En Factchequeado revisamos esos 25 documentos y encontramos que el Buró de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia (DOJ) y las policía en Michigan sí investigaron la entrega de entre 8,000 y 10,000 formularios de nuevos votantes posiblemente fraudulentos por parte de la organización señalada por Trump. Sin embargo, aunque hubo indicios y sospechas de un posible fraude electoral, incluyendo discrepancias en los documentos y las entrevistas donde exempleados afirmaron haber ingresado información falsa, o dijeron que pensaban que otros empleados lo habían hecho, no se encontraron pruebas de “ningún delito”.

“Se habían creado formularios de registro de votantes fraudulentos, pero no se procesó ningún registro fraudulento ni se emitieron votos”, dijo al medio local Michigan Advance, Patrick Agema, portavoz de la Policía Estatal de Michigan (MSP), un día después del discurso de Trump. La investigación policial reveló que el fraude fue cometido por empleados de bajo nivel que buscaban aumentar su productividad laboral, y no como parte de un esfuerzo organizado para comprometer la infraestructura electoral de Michigan, agregó.

PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, señaló que este caso ha sido reportado por medios locales desde 2020. Tanto esos medios como reportes de autoridades identificaron a la organización investigada como GBI Strategies, que trabajó para campañas demócratas en 2020 de acuerdo a registros de financiación.

Los documentos publicados por la Casa Blanca muestran que la investigación se inició en octubre de 2020 y finalizó en septiembre de 2025.

9 documentos son entrevistas del FBI a exempleados de la organización

Nueve de los documentos corresponden a entrevistas del FBI a exempleados de la organización con fechas que van del 13 de diciembre de 2023 al 10 de julio de 2025. Uno de ellos trabajaba en una oficina como redactor de los formularios y los otros 8 estaban a cargo de registrar a nuevos votantes.

Dos de los entrevistados admitieron haber ingresado información falsa. El primero dijo que llenaba suficientes formularios con “personas inventadas” para cumplir con su “cuota diaria”. El segundo afirmó que nunca recopiló nombres y que permanecía en su vehículo durante todo su turno escribiendo el nombre de un amigo o familiar para tener algo que entregar. Otros 4 (aquí, aquí, aquí y aquí) no admitieron ni negaron haber ingresado información falsa deliberadamente y 3 (aquí, aquí y aquí) lo negaron por completo. 

Asimismo, 2 de ellos (aquí y aquí) afirmaron que sus superiores dijeron a los empleados que llenaran información falsa; otros (como este, este o este) dijeron que no les habían pedido hacerlo; y otros (como este, este o este) afirmaron saber o pensar que otros empleados sí lo hacían. Además, 4 de ellos (este, este, este y este) confirmaron que les pagaron por medio de una tarjeta de débito y, al menos uno de ellos, dijo no recordar nada de cómo fue remunerado.8 documentos son comunicados oficiales del FBI sobre actualizaciones de la investigación

Al menos 4 documentos (aquí, aquí, aquí y aquí) son documentos oficiales del FBI sobre la investigación que realizó con fechas que van del 29 de octubre de 2020 al 25 de septiembre de 2025. 

Estos documentos revelan que la Oficina del Secretario Municipal de Muskegon (MCCO) reportó haber recibido los supuestos formularios de registros de votantes fraudulentos en octubre de 2020; que el FBI abrió una investigación en marzo de 2021; que una persona reportó haber recibido una tarjeta de registro de votante y una boleta de voto en ausencia por correo después de que una persona “vistiendo una camiseta de Biden” le ofreciera registrarla en noviembre de 2020; y que el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) cerraron la investigación en septiembre de 2025, después de concluir que no había evidencia suficiente para acreditar un fraude electoral ni identificar una infracción penal.

Otros 4 son (aquí, aquí, aquí y aquí) evaluaciones de registros de 110 votantes con fechas que van del 31 de marzo de 2022 al 19 de mayo de 2023. Estos muestran que 91 personas no se encontraron en la base de datos de votantes, 16 fueron confirmados como votantes, pero solo 4 de ellos tenían firmas que coincidían con las de las solicitudes de registro, y que la información de 3 de ellos (fecha de nacimiento, dirección o número de teléfono) tenía discrepancias.

7 documentos son correos electrónicos de las autoridades

Estos documentos muestran intercambios a través de correos electrónicos entre el FBI, “USAMIW” (siglas de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Michigan) y “CRM”. No pudimos identificar qué organización o persona representa las siglas CRM en los documentos.

En 2 correos (de noviembre de 2021 y enero de 2022), el FBI cuestiona la decisión de cerrar el caso o limitar su alcance, bajo el argumento de que la presentación de los registros fraudulentos constituyen delitos federales. Pero, también dice el FBI que “demostrar que esto se hizo ‘intencionadamente’ seguiría siendo difícil”.

Un correo enviado por la CRM al FBI y al USAMIW el 2 de febrero de 2023, indica que en una verificación de 20 aplicaciones de registro de votantes encontraron discrepancias, como identidades inventadas o información errónea. 

En otro  correo enviado al FBI el 3 de octubre de 2023, la misma División Criminal del DOJ ordenó posponer las entrevistas a aproximadamente 100 exempleados de la organización bajo investigación hasta que pasaran las elecciones en Michigan del 7 de noviembre de 2023.  

Un documento muestra la cronología del caso entre 2020 a 2024

Este documento muestra la cronología del caso entre 2020 y 2024. Allí se indica que la Policía Estatal de Michigan (MSP) informó por primera vez al FBI sobre los supuestos formularios fraudulentos recibidos por la Oficina del Secretario Municipal de Muskegon (MCCO) el 27 de octubre de 2020. También se menciona que, el 25 de octubre de 2024, un abogado de la PIN (Sección de Integridad Pública) del DOJ solicitó revisar los informes "FD-302", que corresponden a las entrevistas realizadas a los exempleados de la organización investigada, según pudimos precisar en la parte superior izquierda de cada uno de esos documentos.

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Maduro y su esposa, Cilia Flores, están detenidos desde el 3 de enero de 2026 en un centro penitenciario de Nueva York luego de ser capturados en Caracas, capital de Venezuela, en la madrugada de ese mismo día durante una operación militar estadounidense.

El calendario, sin embargo, podría variar si las impugnaciones de la defensa de Maduro, que se declaró inocente de los cargos, no se resuelven a tiempo, ya que los abogados anticipan pedir aplazamientos y ajustes en las fechas del proceso, según los documentos judiciales. 

El juez Hellerstein aceptó la petición de los abogados del ex dictador venezolano para que los procedimientos se ejecuten en dos etapas. En la primera, Maduro buscará impugnar su procesamiento por Estados Unidos argumentando la inmunidad que tendría por ser jefe de Estado. De prosperar esa solicitud, el caso se cerraría.

En la segunda etapa, de no prosperar la primera petición, la defensa de Maduro podrá presentar a principios de 2027 nuevas impugnaciones sobre la acusación. Como ya te hemos contado en Factchequeado, los cargos federales se centran en los señalamientos de corromper al gobierno de Venezuela y utilizarlo para exportar cocaína mundialmente.

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De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), organización bipartidista que proporciona investigaciones, asistencia y otros recursos para apoyar el proceso de formulación de políticas, hasta enero de 2026, existían “más de 10.000 jurisdicciones de administración electoral en los Estados Unidos”. 

¿Por qué el sistema electoral es descentralizado?

La Constitución de Estados Unidos, que entró en efecto en 1789, estableció un sistema de “doble soberanía” en el que el gobierno nacional y los estados tienen responsabilidades definidas, explica la Universidad de Derecho de Cornell con LibreTexts, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer libros de texto universitarios de acceso abierto y bajo licencias Creative Commons. Entre los poderes otorgados a los estados por la Constitución, se incluyen la administración de las elecciones federales -donde se escogen a los senadores, representantes y presidente– a través de varias disposiciones.

“Si nos remontamos a más de 200 años atrás, la idea de una autoridad electoral federal a nivel nacional —que es, por supuesto, lo que tienen la mayoría de los países— iba en contra del  sistema político altamente descentralizado propio de la época fundacional", dijo Naten Persily, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, en un seminario web de NCSL publicado el 20 de mayo de 2025.

Por ejemplo, la cláusula de elecciones (Elections Clause) del Artículo I, Sección 4 de la Constitución,  establece que los estados tienen la autoridad principal sobre la administración de las elecciones, “la fecha, los lugares y la forma de celebrar las elecciones de senadores y representantes”, explica el Comité de Administración de la Cámara de Representantes.

También se precisa en el Artículo II, sección 1 de la Constitución que “cada Estado nombrará, en la forma que disponga su Legislatura, un número de electores igual al número total de senadores y representantes que le corresponda en el Congreso”.

“Del texto del documento se desprende que la mayor parte de las competencias sobre el modo de celebrar las elecciones para la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia recaerá en la legislatura estatal”, dijo Persily. 

¿Cómo funciona esto en la práctica?

Los gobiernos locales y estatales establecen la mayoría de las reglas sobre cómo se llevan a cabo las elecciones, incluyendo el registro de votantes, la gestión de los centros de votación y el conteo de los votos. Esas normas deben ajustarse a las protecciones constitucionales y normas nacionales establecidas por el Congreso, según un análisis del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado Es decir, el poder estatal sobre las elecciones no es ilimitado. 

Por otro lado, el gobierno federal, a través del Congreso, “ha actuado para proteger el derecho de los votantes a acceder a las urnas y emitir su voto, establecer normas nacionales básicas que garanticen la equidad y proporcionar fondos y servicios a los funcionarios electorales para ayudarles a organizar las elecciones de manera más eficaz”, explica el Brennan Center.

Entre las leyes que ha aprobado el Congreso se encuentran la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) y la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act). 

Las enmiendas constitucionales que protegen el derecho al voto incluyen la 14^a Enmienda (cuya cláusula de igual protección exige que todos los votantes reciban un trato igual ante la ley), la 15^a Enmienda (que prohíbe la discriminación racial) o la 19^a Enmienda (que reconoce el derecho al voto de las mujeres).

¿Cuál es el papel del presidente en la administración de las elecciones federales?

La Constitución no le otorga al presidente ni a ninguna autoridad de la rama Ejecutiva federal una facultad general para “establecer o modificar” unilateralmente las normas de las elecciones federales ni para anular o cancelar una elección, según el Brennan Center for Justice. 

Lo que sí puede hacer el presidente es firmar “órdenes ejecutivas que afectan a las agencias y personal federales que hacen cumplir las leyes electorales federales, pero no puede modificar unilateralmente esas leyes ni alterar las leyes estatales sobre la forma en que se administran las elecciones”. 

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El brote se viene desarrollando desde finales de junio de 2026. El 1 julio, el MDHHS informó que, en los 9 días anteriores, se habían reportado “más de 170 casos”, cuando el estado, anualmente, “solo identifica alrededor de 50 casos de ciclosporiasis por año”. 

El MDHHS reconoce que no se ha identificado el origen del brote, aunque la información de la que dispone “indica que la lechuga o las verduras para ensalada podrían ser una posible fuente de este brote”. Y no es el único estado que ha registrado aumentos de estos casos por encima de lo normal. En Estados Unidos, los brotes de ciclosporosis han estado relacionados con el consumo de diferentes frutas y verduras frescas.  

En total, en todo el país, para el 20 de julio de 2026, los CDC, encargados del control de enfermedades, notificaron 4,173 casos confirmados en 41 estados y tienen constancia de más de 7,400 casos que requieren análisis adicionales, señalan que estos podrían estar en Michigan. El organismo reporta que 308 necesitaron hospitalización. 

Los CDC informaron el 17 de julio de 2026 que la empresa Taylor Farms comenzó la retirada voluntaria de sus productos con lechuga iceberg en 27 estados del país (que puedes consultar aquí junto con la descripción de los productos retirados) “porque puede estar contaminado con Cyclospora”, informó la FDA, que se encarga del control de alimentos. En su último comunicado, del 19 de julio, la FDA informó que “no hay resultados positivos confirmados en los análisis de Cyclospora realizados en las muestras de productos” de esa empresa.

El martes 22 de julio, el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr, informó que el brote de Michigan se había convertido en “multiestatal” al detectarse casos relacionados en Indiana, Kentucky, Ohio y Virginia Occidental. Aseguró tener la situación “bajo control”, como recogió ABC News. 

A 22 de julio, en Ohio, se han reportado, al menos 1,244 casos; en Indiana 511 casos; en Virginia Occidental 195 casos y en Kentucky 192 casos, recoge CNN.

Los CDC, sin embargo, reportan en Ohio entre 301 y 500 casos confirmados hasta el 20 julio en ese estado. En Virginia Occidental, entre 11 y 30 y en Indiana entre 161 y 300. En Michigan, entre 901 y 2000 casos. 

En Illinois, el Chicago Sun Times informa de 309 casos al 20 de julio de 2026, con 24 hospitalizados. En cambio, los CDC tienen registrados entre 81 a 160 infectados para el 20 de julio.

En Carolina del Norte, medios locales informan un total de 561 casos entre el 1 de mayo y el 21 de julio. De ellos, 16 están recibiendo tratamiento hospitalario. Los CDC registran entre 161 y 300 casos en el estado a 20 de julio.

El problema también se ha identificado en Nueva York. Medios locales informan que, a 22 de julio, se han registrado 576 casos en todo el estado desde el 1 de mayo. Los CDC recogen, en ese estado, entre 161 a 300 infectados hasta el 20 de julio. The New York Times informa que entre enero y junio de 2026, “se registraron aproximadamente el doble de casos que en el mismo periodo del año pasado”. 

La infección se trata con antibióticos, reposo y mucha hidratación y, “por lo general” no pone en peligro la vida, destacan los CDC. Las personas, advierten, pueden infectarse con Cyclospora más de una vez.

¿Qué es la ciclosporiasis, cómo nos infectamos y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico de nombre Cyclospora cayetanensis, que genera una infección en el intestino delgado al consumir agua o alimentos contaminados con heces y que contengan ese parásito, informan los CDC.

Los síntomas, que pueden hacerse visibles en un intervalo de entre dos días y dos semanas, pueden manifestarse o no. En caso afirmativo, el parásito “suele causar diarrea muy líquida, con frecuentes y a veces explosivas defecaciones”, advierten los CDC. De no tratarse, los síntomas pueden durar hasta más de un mes. 

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran, enumeran los CDC: 

• Diarrea acuosa (el más frecuente)

• Pérdida de apetito

• Pérdida de peso

• Calambres

• Hinchazón abdominal

• Aumento de los gases

• Náuseas

• Fatiga

Entre los menos frecuentes, los CDC mencionan: 

• Vómitos

• Dolores corporales

• Dolor de cabeza

• Fiebre baja

• Otros síntomas similares a los de la gripe

Recomendaciones para evitar contagiarse

Los CDC aconsejan: 

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de tocar o preparar frutas y verduras crudas, y lavar también esas frutas y verduras cuidadosamente antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas.

• Frotar las frutas y verduras duras, como los melones y pepinos, con un cepillo para productos frescos.

• Cortar y desechar todas las partes de las frutas y verduras que estén dañadas antes de su preparación y consumo.

• Refrigerar las frutas y verduras cortadas, peladas o cocidas lo antes posible.

Desde Michigan, el MDHHS añade a esas recomendaciones: 

• Cocinar los alimentos, siempre alcanzando, al menos, los 158°F (70°C), ya que a esa temperatura se elimina el parásito.

• Lavar y desinfectar los utensilios y las superficies antes y después de manipular los alimentos y las vitrinas y los refrigeradores donde se almacenan.

* Actualización: esta nota fue actualizada el 2215 de julio de 2026 con las cifras más recientes disponibles de afectados y hospitalizados.

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Los sismos se sucedieron en cuestión de segundos a las 6:04 pm y 6:05 pm ET y tuvieron su epicentro a unos 25 kilómetros (15.5 millas) de la localidad de San Felipe, a unas 127 millas (205 kilómetros) al oeste de Caracas, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). 

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estima con un 43% de probabilidad que el número de fallecidos llegue a 10,000. También calcula una probabilidad de 53% de que las pérdidas económicas sean de, al menos, 10,000 millones de dólares. 

Lo último

El presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, compartió en su cuenta de Instagram el 21 de julio de 2026 que los terremotos han dejado 5,346 fallecidos, 16,740 heridos y 17,267 damnificados.

Rodríguez, quien además es el hermano de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina del régimen chavista, dijo que el número de edificios “dañados” es de 856, de los cuales 190 sufrieron un “colapso total”.

 De los centenares de réplicas vividas en la zona desde los sismos del 24 de junio, una de las más fuertes ocurrió la mañana del 29 de junio sobre las 7:30 AM hora local de Venezuela, con una magnitud de 4.6. Su epicentro fue en las cercanías de Caraballeda, una de las localidades más golpeadas por los dos terremotos del 24 de junio. 

El USGS recuerda que mucha de la población de la zona afectada “vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos”, con estructuras hechas de “mampostería de ladrillo sin armar y bloques de adobe”.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), perteneciente a la ONU estima en hasta 6.76 millones de personas las afectadas por el los terremotos del 24 de junio, 2 millones serían solo en Caracas. 

​En un trabajo conjunto con Microsoft AI for Good Lab, el análisis de las imágenes satelitales de la zona afectada “indica que el 31,5% de los edificios en Catia La Mar ha sufrido daños”.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima en 6,700 millones de dólares los “daños físicos directos” de los terremotos, y en 1.7 millones las estructuras dentro de las zonas afectadas, incluyendo “un número significativo” en las áreas más golpeadas.

Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón calculan en 58,860 los edificios “dañados o destruídos en toda la región afectada”, tras analizar las imágenes de la zona afectada tomadas por el satélite Sentinel-1. 

Primeras medidas

Delcy Rodríguez anunció en un contacto con el medio estatal VTV el 25 de junio de 2026 la creación de un fondo “inicial” de 200 millones de dólares para reconstruir las infraestructuras y viviendas afectadas.

Habló también de la activación de “créditos especiales de la banca pública y privada” para quienes perdieron sus negocios y una “asignación especial”, que no especificó, para la gente que perdió su empleo. 

En su nueva aparición en VTV de la mañana del 26 de junio de 2026, la presidenta encargada anunció la militarización de la zona de la Guaira y agradeció la llegada de la ayuda internacional. 

Réplicas: las hay y las habrá

Como ya hemos contado en Factchequeado, los terremotos no se pueden predecir, pero sí se pueden hacer pronósticos sobre la intensidad de las réplicas y la posibilidad de que estas ocurran. Desde USGS recuerdan que tras un terremoto, hay réplicas y señalan que sus pronósticos de réplicas les “permiten comprender las probabilidades de que se produzcan más terremotos en un periodo de tiempo determinado en la zona afectada”.

“La frecuencia de las réplicas irá disminuyendo con el tiempo, pero podría mantenerse elevada durante el próximo año o incluso más tiempo”, advierten.

En el caso del sufrido en Venezuela, el USGS calcula que, en la mañana del 22  de julio, hora de Venezuela (ET), “dentro del próximo mes”, hay una probabilidad “superior al 99%” de que haya entre 11 y 94 réplicas de “magnitud 3 o superior”. También estima una probabilidad superior al 91% de que se produzcan entre 0 y 11 réplicas de magnitud 4 o mayor. 

Para las réplicas de magnitud 5 o superior, las probabilidades disminuyen considerablemente. Para el primero, el USGS calcula una probabilidad de 24% de que se produzcan entre 0 y 2 réplicas. Para réplicas de magnitud 6 o superior, da un 3% de probabilidades de que se puedan dar entre 0 y 1. Para posibles réplicas de una magnitud superior a 7 calcula una probabilidad de 0.3% de que pueda ocurrir uno. 

USGS recuerda que sus estimaciones cambian con el paso de los días, “sobre todo durante las primeras 72 horas tras un terremoto principal”. Estos cambios se deben, explican, a una menor cantidad e intensidad de réplicas y a “los cambios en los modelos de previsión debidos a la recopilación continua de datos”.

Para seguir consultar las actualizaciones de estas estimaciones, puedes revisar la página del USGS.

Llega la ayuda internacional 

La presidenta encargada informó en su cuenta en X (antes Twitter) que múltiples países se pusieron en contacto con Venezuela para ofrecerles todo el apoyo necesario. Entre ellos, China, Chile, India e Italia entre otros.

Desde Estados Unidos, el presidente, Donald Trump, informó en su cuenta de Truth Social que había dado instrucciones “a todos los organismos de nuestro Gobierno para que se preparen para actuar con rapidez” en la ayuda al país caribeño. En la madrugada del 26 de junio de 2026 el primer contingente estadounidense arribó a Venezuela, a la espera de la llegada de más equipo especializado. La embajada de EEUU en Venezuela informó también de la aprobación de un fondo de 150 millones de dólares para las tareas de ayuda y rescate.

También aterrizaron especialistas en rescate y ayuda humanitaria desde España, Suiza, El Salvador y México.Organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, y organizaciones de ayuda humanitaria como la Cruz Roja, también se han puesto a disposición para ayudar.

La compañía de servicio de internet Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, anunció en su cuenta en X la gratuidad de internet hasta el 25 de julio de 2026 “tanto a los clientes nuevos como a los actuales”.

Recursos para encontrar personas desaparecidas, reportar daños y acceder a ayuda

Para ubicar y restablecer contacto con familiares

• Cruz Roja Venezolana: activó su servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares para quienes perdieron comunicación con un ser querido. El número disponible es +58 (422) 799-4880. También, en su página web puedes consultar los números de contacto de sus sedes en todo el país.

Iniciativas cívicas colaborativas 

Estas plataformas independientes han sido impulsadas desde las redes sociales para centralizar reportes y facilitar el intercambio de información:

• Desaparecidos terremoto Venezuela (desaparecidosterremotovenezuela.com): plataforma para reportar personas con las que se ha perdido contacto, consultar los registros y notificar cuando alguien haya sido localizado. 

• Venezuela te busca (venezuelatebusca.com): registro colaborativo que permite buscar o registrar a personas desaparecidas después del terremoto y actualizar su situación cuando sean localizadas.

• Terremoto Venezuela (terremotovenezuela.com): mapa colaborativo en el que las personas pueden reportar y consultar fotos que muestran daños relacionados con el terremoto en calles o edificios específicos. 

Centros de acopio 

En este listado puedes consultar centros de acopio habilitados en distintos estados de Venezuela, con información sobre las organizaciones responsables, direcciones, teléfonos de contacto y los recursos que reciben, como agua potable, alimentos no perecederos, ropa, cobijas y medicamentos. 

Ya corre la desinformación

El Observatorio Venezolano de Fake News ya ha verificado varias desinformaciones relacionadas con imágenes de supuestos tsunamis llegando a las costas del país, cortes de luz anunciados oficialmente o videos grabados desde el interior de viviendas que, en realidad, son de otros terremotos, de menor intensidad y en otra zona del país. 

En Factchequeado te hemos contado sobre nuestro método Método SABE contra la desinformación: sospecha, analiza, busca y evalúa, que es especialmente útil en momentos de incertidumbre y crisis informativas.  También cómo reconocer una creación con inteligencia artificial (IA). Por ejemplo: 

• Sospecha: pregúntate quién te envía el contenido. Si esa foto, texto o video te genera dudas, pregúntale:  “¿Dónde viste esto?” “¿Conoces las fuentes?” “¿Es humor?” “¿Tú grabaste eso?”

• Analiza: verifica el link y de dónde proviene. Si no es de una web oficial, desconfía. 

• Busca: puedes hacer una búsqueda inversa de la imagen. Aquí te enseñamos cómo hacerlo. O buscar en la web o en redes de fuentes oficiales por información verificada.

• Evalúa si el contenido parece auténtico y está respaldado por fuentes confiables. Ante la duda, no lo compartas: envíalo por WhatsApp a Factchequeado para que podamos verificarlo.

En cuanto a la IA: 

• En fotos. Fíjate en las manos, la piel de la cara, los bordes, las letras de carteles,   los logos de marcas y los fondos. Estas son algunas partes del cuerpo y del entorno que las aplicaciones de IA tienen más problemas para generar de forma correcta.

• En cuanto a los audios. Presta atención a súbitos cambios de tonos o de intensidad de la voz. Si hay cambios repentinos, desconfía. 

• Videos. Tienen los mismos problemas de generación que los mencionados para las fotos. Además, estáte pendiente de si la voz va sincronizada con el movimiento de los labios. 

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* Actualización: esta nota fue actualizada el 26, el 29 y 30 de junio y el 15 y el 22 de julio de 2026 con las cifras más recientes disponibles de fallecidos, de edificios colapsados y las estimaciones de la cantidad de personas afectadas. 

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Se trata de la tercera muerte en 8 días relacionada con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de los homicidios del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, Texas, y del inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford, Maine.

“La Patrulla de Carreteras de Florida y el HSI [Investigaciones de Seguridad Nacional] están investigando el incidente”, agregó el portavoz del DHS en un correo electrónico. 

Los hechos ocurrieron cerca de las 7 am (ET) en la Outlet Mall Boulevard y el cruce de Inman Road, de acuerdo con un reporte de la policía del condado St. Johns, que publicó la fotografía de un camión repartidor de la empresa Eggland’s Best bloqueando los carriles.

El sargento Dylan Bryan, de la Patrulla de Caminos de Florida, dijo a medios locales que el conductor del camión se detuvo e intentó ayudar a Coronilla Durán, pero ya había muerto. Detalló que Coronilla Durán estaba con otras tres personas a bordo de un vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en el área de St. Augustine, cuando tuvieron un encuentro con agentes del ICE y de HSI.

Las cuatro personas intentaron escapar a pie, pero Coronilla Durán atravesó una carretera y murió atropellado por un camión de carga.

HSI es una división criminal de ICE. Mientras que ICE se encarga de hacer cumplir las leyes de aduanas e inmigración, HSI actúa como el brazo investigativo y se enfoca en delitos como el tráfico de personas, el crimen cibernético y el contrabando internacional. Hasta ahora se desconoce qué generó el encuentro con los agentes.

Isaret Jeffers, representante de la organización sin fines de lucro Colectivo Árbol, con sede en Orlando y quien ha brindado apoyo a su esposa, Jessica Alamilla, le dijo al Miami Herald que Coronilla Durán llegó a Estados Unidos de vacaciones tres semanas antes del accidente, que solo llevaba dos días en Florida y con tenía una visa de turista válida.

México detalla acciones legales por muertes durante operativos de ICE y en centros de detención

La presidencia mexicana detalló el 14 de julio de 2026 que presentará una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ante las fiscalías estatales en Estados Unidos para pedir “que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios”. 

La SRE afirmó que inició el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas. El primero de ellos, suscrito por el Consultor Jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde han muerto cuatro mexicanos. Entre ellos, Ismael Ayala Uribe, José Guadalupe Ramos Solano y Alberto Gutiérrez Reyes. 

También dijo que ya solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que “recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos”. 

** Actualización: esta nota fue actualizada el 22 de julio de 2026 para añadir el nombre de la persona fallecida. 

Primera fecha de publicación de este artículo: 15/07/2026

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Un agente de ICE mató a una ciudadana estadounidense en Minnesota y videos de testigos contradicen la versión oficial de un “atropellamiento”. Te explicamos.

El cambio se publicó el 20 de julio de 2026 en el Registro Federal y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.

El término “carga pública” se refiere a una regla de inmigración que permite decidir si una persona podría depender de recursos públicos. Es una de muchas causales de inadmisibilidad para las personas extranjeras que solicitan un ajuste de estatus migratorio y están tramitando su residencia permanente. Y la ley no ha cambiado, lo que hace el gobierno de Trump es anular la regulación de 2022 bajo el gobierno de Joe Biden y modificar la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpreta e implementa el motivo de inadmisibilidad de carga pública.

Con Biden solo se tomaban en cuenta los beneficios en efectivo (como el programa de ingreso suplementario SSI, la ayuda económica a familias con niños menores TANF y la asistencia general estatal o local) y el uso de Medicaid para institucionalización de largo plazo. No se consideraba SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como cupones de alimentos), la mayoría de Medicaid, la vivienda pública, WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños) o CHIP (Programa de Seguro Médico para Niños). 

Con el cambio implementado bajo Trump, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no se limitarán a comprobar si la persona tiene un patrocinador y no recibe ayuda gubernamental en efectivo sino que deberán evaluar la edad, la salud, los ingresos, las deudas, el nivel educativo y el uso reciente de varios beneficios públicos. Una vez analizado, “caso por caso”, el oficial decidirá si es “probable” que dependa de esos programas en el futuro. Si considera que sí, le podrá negar la residencia permanente. Es decir, no será “elegible”. 

El DHS aplicará los cambios a solicitudes de admisión presentadas “a partir o después” del 18 de septiembre de 2026 y a solicitudes de ajuste de estatus enviadas “a partir o después” de esa fecha. 

Cualquier solicitud pendiente, presentada o que lleve marca postal del 17 de septiembre de 2026, o antes, será evaluada bajo la regla actual de 2022, explica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés).

¿A quién afecta la carga pública? 

Afecta a personas que solicitan su residencia permanente mediante una petición familiar o de empleo y están dentro de Estados Unidos. 

Para aquellas personas que hacen una solicitud desde fuera del país o deben salir de Estados Unidos para obtener su “green card”, la determinación sobre la carga pública quedará en manos de los consulados y las embajadas, detalla la ILRC.

¿En qué casos no afecta la carga pública? 

Según la norma, no aplica a personas refugiadas y asiladas, ni a quienes obtienen alivio migratorio mediante la visa U (para víctimas de ciertos delitos), la autopetición bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) o el estatus de Joven Inmigrante Especial (SIJ). Tampoco a quienes soliciten o renueven DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o son beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

¿Qué beneficios se consideran carga pública? 

La nueva norma no describe los beneficios y programas específicos que se evaluarán, dice: “Utilizando el buen juicio y la discreción, los funcionarios evaluarán con mayor precisión la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública en cualquier momento”.

El abogado de inmigración Armando Olmedo dijo a Univision que no se sabe si tener un beneficio social o no será suficiente para negar una residencia permanente u otro tipo de visa. “Tiene que ir con un abogado. Aquí no hay opción”, recomienda. “Si estás recibiendo beneficios más vale que te asesores con un abogado. Porque tiene que determinar si en verdad hay más factores positivos que pesen más que los negativos para que le otorguen los beneficios”.

Algunos de los programas sociales y de asistencia pública en Estados Unidos son:

• SNAP: Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como cupones de alimentos). Dinero electrónico para alimentos, no es dinero en efectivo.  

• Medicaid: programa conjuntamente financiado por el gobierno federal y los estados que ofrece seguro médico gratuito o de bajo costo a personas con ingresos y recursos económicos limitados. Las reglas varían según el estado, pero en general está dirigido a familias de bajos ingresos y niños; mujeres embarazadas, personas con discapacidad o mayores de 65 años.

• SSI: Seguridad de Ingreso Suplementario. Programa federal que entrega pagos mensuales a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad.

• TANF: Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Programa que entrega ayuda económica temporal y otros apoyos a familias de bajos ingresos con hijos, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y promover el empleo o la estabilidad económica y laboral de la familia.

• CHIP: Programa de Seguro Médico para Niños. Ofrece cobertura médica de bajo costo a niños de familias que ganan demasiado para calificar para Medicaid, pero no lo suficiente para pagar un seguro privado.

• WIC: Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños. Ofrece alimentos, apoyo para lactancia, educación nutricional y ayuda con servicios de salud para mujeres embarazadas, madres recientes, bebés y niños pequeños de bajos ingresos.

• Sección 8, asistencia de vivienda: programas de ayuda para pagar el alquiler de viviendas privadas o subsidiadas. En general, están dirigidos a familias de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidades. Incluyen, por ejemplo, los vouchers de vivienda y ciertos programas de alquiler subsidiado.

Existen otros beneficios federales, estatales o locales basados en ingresos que pueden incluir asistencia en efectivo, alimentos, vivienda, salud, energía o transporte. 

¿Qué impacto puede tener la nueva regla de carga pública en las familias inmigrantes?

“Al eliminar estas salvaguardas y no ofrecer nada en su lugar, abre el proceso a la influencia política y al sesgo personal”, indica la organización sin fines de lucro y no partidista Coalición para Proteger a las Familias Inmigrantes (PIF). 

Detalla que 725 organizaciones representadas por su coalición se opusieron a la propuesta del cambio en la regla en diciembre de 2025. El DHS recibió 8,846 comentarios sobre la norma antes de ser aprobada y refiere que “la mayoría de los cuales se oponían a ella”, sobre todo por los efectos que podría tener en la población infantil que necesita comida y atención médica. Pese a eso, el DHS dice que publicó la norma final “tal como se propuso”. 

Trump endureció por primera vez la carga pública en febrero de 2020, pero en noviembre de ese mismo año un juez federal en Illinois la anuló a nivel nacional por violar la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y considerarla “arbitraria y caprichosa”, y que excedía la autoridad que le daba la ley de inmigración.

Las organizaciones temen que la nueva política genere un efecto disuasorio. Una encuesta realizada en 2021 mostró que el 46% de las personas de familias inmigrantes que necesitaban cuidados o ayuda durante la pandemia no lo solicitaron, debido a preocupaciones relacionadas con la inmigración.

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Desde el doblete sísmico en Venezuela del 24 de junio de 2026 circulan en redes sociales afirmaciones que suenan a diagnósticos técnicos, pero que comparten argumentaciones erróneas: que la norma venezolana “no sirve”, que un edificio “antisísmico” jamás debió caer o que la presencia de una vivienda que quedó intacta junto a una torre colapsada demuestra que la vivienda está bien construida y la torre, no. Detrás de esas afirmaciones y otras similares hay muchas preguntas legítimas, que siguen sin respuesta para miles de familias que perdieron su casa o a un ser querido y que quieren entender qué falló.

Pero esas preguntas merecen explicaciones rigurosas y darlas lleva más cuidado y más tiempo que el que permiten los veredictos instantáneos y las conclusiones apresuradas. Ninguna de esas explicaciones exime de responsabilidad a nadie: al contrario, definen qué debe investigarse, edificio por edificio, y a quiénes puede alcanzar esa investigación.

Los edificios no se calculan para resistir sin daños cualquier terremoto imaginable. Se diseñan para comportarse de una forma prevista frente a un “sismo de diseño” que definen las normas de cada país, aceptando daños, incluso severos, con una prioridad por encima del resto: proteger la vida del mayor número posible de ocupantes.

El doblete sísmico del 24 de junio ha dejado, al menos, 5,278 fallecidos y 16,740 heridos, además de 856 edificios afectados, 190 colapsados y 17.907 personas sin vivienda, según el balance oficial del 20 de julio. Entre las estructuras dañadas o caídas hay construcciones de distinta altura y año, levantadas con distintos sistemas constructivos y calculadas con distintas normas, como se explicó Cazadores de Fake News en la primera entrega de esta serie.

Entender por qué el mismo evento derribó unas edificaciones y dejó otras en pie exige conocer conceptos que rara vez salen de las aulas de ingeniería, como el “período” de un edificio o los efectos de la resonancia en las estructuras. Las dudas más frecuentes sobre este tema se responden a continuación.

¿Qué hace que un edificio se dañe durante un terremoto?

Un terremoto no empuja a todos los edificios con una misma fuerza, sino que sacude el suelo sobre el que están apoyados. La base de la estructura se mueve con el terreno mientras el resto del edificio, por la resistencia natural de todo cuerpo a moverse de golpe, tiende a quedarse donde estaba. Ese vaivén en la base es el que mueve a los pisos superiores, generando las fuerzas que agrietan o rompen la estructura.

Pero, a diferencia de la creencia popular, la magnitud de las fuerzas que dañan a las estructuras no depende solamente de lo intenso que sea el sismo. Depende también del suelo que transmite la sacudida, del peso y la forma del edificio, y del ritmo propio con el que la estructura vibra ante fuerzas externas, conocido como su “período”.

Un edificio tampoco funciona simplemente como una mesa que soporta un peso máximo y se rompe apenas lo supera. Una misma estructura puede fallar por caminos distintos: aplastarse por exceso de peso, partirse si es demasiado esbelta, volcarse si su base es demasiado pequeña para evitarlo o deslizarse si el suelo no la sostiene. El cálculo estructural revisa todos esos caminos a la vez, con distintas normas según el caso: unas gobiernan las cargas de todos los días y otras, como la sismorresistente, las acciones extraordinarias como terremotos.

Por eso el mismo terremoto puede exigirle poco a una construcción y llevar a otra hasta el límite, incluso si están a pocos metros de distancia. Para eso existen las normas: para traducir todos esos factores en diseños seguros de edificios.

¿Qué significa que un edificio sea “sismorresistente”?

Un edificio “sismorresistente” no es un edificio inmune a los terremotos. Es una estructura calculada para responder de una manera prevista ante un “sismo de diseño”, un movimiento definido en la norma de cada país según la amenaza sísmica de la zona donde se construye. Venezuela tiene su propia norma sismorresistente, la Covenin 1756-1:2019, al igual que el resto de los países expuestos a terremotos.

Ese diseño no promete cero daños. Promete que, frente al sismo considerado, la estructura puede agrietarse y deformarse, pero sin desplomarse, para proteger la vida de sus ocupantes. Las edificaciones esenciales, como hospitales, escuelas y estaciones de bomberos, se calculan con exigencias mayores porque deben seguir funcionando después del evento.

El “edificio antisísmico”, entendido como una construcción a prueba de cualquier terremoto posible, no existe en ninguna norma del mundo. Todas trabajan con probabilidades, no con garantías absolutas.

¿Qué es el “período” de un edificio?

Todo edificio tiene un ritmo natural con el que se mece cuando algo lo mueve, como una regla de plástico que sobresale del borde de una mesa y vibra al soltarla. Ese ritmo se llama “período” y es el tiempo que tarda la estructura en ir y volver una vez. Como regla aproximada, un edificio tarda alrededor de un décimo de segundo por piso, de modo que uno de diez pisos completa su vaivén en cerca de un segundo.

Una casa baja y rígida vibra rápido, con un período corto, igual que la regla cuando sobresale un poco de la mesa. Una torre alta y flexible se mece despacio, con un período largo. El suelo, por su parte, también sacude con ciertos ritmos dominantes, que dependen del terremoto y del terreno que transmite el movimiento.

Cuando el ritmo del suelo coincide con el ritmo propio del edificio, cada sacudida llega justo a tiempo para reforzar el movimiento que la estructura ya traía, como cuando se empuja un columpio en el momento exacto y el vaivén crece con cada empujón. Ese fenómeno se llama “resonancia” y multiplica la exigencia sobre la estructura.

¿Por qué unas casas pequeñas resistieron y edificios más grandes colapsaron?

Comparar la casa en pie con la torre caída parece una prueba de calidad de construcción, pero en realidad compara estructuras que recibieron exigencias distintas del mismo terremoto. La primera diferencia es el período, porque cada una “siente” el mismo sismo de forma diferente.

La segunda diferencia es el suelo. Dos zonas de una misma ciudad, o de ciudades vecinas como Caracas y La Guaira, pueden apoyarse sobre terrenos distintos, y la norma asigna a cada tipo de suelo un parámetro propio que modifica la exigencia de diseño.

Ambas diferencias explican uno de los casos más estudiados de la ingeniería sísmica. En el terremoto de México de 1985, con epicentro a unos 350 kilómetros de la capital, el daño se concentró en los edificios de mediana altura de Ciudad de México, mientras la mayoría de las construcciones bajas y de las torres altas sufrieron daños mucho menores. El ritmo específico del suelo blando del antiguo lago sobre el que fue construida la capital mexicana coincidió con el período de los edificios medianos.

Algo similar ocurre con las viviendas informales. Muchas construidas en los cerros y zonas populares de Caracas se levantaron sin criterios sismorresistentes rigurosos y no colapsaron porque el ritmo de este sismo no las exigió, aunque siguen siendo más vulnerables que varios de los edificios que sí resultaron dañados. Frente a un terremoto con otro período dominante, esa vulnerabilidad quedaría expuesta.

Nada de esto establece por qué colapsó un edificio concreto. Indica, en cambio, que comparar estructuras distintas no sirve como prueba de buena o mala construcción.

¿Puede el suelo “amplificar” los efectos de un terremoto?

Sí puede, y por eso los estudios de suelo son un insumo imprescindible para diseñar edificios que mitiguen esa amplificación.

Los suelos blandos y profundos, formados por sedimentos, se comportan frente a un sismo como una gelatina sobre un plato: el plato se sacude una vez y la gelatina sigue moviéndose, con vaivenes más amplios y más lentos. Un suelo firme o rocoso, en cambio, transmite la sacudida con menos cambios.

Venezuela tiene un precedente documentado. En el terremoto de Caracas de 1967, los colapsos se concentraron en Los Palos Grandes, donde los sedimentos alcanzan cientos de metros de profundidad y amplificaron los ritmos lentos del movimiento, que son los que más exigen a los edificios altos. Construcciones similares sobre terrenos más firmes de la misma ciudad resistieron.

Un edificio calculado para un terreno firme pero construido sobre sedimentos blandos, sin embargo, queda expuesto a exigencias que su diseño nunca consideró.

¿Se pueden construir edificios altos sobre suelos blandos?

Tras el doblete sísmico del 24 de junio circuló la pregunta sobre si los depósitos de sedimentos de La Guaira, al amplificar el movimiento, convertían en un error los permisos para construir edificios altos en la zona. Un suelo blando, sin embargo, no prohíbe construir en altura, sino que cambia las condiciones del cálculo.

Y esas condiciones empiezan por la fundación. El estudio de suelo indica qué tipo de fundación conviene a cada terreno. Hay varias alternativas que van desde las zapatas convencionales hasta soluciones más costosas, como las losas de fundación o la construcción de pilotes, soportes parecidos a columnas subterráneas de concreto que atraviesan las capas más blandas y superficiales del suelo hasta apoyarse en estratos firmes.

El mismo estudio de suelos también incluye parámetros que se tienen que considerar por norma al momento de calcular sísmicamente al edificio. Un edificio alto diseñado con esos datos puede ser tan seguro sobre sedimentos como sobre roca, aunque resulte más costoso de construir.

La relación entre altura y exigencia tampoco es directa. Los edificios bajos, de período corto, suelen recibir las mayores aceleraciones del sismo, mientras que los altos reciben aceleraciones menores pero concentran mucha más masa, por lo que la fuerza resultante depende de cada caso. La pregunta pertinente no es si debido al suelo se debieron construir edificios más bajos en La Guaira, sino si cada edificio se calculó considerando el suelo que realmente tiene debajo.

¿Un edificio agrietado pero en pie se comportó mal?

No necesariamente, porque el diseño sismorresistente acepta el daño como parte de su funcionamiento. Muchas grietas en paredes divisorias, frisos y otros elementos que no soportan al edificio son la consecuencia esperada de una estructura que se deformó para disipar la energía del sismo.

Lo que exige atención profesional es distinguir ese daño del que compromete a las columnas, vigas y sus uniones, es decir, al verdadero esqueleto que soporta al edificio. Esa diferencia no puede establecerse con seguridad con una fotografía ni a simple vista desde la calle, sino mediante una inspección técnica de cada edificación y el análisis de cómo fue calculado ese edificio, incluyendo la revisión de los planos de su estructura.

Entre el edificio intacto y el colapsado, además, hay estados intermedios. Una estructura puede quedar en pie con tantos elementos estructurales dañados que deba demolerse, o con un daño menor en su estructura pero con paredes y tabiques perdidos, cuya reparación resulta costosa aunque no implique la pérdida del edificio. Un edificio que superó el sismo considerado en su diseño y permaneció en pie, aunque haya quedado inhabitable, cumplió el objetivo central de la norma, que es proteger la vida.

Ese abanico de estados resulta más visible cuando el sismo afecta a un conjunto residencial, donde varios edificios de altura y diseño similares probablemente fueron levantados por la misma constructora, en el mismo período y sobre el mismo terreno. Estructuras tan semejantes reciben aceleraciones parecidas y fuerzas de magnitud similar, por lo que es esperable que sufran daños parecidos.

Cuando eso no ocurre y unos edificios del conjunto colapsan o sufren daños severos mientras otros quedan en pie, esa diferencia no prueba por sí sola un mal cálculo o construcción en unos y no en otros. Es, en cambio, uno de los hechos que la investigación técnica debe explicar, examinando el conjunto residencial completo y no solo los escombros.

Que un edificio vecino no haya colapsado, además, no prueba que esté sano por dentro. Es posible que la sacudida lo dejara al borde y que un movimiento algo más prolongado hubiera completado el colapso, algo que solo la inspección de cada estructura puede establecer.

¿Los edificios de Misión Vivienda que quedaron en pie son de mejor calidad?

En redes sociales circuló también la afirmación de que los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela que permanecieron en pie demuestran una calidad superior a la de otras edificaciones que sí colapsaron. El punto de partida parte de una premisa inexacta, porque entre las estructuras de ese programa hay tanto edificios dañados como otros que resistieron, igual que ocurrió con construcciones de otros tipos y de otras épocas.

Compararlas entre sí, sin considerar la altura, el suelo, el “período” de cada edificio y la norma con la que se calculó cada una, no permite concluir nada sobre ninguna. Un edificio puede haber permanecido en pie, incluso con deficiencias de diseño, de materiales o de inspección, si el ritmo específico del doblete sísmico, el período, no llegó a exigirle hasta su límite.

Así como el poliestireno expandido hallado entre los escombros no prueba por sí solo un fraude, como se explicó en la primera entrega de esta serie de Cazadores de Fake News, que un edificio haya permanecido en pie no acredita que sea seguro. Para llegar a ambas conclusiones se necesita lo mismo: una inspección técnica, que alcance también a las estructuras que hoy siguen habitadas.

¿Qué pasa cuando el terremoto alcanza o supera al sismo de diseño?

La estructura entra en sus reservas de resistencia. Los edificios se diseñan con factores de seguridad y con ductilidad, que es la capacidad de deformarse mucho antes de romperse, como un alambre que se dobla y se deforma antes de partirse. Lo contrario es una falla frágil, que rompe de golpe y sin aviso, como una tiza.

Para evitar que un edificio se rompa de esa manera existe un criterio central del diseño moderno, conocido como “columna fuerte, viga débil”. Ese criterio busca que las vigas actúen como los fusibles de la estructura: se dañan primero de forma controlada, mientras las columnas quedan lo más intactas posible.

Igual que un fusible se quema para proteger el resto de la instalación eléctrica, las vigas se sacrifican para evitar que el edificio completo colapse de forma frágil. Un edificio que pierde sus columnas se desploma casi sin advertencia, y sus pisos quedan apilados unos sobre otros con muy poco espacio entre las losas. Rescatistas internacionales desplegados en Venezuela han descrito ese patrón como una “torre de panquecas”, un nombre que también expresa su dificultad: entre esas losas quedan pocos huecos donde alguien pueda seguir con vida.

Un edificio que, en cambio, daña sus vigas se deforma, se agrieta y avisa antes de caer.

Ese comportamiento escalonado explica, en parte, que muchas personas lograran salir de algunos de los edificios que terminaron perdiéndose. Establecer si cada estructura colapsada fue diseñada y construida bajo ese criterio es, precisamente, una de las tareas de los estudios técnicos que este tipo de eventos exige.

¿Se diseñan los edificios considerando un doblete sísmico?

Las normas no exigen calcular un edificio para la fuerza exacta del sismo esperado. Sin embargo, consideran factores de seguridad y obligan a considerar el sismo en distintas direcciones, de modo que el ingeniero termina diseñando para un escenario más desfavorable que el previsto.

Pero ninguna norma del mundo exige calcular un edificio para dos acciones extraordinarias aplicadas de forma simultánea, como serían la fuerza de un terremoto y la de un huracán al mismo tiempo. Tampoco contempla que un segundo terremoto llegue pocos segundos después del primero, sobre estructuras que este acaba de dañar.

El doblete del 24 de junio, con dos movimientos fuertes separados por 39 segundos, entra en ese segundo caso. Su efecto conjunto no equivale a sumar los dos sismos por separado, sino a golpear una segunda vez a estructuras que ya no estaban intactas y, probablemente, a algunas que aún mantenían el vaivén del primer impacto.

El primer movimiento pudo causar daños significativos en elementos estructurales de muchas edificaciones, que quedaron resentidas, con menos rigidez y menos reservas disponibles. El segundo llegó sobre ellas y pudo rematar a varias que, frente a un solo sismo, quizás habrían permanecido en pie.

Esa secuencia describe un mecanismo posible, no la causa establecida del colapso de ningún edificio en particular.

¿La norma venezolana es “peor” que la chilena o la japonesa?

Las normas sismorresistentes no forman un ranking mundial, porque cada una responde a la amenaza, los suelos y la práctica constructiva de su país. Chile enfrenta con frecuencia terremotos de subducción de magnitudes cercanas o superiores a 8, mientras que la amenaza venezolana proviene sobre todo de sistemas de fallas con eventos menos frecuentes. Comparar los textos -y los países- sin comparar las amenazas no dice nada. 

Todas las normas, además, evolucionan después de los grandes terremotos. Japón endureció la suya tras el sismo de Kobe en 1995 y Chile ajustó sus decretos tras el terremoto de 2010, mientras que la norma sismorresistente venezolana se actualizó en 1998, 2001 y 2019. Actualizar el texto, sin embargo, no refuerza los edificios ya construidos ni garantiza que las obras nuevas lo cumplan. 

El desempeño de los edificios tampoco depende sólo del texto vigente. Dependen de con cuál norma fue calculado cada uno, de si las construcciones anteriores fueron reforzadas y de la calidad del cálculo, los materiales y la inspección de cada obra. Esas condiciones se verifican caso por caso, no comparando países.

De la física a las responsabilidades

Las investigaciones que siguieron a los terremotos de México en 2017 y de Chile en 2010 muestran cómo se hace esa verificación caso por caso. En ambos países, los estudios técnicos identificaron patrones repetidos entre los edificios dañados o colapsados, desde ciertos tipos de diseño estructural y errores en la disposición del acero de refuerzo hasta problemas de suelo, de construcción y de inspección.

Identificar esos patrones permitió corregir las normas y encauzar la atribución de responsabilidades. Esa es la tarea pendiente en Venezuela, que exige examinar las fallas edificio por edificio, incluidas hipótesis como el uso de normas hoy desactualizadas en estructuras calculadas hace décadas o negligencias como la ausencia de estudios de suelo.

Ese examen puede señalar responsables entre las constructoras, las autoridades que aprobaron e inspeccionaron las obras y los profesionales que las calcularon. La diferencia con el juicio viral es que la atribución científica y objetiva, falla por falla, es la única capaz de sostener sanciones y de definir qué errores no deben volver a repetirse.

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El próximo domingo se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Se enfrentarán también Lionel Messi y Lamine Yamal. Sin embargo, no será la primera vez que ambos aparecen juntos: una fotografía tomada hace 19 años muestra al entonces joven futbolista argentino sosteniendo en brazos y bañando a un Lamine Yamal de apenas 5 meses.

La imagen volvió a viralizarse en las últimas horas, aunque su historia se remonta a 2007, cuando fue realizada para un calendario solidario destinado a recaudar fondos para Unicef.

En la previa de la final, en el foro organizado por la FIFA, Messi fue consultado por la histórica foto junto a Lamine Yamal cuando era un bebé y reconoció que la historia parece increíble. “La verdad que lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando era bebé y que hoy estemos los dos enfrentándonos en una Copa del Mundo es una locura”, dijo Messi.

“La foto de Lamine Yamal con Leo Messi no es más que una enorme coincidencia que tuvo lugar hace 17 años cuando la madre de Lamine Yamal y el padre de Lamine Yamal propusieron a su bebé de apenas 5 meses para formar parte del calendario que se estaba por elaborar a favor de Unicef”, explicó el organismo en una publicación realizada en 2024. 

Calendario solidario de UNICEF en 2008

Unicef también recordó que aquella sesión no fue exclusiva de Messi: “En ese calendario también participaron otros jugadores y miembros del club, como Xavi, Puyol, Iniesta o Ronaldinho”.

Cómo surgió la fotografía

La imagen nació a partir de un sorteo organizado por Unicef en Rocafonda, un barrio de Mataró ubicado a unos 40 kilómetros de Barcelona. Según contó el fotógrafo Joan Monfort, la familia de Lamine Yamal participó y resultó una de las ganadoras, lo que permitió que el bebé fuera parte de la producción.

Años después, en julio de 2024, Mounir Nasraoui, padre del futbolista, compartió la fotografía en sus redes sociales con una frase que rápidamente se hizo viral: “El comienzo de dos leyendas ❤️”.

El calendario solidario de Unicef y la Fundación Barcelona

La sesión fotográfica formó parte del calendario solidario 2008, impulsado por la Fundación del Fútbol Club Barcelona, Unicef y el diario Sport. 

La iniciativa surgió tras una alianza firmada en 2006 entre Unicef y la Fundación, mediante el cual ambas instituciones se comprometieron a desarrollar proyectos para promover los derechos de la infancia y la educación a través del deporte. 

Cuando la fotografía volvió a hacerse conocida en 2024, la Fundación Barcelona recordó la iniciativa en sus redes sociales. “El calendario solidario de la Fundación Barça 2008, en colaboración con Sport, protagonizado por Leo Messi, Lamine Yamal y otros jugadores del primer equipo. 🤩Una iniciativa social para recaudar fondos para Unicef y para los programas de protección de la infancia de la Fundación Barça. 💙❤️”, escribieron en el posteo de Instagram en 2024, cuando Yamal ya era una figura del club. 

Imágenes del calendario solidario en 2008

“Fue una foto difícil”

El autor de la imagen fue el fotógrafo español Joan Monfort, quien había sido convocado por el diario Sport para realizar las fotografías del calendario. 

En abril de 2024, Monfort dio una entrevista a The Athletic, la sección de periodismo deportivo estadounidense de The New York Times que funciona mediante suscripción. 

“Fue una foto difícil. Se puede decir que sudé sangre para hacerla. Lionel Messi sigue siendo tímido. Era mucho más tímido cuando empezaba, y ahí se encontraba con un bebé pequeñito en una bañera de plástico llena de agua. Al principio, no había mucha interacción. Fue difícil para todos ellos. Pero, poco a poco, la cosa empezó a funcionar y, al final, ha quedado una foto bastante buena”, explicó el fotógrafo.

Monfort también destacó lo extraordinario de la coincidencia: “Es algo increíble. Por aquel entonces, nadie podía imaginar que este niño llegaría a ser quien es ahora, y tampoco se podía saber que Messi se convertiría en quien se ha convertido”.

Y agregó: “Estamos hablando de 2007. Messi acababa de empezar en el Barça por aquel entonces. El destino juega un papel importante en estas cosas”.

En otra entrevista con Radio Nacional España (RNE), el fotógrafo contó que la idea surgió cuando estaba bañando a su hija: “Busqué algo con lo que pueda interactuar el bebé con el jugador, que no es nada fácil. Al final estás jugando aquí a arrancarle una sonrisa al bebé, que el chico de 20 años se sienta cómodo, que no sea una foto muy forzada y tenga cierta calidez, ternura, dulzura”. 

Entonces agarró un patito de goma, unas toallas y jabón para hacer espuma. La imagen se hizo en el vestuario, con iluminación de flashes y fondos con los colores del club. 

“A nosotros el Barça nos pasaba los jugadores que participarían en el calendario, y en aquel calendario apareció Leo Messi, que no era el que conocemos hoy en día. Era un chaval que tenía 20 años”, recordó el fotógrafo. 

Qué dijo Lamine Yamal sobre la foto

Lamine Yamal nació en Mataró, España, en 2007, y es hijo de Sheila Ebana, de Guinea Ecuatorial, y Mounir Nasraoui, de Marruecos. Actualmente, es uno de los jugadores estrella del Barcelona y de la selección española que enfrentará a Argentina el próximo domingo.

Cuando la imagen se hizo viral en 2024, el propio futbolista contó que desconocía la historia: “Ni yo mismo era consciente de que estaba con Messi. El primero que me la enseñó fue mi padre. Nunca lo hemos sacado a la luz porque no queríamos las comparaciones”. 

Ante la pregunta sobre si le molestaban esas comparaciones con el capitán de la selección argentina, respondió: “No creo que a nadie le moleste que le comparen con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”.

Teorías conspirativas falsas sobre la imagen

Como explicó Maldita.es, esta foto ha desencadenado teorías de la conspiración con millones de visualizaciones: “Lamine Yamal es la prueba de que el diablo existe”, “los padres lo vendieron en un ritual”, “Messi bautizó a Lamine Yamal con el ritual del agua para que la entidad entre en él”, “es un ritual masónico”, “son marionetas de la élite”, etcétera.

Sin embargo, estas teorías que circulan no tienen ninguna prueba o evidencia, como suele suceder en estos casos.

Este artículo fue publicado originalmente por Chequeado, medio Cofundador de Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

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La emergencia ha entrado en una nueva etapa. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó el 14 de julio de 2026 que casi tres semanas después de los terremotos, la respuesta sanitaria ha pasado a una fase de recuperación centrada en restablecer los servicios esenciales y garantizar la continuidad de la atención para personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables. La OPS también advirtió que los daños a los sistemas de agua y saneamiento, las condiciones en los refugios temporales y la interrupción de los servicios médicos habituales elevan los riesgos para la salud pública.

El Programa Mundial de Alimentos señaló el 30 de junio de 2026 que el acceso a alimentos es una de las principales preocupaciones y que los daños a la infraestructura, el empleo y las cadenas de suministro pueden dificultar aún más que las familias vulnerables consigan comida.

Esto, como te hemos contado en Factchequeado, se suma a que Venezuela antes del terremoto ya enfrentaba un 524% de inflación anualizada, un salario mínimo mensual de 25 centavos de dólar y que la deuda del país –calculada en más de 200,000 millones de dólares– duplica el tamaño estimado de la economía venezolana.

Quien viva en Estados Unidos y quiera ayudar durante esta nueva fase de recuperación, puede donar a una organización estadounidense, venezolana o internacional que esté en el terreno ayudando a los afectados. También puede enviar remesas a una persona conocida o participar en una colecta comunitaria. Cada modalidad requiere verificaciones diferentes para que no caigas en alguna estafa y tu dinero vaya efectivamente a quienes lo necesitan.

Cómo apoyar a organizaciones locales

Existen organizaciones en el país que llevan años haciendo trabajo comunitario y que han activado planes de respuesta para apoyar a los afectados por el terremoto. Aquí recopilamos algunas de ellas:

Ayuda humanitaria general

Cáritas de Venezuela: afiliada a las entidades de acción caritativa de la iglesia católica. Según su página web oficial, tras los terremotos están enfocados en proveer alimentos, atención sanitaria, alojamiento temporal, entre otras cosas.

Cadena: brazo humanitario judío en Venezuela. Ofrecen apoyo psicológico, atención médica y entrega de artículos esenciales. 

Dividendo Voluntario para la Comunidad: asociación civil que trabaja desde 1964 para mejorar la salud, la educación, la alimentación, la productividad y el emprendimiento en las comunidades.

Atención a familias y niños

Fundana: dedicada a la protección de niños, niñas y familias vulnerables desde 1991. Como respuesta a los terremotos están llevando acompañamiento psicológico a niños, niñas y adolescentes, además de alimentos, agua, y kits de higiene.

Cecodap: organización que trabaja por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes desde hace 40 años. En su web señalan que los fondos recaudados serán destinados a financiar consultas gratuitas de atención psicológica y jurídica para los afectados por los terremotos.

Hogar Bambi: atienden a niños, niñas y jóvenes vulnerables desde hace más de 30 años. Han desplegado equipos de acompañamiento psicológico para menores de edad en refugios y en otros espacios donde hay personas damnificadas.

Fe y Alegría: red educativa para poblaciones de bajos recursos y excluidas, que funciona desde 1955. Cuentan con más de 170 escuelas en todo el país. La organización informa que están ofreciendo apoyo inicial al personal afectado de 25 centros educativos y reporta que al menos 19 escuelas necesitarán inversión.

Otros

Fundaprocura: organización que asiste a personas con movilidad reducida desde 1992, con sillas de ruedas y sesiones de rehabilitación. 

IEPAN, escuela de panadería: están llevando sándwiches a zonas críticas de Caracas y La Guaira. Cuentan que han entregado casi 5,000 desde el terremoto.

El Maíz es Nuestro: grupo de cocineros que están llevando comida e insumos médicos a refugios, hospitales y otros centros de atención. Fue recomendado por el chef venezolano Sumito Estévez. 

Contigo para Venezuela: red de psicólogos voluntarios para acompañar a los afectados por los terremotos. 

También se han activado organizaciones para apoyar en el rescate y cuidado de mascotas, como la Red de Apoyo Canino (que ofrece atención veterinaria gratuita), la Fundación Rescate Garra & Pata (que distribuye donaciones de alimentos para gatos y perros), y La Manada de Beethoven (que además está promoviendo la adopción de mascotas rescatadas o voluntarios que puedan dar refugio temporal).

Respuestas de organizaciones internacionales

Además de la respuesta del gobierno estadounidense, distintas organizaciones internacionales reconocidas y de trayectoria están apoyando a los afectados.

Por ejemplo, UNICEF (agencia de la ONU para la protección de niñas y niños) estimó que 1.8 millones de personas, entre ellas 680,000 niños, necesitan asistencia humanitaria y que la respuesta de la organización incluye salud, nutrición, agua y saneamiento, protección infantil y educación. Mientras que ACNUR (el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados) está recaudando dinero para proveer artículos de primera necesidad y alojamiento temporal para 30,000 personas durante 6 meses.

El Programa Mundial de Alimentos informó que está ampliando la distribución de alimentos y su apoyo logístico, aprovechando suministros que ya tenía dentro del país y otros almacenados en el centro humanitario de Naciones Unidas en Panamá. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que está concentrado su respuesta en la recuperación de los servicios sanitarios, la vigilancia epidemiológica, el acceso a agua, y la continuidad de tratamientos médicos.

También hay organizaciones reconocidas con sede o presencia institucional en Estados Unidos que han informado cómo están trabajando directamente o mediante socios locales en Venezuela:

• World Central Kitchen está proporcionando comidas preparadas a comunidades afectadas y equipos de primera respuesta. La organización señala que trabaja con restaurantes y grupos locales.

• Direct Relief informa que ha enviado medicamentos y suministros médicos solicitados por proveedores de salud, además de financiar a grupos que participan en labores de rescate, atención médica, limpieza y saneamiento. La organización también ha publicado información sobre cargamentos de ayuda médica enviados a centros sanitarios venezolanos.

• El International Rescue Committee afirma que está ampliando sus servicios en Venezuela mediante equipos propios y organizaciones asociadas, incluyendo la distribución de artículos esenciales, suministros médicos y apoyo a servicios comunitarios en las zonas afectadas.

Cómo evitar caer en estafas

Antes de donar, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) recomienda acceder a la página oficial de la organización de manera independiente, en lugar de utilizar enlaces recibidos por mensajes o redes sociales o anuncios. Los estafadores pueden copiar nombres, fotografías y logotipos de entidades conocidas o crear direcciones web casi idénticas a las auténticas.

La FTC también recomienda utilizar Wise Giving Alliance o CharityWatch para verificar las calificaciones sobre una organización benéfica con presencia en Estados Unidos y entender mejor cómo invierten el dinero de las donaciones. La Wise Giving Alliance tiene una lista de organizaciones adicionales que considera confiables. 

Además, en CharityWatch puedes ver cuánto del dinero que obtienen las organizaciones se invierte en sus programas de ayuda y cuánto se va en gastos administrativos. Por ejemplo, según datos de 2025 analizados por esta organización, el 91% de los fondos de World Central Kitchen (calificado con A+ por CharityWatch) se invirtieron directamente en ayudas, mientras que el 9% en gastos administrativos. Esto es un caso similar al de Direct Relief (también calificado con A+) donde el 90% de sus fondos se destinan a programas de ayudas.

En el caso de donaciones realizadas directamente a individuos a través de aplicaciones de pago, la FTC advierte que los estafadores pueden apoderarse de cuentas de redes sociales o aplicaciones de mensajería para enviar solicitudes que parecen provenir de familiares. Por ello, la agencia aconseja revisar más de una vez el nombre, teléfono o usuario del destinatario antes de completar un envío de dinero y hablar directamente con la persona cuando la solicitud sea inesperada. 

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En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que la marca de cosméticos CeraVe enfrenta demandas porque algunos de sus limpiadores para el acné contienen peróxido de benzoilo que podrían formar benceno, una sustancia carcinógena. 

Es cierto que, bajo condiciones específicas de mucha temperatura, el peróxido de benzoilo puede derivar en la formación de benceno, que sí tiene potencial carcinógeno (Grupo 1, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer). Este es el argumento bajo el que, en marzo de 2025, el laboratorio independiente Valisure presentó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) una petición ciudadana solicitando que se retiraran del mercado ciertos productos cosméticos que incluían el componente en su formulación. 

Es decir, el laboratorio no halló benceno entre los ingredientes de estos cosméticos, sino que subrayó lo que podía llegar a ocurrir cuando el peróxido de benzoilo se exponía a ciertas temperaturas. Como por ejemplo, el caso de que los ingredientes permanecieran en el interior de un vehículo expuestos a mucho calor. “Pero hablamos de temperaturas francamente altas y difíciles de alcanzar, de alrededor de los 70 ºC. Hablaríamos de un auto expuesto a un sol continuo; en una zona sin ninguna sombra y a una temperatura exterior muy, muy alta. Es decir, en condiciones muy concretas que no son habituales”, explica a Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, Inés Escandell, dermatóloga especializada en cosmética.  

“En cualquier caso, en España, el peróxido de benzoilo (útil para tratar algunos tipos de acné evitando el uso de antibióticos) se considera un fármaco, por lo que solo lo encontraremos en productos farmacéuticos; a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que se considera un cosmético, por lo que puede encontrarse en cosméticos de venta libre”, explica Escandell. “Es decir, los productos de CeraVe de los que se está hablando, de venta libre en Estados Unidos, no están disponibles en España”.

Además, como concluye la experta, lo que señala la evidencia científica más reciente es que, en realidad, las personas que usan fármacos con esta sustancia no muestran cantidades más altas en plasma de benceno que las personas que no lo usan: “Al final, la conclusión tanto de la FDA como la de de casi todos los artículos científicos es que, en condiciones de uso normales, probablemente el peróxido de benzoilo no suponga un riesgo. 

Lo que no quiere decir que seamos cautos al almacenarlo: no ponerlo al sol, no dejarlo en lugares que llegan a altas temperaturas…”, indica la experta.

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En Estados Unidos, desde 1961,  la Academia Estadounidense de Pediatría ha recomendado administrar una inyección de vitamina K a los recién nacidos para protegerlos de hemorragias y accidentes cerebrovasculares potencialmente mortales. La inyección, que se administra una sola vez, es segura y salva vidas. Sin embargo, algunos padres en EE. UU. la rechazan cada vez más para sus bebés. Según un análisis publicado en diciembre de 2025, el porcentaje de bebés que no recibieron la inyección aumentó del 2.92 por ciento en 2017 al 5.18 por ciento en 2024.

Los expertos del análisis dicen que algunos padres se han negado a la inyección porque la consideran innecesaria o peligrosa, debido a alegatos falsos sobre ella. A pesar de algunas desinformaciones que circulan en línea, la inyección de vitamina K no es una vacuna, las investigaciones han demostrado que no causa cáncer y sus ingredientes son seguros.

“La vitamina K es extremadamente segura y se ha utilizado durante décadas para proteger a los recién nacidos”, explica a Public Good News, medio aliado de Factchequeado, la Dra. Tina Tan, profesora de pediatría de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. “Es importante que los padres comprendan el grave riesgo al que se enfrenta el recién nacido y acepten la inyección de vitamina K”.

Aquí te contamos más sobre la inyección de vitamina K: qué es, por qué los bebés la necesitan y más.

Por qué recomiendan una inyección de vitamina K a los recién nacidos

La vitamina K ayuda a que nuestra sangre se coagule, lo que significa que ayuda a detener el sangrado y a prevenir hemorragias incontroladas. Sin embargo, los bebés no nacen con suficiente vitamina K, porque no se transfiere fácilmente a través de la placenta durante el embarazo.

Además, los intestinos de un recién nacido aún se están desarrollando, por lo que todavía no pueden producir suficiente vitamina K por sí solos. (Comienzan a producirla cuando empiezan a comer alimentos sólidos, alrededor de los 6 meses.) “Los bebés recién nacidos no pueden producir su propia vitamina K, a diferencia de los bebés mayores, los niños y los adultos, que tienen bacterias intestinales que pueden utilizar la ingesta de alimentos para producir vitamina K”, agrega Tan.

Debido a esto, los bebés que no reciben la inyección de vitamina K corren el riesgo de desarrollar sangrado por deficiencia de vitamina K (VKDB, por sus siglas en inglés). Una afección grave que puede provocar hemorragias en el cuerpo o el cerebro y que puede ser mortal. El VKDB puede afectar a los bebés de hasta 6 meses de edad y causar problemas cerebrales a largo plazo.

Síntomas de la deficiencia de vitamina K

Según la Academia Estadounidense de Pediatría, a menudo no hay señales de alerta ante el  VKDB (el sangrado por deficiencia de vitamina K). Sin embargo, los bebés con esta afección pueden desarrollar síntomas como:

• Sangrado nasal o del cordón umbilical

• Vomitar sangre

• Piel o encías pálidas

• Aparición de moretones con facilidad, especialmente en la cara o en la cabeza

• Coloración amarillenta en los ojos (ictericia)

• Convulsiones

• Irritabilidad

• Sangre en las heces

• Somnolencia inusual

Si notas cualquier señal de sangrado incontrolado en tu bebé, busca atención médica de emergencia de inmediato.

Organizaciones y expertos recomiendan administrar la vitamina K desde hace décadas

Los CDC, la Academia Estadounidense de Pediatría y diversos estudios han recomendado desde hace décadas administrar la vitamina K a los recién nacidos para protegerlos de sangrados y señalan que esta práctica es segura y eficaz. .

“En mis más de diez años de experiencia cuidando a recién nacidos, nunca he visto una complicación derivada de la inyección”, afirma a PGN la Dra. Jaspreet Loyal, directora médica de pediatría hospitalaria y profesora asociada de pediatría en Yale Medicine.

La vitamina K es el ingrediente principal de la inyección. Una vez que un bebé recibe la inyección, la vitamina se almacena en el hígado y se libera gradualmente con el tiempo hasta que el cuerpo pueda producir la cantidad suficiente por sí mismo.

Loyal añade que si tienes alguna pregunta sobre la seguridad de la inyección, “tu pediatra siempre es una buena fuente de información y orientación”.

La inyección es más eficaz que la vitamina K por vía oral

Si bien la vitamina K oral se utiliza en algunos países europeos, en EE.UU. no hay una opción oral aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Loyal explica que los estudios han demostrado que la vitamina K oral no es tan eficaz como la inyección. “Con la vitamina K oral, hay casos de VKDB, mientras que con la inyección única, este riesgo es prácticamente cero”, explica Loyal.

La inyección reduce en un 98% la posibilidad de sangrado tardío por deficiencia de esta vitamina, que puede ocurrir entre una semana y seis meses después del nacimiento. Además, los bebés que no reciben la inyección al nacer tienen 81 veces más probabilidades de desarrollar sangrado por deficiencia de vitamina K que aquellos que sí la reciben, de acuerdo a los CDC, y añade que estos sangrados pueden “causar una discapacidad a largo plazo o la muerte”.

Si tienes alguna otra pregunta sobre la inyección de vitamina K, consulta con tu médico.

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Un agente de ICE le disparó a un inmigrante colombiano de 25 años, identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero por sus familiares y el gobierno de Colombia. 

La Oficina del Fiscal General de Maine informó a Factchequeado que está investigando el tiroteo y que el agente de ICE fue puesto en licencia administrativa conforme al protocolo.

El senador independiente August King, afirmó a CNN que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Guerrero no era el objetivo de la detención. En una conferencia de prensa el mismo senador aseguró que los agentes no llevaban cámaras corporales. En el caso Salgado Araujo tampoco tenían cámaras corporales. 

Johan Sebastián Durán Guerrero, originario de Colombia, es identificado como la persona muerta a manos de ICE

Johan Sebastián Durán Guerrero era originario de Bucaramanga, la capital del departamento colombiano de Santander. “Tenía sus documentos legales, su permiso de trabajo”, declaró el padre de la víctima, Omar Durán, al periódico la Vanguardia, en Bucaramanga. 

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) y Presente! el día del tiroteo detallaron que tenía asignado un número de Seguro Social y estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos. 

Omar Durán dijo que su hijo tenía dos trabajos en Estados Unidos: por las mañanas limpiaba una veterinaria y durante el resto del día repartía artículos en su vehículo, un sedán blanco.

La nacionalidad, la edad y el nombre también fueron confirmados por el gobierno colombiano. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, condenó el homicidio en una publicación en X (antes Twitter), el 14 de julio de 2026, y lo calificó de “asesinato” a manos “del gobierno de Estados Unidos”. 

Petro dijo que espera recibir noticias del presidente Donald Trump sobre el incidente. Posteó: “Johan Sebastián Durán que descanse en paz víctima de estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibidas desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”. 

Testigos aseguran que su hija de 3 años vio cuando le dispararon a su padre 

Durán Guerrero vivía en la ciudad de Biddeford con su esposa y su hija de 3 años. 

Según testimonios citados por medios locales (como este y este), dicen que su esposa y su hija iban en el vehículo. Testigos declararon que la niña estaba en el asiento trasero cuando recibió los disparos en la cabeza. 

Tras el homicidio, se han realizado manifestaciones frente a la oficina de la senadora Susan Collins en Biddeford y protestas contra ICE en toda la ciudad. 

¿Qué sabemos de la versión de ICE y los videos?

El DHS emitió un comunicado y ICE respondió a un correo de Factchequeado poco antes de las 7 pm, casi 12 horas después del incidente. 

Según la versión oficial, el tiroteo ocurrió aproximadamente a las 7 am (ET), el inmigrante era “indocumentado” y tenía “una orden de deportación definitiva”. De acuerdo con la agencia, dependiente del DHS, el hombre salió de su casa en un vehículo, sus agentes intentaron detener el vehículo, pero “intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”.

ICE asegura que “el conductor del vehículo fue impactado y se contactó inmediatamente con los servicios de emergencia. Falleció a causa de las heridas”. 

Videos publicados por medios de comunicación locales y nacionales muestran impactos de bala en el cristal delantero del sedán blanco de Durán Guerrero.

Videograbaciones de las cámaras de seguridad de las casas de empeño Platinum Pawn & Jewelry, en la intersección de las calles Pool y Hill en Biddeford, compartidos con el Portland Press Herald, muestran fragmentos de los hechos. Según la propia descripción del medio:

En el primero, a las 6:58 am se escucha lo que parece ser un disparo mientras los autos pasan por la intersección; el auto de Guerrero no se ve. 

A las 7:06 am una mujer corre frente a la cámara y se escuchan gritos cerca. A las 7:22 am un SUV blanco acorrala el auto de Guerrero en la intersección. Un agente federal camina hacia los autos, lleva una bolsa amarilla, mientras otros parecen agacharse junto a Guerrero en la calle. Otros vehículos policiales comienzan a bloquear la calle.

A las 7:23 am se escuchan sirenas. A las 7:35 am un bombero y un paramédico tocan el timbre de la casa de empeños. La jefa de policía de Biddeford, JoAnne Fisk, se acerca mientras habla por teléfono y dice que necesita saber qué cámaras tiene el edificio.

En el segundo video, desde otro ángulo, se ve que a las 7:17 am una persona camina por la acera alejándose de las calles Hill y Pool mientras pasan autos. El auto de Guerrero entra a la intersección.

A las 7:18 am el auto de Guerrero parece dar la vuelta. Un oficial se acerca desde la dirección de donde vino el auto. Un segundo oficial pasa caminando. El primer oficial se dirige hacia la puerta del conductor y sigue al auto de Guerrero mientras este sigue dando vueltas en la intersección. El auto da dos vueltas antes de que uno de los oficiales vuelva corriendo por la calle. El auto de Guerrero da otra vuelta.

A las 7:19 am un SUV blanco entra a la intersección, casi choca contra el auto de Guerrero, que sigue dando vueltas, luego lo embiste lentamente y lo detiene junto a una esquina. Tres oficiales se acercan al lado del conductor del auto de Guerrero, incluido uno con un arma desenfundada y apuntando hacia la ventanilla del conductor. Un oficial se aleja.

Los agentes restantes se asoman por la puerta del conductor y uno de ellos la abre. Sacan a Guerrero a la calle. Los dos agentes se agachan sobre él y luego se acerca un tercero.

A las 7:20 am los agentes acercan a Guerrero a la acera. Un cuarto agente corre hacia el lugar. Otro se acerca.

La cancillería de Colombia informó a Factchequeado que está brindando la asistencia consular necesaria a la familia. “A través de su sección consular, la embajada se mantiene en estrecho contacto con la familia y con las autoridades estadounidenses pertinentes para facilitar los trámites correspondientes. La embajada ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las circunstancias que rodearon esta lamentable muerte y seguirá de cerca el caso a medida que avance la investigación”, 

 dijo Mercedes Osma-Peralta, jefa de Comunicaciones y Asuntos Públicos de esa embajada.

La Policía de Biddeford dijo a Factchequeado que la mañana del tiroteo respondió a varias llamadas relacionadas con el incidente y sus labores se limitaron a mantener la seguridad en la zona. 

La Policía Estatal de Maine (MSP) dijo que solo estaba prestando asistencia.  “No somos la agencia principal a cargo; esa responsabilidad recae en la Fiscalía General”, señaló la vocera Shannon Moss.

Uno de los primeros en informar del tiroteo fue el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, del Partido Demócrata: “Esta mañana se produjo un tiroteo en Biddeford. Una persona perdió la vida. ICE estuvo involucrado”, escribió en una publicación en Facebook a las 7:18 am ET.

Hasta este momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado el nombre de la persona fallecida. 

Biddeford es una ciudad de unos 23,000 habitantes, ubicada a unas 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de Portland.

La delegación del Congreso de Maine solicitó una revisión independiente y acelerada del caso. Los senadores estadounidenses Susan Collins, del Partido Republicano, y Angus King, independiente, y los representantes demócratas Chellie Pingree y Jared Golden hicieron la solicitud a la Oficina del Inspector General del DHS el 14 de julio.

* Actualización: esta nota fue actualizada la tarde del 13 de julio de 2026 con respuestas del Departamento de Policía de Biddeford, la Policía Estatal de Maine, el FBI y la Cancillería de Colombia. 

** Actualización: esta nota fue actualizada la tarde del 14 de julio de 2026 con el nombre del inmigrante colombiano y testimonios de la familia y vecinos. 

** Actualización: esta nota fue actualizada la tarde del 15 de julio de 2026 para corregir la edad del inmigrante colombiano, que de acuerdo con la Fiscalía General tenía 25 años y no 26.

Primera fecha de publicación de este artículo: 13/07/2026

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Al comparar las cifras por año fiscal –que comienza en octubre y termina en septiembre–– encontramos que el número de fallecimientos (31) en lo que va del año fiscal 2026 (octubre 2025-julio 2026), ya supera el de cualquier periodo anterior de las últimas dos décadas, incluso el récord de 28 muertes registrado en el año fiscal 2004. Los datos provienen de ICE y del Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El 24 de junio de 2026, la Oficina del Inspector General del DHS anunció que investigará el uso de la fuerza contra los detenidos y las muertes bajo custodia de ICE ocurridas entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2026 “para determinar si factores sistémicos, políticas o procesos” contribuyeron a esos hechos.

Al analizar las cifras por administración presidencial, encontramos que hasta el 14 de julio de 2026, fecha en la que actualizamos esta nota, los 51 inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE durante el primer año y medio de la segunda presidencia de Trump ya superaban las 48 registradas durante toda su primera administración. El mayor número de fallecimientos durante una administración presidencial corresponde al segundo mandato de George W. Bush, con 61.

De esas 51 personas fallecidas, 50 eran hombres. Por nacionalidad, el grupo más numeroso es el de los mexicanos (con 13 casos), seguido por los cubanos, hondureños y nicaragüenses (con 4 casos cada uno). Sus edades estaban entre los 19 y los 75 años.

Un análisis de AP publicado el 27 de mayo de 2026 encontró que 10 de estas muertes fueron catalogadas como “suicidio”, un aumento significativo respecto a años anteriores, cuando ICE reportaba entre cero y una muerte por suicidio al año.

"Algo está yendo profundamente mal desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental", dijo a AP el Dr. Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco y coautor de un estudio que documenta el aumento de las tasas de mortalidad y suicidio entre los detenidos por ICE. "Se trata de uno de esos aumentos repentinos y alarmantes".

Las muertes no aumentaron de manera proporcional al crecimiento de la población detenida

El exdirector de ICE, Todd Lyons dijo durante una audiencia en el Congreso el 16 de abril de 2026 que los números récord durante el año fiscal se deben a que ICE tiene las cifras más altas de detenidos desde su creación en 2003. También aseguró que la agencia ha gastado más de 1,000 millones de dólares para asegurar que las personas detenidas tengan el cuidado apropiado. 

Para el 31 de diciembre de 2025, la población de detenidos por ICE era de 70,800 personas, en comparación con las 40,806 registradas el 31 de diciembre de 2024, según USAFacts con datos de ICE. Esto representa un incremento del 73.5%. Sin embargo, las muertes en esos centros de detención aumentaron a un ritmo mucho mayor: casi se triplicaron al pasar de 11 en 2024 a 32 en 2025 (según datos por año calendario), lo que supone un aumento del 191%. En términos porcentuales, el incremento de las muertes fue 2.6 veces el crecimiento de la población detenida.

Los centros de detención de ICE empeoraron en la atención médica durante el segundo mandato de Trump, según estudio 

El reciente incremento de la mortalidad entre los detenidos, según explica un texto editorial publicado en Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA), ocurre en un sistema caracterizado por fallas documentadas en la atención médica, en el tratamiento de la salud mental y en el monitoreo transparente de las muertes, problemas que se agravaron durante la segunda administración de Trump. 

El editorial, titulado “More US Immigration Detention, Less Oversight, and More Deaths” y escrito por Michele Heisler y Katherine R. Peeler –ambas de la organización sin fines de lucro Médicos de Derechos Humanos–, comenta los hallazgos del estudio “Mortality in US Immigration and Customs Enforcement Detention” de Sanjay Basu, Benjamin Q. Huynh, Mathew V. Kiang, Elizabeth T. Chin y Jason R. Andrews sobre las muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE entre el año fiscal 2004 y el 19 de enero de 2026.

El editorial menciona una investigación realizada por los Médicos de Derechos Humanos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la American Oversight, que concluyó que el 95% de 52 muertes ocurridas entre 2017 y 2021 fueron “prevenibles o posiblemente prevenibles si se hubiera prestado una atención clínicamente adecuada”. También señala que otros estudios documentaron condiciones que pueden aumentar el riesgo de deterioro médico y autolesiones. Entre estas deficiencias estaban: la falta de acceso inadecuado a jabón, mascarillas, pruebas y medidas de protección para el control de infecciones durante la pandemia de COVID-19; el uso del confinamiento solitario durante periodos superiores a los permitidos (registrado entre 2024 y 2025); los diagnósticos tardíos, los tratamientos inadecuados, la insuficiencia de servicios de salud mental y el traslado de personas detenidas que padecían enfermedades graves a hospitales externos poco antes de fallecer, lo que evita su clasificación como muertes bajo custodia de ICE y conduce a un subregistro de la mortalidad total,

Estas deficiencias se agravaron –según afirman las autoras en el editorial– debido a las políticas implementadas durante el segundo mandato de Trump, que “ampliaron rápidamente la detención hasta alcanzar niveles históricos, debilitaron los mecanismos de supervisión y empeoraron las condiciones de reclusión”.

Un informe de TRAC Reports, un centro de investigación de la Universidad de Syracuse, documentó que, entre octubre de 2024 y abril de 2025, 84 de 181 centros de detención operaron por encima de su capacidad. Un reportaje de KFF Health News, organización aliada de Factchequeado, basado en la revisión de más de 200 páginas de demandas presentadas por inmigrantes detenidos, además de estudios independientes y académicos e investigaciones de legisladores demócratas en el Congreso, encontró que ICE “está infringiendo los estándares que garantizan que los inmigrantes reciban chequeos médicos iniciales, atención médica rutinaria y respuestas oportunas a los problemas de salud”.

Una investigación de KFF Health News  y The Associated Press encontró que cientos de detenidos por ICE en el segundo mandato de Trump afirmaron que no se les proporcionó el cuidado médico adecuado. Las condiciones que no fueron tratadas incluyen diabetes, infecciones e incluso cáncer. Para la investigación se analizaron miles de casos judiciales y se entrevistaron a 50 detenidos, familiares y abogados.  

Asimismo, el texto editorial publicado en JAMA afirma, citando un artículo de Government Executive, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prácticamente desmanteló 3 oficinas de supervisión independiente al despedir a más de 300 de sus empleados. Estas agencias son la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO), Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) y la Oficina del Defensor del Pueblo de CIS.

Según el DHS, la OIDO es la “encargada de resolver quejas individuales de o sobre personas detenidas por motivos migratorios, relacionadas con posibles violaciones de las normas de detención migratoria u otras posibles faltas de conducta”; el objetivo de la CRCL es "garantizar que los programas, las políticas, las normativas y las directrices del DHS cumplan con los derechos civiles y las libertades civiles y los salvaguarden, al tiempo que se atienden las necesidades de los usuarios y se respalda la misión del DHS”; y la Oficina del Defensor del Pueblo de CIS “se dedica a mejorar la calidad de los servicios de ciudadanía e inmigración que se prestan al público”. 

El Instituto de Política Económica (EPI) explica que sin estas oficinas no habrá entidades de “control interno en el DHS para evaluar la legalidad, la eficacia y los problemas relacionados con la implementación de las políticas de la administración Trump en materia de control migratorio”.

Nota metodológica. Para este análisis, utilizamos 3 fuentes: los datos públicos de ICE correspondientes a los años fiscales 2018 a 2026, información divulgada por la agencia a partir de una solicitud acceso a la información (FOIA) con datos del 1 de octubre de 2003 al 5 de junio de 2017; y los registros de ICE recopilados por el Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la Facultad de Derecho de UCLA. Utilizamos la aplicación Tabula para extraer la información de la página oficial de ICE y de los obtenidos mediante la solicitud de FOIA. Desde 2018, ICE publica en su página web información sobre las muertes de personas detenidas bajo su custodia. Excluimos del conteo de inmigrantes fallecidos bajo custodia a aquellas personas que murieron en el proceso de su detención o por algún motivo derivado del mismo, como Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano que falleció después de que un agente de ICE, entre otros. También excluimos el caso de un inmigrante de Eritrea que falleció mientras era deportado, pero que según la nota de prensa de ICE, estaba bajo custodia de autoridades egipcias en el Aeropuerto Internacional del Cairo. Este caso es parte de la base de datos del Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la UCLA pero no forma parte de las muertes de inmigrantes listadas en ICE.gov.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

*Actualización: este artículo fue actualizado el 30 de junio de 2026 para incluir que la Oficina del Inspector General anunció que investigará el uso de la fuerza contra los detenidos y las muertes bajo custodia de ICE. También se agregó información sobre la investigación de KFF Health News y AP.

*Actualización: este artículo fue actualizado el 15 de julio de 2026 para agregar un caso adicional ocurrido en junio de 2026.

La opción de los nombres de usuario se está implementando “de forma gradual durante los próximos meses y es posible que aún no estén disponibles”, informa WhatsApp. Cuando se active, la aplicación te avisará mediante una notificación. Sigue siendo necesario tener un número de teléfono para utilizar la aplicación. 

Desde WhatsApp explican que, con la nueva opción, alguien que no tenga guardado tu número de teléfono verá el nombre de usuario, que siempre aparecerá con el símbolo "@" delante, pero no podrá ver tu número. Esto incluye “cuando participas en chats grupales, envías mensajes directamente a alguien o haces llamadas en WhatsApp”. Las personas que sí tengan tu contacto, verán el nombre con el que te guardaron en su agenda y tu número. 

En algunos casos, como cuando guardas el contacto de una persona con una línea telefónica de otro país, para tener seguridad de que se está contactando a la persona correcta y evitar conversaciones no deseadas, sí aparecerá tu nombre.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario?

La forma de hacerlo varía si lo haces para un sistema Android o iOS. El nombre que reserves ya no podrá ser escogido por otro usuario. Existe la posibilidad de cambiarlo y eliminarlo en cualquier momento pero, si lo haces, volverá a estar disponible para su uso y, por tanto, corres el riesgo de perderlo, advierte WhatsApp.

Ya hay nombres de usuarios reservados para empresas, gobiernos y figuras públicas que no pueden ser escogidos por otros para evitar la ciberocupación, que es el registro de nombres vinculados a instituciones o personalidades reconocidas para vendérselos a posteriori a un precio muy superior. 

¿Cómo contactar usando el nombre de usuario?

Se puede contactar a otra persona de la misma forma que con el número de celular, solo que en lugar de meter cifras en el buscador, se escribe el nombre de usuario. WhatsApp explica que para hacerlo antes debes conocer el nombre de usuario “exacto”. 

Además, la aplicación añade una capa opcional de privacidad sobre tu cuenta con la clave del nombre de usuario, una contraseña de cuatro dígitos que, si decides activarla, obligará a las personas que quieran contactarte a ingresarla antes de poder enviarte un mensaje por primera vez. 

Según el Pew Research (página 8 de este documento), un 52% de los hispanos utiliza regularmente el WhatsApp en Estados Unidos, frente a un 23% de los que se identifican como blancos y el 37% de los que se identifican como negros. 

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Si bien el texto de la ley no requiere compartir esa información con agencias migratorias federales, sí exige que se haga “un esfuerzo razonable” para expandir la cooperación de agencias estatales con ICE a través del programa 287(g), que autoriza a agencias locales algunas funciones limitadas de aplicación de leyes migratorias, y crea penalidades criminales estatales para inmigrantes indocumentados.

En un video difundido en su cuenta en Facebook, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Misisipi, Sean Tindell, dijo que se creará una base de datos con la información recolectada y que deben trabajar con sus aliados de las fuerzas del orden federales como parte del programa 287(g).

Angela Trehan, abogada de la firma Chhabra, Gibbs & Trehan, PLLC, en Misisipi, dijo a Factchequeado a través de correo electrónico que la ley es “una de las medidas estatales de control migratorio más agresivas” promulgadas en Misisipi. La ley expande el papel de las autoridades locales con agencias federales de aplicación de la ley de inmigracion, lo que puede derivar en “que más personas sean identificadas para fines de control migratorio tras su detención, incluso antes de haber tenido la oportunidad de resolver los cargos penales en su contra o de tramitar los recursos federales de alivio migratorio disponibles”.

Te contamos lo que sabemos sobre la SB 2114. 

Identidad, dirección y otros datos que requiere la ley sobre los inmigrantes indocumentados en el estado

La SB 2114 requiere al Departamento de Seguridad Pública, que está formado por varias agencias como la Oficina de Investigación de Misisipi y el Departamento de Seguridad Nacional de Misisipi, “utilizar todos los medios de investigación lícitos y razonables disponibles” para determinar la cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en el estado y sus identidades.

La información que deberá recopilarse según la nueva ley incluye: nombres, direcciones, países de origen, si son adultos o menores de edad, historial criminal (incluido si ha ingresado de manera irregular a Estados Unidos anteriormente),además de “la fecha, el lugar y el estado de los procedimientos de expulsión iniciados”, si los hay. 

La ley prevé que autoridades locales o estatales puedan compartir la información de un extranjero indocumentado sospechoso de haber participado en delitos que constituyen una infracción federal o estatal, incluidos la trata de personas o el narcotráfico, con fines de seguridad pública. La ley no especifica cómo se llevará a cabo esta recolección de datos; únicamente prevé que el departamento podrá adoptar las “reglas y regulaciones” que sean necesarias y coordinar con el Departamento de Correcciones para implementarla.

Requiere “un esfuerzo razonable” para formalizar acuerdos 287(g) con ICE

La SB 2114 requiere que el Departamento de Seguridad Pública haga un “esfuerzo razonable” para lograr un memorándum de entendimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g) dentro de los 120 días posteriores a su implementación. Es decir, antes de fines de octubre de 2026. 

También requiere que las agencias del orden público de cada condado realicen “un intento razonable” de formalizar un acuerdo con ICE antes del 1 de octubre de 2026. Cada agencia del condado debe notificar de manera trimestral sobre el estatus de cada acuerdo y los motivos de cualquier incumplimiento.

La ley endurece las sanciones penales para inmigrantes indocumentados

La seccion 5 de la ley prevé que un inmigrante indocumentado que sea detenido ingresando al estado desde un país extranjero y fuera de los puertos de entrada, sea considerado culpable de un delito menor (misdemeanor) con una pena de prisión de no menos de 6 meses. 

Si la persona indocumentada es condenada por un delito penal estatal —que no sea un delito violento ni un delito sexual— cuya penalidad sea castigada con prisión por un periodo de 12 meses o más, será considerada culpable de un delito grave (felony) sancionable con pena de prisión por un periodo no inferior a 2 años.

Si, por el contrario, el inmigrante indocumentado ha sidocondenado bajo la ley estatal por un delito violento o de índole sexual sancionable con pena de prisión por un periodo de 12 meses o más, será considerado culpable de un delito grave sancionable con pena de prisión de entre 3 a 5 años.

Qué dicen expertos sobre sus posibles efectos

La SB 2114, aseguró Trehan, podría provocar que las personas indocumentadas “no denuncien delitos, busquen atención médica, envíen a sus hijos a actividades escolares o interactúen con instituciones públicas, por miedo a que cualquier contacto con las fuerzas del orden derive, en última instancia, en consecuencias migratorias”. También podría generar temor en familias, incluidas las de estatus mixto, y trascender a comunidades enteras, dijo Trehan.

“En mi opinión, esto traslada a Misisipi a un ámbito que tradicionalmente ha sido responsabilidad exclusiva del gobierno federal”, agregó. 

Victoria Francis, subdirectora de iniciativas estatales y locales del Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los inmigrantes, dijo a Factchequeado a través de correo electrónico que una ley como esta “propicia la elaboración de perfiles raciales (profiling) y corre el riesgo de convertir a comunidades enteras en objetivos”.

La “SB 2114 es particularmente alarmante porque parece autorizar un esfuerzo proactivo para identificar y rastrear a los inmigrantes indocumentados, sin salvaguardias significativas sobre cómo se puede recopilar, verificar, proteger o utilizar esa información”, agregó.

Ira Mehlman, director de medios de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), “una organización sin fines de lucro que busca reducir los niveles generales de inmigración a los Estados Unidos”, dijo a Factchequeado que las preocupaciones planteadas “son pura especulación” y que las autoridades locales “no estarán actuando como agentes de ICE”. 

“Existen algunas leyes federales de derechos civiles que impedirán la discriminación racial o étnica”. Mehlman agregó que el estado y gobiernos locales ya recopilan información de diferentes fuentes, como los registros escolares. 

“No es diferente a cuando un policía estatal de Misisipi detiene a alguien y descubre que existe una orden de arresto en su contra. Se ponen en contacto con la jurisdicción correspondiente”, agregó.

Defensas contra el enjuiciamiento conforme a la SB 2114 incluyen casos de DACA y asilo

La SB 2114 también estipula algunas defensas contra el enjuiciamiento. Estas incluyen la presencia legal en el país y el asilo otorgado por el gobierno federal y ser beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA),  que otorga un permiso de trabajo y protección temporal contra la deportación a los que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad, implementado por el expresidente Barack Obama en 2012. 

No constituye una defensa haber sido beneficiario del programa Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA), que fue suspendido en junio de 2017, o cualquier otro programa que no fuera establecido “por el Congreso de los Estados Unidos que sea sucesor o materialmente similar” a DACA o DAPA.

Trehan dijo a Factchequeado que le preocupa que la ley no tome en cuenta “las formas de alivio humanitario establecidas por el Congreso”, como las visas U, la Ley de Violencia Contra la Mujer de 1994 (VAWA), el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), el estatus de protección temporal (TPS) y solicitudes de asilo pendientes. 

“Esos programas reflejan decisiones deliberadas de política federal, y las leyes estatales no deberían interferir con los objetivos del Congreso”, dijo Trehan.

Requiere que el fiscal general estatal investigue y exija el cumplimiento de la ley

La sección 8 de la SB 2114 requiere que el fiscal general, Lynn Fitch  investigue a las agencias gubernamentales por incumplir la ley y pueda “iniciar una acción para obtener una declaración judicial o una medida cautelar que obliga al cumplimiento de la ley“.

La ley SB 2114 será derogada el 1 de julio de 2028

La sección 11 de la ley prevé que la ley será derogada dos años después de su entrada en vigor. Es decir, dejará de ser válida el 1 de julio de 2028 a menos que  las autoridades estatales aprueben una prórroga.

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El constructor que llevaba 35 años en Estados Unidos, salía de casa en las mañanas para recoger a su cuadrilla de construcción, dijo Ronaldo Salgado, su hijo mayor, en una conferencia de prensa el 8 de julio de 2026. 

Además de Ronaldo, tenía otros dos hijos, todos universitarios; y estaba casado con su novia desde la adolescencia, a quien conoció en México.

De acuerdo con sus hijos, Lorenzo se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria. En enero de 2026, había acudido a una cita en la que le tomaron las huellas dactilares y otros datos biométricos. Según su familia, estaba a la espera de recibir un permiso de trabajo y avanzaba en el proceso para obtener un estatus migratorio legal. Como te hemos contado en Factchequeado, aunque tengas años viviendo en Estados Unidos, las opciones para tener papeles son limitadas.

Lorenzo se subió a su camioneta blanca tipo van antes de las 6:00 am CT (hora local), el 7 de julio de 2026, según muestran las videograbaciones de las cámaras de su casa, para comenzar su jornada laboral ese día. 

Mientras circulaba por Magnolia Park, un vecindario de mayoría latina ubicado en este de Houston, cerca de las 6:50 am, hora local, dos camionetas negras sin rótulos ni insignias visibles de ICE o de otra agencia federal comenzaron a seguir su vehículo, según videos revisados por Factchequeado, publicados por medios de comunicación locales y nacionales, como El Grito Media, KPRC 2 Click2Houston, The New York Times y The Washington Post.

Un agente de ICE disparó y Lorenzo murió posteriormente a causa de las heridas en el abdomen. Junto con él iban en la camioneta tres personas que trabajaban con él: su hermano Víctor Salgado Araujo, José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja, de acuerdo con el abogado Hugo Balderas-Ibarra, quien compartió sus testimonios, tanto escritos como orales, con The Washington Post. Sus testimonios contradicen la versión oficial de ICE.

Su familia se enteró de lo ocurrido por un video difundido en redes sociales, antes de recibir una notificación oficial, dijo su hijo Ronaldo. En las imágenes reconoció la voz de su padre mientras pedía ayuda. A partir de ese momento, comenzaron a buscarlo hasta confirmar que había muerto a manos de ICE, tal como informó la propia agencia.

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“Tanto tiempo y con hijos ciudadanos y no arregló papeles” dice un comentario en Facebook sobre la noticia de la muerte de Salgado. “Con 35 años por delante, yo podría tener varias ciudadanías”, dice otro en inglés en referencia al tiempo que Salgado vivió en Estados Unidos sin un estatus legal.*

“¿Por qué no obtuvieron su residencia si entraron [siendo] menor[es] de edad?”, dice parte de un comentario en español en la noticia en Facebook de la deportación de una persona de 19 años a Honduras en junio de 2025 tras haber vivido en Estados Unidos durante 10 años. Otro comentario sobre la noticia de la deportación de una pareja de inmigrantes colombianos que vivían de manera irregular en Estados Unidos desde 1989, dice, en inglés: “Tuvieron 35 años para hacerlo bien. Mis abuelos querían convertirse en estadounidenses lo antes posible y comenzaron el proceso de inmediato”.

Estos mensajes tienen en común que sugieren que al vivir o trabajar por muchos años en Estados Unidos pudieras acceder a un estatus legal permanente, si te lo propones. Pero, ¿es cierto esto? Expertos consultados por Factchequeado en julio de 2025 dijeron que las leyes migratorias estadounidenses ofrecen pocas vías a los inmigrantes indocumentados para regularizarse, salvo en circunstancias muy específicas. Esto es aún más difícil para personas que no ingresaron por un puerto de entrada oficial del país, como un aeropuerto o un cruce fronterizo regular.

“Las leyes de inmigración en los Estados Unidos son extremadamente restrictivas”, dijo a Factchequeado, Lauren DesRosiers, profesora y directora de la Clínica de Derecho Migratorio del Centro de Justicia P. Swyer de la Facultad de Derecho de Albany. “Si ellos no fueron inspeccionados por un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), no pasaron por la Aduana, obtener un estatus puede ser muy difícil”.

“Soy abogada con 26 años de experiencia y estoy certificada en derecho migratorio y de nacionalidad”, dijo Jacqueline Watson, abogada de inmigración y segunda vicepresidenta nacional de la  Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) a Factchequeado. “Si pudiera arreglar el estatus migratorio de todos, sería multimillonaria. Y hay una razón por la que no soy multimillonaria, y hay una razón por la que ni siquiera llego a los 100,000 [dólares anuales]. Porque no es posible”.

Ojo: la información de este artículo no es asesoría legal y no debe usarse para autoevaluar la situación migratoria de una persona. Si quieres saber si tú, un familiar o un conocido califican para un cambio de estatus migratorio, debes consultar con un abogado de migración.

Primero, ¿qué inmigrantes tienen estatus legal y cuáles no?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indica que los extranjeros que son residentes legales en Estados Unidos son:

• Ciudadanos naturalizados 

• Hijos que obtuvieron la ciudadanía de uno o ambos padres

• Residentes permanentes

• Personas a las que se les concedió asilo o fueron admitidas como refugiadas

• Personas admitidas como residentes no inmigrantes (es decir, estudiantes  trabajadores temporales, a diferencia de los turistas) que tienen periodos de admisión autorizados vigentes.

Por otro lado, según el DHS, los inmigrantes no autorizados son aquellos que no están bajo la definición de “residentes legales”. La mayoría de este grupo ingresó a los Estados Unidos sin inspección (es decir, que no entraron a través de un puerto de entrada) o fueron admitidos temporalmente y permanecieron en el país después de la fecha en la que debían salir. Aquí también se encuentran los beneficiarios de programas de estatus temporal como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) o aquellos que residen en el país mientras esperan el proceso de deportación en un tribunal de inmigración.

Las estimaciones de la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos era de 14.6 millones para 2024, de acuerdo al Centro para los Estudios de Inmigracion de Nueva York. En 2022, era de 11 millones, según estimaciones del Pew Research Center..

Las categorías de elegibilidad para que personas sin estatus legal puedan obtener la residencia permanente son:

1. Inmigración basada en la familia

2. Asilo, si se está físicamente dentro del país (como te contamos en Factchequeado, la Corte Suprema decidió en junio de 2025 que un inmigrante ya no puede solicitar asilo en la frontera desde un puerto de entrada a Estados Unidos).

3. Visa U para víctimas de delitos

4. Visas T  para víctimas de tráfico humano.

5. Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA) para víctimas de abuso o crueldad de familiares que son ciudadanos estadounidenses, como cónyuges, padres o hijos, o residentes permanentes, como cónyuges o padres. 

6. Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJS): para menores de 21 años que han sido  abusados, abandonados o han sido objeto de negligencia por parte de un padre.

7. A través del Registro (Registry)

La única disposición que permitiría un estatus legal tras vivir en EE. UU. por muchos años sólo beneficia a quienes entraron antes de 1972

La única disposición en las leyes de inmigración que permitiría a un inmigrante indocumentado obtener un estatus legal basado en la residencia continua en el país es la residencia permanente a traves del Registro (Registry), según DesRosiers y Watson. El “Registro” permite a inmigrantes indocumentados o bajo algún tipo de estatus temporal obtener el estatus de residente permanente legal y tener la green card (tarjeta verde).

Sin embargo, como también señalaron las expertas consultadas, solo califican personas que entraron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y vivieron de manera ininterrumpida en el país,  precisa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Inmigración basada en la familia

Bajo las leyes de inmigración, las personas que son “familiares inmediatos” de un ciudadano estadounidense –cónyuges, padres o hijos menores de 21 años–, pueden convertirse en residente permanente..

Sin embargo, como dijeron DesRosiers y Watson a Factchequeado, la manera en la que un inmigrante indocumentado ingresó al país influye en el proceso de legalización por esta vía. Si el inmigrante indocumentado fue inspeccionado al ingresar a Estados Unidos (es decir, pasó por un puerto de entrada oficial), puede completar el proceso de legalización dentro del país. Pero si la persona ingresó “sin ser inspeccionada”, deberá regresar a su país de origen para completar el proceso. En ese caso es posible que se le impida regresar a Estados Unidos por varios años. 

Esto se debe a que, bajo la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Inmigratoria (IIRAIRA, por sus siglas en inglés), los inmigrantes sin estatus en Estados Unidos por un periodo de 180 días, pero menos de un año (365 días), deben permanecer fuera del país durante tres años. Asimismo, aquellos que han estado en Estados Unidos sin un estatus por 365 días o más, deberán permanecer fuera del país durante 10 años. 

“Si has estado [indocumentado] en este país durante más de 6 meses, tienes una prohibición de 3 años que aumenta a 10 años después de 1 año de presencia ilegal en este país”, dijo DesRosiers.

Aunque existe una exención a estás disposiciones (I-601A, Solicitud de Exención Provisional por Presencia Ilegal), son “difíciles de conseguir”, dijeron las expertas consultadas.

“En definitiva, las exenciones son muy difíciles de obtener y algunas personas simplemente no son elegibles", dijo Watson.

Beneficios humanitarios que llevan a legalización permanente tienen requisitos específicos

Existen beneficios migratorios humanitarios que sí conducen a una residencia permanente en Estados Unidos, según las expertas y USCIS. Entre ellos se encuentran:

• Asilo: una protección para extranjeros que se encuentran físicamente en Estados Unidos y que cumplen con la definición de refugiado del derecho internacional –una persona que no puede o no desea regresar a su país de origen y no puede obtener protección en ese país debido a persecución pasada o a un temor fundado de ser perseguida en el futuro "por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política". La persona que busca el estatus de asilado debe proporcionar evidencia al gobierno estadounidense de que ha sufrido persecución en su país de origen por un motivo protegido en el pasado o que tiene un temor fundado de posible persecución futura, según el American Immigration Council. 

• Visas U: para víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y que ayudan a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de actividades delictivas

• Visas T: para víctimas de tráfico humano.

• Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA): es para víctimas de abuso o crueldad de familiares que son ciudadanos estadounidenses, como cónyuges, padres o hijos, o residentes permanentes, como cónyuges o padres. 

• Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJS): para menores de 21 años que han sido  abusados, abandonados o han sido objeto de negligencia por parte de un padre.

Cada uno de estos beneficios migratorios requiere pruebas para poder obtenerlos. Como dijo DesRosiers, si un inmigrante indocumentado no es “víctima de un delito grave, si no has sido víctima de trata, si no eres un niño no acompañado que ha sido maltratado, desatendido o abandonado por uno o más de sus padres, no hay forma de que obtengas el estatus”.

Beneficios temporales como TPS o DACA no llevan a una residencia permanente

Al igual que los ejemplos anteriores, beneficios temporales como TPS o DACA tienen sus requisitos específicos, pero a diferencia del asilo o las visas U, no tienen un camino a un estatus legal permanente.

El TPS está disponible para personas de 12 países: Burma (Myanmar), El Salvador, Etiopía, Haití, Líbano, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Como te contamos en Factchequeado, la administración Trump ha retirado las protecciones del programa para varios países, como ya lo hizo con Camerún, Honduras, Nepal y Nicaragua. 

En el caso de DACA, programa que pospone temporalmente la deportación y otorga un permiso de trabajo válido por dos años a sus beneficiarios, también tiene requisitos específicos. Sólo son elegibles para el programa aquellos que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y hayan vivido en el país desde el 15 de junio de 2007 o hayan tenido menos de 31 años al 15 de junio de 2012. Sin embargo, el programa no acepta aplicaciones nuevas desde 2022, solo acepta renovaciones para quienes ya lo tienen.

Estos programas “no le otorgan a nadie la posibilidad de permanecer en Estados Unidos indefinidamente, ni le otorgan a nadie acceso a una tarjeta verde”, dijo DesRosiers.

Y, al igual que el “Proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV)”, o “parole humanitario”, programa que permitía a sus beneficiarios y familiares inmediatos ingresar a Estados Unidos y obtener un permiso de trabajo y permanecer en el país por dos años, “pueden ser terminados”, dijo DesRosiers. “Y luego si son terminados” los beneficiarios “perderán su estatus”, agregó”.

Residencia permanente para inmigrantes por medio de un empleo o visas de trabajo

Según USCIS, las leyes de migración de Estados Unidos tienen un camino para la residencia permanente a través de un empleo en el país. Las categorías de “inmigrante preferencial” basadas en el empleo (employment-based o EB, en inglés) incluyen:

• Primera preferencia (EB-1): para trabajadores prioritarios (extranjeros con habilidades extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios, o los deportes; profesores e investigadores sobresalientes; y algunos ejecutivos o gerentes de empresas multinacionales).

• Segunda preferencia (EB-2): para extranjeros que son miembros de profesiones que requieren un posgrado (grado avanzado) o que tienen una habilidad excepcional (incluidas las solicitudes para exenciones por interés nacional).

• Tercera preferencia (EB-3): para trabajadores especializados, profesionales y otros trabajadores.

Según DesRosiers, la persona bajo una de estas categorías de visas deben “mantener su estatus legal desde que ingresó [a Estados Unidos] hasta el tiempo que solicita la residencia permanente”. Es decir, debe haber mantenido su estatus legal bajo estas categorías para aplicar para un estatus legal permanente. 

También existen visas de trabajo para inmigrantes temporales como las H-1B, para profesionales con trabajos especializados, o las visas O, para personas con habilidades o logros extraordinarios. Estas visas en su mayoría requieren, al igual que las EB, la petición de un empleador. Es posible tramitarlas mientras el solicitante inmigrante se encuentra en Estados Unidos, pero, deberá acudir a un consulado o embajada estadounidense para que el pasaporte sea sellado con el nuevo estatus. Si el inmigrante acumuló más de 6 meses en Estados Unidos sin un estatus legal, “se le prohibiría regresar por tres años”, dijo Watson.

“No quiero decir que la H-1B u otra [visa de no inmigrante] podrían no estar disponibles en todos los casos. Es solo que muy pocas personas son elegibles. No es una opción viable para la gran mayoría de quienes se encuentran en esa situación” agregó Watson.

El American Immigration Council indica que son “muy pocos los inmigrantes indocumentados elegibles para visas basadas en el empleo, y la competencia por estos visados es feroz”.

* Actualización: esta nota fue actualizada el 10 de julio de 2026 para incluir comentarios hechos en redes sobre el caso del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo y para actualizar la información sobre los TPS disponibles. 

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La versión oficial de ICE es que Salgado Araujo “intentó evadir” un arresto durante una “operación de control específica” alrededor de las 6:50 am CT (hora local), “embistió” uno de sus vehículos e “intentó atropellar” a uno de sus agentes, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un correo electrónico a Factchequeado. 

Los hechos ocurrieron en Magnolia Park, un vecindario de mayoría latina al este de Houston. 

Según ICE, sus agentes contactaron “de inmediato” a los servicios de emergencia, pero Salgado Araujo falleció más tarde en el hospital. 

El portavoz del FBI en Houston, Connor Hagan, dijo a Factchequeado en un correo electrónico que su oficina solo está investigando “la posible agresión a un agente de las fuerzas del orden federales”. Mientras tanto, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está investigando el homicidio de Salgado Araujo. El DHS no ha identificado al agente de inmigración que disparó a Salgado Araujo, y Hagan remitió las preguntas sobre el agente al ICE. 

La representante demócrata texana, Sylvia García, confirmó en un video de X que Salgado Araujo no era la persona que buscaba ICE para su detención. “Sin embargo, fue asesinado por agentes federales en un vehículo sin identificación, sin grabaciones de cámaras corporales, sin grabaciones de cámaras de tablero y sin respuestas para su familia. ICE le debe la verdad a esta familia”, señaló. 

Los trabajadores que iban con Salgado Araujo contradicen la versión de ICE

Junto con Salgado Araujo, viajaban en una camioneta de trabajo tipo van, color blanca, su hermano Víctor Salgado Araujo, José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja, de acuerdo con el abogado Hugo Balderas-Ibarra, quien compartió sus testimonios, tanto escritos como orales, con The Washington Post.

Los tres inmigrantes fueron detenidos, presenciaron el homicidio y actualmente están bajo custodia de ICE. En sus declaraciones afirmaron al abogado que un agente federal disparó casi inmediatamente después de salir de su vehículo.  

Balderas-Ibarra afirmó que los hombres no están alojados juntos y que los tres son inmigrantes mexicanos indocumentados que ahora enfrentan un proceso de deportación. “Todos reiteraron que nunca hubo agentes del ICE delante de la furgoneta”, dijo Balderas-Ibarra al Post. “Entraron y empezaron a disparar desde los costados”.

Los hombres que iban en la furgoneta le contaron a Balderas-Ibarra que el martes había comenzado como cualquier otra mañana, cuando se dirigían a una obra en construcción. Circulaban por la calle Wayside Drive, en dirección a la Interestatal 10, alrededor de las 6:30 de la mañana, después de comprar hielo y agua. Se detuvieron en un semáforo cuando un vehículo sin distintivos se acercó por detrás de la furgoneta y comenzó a seguirlos. Según relataron los hombres, cuando la furgoneta aceleró al ponerse el semáforo en verde, el vehículo desconocido se desvió hacia el arcén, aceleró y se interpuso delante de Salgado Araujo, que iba al volante, y frenó bruscamente. Salgado Araujo, dijeron, dio la vuelta en U. Los agentes encendieron las luces de la patrulla en ese momento, según el testimonio que prestaron ante el abogado.

Mientras el vehículo continuaba por Canal Street, avanzaban lentamente debido a las obras en la carretera. Los hombres le dijeron a Balderas-Ibarra que no circulaban a más de 8 km/h. Afirmaron que el ICE embistió sus vehículos contra la furgoneta de trabajo, pero que en ningún momento Salgado Araujo utilizó su vehículo para chocar contra los coches patrulla. En un momento había un vehículo del ICE a cada lado de la furgoneta, según relataron los hombres al abogado. 

“Lorenzo pensó que los habíamos perdido, pero de repente nos rodearon”, escribió Rojas a mano en una hoja de bloc de notas que vio el Post.

Un agente saltó de uno de los vehículos, corrió hacia ellos por un costado y gritó: “¡Alto!”. Comenzó a disparar desde el lado del pasajero de la camioneta, hiriendo a Salgado Araujo en el abdomen. Víctor Salgado, hermano del conductor, declaró haber sentido la fuerza del disparo cuando el agente apuntó con su arma a su hermano.

“Cuando le disparó a mi hermano, la pistola estaba frente a mi cara”, se lee en las notas de Balderas-Ibarra compartidas con el hermano de Salgado Araujo, de acuerdo con el Post. “El hermano estaba sentado en el asiento del pasajero cuando el agente apretó el gatillo”, dijo. 

“Rojas describió cómo los agentes sacaron violentamente a Salgado Araujo del asiento del conductor y lo arrojaron al suelo. Luego les pusieron esposas en las muñecas y los pies”, dijo el abogado. Según Víctor Salgado, su hermano gritaba pidiendo ayuda mientras se desangraba. “Todo sucedió muy rápido”, le dijo Salgado al abogado, quien también declaró que un agente del ICE “en tono burlón”, les dijo: “¿Se querían escapar, verdad?”. 

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), contó que cuando Salgado Araujo llegó al Hospital Ben Taub, ingresó “sin ninguna identificación" y, en un principio, fue clasificado como “persona no identificada”. 

Hasta la noche del 9 de julio de 2026, las autoridades no le habían entregado el cuerpo de Salgado Araujo, informó The Houston Chronicle.

Balderas-Ibarra, quien lleva sus casos de forma gratuita, dijo que está centrado en conseguir la liberación de sus clientes del centro de detención y en solicitar una investigación independiente, le dijo al Post.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Harris determinó que la muerte de Lorenzo Salgado Araujo fue un homicidio, informó LULAC y el canal local KPRC2 Houston. 

“Mi papá no se merecía esto”

En una publicación de Facebook, Ronaldo Salgado, uno de los hijos de Salgado Araujo, escribió que su padre era un “mexicano trabajador”, que llevaba casi 35 años en Estados Unidos. Tenía su propio negocio de construcción y estaba en proceso de obtener su permiso de trabajo de manera legal. Dijo que la mañana del homicidio, su padre salió como todos los días de su casa para ir al trabajo y que se enteró que había sido detenido y asesinado por agentes de ICE cuando vio una noticia en redes sociales.

Un día después del homicidio, escribió: “Hoy es el primer día sin él para todos nosotros, y me parte el corazón saber que mi mamá no le preparó el almuerzo a mi papá antes de irse a trabajar, la primera vez en sus más de 30 años de matrimonio. Este es mi papá: un hombre sencillo, un hombre de familia. No alguien que gritara pidiendo ayuda en el piso mientras sangraba. Solo quería ir a trabajar y volver con nosotros”. 

En una entrevista con Telemundo Houston dijo que su padre estaba en el East End buscando a otros trabajadores cuando los agentes de ICE lo encontraron. “Iba camino al trabajo, a recoger a sus trabajadores”, dijo Salgado. “Mi papá no se merecía esto”.

Familiares, organizaciones y políticos locales piden una investigación independiente 

En una conferencia el 8 de julio por la mañana, los hijos de Salgado Araujo, líderes locales y activistas exigen transparencia y una investigación independiente de este homicidio. 

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una organización que aboga por los derechos civiles de hispanos, exigió que el Departamento de Policía de Houston encabece la investigación sobre la muerte de Araujo, afirma que sería una “negligencia en el cumplimiento del deber” si el departamento se niega a involucrarse.

“Queremos una investigación independiente, no una investigación federal a cargo del FBI y de Kash Patel”, dijo el director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño, al Houston Chronicle. “Esto debe ser llevado a cabo por el Departamento de Policía de Houston, que está arraigado en la comunidad y rinde cuentas a nivel local”.

Domingo García, integrante y exdirector de LULAC, dijo que la organización está ofreciendo 5,000 dólares por información que permita aclarar lo sucedido y se refirió al interés de obtener grabaciones de video del incidente.

¿Qué dijo el gobierno de México? 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente de ICE y dijo que México irá “más allá de las notas diplomáticas”. 

En conferencia de prensa del 9 de julio, el canciller Roberto Velasco detalló un paquete de acciones legales específicas:

• México iniciará denuncias penales ante fiscalías estatales de Estados Unidos y ante el Departamento de Justicia, por la muerte de Lorenzo Salgado y otros 16 mexicanos en operativos o bajo custodia de ICE durante el segundo mandato de Trump.

• Se enviarán cartas de “cese y desistimiento” a empresas privadas que administran centros de detención migratoria donde han muerto mexicanos, como vía para iniciar acciones civiles en cortes estadounidenses.

• El gobierno presentará solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de mexicanos en centros de detención de ICE.

Los otros casos en los que las versiones oficiales de ICE se han contradecido con los hechos

Proaño comparó el caso de Salgado Araujo con el homicidio de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, asesinada por ICE en Minneapolis en enero de 2026. 

“Hoy en Houston, nos están dando la misma historia sobre Lorenzo Salgado Araujo, casi con las mismas palabras exactas”. Comparó: ambos tiroteos ocurrieron por la mañana durante “operaciones de aplicación de la ley específicas”, ambos en vecindarios residenciales, “en lugar de ser enfrentamientos con delincuentes violentos”, le dijo a Houston Chronicle. 

El 7 de enero de 2026, un agente de inmigración identificado como Jonathan Ross mató a Good durante un operativo migratorio. En Factchequeado verificamos los videos que no mostraban un atropellamiento contra el agente, como decían autoridades federales. Esa investigación quedó en manos del FBI. 

El 24 de enero de 2026, también en Minnesota, agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza dispararon 11 veces en 6 segundos y mataron al ciudadano estadounidense, Alex Pretti. Aunque Pretti portaba un arma, videos verificados por Factchequeado contradicen la versión de la administración Trump de que la tenía desenfundada cuando el primer agente disparó y de que era un “asesino”, como aseguró Stephen Miller, subjefe de personal para políticas de la Casa Blanca. 

Antes de estos homicidios, en marzo de 2025, otro agente disparó y mató a un hombre en South Padre Island, Texas. Según las declaraciones de ese agente, el vehículo del hombre lo golpeó levemente y temió por su vida. Los abogados de la familia del hombre y un testigo refutaron la versión oficial.

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* Actualización: esta nota fue actualizada el 10 de julio de 2026 con los testimonios de los trabajadores que iban con Salgado Araujo y con lo que dijo el Gobierno de México.

La petición de Mamdani recibió críticas entre republicanos, que acusaron al alcalde de tomar una medida socialista y en contra de la gente.

Las altas temperaturas de esos días, que en algunas partes superaron los 100ºF (37.8ºC), obligaron a suspender parte de los festejos del Día de la Independencia, en varias localidades del país, incluida Washington DC. 

Mamdani solicitó también, en el mensaje publicado en X (antes Twitter), que se apagaran todos los aparatos electrónicos y luces que no se estuviesen utilizando, y anunció que en los edificios de la alcaldía ya estaban ajustando la temperatura a 78ºF.  En Nueva York se alcanzaron los 104ºF (40ºC) durante la ola de calor. Decenas de récords de temperatura máxima se batieron en la zona del país afectada. Se reportaron, al menos, 30 fallecidos relacionados con las altas temperaturas.

La representante republicana por Florida, Anna Paulina Luna, contestó al posteo de Mamdani con un irónico “las alegrías del socialismo”. El senador por Texas, el también republicano Ted Cruz publicó un mensaje irónico en respuesta a Mamdani: “En un país del primer mundo, podrías encender el aire acondicionado”. El congresista de Texas, Brandon Gill, en su cuenta de X, dio la bienvenida al socialismo “donde el gobierno te exige que conviertas tu casa en un sauna porque no pueden planificar el hecho súper impredecible de que tiende a hacer calor en el verano”. Pueden encontrarse diversas publicaciones en Instagram, TikTok y Facebook criticando la petición de los 78ºF solicitada por el alcalde neoyorquino. 

Sin embargo, recomendaciones similares a las que critican estos políticos republicanos, también se han hecho en los estados que ellos representan y sobre los que no se han pronunciado.  Texas –gobernado por los republicanos desde hace décadas– ha recomendado a sus ciudadanos ajustar la climatización de sus hogares a 78ºF para rebajar la demanda energética en momentos puntuales. Su gobernador, Gregg Abbott, solicitó a los texanos, en agosto de 2015, no poner sus termostatos a menos de 78º F por el motivo antes mencionado. Lo mismo sucedió en junio de 2021 con el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés)

En Florida, estado que ha votado por republicanos en las presidenciales desde 2016, ocurrió algo parecido. En declaraciones recogidas por los medios, Bianca Soriano, vocera de Florida Power & Light (FPL), la principal empresa eléctrica del estado, recomendó el 8 de junio de 2026 “ajustar el termostato de tu aire acondicionado entre 75 y 78ºF para conseguir un ahorro óptimo”. 

Una temperatura recomendada por el Departamento de Energía… desaparecida

Mamdani no dio una cifra al azar. Como recogen varios medios de comunicación, se trata de una temperatura recomendada por el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) al menos desde 2019, según esas publicaciones. Sin embargo, al buscar desde Factchequeado el 8 de julio de 2026 el enlace a la web del DOE donde aparecía ese dato, el sitio mostraba un mensaje de “página no encontrada”.

Al revisar el archivo de la página del DOE del 2 de julio de 2026 –disponible en Archive.org, un servicio que permite guardar el contenido de páginas web–, encontramos que la recomendación de la temperatura entre 75 y 78°F sí aparecía publicada allí. El título de la página es, en inglés, “Sistemas de refrigeración domésticos”. La web da una serie de recomendaciones para mantener la casa fría mientras se busca el ahorro de energía. El primero de los consejos habla sobre ajustar el termostato de la vivienda “de forma inteligente”. El DOE, se puede leer, recomienda “una temperatura interior de entre 75 (23.9ºC) y 78°F (25.5ºC) durante el día”. Además, al revisar las capturas disponibles en Archive.org, pudimos constatar que esa recomendación aparece en la página al menos desde diciembre de 2024. 

Desde el DOE aconsejaban el uso de un “aislamiento adecuado, ventanas y puertas de bajo consumo energético, aprovechamiento de la luz natural, sistemas de sombreado y ventilación” para mantener la casa fresca con un uso “mínimo” de aire acondicionado.

En Factchequeado ya hemos denunciado antes la eliminación de páginas gubernamentales relacionadas con el cambio climático y medio ambiente; vacunas, VIH, personas LGBTQ+ y anticoncepción; y contenido en español. 

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La palabra doomscrolling, tomada del inglés, significa, según el diccionario de Cambridge, “la costumbre de pasar mucho tiempo mirando el celular o la computadora y leyendo noticias malas o negativas”. La Clínica Mayo ubica la aparición del fenómeno en las primeras fases de la pandemia del COVID-19, cuando mucha gente, confinada en sus viviendas, dependía en gran medida de sus celulares, laptops, además de la televisión, para mantenerse informada de lo que estaba sucediendo. La incertidumbre sobre el virus no facilitó la reducción o desaparición de esa incertidumbre, metiendo a la gente en un “bucle interminable de búsqueda, hallazgo de información negativa y nueva búsqueda”.

Desde la Clínica Mayo advierten que el doomscrolling suele comenzar “con el objetivo de comprender una situación y prepararse para ella” pero que, sin embargo, “esa búsqueda de respuestas puede volverse obsesiva además de improductiva”.

La Mental Health Foundation explica que el doomscrolling suele comenzar con la intención de saber más de un tema para poder entenderlo y prepararnos, pero que se puede caer en esa práctica al querer “sentir que tenemos el control”, porque se busca “estar al tanto de lo que ocurre en el mundo o porque no queremos perdernos nada importante”.

Sin embargo, avisan, que con la actualización constante de noticias disponible 24 horas a través del celular, “es fácil dejarse llevar y leer una noticia negativa tras otra”.

“Así, lo que empieza como una búsqueda de información puede convertirse rápidamente en un hábito inconsciente que nos haga sentir abrumados y ansiosos”, añaden.

Todo esto toma una mayor importancia cuando, según el Digital News Report 2026 del Instituto Reuters, pasamos entre 4 y 5 horas de media visualizado contenido a través de los dispositivos electrónicos y que, en su estudio de 48 mercados, es la primera vez que las plataformas de redes sociales y video superan a los sitios web y las aplicaciones de los medios entre las preferencias de la gente para mantenerse informada (58% frente a 51%). El cambio, añade el estudio, “se produce en todos los grupos de edad”.

¿Cómo detectar que el doomscrolling está afectando a tu salud mental?

Desde la Mental Health Foundation advierten que el doomscrolling “puede ser tan automático que quizá ni siquiera te des cuenta de que lo estás haciendo”. Algunas de las señales más comunes que se pueden presentar, dicen, son: 

●    Sentir ansiedad, estar tenso o decaído después de consultar las noticias.

●    Superar por mucho el tiempo que tenías pensado para revisar noticias.

●    Consultar varias veces por hora las últimas noticias.

●    Sentir que uno se encuentra agotado emocionalmente o insensible tras pasar un tiempo conectado a internet, ya sea navegando en la computadora, usando el celular o revisando redes sociales.

Desde la organización destacan que es importante saber que estas sensaciones enumeradas son “respuestas naturales a la exposición constante a noticias angustiosas”.

La Clínica Mayo añade otros efectos del doomscrolling en el día a día. Advierte que entrar en esa dinámica por la noche, antes de irse a dormir, puede ser difícil de frenar y, en consecuencia, restar horas de sueño que pueden afectar al estado de ánimo del día siguiente. 

Suma también la pérdida de la “salud social”, el tiempo que se pasa con las amistades y familia y el menor ejercicio físico, cuya práctica “puede ayudar a amortiguar el estrés y favorecer el estado de ánimo”.

¿Cómo poner límites al doomscrolling?

Desde la Clínica Mayo recomiendan hacerse una serie de preguntas “para contrarrestar la tendencia del cerebro a buscar lo negativo y lo novedoso” como, por ejemplo: 

• ¿La información que estás viendo realmente le ayuda o “simplemente está activando emociones negativas sobre algo que no puede influir”?

• ¿Te encuentras mejor que antes de revisar las noticias?

• ¿Qué se está dejando de hacer por estar en internet? 

• ¿Cómo te afecta ese doomscrolling al sueño, tus relaciones, trabajo, estado de ánimo y salud física? 

La Mental Health Foundation da cinco consejos principales:

• Desactivar las notificaciones de las redes sociales y aplicaciones de noticias. Esta decisión “puede ayudarte a tomarte un respiro de la información que te provoca ansiedad”.

• Utilizar relojes y despertadores de los de antes. La ‘excusa’ de que el celular lo utilizas como despertador puede dificultar el dejar de hacer doomscrolling. Un despertador tradicional puede facilitar el dejar el celular en otra habitación “y romper con el hábito de absorber información negativa que podría afectar a tu sueño”.

• Gestionar el contenido de las redes sociales. En tus perfiles, tú eliges qué quieres y qué no quieres ver. Bloquea y oculta los perfiles que consideres que te exponen a contenido negativo. 

• Establece un límite de tiempo a tu tiempo de navegación. Puede ayudar siempre que lo respetes. Poner alarmas para avisar de que se ha alcanzado ese límite o acotarlo con un determinado espacio de tiempo como, por ejemplo, hacerse un café.

• Crea zonas libres de celular.   

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Si estás parado en México no tienes ese derecho, votó una mayoría de 6 jueces contra 3 en un caso que deriva de una demanda colectiva presentada en 2017 por un grupo de solicitantes de asilo y la organización Al Otro Lado ante un tribunal federal en California, conocida como el caso Mullin vs. Al Otro Lado, sobre el acceso al proceso de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Antes de esta sentencia, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito había sostenido, en una decisión del 23 de octubre de 2024 luego enmendada por la misma corte el 14 de mayo de 2025, que una persona que se encontraba en México y llegaba hasta un funcionario estadounidense en la frontera, para efecto de la ley de asilo, “llegaba a los Estados Unidos”. Para esa corte, la frase “llegar a Estados Unidos” abarcaba a personas que se encontraban con funcionarios estadounidenses en la frontera, “sin importar de qué lado de la frontera estuvieran paradas”.

Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, 283 personas en puertos de entrada de la frontera suroeste dijeron tener miedo de persecución o intención de pedir asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Ese dato corresponde sólo a personas procesadas por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés), una división de CBP que opera en los puertos de entrada, y no representa a todas las personas que buscaron asilo tras llegar a la frontera con México. En el mismo periodo para el año anterior, esta cifra superaba las 144,000 personas.

La analogía de Alito sobre la frontera y el fútbol americano  

El juez de la Corte Samuel Alito, nominado por George W. Bush, dijo que la frase “arrives in the United States” debe entenderse en su sentido más literal: llegar es entrar dentro de los límites del país, no quedarse justo antes de cruzar. 

Para explicar su decisión, usó una analogía del fútbol americano. Según Alito, un jugador que va corriendo y llega a la última línea del balón, no llega a la zona de anotación; y si no entra, no obtiene puntos. “Un corredor no llega a la zona de anotación cuando alcanza la yarda 1”, dijo de manera textual. En su lectura, la frase “arrives in the United States” debe entenderse en su sentido más literal: llegar es entrar dentro de los límites del país, no quedarse justo antes de cruzar. 

“Este caso plantea una pregunta sencilla: si un extranjero que busca ingresar a los Estados Unidos desde México ‘llega a los Estados Unidos’ cuando aún se encuentra en México. En la decisión de primera instancia, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito respondió que ‘sí’. Eso es incorrecto. En el lenguaje común, nadie diría que una persona ‘llega a’ un lugar —por ejemplo, una casa, una ciudad o un país— antes de que entre en ese lugar. El contexto en el que se utiliza la frase ‘llega a los Estados Unidos’ en las leyes de inmigración en cuestión aquí respalda una interpretación basada en el significado común. Lo mismo ocurre con la presunción contra la extraterritorialidad. Por lo tanto, revocamos la sentencia”, escribió Alito en el fallo .

En su opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor —nominada por Barack Obama— advirtió que la nueva interpretación crea un incentivo contraproducente: “Les dice a los solicitantes de asilo que pueden pedir asilo si logran cruzar la frontera de forma ilegal”, pero no si esperan en el borde de un puerto de entrada. 

Dijo que la mayoría de jueces que votaron a favor estaban leyendo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de manera “estrecha”, concentrándose en la palabra “in” (“en” o “dentro de”), dejando de lado el contexto completo del sistema de inspección y asilo. 

“Hoy, la Corte avala la decisión del Poder Ejecutivo de cerrarles la puerta a quienes huyen de la persecución”, indicó la jueza. 

El sistema de cuotas que dejó a solicitantes de asilo esperando en México

En 2016, durante la primera administración del presidente Donald Trump, el DHS puso en marcha una política de control conocida como “metering”, que limitaba el número de personas que podían cruzar diariamente por los puertos de entrada ante el aumento de quienes pedían venir a Estados Unidos.

Funcionarios de la CBP se colocaron en el lado estadounidense de los puentes y cruces para frenar el paso cuando se alcanzaba la cuota diaria. Esto provocó que muchas personas que querían pedir asilo tuvieran que quedarse en México, sin poder presentarse para la inspección ni iniciar de inmediato su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Durante los alegatos en la Corte Suprema, la jueza Sotomayor citó un reporte de 2018 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según ese informe, el “metering” tuvo consecuencias no previstas: personas que de otro modo habrían intentado entrar legalmente terminaron cruzando la frontera de forma ilegal. En ese mismo informe, un supervisor de la Patrulla Fronteriza reportó un “aumento en las entradas ilegales” cuando se aplicaba el “metering” en los puertos de entrada.

Aaron Reichlin-Melnick, abogado especializado en inmigración y senior fellow del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro que litiga y hace investigación en temas migratorios en Estados Unidos, que también es parte de demanda colectiva, escribió después del fallo: “Durante años, el gobierno federal tuvo un mensaje claro para los migrantes que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México: diríjanse a un puerto de entrada y no crucen la frontera ilegalmente”. 

Explicó que entrar por la vía legal era un mensaje bipartidista desde 2018, tanto de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, como del presidente Trump, quien dijo a la prensa en junio de 2018. “Si acude a un puerto de entrada, todo se resuelve muy bien… Eso se llama hacerlo por la vía legal”. 

Ahora, señaló Reichlin-Melnick, “discrepamos rotundamente de que la reciente decisión del Tribunal Supremo sea una victoria para el Estado de derecho; es una victoria para las acciones arbitrarias que han socavado notablemente el orden procesal. Y ni liberales ni conservadores deberían celebrarla”. 

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En Factchequeado revisamos el Reglamento de la Copa Mundial 2026 y encontramos que en su artículo 10.5 se establece que si un jugador recibe una tarjeta roja directa o doble amarilla, queda automáticamente suspendido del siguiente partido. Por ende, bajo el reglamento de la FIFA, Balogun no iba a poder jugar en Seattle contra Bélgica en el partido del 6 de julio de octavos de final.

Pero el 5 de julio, la FIFA anunció que el Comité Disciplinario –basándose en el artículo 27 del código disciplinario– había suspendido la ejecución de la sanción contra Balogun derivada de la tarjeta roja, permitiéndole así jugar en el partido contra Bélgica.

De acuerdo con el comunicado, este comité tomó la decisión bajo el artículo 27 del código disciplinario, que le autoriza “suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria” y someter al sancionado “a un periodo de prueba de uno a cuatro años” que puede ser revocado si comete otra infracción “de naturaleza y gravedad similares”.

El presidente Donald Trump, en la mañana del 6 de julio, indicó que él había pedido a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, revisar la suspensión porque, a su juicio, Balogun no había cometido infracción y era “injusto” penalizarlo. Trump aseguró que no le dijo a Infantino qué hacer, más allá de solicitar una revisión.

Infantino, en un comunicado publicado el 6 de julio, indicó que la decisión fue tomada por el comité disciplinario de la FIFA, que es un órgano autónomo, y que él se entera de esas decisiones “cuando son emitidas”.

Crítica internacional 

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) acusó a la FIFA de haber “cruzado una línea roja” y calificó la medida como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”, argumentando que una suspensión mínima de un partido tras una roja no debería tratarse como una opción discrecional, recordando que otros jugadores en el torneo han recibido tarjetas rojas y no han tenido trato preferencial.

Entre esos casos, figuran futbolistas latinoamericanos que sí cumplieron la suspensión automática después de recibir una tarjeta roja. El mexicano César Montes fue expulsado en el debut de México ante Sudáfrica y quedó fuera del siguiente partido contra Corea del Sur. El paraguayo Miguel Almirón también recibió una roja en el partido ante Turquía y la FIFA confirmó que debía cumplir un partido de suspensión en el siguiente encuentro de su selección contra Australia.

La federación belga expresó estar “estupefacta” por la decisión, indicando que la FIFA no le había dado decisión ni explicación formal, y anunció que impugnaría la elegibilidad de Balogun, pero la apelación fue rechazada por la FIFA.

El canciller belga, Maxime Prévot, dijo que “si una llamada es realmente la razón de esta incomprensible decisión, esto sería una violación flagrante a las reglas más básicas del fútbol y el deporte”.

Sepp Blatter, expresidente de la FIFA –y quien tuvo que renunciar tras escándalos de corrupción en 2015– dijo en su cuenta de X que “las tarjetas rojas no pueden ser anuladas por llamadas de políticos” y el fútbol “jamás debe convertirse en el terreno de juego del poder político”.

La BBC reporta que en la historia de los Mundiales de fútbol se han emitido 188 tarjetas rojas y que solamente un jugador había escapado de la suspensión, que para entonces todavía no era automática. Se trata del brasileño Manuel Francisco dos Santos (conocido como “Garrincha”), quien fue expulsado en la semifinal Brasil-Chile de 1962. 

La FIFA indica en su página web oficial que Garrincha fue autorizado a jugar porque “el público chileno se había quedado tan cautivado [con el brasileño] que, junto con el presidente de Chile, Jorge Alessandri, encabezaron con éxito una petición para permitirle jugar en el partido”. Brasil ganó la final ese año contra Checoslovaquia 3-1.

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En la publicación, Trump incluyó un gráfico creado, según indica la imagen, a partir de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), según su descripción. En él se puede ver que las primas de los seguros de automóviles aumentaron un 4.1% en 2021, un 14.8% en 2022, un 20.6% en 2023, un 11.8% en 2024 y un 0.5% en 2025. En lo que va de 2026, registraron una disminución interanual del 2.3%.

“Las primas de los seguros de automóviles alcanzaron NIVELES RÉCORD, lo que obligó a los ciudadanos estadounidenses que cumplen la ley a subsidiar a los inmigrantes ilegales de Biden que se aprovechan del sistema. Después de más de un año de CERO INMIGRACIÓN ILEGAL (...) las primas de los seguros de automóviles se han desplomado”, dice parte de la publicación de Trump.

Sin embargo, expertos atribuyen esta tendencia a otros factores, como los efectos de la pandemia de COVID-19, el encarecimiento de las reparaciones por el aumento de los repuestos y la mayor gravedad de los accidentes.

Pete Moraga, vocero del Insurance Information Institute (III), un centro de estudios que provee información sobre el sector de las aseguradoras, dijo a Factchequeado que los costos de las primas de seguros aumentaron debido a un alza en los costos de reparación. Mencionó entre los factores que contribuyeron a ese aumento el encarecimiento de la reparaciones, incluido el mayor costo de los repuestos, así como el incremento de la gravedad de los accidentes. 

Moraga también precisó que el centro de estudios analiza datos de las aseguradoras, como las reclamaciones, pero que no tienen información sobre el estatus migratorio de las personas aseguradas.

“Cuando una persona quiere comprar el seguro del hogar o el seguro del auto, solo necesita tener la información acerca del auto, la registración y el expediente de conducir. Eso es todo lo que se pide”, dijo Moraga. 

Otros factores que influyen en ese aumento de precios, según Moraga, incluyen el fraude a las aseguradoras y el aumento en los litigios. Un análisis de III indica que “el litigio excesivo generó un aumento de 281,200 millones de dólares en las pérdidas por seguros de responsabilidad civil entre 2015 y 2024”. Otro informe de la entidad indica que aproximadamente un tercio del incremento de estas pérdidas se produjo por estas tendencias legales.

Michael Clemens, profesor de Economía en la Universidad de Johns Hopkins e investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, dijo a AP que la afirmación de Trump “es pura ficción” y que no está respaldada por ningún estudio realizado por la Casa Blanca ni por una autoridad en la materia. “No tiene más fundamento que unas declaraciones incendiarias que contraponen dos tendencias sin relación alguna”, agregó.

Clemens dijo que el incremento de las primas de los seguros de automóviles ocurrió principalmente por los efectos de la pandemia de COVID-19. Solo un aumento del 0.7% puede ser atribuido al aumento de la llegada de inmigrantes bajo Biden, aseguró.

Según expertos consultados por AP, los accidentes y las reclamaciones se redujeron al inicio de la pandemia del COVID-19, lo que permitió a las compañías de seguros obtener ganancias elevadas que utilizaron para reducir los pagos mensuales y competir por nuevos clientes. 

Las primas comenzaron a aumentar en 2022, cuando la gente volvió a manejar con la frecuencia que solía hacerlo antes de las restricciones de la pandemia. Factores como la conducción temeraria, las distracciones al volante y los problemas con las cadenas de suministro elevaron los costos de las aseguradoras que trasladaron esos incrementos a los consumidores. A partir de 2024, las primas comenzaron a bajar a medida que disminuyeron los accidentes.

En un evento sobre el “aumento de los costos del seguro de automóvil” organizado por el centro de investigación Brookings, los panelistas coincidieron que parte del aumento de las primas puede atribuirse a los costos asociados con vehículos más seguros y tecnológicamente avanzados, según un artículo sobre el evento en la página del centro de estudios III.

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Esta es la conclusión a la que ha llegado el informe “El cambio climático, protagonista de la Copa del Mundo de la FIFA de 2026” de la organización World Weather Attribution al identificar condiciones de al menos 26ºC (78.8ºF) de temperatura del bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés) para los partidos y señalar que, al menos 5 de ellos pueden superar los 28ºC (82.4ºF). 

El trabajo explica que, el aumento de partidos que se podrían disputar bajo esas condiciones en este torneo, frente a los encuentros que sí lo hicieron en el Mundial 1994, celebrado también en Estados Unidos, se debe al cambio climático. 

El informe reconoce que los tres estadios situados en las localidades donde se registra mayor calor, Dallas, Houston y Atlanta, son cerrados y disponen de aire acondicionado, pero advierte que las temperaturas no solo afectan a los deportistas, sino también a la gente que se desplaza hasta y desde los recintos. 

Fuente: World Weather Attribution.

De los estadios abiertos, los más expuestos a este calor extremo son el MetLife Stadium de Nueva York, el Lincoln Stadium de Filadelfia, el Arrowhead Stadium de Kansas City y el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Qué es la temperatura de bulbo húmedo y por qué se utiliza? 

Como explica la Oficina Estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la temperatura de bulbo húmedo (WBGT) es una medida del estrés térmico generado “bajo la luz solar directa” y que tiene en cuenta la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, el ángulo del sol y la nubosidad (radiación solar).

El índice de calor que utilizamos habitualmente, informa la NOAA, “solo tiene en cuenta la temperatura y la humedad y se calcula para zonas a la sombra”. La WBGT, añade, es un parámetro que “debes controlar” si trabajas o haces ejercicio bajo la luz solar directa.

Se utiliza para evaluar la capacidad de sudoración que tienen los deportistas, principal mecanismo del cuerpo humano para disipar el calor, como recuerda el Colegio de Agricultura, Salud y Recursos Naturales de la Universidad de Connecticut. El aumento de la humedad, explican, dificulta la capacidad del cuerpo de deshacerse de ese calor “y, por consiguiente, incrementa el riesgo de sufrir síndrome de estrés por calor”.  

Según los CDC, encargados del control de enfermedades, el estrés térmico “puede causar una variedad de efectos en el cuerpo, desde sarpullidos irritantes, hasta un golpe de calor, el cual es con frecuencia mortal”.

Disparidad de criterios entre la FIFA y los jugadores 

Frente a la posibilidad de temperaturas altas durante el Mundial 2026, la FIFA, encargada de la organización del torneo, impuso parones de tres minutos al cumplirse la mitad de tiempo de cada una de las dos partes de 45 minutos de las que consta un partido. Las conocidas como “pausas de hidratación” (hydration breaks, en inglés). 

Sin embargo, la FIFA y el sindicato de jugadores profesionales FIFPRO, tienen criterios dispares sobre a qué WBGT debe  pararse un partido. En el documento “Directrices y estrategias de mitigación para condiciones de calor en el fútbol profesional”, FIFPRO defiende que una WBGT “superior a 26°C (o una temperatura ambiente superior a 30°C/86ºF) debería justificar la realización de pausas para refrescarse durante los partidos”. 

Defiende que, si la WBGT supera los 28ºC, o una temperatura ambiente superior a 36°C/96.8ºF, “debería dar lugar al retraso o aplazamiento de los partidos hasta que las condiciones para los jugadores y los árbitros (y los aficionados) sean más seguras”.

Por su parte, la FIFA, en su Manual de primeros auxilios (página 190), recoge que las pausas de hidratación tendrán que hacerse si la medición de la WBGT 90 y 60 minutos antes del comienzo del partido es de 32°C/89,6°F o superior, y que el partido “podrá aplazarse o cancelarse, dependiendo del nivel de la WBGT y de la decisión del equipo de organización del partido”.

¿Se ha alcanzado esa WBGT en los estadios señalados?

Como recoge el estudio de World Weather Attribution, entre los estadios más afectados están los ubicados en Dallas, Houston y Atlanta. Son campos cerrados y con aire acondicionado, pero eso no evita que la gente que acude al estadio sufra una WBGT superior a 26ºC y 28ºC y, por tanto, peligrosa para la salud. 

En Factchequeado hemos revisado los datos de la WBGT disponibles en la web de la NOAA de las estaciones públicas de medición más cercanas a cada estadio, correspondientes al día de partido. Tomamos, aproximadamente, los datos locales de dos horas antes del juego, el juego (que puede durar otras dos horas con descanso incluído) y de dos horas después, para tener en cuenta el desplazamiento de los espectadores hacia y desde el estadio. No hay datos de todos los encuentros en todos los campos en el momento de publicar este texto. 

En el Dallas ATandT, con aire acondicionado, se han disputado, de momento, 6 partidos. El centro de datos más cercano con información de la WBGT se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW). Está ubicado, aproximadamente, a 21.7 kilómetros (13.5 millas). Solo cuenta con información de los dos primeros juegos, el Países Bajos-Japón, del 14 de junio de 2026, y el Inglaterra-Croacia del 17 de junio de 2026. Al revisar los datos, la WBGT más alta se registró en el segundo, cerca de las 3 pm hora local, cuando comenzó el mismo: 26.1ºC (78.9ºF).

En el campo Houston NRG, también cubierto y con climatización, se han jugado otros 6 choques. El centro con datos más cercano está en el Aeropuerto George Bush, a 43.4 kilómetros (27 millas). Solo hay datos de los partidos del 14 y del 17 de junio de 2026. En el primero de ellos, que enfrentó a Alemania contra Curazao a las 11 am hora local, la WBGT alcanzó los 27.2ºC (80.9ºF) cerca de la 1 am. Entre las 2 y las 4 pm no bajó de 26.4ºC (79.5ºF).

El partido del 17 de junio de 2026, entre Portugal y la RD Congo, a las 12 pm, registró WBGT entre los 24.8ºC (76.6ºF) y los 26.4ºC (79.5ºF) entre las 10 am y las 5 pm. 

En el Atlanta Mercedes Benz, también con aire acondicionado, se han jugado 6 partidos. La información más completa de la NOAA está en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, a unos 13 kilómetros (8 millas) del estadio. La NOAA tiene datos de la WBGT de 5 partidos. En ninguno de ellos se superaron los 25ºC WBGT. Dos partidos se jugaron en horas de la tarde-noche, que suelen ser menos calurosos que las horas centrales del día. 

Sobre los campos sin climatización y más expuestos a temperaturas extremas recogidos en el trabajo, por ejemplo, en el recinto de Nueva York/Nueva Jersey, el MetLife Stadium, se han jugado 6 partidos. La estación oficial que recoge datos de la WBTG más cercana a la cancha se encuentra en el Aeropuerto de Teterboro, a 5 kilómetros (3.1 millas). Tiene datos de 5 de los 6 enfrentamientos. La WBGT más alta registrada fue de 20.8ºC (69.4ºF).

En el Arrowhead Stadium de Kansas, se disputaron 4 encuentros. En el Aeropuerto Internacional de Kansas City, a unos 33 kilómetros (20.5 millas) del recinto se encuentra la estación pública con más información sobre la WBGT. Según los datos recogidos, en ninguno de los 4 partidos se alcanzaron ni 28ºC (82.4ºF) ni 26ºC (78.8ºF) WBGT.   

¿Cómo hacer frente a este calor extremo si vas a juegos al aire libre?

Presentamos algunos consejos de expertos que ya recogimos en Factchequeado (y que puedes leer en su totalidad aquí), con especial énfasis en niños y mayores, el grupo de personas más vulnerables a las altas temperaturas:

• Los CDC aconsejan revisar las previsiones meteorológicas y beber mucho líquido, incluso si no se tiene sed. A la hora de los alimentos sólidos, optar mejor por alimentos ligeros, frescos y fáciles de digerir, como frutas o ensaladas, como indican desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

• Aplicarse protector solar 30 minutos antes de salir si se tiene que salir a la calle.

• Si necesitas guardar alimentos en un envase, asegúrate de meterlos en una nevera o llevar una bolsa de hielo. 

• Proteger especialmente a los adultos mayores con enfermedades preexistentes,  con movilidad reducida; las personas con afecciones médicas crónicas; y las embarazadas. 

• Evitar dejar a un niño o una mascota en un carro estacionado. Si ves a un menor solo en un automóvil, lo ideal es llamar rápidamente al 911, tal y como indica la organización Safe Kids USA.

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La deuda de Venezuela duplica el tamaño de la economía 

El medio Financial Times reportó el 24 de junio de 2026 que la deuda del Estado venezolano (tanto interna como externa) ascendía a los 240,000 millones de dólares, duplicando el tamaño de la economía venezolana, estimada en 100,000 millones de dólares. 

Por años el régimen venezolano no ha divulgado en su totalidad la situación financiera del país. Sin embargo, el Financial Times indicó que las autoridades interinas se preparaban para transparentar las cifras como parte de un proceso de reestructuración de la deuda que busca conseguir que Venezuela regrese a los mercados internacionales. De acuerdo con el diario británico, de concretarse, sería la reestructuración de deuda “más grande de la historia”.

Sumado a esto, los casos de corrupción vinculada al régimen venezolano ascienden a los 72,000 millones de dólares, según el seguimiento que ha hecho la organización sin fines de lucro Transparencia Internacional a 172 casos procesados en tribunales de 30 países. 

Venezuela ocupa el último lugar del mundo (el 143) en el índice de Estado de Derecho de 2025 de la organización sin fines de lucro World Justice Project, que calcula el estado del sistema legal en 143 países combinando encuestas a ciudadanos y a expertos en torno a temas de corrupción, control del ejecutivo, transparencia gubernamental, acceso a la justicia, libertad de expresión, entre otros.

Inflación anualizada de 524% para mayo de 2026 y un salario mínimo de 25 centavos de dólar por mes

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Venezuela, analizados por Factchequeado, la inflación en mayo de 2026 (último dato disponible) fue de 6.3%, mostrando una desaceleración en comparación con abril (10.6%), pero acumula un 524% de incremento en comparación con mayo de 2025.

El Centro de Documentación y Análisis Social, iniciativa liderada por el economista Oscar Meza y que publica reportes mensuales del poder adquisitivo del venezolano, informó el 17 de junio de 2026 que el salario mínimo que equivale a 25 centavos de dólar al mes cubre sólo el 0.03% del costo de la canasta básica, que asciende a 772 dólares estadounidenses. La canasta calcula el costo de 60 productos de primera necesidad para una familia de 5 personas.

Según Meza, “las familias venezolanas dependen cada vez más de bonos, remesas y trabajos adicionales para poder subsistir, ante la ausencia de una política salarial ajustada al costo real de la vida”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida realizada en 2025 por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y publicada en mayo de 2026, el 76.5% de las personas en Venezuela vivía en condiciones de pobreza y el 43,7% en pobreza extrema.

Maduro está preso, pero el régimen sigue al mando

Bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, el régimen chavista ha liberado a cientos de presos políticos, pero al momento del terremoto, todavía quedaban al menos 374 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con la organización defensora de derechos humanos Foro Penal. Las últimas cifras bajo Maduro (y con Rodríguez como vicepresidenta) revelan que había al menos 863 personas detenidas por motivos políticos para diciembre de 2024.

Durante la emergencia provocada por los terremotos se levantó el bloqueo a la red social X que se mantuvo desde agosto de 2024 por orden de Maduro, pero siguen bloqueadas más de 200 páginas web, incluyendo las de 92 medios de comunicación, de acuerdo con los datos de VE sin Filtro, iniciativa de la organización sin fines de lucro Conexión Segura y Libre.

Además, The Washington Post documentó –a través de sobrevivientes, personal de emergencia, y exfuncionarios gubernamentales de Estados Unidos– cómo el régimen venezolano bloqueó o retrasó la entrada de algunos grupos de rescate al país mientras ha implementado controles excesivos para operar en algunas zonas afectadas. También reseñan denuncias de restricciones a la prensa y puntos de control de uniformados exigiendo dinero para permitir el paso de voluntarios. Por su parte, la agencia de noticias Reuters ha documentado denuncias de robos de ayuda, saqueos, e intimidación a rescatistas locales y extranjeros por parte de uniformados.

Sin embargo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó el 30 de junio de 2026 que “las autoridades interinas han cumplido plenamente” con Estados Unidos “para acelerar” la “masiva respuesta humanitaria” liderada por el gobierno de Donald Trump.

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El presidente Donald Trump firmó un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán el 17 de junio de 2026. El memorando de entendimiento de 14 puntos describe las condiciones que Estados Unidos e Irán acordaron inicialmente y les otorga 60 días para negociar términos adicionales.

Pero algunos aspectos incluidos –y otros omitidos– en el acuerdo marco contradicen lo que Trump dijo sobre un posible acuerdo antes de aprobarlo a mitad de junio.

Por ejemplo, en una entrevista con NBC News a principios de junio, Trump afirmó que no “descongelaría ningún activo iraní” ni “levantaría ninguna de las sanciones contra Irán” en “antelación” como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto. Sin embargo, el acuerdo estipula que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgará exenciones “inmediatas” que permitirán a Irán reanudar las exportaciones de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo, lo que le generará miles de millones de dólares en ingresos. Se elaborará un calendario para el alivio de sanciones adicionales, que podrían ascender a miles de millones de dólares, durante los próximos dos meses.

Además, Trump inicialmente calificó de “falsas” las noticias que afirmaban que el acuerdo incluía un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares para Irán. Sin embargo, el fondo se menciona en el memorando de entendimiento, y Reuters, citando una fuente anónima, informó que “más de la mitad” de ese dinero “ya ha sido comprometido” por inversores del sector privado en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos.

Es más, el acuerdo dice poco sobre el futuro del programa nuclear iraní, un punto clave de controversia entre ambos países y parte de la justificación de Trump para lanzar ataques aéreos contra Irán en febrero. Durante su primer mandato como presidente, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, denominado Plan de Acción Integral Conjunto, que se negoció e implementó durante la administración Obama.

Durante años, Trump ha criticado duramente el pacto de la era Obama, calificándolo de “horrible“, “defectuoso” y uno de los “más tontos” de la historia. Pero el acuerdo actual de Trump establece que Irán “reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”, al igual que el acuerdo del expresidente Barack Obama estipulaba que Irán “bajo ninguna circunstancia… buscaría, desarrollaría ni adquiriría armas nucleares”.

Alivio de sanciones, descongelación de activos

En una entrevista el 5 de junio en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC, Trump respondió “no” cuando se le preguntó si “descongelaría algún activo iraní o levantaría alguna sanción de antemano como parte de cualquier acuerdo” con Irán.

“Si se comportan bien, si hacen un buen trabajo, empezaremos a hablar”, dijo Trump sobre las futuras negociaciones.

Pero Trump no cumplió del todo esa promesa.

El memorando de entendimiento que firmó levantó las sanciones estadounidenses que limitaban la cantidad de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo que Irán podía vender en el mercado mundial. El acuerdo establece que Estados Unidos “se compromete a que, inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento y hasta el levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgará exenciones para la exportación de petróleo crudo, productos derivados del petróleo y otros derivados iraníes, así como para todos los servicios asociados, incluyendo transacciones bancarias, seguros, transporte, etc”.

Según informó el Wall Street Journal, Irán podría obtener ahora 60,000 millones de dólares anuales por la venta de petróleo y combustible a los precios actuales, suponiendo que retome los niveles de producción previos a la guerra. Irán podría ganar 8,000 millones de dólares tan solo en los dos primeros meses del acuerdo, según estimaciones de Richard Nephew, investigador principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia y exenviado especial adjunto de Estados Unidos para Irán durante la administración Biden.

Además, el acuerdo establece que “Estados Unidos se compromete a poner a disposición del público los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán una vez que entre en vigor este Memorando de Entendimiento”. Irán posee decenas de miles de millones de dólares en activos congelados en todo el mundo, incluyendo entre 20,000 y 50,000 millones de dólares en China, según el Wall Street Journal, que señaló que la “prioridad de Irán es desbloquear inicialmente 24,000 millones de dólares por fases”.

En cuanto al momento de la liberación de esos activos, que según se ha informado un alto funcionario de la administración ha dicho que depende del “buen comportamiento” de Irán, el acuerdo establece que: “Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acordarán mutuamente los procedimientos relacionados con la liberación de estos fondos durante las negociaciones”.

“Nos hemos quedado con su dinero, no es nuestro dinero, es su dinero, y lo hemos congelado”, dijo Trump a los periodistas en una conferencia de prensa el 17 de junio durante la cumbre del G-7 en Francia. “En algún momento, supongo que tendremos que devolverlo”.

Pero en noviembre de 2015, durante su campaña electoral en Iowa, Trump criticó los miles de millones de dólares en activos iraníes que fueron descongelados como parte del acuerdo nuclear de la administración Obama con Irán. 

“Jamás les habría devuelto el dinero”, dijo Trump. “Les habría dicho: ‘El dinero ya no está sobre la mesa. Empecemos a negociar’”.

Además, el acuerdo que firmó Trump establece que Estados Unidos “se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán”, incluidas “todas las sanciones unilaterales estadounidenses (…) en un calendario acordado como parte del acuerdo final”.

Queda por ver qué sanciones se levantarán y cuándo.

Fondo de 300,000 millones de dólares

El acuerdo también establece: “Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan definitivo y consensuado, con un presupuesto mínimo de 300,000 millones de dólares, para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. El mecanismo para la implementación de este plan se definirá como parte del acuerdo final en un plazo de 60 días”.

Sin embargo, Trump negó inicialmente que el fondo formara parte del acuerdo durante una conferencia de prensa con el presidente egipcio en Francia el 17 de junio. 

“Bueno, es falso”, dijo Trump en respuesta a un periodista que le preguntó sobre el fondo de 300,000 millones de dólares, que se mencionaba en un borrador del memorando de entendimiento que se había filtrado a miembros de la prensa.

“Es falso. Gente, pueden invertir si quieren. ¿Qué voy a hacer, decir que nadie puede invertir? Nosotros no estamos invirtiendo. No vamos a aportar ni un centavo. La gente puede decidir hacerlo, pero es su decisión”, dijo Trump. “No estamos invirtiendo en eso y no tenemos un fondo”.

Si bien el memorando de entendimiento establece que Estados Unidos ayudará a desarrollar el plan para los 300,000 millones de dólares y otorgará todas las “licencias, exenciones y permisos necesarios para las transacciones financieras pertinentes”, Trump y el vicepresidente J. D. Vance han insistido en que ninguno de los fondos destinados a la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán provendrá de los contribuyentes estadounidenses.

“No estamos invirtiendo dinero”, dijo Trump en una reunión con el emir de Qatar el 16 de junio. “Nosotros no lo pagamos como lo hizo Obama. Él pagó miles de millones de dólares. Pagó 1.700 millones desde un avión, todo en efectivo. Fue una locura”.

En una exclusiva del 16 de junio, Reuters, citando una fuente anónima familiarizada con las negociaciones, informó que “más de la mitad” de los 300,000 millones de dólares “ya se han comprometido y que provendrán íntegramente de fondos del sector privado”. Empresas privadas de EE. UU., los estados árabes del Golfo, Asia, Sudamérica y África ya han acordado comprometer financiación, dijo una fuente a Reuters, añadiendo que no se incluiría dinero ni subvenciones gubernamentales. 

En cuanto a los 1,700 millones de dólares que Trump ha afirmado repetidamente que Obama “pagó” a Irán en 2016, hemos escrito que ese monto fue para resolver formalmente una disputa de décadas de antigüedad sobre el pago por parte de Irán a Estados Unidos de 400 millones de dólares por equipo militar que nunca se entregó. Estados Unidos se negó a proporcionar el equipo después de que el sah de Irán fuera derrocado durante la Revolución iraní en 1979.

Los 1.700 millones de dólares que recibió Irán, todo en efectivo pero no en dólares estadounidenses, incluían los 400 millones de dólares originales y 1,300 millones de dólares adicionales en concepto de intereses. 

En ocasiones, los 1,700 millones de dólares se confunden con el alivio de las sanciones que Irán recibió por cumplir con el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) negociado durante la administración Obama.

Como ya hemos mencionado, en el marco de ese acuerdo, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y la Unión Europea acordaron levantar las sanciones sobre los activos iraníes que estaban congelados y depositados principalmente en bancos extranjeros. En un artículo de opinión publicado en septiembre de 2015 sobre el acuerdo de Obama, Trump afirmó que Estados Unidos le había dado a Irán “una ganancia inesperada de 150,000 millones de dólares, que sin duda financiará el terrorismo en todo el mundo”. 

Pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que Irán acabaría con mucho menos: unos 50,000 millones de dólares en “activos líquidos utilizables”, según el testimonio de 2015 de Adam Szubin, que entonces era subsecretario interino del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera.

El programa nuclear de Irán

Trump ha criticado repetidamente el JCPOA, afirmando  que habría puesto a Irán en “el camino hacia un arma nuclear”. (Ya hemos escrito sobre esto anteriormente). En comparación, Trump dijo que su acuerdo sería “un muro contra un arma nuclear”.

“El acuerdo de Obama fue uno de los acuerdos más estúpidos que he visto; era un camino hacia un arma nuclear”, dijo Trump el 17 de junio, refiriéndose al JCPOA, del que se retiró en 2018. “Mi acuerdo es un muro contra las armas nucleares; no lo van a tener, es un muro contra un arma nuclear”.

Pero eso está por verse. El memorando de entendimiento solo dice: “La República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”.

Eso refleja fielmente el lenguaje del JCPOA, que establece: “Irán reafirma que bajo ninguna circunstancia buscará, desarrollará ni adquirirá armas nucleares”.

El acuerdo actual continúa diciendo: “La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América han acordado resolver la disposición del material enriquecido almacenado conforme a un mecanismo que se acordará mutuamente (…) con la metodología mínima de dilución in situ bajo la supervisión del [Organismo Internacional de Energía Atómica o OIEA, por sus siglas en inglés]”, lo que hace referencia al uranio enriquecido de Irán, hasta un 60%, según el OIEA justo antes del bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes el año pasado. El uranio enriquecido al 60% está casi al punto del grado de material armamentístico.

“Ambas partes también acordaron debatir la cuestión del enriquecimiento y otros asuntos de mutuo acuerdo relacionados con las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán, sobre la base del marco legal que se acordará en el acuerdo final”, reza el memorando de entendimiento. “El acuerdo final confirmará lo dispuesto en este párrafo. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia crucial de las cuestiones nucleares antes mencionadas y expresan su intención de abordarlas de inmediato en la negociación para lograr un acuerdo mutuo al respecto”.

Si bien Trump declaró el 15 de junio que “lo principal es que Irán no tendrá un arma nuclear” y que Irán “estuvo totalmente de acuerdo con eso, con fuertes poderes de vigilancia”, el acuerdo no contiene ningún detalle sobre si Irán aceptaría una “vigilancia estricta” de su programa nuclear, ni sobre lo que eso podría implicar.

Los detalles de los acuerdos que alcanzarán ambos países con respecto al programa nuclear iraní se determinarán durante el período de negociación de 60 días, explicaron Kelsey Davenport y Daryl G. Kimball, de la Asociación para el Control de Armas, en un informe del 22 de junio. “El memorando de entendimiento es, fundamentalmente, un acuerdo no nuclear que deja sin resolver cuestiones nucleares clave”, escribieron.

De manera similar, Nephew, experto en asuntos internacionales y públicos de la Universidad de Columbia, comentó a FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado, por correo electrónico: “El JCPOA establecía requisitos detallados y específicos para la verificación y las acciones que Irán debía emprender. Lo más parecido que tiene este acuerdo es que Irán acepta mantener su programa nuclear sin cambios, a cambio de sanciones estáticas, pero no hay verificación ni detalles específicos”.

“Todo lo demás se concretará en el futuro como parte de un acuerdo a largo plazo”, afirmó. “Supongo que se podría decir que este acuerdo a largo plazo ya incluye un compromiso con visión de futuro en la gestión de las reservas de uranio enriquecido de Irán, pero todo lo demás está ‘en discusión’”.

Por lo tanto, hasta que no se negocien detalles más concretos con Irán sobre su programa nuclear, es prematuro que Trump afirme que su acuerdo es “un muro contra un arma nuclear”, sobre todo cuando carece de los requisitos de verificación que ya estaban vigentes con el JCPOA, antes de cualquier nuevo conflicto con Irán.

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En esta nota te contamos cómo tras el colapso familiares de los inmigrantes deportados comenzaron a publicar su búsqueda en redes sociales y a hablar con medios de comunicación para reportar que sus seres queridos habían quedado entre los escombros. Una madre, por ejemplo, publicó en un video el 30 de junio de 2026, que después de unos días sin saber el paradero de su hijo repatriado, le entregaron una cajita de madera con sus cenizas. Otros han aparecido con vida. Otros más siguen sin ser localizados.

¿De dónde salió el vuelo de deportación y a dónde llegó? 

La administración del presidente Donald Trump no tiene un registro público oficial sobre los vuelos de deportación. Sin embargo, ICE Flight Monitor, una iniciativa de la organización Human Rights First que monitorea vuelos de deportación de ICE, dijo a Factchequeado que el vuelo de deportación salió del Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa Locka, en Florida, con destino al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira (que sirve a Caracas, la capital), en Venezuela. Y compartió los detalles de la bitácora de vuelo. 

El vuelo fue operado por ICE y fletado por GlobalX: partió de Phoenix, Arizona, a las 10:36 de la noche (hora del Este) del martes 23 de junio de 2026. Luego hizo escala en El Paso, Texas, y finalmente en Miami, Florida, de donde salió a las 7:23 am con destino a Venezuela. La bitácora muestra que la aeronave llegó a Maiquetíar a las 10:22 am (ET).

¿Quiénes eran las personas deportadas en ese vuelo por ICE? 

Los inmigrantes deportados fueron recibidos en Venezuela por representantes del oficialismo que lidera la presidenta interina Delcy Rodríguez. Lo confirma la publicación del diputado Mervin Maldonado, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese día escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Hoy recibimos el vuelo #164 de la Gran Misión Vuelta a la Patria 🇻🇪 con 146 venezolanos, desde EEUU. ¡Bienvenid@s! ✅ #24Jun”.

The Associated Press (AP) reportó que el régimen venezolano los trasladó al hotel Santuario La Llanada para realizarles exámenes médicos y hacer trámites de reingreso, e informó que entre los 146 pasajeros había 19 mujeres y 7 niños.

Ocho horas después de haber arribado, y mientras esperaban salir del hotel donde los tenían bajo custodia para exámenes médicos y documentación, los dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 se sucedieron en cuestión de segundos, a las 6:04 pm y 6:05 pm, provocados por un “doblete sísmico”.

El hotel está ubicado a menos de 1 kilómetro del mar, aproximadamente a 30 km al norte de Caracas y en una de las zonas más afectadas, muestra un mapeo de daños de Copernicus Emergency Management Service, un servicio de la Unión Europea que usa imágenes satelitales. 

DHS: “Cuando una persona ya no está bajo la custodia de ICE, ICE deja de ser responsable de ella”

No hay un listado oficial con el nombre de los pasajeros ni por parte del régimen de Venezuela ni del gobierno estadounidense.

Desde Factchequeado preguntamos a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre los nombres y edades de las personas a bordo de ese vuelo de deportación, el lugar específico de dónde salió y cuál era el estado de las personas deportadas tras los terremotos.

El DHS respondió en un primer correo electrónico: “Este vuelo llegó sano y salvo a Venezuela y todos los inmigrantes indocumentados a bordo fueron devueltos a sus países de origen. Cuando una persona ya no está bajo la custodia del ICE, el ICE deja de ser responsable de ella”.

En un seguimiento para obtener más detalles de la aeronave y reconfirmar la estadística de pasajeros, el DHS contestó: “Por motivos de seguridad operativa y protección de los agentes, el ICE no divulga los detalles de nuestros vuelos de deportación”. 

Aún sin una lista oficial, familiares y medios han ido reconstruyendo algunos casos que muestran que varios deportados tenían años viviendo en el país, con trabajo y lazos familiares. Compilamos solo algunos de estos:

La madre de Daniel Alejandro Núñez Ramírez, Osmadelys Núñez, publicó el 30 de junio de 2026  un video de Instagram en el que sostiene con ambas manos una cajita de madera con las cenizas de su hijo. Narra que fue encontrado sin vida entre los escombros. En una nota de Reuters contó que su hijo la llamó al aterrizar en Venezuela para avisarle que lo llevarían a un hotel y que sería liberado al día siguiente; y que en Estados Unidos trabajaba en la construcción y había sido detenido por una infracción de tránsito menor antes de aceptar ser deportado. Una nota local de Venezuela News afirmó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia encontraron el cuerpo.

José Rafael Rossi Ydrogo fue reportado como desaparecido por su esposa, Enit Hernández, señala una nota de NBC News. La pareja vivía en Texas, después de haber llegado a Estados Unidos en 2021 y de haber residido primero en Nueva Jersey con su hija. Según Hernández, en Fort Worth —el condado al lado de Dallas— Rossi Ydrogo era dueño de una empresa de construcción y se dedicaba a remodelar casas. Contó que ICE lo detuvo durante una revisión de ICE y que la última vez que habló con él fue el martes anterior al vuelo, cuando le dijo que le habían pedido recoger sus cosas porque sería trasladado al día siguiente.

AP reportó el caso de Lisbeth Portillo, quien vivía en el sur de Florida desde hacía más de 4 años, había cruzado la frontera en noviembre de 2021 y dijo que tenía una solicitud de asilo pendiente. Portillo fue encontrada con vida después de escapar de los escombros del Hotel Santuario La Llanada junto con otras personas y logró comunicarse con familiares desde un puesto de la Guardia Nacional, informó AP. 

El País contó la historia de un inmigrante identificado como Joan, quien vivía y trabajaba también en Florida. Según el medio, ICE lo detuvo el 13 de junio de 2026 cuando iba a su trabajo, mientras su esposa, Daniela, y su hija de 6 años permanecieron en Florida.

Reuters reportó que Anderson Daniel Salcedo trabajaba en construcción, llevaba más de tres años en Estados Unidos y enviaba dinero a su familia antes de permanecer tres meses detenido por inmigración y ser deportado en el vuelo 164. Lo rescataron unas 40 horas después del colapso, gravemente herido, y Reuters informó que estaba intubado y que le amputaron ambas piernas. 

Familias denuncian que la autoridad venezolana no deja llegar la ayuda para rescartar a las personas en el Hotel Santuario La Llanada

Familiares de los venezolanos que fueron deportados denunciaron en un programa de noticias con la Jessica Vallenilla —conocida como “La Katuar”— que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (el SEBIN) se encuentra en el Hotel Santuario La Llanada y que el régimen de Delcy Rodriguez está impidiendo que llegue la ayuda al lugar. De acuerdo con este reporte, no solo habían quedaron bajo los escombros los pasajeros del vuelo de deportación descripto localmente con el número en 164, sino también los del número 163.   

“No dejan llegar la ayuda, (a) los rescatistas; no dejan rescatar a las personas: algo esconden allí”, dijo una persona que se presentó como el familiar de una de las personas deportadas y desaparecidas tras los terremotos. La persona declaró que en el hotel había deportados de los vuelos 163 y 164. 

Rodríguez quedó al frente del poder en Venezuela tras la operación militar del gobierno del presidente Donald Trump, que tiene a Nicolás Maduro en una prisión estadounidense desde el 3 de enero de 2026. 

Después del operativo contra Maduro, los vuelos de deportación a Venezuela se han intensificado, declaró Savi Arvey, directora de políticas de derechos de refugiados e inmigrantes de Human Rights First en un comunicado el 1 de junio de 2026. Normalmente se realizaban tres veces por semana, pero desde el 24 de junio, fecha de los terremotos, no han registrado ningún otro, explicó.

“El ritmo y la magnitud de las deportaciones a Venezuela desde el inicio del segundo mandato de Trump han sido asombrosos, y se han llevado a cabo con una alarmante falta de transparencia. Cuando el gobierno realiza deportaciones en secreto, la rendición de cuentas pública es mínima y resulta imposible para las personas y sus seres queridos planificar una repatriación segura”, dijo.

La organización contabiliza un total de 138 vuelos de deportación a Venezuela y 25,183 deportados durante el actual gobierno de Trump, incluyendo familias y niños.

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Ante esta situación, la ayuda desde Estados Unidos fue una de los primeros apoyos internacionales en llegar al país y ha ido aumentando de la mano del incremento de las necesidades logísticas y humanas para hacer frente a la catástrofe. 

En la noche del mismo 24 de junio, el presidente Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social que había dado instrucciones “a todos los organismos” del Gobierno “para actuar con rapidez” en la ayuda al país caribeño. Dos días después, en la madrugada del 26, el primer contingente estadounidense arribó a Venezuela y desde la embajada de EE.UU. en el país sudamericano se informó la aprobación de un fondo de 150 millones de dólares para las tareas de ayuda y rescate.

Aumento de la ayuda a 300 millones de dólares

El 29 de junio, el Departamento de Estado anunció en un comunicado que la ayuda para Venezuela aumentaba de 150 a 300 millones de dólares tras los análisis de los miembros de los equipos de socorro estadounidense sobre el terreno. Es un monto que supera con creces, de momento, los 5 millones de euros (5.7 millones de dólares) donados por la Unión Europea y la ayuda aportada desde China, uno de los aliados históricos del chavismo. Sobre esta última donación se han publicado dos cifras: más de 14.7 millones de dólares, según reportan varios medios, o 17 millones según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.  

La ayuda estadounidense, explica el organismo, se canaliza a través de organizaciones asociadas como Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Cuerpo Médico Internacional (IMC, por sus siglas en inglés), Project Hope, la Cruz Roja y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés).

Los fondos están destinados a proporcionar, dice el comunicado, “atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, refugio, protección y logística”.

Presencia militar

El comunicado detalla también la presencia de efectivos, vehículos, embarcaciones y apoyo aéreo militar en las labores de socorro. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por su abreviatura en inglés) ha fondeado el buque USS Fort Lauderdale en la costa de La Guaira, una de las localidades más afectadas, y está desembarcando ayuda “directamente”. Además, se informa oficialmente, un equipo especializado se encuentra en el puerto de la ciudad trabajando con las autoridades venezolanas en su reparación con el objetivo de reabrirlo lo antes posible y facilitar la entrada por esa vía de más operaciones humanitarias. 

El personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses ayudó a reparar y reabrir el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, principal aeródromo que sirve a Caracas, que se encuentra en el litoral afectado, y que también resultó dañado. 

“Al trabajar junto con las autoridades venezolanas interinas, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha desplegado un equipo expedicionario especializado de gestión de aeródromos que apoya las operaciones de torre y tierra para ayudar a que los vuelos humanitarios internacionales aterricen de manera segura, descarguen su cargamento de manera organizada y lleven suministros críticos a las primeras líneas”, explica.

SOUTHCOM, junto con el Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés), ha desplegado en la zona de la catástrofe aeronaves que han hecho vuelos de reconocimiento para “localizar sobrevivientes y evaluar daños, transportar equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos y socios internacionales a zonas críticas y trasladar equipos de asistencia y suministros a las primeras líneas”.

Entre las unidades desplegadas se encuentran aeronaves tipo C-17 Globemaster III, C-130H Hércules, M/V-22 Osprey, CH-47 Chinook, UH-1Y Venom y U/MH-60 Blackhawk.

Según la agencia Reuters, más de 900 militares se han desplegado en Venezuela desde el 24 de junio para apoyar en las tareas de rescate y, aproximadamente, otros 800 se encuentran en las bases de Curaçao y Puerto Rico. 

Equipos de búsqueda y rescate sobre el terreno

Un total de 311 rescatistas especializados y 23 perros de búsqueda han llegado a Venezuela desde cuatro Departamentos de Bomberos y Rescate de Estados Unidos.

El condado de Miami-Dade ha sido el que más ha aportado de esos Departamentos de Bomberos y Rescate, con 80 personas y 6 perros, seguidos por el del condado de Fairfax, que arribó con 79 miembros y 6 perros, y la ciudad de Miami, que llegó también con 79 miembros y 5 perros. Desde el condado de Los Ángeles se han desplegado en Venezuela 73 especialistas y 6 perros.

Suspensión temporal de sanciones económicas 

Desde su segunda llegada a la Casa Blanca, el presidente Trump impulsó y endureció una serie de “sanciones individuales, financieras y sectoriales al Gobierno venezolano”, así como al por entonces presidente Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en una acción militar el 3 de enero de 2026. Una de esas sanciones prohibía la transferencia de fondos hacia Venezuela.

El 25 de junio de 2026, Estados Unidos levantó esa prohibición de forma temporal, hasta el 23 de octubre de 2026, para “todas las transacciones relacionadas con las labores de ayuda tras el terremoto en Venezuela”.  

Recomendaciones del Departamento de Estado si buscas ayudar 

El Departamento de Estado recomienda: 

• Para las ayudas en efectivo, utilizar recursos fiables para confirmar la legitimidad de la cuenta receptora.

• Para la ayuda material, envíar solo este tipo de ayuda cuando se solicite y todos los aspectos logísticos ya se hayan coordinado.

• Si quieres ser voluntario: la experiencia, la capacitación de los voluntarios, así como la organización previa de los organizadores son fundamentales. Cualquiera no debe ir a una zona de catástrofe.

• Para las empresas: deben actuar en coordinación con las agencias de socorro y utilizar canales oficiales.

• Mantenerse alerta ante posibles estafas y organizaciones fraudulentas. Se debe verificar su autenticidad y objetivo. 

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Tras un año y medio de litigio, en esta nota repasamos la cronología del caso desde el decreto emitido y la decisión final de la Corte Suprema de Estados Unidos. 

La Corte Suprema ratifica la ciudadanía por nacimiento

El 30 de junio de 2026 , después de meses de litigio en el caso Trump vs. Barbara, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump y ratificó el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento para todas las personas nacidas en el país, sin importar si son hijos de padres indocumentados o inmigrantes temporales. 

Trump asiste a los alegatos de la Corte, algo inusual 

El 1 de abril de 2026 se celebraron los alegatos orales ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Trump vs. Barbara, para determinar si la orden ejecutiva de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento era constitucional. Trump estuvo presente durante una parte de la audiencia, un detalle inédito, ya que es la primera vez que se conoce que un presidente en ejercicio asiste a los alegatos orales ante el máximo tribunal del país.

La audiencia duró poco más de 2 horas y giró en torno a una pregunta central: ¿puede una orden ejecutiva presidencial cambiar quién tiene derecho a la ciudadanía estadounidense por el simple hecho de nacer en ese país?

Varios magistrados, incluyendo los nombrados por Trump, cuestionaron el intento del presidente de redefinir la ciudadanía por nacimiento. 

El gobierno argumenta que para que un hijo nacido en EE.UU. sea ciudadano automáticamente, sus padres deben tener un “domicilio legal permanente” en el país. Es decir, no basta con estar físicamente en territorio americano: los padres tendrían que tener una residencia legal reconocida y estable. Ante esto, la jueza Amy Coney Barrett —nominada por Trump— señaló un problema: ¿cómo se mide la “intención de quedarse para siempre”?

Neil Gorsuch —también nominado por Trump— indicó una contradicción clave: el decreto se enfoca en los padres, pero la Decimocuarta Enmienda habla del derecho del hijo. Le preguntó al gobierno: ¿cómo sabrías quién es el padre o la madre? ¿Y si no están casados? ¿En casa de quién vive el niño?

El procurador general D. John Sauer, quien asistió como abogado del gobierno, argumentó que el mundo de hoy es muy diferente al de 1868, cuando se aprobó esa enmienda. Su lógica era que, en 1868 no había viajes internacionales masivos, no existía el “turismo de parto” y la inmigración indocumentada a gran escala no era un fenómeno de esa época. Por lo tanto, según Sauer, la enmienda se tiene que adaptar a una “nueva realidad”. 

En respuesta a ese argumento de nueva realidad, el presidente de la Corte John Roberts —nominado por George W. Bush— respondió: “Es la misma Constitución”.

La jueza Sonia Sotomayor —nominada por Barack Obama— preguntó si la administración busca retroactivamente “desnaturalizar” a personas nacidas de padres no ciudadanos que ya tienen ciudadanía. Mientras que la jueza Ketanji Brown Jackson —nominada por Joe Biden— preguntó: “¿Vamos a llevar a mujeres embarazadas a declarar?”.  

La abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Cecillia Wang, argumentó que la regla es clara: “Cualquier americano te dirá que nuestra norma de ciudadanía es que todo aquel que nace aquí es ciudadano por igual”. 

Tras salir de la Corte, Trump publicó en la red social Truth Social: “¡Somos el único país en el mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento!”. 

Algo que no es verdad, como te hemos contado ya en una nota antes. Más de 30 países otorgan este derecho, incluyendo a Estados Unidos y a sus vecinos, México y Canadá. Trump ha repetido esta falsedad al menos desde 2015, durante su primera campaña a la presidencia.

Quiénes son los demandantes 

El caso lleva el nombre de una mujer hondureña identificada solo como Barbara —su apellido no se revela por razones de seguridad, pues teme por su vida y la de su familia—. Ella es la demandante representativa en una demanda colectiva interpuesta por la ACLU en nombre de todos los bebés nacidos o por nacer en Estados Unidos que podrían haber perdido su ciudadanía si la orden ejecutiva de Trump hubiera entrado en vigor. 

Fiscales de 22 estados presentaron demandas por separado después de que Trump firmó la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional. Además de la ACLU, organizaciones defensoras de los derechos civiles, como Asian Law Caucus, State Democracy Defenders Fund y Legal Defense Fund, a las que se sumaron New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York, y grupos de madres embarazadas (como esta y esta) interpusieron denuncias en contra del decreto.

El 27 de junio de 2025, un fallo de la Corte Suprema limitó la habilidad de cortes federales de emitir medidas cautelares a nivel nacional, pero dejó la puerta abierta para que se dictaran medidas cautelares en demandas colectivas (class action lawsuits).

Línea de tiempo  de los fallos emitidos desde enero de 2025

1. 23 de enero de 2025: el juez federal John Coughenour, con sede en Seattle, bloqueó la implementación de la medida que elimina la ciudadanía por nacimiento y la calificó de "flagrantemente inconstitucional”.

2. 6 de febrero de 2025: la jueza de distrito de Maryland, Deborah Boardman, bloqueó el decreto de Trump, en otro caso presentado por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados. “La ciudadanía es un derecho muy preciado, concedido expresamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”, expuso Boardman. 

3. 10 de febrero de 2025: el juez federal de distrito Joseph N. Laplante, en New Hampshire, bloqueó de manera temporal el decreto del presidente Trump.

4. 13 de febrero de 2025: el juez federal de distrito de Massachusetts, Leo Sorokin, emitió un fallo de 31 páginas en el que señala que la “Constitución confiere el derecho a la ciudadanía por nacimiento de manera amplia, incluyendo a las personas dentro de las categorías descritas” en la orden ejecutiva del presidente. El caso de Boston fue presentado por los fiscales generales demócratas de 18 estados, y es uno de al menos nueve juicios que impugnaban la orden de ciudadanía por nacimiento. 

5. 27 de junio de 2025: en una decisión dividida (de 6-3 votos), la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del presidente Trump, al conceder su solicitud de limitar el alcance de las medidas cautelares impuestas por tribunales federales. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento en sí misma; sino que resolvió que las cortes federales no tienen autoridad para bloquear leyes o decretos de manera universal. El fallo dejó la puerta abierta para que se introdujeran demandas colectivas.

6. 10 de julio de 2025: tras la decisión de la Corte Suprema, el juez federal Joseph N. Laplante, del distrito de New Hampshire, emitió otro fallo que bloqueaba la implementación de la orden presidencial. El juez respondió así a una demanda colectiva introducida por organizaciones civiles (incluyendo la ACLU de New Hampshire). La acción buscaba proteger a “toda persona nacida desde el 20 de febrero de 2025 [el día que hubiese entrado en vigencia la Orden Ejecutiva] en adelante” y que tuviese una madre o un padre inmigrante indocumentado o con estatus legal temporal. 

El gobierno de Trump no apeló el fallo del juez federal Laplante en el plazo de 7 días otorgado por la ley, ni presentó un recurso de emergencia. Por lo tanto, la orden judicial que bloqueaba la implementación de la orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento entró en vigor a nivel nacional. 

7. 23 de julio de 2025: en otro caso presentado por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ordenó al gobierno reconocer a los bebés nacidos en cualquier estado de los Estados Unidos como ciudadanos estadounidenses.

8. 25 de julio de 2025: en un caso adicional presentado por varios estados, un juez en Massachusetts ordenó al gobierno reconocer como ciudadanos estadounidenses a los bebés nacidos en cualquier estado de los Estados Unidos. Lo estados que presentaron la demanda son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington D.C. y Wisconsin.

9. 7 de agosto de 2025: El juez del caso de Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), la jueza Deborah L. Boardman, concedió una petición para la certificación de la clase para una orden judicial preliminar. “Esta nueva orden judicial protege a todos los bebés nacidos en los Estados Unidos y reemplaza la orden judicial anterior, que se limitaba a los miembros de ASAP y CASA”, de acuerdo con la organización. 

10. 30 de junio de 2026: la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump y ratificó el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento para todas las personas nacidas en el país, sin importar si son hijos de padres indocumentados o inmigrantes temporales.

Junto con su decreto de enero de 2025, el gobierno de Trump diseñó un plan para no emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños.

El Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando el 25 de julio de 2025 con el plan que deberá seguir la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en caso de que la orden ejecutiva sea desbloqueada. El Seguro Social también tiene un plan delineado, según su sitio web.

Cuando se emitió la orden del presidente, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, y quien encabezó la iniciativa legal en contra de la orden ejecutiva, junto con los fiscales generales de California y Massachusetts, dijo: “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, señaló. Limitar la ciudadanía por nacimiento es “extraordinario y extremo”. Ese caso es el número “Case 1:25-cv-10139” y está en un Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts.

Luego de que la orden ejecutiva se diera a conocer, el fiscal general del estado de California, Rob Bonta, dio a conocer también la demanda en una publicación de X (antes Twitter). 

“La orden ejecutiva del Presidente que intenta rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y, francamente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general Bonta. “Como hogar de Wong Kim Ark, un nativo de San Francisco que luchó, con éxito, para que se reconociera su ciudadanía estadounidense, California condena los intentos del Presidente de borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema. Estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor”.

El Distrito de Columbia, la ciudad y el condado de San Francisco, California, junto con 18 estados interpusieron una demanda conjunta, y son los siguientes, en orden alfabético:  

California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Wisconsin.

Otros cuatro estados se unieron para presentar otra demanda en contra de la medida del presidente: Arizona, Illinois, Oregon y Washington.

Un grupo de organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes también demandaron a la administración de Trump desde el mismo lunes 20 de enero por poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

"Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses", dijo en un comunicado Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que formalizó la demanda. 

La demanda —Case No. 1:25-cv-38— fue interpuesta por la ACLU, la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund en nombre de organizaciones cuyos miembros serán denegados de la ciudadanía a sus bebés nacidos en suelo estadounidense en virtud de la orden, entre ellas New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York. 

La orden ejecutiva de Trump sobre el derecho de nacimiento es una de las varias políticas relacionadas del presidente en contra de la inmigración indocumentada. 

El gobierno de Trump reinterpreta la Constitución

La orden reinterpreta el concepto de “y sujeto a su jurisdicción” previsto en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que hasta ahora ha considerado como ciudadano de Estados Unidos a cualquier persona nacida en el país, no importa si sus padres no lo son. 

El derecho de ciudadanía por nacimiento se otorga desde hace más de un siglo, explicó a Factchequeado la profesora de Derecho de la Universidad de Fordham Jennifer Gordon. 

“Hace 125 años que la Corte Suprema aclaró que la 14ª enmienda aplica a los hijos de inmigrantes, sin importar la situación migratoria de sus padres. A no ser que la Corte Suprema anule esa decisión o que haya una enmienda constitucional, los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en Estados Unidos continuarán siendo ciudadanos desde su nacimiento”, precisó Gordon.

El gobierno de Estados Unidos no tiene públicamente una estadística de cuántos hijos de inmigrantes sin estatus legal han nacido en el país. Pero en 2022,  Pew Research Center estimó que unos 4.4 millones de niños nacidos en Estados Unidos, menores de 18 años, vivían con una mamá o un papá sin documentos. 

La 14ª Enmienda fue aprobada por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868. 

Textualmente dice en su Sección 1: “Toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que limite los privilegios o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni dentro de su jurisdicción le negará a persona alguna la protección legal igualitaria”. 

La Sección 5, señala: “El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de leyes apropiadas”. 

De acuerdo con la ACLU, la enmienda estipula que, salvo excepciones por separado, las personas nacidas en el país son ciudadanas sin importar la raza, la etnicidad, o el origen nacional de sus padres. 

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*Esta nota fue actualizada el 22 de enero de 2025 para incluir a los estados del país que presentaron otra demanda conjunta en contra de la orden ejecutiva firmada por Trump.

** Esta nota fue actualizada el 23 de enero de 2025 para incluir que el juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó la implementación de la orden ejecutiva. calificándola de "flagrantemente inconstitucional”. 

*** Esta nota fue actualizada el 10 de febrero de 2025 para incluir que tres jueces han bloqueado la orden ejecutiva.

**** Esta nota fue actualizada el 26 de febrero de 2025 para incluir que un cuarto juez bloqueó el decreto del presidente Trump. 

***** Esta nota fue actualizada el 27 de junio de 2025 para incluir que la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a delinear planes para implementar su decreto si este entra en vigor.  No resolvió si es constitucional o no eliminar la ciudadanía por nacimiento. 

****** Esta nota fue actualizada el 10 de julio de 2025 tras el nuevo bloqueo a la orden ejecutiva dispuesta por el juez de New Hampshire como respuesta a una demanda colectiva.

******* Esta nota fue actualizada el 9 de septiembre de 2025 para incluir nuevos bloqueos a la orden ejecutiva y explicar por qué actualmente todos los niños nacidos en Estados Unidos siguen teniendo el derecho a la ciudadanía.

******** Esta nota fue actualizada el 2 de abril de 2026 para incluir la discusión en la Corte Suprema de Estados Unidos. 

*********Esta nota fue actualizada el 30 de junio de 2026 para incluir la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho de ciudadanía por nacimiento.

El caso de Mississippi

El caso trata sobre una ley estatal de Mississippi que permite contar votos por correo recibidos hasta cinco días hábiles después de la elección, siempre que tengan el matasellos (o sello postal) del día electoral o de una fecha anterior.

El Comité Nacional Republicano (RNC) sostenía que como la ley federal establece que las elecciones generales deben realizarse el martes después del primer lunes de noviembre, entonces los votos por correo también deberían ser recibidos como máximo ese mismo día. Este año, las elecciones son el martes 3 de noviembre de 2026.

Pero la magistrada Amy Coney Barrett, en un fallo que recibió el voto favorable de la mayoría de los magistrados (John Roberts, presidente de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) indicó que la elección se considera realizada cuando el votante deposita la boleta en la urna o la envía por correo dentro del plazo estipulado, y no cuando las autoridades la reciben físicamente. Por lo tanto, bajo los estatutos federales vigentes, los votos emitidos a tiempo deben ser contados.

Explica Barrett que la ley federal exige “que el elector tome la decisión el día de la elección” y “eso ocurre siempre y cuando el día de la elección sea la fecha límite para que las personas voten”. Por el contrario, añade, la ley “no establece una fecha límite para la recepción de las boletas, por lo que no impide que Mississippi cuente las boletas” recibidas después de la elección si el sello postal es anterior o de ese mismo día.

Implicaciones nacionales

De acuerdo con los datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), 18 estados (además del Distrito de Columbia) y tres territorios permiten recibir y contar los votos por correo después del día de las elecciones, siempre y cuando lleven un matasellos fechado a más tardar el mismo día de las elecciones. 

A continuación, las fechas límites en las que algunos estados pueden recibir y contar los votos:

1. Alaska (hasta 10 días después)

2. California (hasta 7 días después)

3. Illinois (hasta 14 días después)

4. Maryland (hasta 10 días después)

5. Massachusetts (hasta el tercer día después)

6. Mississippi (hasta 5 días hábiles después)

7. Nevada (hasta el cuarto día después)

8. Nueva Jersey (hasta 6 días después)

9. Nueva York (hasta 7 días después)

10. Oregon (hasta 7 días después)

11. Texas (hasta el día siguiente a las elecciones por la tarde)

12. Virginia (hasta 3 días después)

13. Washington (hasta el día anterior a la certificación del escrutinio)

14. Washington D.C. (hasta 10 días después)

15. Virginia Occidental (hasta antes del inicio del escrutinio oficial)

Territorios:

1. Guam (hasta 10 días después)

2. Puerto Rico (hasta el último día del escrutinio general)

3. Islas Vírgenes de EE. UU. (hasta 10 días después)

El fallo es un revés para Trump, quien en marzo de 2025 firmó una orden ejecutiva para ordenar al Departamento de Justicia a aplicar su interpretación de la ley federal (ya descartada por la Corte Suprema) de que los votos no deben ser contados después del día de las elecciones. El Departamento de Justicia, además, había respaldado la demanda del RNC. 

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Con esta decisión de 6 votos a favor y 3 en contra, se ratifica que todos los niños nacidos en Estados Unidos de padres que están en el país de forma indocumentada o temporal están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, son ciudadanos estadounidenses al nacer bajo la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.

La sentencia de la Corte confirma la medida cautelar del tribunal inferior del Distrito de New Hampshire, que había bloqueado la aplicación de la orden ejecutiva.

Quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra 

A favor votaron los magistrados John G. Roberts Jr., Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson; Brett M. Kavanaugh estuvo de acuerdo con el resultado de la decisión, pero en desacuerdo con parte del razonamiento. En contra votaron Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. y Neil M. Gorsuch. 

Según el fallo, estos son algunos de los argumentos expuestos:

A favor, John G. Roberts Jr., nominado por George W. Bush y presidente de la Corte, escribió: “La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”. Añadió: “Por lo tanto, esos niños están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Cumplen con ambos elementos de la Cláusula de Ciudadanía: nacen ‘en Estados Unidos’ y están ‘sujetos a su jurisdicción’. Bajo la Constitución, son ciudadanos al nacer”. 

A favor, Ketanji Brown Jackson, nominada por Joe Biden: “Por supuesto, la ironía final es que, pese a todo lo que se dice sobre la detestable decisión de Dred Scott, el Gobierno y la disidencia principal proponen volver a su principio central. Su conclusión de fondo es que, para ciertas personas, nacer en suelo estadounidense no bastará para conferir ciudadanía. Esa es la conclusión odiosa que la Cláusula de Ciudadanía rechaza claramente, como explica la Corte”. 

En contra, Clarence Thomas, nominado por George H. W. Bush: “Los principios ordinarios de interpretación constitucional —aquellos en los que esta Corte suele apoyarse cuando se le presenta una cuestión constitucional como esta— respaldan la conclusión de que la Cláusula de Ciudadanía exige domicilio. Esa conclusión está respaldada por el texto constitucional, la evidencia contemporánea, la práctica ejecutiva temprana, la práctica legislativa temprana, los precedentes judiciales y todos los demás indicadores del significado público original”. 

En contra, Samuel A. Alito Jr., nominado por George W. Bush:  “Esta es una de las decisiones más importantes en la historia de la Corte y, a mi juicio, la Corte ha cometido un grave error. Tal como la Corte interpreta hoy la Enmienda 14, esta confiere ciudadanía a prácticamente toda persona que simplemente nazca en este país, incluidos los hijos de ‘turistas de nacimiento’, mujeres que vienen aquí solo con el propósito de dar a luz y luego regresan rápidamente a sus países”. 

En contra, Neil M. Gorsuch, nominado por Donald Trump: “En el centro de la controversia de hoy hay dos visiones contrapuestas de la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14. Según una, la Cláusula incorporó la regla inglesa del common law de jus soli —literalmente, el ‘derecho del suelo’—. Según la otra, la Cláusula adoptó una visión estadounidense, propia de colonos, de la ciudadanía: una que promete la plena ‘dignidad y gloria de la ciudadanía estadounidense’ a todo niño nacido en este país de padres que han hecho de esta Nación su hogar permanente, sin importar su raza, religión u origen nacional”.

La demandante hondureña detrás de Trump vs. Barbara

El caso en litigio es Trump vs. Barbara, que lleva el nombre de una mujer hondureña identificada solo como Barbara, cuyo apellido no se revela por razones de seguridad, pues teme por su vida y la de su familia. Ella es la demandante representativa en una demanda colectiva interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por las siglas en inglés) en nombre de todos los bebés nacidos o por nacer en Estados Unidos que habrían perdido su ciudadanía si la orden ejecutiva de Trump hubiera entrado en vigor. 

El 1 de abril de 2026 la Corte Suprema había celebrado los se celebraron los alegatos orales del caso y Trump estuvo presente, sentado y en primera fila en el lado sur de la sala, durante una parte de la discusión, un detalle inédito.

El argumento de la administración Trump era que la Decimocuarta Enmienda había sido creada específicamente para otorgar ciudadanía a los esclavos liberados después de la Guerra Civil, no para garantizarla a hijos de inmigrantes sin documentos o hijos de personas con visas temporales. Y que la ciudadanía por nacimiento incentiva la inmigración “ilegal” y el llamado “turismo de maternidad”, que define como la práctica de viajar a Estados Unidos específicamente para dar a luz.

En la audiencia de abril en la que estuvo el presidente, varios magistrados, incluyendo los nombrados por Trump, cuestionaron el intento del presidente de redefinir la ciudadanía por nacimiento. 

En ese momento, tras salir de la Corte, Trump publicó en su red social Truth Social: “¡Somos el único país en el mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento!”. Algo falso, como te hemos contado ya en una nota. De hecho, más de 30 países otorgan este derecho, incluyendo a Estados Unidos y a sus vecinos, México y Canadá. Trump ha repetido esta falsedad al menos desde 2015, durante su primera campaña a la presidencia.

Trump firmó la orden ejecutiva 14160 en el primer día del segundo mandato presidencial, el 20 de enero de 2025. Incluía a los hijos de inmigrantes sin estatus legal y de algunas personas con visas temporales, como hijos de estudiantes y turistas. 

La medida entraría en vigor en los siguientes 30 días, pero fiscalías de al menos 22 estados del país impugnaron el decreto por considerarlo inconstitucional. Organizaciones de los derechos civiles se sumaron, como la ACLU, Asian Law Caucus, State Democracy Defenders Fund y Legal Defense Fund, New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York, así como  grupos de madres embarazadas (como esta y esta).

La Decimocuarta Enmienda se aprobó en 1868 tras la Guerra Civil para garantizar ese derecho a los esclavos recién liberados y estableció que toda persona nacida en territorio estadounidense es automáticamente ciudadana. En 1898, la Corte Suprema reforzó ese principio al fallar a favor de Wong Kim Ark, un hombre nacido en San Francisco de padres chinos a quien las autoridades le negaron la entrada al país tras visitar China. La Corte estableció que la nacionalidad de los padres no determina la ciudadanía de un niño.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

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Ese es uno de los cambios fundamentales del fallo emitido el 23 de junio de 2026. 

Otro es que los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) y de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) pueden expulsar a personas que no comprueben que han vivido durante 2 años consecutivos en el país, no a quienes tenían días de haber llegado, como se venía aplicando la ley hasta ahora.

La figura de deportación acelerada está contenida en la Sección 235 de La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) desde 1996. Consiste en un trámite administrativo (formulario I‑860) que firman oficiales de ICE sin que la persona tenga derecho a una audiencia ante un juez.

La ley le confiere al Secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el poder discrecional para decidir dónde y la temporalidad en los casos de deportación expedita. El secretario puede cambiar la regla de si es solo en área de la frontera o si es en todo el país; si es para recién llegados o personas que tienen 2 años en Estados Unidos, que 2 años es el máximo de tiempo que permite la ley.

Ojo, lo que no puede hacer un secretario del DHS es cambiar las reglas de quien es sujeto y quién no a la deportación acelerada, que aplica solo cuando: 

• Una persona extranjera ya está dentro de Estados Unidos. 

• Nunca fue admitida legalmente. 

• Entró con documentos falsos. 

• No cuenta con parole migratorio. 

El parole es un “permiso de permanencia temporal” que otorga el gobierno estadounidense por diversas razones: cuestiones médicas, humanitarias urgentes y “beneficios públicos significativos”, entre otras.

Si un extranjero entró al país presentó una visa vigente, pasó la inspección migratoria, según la INA ya recibió una autorización para ingresar y se considera “admitido” legalmente al país. En ese caso, el gobierno no puede someterla a una deportación expedita. Si las autoridades consideran que podría estar sujeto a deportación por otras razones, por ejemplo, porque se quedó más tiempo del permitido por su visa, trabajó sin autorización, incumplió las condiciones de su estatus migratorio o tiene ciertos antecedentes penales, entraría en un proceso de deportación ordinaria ante un juez de inmigración.

La facultad que tiene el secretario de Seguridad Nacional de discrecionalidad se ha usado de formas muy distintas según cada administración: en 2002 y 2004, el DHS la aplicó de manera limitada, solo con recién llegados detenidos en los puertos de entrada o dentro de 100 millas de la frontera y pocos días después de su llegada. Más tarde, en 2019, el primer gobierno de Trump emitió un aviso para expandirla más allá de esa franja fronteriza, pero en marzo de 2022 la administración de Joe Biden revocó esa expansión y regresó a un uso más acotado. 

Luego, como ya te contamos antes en Factchequeado, llegó otra vez Trump al poder y el DHS ordenó aplicar la remoción expedita “al máximo” que permite la ley. O sea, a todo el territorio nacional y hasta el límite temporal de dos años de presencia continua.

A partir de esa instrucción fechada el 21 de enero de 2025, diversas organizaciones interpusieron dos demandas en contra:

1. Una en nombre de organizaciones de defensa de migrantes como Make the Road New York, junto con otras como LUPE (La Unión del Pueblo Entero), We Count! y el National Immigration Law Center (NILC), acompañadas por grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). 

2. Otra interpuesta por organizaciones como CHIRLA, CASA y UndocuBlack para frenar el uso de la expulsión acelerada contra personas que habían obtenido parole humanitario y otras formas de protección temporal.

Las personas que son deportadas mediante expulsión acelerada suelen estar sujetas a una prohibición de reingreso a los Estados Unidos por 5 años o una prohibición de 20 años si existe una orden de expulsión previa o si hay fraude involucrado.

¿Qué pasa con las personas que buscan asilo?

Aquellas personas que al llegar tienen una visa válida, pero afirman que tienen un temor creíble de regresar a su hogar o la intención de solicitar asilo, también pueden ser sometidas a procesos de deportación expedita, lo que las deja en la misma categoría que quienes no poseen documentos apropiados. 

Como te explicamos en otra nota en Factchequeado, a una persona que entra en un proceso de remoción expedita e indica su intención de solicitar asilo se le realiza una entrevista en la que un oficial de asilo de USCIS determinará si “tiene temor creíble de persecución o tortura”.

Según la ley, mientras el solicitante espera esa entrevista y sus resultados, queda sujeto a deportación expedita y en detención obligatoria, sin posibilidad alguna de ser liberado.

Si has estado más de 2 años en Estados Unidos de manera consecutiva, ¿cómo demostrarlo?

La NILC indica que las personas tienen derecho a permanecer en silencio, no abrir la puerta y no responder a las preguntas de ICE o CBP. Y hace las siguientes recomendaciones: 

• No llevar consigo documentos de identificación extranjeros, como un pasaporte extranjero, ya que estos documentos pueden usarse en su contra.

• Llevar consigo evidencia de haber estado en los EE. UU. durante más de 2 años. Llevar copias de estos documentos para no correr el riesgo de perder los originales. Compartir esas pruebas si o después de haber sido detenido: 

• Correo que recibió en su domicilio con matasellos

• Contrato de alquiler firmado

• Registros de la iglesia

• Registro de la escuela con su dirección

• Si lo tienes, llevar contigo evidencia de entrada legal o su estatus legal en los Estados Unidos. 

• Si tienes una solicitud de asilo pendiente u otro caso o apelación en un tribunal de inmigración, llevar contigo evidencia de ello. 

• Si te están poniendo bajo custodia de inmigración y tienes miedo de regresar a tu país de origen, “expresa ese miedo en voz alta y clara en cada oportunidad que tengas”. Solicita hablar con un abogado y no firmes ningún documento sin consultar antes con un abogado.

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En momentos de crisis es esencial verificar antes de compartir algún contenido. Si eres una persona que vive fuera de Venezuela –hay 8 millones de venezolanos en el exterior– y quieres mantener a tus seres queridos dentro y fuera del país informados sobre lo que ocurre, recuerda que los algoritmos de las redes sociales saben mostrarte lo más impactante y no necesariamente lo que es fidedigno y ha sido verificado.

Aquí desmentimos algunos contenidos desinformantes que han circulado.

No hubo alerta de tsunami para la costa de Venezuela ni el 24 de ni el 25 junio de 2026

Varios contenidos en TikTok afirman que, tras los terremotos, se emitió una alerta de tsunami para La Guaira (ciudad ubicada en la costa central de Venezuela, a unas 9 millas –14 km) de Caracas, la capital). Eso es falso. Ni el servicio de sismología de Venezuela ni el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos emitieron una alerta de tsunami para Venezuela.

Debido a los terremotos, el sistema estadounidense de tsunami sí emitió a las 6:13 pm ET una advertencia de tsunami para las islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que fue posteriormente cancelada a las 7:15 pm ET.

Los verificadores venezolanos del Observatorio Venezolano de Fake News, miembros de la red LatamChequea a la que también pertenece Factchequeado, detectaron una cuenta que para divulgar esta desinformación utilizó un video de una alerta de tsunami que corresponde a Japón de 2011.

El 25 de junio en Factchequeado también detectamos videos afirmando falsamente que había una alerta de tsunami. *

Importante: para verificar que existe una advertencia o alerta de tsunami ingresa al Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos donde en la página principal aparece cuál fue la última actividad sísmica registrada y si hay alguna alerta o advertencia de tsunami relacionada. Si no ves en el mapa un cuadro rojo, naranja, o amarillo es que no hay ni una alerta (warning), ni advertencia (advisory), ni aviso de vigilancia (watch). 

Alerta significa que un tsunami capaz de causar inundación costera amplia se espera o ya está ocurriendo, advertencia señala que puede haber corrientes fuertes y olas peligrosas para personas dentro o muy cerca del agua y el aviso de vigilancia es una alerta temprana para avisar que un tsunami es posible pero no ha sido confirmado.

Por ejemplo, así se veía la página principal el 26 de junio a la 1:30 pm ET. Se registró un sismo al oeste de Puerto Rico, pero no generó ningún tipo de advertencia de tsunami. El otro punto verde en el mapa está relacionado con los terremotos de Venezuela, que, como te comentamos, generaron una advertencia para el Caribe que fue posteriormente cancelada.

Si bien la página está en inglés, varias alertas tienen una versión en español. Para leerlas haz clic en “additional resources” y elige, de estar disponible, “Spanish message”. Eso te abrirá una página adicional con toda la explicación de cualquier advertencia.

La corporación eléctrica de Venezuela no anunció “un apagón en todo el territorio” por 24 horas debido a los terremotos

En TikTok algunas cuentas afirman que Corpoelec (la corporación estatal que provee electricidad en Venezuela) habría anunciado un “apagón nacional” por más de 24 horas. Eso es falso. Corpoelec no ha anunciado cortes de electricidad, como puedes ver en sus canales oficiales y como también han verificado los colegas del Observatorio Venezolano de Fake News.

También han circulado imágenes sacadas de contexto y generadas con IA

El Observatorio Venezolano de Fake News desmintió que los terremotos hubiesen provocado el desplome del puente de Yacural, ubicado en el estado Lara, en el centro-occidente del país. Medios locales han indicado que el paso por la zona transcurre con normalidad. En Factchequeado encontramos la misma imagen circulando al menos desde mayo de 2026, cuando el puente sí sufrió daños estructurales por el colapso de una de sus bases, según informaron medios locales.

Observatorio Venezolano de Fake News también detectó en grupos de WhatsApp una imagen de un edificio derrumbado que fue “editada o generada con inteligencia artificial de Google” –según verificó el Observatorio y luego Factchequeado a través de la herramienta SynthID de Google– y un video de un temblor que ocurrió en septiembre de 2025 pero que circula como si fuese actual.

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* Esta nota fue actualizada el 26 de junio de 2026 con los videos adicionales que afirmaban falsamente que había una alerta de tsunami para la costa de Venezuela.

“Un doblete sísmico es un par de terremotos que ocurren en un corto periodo de tiempo y a poca distancia el uno del otro”, explicó en The Conversation el investigador Mark Quigley, profesor asociado de Ciencias Sismológicas en la Universidad de Melbourne, Australia. 

“El primer sismo se produjo cerca de San Felipe, la capital del estado de Yaracuy. Tan solo 39 segundos después, otro temblor sacudió la localidad de Yumare, a una distancia de entre 5 y 10 km del primero”, escribió. 

El geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a Infobae que, “en algunos casos, un sismo grande puede activar otro en una falla cercana porque el movimiento inicial modifica las tensiones en el área y puede reactivar estructuras vecinas”.

Los dobletes sísmicos (earthquake doublet) son poco comunes, de acuerdo con Quigley. Cuando estos ocurren, la corteza no libera toda la energía acumulada en un solo “golpe”, sino en dos rupturas mayores muy próximas entre sí, que pueden estar relacionadas por cambios de esfuerzo en la falla o en fallas vecinas. 

El USGS, en un apartado sobre mitos y realidades de los terremotos, dice que es poco frecuente —alrededor de un 5%— que, en la primera semana de una secuencia sísmica, se produzcan dos terremotos casi igual de intensos. Por eso el “doblete sísmico” en Venezuela es un caso excepcional: dos grandes golpes, muy parecidos en magnitud y muy seguidos.

En 2023, un doble terremoto sacudió Turquía y Siria, con magnitudes de 7.8 y 7.7. Fueron terremotos a menos de 95 kilómetros de diferencia, con 9 horas de diferencia, que causaron grandes daños. Antes, en 1988, se había producido un “triplete” en Tennant Creek, Australia, una serie de tres terremotos con apenas media hora de diferencia entre sí.

El terremoto de magnitud 7.5 del 24 de junio de 2026 en Venezuela es el más fuerte registrado en ese país desde el terremoto de San Narciso de 1900, que tuvo una magnitud estimada de alrededor de 7.6–7.7, según catálogos sísmicos del USGS. 

Además de Venezuela, entre el 24 y el 25 de junio de 2026 se han registrado otros sismos en el mundo: uno de magnitud 5.6 en California (Estados Unidos), uno de 4.9 en Chiapas (México), otro de 5.5 frente a la costa de Antofagasta (Chile) y uno de magnitud 6.9 frente a la isla de Honshu en Japón, señala el USGS. En ningún caso se han reportado fallecidos; en Japón, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres informó de 8 personas heridas en las prefecturas norteñas de Aomori e Iwate.

Un dato que debes tomar en cuenta: en la medición de estos terremotos vas a escuchar o leer que el USGS no habla de la escala de Richter, sino de magnitud de momento (Mw), la medida moderna que usan los sismólogos para estimar el tamaño de un terremoto a partir del movimiento de la falla. Esta magnitud se calcula con base en el área de la falla que se rompió, cuánto se desplazó y la rigidez de las rocas, y permite estimar de manera más precisa la energía liberada que las antiguas escalas como Richter.

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The New York Times informó que la detención habría sido ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó en un memo que a pesar de que Coral tiene un caso de asilo pendiente y vive en el país desde 2015, “ha usado su presencia en Estados Unidos para realizar actividades políticas en favor del gobierno de [Gustavo] Petro” y que permitirle permanecer en el país “socava los intereses de la política exterior” de Estados Unidos, según cita el diario a partir de la orden emitida por Rubio a la que tuvo acceso.

En una conversación con el periodista colombiano Daniel Coronell, publicada el 24 de junio de 2026, desde un centro de detención de ICE en Luisiana, Coral indicó que un agente le había enseñado la decisión de Rubio en el momento de su detención, pero que no tuvo chance de leerla completa. Añadió que había denunciado en Miami al hoy presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por presunta extorsión y por grabar ilegalmente una conversación, y que cree que esto pudo haber influido en la decisión de Rubio. El 2 de junio de 2026, en su cuenta de X, publicó un video anunciando que había introducido la denuncia.

Desde Factchequeado contactamos al Departamento de Estado, pero no habíamos recibido respuesta al momento de esta publicación.

Como te hemos explicado en Factchequeado, Rubio ha iniciado acciones similares basándose en el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece que “un extranjero es deportable si el secretario de Estado tiene razones fundadas para creer que su presencia o actividades en los Estados Unidos podrían generar consecuencias adversas significativas para la política exterior del país”.

Rubio ha utilizado esta autoridad de forma “inconstitucional”, indicó un juez federal en 2025

En marzo de 2025, Rubio abrió la puerta a la detención y deportación de Mahmoud Khalil y de otros no ciudadanos que tenían estatus legal en Estados Unidos y habían participado en manifestaciones universitarias a favor de Palestina. Sin embargo, en septiembre de 2025, el juez federal William G. Young calificó esas acciones como “inconstitucionales” y reafirmó lo que otros expertos han explicado a Factchequeado: que los extranjeros en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.

El juez Young indicó: “Nada en el texto, la historia o la tradición de la Primera Enmienda sugiere que las personas con presencia legal en este país puedan estar sujetas a medidas adversas basadas en su discurso político, cuando dicho discurso se refiere principalmente a las acciones de naciones extranjeras con las que Estados Unidos no está en guerra”.

Charles Kuck, abogado de inmigración, dijo a Factchequeado que la detención de Beto Coral “claramente viola la Primera Enmienda, que aplica de igual tanto a ciudadanos como a solicitantes de asilo en Estados Unidos” y que no es consistente con el fallo del juez Young.

Rekha Sharma-Crawford, segunda vicepresidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) coincidió, afirmando a Factchequeado que “La Corte Suprema ha reconocido desde hace mucho tiempo que la Primera Enmienda aplica a todas las personas dentro de Estados Unidos y, por lo tanto, el discurso del señor Coral está –o debió haber estado– protegido”.

Sharma-Crawford añadió que esta acción “fortalece los argumentos de que, al igual que en ese caso de 2025 donde los litigantes impugnaron el señalamiento por parte de la administración del discurso propalestino, la administración también utilizará todos los medios para suprimir el discurso que, como ocurre aquí, es contrario a los esfuerzos de la administración por intentar influir en las elecciones de otro país”.

Casos de invocación de esta autoridad por otros secretarios de Estado

El juez Young afirmó en su fallo que, en el pasado, los secretarios de Estado han invocado esta autoridad al menos en 4 ocasiones y “ninguna estuvo relacionada con su discurso en el país”.

En Factchequeado investigamos y encontramos los 4 casos a los que el juez hizo referencia:

Enero de 1995: el secretario de Estado, Warren Cristopher, invocó esta autoridad para revocar la visa de no inmigrante del ciudadano saudí Mohammad J.A. Khalifah, quien era requerido por la justicia de Jordania, acusado de financiar y adiestrar a una organización terrorista.

Marzo de 1995: el secretario Cristopher invocó la autoridad para solicitar la detención y deportación del ciudadano haitiano Emmanuel Mario Constan por su vinculación con un grupo paramilitar de Haití responsable, según el Departamento de Estado, “de numerosas violaciones de derechos humanos”. Cristopher argumentó que la presencia de Constant en el país “alimenta la percepciones falsas pero generalizadas” de que tiene apoyo del gobierno estadounidense y esto “podría socavar” las relaciones bilaterales con Haití.

Octubre de 1995: el secretario Cristopher volvió a invocar esta autoridad para solicitar la deportación de Mario Salvador Ruiz-Massieu, ex subprocurador general de México quien enfrentaba cargos de lavado de dinero, malversación de fondos, obstrucción de la justicia y tortura. El secretario indicó que mantenerlo en Estados Unidos podría afectar negativamente las relaciones con México, incluyendo la capacidad de trabajar de manera conjunta en asuntos de aplicación de la ley.

Abril de 1997: la secretaria de Estado, Madeleine Albright, determinó que la presencia y las actividades de Mousa Mohammed Abu Marzook en Estados Unidos tendrían consecuencias adversas serias para la política exterior. Marzook fue identificado como un alto oficial de HAMAS, grupo designado como terrorista por Estados Unidos, y que su presencia en el país pondría en riesgo el esfuerzo del momento de reactivar las negociaciones entre Israel y Palestina.

Sobre este punto Sharma-Crawford afirmó que si bien la INA sí otorga al Secretario de Estado cierto margen de discreción bajo la ley para solicitar deportaciones, “aplicar esta disposición al discurso lícito o a actividades protegidas constituye un exceso y no corresponde al uso previsto de dicha autoridad”.

Reacciones de congresistas estadounidenses

Bernie Moreno, senador republicano de Ohio, nacido en Colombia, escribió en su cuenta de X: “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, mientras al mismo tiempo socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de vuelta en Colombia, Beto!”.

Por otro lado, el 23 de junio de 2026, un grupo de 8 congresistas demócratas envió una carta a Rubio y a Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), solicitando la liberación de Coral, argumentando que se está violando la Primera Enmienda y advirtiendo que su detención podría ser un caso de “represión transnacional”.

Como parte de sus argumentos, señalaron que un día antes de la detención de Coral, De la Espriella había escrito en su cuenta de X: “Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior”, incluyendo una imagen con el logo del Departamento de Estado y la frase “El Quitavisas”, que es como se ha autodenominado Christopher Landau, subsecretario de Estado.

El DHS, en un comunicado enviado a The New York Times, afirmó que Coral había entrado al país en diciembre de 2015 con una visa de turista que le permitía permanecer hasta 6 meses en el país, pero que “violó las leyes de nuestra nación, al haberse quedado 10 años más del tiempo autorizado” y que “permanecerá en custodia de ICE mientras continúe el proceso de deportación”.

Desde Factchequeado contactamos al DHS pero no habíamos obtenido respuesta al momento de esta publicación.

Sharma-Crawford destacó que la Corte Suprema ha sostenido que “la libertad de expresión y de prensa se concede a los extranjeros que residen en este país” y que “la solicitud de asilo pendiente del señor. Coral lo ubicaría claramente dentro del reconocimiento establecido por la Corte Suprema, y su discurso estaría protegido como cuestión de derecho”.

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Si bien en Factchequeado identificamos más de 40 contenidos divulgados entre el 12 y 15 de junio de 2026 en varias redes sociales, observamos que en Facebook estos mensajes están circulando en grupos y páginas de fanáticos del fútbol en las que no suele hablarse política y que suman más de 2 millones de seguidores.

Todos los mensajes presentan al Mundial de Rusia 2018 como un ejemplo de organización del torneo deportivo, destacando la supuesta entrada al país “gratuita” o “libre” y sin visa para los aficionados, además de trenes gratis entre ciudades anfitrionas, y la ausencia de precios dinámicos en las entradas (donde el costo fluctúa según la demanda) y “registros humillantes” a los jugadores por parte “como si fueran criminales”.

Puedes revisar la base de datos de las cuentas aquí.

Las narrativas pro-Putin en español en grupos de Facebook de fanáticos del fútbol llegan a millones de usuarios

Tras una búsqueda de Factchequeado detectamos 18 contenidos en español pro-Putin en Facebook entre el 12 y el 15 de junio de 2026. 

Los mensajes tienen variaciones: algunos comienzan con “Así se vivió el Mundial 2018 en la Rusia de Vladimir Putin”, mientras que otros usan un tono más político como “La Rusia del gran malo Vladimir Putin”, “La Rusia del gran ‘malvado’ Vladimir Putin” o “Eres el malo de la película hasta que cuentan la verdad”. También suelen acompañar el mensaje con una foto de 2018 de Putin tocando la Copa del Mundo acompañado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

De los 18 contenidos, 12 fueron publicados el 12 de junio, principalmente en grupos o comunidades de fanáticos del fútbol. Algunas publicaciones ocurrieron con espacio de pocos minutos entre sí. Por ejemplo, en los 10 minutos que pasaron entre las 9:21 y las 9:31 am ET, se hicieron 3 publicaciones idénticas en 3 grupos de Facebook distintos que suman 953,000 miembros o seguidores.

Ese mismo día, a las 10:52 am ET, otra publicación se hizo en un grupo con 180,000 seguidores y a las 12:33 pm ET otro post se publicó en un grupo diferente con 37,000 seguidores.  

Más tarde, a la 1:10 pm ET, otra publicación idéntica se hizo en un grupo con más de un millón de seguidores. La multiplicidad de publicaciones idénticas o con la misma narrativa en un corto lapso de tiempo es un rasgo de desinformación o propaganda organizada.

Además de Facebook, en nuestra base de datos puedes ver cómo circularon desde el 12 de junio decenas de publicaciones idénticas en X, Threads, Instagram y TikTok, donde también encontramos varios videos con voces generadas con inteligencia artificial (IA) leyendo el mismo guion.

Este mensaje pro-Putin coincide con el de RT en Español

En Factchequeado detectamos que los medios rusos están aprovechando el Mundial para divulgar narrativas antiestadounidenses. Uno de los ejemplos ocurrió también el 12 de junio de 2026 en el programa “El Zoom” de RT en Español –medio controlado por el gobierno ruso– en el que el presentador, Javier Rodríguez Carrasco, afirmó: “Yo viví esto aquí en Rusia en 2018, un Mundial criticado por prejuicios sin ningún sentido (...), pero ahora veo que Estados Unidos está dando una imagen bochornosa (…) transformando el mundial en un negocio, una vergüenza, y una pesadilla”. 

Rodríguez Carrasco, quien suele divulgar propaganda rusa en las ediciones de “El Zoom”, no mencionó en el programa que Rusia, en 2018, fue criticado por organizaciones defensoras de Derechos Humanos tras haber aprobado leyes que criminalizaron manifestaciones públicas a favor de las comunidades LGBTQ+ y que provocaron un aumento en crímenes de odio, según denunció Amnistía Internacional. 

Una investigación de Human Rights Watch también documentó casos de explotación laboral en la construcción de los estadios, incluyendo salarios no pagados, represalias físicas, muerte de al menos 21 obreros y el uso de mano de obra esclavizada de trabajadores norcoreanos, cuyo salarios fueron confiscados por el régimen de Pionyang.

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En esas mismas fechas, ICE tomó bajo custodia a 658 beneficiarios y solicitantes de DACA, pero no desglosó cuántos eran beneficiarios y cuántos solicitantes. Así lo indica la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fechada el 8 de junio de 2026, a cuatro miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: Joaquin Castro y Sylvia García, de Texas; y Raja Krishnamoorthi y Delia Ramirez, de Illinois. Tres de ellos —Castro, García y Ramirez— de ascendencia latina.

El DHS reportó que en el mismo periodo hubo 93 arrestos de beneficiarios o solicitantes de DACA bajo delitos tipificados en la Ley Laken Riley, que obliga a ICE a detener a migrantes acusados de delitos menores, aún cuando no hayan sido condenados.

^{_{PDF con la respuesta del DHS a las preguntas sobre arrestos y deportaciones de beneficiarios de DACA a los congresistas.}}

Cinco instalaciones concentraban hasta esa fecha cerca del 30% de las personas detenidas:  

1. Eloy Federal Contract Facility, en Arizona, operada por CoreCivic. 

2. El Valle Detention Facility, en Texas, operada por Management & Training Corporation (MTC).

3. Adelanto ICE Processing Center, en California, operada por The GEO Group. 

4. California City Corrections Center,  en California, operada por CoreCivic. 

5. Stewart Detention Center, en Georgia, operada por CoreCivic. 

El DHS envió estos datos en respuesta a una carta del 24 de marzo de 2026 en la que los cuatro congresistas solicitaron información sobre arrestos, detenciones y deportaciones de beneficiarios de DACA.

La respuesta de DHS aclara que los datos de “removals” (deportaciones) de ICE incluyen retornos y expulsiones, entre ellos retornos voluntarios, salidas voluntarias y retiros bajo control del expediente. También indica que, si una persona tuvo más de un arresto, ingreso a custodia o remoción durante el periodo reportado, ICE solo contó el registro más reciente.

Para los datos de detención, el DHS excluyó traslados o instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como personas bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

DACA es un programa creado en 2012 en el gobierno de Barack Obama que ofrece protección temporal frente a la deportación y otorga permisos de trabajo a ciertos inmigrantes que llegaron siendo menores de edad a Estados Unidos, pero no les da estatus permanente ni es un camino directo a la ciudadanía. 

Durante el segundo mandato de Trump, organizaciones como el American Immigration Council han documentado un aumento de arrestos y deportaciones de personas con DACA, pese a que muchas tenían el estatus vigente. En algunos casos, jueces federales han ordenado regresar a Estados Unidos a “dreamers” expulsados aún cuando tienen protecciones de DACA, como este y este ejemplo. 

Las cifras de ICE difieren en diversas respuestas

Congresistas demócratas han pedido al DHS desde hace meses —al menos desde septiembre de 2025—- datos detallados sobre arrestos y deportaciones de beneficiarios de DACA durante el gobierno de Trump.

En marzo de 2026, las congresistas demócratas Ramirez y Garcia denunciaron discrepancias del DHS en las respuestas al Congreso a los cuestionamientos sobre DACA.

Por ejemplo, en enero de 2026, la ex secretaria del DHS, Kristi Naom, le respondió a la congresista Garcia que, entre el 1 de enero de 2025 y el 28 de septiembre de 2025, su agencia tenía el registro de 270 beneficiarios de DACA arrestados: 130 con condena, 120 con cargos penales pendientes y 14 con violaciones a la ley de inmigración. Registró, además, 174 solicitantes de DACA deportados dentro de ese mismo periodo: 71 con condena, 66 con cargos penales pendientes y 66 con violaciones a la ley de inmigración. Según el DHS, “ninguno de estos solicitantes había recibido estatus protegido al momento de su expulsión”.

En otra respuesta del 11 de febrero de 2026, la ex secretaria Noem le contestó al senador demócrata Richard Durbin del arresto de 261 beneficiarios de DACA y deportación de 86 entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de noviembre de 2025. Según Noem, 241 de las personas arrestadas tenían “historial criminal”, sin señalar qué delitos.

Ahora, en esta última respuesta del 8 de junio de 2026, el DHS se refiere solo a 85 deportaciones de beneficiarios de DACA sin antecedentes penales.

Además de los arrestos, detenciones y deportaciones, en Factchequeado te hemos contado sobre los retrasos de las renovaciones en las solicitudes de DACA y el impacto en la fuerza de trabajo estadounidense, documentado por diversas organizaciones.

Según estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), al 30 de septiembre de 2025 había 505,940 beneficiarios activos de DACA, una disminución de más de 130,000 desde el 31 de diciembre de 2020, muestra un análisis del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro y no partidista. La mayoría reside en California y Texas.

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Este video viral en Instagram tiene  más de 36 millones de visualizaciones, allí aparece una mujer vestida con lo que parece la vestimenta de la selección brasileña de fútbol en la grada de un estadio. A su lado, un hombre con el mismo atuendo mira sus pechos. Las imágenes parecen haber sido extraídas de la retransmisión en directo de un partido entre Brasil y Marruecos dentro del Mundial de Fútbol de 2026, según indican los rótulos que aparecen en la supuesta grabación. Sin embargo, el contenido no es real: está generado con inteligencia artificial (la herramienta de OpenAI para comprobar si un contenido ha sido generado con alguna de sus herramientas detecta la marca de agua SynthID en un fotograma extraído del video).

Este contenido fue publicado el 15 de junio de 2026 en una cuenta de Instagram con más de 320.000 seguidores con el nombre de usuario Chiara Cleo. Todo su contenido está protagonizado por la misma chica, que aparece paseando en bikini dentro de un centro comercial o bailando vestida de colegiala. En una imagen visible en el apartado de historias destacadas (una funcionalidad de la plataforma de Meta que permite fijar contenido de formato temporal de 24 horas para que los usuarios puedan acceder una vez se acaba su duración) hay un enlace a Fanvue, una plataforma donde creadores monetizan contenido erótico o sexual bajo suscripción enfocado principalmente en modelos o influencers generadas con inteligencia artificial.

No es el único perfil que ha aprovechado la tendencia creciente en redes sociales que consiste en publicar videos de mujeres (generalmente jóvenes y atractivas) animando a alguna selección de fútbol para atraer a los usuarios a plataformas con contenido de pago. En X (antes Twitter), un perfil llamado AI Satin Beauty ha publicado, al menos, tres de estos videos que sirven como gancho para llevar al usuario a un perfil de Fanvue con más de 270 videos e imágenes bajo la descripción de “satin, nylon, latex, gloss, estilo y obsesión”. En uno de ellos, publicado el 10 de junio de 2026, aparecen supuestas seguidoras de la selección española de fútbol en un supuesto partido entre España y Argentina, un encuentro que, al 22 de de junio de 2026, no se ha producido. Días después compartió otras imágenes creadas con IA  de aficionadas argentinas. El tercero es un recopilatorio en el que aparecen diferentes mujeres vistiendo camisetas  de varios equipos nacionales.

peachy mel, otro perfil de X con casi 59.000 seguidores, también sigue este mismo modus operandi. El 16 de junio de 2026 publicó, al menos, dos imágenes de mujeres en el contexto del Mundial de Fútbol 2026. En su biografía aparece un enlace a una cuenta de Fanvue, cuyo nombre es Melissa Starova y aparece vinculada a otros perfiles de X con nombres similares. En uno de ellos se presenta como una “ucraniana de 30 años con pechos pequeños y pensamientos sucios”.

Tuits publicados por las cuentas AI Satin Beauty y peachy mel junto a los perfiles de Fanvue a los que enlazan en sus biografías. Fuente: X y Fanvue.

También encontramos cuentas que redirigen a Onlyfans, una plataforma de micromecenazgo de contenido adulto y pornográfico. Un perfil de Instagram con más de 40.000 seguidores publicó un video en el que aparece una mujer con una camiseta de apoyo a Alemania en el Mundial de 2026 que, como ya hemos contado en Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, no es real. En el apartado de historias destacadas facilita un enlace que redirige a otro perfil privado dentro de la plataforma, que a su vez comparte un enlace a un perfil de Onlyfans de una chica que dice llamarse Lisa y tener 19 años.

No solo hacen negocio en Fanvue y Onlyfans, también hay cuentas que redirigen a plataformas de mensajería privada como Telegram. Un perfil de X llamado Ashlin blumms, que publica generalmente contenido relacionado con el fetiche de los pies, también ha compartido al menos un contenido relacionado con el Mundial de Fútbol 2026. En su biografía invita a los usuarios de la plataforma a “preguntar por su contenido VIP”. Para ello enlaza a su perfil de Telegram, en el que realiza “venta de contenido +18”, según aclara. Desde Maldita se pusieron en contacto con este usuario y sus tarifas son: 500 pesos mexicanos (unos 25 euros) por un mes de suscripción VIP que incluye “fotos y videos todo muy explícito” o una suscripción normal para un mes por la mitad de precio (según aclara, en este caso únicamente se tiene acceso a fotografías “muy explícitas”).

Otras formas de monetizar: videojuegos para adultos o instrucciones para crear tus propios videos con IA

El perfil intenscaregames, que lo encontramos en X e Instagram, ha hecho una versión menos realista de estos videos de mujeres viendo el Mundial. El 15 de junio de 2026 publicó un clip de unos pocos segundos con estética de videojuego en el que dos chicas, vestidas con ropa deportiva similar a una camiseta de fútbol, sonríen a cámara en lo que parece ser un estadio. En su biografía asegura que crea “juegos para adultos”, en los que, según sus publicaciones, aparecen mujeres en bikini, con lencería o desnudas. Desde su perfil se puede acceder a diferentes plataformas de pago donde jugar a estos videojuegos online, entre las que se encuentra Patreon.

Otras cuentas dentro de la plataforma de Elon Musk utilizan estos videos relacionados con el Mundial de 2026 para atraer a los usuarios a páginas web en las que enseñan a crear contenidos con inteligencia artificial similares. Una de ellas (también con perfil en Instagram) vende un pack con los prompts (las instrucciones que damos a programas de inteligencia artificial) para crear videos virales, entre los que se encuentran los de mujeres con camisetas de fútbol. Otra de estas webs es un generador de video con la misma tecnología, que permite crear contenidos “con movimiento, sonido y personajes parlantes”. Ofrece un nivel gratuito limitado, pero para acceder a las funcionalidades premium y poder generar contenido ilimitado hay que pagar. Incluso se han publicado guías para enseñar a los usuarios cómo utilizar estas herramientas para crear este tipo de contenidos virales.

También se aprovecha esta tendencia para vender suscripciones a páginas de apuestas. Es el caso de StakeKing, con cuentas en diferentes plataformas (como Instagram y X), que ha publicado varias imágenes de mujeres en bikini dentro de un estadio de fútbol, supuestamente viendo un partido de la misma competición. A través de estos perfiles se está promocionando una página web que todavía no está disponible, pero se presenta como “el futuro de las apuestas”. 

Contenidos relacionados con el Mundial de Fútbol 2026 (izquierda) publicados por tres perfiles diferentes y los contenidos de pago que ofrecen. Fuente: Instagram, X y páginas web.

Según la biografía del perfil de Instagram, en esta página web se podrá encontrar “más de 4.000 juegos, apuestas gratis y tesoros ocultos, recompensas impulsadas por la comunidad” y “programas VIP”.

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Por  Robert Farley de FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado

El presidente Donald Trump se sumó al polémico debate sobre el “derecho a reparar” tu propio automóvil, pero al hacerlo, y para mostrar su apoyo a los consumidores, relató una anécdota con información inexacta.

Según Trump, en declaraciones del 4 de junio, “A un hombre, de hecho, le dieron siete años de cárcel por arreglar su propio auto”.

Al día siguiente, en una mesa redonda sobre agricultura celebrada en Chippewa Falls, Wisconsin, el presidente volvió a hacer referencia al caso.

“Es decir, los demócratas de hecho tienen una restricción que establece que si te pillan arreglando tu tractor, te meten en la cárcel”, dijo Trump. “¿Lo sabían? ¿Sabían que la semana pasada indulté a un hombre que había sido condenado a siete años de cárcel por arreglar su auto o su camión? Yo dije, siempre pregunto: ‘¿Qué hizo?’ ‘Señor, estaba arreglando su camión’. Pregunté: ‘¿Cuánto tiempo le van a dar?’ ‘Siete años’. Dije: ‘Repítamelo’. Es la primera vez que oigo algo así, hace como dos semanas. Le concedí el indulto porque tenía que ir a la cárcel por arreglar su tractor o su camión. ¿Pueden creerlo?”.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud que hizo FactCheck.org –organización aliada de Factchequeado– de información adicional, pero Trump parece referirse al indulto que concedió el 7 de noviembre a Troy Lake, un mecánico de vehículos diésel de Wyoming que cumplió siete meses, no siete años, de una condena de un año tras declararse culpable de violar la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) por desactivar los sistemas de control de emisiones de cientos de camiones comerciales pesados. (Ningún otro indulto durante el segundo mandato de Trump se ajusta a esta descripción).

Según un comunicado de prensa del 9 de diciembre de 2024 de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, Lake y su empresa, Elite Diesel Service Inc., instruyeron a los empleados de la compañía para que “desactivaran los sistemas computarizados de diagnóstico a bordo [OBD, por sus siglas en inglés] en al menos 344 camiones comerciales pesados. Los sistemas OBD son obligatorios según la Ley de Aire Limpio para monitorear el hardware de control de emisiones en los vehículos y garantizar su correcto funcionamiento”.

Según el comunicado, también había otros ocho conspiradores que “contrataron a Elite y Lake para manipular los sistemas OBD de manera que estos no detectaran las fallas”. Estos ocho, que cooperaron con los investigadores, fueron multados con más de 500,000 dólares en total.

Los detalles del caso

La Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Lake violó la prohibición de la Ley de Aire Limpio contra la manipulación de dispositivos de monitoreo.

Según la Fiscalía de los Estados Unidos, los dispositivos de control de emisiones “son fundamentales para mantener la calidad del aire, y cuando estos controles se desactivan, el aumento de la contaminación por gases de escape es significativo. Un estudio sobre los efectos de la manipulación de estos 344 camiones demostró que los conspiradores en este caso causaron colectivamente un aumento ilegal de contaminantes de al menos 1,300 toneladas de óxidos de nitrógeno, 30 toneladas de hidrocarburos distintos del metano, 600 toneladas de monóxido de carbono y 30 toneladas de partículas en exceso”.

“Durante años, los acusados lideraron una conspiración a gran escala diseñada para violar la Ley de Aire Limpio mediante la manipulación de los sistemas de control de emisiones de cientos de camiones comerciales pesados”, declaró en su momento Lance Ehrig, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental en Colorado. “Las acciones de los acusados y sus cómplices provocaron directamente un aumento significativo de la contaminación, lo que deterioró la calidad del aire y puso a poblaciones vulnerables en mayor riesgo de desarrollar problemas de salud”.

Lake sostuvo que simplemente intentaba evitar que pequeñas empresas tuvieran que pagar facturas de reparación costosas e innecesarias.

“No quería ser Robin Hood. Simplemente sentía que lo que el gobierno estaba haciendo con los estadounidenses que querían trabajar estaba mal”, dijo Lake a Fox News el 27 de octubre.

“Todos nosotros, los verdaderos estadounidenses, no nos oponemos al aire limpio. Queremos aire limpio”, declaró Lake al periódico Oil City News de Wyoming en noviembre. “Pero mi problema con el acuerdo era que cada vez veía más y más empresas, especialmente pequeños operadores o propietarios de negocios, yendo a la quiebra y luchando por mantener estos sistemas en funcionamiento. Les costaba 20.000 dólares repararlos, y yo les cobraba entre 2,500 y 2,800 dólares por eliminarlos y no volver a tener ese problema”.

El indulto del presidente

El caso de Lake llamó la atención de la senadora republicana Cynthia Lummis de Wyoming, quien solicitó un indulto al presidente en octubre de 2025, presentando la condena de Lake como un ejemplo de la “intromisión excesiva de la administración Biden en la vida cotidiana de los estadounidenses trabajadores en comunidades de todo el oeste”.

Ese mismo mes, Lummis presentó la Ley de Liberación de Camiones Diésel, que prohibiría al gobierno federal “exigir a los fabricantes la instalación o el mantenimiento de dispositivos de control de emisiones o sistemas de diagnóstico a bordo” y eliminaría “la autoridad de la EPA para hacer cumplir los requisitos de la Ley de Aire Limpio relacionados con los controles de emisiones vehiculares”. También prohibiría el enjuiciamiento civil o penal de quienes infrinjan “la ley federal por manipular o mejorar los equipos de control de emisiones”. El proyecto de ley no ha sido aprobado en comisión.

El 21 de enero, la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia anunció a través de X que ya no procesaría penalmente casos como el de Lake.

“Hoy, [el Departamento de Justicia] ejerce su facultad discrecional para no presentar cargos penales en virtud de la Ley de Aire Limpio por presunta manipulación de dispositivos de diagnóstico a bordo de vehículos”, indicaba la publicación. “El Departamento de Justicia está comprometido con principios sólidos de aplicación de la ley, el uso eficiente de los recursos gubernamentales y evitar la criminalización excesiva de la legislación ambiental federal”.

Sin embargo, la publicación señalaba que el Departamento de Justicia “seguiría emprendiendo acciones legales civiles por estas infracciones cuando proceda”.

El mismo día del anuncio del Departamento de Justicia, el gobierno retiró la acusación contra Tracy Coiteux, una mujer de Washington que había apelado una condena de 2024 por manipular los sistemas de control de emisiones de camiones diésel.

El 12 de febrero, dos semanas antes de que Lake fuera invitado de Lummis al Discurso sobre el Estado de la Unión, Trump también indultó a la empresa de Lake, Elite Diesel Services Inc., que había sido condenada a cinco años de libertad condicional al mismo tiempo que Lake. El indulto de Trump condonó las multas por un total de 50,000 dólares impuestas a la empresa.

Independientemente de lo que se piense del caso de Lake, no fue condenado a “siete años de cárcel (…) por haber arreglado su propio coche”, como lo planteó Trump.

Derecho a reparar vehículos

El caso de Lake sólo guarda una relación tangencial con el llamado debate sobre el “derecho a reparar” vehículos al que Trump lo vinculó.

“Ayer tuvimos a la industria automotriz”, dijo Trump en declaraciones el 4 de junio de 2026 sobre una reunión que mantuvo con los directivos de Ford, General Motors y Penske Corporation. “No quieren que la gente repare sus autos. Dije: ‘Qué extraño, nunca había oído hablar de eso’. Tienen una política que prohíbe que alguien repare su propio auto. De hecho, le dieron siete años de cárcel a un hombre porque reparó su propio auto”.

“¿Puedes creerlo?”, preguntó Trump. “Quieren una ley que prohíba a la gente arreglar sus coches. Si tienes conocimientos de mecánica, ya sabes, yo crecí (…) Fui a la escuela con algunos chicos; en algunos casos, eran pésimos estudiantes, pero podían arreglar un motor con los ojos vendados (…) Pero eran geniales. Y ahora hay una iniciativa para impedir que la gente arregle sus coches. No lo entiendo”.

Al día siguiente, en Wisconsin, Trump preguntó a los agricultores locales en una mesa redonda: “¿Les gusta el derecho a reparar?”.

“Fue un poco extraño”, dijo Trump. “Quiero decir, algunos de ustedes son mejores mecánicos que la gente de John Deere (…) Digamos que tienen un tractor, está averiado y saben exactamente cómo arreglarlo. No les haría mucha gracia que les obligaran a llevar el tractor de vuelta a John Deere o a donde lo compraron, ¿verdad? Querrían arreglarlo ustedes”.

“Es decir, los demócratas de hecho tienen una restricción que establece que si te pillan arreglando tu tractor, te meten en la cárcel. ¿Lo sabían? ¿Sabían que la semana pasada indulté a un hombre que había sido condenado a siete años de cárcel por haber sido sorprendido arreglando su coche o su camión?”.

Una vez más, Lake no fue procesado simplemente por estar “arreglando su coche o su camión”, sino –como se explicó anteriormente– por haber violado la prohibición de la Ley de Aire Limpio contra la manipulación de dispositivos de monitoreo.

La cuestión del “derecho a reparar” productos es polémica y también más compleja de lo que sugiere la descripción de Trump.

Como explica la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, “la legislación sobre el derecho a reparar tiene como objetivo que los consumidores puedan reparar sus propios productos en lugar de acudir al fabricante original para su reparación”.

“En el contexto del mercado de repuestos, se refiere a la capacidad de los consumidores para seleccionar quién repara y/o mantiene sus vehículos de motor”, afirmó el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) en un informe de 2024 sobre el tema.

Si bien, en términos generales, los compradores de automóviles tienen derecho a reparar sus propios vehículos o a llevarlos a un taller de reparación de su elección (en lugar de al concesionario), ha surgido un debate político sobre la “telemática” dentro de los automóviles, “la transmisión inalámbrica de datos hacia y desde los vehículos y los centros de datos alojados por los fabricantes de vehículos”, según el informe del CRS.

La Alianza para la Innovación Automotriz, un grupo comercial que representa a la mayoría de los principales fabricantes de automóviles, argumentó en 2023 que el acceso público a la telemática “crearía riesgos para la privacidad y la ciberseguridad”.

Como escribió Todd Spangler, corresponsal en Washington del Detroit Free Press, el 8 de junio: “El conflicto se reduce a quién tiene el derecho de propiedad sobre todo ese conocimiento, propiedad intelectual y acceso: el fabricante, cuyo modelo de negocio puede depender de ello, o el propietario, que lo compra”.

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Como explica la Agencia de Protección de Estados Unidos (EPA, por las siglas en inglés), la expresión isla de calor se aplica a las zonas urbanas con “muchas construcciones que son más calientes que las áreas rurales cercanas”.

En ciudades con al menos 1 millón de habitantes –en el país hay una docena– la temperatura puede ser más alta, entre 2 y 22 °F (1 a 12 °C), en comparación con las zonas rurales cercanas. 

¿Qué produce ese aumento de la temperatura?

La NASA apunta a la diferencia en la capacidad de absorción y de retención del calor en áreas urbanas frente a las rurales para explicar esta diferencia de temperatura. Las zonas rurales, precisa, suelen tener mayor presencia de vegetación. Estos árboles, arbustos y zonas de cultivo ponen en marcha el conocido como “aire acondicionado de la naturaleza” al liberar al aire vapor de agua tras absorber el líquido por sus raíces.

En las grandes ciudades no hay tantas plantas como en el campo. En su lugar, aceras, calles, aparcamientos y edificios altos pueblan el paisaje. Estas estructuras suelen estar compuestas por materiales como cemento, asfalto, ladrillo, cristal, acero y tejados oscuros. Suelen ser de colores como negro, marrón y gris, que, recuerda la NASA, absorben más el calor que los colores claros. 

Señala también la NASA que los materiales de construcción, además de oscuros, son impermeables y que esto impide al agua fluir a través de la superficies de la misma manera que lo hace con las plantas. “Sin un ciclo de flujo y evaporación del agua, estas superficies no tienen nada que las refresque”, explican. 

La EPA habla, además, del enfriamiento natural que producen la sombra de los árboles y de cómo el efecto isla de calor se incrementa por la noche, cuando el calor absorbido por los materiales mencionados, se libera. Además, suma la reducción del flujo del viento y el aumento de la temperatura del aire que eso produce por la altura de los edificios y la estrechez de las calles. Un aire caliente al que se suma temperatura, el “calor residual”, de vehículos, fábricas y aires acondicionados.  

La agencia ambiental se refiere también a la geografía de la ciudad y sus condiciones climáticas. No es lo mismo, explican, una urbe con fuertes vientos y lluvias que facilitan la expulsión del aire caliente y estancado, que una localidad con un clima soleado y con apenas viento que, en cambio, “puede intensificar las islas de calor”.

Problemas para la salud 

Desde 1999 hasta 2024, últimos datos consolidados disponibles en los CDC, encargados de las enfermedades, 23,954 personas han fallecido en el país por problemas relacionados con el calor. 

Como ya explicamos en Factchequeado, la población latina es la que está más expuesta al calor y sus riesgos al trabajar muchos de ellos al aire libre. El número de muertes ha ido aumentando de forma regular, con alguna excepción, desde 2014, alcanzando su pico en 2023 con 2,415 defunciones. Los datos provisionales de 2025 ubican en 1,852 las muertes por calor el último año.

Muertes por calor identificadas por los CDC con las características recogidas en los códigos P81.0, T67 y X30 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD en inglés). Fuente: CDC Wonder.

Como recuerda la EPA, el aumento del calor extremo que producen las islas de calor puede causar problemas respiratorios, calambres e insolación y, advierte, puede ser “especialmente” peligroso para las personas vulnerables, como los adultos mayores, menores, personas sin hogar o trabajadores al aire libre. Enfermedades “e incluso la muerte” pueden ser el resultado de no tomarse en serio este fenómeno. En Factchequeado  facilitamos una serie de recomendaciones para hacer frente al calor extremo.

También afecta a la calidad del aire, ya que las islas de calor aumentan la demanda energética para alimentar a los aires acondicionados, lo que aumenta, además de la factura de la electricidad, “las emisiones de carbono de la central eléctrica causantes del cambio climático”.

La calidad del agua tampoco se salva. El pavimento caliente sube la temperatura del agua circulante, lo que “puede causar daños a la vida acuática en los cauces locales”, según la EPA.

¿Cómo reducir las islas de calor?

Desde la EPA ofrecen estrategias que apuntan directamente a contrarrestar los problemas generados por las islas de calor. Entre sus recomendaciones, señalan que se puede reducir la temperatura en las ciudades con más vegetación, que aumente los espacios de sombra, y que incremente la potencia de ese “aire acondicionado natural” que genera la transpiración de las plantas.

Recomiendan, además, que esos espacios verdes también se construyan en azoteas. Los conocidos como “techos ecológicos” y que rebajan el calor de la zona. La temperatura en este tipo de jardines, aseguran, “puede ser de 30 a 40 °F (hasta 4.4 ºC) más bajas que las de techos convencionales y pueden reducir la temperatura ambiente de toda la ciudad hasta 5 °F (2.8ºC)”.

Tejados y pavimentos “fríos”. Ambos se elaboran con materiales o recubrimientos que reflejan menos la luz solar y reducen el calor que generan. Un techo o un pavimento frío transfiere menos calor y mantiene al edificio o la calle más frescas, demandando menos energía por mantenerse a una menor temperatura. 

Aconsejan el uso de aparatos y equipos con un consumo energético eficiente que ayuden a rebajar la presión en la red eléctrica durante los días de más calor.

En definitiva, apuestan por un diseño urbano de ciudades menos “densas y compactas” que faciliten la liberación “adecuada” del calor y que fomenten “la habitabilidad de los vecindarios”. 

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La primera forma en la que el voto puede influir en la vivienda es cuando este tema aparece directamente en la boleta, mediante referéndums o medidas locales. Ahí decides por un “sí” o por un “no” en una propuesta concreta, como un bono. Por ejemplo, autorizar fondos para construir, reparar o preservar una política de vivienda asequible. 

La segunda es cuando eliges a funcionarios que se encargan de las decisiones sobre la vivienda.

El voto, sin embargo, no influye en las tasas hipotecarias, porque dependen de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, en inglés) y de las condiciones del mercado. 

Así, con el voto no se decide cuánto cuesta una casa o un alquiler, pero sí define quién toma decisiones que pueden aliviar o agravar esos costos.  

• A nivel federal, los legisladores toman decisiones sobre los presupuestos, subsidios y créditos fiscales para “vivienda asequible”. El Congreso aprueba el presupuesto anual, que incluye programas de vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), vales de alquiler, vivienda pública, etcétera. También crea y modifica créditos fiscales, como el dirigido a la construcción o preservación de viviendas de bajos ingresos (Low-Income Housing Tax Credit), un subsidio clave para financiar vivienda de alquiler asequible.

• A nivel estatal, las legislaturas de los estados crean fondos y programas de vivienda (bonos estatales, subsidios, apoyos a compradores primerizos) y los gobernadores proponen presupuestos y los ejecutan. En materia de zonificación y uso de suelo, la regla general es que se decide a nivel local (ciudades, condados), pero los estados fijan el marco legal que habilita o limita lo que los gobiernos locales pueden hacer. Muchos estados ya aprobaron leyes que obligan a los municipios a permitir más densidad, limitar ciertas prohibiciones locales o evitar ordenanzas “exclusionarias” (reglas de uso de suelo que, en la práctica, expulsan o impiden la llegada de vivienda más asequible); otros, en cambio, restringen el control de rentas o ciertas regulaciones en favor de los inquilinos.

• A nivel local, alcaldes, concejales y autoridades municipales suelen decidir qué tipo de viviendas se pueden construir, dónde, con qué densidad y bajo qué permisos. Los gobiernos locales controlan las ordenanzas de uso de suelo y zonificación, que determinan tipos de vivienda: si es unifamiliar, multifamiliar, dúplex, etcétera; alturas y densidades permitidas, y requisitos como estacionamiento mínimo. También manejan procesos de permisos, tiempos y condiciones para aprobar proyectos, y muchas veces pueden establecer o reforzar protecciones para inquilinos, según lo que permita la ley estatal.

Seattle, Vancouver, San Antonio, Portland y Minneapolis: algunos ejemplos de cómo ha influido el voto en la vivienda

En Seattle, Washington, los votantes aprobaron en febrero de 2025 la Proposición 1A, una medida que creó un impuesto de 5% que las empresas pagan sobre la fracción del salario y otros ingresos laborales de cada empleado que supere 1 millón de dólares al año. Los fondos recaudados se destinarán a financiar a la nueva Desarrolladora de Vivienda Social de Seattle. En febrero de 2026, el Ayuntamiento de Seattle aprobó por unanimidad la ley que permite empezar a transferir los ingresos de ese nuevo impuesto a la desarrolladora para cumplir con lo que votaron los electores. Con esos recursos, la desarrolladora deberá adquirir su primer edificio y ofrecer viviendas públicas, mixtas y permanentemente asequibles a cientos de residentes este año, según informó el ayuntamiento.

En Vancouver, también en Washington, en 2023 los votantes aprobaron la Proposición 3, que reemplazó y amplió un gravamen al impuesto a la propiedad destinado a financiar vivienda asequible creado en 2016, también por voto de los electores. El nuevo fondo autorizó recaudar 10 millones de dólares anuales durante 10 años —100 millones en total— para vivienda asequible, asistencia con el alquiler, servicios para prevenir la falta de vivienda y refugios temporales; en general, servicios habitacionales para personas de ingresos bajos y muy bajos.

En San Antonio, Texas, los votantes aprobaron en 2022 un bono municipal de 150 millones de dólares dedicado a vivienda asequible como parte de un paquete de infraestructura de 1,200 millones. Con ese dinero, la ciudad financió la reparación de viviendas de propietarios con bajos ingresos, la rehabilitación de departamentos, la construcción de unidades de alquiler asequible y vivienda con servicios para personas sin hogar, además de algunos apoyos para compra de vivienda. Cuatro años después —en mayo de 2026— las autoridades reportaron más de 3,100 viviendas creadas o preservadas con recursos del bono y otros proyectos en construcción.

En Minneapolis, Minnesota, la reforma de uso de suelo conocida como Minneapolis 2040 permitió construir más viviendas en más zonas de la ciudad. Entre 2017 y 2022, el parque de vivienda aumentó 12% mientras que las rentas solo crecieron 1%, frente a un alza de 14% en el resto de Minnesota, según un análisis de The Pew Charitable Trusts. También aclara ese informe que las reformas con más impacto fueron las que facilitaron la construcción de departamentos cerca de transporte público y zonas comerciales, y las que eliminaron reglas que obligaban a los nuevos edificios a incluir una cantidad mínima de espacios de estacionamiento.

En Portland, Oregón, los votantes aprobaron en 2016 un bono municipal de 258.4 millones de dólares para crear vivienda asequible. Dos años después, en 2018, el electorado de la región metropolitana de Portland aprobó otro bono de 652.8 millones de dólares para crear viviendas asequibles permanentes en los condados de Washington, Clackamas y Multnomah. Según la ciudad de Portland, el programa regional busca llevar vivienda asequible a unas 14,000 personas, incluidas personas mayores, familias y veteranos.

¿Qué tanto preocupa el tema de vivienda a los estadounidenses?

Según una encuesta nacional de The New York Times/Siena (Siena College Research Institute (SCRI), un instituto académico especializado en opinión pública de Siena College en Nueva York, de enero de 2026, el tema de la vivienda es el que más preocupó a las personas encuestadas en cuanto a su presupuesto: 25% en primera mención, seguida de atención médica, con un 16%, y tres veces más que comida o alimentos, con un 8%.

En cuanto a la vivienda, el 54% de los encuestados respondió que “el costo ha aumentado tanto que es inasequible”; el 31% dijo que el precio “parece elevado, pero aún así es relativamente asequible”; el 13% contestó que “el precio parece bastante asequible”, y el 2% restante respondió que no sabe o no contestó. 

Un informe de Realtor.com, publicado el 18 de junio de 2026,  señala que más de 25.2 millones de adultos menores de 35 años vivían con sus padres en 2025, en un contexto de dificultades para acceder a una vivienda propia por los altos costos. Por su parte, el Índice de Asequibilidad de Viviendas de ATTOM del primer trimestre de 2026, el más actualizado, concluye que comprar una vivienda sigue siendo inaccesible en una cuarta parte de los condados analizados. 

En cuanto al alquiler de viviendas, la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos (NLIHC, por sus siglas en inglés) reportó en marzo de 2026 una escasez de 7.2 millones de viviendas de alquiler asequibles y disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos. 

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Tras el triunfo de la Selección argentina en su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Messi explicó que su emoción tras su  primer gol había sido por cuestiones personales: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, declaró el capitán argentino.

A partir de esas declaraciones comenzaron a circular en redes sociales distintas versiones sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi. Algunos usuarios especularon sobre un posible problema de salud y hasta se difundieron afirmaciones falsas sobre su fallecimiento. Entre ellas, la actriz y conductora argentina Florencia Peña aseguró el 18 de junio de 2026 durante una emisión de Luzu TV –canal argentino en YouTube– que Jorge Messi había muerto, y luego se disculpó por difundir una noticia falsa.

Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV, también se disculpó públicamente por el error cometido al aire: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

El comunicado de la familia Messi

Frente a la difusión de rumores, la familia Messi emitió el mismo 18 de junio de 2026 un comunicado para aclarar la situación. 

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron.

Además, cuestionaron las versiones que circularon en redes sociales y remarcaron que cualquier novedad sobre su estado será comunicada exclusivamente a través de la familia Messi.

Jorge Horacio Messi, de 68 años, es el padre y representante histórico de Lionel Messi. Nacido en Rosario, Argentina, acompañó la carrera del capitán argentino desde sus primeros pasos en el fútbol infantil y tuvo un papel clave en su llegada al FC Barcelona cuando era adolescente. Desde entonces, ha participado en la gestión de distintos aspectos de la carrera profesional del futbolista.

Este artículo fue publicado originalmente por Chequado, medio Cofundador de Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Factchequeado analizó los contenidos publicados por RT en Español y Sputnik Mundo en el marco del Mundial 2026 y encontró que los medios controlados por el Kremlin definen a Estados Unidos como una “vergüenza mundial”, que “ha creado un ambiente de desigualdad y discriminación” en el torneo de fútbol, mientras critican a la FIFA por haber suspendido a Rusia de todas las competiciones tras la invasión a Ucrania, ocurrida en febrero de 2022.

Tanto RT en Español como Sputnik son medios controlados por el gobierno ruso y forman parte de una estrategia de manipulación de información e interferencia extranjera (FIMI) del Kremlin en América Latina, según el informe Operaciones de influencia rusas en América Latina, realizado por el medio brasileño Agencia Lupa en alianza con la red LatamChequea, de la que Factchequeado es miembro.

Un presentador califica a Estados Unidos como “vergüenza mundial” mientras defiende el Mundial de Rusia de 2018

El 12 de junio de 2026, el programa “El Zoom” de RT en español publicó un episodio de media hora dedicado a “analizar” cómo el Mundial 2026 “ha pasado de ser una fiesta deportiva a una pesadilla para aficionados y jugadores por las imposiciones de EE. UU”, calificando a Trump como un líder que “busca proyectar una imagen déspota” y afirmando que la FIFA ha permitido que el torneo se transforme en un “escaparate de control” de Washington.

Al cierre del show, el presentador del programa, Javier Rodríguez Carrasco, afirmó: “Yo viví esto aquí en Rusia en 2018, un Mundial criticado por prejuicios sin ningún sentido (...) pero ahora veo que Estados Unidos está dando una imagen bochornosa (…) transformando el mundial en un negocio, una vergüenza, y una pesadilla”. 

Rodríguez Carrasco, quien suele divulgar propaganda rusa en las ediciones de “El Zoom”, no mencionó en el programa que Rusia, en 2018, fue criticado por organizaciones defensoras de Derechos Humanos tras haber aprobado leyes que criminalizaron manifestaciones públicas a favor de las comunidades LGBTQ+, y que provocaron un aumento en crímenes de odio, según denunció Amnistía Internacional. 

Una investigación de Human Rights Watch también documentó casos de explotación laboral en la construcción de los estadios, incluyendo salarios no pagados, represalias físicas, muerte de al menos 21 obreros y el uso de mano de obra esclavizada de trabajadores norcoreanos, cuyo salarios fueron confiscados por el régimen de Pionyang.

En artículos web y en redes sociales, los portales rusos impulsan la narrativa de un Mundial “rodeado de escándalos”

Un artículo de RT en español del 9 de junio de 2026 aprovechó el impacto que han tenido las políticas migratorias del gobierno de Trump sobre el mundial para afirmar que el torneo de fútbol ha estado “rodeado de escándalos” que lo “ensombrecen”. El 10 de junio, RT publicó otro artículo titulado: “El Mundial 2026 aún no empieza y ya está rodeado de escándalos” y el 14 de junio, hizo otra nota dedicada a la “negación de visados e inequidad”.

RT, en su página web, también dedica un artículo al “exorbitante precio del parqueo” en Estados Unidos durante el Mundial.

En su cuenta de X, RT ha hecho publicaciones como: “Más restricciones y aún no empieza el Mundial” y preguntas retóricas como: “¿Se está manchando la pelota?”, en relación con las restricciones del gobierno estadounidense. 

En la investigación encontramos algunos artículos de RT replicados para audiencias latinoamericanas, como en Bolivia, Argentina, Honduras (por un portal que no revela que la fuente es RT), México, Uruguay y Venezuela, entre otros.

De acuerdo con el informe Operaciones de influencia rusas en América Latina, RT en Español se ha consolidado como la "principal herramienta de influencia rusa en la región". El documento expone que este medio controlado por el Kremlin es el eje de una estrategia de "manipulación de información e interferencia extranjera (FIMI)" que busca "anclarse en sensibilidades locales", como el antiamericanismo y la desconfianza hacia las instituciones.

El informe revela que RT en Español, además de tener su propio canal de televisión por cable, tiene acuerdos de cooperación con medios estatales locales, y "cuentas automatizadas (bots), 'trolls' y portales web de fachada", orientados a "moldearse al escenario local" y "debilitar la confianza en las instituciones democráticas". Su propaganda también recurre al "blanqueamiento de conflictos internacionales", promoviendo la narrativa de que la invasión a Ucrania constituye una "medida defensiva" legítima frente a la expansión de la OTAN.

También atacan a la FIFA por haber suspendido a Rusia tras la invasión a Ucrania

Desde la cuenta de Sputnik Mundo, en el programa coproducido con Cubadebate (portal vinculado al régimen cubano) llamado “De Moscú a La Habana”, se acusó a la FIFA el 12 de junio de tener “doble rasero” por vetar la participación de Rusia mientras se permite la participación de Israel (que no calificó para el Mundial) y de Estados Unidos. La FIFA y la UEFA (la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) suspendieron a las selecciones y clubes de Rusia de todas las competiciones tras la invasión a Ucrania. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo en febrero de 2026 que estaba a favor de levantar la suspensión, pero la decisión recae sobre los 37 miembros del Consejo Directivo.

TeleSUR también dedicó un artículo y un segmento de su programa de YouTube “Contracancha” para acusar a la FIFA de “doble rasero” por haber expulsado a Rusia y no a Israel. TeleSUR, un portal fundado y financiado por el régimen venezolano y que actúa como “vasallo mediático” amplificador de medios rusos y chinos según una investigación de 2025 de la Alliance for Securing Democracy.

Otra búsquedas con los términos “doble rasero” y FIFA en Google llevan a otros artículos que critican la suspensión de Rusia de las competiciones, publicados por un autor que divulga narrativas a favor del Kremlin. 

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Las juntas escolares, conocidas en inglés como school boards e integradas usualmente entre 3 y 7 personas, son los órganos de gobierno local encargados de dirigir los sistemas de escuelas públicas de un distrito escolar. 

Sus miembros deciden en qué se destina el presupuesto que reciben para el distrito escolar, qué libros se aprueban o se vetan, qué tanto se apoya a los estudiantes hijos de familias inmigrantes, qué tanto peso se le da a la enseñanza del inglés como segunda lengua o quién dirigirá el distrito escolar. 

En Estados Unidos existen 13,318 distritos escolares, según datos del ciclo escolar de 2022-2023 —los más recientes— del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES, por sus siglas en inglés), y más de 82,423 miembros de juntas escolares, de acuerdo con un estudio de Ballotpedia en 2023. De estos, más del 97% llegaron al cargo mediante elecciones locales. En una muestra de más de 5,400 elecciones de juntas escolares, alrededor del 53% no tuvo oposición, según Ballotpedia.

¿Qué decisiones de las juntas escolares pueden afectar a estudiantes hispanos y de familias migrantes?

Las políticas migratorias se definen principalmente en el ámbito federal, pero las juntas escolares locales pueden influir en la forma en que los distritos atienden a los estudiantes de familias inmigrantes. 

Sus atribuciones varían según las leyes de cada estado, pero en general: 

• Aprueban presupuestos o planes de personal que incluyan intérpretes, traductores y enlaces comunitarios.

• Asignan recursos a programas para estudiantes que están aprendiendo inglés.

• Financian consejeros, trabajadores sociales y otros servicios de apoyo.

• Aprueban protocolos internos para responder a visitas, solicitudes de información u órdenes presentadas por agentes migratorios.

• Adoptan o revisan políticas sobre currículo, materiales educativos y libros disponibles en las bibliotecas escolares.

• Establecen prioridades relacionadas con la participación de las familias y la comunicación entre el distrito y la comunidad.

Algunas de estas decisiones están limitadas por obligaciones legales. Por ejemplo, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles exige que las escuelas ayuden a los estudiantes que enfrentan barreras lingüísticas y que comuniquen la información escolar importante a los padres con dominio limitado del inglés en un idioma que puedan comprender.

La elección de una persona no garantiza por sí sola que una política sea aprobada, las decisiones dependen de los votos de la mayoría, las leyes estatales y federales y, en muchos casos, de las recomendaciones del superintendente.

Un superintendente es la persona que dirige la administración diaria de un distrito escolar. Es contratado y supervisado por la junta escolar, implementa las políticas aprobadas por la junta, administra escuelas, personal, presupuesto y programas educativos, presenta recomendaciones sobre contratación, currículo, seguridad y recursos.

Casi 30% de los estudiantes de escuelas públicas es hispano, pero está subrepresentado 

Las últimas estadísticas del NCES publicadas en mayo de 2026 indican que había 49.4 millones de niños desde preescolar hasta preparatoria (grado 12) en escuelas públicas en Estados Unidos para el ciclo 2024. Casi 3 de cada 10 eran hispanos o latinos. 

Entre el otoño de 2012 y el otoño de 2022, según los datos más recientes, los estudiantes hispanos en las escuelas públicas aumentaron del 24 al 29%, mientras que los estudiantes blancos en las escuelas públicas disminuyeron del 51 al 44%, y los estudiantes negros disminuyeron del 16 al 15%.

Sin embargo, lLa mayoría de los integrantes de las juntas escolares son blancos no hispanos, señala un estudio publicado en 2025 por el Instituto Thomas B. Fordham y The Wallace Foundation. S, según esa publicación, el 87% de quienes integran estos órganos se identifica como blanco no hispano y solo el 4% como hispano, en un contexto en el que los estudiantes blancos representan 44% del alumnado de escuelas públicas y los estudiantes hispanos 29%.

pero en una proporción mayor a la cantidad de estudiantes blancos.

El estudio también indica que solo el 4% de los miembros de estas juntas se identificó como hispano y 87% como blanco no hispano.

California y Texas concentran la mayor cantidad de estudiantes hispanos, de acuerdo con los últimos datos públicos del NCES de 2022. Les seguían Florida, Nueva York y Arizona.

Nuevo México tenía alrededor de 200,000 estudiantes hispanos en ese mismo año. Aunque la cifra era menor que en los estados anteriores, representaban 63.4% del total de estudiantes, la proporción más alta del país. 

Casos que muestran por qué importa el voto y la composición de las juntas escolares

— Carolina del Norte: la representación latina y temas llegan a las juntas escolares

Un reportaje de Enlace Latino NC, medio aliado de Factchequeado, documentó la presencia de mujeres latinas en las juntas escolares de Durham y Charlotte-Mecklenburg y los asuntos que llevaron a las conversaciones públicas.

En el distrito de Durham Public Schools, Emily Chávez fue electa en 2022 y se sumó a Alexandra Valladares, quien integraba la junta desde 2020. En el momento del reportaje, ellas ocupaban 2 de los 7 puestos, es decir, cerca del 29% de una junta perteneciente a un distrito donde el 34% del alumnado era latino.

Valladares señaló problemas en el distrito, como la falta de comunicación bilingüe, las disparidades en la disciplina y las dificultades que algunos estudiantes latinos estaban enfrentando para acceder a clases avanzadas. Durante su gestión en la junta escolar se ampliaron los programas Bachillerato Internacional (fundado por una organización educativa global sin fines de lucro con sede en Ginebra, Suiza, que ofrece programas académicos bilingües para niños y jóvenes de 3 a 19 años) y Dual Language Immersion (inmersión bilingüe, dirigido a estudiantes que dominan un idioma que no es el inglés y aprenden en ambos idiomas).

Según el reportaje, Valladares organizó dos foros con padres y estudiantes, en los que participó el superintendente, después de recibir denuncias sobre un alguacil asignado a Riverside High School que estaba amenazando a estudiantes indocumentados. Según su testimonio, el proceso terminó con la remoción de ese agente policial.

En Charlotte-Mecklenburg Schools, Liz Monterrey fue elegida en 2023 y se convirtió en la primera latina en integrar la junta del distrito. En ese momento, alrededor del 31% del alumnado de CMS era hispano o latino.

Monterrey destacó en ese momento la necesidad de contar con maestros y personal multilingüe, mejorar la participación de las familias y atender problemas como el rendimiento académico y el ausentismo crónico entre los estudiantes latinos. De acuerdo con el reportaje, su elección aumentó la representación de una comunidad que constituye una parte importante del alumnado, aunque cualquier cambio de política sigue requiriendo el respaldo de la junta.

— Florida: las controversias escolares aumentaron durante la pandemia por la competencia electoral en algunos distritos

Un análisis de Brookings Institution publicado en 2026 estudió las elecciones de juntas escolares de Florida entre 2014 y 2024.

Los investigadores encontraron que la participación electoral se mantuvo relativamente estable antes, durante y después de la pandemia. 

El cambio más notable apareció en las zonas políticamente mixtas: en esos distritos, la proporción de elecciones con al menos 2 candidatos pasó del 68% en 2018 al 88% en 2022 y se mantuvo en el 83% en 2024.

El periodo estuvo marcado por conflictos sobre la reapertura de las escuelas, el uso de mascarillas, el currículo, la teoría crítica de la raza, los libros escolares y las políticas relacionadas con género y sexualidad.

El análisis muestra que estos desacuerdos pueden animar a más candidatos a competir por los puestos de las juntas, especialmente en comunidades políticamente divididas. 

— Texas: en el Distrito Escolar de Abilene se revocó la prohibición del libro de una autora latina

El libro I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, de Erika L. Sánchez, una novela sobre una una adolescente mexicoestadounidense hija de inmigrantes mexicanos, fue uno de los 27 libros impugnados en 2025 en el distrito por Tammy Fogle, dirigente local de Moms for Liberty. Durante la revisión, una integrante del Consejo Asesor de la Biblioteca Escolar (SLAC, por sus siglas en inglés) defendió que el libro refleja experiencias poco representadas en las bibliotecas escolares.

El School Library Advisory Council, un consejo formado para revisar los libros cuestionados, recomendó conservarlo. El 8 de diciembre de 2025, la Junta Escolar de Abilene aprobó las recomendaciones sobre retirar, reclasificar o devolver los títulos impugnados y decidió conservar el libro I Am Not Your Perfect Mexican Daughter.

Fogle, la persona que presentó la impugnación, apeló, pero el 8 de enero de 2026, la junta rechazó esa apelación por 5 votos contra 1 y decidió que el libro seguirá disponible.

En Factchqueado te hemos contado antes sobre la prohibición de libros en escuelas del país escritos por autores latinoamericanos o de ascendencia latina. 

¿Qué tomar en cuenta antes de elegir a un miembro de la junta escolar?

El Center For American Progress, un instituto de investigación independiente y no partidista, indica que hay grupos nacionales en Estados Unidos que están utilizando las juntas escolares para impulsar sus agendas, como posicionar sus candidatos, imponer la prohibición de libros y restringir los derechos LGBTQ+, mientras descuidan la escasez de profesores y otras necesidades educativas, 

Desde Factchequeado te recomendamos que antes de votar, revises los candidatos y analizar: 

• La experiencia educativa y profesional de las personas candidatas.

• Sus posiciones sobre presupuesto, disciplina, currículo y desempeño académico.

• Sus propuestas para estudiantes que están aprendiendo inglés.

• Sus planes para comunicarse con las familias. Si eres una familia hispanoparlante, pon atención en sus propuestas. 

• La manera en que supervisarán y harían rendir cuentas al superintendente.

• Si la contienda tiene más de una persona candidata o no tiene opositor.

Entérate quién es quién de los candidatos para las juntas escolares.

1. Empieza buscando en el distrito escolar que te corresponde: entrar al sitio web busca palabras, como “school board”, “board meetings” o “election”; muchas veces hay una sección con la lista oficial de las candidaturas, biografías breves o enlaces a foros y debates.

2. Busca en la prensa y medios locales de papel, digitales, radio o televisión donde se suelen publicar los perfiles de las candidaturas o notas donde mencionen sus propuestas.

3. Grupos como la League of Women Voters y organizaciones educativas sin fines de lucro organizan foros y paneles con candidaturas que muchas veces son transmitidos en línea o grabados. Ahí puedes escuchar sus prioridades, hacer preguntas y ver cómo responden a temas concretos, como financiamiento, disciplina, etcétera.

4. Si ya sabes el nombre o los nombres de los candidatos, entra a su página oficial en internet y revisa qué dicen ellos de sus propuestas y cuál ha sido su trayectoria.

En algunos lugares, como en San Francisco, California, incluso hay materiales específicos en español para padres sobre cómo votar en elecciones de la Junta de Educación, con instrucciones detalladas sobre quién puede votar, cómo registrarse y cómo recibir la boleta.

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En marzo, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (CFSRE en inglés) compartió una publicación en X advirtiendo sobre la ciclorfina, un opioide sintético vinculado a muertes por sobredosis en varios estados. La ciclorfina es uno de los nuevos opioides sintéticos más potentes que el fentanilo y que a menudo se mezclan con otras drogas ilícitas.

El 30 de abril de 2026, la Oficina de la Casa Blanca encargada de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés) informó de, al menos, 55 muertes en Estados Unidos asociadas con el consumo de ciclorfina “entre 2025 y 2026”, 41 de ellas en Tennessee, y advirtió de que el opioide “tiene potencial para extenderse por todo el país”. 

Esto es lo que debes saber sobre la ciclorfina y cómo la naloxona puede ayudar a revertir una sobredosis de este y otros opioides.

¿Qué es la ciclorfina?

La ciclorfina es un opioide sintético ilícito que es aproximadamente 10 veces más fuerte que el fentanilo. Se identificó por primera vez en Estados Unidos en 2024, y varios estados han reportado muertes relacionadas con la ciclorfina este año. Al igual que el fentanilo, la ciclorfina puede mezclarse con otras drogas ilícitas sin que la persona lo sepa, lo que aumenta el riesgo de sobredosis.

“La introducción de estos análogos [sustancias diseñadas con una estructura química similar a otra] en el suministro sin previo aviso puede tomar a las personas por sorpresa, sin ninguna manera de saber qué hay en su bolsa”, Christopher Moraff, fundador y director de programas en PA Groundhogs, una organización que analiza el suministro de drogas ilícitas en Pensilvania mediante pruebas de laboratorio, afirma a Public Good News, medio aliado de Factchequeado. 

¿Las tiras reactivas para detectar fentanilo detectan la ciclorfina?

No. Las tiras reactivas para detectar fentanilo solo pueden detectar fentanilo. “Actualmente, no hay tiras reactivas disponibles para detectar la ciclorfina”, explica Moraff. “La única forma de exponerla es a través de pruebas de GC/MS en laboratorio [cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa, una técnica para identificar componentes dentro de una muestra], que es lo que hace Groundhogs”.

¿Es eficaz la naloxona contra la ciclorfina?

La naloxona, que a menudo se vende como Narcan, puede revertir una sobredosis de cualquier opioide, incluidos opioides potentes como la ciclorfina y el fentanilo, aunque es posible que sean necesarias varias dosis.Llama al 911 y administra naloxona si alguien muestra señales de sobredosis como:

• Respiración superficial o lenta

• Pupilas pequeñas

• Labios o uñas azules

• Habla arrastrada

• Sonidos de ahogo o gorgoteo

• Cuerpo flácido

• Piel fría y húmeda

• Pérdida de la conciencia