,000 votos en este estado, según la agencia AP. 

Obtener los documentos requeridos bajo el SAVE America Act puede disminuir la participación en las elecciones

Como te contamos en un artículo anterior de Factchequeado, la SAVE America Act, de ser aprobada, requeriría que quienes se registren para votar prueben su ciudadanía de manera presencial mediante  un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento certificado junto con una licencia de conducir u otra identificación con fotografía emitida por el gobierno. Los votantes que ya están registrados tendrían que presentar estos documentos sólo cuando cambien los datos de su registro, como  “al cambiar de domicilio”, explica Olson, “así que los efectos se distribuirían a lo largo de los años”.

Alrededor de 21.3 millones de estadounidenses con edad para votar no tienen a mano los documentos necesarios bajo la SAVE America Act. Dentro de este grupo hay disparidades raciales: el 8% de quienes se identificaron como estadounidenses blancos no tienen documentos de ciudadanía a mano comparado al 11% de estadounidenses de color que dijo lo mismo, según un análisis del Brennan Center, organización aliada de Factchequeado. 

El proyecto de ley impactaría también a alrededor de 69 millones de mujeres que han adoptado el apellido de su cónyuge, por lo que su nombre no coincide con el de su acta de nacimiento, según informa el Centro para el Progreso Americano (CAP). Un reporte del Pew Research Center de 2023 concluyó que las mujeres republicanas y con tendencia republicana son más propensas a adoptar los apellidos de sus parejas. 

El CAP además destaca que los ciudadanos de 30 condados del oeste del país tendrían que viajar unas 4 horas y media (aproximadamente 260 millas de distancia) para acudir a la oficina electoral y registrarse para votar o actualizar su registro. Algunos en Alaska y Hawái incluso tendrían que tomar un vuelo.

Olson también dijo que no cree que “sea preciso afirmar que el proyecto de ley privaría del derecho al voto (disenfranchise) a 20 millones de electores” porque no suprime el derecho legal a votar. Sin embargo, algunas personas elegibles para votar “podrían no completar el proceso de verificación” debido a “las molestias adicionales” que conlleva o a los costos de tramitar  los documentos. “Para estas personas, los cambios introducidos  [por el SAVE America Act] desincentivarían la participación en el proceso electoral”, agregó. 

Según Vote.org, una organización de defensa del derecho al voto, el trámite de un pasaporte estadounidense (que más del 51% de estadounidenses no tiene) cuesta un mínimo de 165 dólares, además de las fotos. La solicitud de tarjeta de pasaporte, que es una alternativa más económica, cuesta unos 65 dólares. Obtener un certificado de nacimiento tiene un costo de entre 10 y 50 dólares, dependiendo del estado, y reemplazar un certificado de naturalización cuesta alrededor de 500 a 550 dólares dependiendo de si la solicitud se hace en papel (paper filing) o en línea. 

Eliza Sweren-Becker, vicedirectora en el Programa sobre Elecciones y Derecho al Voto del Brennan Center, dijo a Factchequeado que aparte de los costos, los “votantes estadounidenses tendrían que invertir tiempo (...) para obtener uno de los pocos documentos” que cumplirían con la SAVE America Act “sumado a las semanas de espera para recibirlos”.

Louis Bedford, asesor de políticas del Fondo de Defensa Legal (LDF), dijo a Factchequeado que en su organización “equiparamos la SAVE Act a un impuesto al voto (poll tax)” debido a que obtener los documentos necesarios “supondrá un costo económico”.

Los “impuestos al voto” se instauraron en la década de 1890 “como un medio legal para impedir que los afroamericanos votaran en los estados del sur”. La Vigésima Cuarta Enmienda prohibió “el uso de impuestos electorales para las elecciones federales” en 1964 y la Corte Suprema declaró inconstitucionales los pagos “de impuestos electorales para las elecciones estatales hasta 1966”, según recoge el Museo Nacional de Historia Estadounidense.

Pretende resolver un “problema que no existe”

Si bien se han registrado unos pocos casos (o posibles casos) de votos de no ciudadanos en elecciones estadounidenses, múltiples estudios muestran que esto no ocurre a una escala que pueda llegar a alterar los resultados de las elecciones. Ni siquiera llegan cerca del 1% de los votos. 

El reporte del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral (CEIR) sobre afirmaciones de registros y votantes no ciudadanos hasta diciembre de 2025 encontró que “las acusaciones generalizadas sobre el registro o el voto de no ciudadanos parecen derivar de malentendidos, tergiversaciones o invenciones absolutas en torno a datos electorales complejos”. Cuando se investigan adecuadamente, “la cifra de presuntos casos se reduce drásticamente”, agrega el informe. 

En Luisiana, donde republicanos han ganado todas las elecciones presidenciales desde 2000, una investigación de votos de no ciudadanos utilizando la base de datos del Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE) de USCIS, que la administración Trump implementó para los gobiernos estatales y locales en 2025, identificó inicialmente 390 votantes registrados como posibles no ciudadanos. De estos, 79 votaron al menos una vez durante un periodo de más de 40 años (los registros fueron de hasta la década de 1980). Un análisis del Brennan Center estima que esa cifra es solo una muy pequeña fracción (0.0001%) comparada con los 74 millones de votos en Luisiana desde la década de 1980, pero señalan esos son casos no confirmados.

En Utah, donde también han ganado únicamente candidatos presidenciales republicanos desde 1968, una revisión similar (realizada entre abril de 2025 y enero de 2026) de 2 millones de votos, encontró solo un caso de un posible no ciudadano registrado para votar; sin embargo, el estudio también indica que esa persona nunca ha participado en los comicios y fue removida de los registros tras la investigación. Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 en Luisiana y Utah con 441,635 y 321,252 votos de diferencia, respectivamente, según la agencia AP. 

Asimismo, en una revisión inicial de 49.5 millones de registros de votantes que fueron verificados utilizando la herramienta SAVE de USCIS, se remitieron alrededor de 10,000 casos para una investigación más exhaustiva, lo que equivale a 0.02% de los nombres procesados, según un artículo de The New York Times publicado el 14 de enero de 2026. Pero esta cifra no determina que todos sean registros fraudulentos. Por ejemplo, la herramienta identificó a 15 posibles no ciudadanos de 176,000 nombres que se examinaron en Florida. De este grupo, 3 personas registradas fueron añadidas a los padrones electorales por error (es decir, no tuvieron la intención de registrarse para votar) y 2 ya enviaron la documentación para demostrar su ciudadanía. 

Sweren-Becker, del Brennan Center, dijo que “La Ley SAVE no soluciona nada. Todas las pruebas disponibles, incluso de la propia administración Trump, indican que solo las personas ciudadanas estadounidenses votan en las elecciones, y las excepciones son extremadamente raras”.

Con el apoyo de la SAVE America Act, dijo Bedford, la administración actual “está intentando erigir estas barreras sumamente discriminatorias para el acceso a las urnas, al tiempo que afirma estar resolviendo un problema que no existe”.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Desde el 2 de abril de 2026, los extranjeros de 50 países deben depositar una fianza de 15,000 dólares (visa bond) antes de recibir visas B1 o B2 para negocios y turismo en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Estado (DOJ, por sus siglas en inglés). 

Entre los países hay muy pocos de América Latina y el Carible, como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

El dinero de la fianza será devuelto a quienes regresen a su país “cumpliendo con los términos de la visa y la fianza, o que no viajen”, señala el DOJ. 

Los solicitantes deben presentar el Formulario I-352 para depositar la fianza únicamente después de que un funcionario consular se lo indique. Van a recibir un enlace directo para realizar el pago a través de Pay.gov. Las autoridades recomiendan no utilizar ningún sitio web de terceros.

Quienes pagaron esta fianza deben entrar y salir de Estados Unidos solo por los puertos de entrada designados: 

• Sí está permitido entrar por todos los aeropuertos comerciales, incluyendo los puntos de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

• No está permitido entrar en vuelos chárter, aviación general (aviones privados), puertos terrestres (cruces en la frontera por tierra) ni puertos marítimos (barcos).

Si no se usa un puerto de entrada designado, puede resultar en denegación de entrada o un registro incorrecto de la salida, algo que podría causar problemas migratorios posteriores. Es decir, no está permitido entrar en auto o en autobús por alguna garita en la frontera.

Según el gobierno estadounidense, el pago de la fianza no garantiza la emisión de la visa. 

¿Cuándo se cancela la fianza y te devuelven el dinero?

Hay 3 situaciones en las que la fianza se cancela automáticamente y te regresan el dinero, según informa el gobierno:

• Saliste de Estados Unidos a tiempo: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registra que saliste de Estados Unidos antes de que venciera tu autorización de estadía. 

• Nunca entraste a Estados Unidos: tenías una visa, pagaste la fianza, pero nunca viajaste al país. Como nunca entraste, la fianza se devuelve.

• Te negaron la entrada: intentaste ingresar al país pero, pero la autoridad migratoria te denegó la autorización. 

Listado de países

La mayoría de los ciudadanos extranjeros que deben pagar la fianza son de África, Asia y Oceanía. Aquí puedes ver el listado completo por órden alfabético: 

1. Argelia.

2. Angola.

3. Antigua y Barbuda.

4. Bangladesh.

5. Benín.

6. Bután.

7. Botsuana.

8. Burundi.

9. Cabo Verde.

10. Camboya.

11. República Centroafricana.

12. Costa de Marfil.

13. Cuba.

14. Yibuti.

15. Dominica.

16. Etiopía.

17. Fiyi.

18. Gabón. 

19. Gambia.

20. Georgia.

21. Granada.

22. Guinea.

23. Guinea-Bissau.

24. República Kirguisa.

25. Lesotho.

26. Malawi.

27. Mauritania.

28. Mauricio.

29. Mongolia.

30. Mozambique.

31. Namibia.

32. Nepal.

33. Nicaragua. 

34. Nigeria. 

35. Papúa Nueva Guinea. 

36. Santo Tomé y Príncipe. 

37. Senegal.

38. Seychelles.

39. Tayikistán.

40. Tanzania.

41. Togo.

42. Tonga.

43. Túnez.

44. Turkmenistán.

45. Tuvalu.

46. Uganda.

47. Vanuatu.

48. Venezuela.

49. Zambia.

50. Zimbabue.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873-6087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Leer también: 

Seis claves para entender la actual situación entre Estados Unidos y Cuba

La administración de Trump ha anunciado el fin de seis Estatus de Protección Temporal (TPS)

A través del chatbot de WhatsApp de Factchequeado (+1 646-873-6087) nos preguntaron si durante la actual administración del presidente Donald Trump, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) participó en un “análisis forense” de máquinas de votación de Puerto Rico que concluyó que hubo fraude en sus elecciones generales en 2024. La consulta tiene una parte verdadera y otra, falsa

El FBI sí participó en un análisis forense: antes de marzo de 2025, esta agencia, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), inició la coordinación para un análisis forense de máquinas de votación en Puerto Rico, a petición de la fiscalía federal de San Juan. El examen técnico detallado se completó en mayo de 2025. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas de fraude ni interferencia extranjera en esas elecciones de noviembre de 2024.

El 25 de marzo de 2025, en una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado (SSCI), Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia, omitió mencionar esta operación, que ya estaba activa. Posteriormente, reconoció que debió informar al comité de inmediato cuando comenzó la coordinación.

Este año, el 4 de febrero de 2026, Reuters publicó una investigación exclusiva sobre los rumores de supuesto fraude en Puerto Rico y hackeo venezolano. 

Su reportaje señala que el análisis forense de las máquinas en Puerto Rico había sido por supuestas denuncias de que Venezuela había pirateado las máquinas de votación allí. Pero su investigación no arrojó “pruebas concluyentes de injerencia venezolana en las elecciones del territorio estadounidense”, según dice la nota.

Gabbard declaró a Reuters que “la investigación no se dedicó específicamente a Venezuela”, sino a evaluar “si vulnerabilidades pudieron ser aprovechadas por amenazas”; vulnerabilidades relacionadas con el sistema Dominion Voting, que provee escáneres ópticos ImageCast Precinct a Puerto Rico. Las máquinas siguen en poder de la ODNI, según la funcionaria.

La ODNI también le dijo a Reuters que algunas deficiencias de seguridad en las máquinas de votación utilizadas en Puerto Rico “se debían al uso de tecnología celular vulnerable y que existían fallos de software que podrían dar a los piratas informáticos acceso a sistemas electorales vitales”. 

Según las fuentes del medio, que hablaron bajo condición de anonimato, “la operación en Puerto Rico parecía formar parte de un esfuerzo de funcionarios de la administración Trump para investigar acusaciones no probadas de fraude electoral”. Trump ha repetido la falsa narrativa de fraude en las elecciones de 2020.

El Brennan Center for Justice, organización sin fines de lucro aliada de Factchequeado, señaló el 13 de marzo de 2026, que las investigaciones de fraude electoral no suelen involucrar a agencias de inteligencia, como la que ahora encabeza Gabbard. 

“Recientemente, la administración Trump ha intensificado su campaña para sembrar dudas sobre las elecciones de 2020, como parte de un esfuerzo más amplio para socavar futuras elecciones. Altos funcionarios políticos han recurrido a oficiales y agencias de inteligencia para lograrlo, incluso cuando estas mismas agencias han afirmado repetidamente que las elecciones fueron seguras y precisas”, de acuerdo con el Brennan Center.

Las máquinas de votación que analizaron leen papeletas marcadas a mano, las tabulan electrónicamente y transmiten resultados sin conexión directa a internet para evitar hackeos. Según J. Alex Halderman, de la Universidad de Michigan, quien mostró ante un tribunal federal en Georgia fallas en las máquinas Dominion, existen riesgos como software desactualizado, errores de transmisión y configuración local, pero no manipulación remota sin acceso físico.

La investigación de la ODNI se centra en las máquinas usadas en las elecciones generales de Puerto Rico del 5 de noviembre de 2024, cuando Jenniffer González Colón (PNP) ganó la gubernatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con 41% frente a Juan Dalmau (PIP/MVC) con 31%. 

Ese día, el 70% de los 4,490 colegios electorales no pudo transmitir resultados desde los centros, de acuerdo con el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, a pesar de los 1.3 millones de dólares invertidos en módems 4G, y un error de programación en el plebiscito de estatus invirtió independencia/libre asociación.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), organismo autónomo que administra elecciones en Puerto Rico, calificó todo como fallas técnicas de software y conectividad, no manipulación electoral.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873-6087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Leer también: 

Por qué es falsa la narrativa del fraude electoral de 2020

Una persona nos pidió a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+1 (646) 873 60 87) que verificáramos la autenticidad de una carta con fecha de 10 de marzo de 2026,

que tiene el logo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e incluye una multa de más de 1.8 millones de dólares. La carta es auténtica, según nos indicaron varios expertos consultados por Factchequeado y el monto de la multa coincide con otras sanciones que se han emitido en contra de extranjeros –documentadas en casos judiciales y en medios de comunicación– durante la segunda presidencia de Donald Trump.

La carta es genuina, según expertos y herramientas de detección de IA

Desde Factchequeado consultamos a varios expertos para saber si la carta era genuina o podía ser considerada un fake o una estafa. Todos coincidieron en que es una carta real. De hecho, Charles Kuck, abogado de inmigración, afirmó que la persona que recibió el documento “necesita ir con un abogado lo más pronto posible”.

Además, analizamos la imagen con 2 herramientas de detección de contenidos generados con inteligencia artificial (Hive Moderation y AIorNot) y ninguna de las 2 detectó evidencias de haber sido creada o manipulada con IA.

Cómo reconocer si la carta es genuina

Los expertos consultados por Factchequeado destacan varias características que permiten identificar que es genuina.

“Aunque no incluye la dirección completa, la Oficina de Finanzas, División de Ingresos de CBP, está ubicada en Indianápolis, Indiana, código postal 46249”, dijo Adriel Orozco, asesor legal senior del American Immigration Council. El código postal (zip code) 46249 aparece en la parte superior de la carta. En Factchequeado verificamos que, desde agosto de 2025, la oficina de finanzas de CBP está ubicada en 8899 E 56th Street, Indianapolis, Indiana, y tiene el mismo código postal que está en la carta: 46249.

Orozco añade que, sumado a ello, “las sanciones a las que se hace referencia coinciden con las disposiciones legales y reglamentarias citadas”, como “la INA 274D(a) que se refiere a multas civiles contra personas que no han salido del país y la 8 CFR 281 que contiene los reglamentos para imponer estas multas”.

Charles Moore, abogado del Proyecto contra los Encarcelamientos por Deudas (Debtors’ Prison Project) de la organización sin fines de lucro Public Justice, coincidió con Orozco, y añadió que el hecho de que la carta incluya un correo electrónico oficial (que termina en .gov) combinado con “el formato y el lenguaje específico utilizado” también revela que es auténtica, “porque es idéntico al lenguaje utilizado en otras cartas que hemos revisado”. Moore es uno de los abogados que representa a un grupo de personas que recibieron cartas similares y que está exigiendo su anulación ante una corte federal de Massachusetts.

Los expertos también nos informaron que en la página noimmigrationfines.org puedes consultar distintos modelos de cartas con multas enviadas por DHS. Esta página web fue creada por Public Justice en conjunto con la escuela de Derecho de la New York University, The Legal Aid Society, entre otras organizaciones, para guiar y brindar asistencia legal a quienes hayan recibido este tipo de multas. Dentro de la página web puedes llenar un formulario para contactarlos.

No es inusual que la multa supere el millón de dólares

La carta compartida por el usuario dice que la multa a pagar es de 1,820,352 dólares. Esta cifra es idéntica a la multa que recibió otra persona que vive en el estado de Washington y que llegó a principios de los años 80 a Estados Unidos, según reportaron medios locales a mediados de marzo de 2026. El código postal de la carta de esa persona es el mismo (46249) que el de la carta que nos enviaron por nuestro chatbot de WhatsApp.

El 20 de noviembre de 2025, fue presentada una demanda colectiva contra el DHS y el DOJ en una corte federal de Massachusetts, que busca anular estas sanciones, y donde están incluidas personas que, según el documento, también recibieron multas de aproximadamente 1.8 millones de dólares. 

Qué se sabe de las multas para personas sin estatus legal en Estados Unidos

El 27 de junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una iniciativa conjunta con el Departamento de Justicia (DOJ) para “facilitar y hacer más eficiente” la imposición de multas a:

• Extranjeros que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

• Extranjeros que hayan “ignorado órdenes de expulsión” o que “retrasen su salida” del país.

• Y extranjeros que “no respeten acuerdos para cumplir con órdenes de salida voluntaria dictadas por jueces”.

Las multas, según el DHS, incluyen:

• De 100 a 500 dólares por cada entrada ilegal o intento de entrada.

• De 1,992 a 9,970 dólares por no cumplir una orden de salida voluntaria.

• Y hasta 998 dólares por día por “incumplir deliberadamente” una orden de expulsión.

Quienes se “autodeporten” a través de la aplicación CBP Home “recibirán la condonación de cualquier multa o sanción civil por no haber salido de los Estados Unidos”, asegura el DHS.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador senior del American Immigration Council, explicó en un artículo que estas multas han estado autorizadas por ley federal desde 1996, pero “rara vez se han aplicado durante las últimas tres décadas” porque “los funcionarios de inmigración se han centrado en las deportaciones, y la mayoría de las personas que podrían ser multadas conforme a esta ley no podrían pagar sanciones de ese monto”.

Anteriormente, quien enfrentaba una sanción civil de este tipo, debía ser notificado por correo o en persona, y posteriormente tenía 30 días para oponerse a la multa o solicitar una audiencia. La nueva regla del DHS elimina la política de los 30 días y le permite a la agencia emitir la multa directamente, según explica el comunicado oficial.

La demanda colectiva presentada en noviembre de 2025 en nombre de extranjeros que han recibido estas multas, alega que eliminar la notificación viola el derecho al debido proceso, y que el monto de las multas es desproporcionado, lo que violaría la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe “multas excesivas”. Los demandantes también argumentan que el gobierno está emitiendo estas multas a pesar de que muchos sancionados tienen procesos legales en curso ante las autoridades migratorias.

El monto de multas emitidas a extranjeros desde enero de 2025, según la Legal Aid Society, que forma parte de la representación legal de los afectados, asciende a los 6,000 millones de dólares.

Para el momento en el que publicamos esta nota, el juicio no había comenzado ni se había hecho pública la fecha en la que comenzaría.

Contactamos tanto a CBP como al DHS pero para el momento en el que publicamos esta nota no habían respondido.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

Organizaciones que trabajan con inmigrantes de distintas partes del país advirtieron que las renovaciones de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) están experimentando retrasos. Los beneficiarios del programa –inmigrantes que llegaron sin autorización a Estados Unidos siendo menores de edad (dreamers)– se exponen a perder sus trabajos o a la deportación en caso de que su DACA expire y las renovaciones no lleguen a tiempo. El DACA les ampara contra las deportaciones y permite solicitar permisos de trabajo por un período de 2 años.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro de defensa legal especializados en inmigracion con sede en Los Angeles, California, explicó en una publicación del 24 de marzo de 2026 que “muchos beneficiarios de DACA están notando algo frustrante: las renovaciones de DACA están tardando mucho más de lo habitual”. 

El Departamento de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estima que el “80% de los casos (renovaciones de DACA) se completan dentro de 3 meses y medio”. El Centro de Recursos para Estudiantes Indocumentados de la Universidad del Norte de Illinois también advirtió sobre estos retrasos el 27 de marzo de 2026.

De acuerdo con USA Facts, que se describe como “una iniciativa cívica sin ánimo de lucro y no partidista que facilita el acceso a los datos gubernamentales para todos”, hasta junio de 2025 había 515,600 beneficiarios de DACA. El 81% de ellos son originarios de México. 

¿Por qué ocurren los retrasos?

De acuerdo con NILC, los motivos incluyen:

• Presentaciones tardías: algunos aplicantes pueden no haber presentado su solicitud con la suficiente antelación. USCIS recomienda presentar la solicitud entre 150 y 120 días antes de que expire su DACA.

• Citas para toma de huellas dactilares: USCIS ha reanudado estas citas, lo que representa tiempo adicional de procesamiento.

Revisión adicional para algunos solicitantes: algunos casos se quedan en espera, dependiendo del país de origen del solicitante. Entre los casos confirmados que experimentan demoras se encuentran ciudadanos de países incluidos en las proclamaciones presidenciales 10949 y 10998. Estos son:

El Proyecto 2025 menciona la eliminación del programa DACA

El Proyecto 2025, la propuesta de gobierno creada por la organización conservadora The Heritage Foundation, proponía eliminar gradualmente el programa DACA para sus más de 500,000 beneficiarios, al suprimir el tiempo de personal destinado a la revisión y tramitación de las solicitudes de renovación, indica la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y añade que “esto dificultará enormemente que los beneficiarios de DACA renueven su estatus”.

El presidente Donald Trump se había distanciado públicamente del Proyecto 2025 cuando era candidato presidencial diciendo que no tenía nada que ver con esas propuestas, pero su gobierno implementó varias de las medidas, como te contamos en Factchequeado. 

Según dos iniciativas independientes que hacen seguimiento a la implementación de propuestas del Proyecto 2025, una del Center for Progressive Reform –un think tank de izquierda– y otra creada por dos usuarios de Reddit en lo que va del segundo mandato de Trump se ha implementado el 53% de las propuestas del Proyecto 2025. 

¿Qué puedes hacer si tu renovación de DACA se retrasa?

En la página de NILC, se comparten estas recomendaciones si tu caso se retrasa:

• Chequea el estado de tu caso en egov.uscis.gov/es y guarda copias de cualquier actualización.

• Contacta a tu representante en el Congreso y pídele que indague sobre tu caso en USCIS. Para contactarlo, entra a la página del congresista y busca en la sección “Services” el enlace para solicitar ayuda con una agencia federal. Luego, completa los formularios necesarios. En caso de no recibir respuesta, puedes llamar a su oficina en Washington D.C. y preguntar por el estado de tu solicitud.

• Mantén registros de todo (como notificaciones y plazos, así como la forma en que el retraso te está afectando).

• Infórmate sobre las opciones que tienes a disposición y que puedes consultar con tu empleador si tu DACA y permiso de trabajo están por vencer. Puedes leer este artículo de preguntas y respuestas sobre tus derechos laborales de NILC, que incluye la opción de “una licencia sin goce de sueldo hasta que usted pueda demostrar nuevamente que está autorizado para trabajar”.

Otros consejos de NILC:

• Envía una consulta por “fuera del plazo de tramitación normal” a USCIS si tu renovación de DACA ha estado pendiente por un periodo superior al tiempo normal de procesamiento. Puedes hacerlo contactando al 1-800-375-5283 o enviando una consulta online usando este formulario de USCIS.

• Contacta a la Oficina del Ombudsman (defensor del pueblo) de USCIS después de haber revisado el estado de tu caso online y de haber consultado a USCIS por el retraso. 

• Puedes presentar un Formulario de Asistencia de Caso DHS-7001 en línea ante el Ombudsman de USCIS en https://cisomb.dhs.gov/oca/form7001.aspx. Para obtener asistencia adicional, comunícate por correo electrónico a cisombudsman@hq.dhs.gov.

• Contacta a un proveedor de servicios legales. Para saber cómo encontrar un abogado de migración legítimo, puedes leer este artículo de Factchequeado.

La abogada Kathleen Martinez, de Texas, aconseja solicitar el “procesamiento expedito de solicitudes” para la aplicación del permiso de trabajo (formulario I-765) a través de Emma, la asistente virtual de USCIS, el portal de USCIS o tu congresista. Esto se puede solicitar en caso de “pérdida financiera grave para una empresa o persona”, según USCIS.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Quién es Markwayne Mullin, el nuevo secretario del DHS que reemplazó a Noem y ha divulgado desinformaciones

ICE en los aeropuertos: cuál es su función y en dónde han sido desplegados

Qué sabemos de los fallos contra Meta y YouTube por diseños adictivos y explotación sexual que afectan a niños

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado determinó el 25 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California, que tanto Meta como Google, dueño de YouTube, fueron negligentes y son responsables de los daños causados a una joven que comenzó a usar sus plataformas desde que tenía 6 años. 

Un día antes, el 24 de marzo de 2026, en Nuevo México, otro jurado había concluyó que, a sabiendas de la salud mental de los niños, Meta ocultó lo que sabía sobre explotación sexual infantil en sus plataformas.

Ambos fallos contra las compañías tecnológicas marcan un precedente en el país sobre los daños que las redes sociales causan en la salud mental de los menores. Te explicamos.

El caso de Los Ángeles: scroll infinito, reproducción automática y notificaciones constantes en redes sociales

Un jurado condenó a Meta —propietaria de Instagram y Facebook (además de WhatsApp)— y a Google —propietaria de YouTube— por diseñar plataformas adictivas. El scroll infinito, la reproducción automática y las notificaciones constantes, según el fallo, son herramientas deliberadas para enganchar a los usuarios. Ambas empresas deberán pagar 6 millones de dólares en indemnización.

El jurado presidido por la jueza Carolyn B. Kuhl declaró que Meta y YouTube eran culpables de todos los cargos por provocar adicción en una joven y graves daños a su salud mental con el uso de redes sociales. 

La víctima, 20 años e identificada bajo las iniciales K.G.M., dijo en el juicio que comenzó a usar redes sociales a los 6 años y que estas le causaron ansiedad, depresión y dismorfia corporal, que es un problema de salud mental, en el que las personas se preocupan tanto por su apariencia o alguna parte de su cuerpo que les impide llevar una vida normal. 

K.G.M acusó a las empresas de crear productos con diseños cuidadosamente calculados para maximizar el tiempo que los menores pasan en sus plataformas, tan adictivos como el tabaco.

En la demanda también estaban ByteDance, propietaria de TikTok, y Snapchat, pero llegaron a un acuerdo antes del juicio. Joseph VanZandt, uno de los abogados principales de la parte demandante, aclaró que TikTok sigue siendo demandada en otros casos de lesiones personales. 

Según los documentos judiciales, se alega que los videos en formato corto (como los reels de Instagram o de TikTok) explota especialmente la capacidad de atención en desarrollo de los adolescentes.

La clave del caso es el diseño, no el contenido

Las grandes tecnológicas se han protegido de demandas con dos escudos legales: la Primera Enmienda —que garantiza la libertad de expresión y blinda a las plataformas de ser responsables por lo que sus usuarios publican— y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una norma de 1996 que directamente exime a las empresas tecnológicas de cualquier responsabilidad por el contenido de sus plataformas.

Pero los abogados en este juicio centraron sus argumentos en cómo están construidas las plataformas, no en lo que se publica. Se concentraron en las formas y la infraestructura y no en el fondo o contenido. “¿Cómo logras que un niño nunca suelte el teléfono? A eso se le llama ingeniería de la adicción. Lo ingeniaron ellos, pusieron estas funciones en los teléfonos”, argumentó Mark Lanier, abogado principal de la demandante, en su alegatofinal. “Son caballos de Troya: parecen maravillosos y geniales… pero los invitas a entrar y se apoderan de todo”.

Meta y Google deberán pagar 3 millones de dólares en daños compensatorios; además de otros 3 millones por daños punitivos. El jurado concluyó que las empresas actuaron con “malicia”, “conducta abusiva” y “fraude”. Meta deberá pagar el 70% y YouTube (Google) el 30%. 

Ambas empresas dijeron a ABC News que apelarán el fallo.

Anna Lembke, psiquiatra, directora médica del programa de medicina de adicciones de la Universidad de Stanford y autora del libro “Dopamine Nation”, testificó durante el juicio que lo que hace tan adictivas a las plataformas es el “acceso 24/7, efectivamente ilimitado y sin fricciones” que ofrecen a los usuarios. Lembke define la adicción como “el uso compulsivo continuo de una sustancia o comportamiento a pesar del daño a uno mismo o a otros”. 

Durante el juicio, la madre de K.G.M. declaró que se dio cuenta de los peligros de las redes sociales por medio de un reportaje televisivo, cuando su hija ya llevaba tiempo usando las aplicaciones. “De haberlo sabido antes, nunca le habría dado un teléfono”, declaró. “Las cosas serían diferentes”. 

El caso de Nuevo México: Meta ocultó lo que sabía de explotación sexual infantil

En un caso paralelo tramitado en Nuevo México, un jurado ordenó el 24 de marzo de 2026 que Meta pague 375 millones de dólares tras determinar que la empresa ocultó lo que sabía sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas.

El juicio, que duró casi 7 semanas en un juzgado de Santa Fe, enfrentó al fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, contra Meta.

El caso nació de una operación encubierta en 2023: agentes crearon un perfil falso de una niña de 13 años en las plataformas de Meta; el perfil fue inundado con imágenes y solicitudes de abusadores sexuales, y tres personas fueron arrestadas como resultado directo de la operación, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Nuevo México.

Uno de los arrestados, Fernando Clyde, de 52 años, fue detenido en un motel en Gallup, Nuevo México, adonde llegó creyendo que encontraría a una niña de 12 años, pero en realidad se trataba de un agente encubierto del Departamento de Justicia del estado.

El jurado consideró probado que Meta disponía de información interna sobre los riesgos de explotación sexual infantil y su impacto en la seguridad y salud de los menores, pero no adoptó medidas suficientes ni informó de forma transparente a los usuarios. 

Los fiscales argumentaron que Meta priorizó de manera sistemática los beneficios económicos sobre la seguridad de los menores. 

El jurado coincidió en que Meta hizo declaraciones falsas o engañosas sobre la seguridad de sus plataformas y que llevó a cabo prácticas comerciales desmesuradas. 

La compañía anunció que apelará el fallo.

La demanda final del Departamento de Justicia de Nuevo México (NMDOJ) contra Meta se verá en un juicio sin jurado que está programado para comenzar el 4 de mayo de 2026. Durante el juicio, el NMDOJ argumentará su caso de perjuicio público y solicitará una medida cautelar que obligue a Meta a pagar daños adicionales y realizar cambios específicos en sus plataformas y operaciones, lo que incluye la implementación de una verificación de edad efectiva, la eliminación de depredadores de la plataforma y la protección de menores contra comunicaciones encriptadas que protegen a los actores malintencionados.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873-6087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Leer también: 

Tras nuestra investigación, al menos 20 grupos en Facebook que promovían retos sexuales ya no existen públicamente

Van a Facebook para celebrar a sus músicos favoritos y depredadores los acechan…

En Estados Unidos, las búsquedas sobre “Semana Santa” con frases como “Semana Santa 2026” o "cuándo es Semana Santa 2026” han ido en aumento desde febrero, según Google Trends. Fuera de Estados Unidos, destaca el incremento de la búsqueda “por qué no se come carne en Semana Santa” (un acto visto como penitencia y sacrificio los viernes de la Cuaresma y en Viernes Santo) en países como Colombia, España, Panamá, Guatemala y México.

Por eso, en Factchequeado investigamos en fuentes oficiales para responder las preguntas sobre esta celebración cristiana. 

Durante la Semana Santa, se conmemoran los últimos días de la vida de Cristo, a partir de su entrada a Jerusalén, explica la página oficial del Vaticano. En la doctrina cristiana, Cristo (también Jesús o Jesucristo) es el “hijo de Dios hecho hombre”.

Cuándo se celebra la Semana Santa 2026 

La Semana Santa 2026 se celebra entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Tal como indican los sitios oficiales del Vaticano (aquí y aquí), la Agencia Católica de Informaciones, inició el domingo 29 de marzo de 2026 con la celebración del Domingo de Ramos y termina el 5 de abril con el Domingo de Pascua, también llamado Domingo de Resurrección, Pascua de Resurrección o, simplemente, Pascua. Esta será la primera bajo el pontificado del papa León XIV.

El Domingo de Ramos se celebra con la bendición de las hojas de palma que representan la entrada de Jesús a Jerusalén una semana antes de su crucificción y su resurrección al tercer día después de su muerte, según dice la Biblia. También se utilizan hojas de abeto, olivo o arce negundo, como sustitutos de las hojas de palma. El Domingo de Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo. 

Este es el calendario de Semana Santa 2026:

• 29 de marzo: Domingo de Ramos.

• 2 de abril: Jueves Santo. El papa León restablece la práctica del lavado de pies en la basílica de St. John Lateran, en Roma, Italia, que el papa Francisco, su predecesor, llevaba a cabo en cárceles o centros de refugiados de Roma, según Syracuse.com y el EWTN Global Catholic Network, la red de medios religiosos más grande del mundo. Durante la misa, el Obispo lava los pies de doce personas para simbolizar el lavamiento que Cristo hizo de sus 12 apóstoles, quienes se convirtieron en los primeros obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. También se conmemora la última cena.

• 3 de abril: Viernes Santo. Este día se conmemora la muerte de Jesús.

• 4 de abril: Sábado Santo. Es la víspera del Domingo de Pascua, cuando se conmemora el último día de la muerte de Cristo. 

• 5 de abril: Domingo de Pascuas o Domingo de Resurrección.

¿Por qué esta celebración cambia de fecha cada año?

La Iglesia Católica determina las fechas de la Semana Santa a partir del calendario lunar y del equinoccio de primavera (que es cuando el Sol se ubica directamente sobre el ecuador y ocurre el 20 o 21 de marzo de cada año). Específicamente, el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera, por lo que no es posible que esta fecha ocurra antes del 22 de marzo o después del 25 de abril, según la página oficial del Vaticano. 

La NASA estima que la luna llena después del equinoccio de primavera de 2026 será el 1 de abril, 4 días antes del Domingo de Pascua..

¿Vacaciones en Semana Santa 2026?

En Estados Unidos, la Semana Santa no figura como uno de los días festivos federales, según USA.gov, la Oficina de Administración de Personal o el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

Sin embargo, algunos estados, como Connecticut, Dakota del Norte, Delaware, Hawaii, Indiana, Kentucky, Louisiana, Nueva Jersey, Tennessee y Texas (opcional), sí consideran el Viernes Santo como un festivo estatal, según recoge Catholic News Agency. 

La Semana Santa no figura como día no laborable en el calendario de días festivos de México bajo la Ley Federal del Trabajo, mientras que en países como Argentina, Colombia y  España son considerados como festivos el Jueves y Viernes Santo. En Guatemala son días de descanso obligatorio el Jueves, Viernes y Sábado Santo. En Panamá es día festivo el Viernes Santo.

¿Se come carne durante la Semana Santa?

Según explica la Arquidiócesis de Saint Paul y Mineápolis, los católicos de 14 años o más deberían abstenerse  de comer carne en “días de penitencia” como “Miércoles de Ceniza”, “Viernes Santo” y los “Viernes de Cuaresma”. Los pescados y mariscos sí están permitidos para su consumo. 

La Cuaresma son cuarenta días de “oración, ayuno y limosna que comienza el Miércoles de Ceniza y termina al anochecer del Jueves Santo”. Este acto indica “nuestra intención de alejarnos del pecado y volver a Dios, y reparar nuestros pecados”. 

Se considera carne a la carne de mamíferos (carne de res o cerdo) y aves (pollo o pavo), aunque los productos no cárnicos derivados de estos animales, como la leche, el queso, la mantequilla, los huevos y las salsas elaboradas con grasas animales, no están prohibidos para el consumo durante estas fechas.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Cómo saber si tus medicamentos y suplementos son seguros para el consumo

Cómo monitorear información que provenga de grupos públicos de WhatsApp

Factchequeado lanza Fact-DesafIA, un curso interactivo en WhatsApp para aprender sobre inteligencia artificial de forma simple y accesible

El presidente Donald Trump anunció el 5 de marzo de 2026 la remoción de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y nominó a Markwayne Mullin, senador republicano de Oklahoma, para que sea su reemplazo.

Mullin asumió el cargo el 24 de marzo de 2026 luego de que su nominación fuese aprobada en el Senado. *

Aquí te contamos quién es Mullin y qué desinformaciones ha divulgado en el pasado.

Markwayne Mullin lleva más de una década en el Congreso

La página oficial de la Cámara de Representantes indica que Mullin comenzó su carrera en la Cámara de Representantes, donde asumió el cargo como legislador el 3 de enero de 2013. El 8 de noviembre de 2022 fue electo senador, cargo que mantiene desde el 3 de enero de 2023.

Mullin, nacido en Tulsa, Oklahoma, en julio de 1977, destaca en su biografía oficial que, junto con su esposa Christie Mullin, tiene la empresa de plomería más grande de la zona. Mullin, además, es miembro de la Nación Cherokee –el gobierno reconocido a nivel federal del pueblo indígena cherokee– según la biografía oficial.

Mullin defiende la agenda migratoria de Trump

El senador ha respaldado la propuesta de que se hagan deportaciones masivas y amplifica la narrativa que califica la llegada de gran número de migrantes en la frontera como “invasión”.

Desinformaciones que divulgó en el pasado

1) Negacionismo electoral 

Cuando estaba en la Cámara de Representantes, Mullin afirmó en un medio local de Oklahoma, sin mostrar evidencias, que en las elecciones presidenciales de 2020 en las que ganó el demócrata Joe Biden había ocurrido un “fraude masivo”. Algo que ha quedado demostrado como falso, como te hemos contado en Factchequeado. La falsa teoría del fraude electoral fracasó en más de 60 Cortes, fue desmentida por el propio fiscal general de la administración Trump y por otras agencias de su administración. Además, quienes dirigieron su campaña testificaron que nunca encontraron evidencias de fraude. 

Además, Mullin participó en demandas que buscaban invalidar los resultados en Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin y, el 6 de enero de 2021, votó en contra de certificar la victoria de Biden.

El 15 de diciembre de 2020, Mullin repitió, en su cuenta X (antes Twitter), que había ocurrido fraude en las elecciones y se refirió a Biden como “ilegítimo”.

El 5 de enero de 2026 afirmó que el Congreso debía aprobar el SAVE America Act –que obligaría a toda persona a presentar un pasaporte o certificado de nacimiento para poder registrarse para votar– para proteger la integridad de las elecciones en contra de los “extranjeros ilegales y otros no ciudadanos”, a pesar de que los estados tienen mecanismos para evitar que no ciudadanos voten en elecciones federales y varios estudios han demostrado que la cantidad de votos fraudulentos en Estados Unidos es menor al 0.0001%.

2) Desinformación sobre beneficios federales para inmigrantes sin documentos

Mullin divulgó en septiembre de 2025 la narrativa de que los inmigrantes indocumentados reciben beneficios de salud de programas federales, a pesar de que, como te hemos explicado en Factchequeado, está prohibido por ley federal desde 1996.

El gobierno federal sí paga el llamado Medicaid de Emergencia, que reembolsa a los hospitales por la atención de emergencias médicas para personas que no tengan seguro y no tengan cómo pagar, incluyendo personas sin estatus migratorio, pero esto apenas representa el 0.4% del gasto total de Medicaid (según los datos más recientes, de 2023). Este programa comenzó en 1986 bajo el Emergency Medical Treatment and Labor Act, firmado por el presidente republicano Ronald Reagan. 

3) Desinformación sobre vacunas y autismo

Mullin, en diciembre de 2024 en NBC News, afirmó que había que “echar un vistazo” a las vacunas porque pudiesen ser causantes del autismo, a pesar de que no hay ninguna evidencia científica de ello. Las vacunas pueden tener algunos efectos secundarios que en la enorme mayoría de los casos son leves y poco duraderos, pero el autismo no se encuentra ni siquiera entre los más graves.

Críticas de senadores republicanos a Noem

Poco antes de ser removida, el 3 de marzo de 2026, Noem fue criticada por senadores republicanos durante una audiencia por cómo el DHS había destinado 220 millones de dólares en un subcontrato con una empresa de publicidad ligada al esposo de la exvocera del DHS, Tricia McLaughlin. Además, Noem dijo en su testimonio que Trump estaba al tanto que la agencia iba a destinar 220 millones de dólares en avisos publicitarios, pero Trump dijo posteriormente en una entrevista con Reuters que él “no sabía nada de eso”.

Trump dijo que Noem, a partir del 31 de marzo de 2026, será “Enviada Especial para el Escudo de las Américas (...) un nueva iniciativa de seguridad del hemisferio occidental”

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

* Esta nota fue actualizada el 30 de marzo de 2026 para reflejar que Mullin ya ha asumido el cargo de secretario del DHS

Cuando se habla a favor de la Ley SAVE America, los argumentos incluyen que la mayoría de estadounidense apoya incluir como requisito mostrar una identificación para votar, uno de los componentes del proyecto de ley que impulsa el presidente Donald Trump. La misma Casa Blanca lo dijo en un comunicado del 10 de febrero de 2026: “HECHO: La identificación del votante es extremadamente popular entre los estadounidenses”.

Esto es verdadero, según encuestas como la de Harvard CAPS/Harris, que releva un apoyo del 81%; o la de CBS News, que muestra un 80% de aprobación a la presentación de un ID para votar.

Sin embargo, la aceptación de la Ley SAVE America es menor, según las mismas encuestas: en la de Harvard CAPS/Harris, el proyecto de ley tiene un 71% de aprobación, mientras que en la de CBS News cuenta solo con un 28% a favor (aunque un 41% dijo no estar seguro).

Louis Bedford, asesor de políticas del Fondo de Defensa Legal (LDF), dijo a Factchequeado que es “muy lamentable que se asocie este proyecto de ley con una ley de identificación de votantes, porque dista mucho de ser una ley de identificación de votantes”.

La Ley SAVE America tiene varias disposiciones, incluida una que requiere una prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar (algo también popular entre encuestados). Entre los documentos válidos para cumplir con el requisito de ciudadanía, según este proyecto de ley, están el pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento, según el Centro de Políticas Bipartidistas.    

Una investigación del Brennan Center, aliado de Factchequeado, encontró que más del 9% de estadounidenses (21.3 millones) en edad para votar no tiene estas pruebas de ciudadanía a mano y otros 3.8 millones no las poseen en absoluto. 

Como te contamos en Factchequeado, las personas que cambiaron su nombre, como mujeres casadas que tomaron el apellido de su esposo, requerirán “documentación adicional según sea necesario, para demostrar que el nombre que figura en la documentación corresponde a un nombre anterior del solicitante” o “una declaración jurada firmada por el solicitante que certifique que el nombre que figura en la documentación corresponde a un nombre anterior del solicitante”, según dijo Factcheck.org, aliado de Factchequeado, Ceridwen Cherry, directora legal de VoteRiders, un grupo no partidista que ayuda a las personas a obtener una forma de identificación aceptable para que puedan votar.

Walter Olson, investigador senior del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, dijo FactCheck.org que el proyecto de ley no cumplía con la definición de “privar del derecho al voto” sino que haría “más difícil y más costoso” el registrarse y votar para muchas personas. Esto podría hacer que muchos ciudadanos elegibles “no completen el proceso requerido” para registrarse y votar, agregó.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Preguntas y respuestas sobre la Ley SAVE America

No, el voto por correo no es corrupto “a más no poder” ni Estados Unidos es el único país que lo permite

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), afirmó, sin presentar evidencias, en su cuenta de X que los medios de comunicación están “difundiendo engaños y distorsiones informativas [sobre Irán], también conocidas como noticias falsas” y que “van a perder sus licencias [de transmisión]” si no “enderezan el rumbo” antes de que llegue el momento de renovarlas. 

Carr difundió este mensaje el 14 de marzo de 2026 cuando reposteó un mensaje del presidente Donald Trump de ese mismo día, en el que acusó falsamente a los medios de comunicación estadounidenses de divulgar contenido generado con inteligencia artificial (IA) que favorece a Irán. Trump, en ese mensaje, dijo estar “entusiasmado” ante las acciones que tomaría Carr.

No es la primera vez que el presidente apoya la idea de revocar licencias de transmisión. En una búsqueda hecha por Factchequeado en su red social TruthSocial encontramos que, sólo en 2025, Trump expresó su respaldo a la revocación de licencias a medios al menos en 4 ocasiones: en abril, julio, agosto y octubre de ese año.

Los argumentos de Carr son contrarios a la Constitución, coinciden expertos

"La FCC no tiene ninguna autoridad para retirar una licencia de transmisión porque al presidente [de Estados Unidos] o al presidente de la comisión no les gusta la cobertura de una cadena. Eso violaría el principio más básico de la Primera Enmienda: que el gobierno no puede discriminar el discurso basándose en las ideas o los puntos de vista”, dijo a Factchequeado Aaron Terr, director de Defensa Pública para la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales (FIRE, por sus siglas en inglés).

Michael Sozan, exabogado de la FCC e investigador de la organización sin fines de lucro Center for American Progress, coincidió con Terr y añadió que la FCC “nunca ha revocado licencias porque al gobierno no le guste la cobertura de un medio”.

Por otro lado, Ken Paulson, director del Free Speech Center de la Middle Tennessee State University, nos refirió a un artículo que escribió sobre el tema y en el que indicó que “tratar de revocar la licencia de una estación porque no es suficientemente positiva sobre la guerra [en Irán] sería una violación a la Primera Enmienda”.

Los argumentos de Carr también son contrarios a lo establecido por la propia FCC

Carr, en su publicación en X, acusó a los medios de difundir engaños (hoaxes) y distorsiones de las noticias (news distortions). Ambos términos existen en las regulaciones de la FCC. Además dijo que “la ley es clara” y que aquellos medios que no “operen en el interés público” perderán sus licencias.

No obstante, la propia página de la FCC explica que para poder aplicar el principio de “distorsión de las noticias”, una estación “debe haber distorsionado un reporte de noticias deliberadamente” y que la agencia no puede tomar acción en caso de sesgos noticiosos, ni opiniones, ni errores. “La agencia tiene prohibido por ley censurar o infringir los derechos de la Primera Enmienda de la prensa”, indica la FCC.

"La política de distorsión de noticias tiene un alcance extremadamente limitado. La FCC tendría que tener evidencia de fabricación intencional de eventos noticiosos”, dijo Terr.

Dato: la FCC sólo puede regular, con las limitaciones establecidas por la Primera Enmienda, estaciones de radio y televisión abiertas que operan en el espectro radioeléctrico. Su autoridad es mucho más limitada en cuanto a periódicos o medios impresos, televisión por cable, e internet, explicó a Factchequeado Kevin Goldberg, abogado experto en la Primera Enmienda y vicepresidente de la organización sin fines de lucro Freedom Forum.

Sozan, por otro lado, indicó que “reportar sobre lo que ocurre en la guerra con Irán, aunque al presidente de Estados Unidos o al presidente de la FCC no les guste, no es fabricación de noticias. Son hechos o puntos de vista que no les agradan. La ley no les permite llamar a eso distorsión o engaño y revocar licencias por ello”.

En el caso del “interés público”, la FCC explica en su página web que, de conformidad con la ley federal, “el interés público se sirve mejor permitiendo la libre expresión de opiniones”.

Sobre este punto, Sozan afirma que Carr “está intentando argumentar, por primera vez en la historia de la agencia, que el estándar de interés público le permite sancionar a los medios por sus puntos de vista”, algo que no sólo contradice la ley, la Constitución, y lo establecido por la propia FCC, sino lo que el mismo Carr afirmaba en 2019 –antes de presidir la agencia– cuando en su cuenta de X escribió: “¿Debe el gobierno censurar el discurso que no le gusta? Por supuesto que no. La FCC no tiene un mandato general e ilimitado para vigilar o controlar el discurso en nombre del ‘interés público’”.

El efecto intimidatorio

Paulson, en el escrito que nos envió, define las amenazas de Carr como “vacías”, recordando que “la razón por la que tenemos una prensa libre es porque la primera generación de estadounidenses insistió en contar con un fiscalizador del gobierno, que ayudara a mantener a los poderosos bajo control mediante el escrutinio y la información. Esto no admite mayor discusión y Carr lo sabe. No puede actuar conforme a sus amenazas”.

No obstante, Terr dijo a Factchequeado que “Carr no necesariamente tiene que llegar hasta revocar licencias para hacer daño. La amenaza sola puede ser suficiente para que algunos medios duden antes de transmitir algo que pueda provocarlo a él o al presidente” haciendo que “a los medios les parezca más fácil ceder que arriesgarse a una respuesta de la administración”.

Goldberg coincidió: “Siempre que eres una entidad regulada –como lo son las estaciones de radio y televisión abierta– y un funcionario del gobierno dice que podría quitarte la licencia para operar, es decir, amenaza tu propia existencia, eso genera un efecto inhibidor”. 

El experto destacó que las licencias que otorga la FCC no son a las grandes cadenas como ABC, NBC, FOX, o CBS, sino a estaciones locales que están afiliadas a estas empresas, por lo que toda sanción o intento de revocar licencias “ocurriría a nivel local”.

Libreto autoritario

Terr dijo que a todo líder autoritario “le encantaría poder controlar las noticias y el flujo de información hacia el público” para que “sólo reflejen la propaganda gubernamental y no contengan ninguna información o mensaje que contradiga la versión que quiere venderle a la ciudadanía”. Añadió que “precisamente por eso existe en este país la Primera Enmienda: para protegernos de ese peligro exacto y para permitir que el público y los medios discutan libremente asuntos de importancia pública sin interferencia del gobierno”. 

En Factchequeado encontramos ejemplos documentados de líderes autoritarios de otros países que han revocado licencias de medios de comunicación críticos e independientes. Por ejemplo:

• Venezuela: el entonces presidente Hugo Chávez revocó en 2007 la licencia de Radio Caracas de Televisión, televisora crítica a su régimen.

• Nicaragua: el dictador Daniel Ortega, en 2018, revocó la licencia televisiva del medio crítico 100% Noticias, conocido como Canal 15. *

• Rusia: en 2022, las autoridades rusas revocaron la licencia de difusión online e impresa del medio independiente Novaya Gazeta.

En esta página del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) puedes ver más ejemplos documentados de gobiernos autoritarios que han revocado las licencias de transmisión de medios independientes, como ahora amenazan hacer Carr y Trump.

* 100% Noticias es un medio aliado de Factchequeado

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también: 

La Primera Enmienda, Jimmy Kimmel y las declaraciones del presidente de la FCC: qué dicen los expertos

De qué trata la “regla de igualdad de tiempo” que generó la controversia entre Colbert, CBS y la FCC

Cuando Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, se presentaron ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York el 26 de marzo de 2026, ingresaron sin esposas, con los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly y sus intérpretes. Él vestía uniforme anaranjado y gris y ella, gris y azul marino. En las afueras de la corte, personas manifestaron con carteles a favor y en contra de Maduro.

Fue la segunda audiencia del caso ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la que se discutieron puntos como el pago de la defensa y si el caso podía ser desestimado. 

La acusación a Maduro y Flores incluye cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, además de cargos relacionados con armas. 

Factchequeado estuvo en la corte durante la comparecencia y te contamos qué pasó y qué se decidió.

Moción para solicitar acceso a fondos

La audiencia tenía como motivo discutir la moción (solicitud) que presentó Barrick Pollack –abogado privado de la defensa– el 26 de febrero de 2026, para “desestimar la acusación formal debido a la interferencia del Gobierno de Estados Unidos con sus derechos constitucionales bajo la Sexta Enmienda y el debido proceso". En la audiencia, el juez Hellerstein descartó la petición de desestimar el caso. 

En la audiencia también se disputaba el pago de los abogados de los acusados con fondos del gobierno venezolano, pero este punto, quedó sin decisión del juez. Específicamente, la moción señalaba que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) concedió una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro aceptar fondos provenientes del gobierno de Venezuela. 

"Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación alguna, la OFAC modificó posteriormente dicha licencia, de tal modo que ahora prohíbe la recepción de fondos para gastos de defensa provenientes del gobierno de Venezuela", señala el documento y añade que esto hace que “Maduro –quien carece de fondos propios para contratar a un abogado– está siendo privado de su derecho constitucional a contar con un abogado de su elección”.

Sobre este punto, el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba argumentó que la corte no puede obligar al Departamento del Tesoro a otorgar una licencia especial para los abogados de los acusados.

La Sexta Enmienda de la Constitución garantiza los derechos fundamentales de las personas acusadas en juicios penales. Entre otros, incluye el de un juicio rápido y público, un jurado imparcial, información disponible al acusado sobre la acusación, confrontación con los testigos y el derecho a un abogado. Si el acusado no puede costear un abogado privado, el gobierno estadounidense debe proporcionarle uno (defensa de oficio).

Durante la audiencia, luego de que el juez cuestionara el uso de recursos para costear la defensa provenientes de un gobierno externo –en este caso de Venezuela–, Pollak expresó que la solicitud de acceso a fondos “no se trata de la calidad de la defensa, se trata del derecho a escoger tu defensa cuando tienes el recurso para hacerlo”.  

Según la Corte Suprema, un acusado no tiene derecho a usar dinero que no le pertenece o que está restringido por la ley para pagar a su abogado. 

Foto: María Fernanda Alarcón

El argumento de la fiscalía se basa en que estos recursos no solo no se encuentran dentro de Estados Unidos, sino que “no hay evidencia de que estos fondos sean suficientes o específicos para el financiamiento del cuerpo legal de Maduro”. 

Si bien la Sexta Enmienda Constitucional protege a los acusados que forman parte de un proceso penal dentro del sistema estadounidense, no obliga al gobierno a facilitar transacciones internacionales, especialmente si:

• involucran sanciones

• afectan la seguridad nacional

• las transacciones no están identificadas específicamente para la defensa de los acusados

• o son transacciones previas al caso (por lo que no están vinculado al proceso). De acuerdo con lo dicho por la fiscalía durante la audiencia, estos fondos existen desde 2019 y los cargos se presentaron en 2020.

La fiscalía agregó que aunque es un caso único y sin precedentes, la Sexta Enmienda debe ser flexible (como lo ha sido en casos domésticos) y entender que esto “protege la habilidad del gobierno para priorizar la seguridad nacional”. 

Tras una hora de audiencia, el juez Hellerstain dictaminó que, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, necesitaba más tiempo para analizar la moción presentada sobre los fondos para el pago de los abogados de los acusados. Al momento del cierre de esta nota aún no hay fecha prevista para la próxima audiencia. 

Maduro enfrenta cargos por conspiración y narcoterrorismo

Como te contamos antes en Factchequeado, Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026 en Caracas y luego trasladados a Nueva York, donde ya enfrentaban cargos en una corte federal en Manhattan. Ese mismo día un Gran Jurado en Nueva York presentó una nueva acusación formal, que incluye cargos por narcoterrorismo, por conspiración para importar cocaína al país y por delitos con armas. 

Tanto él como Flores niegan las acusaciones y permanecen detenidos en una instalación carcelaria en Brooklyn.

Protestas fuera de la corte

Personas manifestando en proporciones parecidas a favor y en contra de Maduro se hicieron presentes afuera de la corte. Entre ellas se escuchaban consignas como “get Trump out”o “free free Maduro”, así como gritos de protesta diciendo “Maduro, asesino”. Sin embargo, a diferencia de la primera audiencia, estas manifestaciones se dieron de forma tranquila y se disolvieron luego de que la audiencia finalizara. 

Fotos: María Fernanda Alarcón

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Nicolás Maduro se presenta en corte en Nueva York, se declara inocente y denuncia ser un prisionero de guerra

Venta de pasaportes a narcos, drogas en aviones estatales y familiares implicados: ¿De qué se acusa a Maduro en 2026?

No, Trump no anunció que liberará a Maduro “antes de su ejecución”

Cuba enfrenta una creciente escasez de petróleo, un factor que agrava aún más la ya crítica situación económica y social de los  9.7 millones de habitantes de la isla. 

Aunque en los últimos meses la crisis energética se ha intensificado, especialistas independientes advierten que sus causas son estructurales.

En esta nota te explicamos qué está pasando y qué papel juega Estados Unidos en este escenario.

1. ¿Qué tan grave es la crisis eléctrica?

Imagina vivir 30 horas seguidas sin luz. Luego dos horas con electricidad. Y luego otras veintitantas sin nada. Justo esto es lo que están viviendo los habitantes en la isla, según reportes ciudadanos documentados por elTOQUE, medio aliado de Factchequeado. Con el calor en Cuba (por estas fechas las temperaturas rondan los 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius), la energía se necesita para mantener refrigerada la comida y que no se eche a perder, para los ventiladores; y también es indispensable para recargar los teléfonos, acceder a internet, comunicarse con los seres queridos en el país o fuera de este, y mantenerse informados en medio de la oscuridad. 

En los últimos 18 meses, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba ha colapsado por completo: por lo menos 7 veces, con el país entero desconectado de punta a punta. Solo en marzo de 2026, se han registrado 2 colapsos totales, la isla entera se queda sin electricidad. El último ocurrió el 21 de marzo. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, reconoció públicamente que la isla lleva meses sin recibir combustible. 

El país produce una parte muy pequeña de su propia energía; tiene algunos paneles solares y un par de generadores eólicos, pero no alcanza, según documentamos.  

2. ¿Por qué no hay petróleo? 

Venezuela fue el principal proveedor de crudo para Cuba durante años, a cambio de médicos, asesores de inteligencia y apoyo político. Eso terminó de golpe. El 3 de enero de 2026, el gobierno de Donald Trump ejecutó una operación militar para derrocar a Nicolás Maduro, y lo capturó y trasladó a una prisión en Nueva York. Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo.

Tras esta operación —en la que murieron al menos 32 militares cubanos que eran parte de la seguridad de Maduro—, la administración Trump anunció el corte del suministro de petróleo venezolano. Estados Unidos había presionado a Cuba desde el año pasado, cuando Trump emitió una orden ejecutiva para oficializar un “bloqueo petrolero” a la isla, con la amenaza de imponer más aranceles a los países que le vendieran combustible, pero la medida fue revertida. 

Aunque esa orden no surtió efecto, ningún buque petrolero se atrevió a llegar a la isla ante el riesgo de sanciones, dijo el abogado y analista Eloy Viera en su programa Ahora Qué de elTOQUE, medio aliado de Factchequeado.

México, otro de los grandes proveedores en 2024 y 2025, suspendió temporalmente los envíos de crudo a Cuba en enero de 2026 tras las advertencias de Trump. Lo confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, en una de sus habituales conferencias matutinas. Su  gobierno dice que está analizando opciones; por ahora solo ha enviado ayuda humanitaria. “Si México no puede exportar, Cuba tiene un problema enorme”, advirtió Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético de México y Estados Unidos.

El gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, por su parte, envió combustible a Cuba el 29 de enero de 2026 y, un mes más tarde, intentó mandar el buque Ocean Mariner, pero la Guardia Nacional de EE. UU. lo interceptó en el Caribe.

Rusia también intentó romper el cerco. En las últimas semanas, dos buques cargados de petróleo ruso se dirigían al puerto cubano de Matanzas, pero el Departamento del Tesoro les cerró el paso: la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó una licencia que, aunque autorizaba de forma temporal la venta de petróleo ruso para aliviar la presión en los mercados globales por la guerra en Irán, dejó a Cuba explícitamente fuera.

Según la información oficial de Cuba, ese suministro no ha llegado; según el ministro de Energía ruso, Sergei Tsivilev, en una declaración del 25 de marzo de 2026, el Kremlin está suministrando combustible en concepto de ayuda humanitaria. 

El Miami Herald informó el mismo 25 de marzo de 2026 que el petrolero ruso, Anatoly Kolodkin (con 730,000 barriles de crudo), se estaba aproximando a Cuba. Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Austin, Texas, dijo al Herald que el Kolodkin hasta ahora no ha cambiado el rumbo ni la velocidad hacia la isla, y calcula que podría llegar en 6 días, lo que perfila como una prueba de la política de Estados Unidos hacia Cuba. 

El otro buque ruso se llama Sea Horse (con 190,000 barriles de diésel) y ha pasado semanas a la deriva con bandera de Hong Kong. Según Reuters, se habría desviado a Trinidad y Tobago.

Si el chavismo dejaba de enviar petróleo a Cuba sería una “sentencia de muerte” para el régimen del Partido Comunista, dijo Piñón. 

El gobierno de Trump ha intervenido petroleros incluso fuera de la región, como ocurrió el 24 de febrero de 2026 con el buque Bertha en el océano Índico, acusado de intentar evadir restricciones sobre cargamentos vinculados a crudo venezolano.

Estas acciones muestran que no existe un “bloqueo naval” formal, una figura asociada a un estado de guerra. Washington presiona por medio de vigilancia marítima (que ha impedido la entrada de varios petroleros), sanciones financieras (como los aranceles, aunque con la orden ejecutiva del 20 de febrero de 2026 fueron eliminados) y medidas legales (como las sanciones) para controlar el flujo de petróleo. 

El 25 de febrero de 2026, Estados Unidos anunció que permitirá la reventa de crudo venezolano al sector privado cubano con licencias específicas para fines comerciales o humanitarios; pero excluye a entidades militares, de inteligencia o del Estado cubano.

Según Reuters, el sector privado en Cuba ha recibido desde Estados Unidos casi 30,000 barriles de combustible (unos 4.8 millones de litros) en 2026. La mayor parte del suministro está llegando al puerto de Mariel, en La Habana.

3. ¿Qué quiere Trump de Cuba? 

Trump ha hablado sobre Cuba y un posible cambio del régimen autoritario del Partido Comunismo, impuesto hace más de seis décadas, con actualmente, al menos, 1,213 presos políticos en cárceles cubanas, según subregistros de organizaciones de derechos humanos.

“Lo que está pasando con Cuba es asombroso. Y creemos que primero debemos acabar con Irán”, dijo Trump el 5 de marzo de 2026. “Pero eso será solo cuestión de tiempo”. Días después en una entrevista en la Casa Blanca, el presidente estadounidense declaró: “Tendré el honor de tomar Cuba, un Estado fallido”. “Creo que podré hacer con ella lo que quiera, a decir verdad. Son una nación muy debilitada”.

Durante su segundo mandado, Trump volvió a designar a Cuba como patrocinador del terrorismo y está presionando con el suministro de petróleo, como te contamos. 

Washington pide la excarcelación de presos políticos, apertura del sector energético y cambios de liderazgo político, según las diferentes declaraciones públicas emitidas desde la Casa Blanca, el presidente Trump, o el secretario de Estado, el cubanoestadounidense, Marcos Rubio. 

Rubio argumenta que el modelo económico socialista de la isla es insostenible y que “Cuba tiene que cambiar”, aunque no de un día para otro, y que están viendo “cómo se desarrolla ese proceso, por ejemplo, en Venezuela”. 

4. ¿Hay conversaciones entre Estados Unidos y Cuba?

Sí. Axios reveló en febrero de 2026 que existían contactos discretos fuera de los canales diplomáticos habituales. 

Según la publicación de Axios, el interlocutor clave no es el presidente Díaz-Canel, sino Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto y exguardespaldas del expresidente Raúl Castro, sin ningún cargo oficial. Las conversaciones, lideradas por el secretario de Estado, Marco Rubio, se presentaron como “discusiones sobre el futuro de Cuba”, no como una negociación formal.

Díaz-Canel reconoció esas conversaciones a inicios de marzo de 2026 y aseguró que las “discusiones” están dirigidas por él mismo y por Raúl Castro. Algo que de manera independiente no ha podido confirmar ni elTOQUE ni Factchequeado.

Cuba ha liberado a un grupo de presos políticos —con mediación del Vaticano— y ha anunciado medidas económicas que permiten, de forma limitada, inversiones de cubanos en el exterior. 

Al mismo tiempo, el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, dijo el 22 de marzo de 2026 que las Fuerzas Armadas están “listas para movilizarse” ante una posible agresión militar de Estados Unidos.

5. ¿Qué está pasando en la calle?

Desde inicios de marzo de 2026 se registran protestas continuas en distintas partes de Cuba, hay más de 40 personas detenidas recientemente, además de los más de mil presos políticos, según subregistros de organizaciones independientes. En Morón, un pueblo de la provincia de Ciego de Ávila, una multitud irrumpió en la noche del 14 de marzo de 2026 en la sede local del Partido Comunista, sacó cosas y le prendió fuego. A un joven le dispararon en un pie. 

Algunas personas en la isla tienen baterías portátiles (power banks) para mantener el ventilador funcionando durante el apagón. La gente que puede y tiene familiares en el extranjero recibe remesas, pero con tanta escasez de productos básicos —comida, artículos básicos de higiene, medicinas, entre otros— a veces no hay mucho que comprar con el dinero.

6. El factor migración

La isla ha vivido en los últimos años el mayor éxodo migratorio de su historia contemporánea: más de 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos entre finales de 2021 y 2024. Muchas personas han usado rutas irregulares cada vez más riesgosas a través de Centroamérica y el Caribe. 

En esta administración Trump ha deportado a 1,901 cubanos, y si se suman los datos de su primer periodo presidencial (2017-2021), el total asciende a 5,286 deportados cubanos. La cifra general es mucho mayor que la registrada bajo Joe Biden (978), Brack Obama (341) y George Bush (416), según datos recogidos en informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, citados por elTOQUE en este explicador. 

El tema migratorio ha sido uno de los puntos más sensibles y constantes en la relación bilateral entre los dos países históricamente. Este año, por ejemplo, las autoridades cubanas aceptaron el regreso de personas convictas por delitos graves en Estados Unidos. 

El régimen cubano también comenzó a recibir algunos vuelos de sus ciudadanos con orden final de deportación en Estados Unidos: más de 42,000, de acuerdo con Fox News, quien cita datos exclusivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873-6087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Leer también: 

Militares cubanos en Venezuela: de la negación oficial al duelo nacional

¿Bloqueo, embargo o sanciones? Qué términos usar para hablar de las restricciones de EE.UU. contra Cuba

El 24 de marzo de 2026, los comisionados del Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR) aprobaron de manera unánime una regla que formaliza el proceso de verificación de ciudadanía estadounidense o estatus legal para solicitantes de nuevas licencias profesionales o de renovaciones. Entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y por el momento no se han dado a conocer detalles de qué sucederá con las licencias ya aprobadas que no cumplan con esos requisitos.

La nueva norma confirma lo que ya ocurría en los hechos.Desde el 26 de enero de 2026 ya se requería proporcionar documentación que establezca la presencia legal en Estados Unidos para “ciertos solicitantes de una licencia inicial o de la renovación de una licencia”, de acuerdo con la página del TDLR.

Caroline Espinosa, vocera del TDLR, dijo a Factchequeado que “desde el 26 de enero de 2026, se exige la presentación de documentación para determinadas solicitudes de licencia y renovaciones expedidas por el TDLR”. El TDLR propuso una norma “que formaliza el proceso de verificación cuando se selecciona a un solicitante para que presente la documentación” y la Comisión de Concesiones y Regulación la aprobó el 24 de marzo de 2026, agregó. 

De acuerdo con el medio The Dallas Express, el cambio se deriva de una dictamen jurídico (legal opinion)  emitido por el actual fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien ocupa ese cargo desde 2015 y es candidato a las primarias republicanas de 2026 para el Senado de los Estados Unidos. Esto dejó sin efecto un dictamen de 2001 del entonces fiscal general, John Cornyn, actual senador republicano por Texas y rival de Paxton en las primarias republicanas. El presidente Donald Trump no ha dado su respaldo a ninguno de los 2 candidatos pese a decir que lo haría  a inicios de marzo de 2026. Cornyn y Paxton tendrán una segunda vuelta el 26 de mayo de 2026 después de que ninguno obtuviera el 3 de marzo de 2026 más de la mitad de los votos requeridos para ser el candidato republicano al Senado por el estado.

Derek Burkhalter, asesor jurídico adjunto del TDLR, dijo durante la reunión de la comisión del departamento del 24 de marzo de 2026 que esta norma “no establece nuevos criterios de elegibilidad” sino que “está diseñada para garantizar que el departamento cumpla con la ley federal al emitir o renovar licencias profesionales y comerciales”. Burkhalter se refería “específicamente al título 8 capítulo 14 del Código de los Estados Unidos, que requiere que los beneficios se otorguen a aquellos que cumplan con los requisitos de ciudadanía o estatus migratorio”. “En resumen, que estén presentes legalmente”, agregó.

Cuántas licencias podrían verse afectadas

Actualmente existen 21,649 licencias profesionales u ocupacionales en Texas emitidas por TDLR (incluidas las licencias de cosmetología, barberos o electricistas) a personas que no tienen un número de Seguro Social (SSN) válido o que cuentan con un número de identificación personal del contribuyente (ITIN), según datos del TDLR proporcionados a Factchequeado por la oficina de la senadora demócrata Judith Zaffirini.

Gloria Leal, abogada y asesora general de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos  (LULAC), dijo a Factchequeado que el cambio “disminuye la seguridad” al “crear esta fuerza laboral que no está regulada que se mueve a la clandestinidad, dado que, estos individuos, de todos modos, terminarán encontrando empleo con alguien”. El impacto se verá en la pérdida de ingresos de los dueños de licencias y en los pequeños negocios, como salones de uñas, que dependen de trabajadores con licencias ocupacionales, agregó. 

El medio local Austin American-Statesman estima que son 18,000 las licencias ocupacionales (el 2% de todas las licencias) en Texas emitidas a personas que no cuentan con un SSN.

Cómo se llevó a cabo este cambio

La regla propuesta se publicó el 23 de enero de 2026 en el Registro de Texas y se llevó a cabo un período de comentarios de 30 días que se cerró el 23 de febrero de 2026, de acuerdo con el  testimonio de Burkhalter del 24 de marzo de 2026. También se llevó a cabo una audiencia pública el 5 de marzo de 2026.

De acuerdo a TDLR, el requisito para proporcionar documentación que pruebe la presencia legal en Estados Unidos para obtener una licencia profesional nueva o renovarla está en efecto desde el 26 de enero de 2026.

Aprobación de la medida pese la oposición

La aprobación de la regla se dio tras comentarios de personas que explicaron cómo pueden verse afectados o que conocen a posibles afectados por la implementación de los requisitos de estatus legal para las licencias. Entre ellas se encontraba la empresaria Valeria Loza, quien se describió como una de las dueñas de DFW Skin Institute en Dallas, Texas. “Hoy estoy aquí como educadora, empresaria, pero sobre todo como alguien que trabaja directamente con personas que quieren salir adelante”, dijo Loza. “Negar el acceso a una licencia no elimina la necesidad de trabajar de las personas, solo elimina la posibilidad de hacerlo de manera legal”. 

De acuerdo con un reporte del Institute for Justice, que se describe como un bufete de abogados sin fines de lucro y de interés público, 1 de cada 5 trabajadores debe obtener una licencia ocupacional para hacer su trabajo de manera legal en Texas. Obtener las licencias promedio para trabajos de ingresos bajos o moderados en el estado toma 329 días de educación y experiencia e incluye clases que pueden resultar costosas. Por ejemplo, la licencia de cosmetología puede tomar al menos 1,000 horas de clases y costar un promedio de 15,274 dólares. No obstante, la mitad de los cosmetólogos hacen menos de 22,240 dólares al año, según el reporte.

De acuerdo a Burkhalter, hubo 450 comentarios durante las audiencias del 5 y 24 de marzo de 2026. En total, 422 personas que comentaron estaban “opuestos a las reglas propuestas y expresaron preocupación porque las reglas podrían crear cargas administrativas innecesarias, reducir la participación de la fuerza laboral en ocupaciones autorizadas, afectar negativamente a los estudiantes y los programas de capacitación y crear barreras potenciales al empleo y las operaciones de pequeñas empresas”, agregó. Sin embargo, el TDLR “ha examinado detenidamente estas inquietudes y ha determinado que las normas propuestas no imponen cargas excesivas”, dijo Burkhalter antes de la aprobación de la regla.

Quiénes son elegibles para las licencias profesionales de TDLR

La página del TDLR indica que bajo la ley federal una persona “que NO sea ciudadana o nacional de los Estados Unidos no puede obtener una licencia profesional o comercial expedida por un estado”, a menos que sea un extranjero con documentos, específicamente: 

• “Un extranjero que reúna los requisitos (según se define en el artículo 1641 del título 8 del Código de los Estados Unidos)”. Esto incluye a extranjeros admitidos legalmente para la residencia permanente, a quienes se les concedió el asilo, refugiados o que recibieron la entrada a Estados Unidos bajo parole, según govinfo.gov.

• “Un extranjero no inmigrante en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (según se define en el artículo 1101(a)(15) del título 8 del Código de los Estados Unidos)”. Esto incluye a embajadores, ministros o funcionarios públicos, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

• “Un extranjero al que se le haya concedido un parole en Estados Unidos por un período inferior a un año, de conformidad con el artículo 1182(d)(5) del título 8 del Código de los Estados Unidos”. Incluye a aquellos a quienes el secretario de Seguridad Nacional les conceda un parole “y únicamente caso por caso, por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

En muchos supermercados latinos, así como en mercados de pulgas, es común encontrar productos, anunciados como suplementos o medicamentos, que prometen aliviar desde el dolor crónico hasta el sobrepeso, por medio de ingredientes naturales. 

Pero estos productos podrían no contar con autorización médica. De hecho, en algunas ocasiones pueden contener ingredientes ocultos dañinos para la salud.  

“Chupa Panza” de la compañía “Naturista Reyes (Suerte Y Salud LLC, Tia Mana LLC) es el producto más reciente (11 de marzo de 2026) en ser añadido a la lista de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de productos que contienen una sustancia que puede causar efectos negativos a la salud e, incluso, provocar la muerte.

Los 29 productos de la lista afirman contener raíz de tejocote o semilla de Brasil, que son altos en vitamina C y otros antioxidantes. Sin embargo, un análisis de la FDA encontró que en lugar del ingrediente promocionado, estos productos contienen adelfa amarilla (yellow oleander), una planta venenosa nativa de México y Centroamérica que contiene “una sustancia tóxica que suscita preocupación entre los funcionarios de salud pública”.

En Factchequeado, junto con nuestros aliados de El Tecolote, hemos advertido anteriormente sobre el supuesto suplemento natural Artri Ajo King, un producto muy popular entre la comunidad latina que contiene ingredientes ocultos que pueden ser peligrosos para la salud. En Estados Unidos se han documentado casos de personas hospitalizadas por complicaciones como úlceras sangrantes, insuficiencia suprarrenal, náuseas y vómitos, por su consumo. La misma FDA aconsejó no comprar ni usar este producto que supuestamente trata el dolor articular.

Cesar Barba, director médico asociado de Venice Family Clinic, dijo a través de llamada telefónica que es importante llevar “cualquier medicación” o suplemento “que esté tomando” a “su médico de atención primaria y conversar” sobre si es “es seguro [o] si deben seguir tomándolo”. 

“El mercado de estos productos inservibles y hasta dañinos se calcula en cientos de millones de pesos en México”, indicó Guillermo Cárdenas Guzmán, un periodista en temas de ciencia y salud, en un reportaje para una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Quienes los venden no hacen inventarios, no llevan registros pormenorizados ni garantizan su eficacia con evidencias científicas“.

Marcela Gaitán, directora general de relaciones externas para la Alianza Nacional para la Salud Hispana (The National Alliance for Hispanic Health), dijo a través de correo electrónico que muchas personas se automedican o consumen suplementos que no son seguros porque “quieren resolver sus problemas ellos mismos y a veces son engañados con avisos publicitarios o información que ven en el internet o las redes sociales”.

Manuel Garcia-Smester M.D., médico adjunto de Reumatología en Maimonides, dijo haber “visto casos de personas que han requerido atención médica debido al uso de suplementos” y que, por lo general, son proporcionados por “amigos y familia”. 

Consultamos con expertos y fuentes oficiales sobre cómo puedes asegurarte de que los suplementos y medicamentos son seguros para el consumo.

Suplementos vs. Medicamentos: cómo la FDA difiere sobre la regulación de ambos

La FDA, a través de su Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER), aprueba los medicamentos para que sean seguros y de alta calidad. El CDER realiza “una revisión independiente e imparcial para determinar que los beneficios para la salud de un fármaco superan sus riesgos conocidos” para que sea aprobada su comercialización. 

Este proceso no se realiza por el CDER directamente sino que “se llevan a cabo investigaciones limitadas en los ámbitos de la calidad, la seguridad y los estándares de eficacia de los medicamentos”. Antes de ser probado en seres humanos, la compañía farmacéutica o patrocinador “realiza ensayos en laboratorios y animales” para evaluar su seguridad en humanos. Luego se inician los ensayos en personas, antes de determinar si es seguro al tratar una enfermedad.

La aprobación para la comercialización de un suplemento dietético –que no es medicamento– es diferente.  Bajo la Ley de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos de 1994 (DSHEA) los fabricantes y distribuidores de suplementos e ingredientes dietéticos “son los responsables de evaluar la seguridad y el etiquetado de sus productos antes de su comercialización, a fin de garantizar que cumplan con todos los requisitos”. La FDA sólo puede tomar medidas contra un producto adulterado luego de que haya llegado al mercado y reciba suficientes reportes médicos al respecto.  

Es decir, “los fabricantes son responsables de la seguridad, mientras que la FDA supervisa los productos una vez que llegan al mercado”, dijo Garcia-Smester. “Esto también les permite (a los fabricantes) hacer afirmaciones que no son del todo ciertas” sobre el producto o sus efectos, agregó.

¿Cómo saber si un medicamento es apto para el consumo?

Para verificar si un medicamento es seguro, Gaitán, de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, presenta estos consejos: 

• Consulta con un proveedor de salud antes de tomar un medicamento, especialmente si estás tomando otros. El combinar los medicamentos y suplementos podrían tener efectos peligrosos e incluso potencialmente mortales, explica la FDA.

• Lee cuidadosamente la etiqueta de advertencias, la fecha de caducidad y las indicaciones de los medicamentos.

• Mantenlos en temperaturas de entre 59 a 86 grados Fahrenheit (15 a 30 grados centígrados), a menos que requieran refrigeración. Generalmente los medicamentos deben mantenerse en lugares frescos y secos.

• Desconfía de curas milagrosas o productos que prometen resultados rápidos o exagerados.

• Compra medicamentos únicamente en establecimientos de confianza, tales como farmacias autorizadas o centros de salud reconocidos, para garantizar la seguridad y calidad del producto.

• Evita comprarle medicamentos en comercios informales, vendedores ambulantes o negocios no autorizados.

• Revisa que los medicamentos estén sellados, sin daños y verifica que la fecha de vencimiento y el número de lote sean claramente visibles. 

• Verifica que esté aprobado por la FDA (aquí y aquí) o consulta con un farmacéutico que te pueda decir si está aprobado o si cuenta con registro sanitario.

• Para comprar en línea, verifica que se trate de un sitio seguro (confirmando que la dirección inicie con “https://”). Puedes visitar la página BeSafeRx de la FDA, que ofrece recursos y herramientas para comprar medicamentos con prescripción en internet.

Otros consejos para el manejo de medicamentos y medidas de seguridad, por el Johns Hopkins Medicine, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la FDA: 

• Sigue los horarios y dosis de medicación. Puedes colocar la rutina diaria de medicación en un calendario y pegarlo en un lugar que ves a menudo, como la puerta de un refrigerador o el gabinete de cocina.

• Revisa tus medicamentos anualmente. No guardes medicina que tu médico dijo que debes desechar. 

• Mantén las medicinas en un lugar seguro y fuera del alcance de los menores.

• Si no tienes un dispositivo para medir las dosis, solicita uno a tu farmacéutico.

En cuestión de medicinas importadas, Gaitán advirtió que esos productos pueden ser falsos, estar contaminados o contener dosis incorrectas. También subrayó que cada país tiene diferentes normas sanitarias y pueden diferir de las de EE. UU. Además, las etiquetas en un idioma que desconozcas puede llevar a cometer errores en dosis o uso.

¿Cómo saber si los suplementos dietéticos son aptos para el consumo?

Los suplementos dietéticos incluyen multivitaminas, aceite de pescado y pueden incluir minerales, hierbas u otros productos botánicos, aminoácidos, enzimas, entre otros ingredientes. Estos productos se distribuyen en tabletas, cápsulas, gomitas y polvos, así como en bebidas y barras energéticas, según explican la FDA y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos.

Algunos suplementos, como vitaminas y minerales, son recomendados por médicos para personas con deficiencias en vitaminas o minerales. Pero debido a la falta de regulaciones, Pieter Cohen, un profesor de Medicina en la Universidad de Harvard que estudia la seguridad de los suplementos en Boston, recomienda evitar cualquier tipo de suplemento o remedio que promete resultados milagrosos. Estos productos, indica, probablemente contengan ingredientes farmacéuticos potentes sin la autorización médica adecuada. 

La FDA recomienda hablar con un profesional de cuidado médico (como tu doctor, enfermero, dietista registrado o farmacéutico) sobre los beneficios y los riesgos antes de comprar o tomar un suplemento dietético. Algunos de estos productos contienen ingredientes activos que pueden ocasionar efectos potentes en el organismo o efectos secundarios, especialmente si se toman en grandes cantidades, en lugar de medicinas prescritas, o si se está tomando distintos suplementos, advierten los NIH.  

Otros pueden contener ingredientes ocultos que llegan a causar graves daños a la salud. La FDA advirtió sobre Chupa Panza, que se promociona como un producto natural para perder peso. Este producto puede causar efectos secundarios gastrointestinales y neurológicos que llegan a ser fatales, según la FDA, debido a la presencia de la adelfa amarilla entre sus ingredientes. 

También existen numerosos reportes de personas que consumieron Artri King que ahora padecen de condiciones como diabetes, síndrome de cushing, osteoporosis e insuficiencia renal a causa de los esteroides que contiene el producto, que se promociona como un remedio natural contra el dolor crónico. 

La NIH también explica que existen organizaciones independientes que ofrecen pruebas de calidad y añaden sellos de garantía de calidad en aquellos suplementos que superan dichas pruebas. Estos sellos garantizan que los productos han sido fabricados adecuadamente, contienen los ingredientes enumerados en la etiqueta y no presentan niveles nocivos de contaminantes. Entre las organizaciones que ofrecen estas pruebas de calidad se encuentran: 

• ConsumerLab.com

• NSF International

• U.S. Pharmacopeia (USP)

La División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York también incluye a Underwriters Laboratory entre las empresas que ofrecen ese sello de certificación. 

Productos que contengan el sello USP, confirma que contienen “los ingredientes indicados en la etiqueta en las cantidades mencionadas, carece de niveles nocivos de contaminantes y cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y se absorbe adecuadamente dentro del organismo”, dijo Gaitán.

La FDA estableció las Buenas Prácticas de Fabricación (GMPs) que las compañías deben seguir para asegurar la identidad, pureza, la potencia y la composición de los suplementos dietéticos. 

Sin embargo, estos sellos no garantizan que un producto es seguro o efectivo, indican los NIH.

Barba, director médico consultado, dijo que es escéptico sobre estas organizaciones independientes. Pese a que realizan “algún tipo de auditoría (…) lo cual puede resultar útil, no son tan rigurosas –diría yo– como las entidades que están estrictamente reguladas por algún tipo de supervisión gubernamental o mecanismos similares”. 

Para información científica precisa actualizada sobre suplementos dietéticos español puedes visitar la Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS) de los NIH haciendo clic aquí.  

Puedes notificar una experiencia adversa con un suplemento dietético  a tu proveedor de atención médica o a la FDA llamando al 800-FDA-1088 o completando un formulario haciendo clic aquí. 

¿Cómo saber si los suplementos producidos en México son seguros?

En México, país de origen de varios productos que señalados en alertas de la FDA –como Artri King y Chupa Panza–, es posible verificar qué medicamentos herbolarios, alopáticos, vitamínicos, así como remedios herbolarios, cuentan con un registro sanitario por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El portal de la Cofepris cuenta con una búsqueda de registros sanitarios, así como un listado de registros de medicamentos y suplementos. 

Además, la Cofepris cuenta con una lista de alertas sanitarias contra suplementos y productos con publicidad engañosa que representen un riesgo para la salud. 

La comisión recomienda al público “no adquirir, consumir ni recomendar remedios herbolarios o suplementos alimenticios que sean publicitados o promovidos con cualidades exageradas.” Si has consumido algún suplemento que contiene ingredientes ocultos dañinos para la salud, los médicos consultados y la FDA recomiendan acudir a un doctor que pueda ayudarte a parar el consumo de este producto de una manera segura. 

Aunque la Cofepris mantiene acciones de vigilancia para evitar productos que no cumplan con la legislación sanitaria vigente en México, el problema, indican varios médicos mexicanos, es que algunos de estos productos que no cuentan con la autorización adecuada son creados en laboratorios ocultos sin ubicación física identificable para así burlar regulaciones. 

Así lo indica Luis del Carpio Orantes, en una carta a la comunidad médica advirtiendo de los riesgos de Artri King. Aunque no cuenten con la autorización apropiada, dice, productos como Artri King son anunciados en internet y vendidos en línea, y a veces importados a otros países cercanos. También menciona que los grupos que crean estos productos pueden llegar a alterar las etiquetas o nombres de sus productos que antes habían recibido alertas sanitarias.  

Existen casos, además, en donde la Cofepris advierte de los daños de ciertos productos mucho tiempo antes de que la FDA emita sus propias alertas, por lo que los productos ya señalados por sus daños se continúan vendiendo en tiendas grandes en Estados Unidos, como Walmart y Amazon, por años antes de que la FDA le pida a estas tiendas que quiten sus productos. Por ejemplo, la Cofepris emitió una alerta sobre la comercialización de “Chupa Panza” en los mercados en el 2022, casi cuatro años antes de que la FDA emitiera su propia advertencia.   

Qué hacer si no tienes acceso a proveedor de servicios de salud o seguro médico

Las alternativas, de acuerdo a Gaitán, para quienes no tienen un proveedor de servicios de salud o seguro médico incluyen las clínicas comunitarias (free clinics) que ofrecen servicios de atención médica a bajo costo o gratis. Otros son los centros de salud federales calificados (Federally Qualified Health Centers o FQHCs), que ofrecen servicios ajustando los costos a los ingresos de la persona;farmacéuticos, que pueden orientar sobre programas de asistencia; y departamentos locales de salud pública, que dan información sobre vacunas, pruebas y otros servicios de salud.  

La Alianza Nacional para la Salud Hispana ofrece un servicio para conectar a latinos a proveedores de salud a través de su Línea Nacional de Salud para la Familia Hispana al 1-866-783-2645 de lunes a viernes de 9:00 am hasta 6:00 pm (hora del este). 

KFF Health News, aliados de Factchequeado, ofrece 5 consejos para que personas sin seguro encuentren atención médica accesible: 

1. No tengas miedo de hablar con tu médico sobre dinero, que no tienes seguro o que te preocupa no poder pagar la atención médica. “Algunos hospitales, médicos y otros proveedores ofrecen opciones más baratas si se paga en efectivo”, señaló Cynthia Cox, vicepresidenta sénior y directora del Programa sobre la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) a KFF Health News.

2. “Busca proveedores que trabajen específicamente con personas sin seguro”. Los FQHCs y “otras clínicas ofrecen atención médica básica y no urgente a personas de bajos ingresos y sin seguro”.

3. “Llama al departamento de salud de tu condado”. Muchos ofrecen varios servicios como “vacunas gratuitas, servicios de planificación familiar y pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual, gripe, covid y tuberculosis”.

4. “Es más fácil comparar precios de medicamentos que tarifas médicas”. Puedes encontrar medicina más barata al buscar las versiones genéricas o comprar en diferentes farmacias. Sitios “como GoodRx y WellRx, ofrecen herramientas para comparar precios y tienen información sobre otras formas de obtener descuentos en medicamentos”.

5. “Tu diagnóstico podría darte acceso a recursos especializados”. “Por ejemplo, alguien con cáncer de mama debería consultar a la Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer Society) y con la organización sin fines de lucro Susan G. Komen, recomendó Cox”.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Artri Ajo King: cuidado con el supuesto suplemento “natural” que pone en riesgo la salud de la comunidad latina

Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Promover la información confiable y luchar contra la desinformación en América Latina”, financiado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Factchequeado y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea*.

WhatsApp es una de las plataformas más usadas entre latinos en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, 56% de adultos hispanos la utiliza, la proporción más alta entre todos los grupos raciales y étnicos del país. Y el porcentaje es mayor entre quienes hablan español. Datos de Equis Research indican que alrededor de 12% de latinos en 12 estados la usan para informarse y obtener noticias.

A diferencia de X (antes Twitter) o Instagram, sus conversaciones ocurren en espacios que rara vez son analizados por los medios. En 2025, el Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA), organización aliada de Factchequeado, analizó 3,300 grupos públicos en español y encontró más de 18,400 mensajes sospechosos de facilitar estafas dirigidas a la comunidad hispana (parte 1, parte 2). También hacen seguimiento de los contenidos virales y desinformaciones que circulan en grupos públicos, lo que nos permitió en Factchequeado identificar las teorías de conspiración que circularon entre Estados Unidos y Latinoamérica en 2025  ¿Cómo DDIA hace este monitoreo? No es algo fácil ni necesariamente económico. Ahora te explicamos. 

Lo primero que hay que entender es qué es un grupo de WhatsApp público y en qué se diferencia de uno privado. 

Un grupo público de WhatsApp es aquel que tiene un enlace de invitación abierto, cuyos links comienzan con chat.whatsapp.com/…, en el que cualquier persona puede unirse sin que el administrador tenga que aprobarlo. Y en WhatsApp no hay un buscador oficial de grupos públicos, esos enlaces circulan generalmente en X (antes Twitter), Facebook, foros y sitios web.

Un grupo privado de WhatsApp, en cambio, es el que tienes con tu familia, colegas del trabajo o estudios y al que confías información personal, fotografías, videos, conversaciones y detalles que no compartirías en redes públicas. 

¿Qué hacer para encontrar grupos públicos de Whatsapp sin recurrir a una herramienta de pago?

Puedes recolectar los links por tu propia cuenta por medio de búsquedas en Google o en algún otro buscador. Combina palabras o criterios clave, como "chat.whatsapp.com" + palabras clave del tema que investigas. Por ejemplo: “hispanos”, “inmigrantes”, “comunidad latina”. 

Intenta con “grupos públicos de WhatsApp” + país + tema y revisa los resultados.

Nosotros encontramos un sitio web que ofrece un directorio de grupos de redes sociales con un buscador por palabras, que se llama igrupos.com y allí hallamos grupos muy diversos de WhatsApp. Desde ese sitio web accedimos a uno que se llama Latinos en Estados Unidos. Tiene más de 380 miembros y, en teoría, es para adquirir u ofrecer algún tipo de servicio. Según su administrador, está prohibido mandar porno y cuentas de OnlyFans. En cuanto a la página en línea que enlista estos grupos, señala que cuenta con más de 50,000 nombres y enlaces de grupos de WhatsApp activos hasta marzo de 2026.

Hay otra página en internet que se llama GruposWats.com y también ofrece otro directorio de grupos de WhatsApp con buscador. Aunque puedan estar organizados por país, la naturaleza de los grupos puede violar las políticas de las plataformas al incluir contenido de ligue, sexo o, incluso, pornografía. 

WhatsGroupLink.com es otra página web con un directorio de grupos públicos para unirse. Tiene un buscador en el que puedes escribir un tema de tu interés, pero es probable que allí no encuentres lo que necesitas. El sitio también tiene una lista de nombres de grupos y desde ahí puedes ingresar. Sin embargo, tienes que ir esquivando anuncios para poder acceder al buscador. Finalmente, probamos con ciertos temas y palabras clave, como “migración”, “política” y “latinos”, entre otros, pero no nos abrió ningún enlace al grupo. 

Prueba buscando con palabras clave si mencionan grupos de WhatsApp en Reddit, X (antes Twitter), en Facebook, Instagram y otras redes sociales. Es posible que algunos de estos sean mencionados por usuarios en posts públicos. 

Ejemplos de palabras clave para hacer estas búsquedas: 

• “grupo WhatsApp latinos en USA, hispanos en [estado/ciudad], latinos Houston, latinos, Los Angeles”. 

• “grupo WhatsApp noticias en español USA”

• “grupo WhatsApp elecciones Estados Unidos, grupo WhatsApp Trump latinos, Biden latinos”. 

Te pueden salir enlaces de campañas, organizaciones de defensa de migrantes, iglesias y grupos comunitarios que usan WhatsApp para coordinar o difundir información.

Prueba también en inglés aunque estés monitoreando en español o en otro idioma, muchos listados están en inglés.

Depende del proyecto en el que estés trabajando alguna de estas recomendaciones puede serte de utilidad. 

¿Qué herramientas de pago existen para encontrar grupos públicos de WhatsApp?

El caso de Palver 

Palver es una empresa de tecnología brasileña que ofrece monitoreo y análisis de contenidos en WhatsApp, una herramienta para organizaciones que investigan desinformación, estafas, narrativas políticas, etcétera. No es un servicio masivo ni una aplicación económica. 

DDIA utilizó la tecnología de Palver para analizar los 3,300 grupos públicos en español, y producir los informes que te mencionamos antes. 

Según la página de internet de Palver, su empresa tiene acceso a más de 75,000 grupos públicos de WhatsApp de diversos temas. En Brasil, la herramienta se convirtió en referencia para la cobertura electoral en 2022. Medios como O Globo y Folha de S.Paulo la usaron para documentar cómo circulaba la desinformación durante las elecciones de ese año. 

Sus clientes son organizaciones civiles, think tanks, campañas, medios, organismos electorales, no usuarios individuales.

Palver permite:

• Localizar grupos públicos con enlaces abiertos.

• Ingerir mensajes automáticamente.

• Filtrar por idioma, país/código telefónico, palabras clave.

• Clasificar patrones: estafas, spam, desinformación política, etcétera.

Tiene un sistema de alerta para temas concretos: por ejemplo, si aparece cierto tipo de estafa migratoria o una narrativa política nueva.

Algunas recomendaciones de seguridad

Ya sea que hagas una búsqueda manual de grupos de WhatsApp o accedas por medio de una herramienta de pago como Palver, toma en cuenta lo siguiente: 

• Usa un número de trabajo, no tu número personal, al entrar a grupos abiertos.

• Revisa antes el historial del grupo si es visible para detectar spam, contenido sexual o ilegal. Muchos grupos “abiertos” son para spam o pornografía. 

• Configura tu privacidad de perfil (foto, info, “visto por última vez”) para que no todo el grupo lo vea.

*Esta investigación forma parte de “Los Desinformantes”, una serie de investigaciones sobre diferentes actores que desinforman en la región que realiza LatamChequea, la red de chequeadores latinoamericanos.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

Leer también: 

Teorías de conspiración viajeras: la ideología, más que el idioma, es lo que impulsa la expansión de las mentiras

Tras nuestra investigación, al menos 20 grupos en Facebook que promovían retos sexuales ya no existen públicamente

Do you want to put together a speech to stop the trees in your neighborhood from being cut down but don’t know where to start? Are you afraid of getting a scam call and not being able to tell if it’s artificial intelligence or a real person? Did you receive an email in a language you don’t speak, and want to translate it and know how to respond? Artificial intelligence (AI) can help you. But you have to use it carefully.

Factchequeado presents Fact-DesafIA, a new interactive course on WhatsApp designed to help the Spanish-speaking community better understand how artificial intelligence (AI) works and how to use it to their advantage, in an informed and safe way.

Fact-DesafIA builds on the success of our first hit, Fact-Desafío, the interactive game Factchequeado created to help people learn to identify misleading information while navigating social media and the internet and better navigate the chaos of the digital information ecosystem. In this new edition, the focus is on AI, a technology increasingly present in everyday life and about which there is still little accessible information in Spanish.

The course requires no prior knowledge and is designed so that anyone—of any age—can take it. Through short, dynamic challenges sent via WhatsApp, participants learn in a clear and engaging way about various key aspects of AI use.

Fact-DesafIA has two levels: a basic level and an advanced level. Throughout these challenges, participants will learn what artificial intelligence is, how to identify images or videos created with AI, how to avoid scams, how to protect their privacy when using digital tools, what artificial intelligence applications exist, and how they handle user data. It also includes practical exercises to learn how to write effective prompts and make better use of these technologies to get the most out of them. Those who complete the second level will have the option to send us a video showcasing what they’ve learned in the course and enter a drawing for a $300 prize. We want to democratize the use of AI and help more Spanish speakers understand its benefits and risks.

“Today, artificial intelligence is increasingly present in everyday life, but many people still don’t have access to clear resources in Spanish to understand it. With Fact-DesafIA, we want to bridge that gap and offer a simple, practical, and accessible way to learn how to use these tools wisely and safely,” said Olivia Rivarola, Social Media & Product Manager at Factchequeado.

The goal is to help people understand and use artificial intelligence with greater confidence and discernment, in a context where these tools—lacking sufficient transparency—are becoming increasingly integrated into social media, the workplace, and everyday life.

“With this initiative, we aim to help bridge a significant gap in access to AI literacy resources in Spanish, offering content specifically designed for the Latino community and available where they are,” said Laura Zommer, Co-founder and CEO of Factchequeado.

The course is offered on WhatsApp, one of the digital platforms where the community already gets its news and chats daily.

Those interested can start the course by saving the number +1 (646) 873-6087 in their contacts and sending the word “factdesafia” via WhatsApp, or by clicking directly on the following link: http://factchequeado.com/factdesafia

Throughout March, April, and May 2026, Factchequeado, in partnership with media outlets and allied organizations, will host events in different states to conduct the course live and receive feedback from the community.

The initiative is part of a project that Factchequeado is developing with the support of the Patrick J. McGovern Foundation.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What is Fact-DesafIA?

It is a free, interactive course in Spanish, available on WhatsApp, designed to help the Spanish-speaking community better understand how artificial intelligence (AI) works and how to use it to their advantage, in an informed and safe way.

How does the course work?

• Save the number: +1 (646) 873-6087 in your phone contacts as “Factchequeado.”

• Once saved, open WhatsApp and type “hola.” When the options menu appears, select “Fact-desafIA.”

• Another option is to access it directly via this link: http://factchequeado.com/factdesafia

• You’ll receive a message asking if you want to play right now. If you choose that option, you’ll start receiving examples of images or documents that could be scams.

• There are eight challenges. You can complete them all on the same day or one per day, whichever you prefer.

Is there a cost?

No. Fact-DesafIA is 100% free and open to the entire community.

On which platforms can I take the course?

Fact-DesafIA is available on WhatsApp.

Do I have to share personal information to take the course?

No. Factchequeado will not ask you for any information, nor will it access your personal data when you complete the training.

Does Fact-DesafIA store my personal information?

No, Fact-DesafIA does not store personal information or share data with third parties.

Does Fact-DesafIA have any connection to U.S. government agencies?

No, Fact-DesafIA reviews the information available on government agency websites, but it has no connection to and does not share information with the U.S. government.

How long does it take to complete Fact-DesafIA?

About 10 minutes per level.

¿Quieres armar un discurso para que no talen los árboles de tu barrio y no sabes cómo empezar? ¿Tienes miedo de que te llamen por teléfono para estafarte y no identificar si es inteligencia artificial o si es real? ¿Recibiste un email en un idioma que no es el tuyo, y quieres traducirlo y saber cómo responder? La inteligencia artificial (IA) puede ayudarte. Pero hay que usarla con cuidado.

Factchequeado presenta Fact-DesafIA, un nuevo curso interactivo en WhatsApp diseñado para ayudar a la comunidad hispanohablante a entender mejor cómo funciona la inteligencia artificial (IA) y cómo usarla a su favor, de forma informada y segura. 

Fact-DesafIA continúa la línea de nuestro primer éxito Fact-Desafío, el juego interactivo que Factchequeado creó para ayudar a las personas a aprender a identificar información engañosa mientras navegan las redes sociales e Internet y navegar mejor el desorden del ecosistema informativo digital. En esta nueva edición, el enfoque está puesto en la IA, una tecnología cada vez más presente en la vida cotidiana y sobre la cual todavía existe poca información accesible en español.

El curso no necesita conocimientos previos y está diseñado para que cualquier persona -de cualquier edad- pueda hacerlo. A través de desafíos breves y dinámicos enviados por WhatsApp, los participantes aprenden de manera clara y amena sobre distintos aspectos clave del uso de la IAl.

Fact-DesafIA cuenta con dos niveles: uno básico y otro avanzado. A lo largo de estos desafíos, los participantes podrán aprender qué es la inteligencia artificial, cómo identificar imágenes o videos creados con IA, cómo evitar estafas o scams, cómo proteger su privacidad al usar herramientas digitales, qué aplicaciones de inteligencia artificial existen y cómo manejan los datos de los usuarios. También incluye ejercicios prácticos para aprender a escribir buenos prompts y utilizar mejor estas tecnologías para sacarle provecho. Quienes terminan el segundo nivel tendrán la opción de enviarnos un video con algo de lo aprendido en el curso, y participar por un premio de 300 USD. Queremos democratizar el uso de la IA y que más hispanohablantes conozcan sus beneficios y riesgos. 

“Hoy la inteligencia artificial está cada vez más presente en la vida cotidiana, pero muchas personas todavía no tienen acceso a recursos claros y en español para entenderla. Con Fact-DesafIA queremos cerrar ese vacío y ofrecer una forma simple, práctica y cercana de aprender a usar estas herramientas con criterio y seguridad”, señaló Olivia Rivarola, Social Media & Product Manager de Factchequeado.

El objetivo es que las personas puedan entender y usar la inteligencia artificial con mayor confianza y criterio, en un contexto en el que estas herramientas, sin suficiente transparencia, se integran cada vez más en las redes sociales, el trabajo y la vida cotidiana.

“Con esta iniciativa, buscamos contribuir a cerrar una brecha importante en el acceso a recursos de alfabetización sobre inteligencia artificial en español, ofreciendo contenidos diseñados específicamente para la comunidad latina y donde ella está”, precisó Laura Zommer, Cofundadora y CEO de Factchequeado

El curso se ofrece en WhatsApp, uno de los espacios digitales donde la comunidad ya se informa y conversa a diario.

Las personas interesadas pueden comenzar el curso guardando el número +1 (646) 873-6087 en sus contactos y enviando la palabra “factdesafia” por WhatsApp, o ingresando directamente en el siguiente enlace: https://factchequeado.com/factdesafia/

Durante marzo, abril y mayo de 2026, Factchequeado, en alianza con medios y organizaciones aliadas, organizará eventos en diferentes estados para hacer el curso en vivo y recibir feedback de la comunidad. 

La iniciativa forma parte de un proyecto que Factchequeado desarrolla con el apoyo de la Patrick J. McGovern Foundation.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el Fact-DesafIA?

Es un curso gratuito, interactivo y en español, disponible en WhatsApp, diseñado para ayudar a la comunidad hispanohablante a entender mejor cómo funciona la inteligencia artificial (IA) y cómo usarla a su favor, de forma informada y segura

¿Cómo funciona el curso?

• Agenda el número: +1 (646) 873-6087 en tus contactos del celular como “Factchequeado”

• Una vez agendado, ve a WhatsApp y escribe  “hola”. Cuando se despliegue el menú de opciones, selecciona “Fact-desafIA”.

• Otra opción es ingresar directamente desde este link: http://factchequeado.com/factdesafia 

• Recibirás un mensaje para confirmar si quieres jugar en ese momento. Si escoges esa opción, comenzarás a recibir ejemplos de imágenes o documentos que podrían ser estafas. 

• Son ocho desafíos. Puedes hacerlos todos el mismo día o uno por día, según prefieras. 

¿Tiene costo?

No. El Fact-DesafIA es 100% gratuito y abierto a toda la comunidad.

¿En qué plataformas puedo hacer el curso?

El Fact-DesafIA está disponible en WhatsApp.

¿Tengo que compartir datos personales para tomar el curso?

No. Factchequeado no te pedirá dato alguno, ni accederá a tus datos personales cuando realices la formación. 

¿Fact-DesafIA almacena mis datos personales?

No, Fact-DesafIA no almacena información personal ni comparte datos con terceros.

¿Fact-DesafIA tiene alguna relación con las agencias del gobierno estadounidense? 

No, Fact-DesafIA revisa la información disponible en las páginas web de las agencias del gobierno, pero no tiene ninguna relación ni comparte la información con el gobierno estadounidense. 

¿En cuánto tiempo se resuelve Fact-DesafIA? 

En aproximadamente 10 minutos por nivel. 

Por Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado 

Circula en redes un supuesto “comunicado especial” atribuido al gobierno de Cuba que afirma que ese país declaró un “estado de preparación total” ante la ausencia de suministros externos, junto con la activación de medidas extremas que afectarían servicios esenciales. Pero es falso. El propio Gobierno cubano lo ha desmentido y no se ha encontrado ningún anuncio oficial con ese contenido.

El Gobierno de Cuba no ha emitido este “comunicado especial” donde anuncia la activación de la “opción cero”, o el “estado de preparación total”, que paraliza servicios básicos, ante la ausencia de suministros externos. El Ministerio del Interior de la República de Cuba publicó en sus redes sociales que el supuesto comunicado que se comparte es “totalmente falso”. Además, no se encontró ningún comunicado al respecto en la web del Gobierno de Cuba. El Gobierno de La Habana también publicó en sus redes sociales sobre este supuesto comunicado que se trata de “fake news”. 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Por Patricia Ortiz, de Enlace Latino NC, medio aliado de Factchequeado

En noviembre, tras los operativos de la Patrulla Fronteriza (CBP) en Charlotte, Carolina del Norte, muchos vehículos quedaron estacionados en supermercados, complejos de apartamentos y en las calles. 

Meses después, muchas familias continúan haciéndose preguntas sobre el destino de estos carros: ¿Qué sucede con los vehículos de sus familiares que fueron dejados en estacionamientos o a un lado de la vía? ¿Interviene la policía local? ¿A dónde son llevados? ¿Cómo pueden recuperarse?

Para aclarar estas inquietudes, Enlace Latino NC conversó con el oficial Claudio Jiménez, enlace comunitario del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), y con el  representante de una compañía de grúas que trabajó recogiendo vehículos de manera gratuita durante el operativo del CBP en Carolina del Norte.

Vehículos dejados en propiedad privada y la vía pública

El destino de un vehículo depende en gran medida del lugar donde quedó estacionado.

En propiedad privada

Supermercados, centros comerciales y complejos de apartamentos son propiedad privada. En esos espacios:

“Nosotros solo tenemos jurisdicción en vía pública, no en propiedad privada”, explicó el oficial.

Si un vehículo queda en un estacionamiento privado por varios días, el dueño del lugar puede llamar a una grúa.

“Ellos tienen toda la autoridad por ser dueños de esa propiedad de llamar a una grúa y que se lleve el vehículo”, señaló el oficial Jiménez.

La policía sólo interviene si surge un conflicto. “Nuestra función es mantener la paz. No vamos a decirle a la grúa que devuelva el carro ni que se lo lleve. Es un asunto civil”, explicó. 

En la vía pública

Si el auto queda en la vía pública, el escenario cambia. Si una persona es arrestada durante una parada de tránsito, “podemos permitir que un familiar con licencia válida venga a recoger el vehículo. Eso queda a discreción del oficial dependiendo de las circunstancias”, dijo Jiménez.

“Pero si no es posible (…) nos aseguramos de que el carro quede apropiadamente estacionado, que no esté bloqueando el tránsito ni representando riesgo. Y puede quedarse ahí”, agregó. 

De acuerdo con el oficial, un vehículo legalmente estacionado, registrado y asegurado puede permanecer en la vía pública sin límite de tiempo, siempre que no viole normas de tránsito.

En Factchequeado verificamos que estos principios no sólo aplican en Carolina de Norte, sino en otras localidades como Minneapolis, Minnesota (donde las autoridades locales entregan el automóvil a un familiar sin costo adicional si fue remolcado a un estacionamiento de la ciudad), Texas (donde expertos recomiendan dar un poder notarial sobre el vehículo a un familiar o amigo para recuperarlo de manera más sencilla). 

La experiencia desde las grúas

Un representante de una compañía de remolque de Carolina del Norte que trabajó durante los operativos de noviembre, explicó a Enlace Latino NC que muchas veces las grúas fueron llamadas por propietarios de establecimientos, no por la policía local.

“En muchos casos, los carros quedaron en estacionamientos privados. Después de uno o dos días, los dueños del lugar nos llamaban porque el vehículo seguía allí y nadie lo reclamaba”, contó. 

También señaló que hubo situaciones en las que el vehículo quedó en la vía pública y fue necesario retirarlo por seguridad. “Si el carro estaba mal estacionado o bloqueando una entrada, ahí sí intervenía la policía y ordenaba el remolque”, indicó. 

¿Cómo recuperar un auto?

Si un vehículo fue remolcado, el primer paso recomendado por el oficial Jiménez es llamar al 311, la línea de servicios no urgentes de la ciudad. Si la ciudad donde vives no tiene el servicio de 311, puedes llamar directamente a la policía local.

“Con el número de placa o los datos del vehículo, pueden decirte si el auto fue remolcado por orden de la policía y a qué compañía fue llevado”. También recordó que existe la posibilidad de que el vehículo haya sido robado.

“Siempre es bueno comenzar por el 311 para descartar cualquier situación”, dijo. 

Si el vehículo quedó en propiedad privada, puede ser necesario contactar directamente al negocio o complejo de apartamentos.

Qué documentos presentar para recoger un vehículo

Una vez localizado el lote de grúas donde está el vehículo, la persona debe presentar generalmente lo siguiente: 

• Registro del vehículo

• Identificación oficial

• Pago de las tarifas correspondientes, en caso de que apliquen.

Notificación a las autoridades

Cuando un vehículo es remolcado, muchas compañías deben notificar a las autoridades locales antes de moverlo, especialmente si es en propiedad privada. Esto crea un registro para que el dueño pueda localizar el vehículo si no sabe dónde fue llevado.

Guía rápida de lo que se debe hacer

1. Llama al 311(la línea de no emergencias de la policía) o directamente a la policía local.

2. Averigua si fue en vía pública o propiedad privada

3. Contacta a la compañía de grúas que lo remolcó, si tienes la información, o ubícalo mediante plataformas como Find My Towed Car que permiten buscar vehículos remolcados en ciertas ciudades de Estados Unidos

4. Lleva registro del carro e identificación personal. En algunos casos, pueden solicitar prueba de seguro vigente. Si no eres dueño del carro, es posible que te pidan una autorización por escrito

5. Actúa rápido para evitar cargos adicionales

Si quieres leer detalles de lo que establecen las regulaciones de Carolina del Norte en temas de remolque y almacenamiento de vehículos, entra a esta nota de Enlace Latino NC.

Este artículo ha sido publicado en Factchequeado gracias a nuestra alianza con Enlace Latino NC. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Por Lori Robertson y D'Angelo Gore, de FactCheck.Org, medio aliado de Factchequeado

El 17 de marzo de 2026, el Senado inició el debate sobre la Ley SAVE America, un proyecto de ley de identificación y registro de votantes respaldado por los republicanos que fue aprobado por la Cámara de Representantes el mes pasado. Aquí FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado, responde varias preguntas sobre esta legislación, muchas de ellas formuladas por  lectores.

Las versiones anteriores del proyecto de ley, que entonces se llamaba Ley SAVE (SAVE Act, en inglés), no prosperaron en el Senado, donde la medida no logró obtener los 60 votos necesarios para superar la obstrucción parlamentaria y forzar una votación final. Es probable que eventualmente la nueva legislación corra la misma suerte, pero los dirigentes republicanos están llevando a cabo un debate de aproximadamente una semana para intentar conseguir apoyo.

David Becker, fundador y director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, una organización no partidista que colabora con funcionarios electorales de todo el país, dijo en una rueda de prensa el 18 de marzo de 2026 que era “extremadamente improbable, si no imposible, que esto se aprobara”. Predijo que “la semana que viene ya no estaremos hablando de esto”.

Pero esta semana, el Senado va a hablar de esto bastante. En el primer día del debate, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, calificó el proyecto de ley como “un conjunto de medidas de sentido común” que busca “garantizar que quienes están registrados para votar sean elegibles para votar, y que quienes se presentan a votar en los lugares de votación sean (…) quienes dicen ser”. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, lo calificó como “un proyecto de ley de supresión del voto, en todo sentido” con la capacidad de “privar del derecho al voto” a millones de ciudadanos estadounidenses.

La Ley SAVE America (o SAVE America Act, ley para Salvaguardar la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 11 de febrero de 2026. El proyecto de ley busca impedir que quienes no son ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones federales, algo que, según los expertos electorales, es poco frecuente (como te hemos explicado ya en Factchequeado). A diferencia de la Ley SAVE del año pasado, este proyecto de ley también exigiría que los votantes presenten una identificación con fotografía antes de emitir su voto, ya sea por correo o en persona. Además, los estados tendrían que utilizar un sistema del Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía de las personas inscritas en sus padrones electorales.

El presidente Donald Trump ha exigido que se añadan otras medidas a la legislación, incluida la abolición de la mayor parte del voto por correo.

A continuación, explicaremos con más detalle el proyecto de ley.

¿Los votantes registrados tendrían que volver a registrarse con la documentación adecuada para poder votar?

El proyecto de ley no exige que todos los votantes registrados se vuelvan a registrar. Sin embargo, si un votante necesitara volver a registrarse por otros motivos, como mudarse o cambiar de nombre, tendría que presentar documentación que acredite su ciudadanía. “Bajo cualquier método de registro de votantes en un estado, este no aceptará ni tramitará una solicitud para registrarse para votar en una elección para un cargo federal a menos que el solicitante presente prueba documental de ciudadanía estadounidense junto con la solicitud”, indica la legislación.

Ceridwen Cherry, directora legal de VoteRiders, un grupo no partidista que ayuda a las personas a obtener una forma de identificación aceptable para que puedan votar, dijo a Factcheck.org que “cualquier cambio en el registro requeriría documentos que demuestren la ciudadanía según la Ley SAVE America. La ley está redactada de forma lo suficientemente amplia como para abarcar todos los cambios en el registro”. 

La misión de VoteRiders es “eliminar las barreras de identificación para acceder a las urnas, de modo que cada votante elegible pueda emitir un voto que cuente”, y por ello, se opone a esta legislación.

Becker, quien afirmó que la legislación “drásticamente (…) alteraría el sistema de votación en cada uno de los estados”, con un costo de “decenas, quizás cientos de millones de dólares”, explicó que, según el proyecto de ley, los votantes tendrían que demostrar su ciudadanía “cada vez que realicen lo que llamamos una transacción de registro, que generalmente se deriva de un acontecimiento vital, una mudanza o un cambio de nombre”. (También comentó que, “tras conversar con funcionarios electorales de todo el país, aún no ha encontrado a ninguno que apoye esta medida, independientemente de su afiliación política. Esto les dificultaría enormemente su trabajo”, en momentos en que se están realizando primarias y a pocos meses de las elecciones generales de mitad de mandato).

La ley federal actual exige que quienes se registran para votar declaren bajo pena de perjurio que son ciudadanos. La Ley SAVE America exigiría que las personas presenten sus documentos de ciudadanía en persona a los funcionarios electorales, incluso si se registran por correo.

¿Qué documentos se aceptarían para demostrar la ciudadanía?

Para la mayoría de los estadounidenses que se registran para votar, probar su ciudadanía implicaría presentar únicamente un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento certificado junto con una licencia de conducir u otra identificación con fotografía emitida por el gobierno. La legislación establece los requisitos que debe cumplir el certificado de nacimiento, como incluir el nombre completo de al menos uno de los padres, la firma de un funcionario público autorizado y el sello del estado o del gobierno local/tribal que lo emitió.

El Centro de Políticas Bipartidistas señaló en una publicación del 16 de marzo de 2026 que no todos los certificados de nacimiento incluyen todos los criterios. Aproximadamente el 53% de la población estadounidense tiene un pasaporte estadounidense, según datos del Departamento de Estado.

Estos son otros tipos de documentos, además del pasaporte, que serían suficientes para probar la ciudadanía según el proyecto de ley: una licencia de conducir REAL ID que indique la ciudadanía (cinco estados tienen dichas licencias de conducir “mejoradas” que incluyen ciudadanía); una identificación militar y un registro de servicio que indique que la persona nació en EE. UU.; o una identificación con foto emitida por el gobierno que muestre un lugar de nacimiento en EE. UU. Si se presenta una identificación con foto emitida por el gobierno que no indique que la persona nació en EE. UU. o tiene la ciudadanía, el solicitante también necesitaría el certificado de nacimiento certificado o un registro de nacimiento del hospital, un decreto de adopción, un informe consular de nacimiento, un certificado de naturalización o una tarjeta de indígena americano con la clasificación “KIC”, que designa la ciudadanía estadounidense para los miembros nacidos en México de las tribus Kickapoo de Texas y Oklahoma. 

El Centro de Políticas Bipartidistas analizó la Encuesta sobre el Desempeño de las Elecciones Estadounidenses de 2024, realizada por el Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral del MIT, y descubrió que el 12% de los votantes registrados carecían de pasaporte o certificado de nacimiento junto con una identificación oficial con foto, las formas más comunes de demostrar la ciudadanía según este proyecto de ley. El análisis también reveló que “los votantes con mayores recursos económicos y mayor nivel educativo tienen más probabilidades de contar con documentación que los demás”. Asimismo, encontró que “los demócratas registrados tienen más probabilidades de tener un pasaporte válido que los republicanos registrados” y que “los republicanos tienen más probabilidades de tener un certificado de nacimiento que los demócratas”.

Según una encuesta realizada en 2023 por el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, aliado institucional de Factchequeado, y otros grupos, más del 9% de los estadounidenses en edad de votar, es decir, 21,3 millones de personas, no tenían acceso fácil a documentos de ciudadanía, lo que significa que no podrían “encontrarlos rápidamente” si tuvieran que “presentarlos mañana”. El porcentaje era del 11% en estadounidenses que no se identificaban como blancos.

En un resumen del proyecto de ley, el Servicio de Investigación del Congreso, un organismo no partidista, explica que si las personas carecen de documentos válidos, “el proyecto de ley exigiría a los estados establecer un proceso mediante el cual los solicitantes puedan presentar otra documentación y firmar una declaración jurada, bajo pena de perjurio, de que son ciudadanos estadounidenses y tienen derecho a votar en las elecciones federales”. Si la persona carece de documentación, el proyecto de ley también exigiría que el funcionario electoral firme una declaración jurada que certifique que el solicitante ha demostrado exitosamente su ciudadanía.

¿Qué ocurre con las mujeres casadas u otras personas que han cambiado de nombre?

Recibimos varias preguntas de lectores casados o divorciados que cambiaron sus nombres, sobre cómo pueden demostrar su ciudadanía y asegurarse de poder votar si este proyecto de ley se aprueba. En FactCheck,org  abordaron estas inquietudes el año pasado. El proyecto de ley incluye una disposición sobre discrepancias en los nombres, que exige a los estados establecer un proceso para dichos registros. (Cabe recalcar que los votantes ya registrados no tendrían que demostrar su ciudadanía según esta legislación, a menos que necesiten volver a registrarse).

Cherry, de VoteRiders, comentó que “si un votante ha cambiado de nombre, no podrá usar su certificado de nacimiento como única prueba de ciudadanía, ya que este documento no se actualiza si alguien cambia de nombre por matrimonio o divorcio. Tampoco podrá usar ninguno de los otros documentos mencionados (por ejemplo, el pasaporte) como única prueba de ciudadanía si el nombre que aparece en el documento no coincide con su nombre legal actual”.

El proyecto de ley exige que los estados establezcan un proceso para dar cabida a esta situación. “Los votantes podrán presentar ‘documentación adicional, según sea necesario, para demostrar que el nombre que figura en la documentación corresponde a un nombre anterior del solicitante’ o ‘una declaración jurada firmada por el solicitante que certifique que el nombre que figura en la documentación corresponde a un nombre anterior del solicitante’”, explicó Cherry. “El texto del proyecto de ley no especifica con exactitud en qué consistirá este proceso ni qué documentación adicional se aceptará. Además, deja abierta la posibilidad de que existan normas inconsistentes entre los estados”.

En general, el proyecto de ley exige que la Comisión Federal de Asistencia Electoral, un organismo independiente y bipartidista, emita directrices a los estados sobre la implementación de la legislación dentro de los 10 días posteriores a su promulgación.

Cuando en FactCheck.org escribieron sobre la Ley SAVE el año pasado, Wendy Weiser, vicepresidenta de democracia del Centro Brennan, expresó su preocupación por las sanciones penales que el proyecto de ley imponía a los funcionarios electorales. Dicha disposición se mantiene en la legislación de este año. Weiser comentó: “Cualquier proceso estatal se vería gravemente perjudicado por otra disposición del proyecto de ley que convierte en delito federal para los funcionarios electorales registrar a cualquier persona que no presente ‘prueba documental de ciudadanía’. ¿Cuántos funcionarios electorales estarían dispuestos a arriesgarse a la cárcel y a fuertes multas para registrar a alguien cuya documentación no coincide con su nombre actual?”.

En una declaración que hizo el año pasado, el representante republicano Chip Roy de Texas, quien presentó la Ley SAVE en la Cámara de Representantes y la Ley SAVE America de este año, afirmó que la preocupación por la imposibilidad de que las mujeres casadas se registren para votar era una “especulación absurda”. Añadió que el proyecto de ley “proporciona una gran variedad de maneras para que las personas demuestren su ciudadanía y ordena explícitamente a los estados que establezcan un proceso para que las personas se registren para votar si existen discrepancias en sus documentos de prueba de ciudadanía debido a algo como un cambio de nombre”. 

¿Qué documento de identificación necesitarían las personas para poder votar?

Una novedad en la legislación de este año es el requisito nacional de presentar una identificación con foto para votar. Quienes voten en persona deberán presentar una identificación física válida con foto para poder emitir su voto. Quienes voten por correo deberán proporcionar una copia de dicha identificación.

Quienes no tengan una identificación para votar en persona podrían emitir un voto provisional y luego tendrían tres días para presentar su identificación a los funcionarios electorales, o firmar una declaración jurada “que certifique que la persona no posee la identificación requerida (…) porque tiene una objeción religiosa a ser fotografiada”.

Los votantes que votan por correo también pueden presentar los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y una declaración jurada que “certifique que la persona no puede obtener una copia de una identificación con fotografía válida después de haber realizado esfuerzos razonables para obtenerla”.

Para este fin, se considera documento de identidad válido con fotografía: una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal emitida por la agencia de vehículos motorizados que incluya una fotografía y una fecha de vencimiento, un pasaporte estadounidense, una identificación militar o un documento de identidad con fotografía emitido por un gobierno tribal que incluya una fecha de vencimiento.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), que supervisa la legislación estatal, ha declarado que estos requisitos de identificación para votar “son más estrictos que los que existen en la mayoría de los estados”. En una publicación del 19 de febrero de 2026, el personal de la NCSL escribió: “Si bien 36 estados actualmente exigen identificación para votar, los enfoques varían. Solo 10 estados entran en la categoría estricta de identificación con fotografía, según la definición de la NCSL”.

En estos 36 estados, una identificación aceptable “suele incluir carnés de estudiante, licencias de caza y pesca u otras tarjetas de identificación estatales”. Trece estados aceptan identificaciones sin foto, como extractos bancarios. Esto es más amplio que lo que aceptaría la Ley SAVE America.

Existen excepciones a los requisitos de identificación por correo para los miembros de las fuerzas armadas destinados en el extranjero y para aquellos que tienen derecho a votar en ausencia en virtud de la Ley de Acceso al Voto para Personas Mayores y Discapacitadas.

¿Con qué frecuencia han votado los no ciudadanos en las elecciones federales?

En FactCheck.org han escrito sobre este tema en varias ocasiones.(Y también lo hicimos en Factchequeado). En abril pasado, explicaron que auditorías detalladas de los registros electorales realizadas por algunos estados han revelado que los casos de personas no ciudadanas que han emitido votos son relativamente raros. En algunos casos, los funcionarios de esos estados encontraron cientos de personas no ciudadanas inscritas en los padrones electorales, de las cuales solo una pequeña parte votó.

Los extranjeros condenados por votar en elecciones federales se enfrentan a multas, penas de cárcel y deportación.

“La evidencia indica que el número de no ciudadanos que votan ilegalmente en las elecciones federales es extremadamente bajo, insuficiente para haber alterado el resultado de ninguna elección federal en los últimos años”, nos comentó Walter Olson, investigador principal del Instituto Cato. “Las auditorías e investigaciones realizadas en estados como Ohio, Nevada y Carolina del Norte han revelado que las cifras son ínfimas en relación con los votos emitidos. (…) La experiencia constante ha sido que muy pocas personas en esta categoría votan por error o deliberadamente”.

Por ejemplo, la Secretaría de Estado de Ohio anunció en mayo de 2024 que encontró 137 personas en el registro de votantes del estado que habían confirmado dos veces su condición de no ciudadanos ante la oficina estatal de vehículos motorizados. El anuncio no especificó si alguno había intentado votar. Un gran jurado acusó a seis personas que inmigraron legal y permanentemente a los EE. UU. por votar ilegalmente como no ciudadanos entre 2008 y 2020. En Georgia, una revisión de 2022 encontró que 1634 personas habían intentado registrarse para votar entre 1997 y 2022 y no se pudo verificar su ciudadanía. Ninguna había votado. En octubre de 2024, Associated Press informó que los funcionarios electorales de Georgia dijeron que 20 de los 8,2 millones en el registro de votantes del estado no eran ciudadanos estadounidenses, y que nueve habían votado en elecciones anteriores.

El Centro de Políticas Bipartidistas analizó una base de datos de casos de fraude recopilada por la conservadora Fundación Heritage y encontró “solo 77 casos de votación de no ciudadanos entre 1999 y 2023”.

En abril de 2025, en FactCheck.org escribieron sobre las afirmaciones infundadas de Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de haber encontrado pruebas de votación masiva por parte de personas no ciudadanas. El DOGE declaró haber proporcionado datos a los fiscales federales para su investigación. Sin embargo, casi un año después, no se ha hecho público ningún detalle sobre dicha investigación.

Más recientemente, una revisión sistemática de las afirmaciones sobre los votantes no ciudadanos registrados en los 50 estados, realizada por el Centro para la Innovación e Investigación Electoral y actualizada en febrero de 2026, reveló que “las acusaciones generalizadas sobre el registro o el voto de no ciudadanos parecen derivarse de malentendidos, tergiversaciones o simplemente invenciones de datos electorales complejos. En todos los casos examinados, cuando las afirmaciones sobre un gran número de no ciudadanos en los padrones electorales se someten a escrutinio y se investigan adecuadamente, el número de casos alegados disminuye drásticamente”.

¿Qué sabemos sobre el sistema de verificación de ciudadanía del DHS?

Recientemente, varios estados han utilizado un programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llamado Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés) para comprobar la ciudadanía de las personas inscritas en sus padrones electorales, algo que la Ley SAVE America exigiría. El proyecto de ley establece que los estados deben usar el sistema “con el fin de identificar a las personas que no son ciudadanas de Estados Unidos y tomar las medidas necesarias para eliminarlas de la lista oficial, previa notificación y ofrecimiento de presentar pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense”. La legislación no proporciona más información sobre cómo se llevarían a cabo estas notificaciones y las oportunidades para corregir errores.

Informes recientes demuestran que la base de datos SAVE tiene fallos.

Según un artículo del New York Times de enero, se han revisado 49,5 millones de inscripciones de votantes en varios estados, y el Departamento de Seguridad Nacional remitió aproximadamente el 0,02%, es decir, 10.000 casos, a investigadores. El Times descubrió que, cuando algunos condados comenzaron a investigar los casos, resultó que solo una fracción de ellos eran potencialmente no ciudadanos. No había indicios de cuántas de las personas que podrían haberse inscrito indebidamente para votar realmente lo hicieron.

Texas también detectó errores en la base de datos SAVE del DHS. En octubre de 2025, el estado informó que la base de datos identificó a 2.724 posibles no ciudadanos en su padrón electoral de más de 18 millones de personas y remitió los casos a los condados de Texas. Muchos de esos condados descubrieron que entre las personas señaladas había ciudadanos estadounidenses.

En febrero de 2026, ProPublica y el Texas Tribune escribieron que su análisis del sistema SAVE “revela que el DHS puso en uso la herramienta renovada de forma apresurada mientras aún estaba agregando datos y antes de poder discernir la información de ciudadanía más actualizada de los votantes”.

“Como resultado, SAVE ha cometido errores persistentes, en particular al evaluar la situación migratoria de las personas nacidas fuera de los EE. UU., según muestran los datos recopilados de los administradores electorales locales, las entrevistas y los correos electrónicos obtenidos mediante solicitudes de acceso a registros públicos. Algunas de esas personas posteriormente se convierten en ciudadanos estadounidenses, un paso que el sistema no siempre detecta”, escribieron los medios de comunicación.

¿La mayoría de los votantes está a favor de la Ley SAVE o de la Ley SAVE America?

Sí, según una encuesta de Harvard CAPS/Harris de febrero, el 71% de los votantes registrados encuestados dijeron que apoyaban la Ley SAVE America, incluyendo el 91% de los republicanos, el 69% de los independientes y el 50% de los demócratas.

La encuesta en línea realizada del 25 al 26 de febrero de 2026 preguntó a 1999 votantes registrados: “¿Apoya o se opone a la propuesta Ley SAVE America que: exigiría prueba de ciudadanía para registrarse para votar, exigiría identificación de votante, exigiría a los estados que eliminen a los no ciudadanos de sus listas de votantes, exigiría a los estados que compartan listas de votantes sin censurar con el Departamento de Seguridad Nacional?”.

Tres de las cuatro propuestas mencionadas en esa descripción del proyecto de ley contaron con el apoyo de un grupo aún mayor. Un comunicado de prensa sobre los resultados de la encuesta de Harvard CAPS/Harris indicó: “La mayoría de los votantes respalda requisitos específicos de la Ley, incluyendo la prueba de ciudadanía (75%), la identificación del votante (81%), la eliminación de los no ciudadanos de los padrones electorales por parte de los estados (80%) y que los estados compartan los padrones electorales anonimizados con el Departamento de Seguridad Nacional (61%)”.

Encuestas anteriores han revelado niveles de apoyo similares para algunas de esas políticas.

Una encuesta del Pew Research Center realizada en agosto de 2025 reveló que el 83% de los encuestados estaba a favor de exigir que todos presentaran una identificación oficial con fotografía antes de votar, incluyendo el 95% de los republicanos y el 71% de los demócratas. 

Además, una encuesta de Gallup de octubre de 2024 reveló que el 84% de los adultos encuestados apoyaba la exigencia de que todos los votantes presentaran una identificación con foto en su lugar de votación para poder votar, mientras que el 83% respaldaba la exigencia de que las personas que se registran para votar por primera vez presentaran una prueba de ciudadanía. Aproximadamente dos tercios de los demócratas apoyaban ambas ideas, más del 80% de los independientes también, y casi todos los republicanos estaban de acuerdo con ambas.

Becker, del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, señaló que los resultados de estas encuestas dependen de las preguntas que se formulen. “Si se hace la pregunta habitual en las encuestas, ¿Apoya la identificación de votantes?, se observa que la gran mayoría de los estadounidenses responde que sí, incluyendo a la mayoría de los demócratas. Si se pregunta a la gente si se debería privar del derecho al voto a electores elegibles que no tienen identificación, se obtienen respuestas muy diferentes”.

La encuesta de Harvard CAPS/Harris también preguntó: “¿Cuál de las siguientes opciones es más importante?”, ofreciendo dos alternativas. Un poco más de la mitad, el 54%, respondió: “Que hagamos todo lo posible para detener el fraude electoral y evitar que los inmigrantes indocumentados voten”, y el 46% afirmó: “Que a los ciudadanos con derecho a voto no se les niegue su derecho al voto”.

¿Qué ha dicho Trump sobre la eliminación del voto por correo?

Trump ha propuesto que la versión final del proyecto de ley también elimine el voto por correo, con algunas excepciones limitadas.

“No queremos el voto por correo”, dijo Trump al hablar de su propuesta durante una entrevista con una emisora de noticias de Cincinnati el 11 de marzo de 2026. “No queremos que lleguen votos de todos los rincones del mundo. Queremos que el resultado sea preciso, y eso no se puede lograr con el voto por correo”.

En varias publicaciones en redes sociales durante el mes de marzo, el presidente escribió: “¡NO SE ADMITEN PAPELETAS DE VOTO POR CORREO (EXCEPTO POR ENFERMEDAD, DISCAPACIDAD, SERVICIO MILITAR O VIAJES)!”.

Tal como está redactado, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes no aboliría el voto por correo, pero exigiría identificación tanto para solicitar como para enviar una papeleta de voto por correo.

Como ya han informado en FactCheck.org (y también en Factchequeado), el voto por correo se utiliza ampliamente en todo Estados Unidos. Ocho estados y Washington D. C. realizan sus elecciones principalmente por correo, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Además, 28 estados permiten el voto por correo sin necesidad de justificación, lo que significa que los votantes no tienen que dar ninguna razón al solicitar una papeleta de voto por correo.

En la encuesta realizada en agosto de 2026 por el Pew Research Center, el 58% de los encuestados afirmó apoyar la posibilidad de que cualquier votante vote por correo.

Expertos electorales nos han dicho durante años que, si bien el fraude es ligeramente más frecuente en el voto por correo que en el voto presencial, sigue siendo relativamente raro y no generalizado.

¿Qué más quiere incluir Trump en el proyecto de ley?

Más recientemente, Trump ha dicho que quiere que la legislación aborde dos cuestiones no relacionadas con las elecciones.

“Añadí la prohibición de que los hombres participen en deportes femeninos, y también la prohibición de la cirugía de reasignación de género y la mutilación de nuestros hijos”, dijo Trump desde la Oficina Oval el 16 de marzo de 2026, refiriéndose a su propuesta de prohibir que las mujeres transgénero participen en deportes femeninos y la cirugía de afirmación de género para menores.

Esos son los dos últimos puntos del plan de cinco puntos de Trump  para el proyecto de ley, y el senador republicano Eric Schmitt de Missouri ha presentado una enmienda para incluir las cinco partes en la legislación final.

“He trabajado estrechamente con el presidente Trump y la Casa Blanca para presentar una enmienda sustitutiva que salvará nuestras elecciones, salvará los deportes femeninos y salvará a nuestros hijos de las cirugías de mutilación genital femenina. Es hora de que esto se haga realidad”, dijo Schmitt en un comunicado del 17 de marzo de 2026.

En resumen, Schmitt afirmó que su enmienda: “Exigiría que todos los votantes presentaran una identificación”, “Exigiría prueba de ciudadanía para votar”, “Pondría fin al voto por correo, con excepciones para militares, enfermos, viajeros y discapacitados”, “Mantendría a los hombres fuera de los deportes femeninos” y “Protegería a los niños de las cirugías de mutilación genital”.

Este artículo ha sido publicado en Factchequeado gracias a nuestra alianza con FactCheck.Org. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Cada año, el último día de marzo se celebraba el Día de César Chávez. Pero este año no será así. No después de las acusaciones de abuso sexual en contra del hombre que cofundó, junto con Dolores Huerta y otros líderes, la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés), el sindicato de trabajadores agrícolas más grande de Estados Unidos.

Un reportaje de The New York Times expone una serie de testimonios y documentos que señalan cómo Chávez agredió sexualmente a varias mujeres, aún siendo niñas. Entre ellas, Ana Murguia y Debra Rojas, hijas de otros líderes sindicales, y la propia Huerta, su compañera de lucha campesina, la mujer que acuñó la famosa frase “Sí, se puede”.  

Chávez hasta ahora se había encumbrado como una de las figuras más emblemáticas del movimiento de los derechos civiles latino en Estados Unidos. La más representativa para los latinos, a pesar de sus cuestionadas posturas en contra de la migración indocumentada, que incluyeron el apoyo a la Patrulla Fronteriza para que los inmigrantes fueran perseguidos a mediados de los años 70.

Según descubrió The New York Times, mientras trabajaba para ayudar a los trabajadores agrícolas migrantes, Chávez utilizaba a mujeres y niñas para su satisfacción sexual. El diario dijo que para llegar a estas conclusiones entrevistó a varias mujeres que contaron sus historias por primera vez, así como a más de 60 personas, entre las que están algunos ayudantes principales y familiares de Chávez. Los reporteros, según el NYT, revisaron cientos de páginas de registros sindicales, correos electrónicos confidenciales, fotografías y otros materiales.

Los testimonios de Ana Murguia y Debra Rojas

Ana Murguia y Debra Rojas, ambas hoy de 66 años, revelaron que Chávez abusó sexualmente de ellas entre los años 1972 y 1977. En ese tiempo, el líder campesino rondaba los 45 años. Tanto Murguía como Rojas eran hijas de organizadores sindicales, gente de confianza de Chávez. Las dos vivían en La Paz, California, en un complejo del sindicato en las montañas de Tehachapi, a más de 160 kilómetros al norte de Los Ángeles, publicó The New York Times.

Murguia. Testimonió que Chávez la conocía desde que tenía 8 años, y que cuando cumplió 13 empezó a citarla en su despacho. Dijo que la manipuló emocionalmente, le decía que otras mujeres se pondrían celosas si se enteraban, y abusó de ella decenas de veces durante 4 años. El trauma fue tan profundo, dijo, que a los 15 “había intentado suicidarse varias veces”, contó en el reportaje.

Rojas. Relató que Chávez la tocó por primera vez a los 12 años y le acarició los pechos, en el mismo despacho donde se reunía con Murguia. Cuando ella tenía 15 años, organizó que se quedara en el motel de una autopista durante una marcha de varias semanas por California y ahí mantuvo relaciones sexuales con ella, dijo Rojas. Lo que se considera una violación, según la ley de California, porque no tenía edad para dar un consentimiento válido. Según contó, Chávez le dijo que sabía que eran el uno para el otro desde que la vio a los 9 años.

El testimonio de Dolores Huerta

La investigación descubrió que Chávez también “utilizó a muchas de las mujeres que trabajaban y eran voluntarias en su movimiento para su propia satisfacción sexual”. Su aliada en el movimiento, Dolores Huerta, dijo en una entrevista que Chávez “la agredió sexualmente”, algo que no había revelado de forma pública. 

Huerta, que cumplirá 96 años en abril de 2026, dijo que la violó en el año de 1966, en un campo de uvas en Delano, California. Huerta explicó que guardó silencio durante casi 60 años porque temía que nadie le creyera y no quería dañar al movimiento sindical.

“Creo que es una especie de Jekyll y Hyde”, le dijo a NYTimes. 

Entre los documentos consultados por el diario, se encuentran correos internos del sindicato, grabaciones de audio de reuniones, e incluso una carta que Rojas le escribió a Chávez a los 13 años, guardada en una biblioteca universitaria en Detroit. También encontró evidencia, confirmada con pruebas de ADN, de que Chávez tuvo al menos cuatro hijos fuera de su matrimonio con otras tres mujeres, dos de ellos fueron con Huerta. 

Las dos agresiones sexuales de Chávez contra Huerta resultaron en embarazos. Huerta dijo que decidió mantener sus embarazos en secreto y después de que nacieron sus niños, hizo arreglos para que fueran criados “por otras familias que pudieran darles una vida estable”, según el Times. 

Mencionó que la primer vez fue manipulada y presionada para tener relaciones sexuales con él y sintió que no podía negarse: “Él era alguien a quien yo admiraba, mi jefe y el líder del movimiento al que ya había dedicado años de mi vida”. La segunda vez, añadió, se vio forzada, “en contra de mi voluntad y en un entorno en el que me sentí atrapada”.

Luego, en su primera entrevista pública tras la publicación del reportaje, Huerta habló con la periodista Maria Hinojosa de Latino USA, medio aliado de Factchequeado, y describió los "oscuros sacrificios" que sintió que debía hacer por el movimiento. Es la primera vez que Huerta habla públicamente sobre los hechos, aunque su declaración escrita ya había sido publicada el mismo día que el reportaje.

La César Chávez Foundation* emitió un comunicado en el que dice: “Las acusaciones son profundamente perturbadoras. Estamos conmocionados y entristecidos por estas revelaciones sobre alguien cuyo trabajo transformó vidas de jornaleros. Colaboramos con líderes del movimiento para determinar la mejor respuesta”. 

“A las sobrevivientes: les creemos. Honramos su valentía y lamentamos profundamente el daño que han cargado en la sombra durante tanto tiempo”, señala el comunicado. 

Cancelaciones y monumentos retirados en diversos estados del país 

Más allá de California, decenas de escuelas, calles y parques llevan el nombre de Chávez, así como murales con su rostro. Algunos monumentos han sido retirados, es el caso de San Francisco, California, y otros han sido envueltos con una tela negra, como en Fresno, California.

La UFW canceló sus celebraciones anuales, que serían el último lunes de marzo, mientras que la familia de Chávez calificó las acusaciones de “profundamente dolorosas”=, pero que no están en condiciones de juzgarlas.

Aunque los delitos prescribieron tras su muerte en 1993, revive debates sobre el poder en los movimientos sociales y políticos.Varias ciudades e instituciones en Estados Unidos han comenzado a retirar o reconsiderar homenajes a César Chávez tras las acusaciones de abuso sexual publicadas por el Times. 

• Los Ángeles, California: La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó el 19 de marzo de 2026 una proclamación que cambia el nombre del feriado del “Día de César Chávez” a “Día de los Trabajadores Agrícolas”. Bass declaró que ha estado en contacto con la familia de Chávez y que ellos apoyan la medida.

• San Fernando, California: se reportó la cobertura y retiro de una estatua y un mural vinculados a Chávez.

• Universidad Estatal de California, Fresno: la estatua de Chávez fue cubierta y se anunció que sería retirada.

• Denver, Colorado: autoridades anunciaron cambios al feriado y a un parque que llevaba su nombre.

• Phoenix, Arizona: el concejo municipal discutía cambiar el nombre del feriado y de edificios o calles con su nombre. En esa misma ciudad, Mary Rose Wilcox, exconcejal de Phoenix, quitó fotos y cubrirá un mural de Chávez en su restaurante mexicano que dice: “Amamos a César Chávez. “No podemos honrarlo ni amarlo más”, dijo.

• Dallas Farmers Market, Texas: trabajadores retiraron un monumento en honor a César Chávez tras las acusaciones publicadas. También en Texas, el gobernador Greg Abbott anunció que buscaba eliminar el Día de César Chávez, que es feriado estatal.

Quién era César Chávez y cuáles sus contradicciones con la inmigración indocumentada en Estados Unidos

César Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en Yuma, Arizona, en una familia méxico-estadounidense que trabajó como jornalera migrante en los campos de California. Fue al ejército en 1944 y al regresar siguió como trabajador agrícola. En los años 50 empezó su activismo comunitario y, en 1962, fundó junto con Dolores Huerta y Gilbert Padilla la organización que se convertiría en la Unión de Campesinos (UFW). Organizó huelgas, boicots y marchas en contra de la explotación laboral y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo político del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. 

Se casó con Helen Fabela en 1948, cuando ambos tenían alrededor de 21 años. Se conocieron de jóvenes en Delano, California. Tuvieron 8 hijos juntos. Helen fue una figura de apoyo constante durante toda la lucha sindical, aunque se mantuvo más en segundo plano públicamente.

Chávez tuvo mucha influencia política, movió presidentes, senadores y gobernadores, pero nunca buscó un cargo público. Murió en 1993, a los 66 años. 

La fundación y Radio Campesina 

La Fundación César Chávez fue creada en 1993 —en el mismo año de su muerte— por su familia para preservar su memoria y continuar su trabajo. Se enfoca en vivienda asequible, educación y desarrollo comunitario para trabajadores latinos.

Uno de esos legados mediáticos es Radio Campesina, una red de estaciones de radio en español orientada a comunidades de trabajadores agrícolas, que opera bajo el paraguas de la UFW y la fundación. Tiene presencia en California, Arizona y Washington. Es un vehículo real de información para comunidades que de otra forma quedarían fuera del alcance de los medios convencionales. Radio Campesina también es aliada de Factchequeado. 

La postura de Chávez contra de la inmigración irregular

Chávez era un méxico-estadounidense con posturas radicales sobre la inmigración indocumentada. A mediados de la década de 1970, Chávez lanzó una iniciativa llamada “Campaña de los Ilegales”, dijo Miriam Pawel, autora de “Las cruzadas de César Chávez”, una biografía que documenta su vida. 

La gente de Chávez ordenó a los miembros de la Unión de Campesinos denunciar a los trabajadores indocumentados ante las autoridades federales, dijo Pawel a Texas Standard. “La idea era, muy parecida a como la hemos escuchado hoy, ‘Bueno, la Patrulla Fronteriza no está haciendo un buen trabajo impidiendo que la gente cruce ilegalmente. Así que vamos a tener que salir y hacerlo nosotros mismos’”. 

En una iniciativa liderada por uno de sus primos, llamado Manuel Chávez, comenzaron a saberse de inmigrantes mexicanos amenazados, golpeados y robados cuando intentaban cruzar a Estados Unidos. Según la autora, la operación de patrullaje fue tan grande que empleó a 300 personas y le costó a la UFW 80,000 dólares semanales. Es decir,  subvencionaba una operación ilegal de patrullaje fronterizo.

Para Chávez, la mano de obra extranjera representaba una amenaza para el movimiento de los trabajadores agrícolas. Según creía, los inmigrantes sin documentos estaban dispuestos a realizar los trabajos que los trabajadores agrícolas estadounidenses se estaban organizando para mejorar y podían servir para romper sus huelgas. 

Chávez utilizó la palabra en inglés "wetbacks" (espalda mojada), un concepto despectivo para  referirse a las personas que cruzaban la frontera sin documentos. (Ver también este video del Bay Area TV Archive de la Universidad Estatal de San Francisco).

Disclosure: La Cesar Chavez Foundation es la organización matriz de Chavez Media, cuyo brazo radiofónico opera Radio Campesina y su red de estaciones Campesina Network. Radio Campesina es aliada de Factchequeado, donde cada semana tenemos una columna radial.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

Leer también: 

‘Deepfakes’ sexuales: qué sabemos de su impacto en la salud mental y cómo actuar si eres víctima

Tras nuestra investigación, al menos 20 grupos en Facebook que promovían retos sexuales ya no existen públicamente

Agentes de ICE han sido desplegados en decenas de aeropuertos de Estados Unidos tras la orden que dió el presidente Donald Trump el 21 de marzo de 2026 a través de su red social Truth Social. Esta medida ocurre en medio del cierre presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ha dejado sin sueldo a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Largas filas en los aeropuertos

Los funcionarios de TSA son los responsables de la seguridad en los aeropuertos y, desde el 13 de febrero de 2026, han estado trabajando sin recibir sueldo. Esto es porque TSA pertenece al DHS, y el DHS se encuentra en cierre presupuestario desde ese día, cuando venció su financiamiento aprobado por el Congreso.

La ausencia de pago ha hecho que miles de agentes de TSA se ausenten del trabajo. El 22 de marzo de 2026, más de 3,450 agentes se ausentaron, lo que representa un 11.76% de la fuerza laboral, afirmó el DHS a Factchequeado.

Los parlamentarios no han aprobado un nuevo presupuesto para DHS porque todavía están en negociaciones sobre posibles regulaciones para agentes migratorios de ICE y CBP (agencias que también pertenecen al DHS).

En cuántos aeropuertos fue desplegado ICE el 23 de marzo de 2026

Homan, designado por Trump como “zar de la frontera”, dijo a periodistas el 23 de marzo de 2026 que los agentes de ICE habían sido desplegados en 14 aeropuertos y que “vendrían más”.

Desde Factchequeado pedimos al DHS una lista de aeropuertos en los que han sido desplegados los agentes de ICE, pero Lauren Bis, directora interina de la Oficina de Asuntos Públicos, nos dijo que “por razones de seguridad operativa, no vamos a confirmar la ubicación de nuestros agentes”.

Sin embargo, para el momento en el que publicamos esta nota, distintos medios de comunicación, fotoperiodistas y autoridades locales habían confirmado la presencia de agentes de ICE en:

• Atlanta

• Filadelfia

• Houston (tanto el George Randall como el George Bush)

• New Orleans

• Phoenix

• Newark

• Nueva York (JFK) y LaGuardia

De acuerdo con CNN, la lista que maneja el gobierno federal también incluye a los aeropuertos de Chicago, Cleveland, San Juan, Pittsburgh, y Fort Myers.

Qué funciones tienen los agentes de ICE en los aeropuertos

Las funciones que tienen los agentes de ICE en los aeropuertos no están del todo claras y DHS no respondió esa pregunta que le hicimos desde Factchequeado. Sin embargo, Homan dijo en una entrevista con CNN el 22 de marzo de 2026 que la función de los agentes será apoyar a TSA. Según explicó, podrían ayudar en tareas de seguridad, como vigilar las salidas de los aeropuertos, para que más agentes de TSA se concentren en las inspecciones.

Homan no dio más detalles del plan durante la entrevista, pero aseguró que los agentes de ICE no harán tareas para las que no están capacitados, como operar las máquinas de rayos X. Por otro lado, Trump pidió a los agentes que no se taparan el rostro dentro de los aeropuertos.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, indicó en un comunicado que los funcionarios federales le habían indicado que el personal de ICE “será asignado para apoyar necesidades operativas definidas por TSA, incluidas la gestión de filas y el control de multitudes dentro de las terminales nacionales” y que había sido informado que “este despliegue no tiene como fin realizar actividades de control migratorio”. Esto último no ha sido confirmado públicamente por Homan ni por DHS.

Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, sindicato que representa a los oficiales de TSA, resaltó en un comunicado que los agentes de ICE “no están entrenados ni certificados en seguridad aérea”, mientras que los funcionarios de TSA “pasan meses aprendiendo a detectar explosivos, armas y amenazas diseñadas específicamente para evadir los controles en los puntos de revisión”. A juicio de Kelley, poner a funcionarios de ICE en los filtros de seguridad “no cubre un vacío” sino que “lo crea”.

Dato: antes de este despliegue de agentes de ICE en aeropuertos, abogados de inmigración entrevistados por Factchequeado ya habían recomendado a personas sin estatus evitar viajar.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos es el único país que permite el voto por correo y, además, que este es “corrupto a más no poder” (corrupt as hell). Lo dijo el 17 de marzo de 2026 en un evento en la Casa Blanca. Pero esto es falso. Más de 30 países permiten el voto por correo y no se han registrado casos de fraude masivo como sugiere el presidente, como ya te hemos contado en Factchequeado (aquí y aquí). 

“Las boletas de voto por correo fraudulentas. Somos el único país del mundo que lo hace de esa manera. Corrupto a más no poder”, dijo Trump durante el recibimiento del Taoiseach (primer ministro) de Irlanda, Micheál Martin, en la Casa Blanca con motivo del tradicional encuentro por el Día de San Patricio. 

Un reporte de 2025 del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Internacional (IDEA, por sus siglas en inglés) encontró que 32 países, entre ellos Canadá e Irlanda, permiten el voto por correo postal en “diversas modalidades”. Estos países, según el reporte, “suelen hacerlo como una alternativa, y no como un sustituto, al voto presencial en los centros de votación para las elecciones nacionales”. 

La organización Voting Rights Lab, que se describe como una organización no partidista que rastrea y analiza las leyes electorales en los 50 estados, compartió a Factchequeado un análisis de posibles cambios al proceso electoral cuando le consultamos sobre este tema. Uno de los recursos compartidos aborda los procesos de control del voto por correo electrónico, que incluye la verificación doble en varios estados de la identidad del votante o el uso de tecnología para rastrear las boletas.

Asimismo, una investigación de Brookings, organización independiente sin fines de lucro cuyos expertos “testifican ante el Congreso e interactúan con funcionarios gubernamentales en Estados Unidos y en el extranjero”, encontró que “casos de fraude [electoral] que involucran cualquier modalidad de voto por correo fueron sumamente infrecuentes”. El informe, publicado el 6 de noviembre de 2025, analizó 4 de las últimas 5 elecciones generales (2016, 2018, 2020, 2022) utilizando datos de la organización conservadora Heritage Foundation sobre casos de personas acusadas de algún tipo de fraude electoral.

“En todo el país, y utilizando una estimación lo más inclusiva posible, se identificaron entre 6 y 46 casos de fraude en el voto por correo en cada elección general”, indica el reporte. Esto es una muestra insignificante considerando que alrededor de 154 millones de personas votaron en las elecciones presidenciales de 2024, de acuerdo con el Censo.

El voto por correo existe en Estados Unidos desde el siglo XIX. En 1864, la mayoría de los estados de la Unión lo permitieron para las elecciones presidenciales de ese año. En 1924, el 30º presidente del país junto a la primera dama, Calvin y Grace Coolidge, votaron por correo, según muestran los archivos del Smithsonian National Postal Museum.

El SAVE America Act: cómo afectará el voto por correo y a los votantes

Cuando Trump hizo estos comentarios, estaba hablando del proyecto de ley llamado Ley para la Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE America Act), que, de ser aprobada, exigirá pruebas documentales de ciudadanía al momento de registrarse para votar y una identificación con fotografía antes de votar. 

“Tenemos muchas cosas importantes en el horizonte. Lo más importante que se avecina es la Ley SAVE America en el Senado. Eso implica la identificación de votantes, la prueba de ciudadanía y la prohibición del voto por correo; ya saben, ese voto por correo corrupto”, dijo Trump.

El presidente ha propuesto que la versión final del proyecto de ley incluya la eliminación del voto por correo salvo excepciones por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje, como explican nuestros aliados de Factcheck.org. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión el 24 de febrero de 2026, Trump había dicho que el SAVE America Act impediría que inmigrantes “ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses” argumentando que “ese fraude electoral es desenfrenado”.

Como te contamos en Factchequeado, investigaciones de organizaciones como el Instituto de Política Migratoria (MPI), un think tank independiente y no partidista dedicado al análisis, investigación y desarrollo de políticas migratorias, concluyen que “no hay evidencia de que inmigrantes no autorizados, portadores de la green card, o inmigrantes con visas temporales voten en cantidades significativas”

El Brennan Center for Justice, aliado institucional de Factchequeado, estima que los requisitos que impondría la propuesta de ley de ser aprobada privaría del derecho al voto estadounidense a “jóvenes, de color” y mujeres “cuyo apellido de casada no figura en sus certificados de nacimiento o pasaportes, tendrían que realizar trámites adicionales simplemente para hacer oír su voz”. La entidad estima que más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso a los documentos requeridos por el SAVE America Act para sufragar.

Lee también:

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Trump acusa falsamente a los medios estadounidenses de divulgar contenido generado con IA que favorece a Irán

No, Estados Unidos no es el único país que permite el voto por correo postal, como afirmó Trump

Por qué el voto por correo es seguro y qué medidas se utilizan para evitar fraude

Un beneficiario de DACA, sordo y de origen mexicano, contó en julio de 2025 que había sido detenido por agentes migratorios que le quitaron el teléfono, por lo que no se podía comunicar con ellos, y posteriormente pasó semanas en un centro de detención sin acceso a un intérprete. También en julio de 2025 medios reportaron que un inmigrante de Mongolia pasó 4 meses en un centro de detención de ICE en California sin acceso a un intérprete.

“Estos no son casos aislados” dijo Celena Ponce, presidenta de Manos Unidas, organización sin fines de lucro aliada de Factchequeado, cuya misión es apoyar a personas sordas inmigrantes y promover que tengan acceso a servicios esenciales.

Ponce nos contó varios casos documentados por Manos Unidas en los que inmigrantes sordos detenidos por agentes migratorios no han contado con intérprete. Por ejemplo, a uno “lo deportaron en un país que no es el suyo, donde no tiene familia, ni sabe la lengua de señas del lugar. Y como no hubo intérprete durante la deportación, no sabe por qué fue deportado ni tampoco le dieron ningún documento que lo explique”.

También nos relató que en algunos centros de detención, a los inmigrantes sordos no se les ha facilitado el acceso a un VRS (Video Relay Service, un dispositivo que conecta a la persona con un intérprete de manera gratuita) por lo que han tenido que hacer videollamadas pagas, que son más costosas que una llamada telefónica común.

En otras ocasiones, las autoridades han permitido el acceso a intérpretes que no hablan la misma lengua de señas que el detenido. Eso ocurrió, según reportó el medio Courthouse News Service, en el caso del detenido mongol en California, a quien le llevaron un intérprete de lengua de señas estadounidense que no entendía la lengua de señas de Mongolia. 

“Hay mucha falta de información, mucha falta de comunicación para que la gente sorda detenida por ICE pueda saber qué está pasando y pueda tener la capacidad de defenderse o de hablar con un abogado”, señaló Ponce, quien describió lo que ocurre con los sordos detenidos por ICE como un “régimen de aislamiento” porque “estas personas se quedan sin capacidad de comunicarse”.

Sylvia Torres Guillén, presidenta de la organización sin fines de lucro Centro Legal de Derechos para Personas con Discapacidad (DRLC, por sus siglas en inglés) indicó en relación con el caso del inmigrante mongol, que “detener a alguien por meses sin ningún tipo de comunicación no es sólo ilegal, también es inhumano”.

Recursos prácticos para inmigrantes sordos

Manos Unidas compartió con Factchequeado recursos gratuitos disponibles para inmigrantes sordos:

Tarjeta de "Conozco mis derechos": Disponible en formato digital para imprimir, en 12 lenguas de señas. Un lado tiene los derechos generales; el otro dice "Soy sordo o sordo parcial, bajo la Sección 504 tengo derecho a un intérprete sordo y un intérprete oyente" y tiene un espacio para escribir cuál es el idioma de señas preferido. Las personas sordas pueden llevarla siempre consigo y mostrarla si son detenidas. Accede a ese recurso aquí.

Dato: la Sección 504 hace referencia a un artículo de la Ley federal de Rehabilitación de 1973 que garantiza a las personas con algún tipo de discapacidad “acceso igualitario en cualquier entidad que reciba asistencia federal”. Esto incluye centros de detención de migrantes, según establece la página oficial de ICE. La organización sin fines de lucro Deaf Equality explica que esto significa que si una persona solicita un intérprete u otro tipo de asistencia para comunicarse “es el deber del agente de ICE proveerlo sin retraso ni discriminación”, de lo contrario, “podría estar violando esta ley federal”.

Talleres de "Conozco mis derechos": disponibles en YouTube, en lengua de señas estadounidense, mexicana, venezolana, colombiana, entre otras. La organización informó que seguirá agregando más idiomas. Puedes ver todos los talleres aquí y también consultar una guía de derechos de los inmigrantes aquí.

Tabla de comunicación: para situaciones donde no es posible escribir ni hablar, estas tablas permiten pedir cosas básicas, identificarse y solicitar un intérprete o un abogado. Puedes descargarla aquí.

La importancia de contactar a un abogado

Ponce también relató el caso de una persona sorda que llevaba 3 meses detenida y sin acceso a intérprete y que fue liberada bajo fianza luego que Manos Unidas le ayudó a encontrar un abogado.

El caso del inmigrante de Mongolia también demuestra la importancia de tener representación legal. Sus abogados solicitaron una medida cautelar ante una Corte Federal del Distrito Sur de California, y la jueza Dana Sabraw, el 16 de julio de 2025, concedió la medida y ordenó a las autoridades migratorias cumplir con la ley federal y proveer servicios de interpretación en su lengua. Días después, el hombre fue liberado por ICE, tras estar detenido desde febrero de 2025.

Falta de datos públicos

Según los datos oficiales públicos más recientes de ICE de febrero de 2026, revisados por Factchequeado, las autoridades migratorias tienen alrededor de 68,000 personas detenidas. Sin embargo, los datos no distinguen cuántas personas son sordas o tienen alguna otra discapacidad.

Desde Factchequeado contactamos tanto a ICE como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero no obtuvimos respuesta para el momento de la publicación. Si responden, actualizaremos esta nota. 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87 o a factchequeado.com/whatsapp.

Por Cazadores de Fake News

Más de 50 videos pagados con publicidad en YouTube, distribuidos en más de 14 canales con apariencia de noticieros y narrados por 20 presentadores, forman parte de una operación de propaganda dirigida a usuarios venezolanos

Por Cazadores de Fake News para La Hora de Venezuela, parte de la red LatamChequea igual Factchequeado

En Venezuela, abrir YouTube sin encontrarse con propaganda sobre Delcy Rodríguez, es cada vez más difícil. Desde finales de febrero de 2026, es frecuente que quienes intentan ver cualquier video en el servicio de streaming —una receta de cocina, un podcast o su programa de noticias favorito— se topen primero con algún clip supuestamente informativo con presentadores haciendo cobertura favorable sobre las actividades de la presidenta encargada de Venezuela.

«No hay forma en la que entre a YouTube y no me aparezcan esas noticias», fue la primera denuncia sobre la operación que recibió el medio Cazadores de Fake News, el pasado 3 de marzo, a través de su chatbot en WhatsApp.

Reclamos similares se repiten en redes sociales y grupos de mensajería venezolanos. No es una percepción infundada: al 13 de marzo, los videos acumulaban en conjunto más de 32 millones de visualizaciones. Es una cifra que supera los 24 millones de venezolanos con acceso a internet registrados por Conatel en 2025, suficientes para haber alcanzado a cada uno de ellos, en promedio, más de una vez.

Pero lo que los usuarios venezolanos ven en sus pantallas no llega por su relevancia noticiosa, sino porque alguien está pagando para que aparezca. Los anuncios están diseñados para parecer reportajes: tienen presentadores, logos y nombres que los hacen lucir como noticieros de varios países de la región, pero no lo son.

El Centro de Transparencia de Anuncios de Google registra 55 videos publicados en al menos 14 canales, todos vinculados a un único anunciante. Las piezas buscan proyectar una imagen favorable de Delcy Rodríguez y, en menor medida, de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en línea con los principales ejes del discurso oficial.

La operación de influencia «Hispan Online» en YouTube

Al 13 de marzo de 2026, la operación se articula en torno a, al menos, 14 canales de YouTube que agrupan unos 55 videos distribuidos bajo el nombre de 19 supuestos noticieros. En los videos aparecen 20 presentadores distintos con seis acentos diferenciados —incluyendo español neutro— y la mayoría tiene como protagonista a Delcy Rodríguez; mientras que Jorge Rodríguez es mencionado en tres.

El canal con mayor peso en la red se llama «Hispan Online». Concentra 30 de los 55 videos identificados a la fecha y funciona como nodo central de amplificación del contenido producido por los pseudo noticieros. Por ser el canal más representativo, Cazadores de Fake News identifica a la operación de influencia en conjunto como «Hispan Online», considerando que el grupo de canales responde a un mismo operador o grupo de operadores.

Logotipos de 12 de los canales de la red «Hispan Online» en YouTube

Los canales simulan ser noticieros que publican contenidos en español, como si se tratara de múltiples coberturas locales espontáneas. Hasta ahora, Cazadores de Fake News identificó a: Hispan Online, Nación Argentina, Colombia Actual, Panorama Colombiano, La Perspectiva Global, México en Datos, Informe Mexicano, United Data News, Continental Report, Nación Digital MX, Chile en Datos, Argentina en Perspectiva, EC En Análisis y El Informe Europeo. Todos conforman la red identificada hasta ahora como parte de la operación en YouTube.

Los nombres de estos canales, sin embargo, no siempre coinciden con los de los supuestos noticieros que aparecen en pantalla. Aunque algunos tienen canal propio, otros funcionan como marcas intercambiables, como ocurre en el caso de Hispan Online, que contiene videos rotulados como Atlantic Report, Informe Austral, Panorama Colombiano y 10 más, además de tres clips provenientes de la cobertura real sobre Delcy Rodríguez que han hecho AFP y Canal 26 de Argentina.

Trece de los canales fueron creados en menos de dos semanas, entre el 18 de febrero y el 1° de marzo de 2026. La existencia de patrones en fechas de creación es otro de los indicadores que revela la existencia de una operación coordinada no auténtica y que estas identidades editoriales no corresponden a medios de comunicación reales, sino a cuentas disfrazadas de noticieros que forman parte de la misma operación.

Aun así, ninguno de estos videos es visible al visitar los canales directamente desde sus perfiles en YouTube, ya que fueron ocultados por sus operadores, marcándolos como «no listados» para esconder el alcance real de la operación.

Pese a ello, los videos fueron rastreados a través del Centro de Transparencia de Anuncios de Google, donde aparecen vinculados a un único anunciante: FG Medios Sociedad Anónima (CUIT 30-71000078-2), una agencia de publicidad de Buenos Aires con pauta activa en YouTube. Esto confirma que los videos solo circulan gracias a la publicidad pagada, aunque estén diseñados para parecer contenido noticioso.

Todos los videos han sido promocionados a través del perfil de FG Medios Sociedad Anónima en el Centro de Transparencia de Anuncios de Google

Al cierre de esta investigación, el perfil de FG Medios en el Centro de Transparencia de Anuncios de Google registra 40 videos vinculados a la operación de influencia que continúan activos. FG Medios fue contactada por Cazadores de Fake News, pero no ha respondido hasta el momento.

Propaganda que construye a Delcy, pero que omite a Maduro

Los videos analizados no contienen bulos o rumores evidentes que los usuarios de YouTube puedan identificar y reportar con facilidad como desinformación. Al apoyarse en citas de medios de comunicación reales, sus narrativas son más difíciles de desmontar, a diferencia de otras operaciones similares documentadas en el pasado, que fueron identificadas, denunciadas y, en algunos casos, moderadas por varias plataformas.

Las piezas se articulan alrededor de la mayoría de las principales narrativas gubernamentales impulsadas durante enero y febrero, con una ausencia reveladora: Nicolás Maduro y Cilia Flores no aparecen en ninguno de los videos. No se los menciona, no se alude a su captura, ni se recurre a la retórica de resistencia o crisis que dominó el discurso oficialista, en especial, durante la primera mitad de enero.

Sus mensajes son, ante todo, de naturaleza propagandística: la operación está diseñada para proyectar normalidad institucional bajo un nuevo mando y consolidar la imagen de Rodríguez —referida siempre como «presidenta» o «presidenta encargada»— como gobernante legítima.

Una de las narrativas que aparece con mayor regularidad es la del reconocimiento internacional. En 18 de los videos se repite que Donald Trump ha reconocido el «liderazgo fuerte» de Rodríguez, que la Unión Europea propondría retirar las sanciones en su contra o que varios países han presentado cartas credenciales ante su gobierno. El relato busca marcar una ruptura con el aislamiento diplomático que ha caracterizado a Venezuela en años recientes, presentando a Estados Unidos como el principal validador del nuevo mando y no como el adversario que solía ser.

En paralelo, los videos proyectan prosperidad económica. En 23 de ellos se mencionan proyecciones de crecimiento impulsadas por las exportaciones petroleras y una nueva Ley de Hidrocarburos, o se vincula la gestión de Rodríguez con sectores como el turismo sostenible y la protección ambiental, entre otros supuestos indicadores de progreso.

Sobre el proceso de reconciliación y perdón impulsado por la administración de Delcy Rodríguez tratan 11 de los videos, resaltando temas como la Ley de Amnistía y la liberación de cientos de beneficiarios. En los videos se reseñan lemas mencionados por Rodríguez como «hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón», amplificados en campañas de propaganda previamente documentadas que buscan equiparar la responsabilidad del Estado con la de las víctimas en el contexto del reacomodo político iniciado el 3 de enero.

Credibilidad prestada a medios reales

Los videos no solo repiten las narrativas del discurso oficial, sino que las envuelven en referencias a medios de comunicación reales para hacerlas creíbles. En las piezas aparecen capturas reales de publicaciones de agencias de noticias, medios internacionales y medios oficialistas venezolanos, en coberturas que benefician las narrativas de la operación, todas favorables a Delcy o Jorge Rodríguez.

Las menciones más frecuentes corresponden a Reuters, con 10 apariciones en los 55 videos analizados, seguida de EFE con 9, Infobae con 8, Perfil con 6 y El País de España con 5. Pantallazos de artículos publicados por France 24 y AP aparecen en 4 videos cada uno, mientras que Semana, The Guardian, AFP y CNN aparecen en 2.

En total, hay pantallazos de 76 páginas web distintas, entre agencias de noticias, medios reales, portales de propaganda venezolanos y medios energéticos especializados.

En los videos de propaganda se insertan pantallazos de noticias reales, favorables al gobierno de Delcy Rodríguez, de medios nacionales e internacionales.

Siguiendo esa misma lógica, también se pagó publicidad a tres videos con material noticioso auténtico: dos piezas de la agencia AFP sobre excarcelaciones en Venezuela y la remodelación del centro de detención El Helicoide, y un fragmento de Canal 26 de Argentina.

Otros tres videos están dedicados, completamente, a reseñar la cobertura favorable que medios y periodistas específicos le han dado a la administración de Delcy Rodríguez y su hermano. Uno destaca que CNN habría dedicado una «amplia cobertura» a la aprobación de la Ley de Amnistía; otro, que El País de España habría replicado el llamado de Delcy Rodríguez a consolidar una «convivencia pacífica».

El tercero reseña la entrevista del periodista venezolano Luis Olavarrieta a Jorge Rodríguez, presentándola como si hubiera tenido «amplia repercusión internacional», en la que se anuncian nuevos consensos políticos y el alejamiento de viejos dogmas. Es el único video de toda la muestra en el que un funcionario de alto rango, distinto a Delcy Rodríguez, tiene voz directa.

Actores reales involucrados en la operación

Los presentadores que narran los videos tampoco son periodistas. Aunque inicialmente se creyó que podían ser avatares generados con inteligencia artificial, Cazadores de Fake News determinó que se trata de un grupo de actores y modelos residenciados en Argentina.

La mayoría son ciudadanos argentinos, aunque también se identificaron colombianos y chilenos. Varios de los actores tienen conocimientos en locución y doblaje, por lo que pueden simular distintos acentos, dependiendo del supuesto país de origen de cada noticiero.

Hasta el momento se ha intentado contactar a 14 de ellos sin obtener respuesta.

Un antecedente relevante: el caso «House of News»

En 2023, Cazadores de Fake News documentó una operación distinta, pero con patrones similares, que generó amplia repercusión. Se trataba de «House of News Español», un canal que utilizaba avatares generados con inteligencia artificial para difundir propaganda progubernamental en YouTube mediante publicidad pagada. El canal formaba parte de una red más amplia, activa desde 2020 y financiada por un anunciante identificado como Óscar Rojas, localizado en Perú.

YouTube suspendió el canal y otros vinculados a la misma red tras la exposición pública. Sin embargo, al revisar el Centro de Transparencia de Anuncios de Google durante la presente investigación, se constató que Óscar Rojas pagó por lo menos 22 anuncios de propaganda en YouTube durante 2025 sin declararlos como contenido político.

La operación Hispan Online y la red vinculada a Óscar Rojas comparten varios patrones, aunque no son la misma red ni el mismo anunciante. Ambas utilizan canales con apariencia de medios, publicidad pagada no declarada como contenido político y narrativas favorables al gobierno venezolano.

Son operaciones que suelen persistir incluso si YouTube suspende un canal, porque tienden a reconfigurarse y sofisticarse para volver a aparecer.

Pero comparten también algo adicional. Son operaciones que suelen persistir incluso si YouTube suspende un canal, porque tienden a reconfigurarse y sofisticarse para volver a aparecer. El Centro de Transparencia de Anuncios de Google permite detectarlas e investigarlas, pero, sin mecanismos de contención, este tipo de campañas de propaganda seguirán llegando sin dificultad a las pantallas de millones de venezolanos conectados a YouTube.

Este artículo ha sido publicado en Factchequeado gracias a nuestra alianza con Cazadores de Fake News, como parte de la red LatamChequea. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Por Robert Farley de Factcheck.org , medio aliado de Factchequado

¿Está Estados Unidos en “guerra” con Irán? Los estadounidenses han recibido mensajes contradictorios por parte de la administración Trump y los líderes del Congreso.

“No estamos en guerra. No tenemos ninguna intención de estar en guerra”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una rueda de prensa el 5 de marzo de 2026, horas después de que los republicanos de la Cámara bloquearan una resolución sobre poderes de guerra que habría exigido la aprobación del Congreso para cualquier acción militar adicional contra Irán. En su lugar, Johnson calificó la acción militar como una “operación limitada”.

Pero en declaraciones a la prensa el 7 de marzo de 2026, y en otras ocasiones, el presidente Donald Trump ha descrito la situación como una “guerra”.

“Estamos ganando la guerra por mucho”, dijo Trump a reporteros el 7 de marzo de 2026. “La guerra en sí está yendo de maravilla. Está tan bien como podría estar”.

Si bien existen diversas definiciones de guerra, incluso entre los académicos que estudian estos temas, el debate político sobre si hay guerra o no gira principalmente en torno a la definición legal de guerra según la Constitución y las implicaciones que conlleva dicha designación.

Si bien el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos designa al presidente como “Comandante en Jefe del Ejército y la Armada”, el Artículo I, Sección 8 de la Constitución otorga al Congreso, y solo al Congreso, el poder de “declarar la guerra”. En otras palabras, el Presidente está obligado a solicitar autorización al Congreso antes de iniciar una guerra.

Pero el Congreso no ha declarado formalmente una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y no lo hizo para el ataque militar iniciado por Trump en Irán. Más bien, de acuerdo con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el 2 de marzo de 2026, Trump presentó un informe al Congreso sobre la justificación de su administración para los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero de 2026.

“Así pues, si los líderes políticos afirmaran que esto es una guerra, también estarían reconociendo que las acciones del gobierno fueron inconstitucionales”, nos dijo Stephanie Savell, directora del proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown.

En una publicación del 1 de marzo de 2026 en su cuenta de Substack, Foreign Exchanges, el periodista Derek Davison escribió que Trump había “cometido un pequeño lapsus verbal” al referirse a la operación militar como una guerra.

“No se debe hablar de este tipo de cosas como si fueran “guerras” cuando eres el presidente de Estados Unidos, al menos no cuando comienzan, porque por ley las guerras deben ser declaradas por el Congreso”, escribió Davison. “Los presidentes tienen margen de maniobra para emprender acciones militares antes de una votación del Congreso, pero solo en legítima defensa, lo cual claramente no fue el caso aquí, incluso si se extendiera ese término más allá de toda comprensión”.

Pero Trump se ha referido en numerosas ocasiones a la situación con Irán como una guerra.

“Tenemos munición de nivel medio y superior ilimitada, que es realmente la que estamos usando en esta guerra”, dijo Trump en declaraciones el 3 de marzo de 2026.

“Nos está yendo muy bien en el frente de guerra, por decirlo suavemente, yo diría”, dijo Trump el 4 de marzo de 2026.

En sus declaraciones del 7 de marzo de 2026, al hablar de las bajas estadounidenses, Trump comentó: “Es parte de la guerra. Es una parte triste de la guerra. Es la parte mala de la guerra”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se ha referido repetidamente al conflicto armado como una guerra.

“Nosotros no empezamos esta guerra, pero bajo la presidencia de Trump, la estamos terminando”, dijo Hegseth en una conferencia de prensa el 2 de marzo de 2026. “Nosotros marcamos las condiciones de esta guerra de principio a fin”.

Esas caracterizaciones contrastan marcadamente con la forma en que muchos miembros republicanos del Congreso han descrito la conflagración militar.

“Nadie debería clasificar esto como una guerra. Son operaciones de combate”, dijo el representante republicano Brian Mast en CNN el día en que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos contra Irán.

En una conferencia de prensa el 3 de marzo de 2026, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se refirió a las propias palabras de Trump para argumentar que el presidente “ha optado de manera inconstitucional e ilegal por iniciar una guerra”.

“Lo describe como una guerra”, dijo Jeffries. “Hegseth también lo describe como una guerra. Otros miembros de la administración lo describen como una guerra. Y la Constitución exige que sean los miembros del Congreso quienes decidan si nos involucramos o no en este tipo de conflicto armado”.

Como lo mencionó Factcheck.orgen un artículo previo, expertos legales les han dicho que, según una interpretación originalista de la Constitución, se requiere la aprobación del Congreso para el uso de la fuerza militar contra otro país. Sin embargo, en la práctica, varios presidentes han emprendido acciones militares en otros países sin autorización del Congreso.

Robert Johnson, director del Centro para la Evolución de la Guerra de la Universidad de Oxford, comentó por correo electrónico: “Hay una razón política para no calificar la campaña contra Irán como una guerra. El presidente debe consultar al Congreso y obtener su aprobación después de 60 días. Hasta entonces, está autorizado a tomar medidas en legítima defensa de Estados Unidos, un poder que se le otorgó debido a la Guerra Fría y a la rapidez con la que podría lanzarse un ataque nuclear”.

“La mayoría de los académicos y abogados no utilizan el término guerra, incluso cuando deberían”, afirmó Johnson. “El término que se emplea es conflicto armado. Este se define además como un ataque armado. En las últimas tres décadas se ha establecido un patrón de no declarar la guerra ni emprender acciones militares, es decir, utilizar la fuerza letal para obtener fines políticos y neutralizar una amenaza emergente, como un ataque terrorista. Legalmente, los criterios son que se trate de una amenaza que no pueda ser abordada razonablemente por ningún otro medio y que sea ‘inminente’”.

Otras definiciones de guerra

Los medios de comunicación y los académicos, por supuesto, utilizan otras definiciones de guerra que no tienen nada que ver con las consideraciones legales o constitucionales.

Por ejemplo, la agencia de noticias Associated Press (AP) decidió el 1 de marzo de 2026 empezar a usar la palabra “guerra” para referirse a los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y a la represalia iraní.

“Esto refleja el alcance y la intensidad de los combates”, escribió la AP.

La AP señaló que el diccionario Merriam-Webster define la guerra de forma amplia como “un estado de conflicto armado hostil, generalmente abierto y declarado, entre estados o naciones”, o “un estado de hostilidad, conflicto o antagonismo”.

“Aunque ninguno de los países ha declarado oficialmente la guerra, los ataques de Estados Unidos e Israel, junto con la represalia de Irán, cumplen con esos criterios”, señaló la AP. “La decisión del gobierno de Trump y de los líderes israelíes de atacar, así como la posterior destrucción y las bajas, son suficientes para calificar estas acciones, y la respuesta de Irán, como una guerra. El propio Trump ha utilizado la palabra guerra para describir el conflicto”.

Johnson, del Centro para la Transformación de la Guerra, afirmó: “Como fenómeno, la guerra es una contienda entre entidades políticas organizadas que utilizan la fuerza armada letal a gran escala. Según esta definición, Estados Unidos está ‘en guerra’”.

Savell, del proyecto Costos de la Guerra, citó las palabras de Douglas Fry, antropólogo especializado en la guerra, en su libro de 2007 “Más allá de la guerra: El potencial humano para la paz”. Fry definió a la guerra como: “Una actividad grupal, llevada a cabo por miembros de una comunidad contra miembros de otra comunidad, cuyo propósito principal es infligir lesiones graves o la muerte a varios miembros no especificados de esa otra comunidad, o en la que dicho propósito principal hace altamente probable que se infligan lesiones graves o la muerte a varios miembros no especificados de esa comunidad para lograr ese propósito principal”.

“Esto coincide con lo que Estados Unidos está haciendo en Irán”, dijo Savell.

Pero también existen otras definiciones que se utilizan en el ámbito académico.

Scott Wolford, profesor de gobierno en la Universidad de Texas en Austin, y Jeff Carter, profesor del Departamento de Gobierno y Estudios de Justicia en la Universidad Estatal de los Apalaches, son codirectores del Correlates of War Project, que proporciona una “acumulación sistemática de conocimiento científico sobre la guerra” que se remonta a 1816.

Según explicaron Wolford y Carter por correo electrónico a Factcheck.org, medio aliado de Factchequeado, COW define la guerra como “un ‘combate sostenido’ entre beligerantes, o lo que podríamos llamar violencia competitiva utilizada por grupos organizados para la violencia contra otros grupos organizados para la violencia”.

Según afirmaron, el conflicto entre Estados Unidos e Irán cumple con su definición de “combate sostenido”.

“Sin embargo, desde el punto de vista operativo, para que un conflicto se registre en los datos de COW como una guerra (en contraposición a la violencia de menor nivel), existe un límite de 1.000 muertes en combate, por encima del cual un conflicto se registra en los datos como una guerra”, explicaron.

Trump asiste al solemne traslado de los restos de seis soldados estadounidenses fallecidos en un ataque con drones iraníes en Kuwait el 7 de marzo en la base aérea de Dover, Delaware. Fotografía oficial de la Casa Blanca por Daniel Torok.

Siete soldados estadounidenses han muerto en el conflicto militar hasta el momento, y los ataques de represalia iraníes también han causado la muerte de casi dos docenas de personas en la región de Oriente Medio, según un informe del New York Times del 8 de marzo de 2026. El embajador de Irán ante la ONU dijo el 6 de marzo de 2026 que más de 1.300 civiles iraníes han muerto en el conflicto.

Sin embargo, esas cifras procedentes de Irán no han sido verificadas, y Carter señaló que el umbral de 1.000 establecido por COW “se aplica a los miembros de las fuerzas armadas de los combatientes”, no a los civiles.

Si el conflicto militar provoca 1.000 muertes en combate, se clasificaría como guerra en la base de datos COW, independientemente de cómo la denominen los líderes iraníes o estadounidenses. (El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sí calificó el conflicto de “guerra”, declarando a PBS News el 9 de marzo de 2026: “Esta es una guerra a la cual nos han sometido”).

“La ventaja de esas definiciones es que son independientes de lo que los gobiernos *digan* sobre si están o no en guerra”, escribieron Wolford y Carter.

“Pero eso es distinto de la cuestión político-legal de si esto es una guerra”, dijeron. “Las declaraciones de guerra son bastante raras, aunque las autorizaciones del Congreso para el uso de la fuerza no lo son, y el hecho de que este conflicto comenzara y continúe sin ninguna de las dos es probablemente lo que está en juego en el debate público sobre la definición”.

Sin embargo, expertos dijeron a Factcheck.org que la clasificación política del conflicto podría cambiar con el tiempo, si aumentara el número de bajas estadounidenses, si se desplegaran tropas terrestres o si la acción militar se prolongara durante un período de tiempo considerable.

“Si se produjera un conjunto específico y limitado de ataques armados de corta duración, la administración podría sostener el argumento de que aún no están en guerra”, dijo Johnson. “Sin embargo, la magnitud, el alcance y posiblemente la duración de los contraataques nos llevarían más allá de las definiciones puramente legales”.

En declaraciones del 11 de marzo de 2026, Trump se refirió a la acción militar en Irán como “una pequeña excursión”.

Un periodista preguntó: “Usted acaba de decir: “Es una pequeña excursión”, y también dijo: “Es una guerra”. Entonces, ¿cuál de las dos es?”.

“Bueno, son ambas cosas”, dijo Trump. “Son ambas cosas”.

Este artículo ha sido publicado en Factchequeado gracias a nuestra alianza con Factcheck.org Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Factchequeado is one of seven Latino-serving newsrooms nationwide selected by the Solutions Journalism Network for the 2026 Addressing Health Disparities Fellowship. This program is a year-long fellowship, which supports participating organizations in producing rigorous reporting on health equity through a solutions journalism approach.

Through the program, Factchequeado will receive a $14,000 grant, along with specialized training and mentorship to strengthen its coverage of health disparities affecting Latino communities. The fellowship also includes professional development for editors and journalists on how to report on healthcare issues through a solutions lens, engage audiences more effectively, and identify responses that are helping address systemic inequities in health outcomes. Ana María Carrano, our Managing Editor, and Jonnathan Pulla, one of our reporters, will be part of this cohort.

At Factchequeado, reporting on health misinformation and access to reliable health information has been a growing focus of our work. Latino communities in the United States face persistent disparities in healthcare access and outcomes, often shaped by structural factors such as language barriers, immigration status, economic inequality, and environmental conditions. At the same time, these communities are frequently targeted by health misinformation circulating on social media and messaging platforms.

Through this fellowship, our newsroom plans to expand its reporting focusing on responses that aim to reduce disparities in areas such as healthcare access, chronic disease prevention, culturally competent care, and community-based health initiatives.

Over the next 12 months, Factchequeado will work on producing solutions-focused stories that examine how communities, organizations, and institutions are working to address health disparities affecting Latino populations.

Participation in the fellowship will also allow Factchequeado to collaborate with other Latino-serving newsrooms across the United States as part of a community of practice: El Tecolote (Oakland/Bay Area), with Erika Carlos; Yale Climate Connections (national), with Perla Marvell; Shoresides (Wilmington, North Carolina), with Rend Smith; Tu Prensa Local (Long Island, New York/Suffolk County), with María del Mar Piedrabuena; Tucson Spotlight (Tucson, Arizona), with Diana Ramos; and Univision 23 (Dallas-Fort Worth), with Olga Gabriela Villegas.

As part of our collaborative model, the stories produced through the fellowship will be made available for free republication through our network of more than 140 allied organizations, including local and national media outlets, community organizations, and content creators that serve Latino audiences.

This initiative aligns with Factchequeado’s mission to provide reliable, contextualized information that helps Latino communities better understand the systems and issues that affect their lives.

Factchequeado es uno de los siete medios de Estados Unidos dedicados a las comunidades latinas que han sido elegidos por Solutions Journalism Network para participar en el programa Addressing Health Disparities Fellowship 2026. Este programa, de un año de duración, apoya a las organizaciones en el desarrollo de reportajes sobre la equidad en la salud mediante un enfoque de periodismo de soluciones.

A través del programa, Factchequeado recibirá una subvención de 14 000 dólares, junto con capacitación especializada y tutoría para fortalecer su cobertura de las disparidades en salud que afectan a las comunidades latinas. También incluye desarrollo profesional para editores y periodistas sobre cómo informar sobre temas de salud desde una perspectiva de soluciones, involucrar a las audiencias de manera más efectiva e identificar respuestas que ayuden a abordar las desigualdades sistémicas en los resultados de salud. Por parte de Factchequeado, participan en esta cohorte Ana María Carrano, Managing Editor, y Jonnathan Pulla, reportero y fact-checker.

En Factchequeado, la cobertura de la desinformación en materia de salud y el acceso a información sanitaria confiable ha sido un enfoque cada vez más importante en nuestro trabajo desde que lanzamos el medio en 2022. 

Las comunidades latinas en los Estados Unidos enfrentan disparidades persistentes en el acceso a la atención médica y en los resultados de salud, a menudo determinadas por factores estructurales como las barreras lingüísticas, el estatus migratorio, la desigualdad económica y las condiciones ambientales. Al mismo tiempo, estas comunidades son frecuentemente blanco de campañas de desinformación de salud que circulan en las redes sociales y las plataformas de mensajería.

A través de este programa, nuestra redacción planifica ampliar su cobertura centrándose en las respuestas que buscan reducir las disparidades en áreas como el acceso a la atención médica, la prevención de enfermedades crónicas, la atención culturalmente competente y las iniciativas de salud comunitarias.

Durante los próximos 12 meses, Factchequeado trabajará en el desarrollo de reportajes centrados en soluciones que examinen cómo las comunidades, organizaciones e instituciones están trabajando para abordar las disparidades en salud que afectan a las poblaciones latinas.

La participación en este programa también permitirá a Factchequeado colaborar con otras redacciones que prestan servicios a las comunidades latinas en todo Estados Unidos, como: El Tecolote (Oakland/Bay Area), con Erika Carlos; Yale Climate Connections (nacional), con Perla Marvell; Shoresides (Wilmington, North Carolina), con Rend Smith; Tu Prensa Local (Long Island, Nueva York/Suffolk County), con María del Mar Piedrabuena; Tucson Spotlight (Tucson, Arizona), con Diana Ramos y Univision 23 (Dallas-Fort Worth), con Olga Gabriela Villegas.

Como parte de nuestro modelo colaborativo, los reportajes producidos a través de este programa estarán disponibles para su republicación gratuita a través de nuestra red de más de 140 organizaciones aliadas, incluyendo medios de comunicación locales y nacionales, organizaciones comunitarias y creadores de contenido que atienden a audiencias latinas.

Esta iniciativa se alínea con la misión de Factchequeado de proporcionar información confiable y contextualizada que ayude a las comunidades latinas a comprender mejor los sistemas y los temas que afectan sus vidas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advirtió a los contribuyentes que “no deben confiar en las respuestas generadas por la IA (inteligencia artificial) para preguntas tributarias complejas”, el 5 de marzo de 2026. También aconsejó “verificar cualquier cálculo o información proporcionada” por la IA.   

Expertos en impuestos han señalado que aunque se pueden utilizar herramientas de IA para organizarse antes de pedir ayuda a un preparador de impuestos. También advierten que puede resultar en errores difíciles de detectar para personas sin el conocimiento adecuado. Estos errores pueden generar que las personas no reclamen deducciones para las cuales califican o reclamar algunas para las que no califican. 

El IRS cobra multas por diversos motivos, incluyendo si los contribuyentes no “proporcionan declaraciones informativas exactas y presentadas a tiempo”, y cobra intereses cuando tienen deudas pendientes “que incluyen impuestos, sanciones, recargos o intereses”. En caso de que la IA cometa errores en tu declaración de impuestos, tú serás el responsable ante el IRS.

“Te estás jugando el cuello”, dijo Jenny Groberg, directora ejecutiva y fundadora de BookSmarts Accounting and Bookkeeping, al medio KUTV. 

Una evaluación de cuatro chatbots de IA (Gemini de Google, ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Grok de xAI) realizado por The New York Times encontró que estas herramientas calcularon erróneamente el reembolso o monto adeudado al IRS en un promedio de 2,000 dólares. 

Además, proporcionar información personal a estos chatbots plantea preocupaciones de privacidad. 

“Si desconocemos la información que la herramienta comparte o recopila sobre ti, entonces no podemos saber si su privacidad y confidencialidad se están respetando de acuerdo con la ley”, dijo al medio Fox 9 Ed Jenkins, profesor de contabilidad en la Universidad Estatal de Pensilvania.

La IA podría interpretar incorrectamente las nuevas deducciones o créditos tributarios de la ley OBBBA

Chad Cummings, contador público certificado (CPA) y director ejecutivo de Cummings & Cummings Law, dijo a Wesh de Florida que las aplicaciones de IA parecen alucinar al no poder proporcionar asesoramiento constante sobre las disposiciones del One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), la ley fiscal de la administración del presidente Donald Trump promulgada el 4 de julio de 2025. Esta contiene varias deducciones nuevas y créditos tributarios, como te contamos en Factchequeado.

“Montones de nuevas deducciones y desgravaciones, especialmente para la clase media”, dijo Cummings al medio WESH. 

Entre estas se encuentran las deducciones para personas mayores (65 años o más) de 6,000 dólares –además de la deducción estándar–, o la exención de impuestos a las propinas (no tax on tips), que permite deducir un máximo anual de 25,000 dólares en propinas calificadas.  

Los contribuyentes pueden tener una idea distinta sobre lo que realmente permiten las nuevas deducciones, aseguró Groberg.

Por ejemplo, algunos pueden interpretar erróneamente que la exención de impuestos a las propinas significa que no se pagarán impuestos en absoluto sobre todas las propinas. Sin embargo, existe un límite de hasta 25,000 dólares en propinas elegibles y además siguen sujetas a impuestos FICA (Ley Federal de Contribuciones al Seguro), que deduce un porcentaje del salario para el Seguro Social y programas de Medicare.

Otra mala interpretación, según Grobert, puede ocurrir con la deducción de impuestos sobre los intereses de préstamos para automóviles. En este caso “puedes deducir únicamente el interés” de un auto nuevo adquirido, solo si es “una compra personal” y no para negocios, y “tiene que haber sido ensamblado en Estados Unidos”.

Para qué sí puede ser útil la IA: para organizarse o verificar qué falta en la declaración que está lista para enviarse

Cummings indicó que una manera de sacarle provecho a la IA es consultarle qué le hace falta a la declaración de impuestos cuando ya está lista para ser enviada. Pero esto se debe hacer sin proveer el “número de Seguro Social y cualquier otra información de identificación personal”.

Groberg dijo que se pueden utilizar las herramientas de IA para organizarte para la declaración de impuestos consultándole qué documentos se necesitan, según en la situación específica antes de acudir con un preparador de impuestos.

“Si alguien viniera a verme por cuestiones de impuestos, preferiría muchísimo más que tuviera todo organizado, en lugar de una caja llena de recibos”, dijo Groberg. Sin embargo, también advierte que la información de estas herramientas puede estar desactualizada y aconseja no compartirles información personal. 

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Lee también:

Las mentiras de YouTube: cómo la plataforma financia la desinformación climática en contra sus propias normas y de la ley europea

Cuentas Trump: quiénes califican, cuánto dinero ofrecen y cómo funcionan

Propinas y horas extra exentas de impuestos: lo nuevo para la temporada de taxes 2026