Durante un tiempo, Spirit Airlines había tratado de conseguir un rescate financiero de 500 millones de dólares para mantenerse a flote. Pese a que el presidente Donald Trump señaló que estaría de acuerdo con el salvataje, el rescate no se concretó. 

La aerolínea había solicitado la bancarrota en dos ocasiones desde 2024, según CBS. En el comunicado afirman que el “proceso de liquidación se produce tras los exhaustivos e integrales esfuerzos realizados por la compañía” pero que el “reciente y sustancial aumento en los precios del petróleo, sumado a otras presiones sobre el negocio, ha impactado significativamente las perspectivas financieras de Spirit”. Medios como CNN mencionan la“mala gestión”, “problemas financieros” y un “mal servicio al cliente” como los factores que influyeron en el colapso de la aerolínea, que fue acelerado por el “aumento del precio del combustible” por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los pasajeros pueden visitar https://spiritrestructuring.com para obtener más información sobre el proceso de cierre de Spirit, concluye el comunicado.

El cierre de Spirit afecta no solo a quienes tenían un vuelo con la aerolínea sino a sus trabajadores, que se quedaron sin empleo y en algunos casos, varados en otro país. Te contamos qué puedes hacer si este es tu caso.

Acuerdos entre aerolíneas y Departamento de Transporte

El secretario del Departamento de Transporte (DOT), Sean P. Duffy, anunció el 2 de mayo de 2026 una “serie de acciones en coordinación con aerolíneas estadounidenses para brindar apoyo a los pasajeros con boletos de Spirit, al público viajero en general y a los empleados de las aerolíneas afectados”.

Precios máximos de boletos: United, Delta, JetBlue y Southwest están fijando un límite máximo en los precios de los boletos para clientes de Spirit que tengan que volver a reservar los vuelos que fueron cancelados. Se requiere el número de confirmación de vuelo de Spirit y un comprobante de pago. Puedes consultar hasta cuándo estarán disponibles estas tarifas especiales directamente en las páginas de las aerolíneas. 

Tarifas reducidas: American Airlines y Delta están ofreciendo tarifas reducidas en las rutas de alto volumen que tenía Spirit. Allegiant se comprometió a congelar los precios en rutas que coincidan con las de Spirit. Frontier ofrece hasta un 50% de descuento en las tarifas base en toda su red hasta el 10 de mayo, según el DOT.

Para exempleados de Spirit

La mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses están extendiendo los beneficios de pasajes de viaje y los asientos de reserva disponibles para los pilotos, tripulantes de cabina y otros empleados de Spirit que necesiten llegar a casa. También han ofrecido entrevistas de trabajo preferenciales a los ex empleados de Spirit. Además, American Airlines y United Airlines están creando micrositios para exempleados de Spirit que deseen continuar su carrera en el sector de la aviación, según el DOT.

Para obtener un reembolso o compensación

En el comunicado donde anunció su cierre, Spirit asegura que procesará los reembolsos de manera automática para los vuelos comprados a través de su plataforma con una tarjeta de crédito o débito. Quienes obtuvieron un vuelo con una agencia de viajes deben contactar a la agencia directamente para solicitar un reembolso. En caso de que se hayan utilizado otros métodos como vouchers, crédito o puntos “Free Spirit”, la compensación se determinará en una fecha posterior según determine el proceso de bancarrota.

El DOT recomienda contactar a la compañía de la tarjeta de crédito utilizada para la compra del pasaje y solicitar una “devolución de cargo” (chargeback) por servicios no prestados. Podrías estar protegido por la Ley de Facturación Justa de Crédito (Fair Credit Billing Act) que, entre otras cosas, protege contra cargos por productos o servicios que no fueron entregados según lo prometido, de acuerdo con Experian. 

Si tienes seguro de viaje (travel insurance), contacta al proveedor para ver si la póliza cubre la “insolvencia” o la “suspensión” del servicio.

También, según el DOT,  podrás presentar un reclamo durante el proceso de quiebra, pero aclara que este proceso puede tomar tiempo y es posible que sólo obtengas un reembolso parcial. 

El cierre de Spirit podría hacer que los vuelos suban de precio

Ahmed Abdelghany, vicedecano de investigación y profesor de Gestión de operaciones en la Embry-Riddle Aeronautical University, dijo al medio USA TODAY que los pasajeros podrían pagar más por un vuelo ante la ausencia de Spirit. Los precios de la aerolínea “beneficiaba al consumidor y obligaba a otras aerolíneas, en muchos mercados, a igualar esa tarifa reducida en algunas de sus clases de reserva”, afirmó.

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Tres muertos y cuatro infectados confirmados, uno de ellos en estado grave ingresado en un hospital en Sudáfrica, es el resultado del brote de hantavirus registrado en un crucero de lujo, según información facilitada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El barco se encuentra, en el momento de publicar esta nota, varado frente a las costas de Cabo Verde, un país archipiélago situado al oeste de la costa africana. Según el organismo, el navío transporta a 147 pasajeros y tripulantes. 

La OMS informa que la aparición de los síntomas entre los pasajeros infectados “se produjo entre el 6 y el 28 de abril de 2026” y supuso “fiebre, síntomas gastrointestinales, rápida progresión a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock”.

El brote, añade, “se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de los casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio”. Además de Cabo Verde, participan España, con 14 nacionales a bordo y país destino de la navegación, que iba a atracar en las Islas Canarias; Reino Unido, nacionalidad del paciente evacuado a Sudáfrica, y los Países Bajos, pabellón bajo el que navega el crucero, son esos países.

Como recogen medios españoles, el crucero atracó hace unas semanas en Ushuaia, en el sur de Argentina, desde donde hizo varios viajes a la Antártida antes de partir hacia las Islas Canarias. 

En Argentina se registraron 37 casos de hantavirus en lo que va de 2026, según el último Boletín Epidemiológico Nacional revisado por  Chequeado, medio cofundador de Factchequeado. Añaden que tras la situación en el crucero, el Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego “confirmó en un comunicado que no hay evidencia de contagios en la provincia”.

La OMS apunta en el comunicado que “actualmente el riesgo que este caso supone para la población mundial es bajo”. El organismo no aclaró, hasta el  momento, cómo se produjeron los contagios. 

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite? 

Los CDC, encargados del control de enfermedades, informan que los hantavirus se contraen “principalmente” cuando una persona se expone a la orina, excremento y saliva “de roedores como ratas y ratones”. Eso incluye inhalar aire contaminado con el virus. 

Los hantavirus causan enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, e incluso “pueden causar enfermedades graves y la muerte”. 

El organismo cifra en 890 casos el total de notificaciones por hantavirus registradas en Estados Unidos a finales de 2023 “desde que se iniciara la vigilancia en 1993”. 

En el hemisferio norte, explican, los hantavirus presentes pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus. Especifican que en Estados Unidos “se propaga a través del ratón ciervo”. 

Este síndrome, que puede ser mortal, “afecta los pulmones” con síntomas que, por lo general, aparecen entre la primera y la octava semana después del contacto con un roedor infectado. 

Los síntomas incluyen: 

• fatiga

• fiebre

• dolores musculares, en especial en músculos grandes como los muslos y la espalda. 

Además, la mitad de los infectados por hantavirus también pueden sufrir:

• dolores de cabeza

• mareos

• escalofríos

• problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal

Alrededor de cuatro a diez días después de la fase inicial pueden aparecer otros síntomas, que incluyen tos y dificultad para respirar. 

“Puede que los pacientes sientan presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido”, añaden.

El 38% de las personas que presentan este síndrome podrían morir a causa de la enfermedad, según el organismo.

La fiebre hemorrágica con síndrome renal se da más en Europa y Asia, también puede derivar en enfermedad muy grave y muerte. Sus síntomas, siempre según los CDC,  aparecen antes, “generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición” y suelen incluir: 

• dolores de cabeza intensos

• dolor en la espalda y el abdomen

• fiebre/escalofríos, náuseas y visión borrosa.

Desde los CDC advierten que “no existe un tratamiento específico” contra la infección por hantavirus.

¿Cómo evitar exponerse?

Los CDC recomiendan: 

• Evitar la exposición a los roedores y su orina y heces. Esa es  “la mejor manera de prevenir la infección".

• Sellar agujeros y grietas en su casa o garaje para no permitir que entren roedores en estos espacios. 

• Instale trampas dentro y fuera de la casa para disminuir la infestación.

• Deshacerse de los alimentos fáciles de alcanzar que podrían atraer a los animales.

• Si hay ratones o ratas en su casa o alrededor de ella, es importante limpiar de manera segura donde hayan estado.

• Evitar tener “roedores mascota” en familias con niños de 5 años o menores, con mujeres embarazadas o personas con el sistema inmunitario debilitado, “ya que están en mayor riesgo de enfermarse gravemente”. De tenerlos, consultar con un veterinario y hacerles las pruebas necesarias. 

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El aumento del costo de la energía afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, en los que, en promedio, deben destinar el 6% de sus ingresos a gastos de energía, 3 veces más que el 2% estimado para hogares que no son de bajos ingresos, de acuerdo con el  Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

Sin embargo, en varios estados y ciudades, los votantes tienen el poder de elegir en las elecciones de medio término o midterms a las autoridades encargadas de aprobar, modificar, rechazar o condicionar aumentos que terminan en la factura eléctrica. Te explicamos.

Quién decide cuánto pagas de electricidad: pon el ojo en las Public Service Commissions

En Estados Unidos, las Comisiones de Servicios Públicos –Public Utility Commissions o Public Service Commissions, según el estado– son organismos estatales que regulan servicios públicos esenciales (como electricidad, gas natural, telecomunicaciones y agua). Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), estas comisiones intervienen en la fijación de las tarifas “justas y razonables” para los consumidores.

De acuerdo con NARUC, una organización sin fines de lucro que agrupa a reguladores estatales de servicios públicos, las Comisiones de Servicios Públicos deben equilibrar la capacidad de las empresas de obtener ganancias con el derecho del público a recibir servicios a tarifas razonables.

La NCSL también explica que la forma de elegir a quienes integran estas comisiones varía por estado: la mayoría de los comisionados son nombrados por la gobernadora o gobernador y confirmados por el Senado estatal. No obstante, en 10 estados son elegidos directamente por los votantes, mientras que en Carolina del Sur y en Virginia los comisionados son seleccionados por la legislatura estatal.

Estos son los 10 estados en los que los votantes eligen directamente a sus comisionados:

• Alabama 

• Arizona 

• Georgia 

• Luisiana 

• Mississippi 

• Montana 

• Nebraska 

• Dakota del Norte

• Oklahoma 

• Dakota del Sur

De la lista anterior, todos menos Mississippi tendrán elecciones de comisionados públicos en las elecciones de medio término o midterms del 3 de noviembre de 2026.

Casos concretos en los que una Comisión frenó un aumento

Nueva Orleans, Luisiana

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal de Nueva Orleans es la autoridad que regula Entergy New Orleans, la compañía eléctrica que presta servicio a la ciudad.

En octubre de 2023, Entergy propuso un plan de 1,000 millones de dólares para fortalecer la red eléctrica de la ciudad y reducir tiempos de apagones.

En enero de 2024, el Concejo optó por una versión mucho más limitada que la propuesta original: aprobó 110 millones de dólares para la fase inicial, en lugar de los 559 millones que Entergy había propuesto y dejó el resto para futuras revisiones. El resultado, de acuerdo con el Concejo, se traduce en un aumento aproximado de máximo $1.52 mensual en la factura para 2028, en lugar del aumento de $11.86 proyectado con el plan original propuesta por Entergy.

Arizona

La Arizona Corporation Commission (ACC), el organismo estatal que regula servicios públicos en Arizona, rechazó en febrero de 2024 una propuesta de $200 millones en aumentos presentada por Arizona Public Service, una empresa eléctrica regulada en ese estado.

En otro caso, la Arizona Corporation Commission indicó que en marzo de 2025 aprobó una solicitud de Tucson Electric Power, otra empresa eléctrica regulada en Arizona, para ajustar su mecanismo de costos de combustible y compra de energía. La comisión aseguró que esa decisión redujo la factura residencial promedio en aproximadamente $4.38 al mes.

En diciembre de 2025, la Comisión también informó que una enmienda recortó más de $50 millones en recargos anuales propuestos por APS.

Georgia

La Georgia Public Service Commission aprobó en julio de 2025 un plan para mantener estables las tarifas base hasta fines de 2028 de Georgia Power, la empresa eléctrica privada regulada que presta servicio en el estado, aunque permitió que los costos relacionados con tormentas o huracanes y combustible se tratasen por separado.

Sin embargo, antes de esta congelación, la Comisión había permitido aumentos escalonados en las tarifas base de Georgia Power, y según la encuesta residencial de tarifas eléctricas hecha por la misma Comisión, la factura estimada de Georgia Power para un cliente residencial que consumió 1,000 kWh en verano llegó a $188.93 en 2025, un aumento de aproximadamente 41% al compararla con el monto de la misma encuesta para verano de 2021, cuando fue de $133.58.

En este contexto, en las elecciones especiales estatales del 4 de noviembre de 2025, los votantes de Georgia eligieron a dos demócratas para la Georgia Public Service Commission: Alicia Johnson y Peter Hubbard. El medio local The Atlanta Journal-Constitution describió la contienda electoral de ese momento como un “referéndum sobre las facturas de Georgia Power” con ambos candidatos haciendo campaña con mensajes relacionados a tarifas eléctricas más justas.

Los republicanos siguen teniendo mayoría (3-2) en la Comisión, pero esto podría  cambiar en estas elecciones de noviembre de 2026.

Qué puedes hacer ya

Revisa qué empresa aparece en tu factura e identifica quién regula o gobierna esa empresa. En esta página de NARUC puedes ver una lista de todas las Comisiones de Servicios Públicos por estado.

Luego puedes revisar en Can I Vote (de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado), Vote.gov (del gobierno federal) o en la oficina electoral de tu estado si esos cargos aparecerán en tu boleta electoral.

Si tienes dudas adicionales, contáctanos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87. 

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El 31% de los votantes latinos elegibles tiene entre 18 y 29 años, comparado con el 20% del electorado nacional. Mientras el 48% de todos los votantes elegibles tiene más de 50 años, entre los hispanos esa cifra es solo el 33%.

Además, la población latina sigue concentrada básicamente en los mismos estados que en 2024; lo que cambia rumbo a 2026 no es el mapa demográfico, sino qué estados y distritos dentro de ese mapa se han vuelto decisivos para el control del Congreso.

Según el análisis más reciente del Pew Research Center, publicado en 2024 y basado en datos del Censo 2022, más de la mitad de los votantes latinos elegibles sigue concentrada en 5 estados: California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona. El Pew estima que aproximadamente el 25% del electorado elegible en Arizona es latino (1 de cada 4); en Nevada, la proporción ronda entre el 20% y 22%, es decir, aproximadamente 1 de cada 5 votantes elegibles. 

El dato reciente de una encuesta publicada en abril de 2026 por Somos Votantes, una organización de participación cívica latina, indica 8 estados donde las elecciones del 3 de noviembre de 2026 podrían estar más reñidas: Arizona, Nevada, Texas, Wisconsin, Michigan, Georgia, Carolina del Norte y Nuevo México.

De acuerdo con el Pew Research Center, en 2024 los latinos representaban alrededor del 14.7% de todos los votantes elegibles en Estados Unidos (36.2 millones de personas), una cifra que ronda el 15% y que pesa en la disputa por el Congreso. Con base en ese mismo ritmo de crecimiento, Pew calcula que el electorado latino aumenta en torno a 1.4 millones de personas por año.

El voto latino: ni rojo ni azul 

Los latinos no votan en bloque y nunca lo han hecho. La votación de las presidenciales en 2024 y lo que se ve venir, según las proyecciones de las encuestas, para las elecciones intermedias de 2026, muestra un electorado impredecible. 

Por ejemplo, en Texas, el Distrito 9 del Senado estatal (SD‑9), en el área de Fort Worth y alrededores, era un asiento legislativo considerado “históricamente republicano”: llevaba más de 30 años en manos del Partido Republicano; Donald Trump lo había ganado por alrededor de 17 puntos en 2024. En una elección especial de 2026, ese distrito eligió para el escaño en el Senado estatal al demócrata Taylor Rehmet, que derrotó a la republicana Leigh Wambsganss pese al respaldo directo de Trump y a que ella gastó mucho más en la campaña (ver aquí el comparativo entre Rehmet y Wambsganss con datos públicos). Análisis posteriores muestran que el cambio se debió, en buena medida, a un giro fuerte del voto latino en el distrito. Los latinos representan casi el 34% del Distrito 9 del Senado. 

Un informe de Voto Latino habla de “participación histórica” de los latinos en las elecciones primarias demócratas de marzo de 2026 en condados de mayoría latina de Texas, con un aumento del 149% de participación respecto a 2022; en esa misma elección casi el 69% de los votantes latinos emitiendo su voto durante el periodo de votación anticipada. Para esta organización, estos datos son la prueba de una “Latino Wave” (ola latina) que puede alterar la cartografía política en la elección de medio término.

Fuera de Texas, en el Valle Central de California, un reportaje de The New York Times describe un panorama donde el giro hacia los republicanos observado en 2024 entre trabajadores agrícolas latinos hace que varios distritos que eran claramente demócratas pasen a estar en disputa, y donde tanto el Partido Republicano como el Demócrata invierten recursos sin dar por sentado el comportamiento de los votantes hispanos. 

El perfil demográfico de los votantes latinos que describimos para las elecciones de 2024 en Factchequeado, con datos del Pew Research Center, sigue vigente: 

• El electorado latino sigue siendo el más joven del país, aunque eso no se traduce en votos: los jóvenes latinos votan menos que los mayores.

• Con una proporción de mayores de 50 años muy inferior a la del electorado general.

• Con niveles de educación universitaria algo más bajos que la media nacional.

Un descenso en el apoyo a Trump

En 2024, Trump obtuvo el 48% del voto latino —el porcentaje más alto para un candidato republicano en la historia, según el Pew Research Center, pero una encuesta nacional de la Florida International University publicada en abril de 2026 confirma que ese apoyo se evaporó fuera de Florida: casi 7 de cada 10 de los latinos (67%) ahora desaprueba a Trump. 

El 60% de esos votantes latinos encuestados dijo que votará demócrata el 3 de noviembre de 2026, y solo el 29% de los latinos independientes —el grupo que más incidió en el resultado de 2024— aprueba su gestión. 

Mientras en estados como California, Texas y Arizona los latinos desaprueban a Trump por márgenes amplios, en Florida la diferencia es mucho menor. Entre los cubanos el contraste es aún más marcado: el 53% apoya a Trump —el grupo con mayor respaldo al presidente en todo el electorado— y el 71% respalda sus políticas de deportación. En cambio, entre puertorriqueños y mexicoamericanos el rechazo es de los más altos de toda la encuesta. 

Varias encuestas muestran ventaja demócrata entre latinos de cara a 2026, aunque la magnitud varía notablemente según la fuente y el momento en que se hicieron. 

• En noviembre de 2025, una encuesta bipartidista de UnidosUS sobre votantes latinos  —difundida por CBS News como parte del proyecto The Road to 2026— detectó una ventaja de más de 20 puntos a favor de los demócratas entre hispanos en la boleta genérica para el Congreso. 

• En marzo de 2026, Equis Research, una organización especializada en el electorado latino que se autodefine como no partidista, situó esa ventaja en 19 puntos (54% vs. 35%) en su sondeo nacional exclusivo de votantes latinos. 

• Fox News, que suele difundir proyecciones cualitativas y sondeos nacionales de voto general, ha publicado varias encuestas sobre las elecciones de medio término de 2026, pero sin desgloses detallados del voto latino en la boleta al Congreso. Sin embargo, en marzo de 2026, Rasmussen Reports, una encuestadora históricamente más favorable a los republicanos, publicó que entre los “hispanos y otras minorías”, la brecha en la boleta genérica se reducía a solo 3 puntos (44% a favor de los candidatos demócratas al Congreso, frente a 41% por los republicanos)

Según datos comparativos de las principales encuestas postelectorales de minorías de 2020 y 2024, los márgenes demócratas cayeron 23 puntos entre los hombres latinos en ese periodo, lo que mantiene viva la preocupación de estrategas demócratas sobre un flanco masculino y de clase trabajadora más abierto al discurso republicano.

La economía, el mismo tema que alejó a los latinos de Biden en 2024, es ahora lo que más los aleja de Trump

Entre los votantes latinos, la economía es uno de los temas que encabezan las preocupaciones. Según un análisis del Pew Research Center de noviembre de 2025, el 65% dijo desaprobar el enfoque del gobierno en materia de inmigración y el 61% afirmó que las políticas económicas de Trump habían empeorado la situación monetaria. 

Según una encuesta de Equis Research realizada entre el 10 y el 20 de marzo de 2026 con 2,000 votantes hispanos registrados, la relevancia de la inmigración cayó tras la guerra con Irán —del 27% al 8% como tema prioritario—, mientras la economía subió del 35% al 44%. La inmigración, sin embargo, sigue siendo un tema importante para este electorado.

De acuerdo con el mismo estudio, los latinos siguen siendo los más propensos a aprobar el control en la frontera, pero rechazan el enfoque de control migratorio en el interior del país. Casi tres de cada cuatro latinos (72%) quieren ver cambios, ya sea que eso signifique apoyar la reforma del ICE para prevenir la violencia y garantizar la rendición de cuentas (37%) o abolir el ICE porque está fuera de control y ninguna formación o rendición de cuentas podría reformarlo (35%). 

Los datos lo confirman: no existe un “voto latino” único, este electorado apoya candidaturas según sus resultados, premia o castiga si la economía va bien o va mal; puede elegir a un republicano para presidente y a un demócrata para el Congreso en la misma boleta, según Equis Research, UnidosUS y otros estudios.

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Nuestros aliados de Se Habla Media de Seattle, Washington, nos comunicaron que en su comunidad se pregunta si los bancos están recolectando información de ciudadanía de sus clientes.

En Factchequeado investigamos y hasta el 4 de mayo de 2026 no se ha firmado ninguna orden ejecutiva que obligue a los bancos a recopilar datos sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, según una revisión de las páginas de la Casa Blanca y del Registro Federal, donde se publican las regulaciones federales y las órdenes ejecutivas del presidente.

Existe el proyecto de Ley Conozca a su Cliente Estadounidense (Know Your American Customer Act), del senador republicano por Arkansas Tom Cotton que, de aprobarse, requeriría un estatus legal o ciudadanía para abrir una cuenta bancaria. Este proyecto de ley fue introducido el 25 de marzo de 2026, según un comunicado de la oficina de Cotton. Sin embargo, no ha sido sometido a votación en ninguna de las dos cámaras del Congreso hasta la fecha de publicación de este artículo.

Los bancos deben verificar la identidad de sus clientes, pero por el momento no requieren información sobre el estatus migratorio o ciudadanía

Según explica Thomson Reuters, el Programa de Identificación de Clientes (CIP), un mandato federal, requiere que las instituciones financieras, como bancos o cooperativas de crédito, verifiquen la identidad de personas y entidades que solicitan abrir nuevas cuentas. Las organizaciones financieras deben hacer esa verificación de identidad como parte de sus esfuerzos de “conocer a su cliente” (know your customer o KYC, en inglés) y de prevención de lavado de dinero (anti-money laundering o AML). 

El requisito del CIP fue establecido bajo el USA Patritot Act de 2001 y tiene como base la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act o BSA) de 1970. 

La información que se recoge para verificar la identidad actualmente incluye el nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información de identificación —como un número de identificación fiscal (tax ID) o número de Seguro Social (SSN). 

El estatus de ciudadanía no es uno de los datos requeridos, según indicó American Action Forum, un think tank de centro derecha.

Bancos como Chase, Bank of America o PNC explican en sus páginas que los no residentes pueden abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin un SSN utilizando un número de  identificación personal del contribuyente (ITIN). Los bancos también solicitan pasaporte extranjero o identificación consular.

De implementarse, representaría un costo adicional para los bancos y podría plantear preocupaciones sobre la privacidad

George Braunegg, profesor de la Universidad del Sur de California, dijo a Business Insider que la orden ejecutiva, de implementarse, incrementará “sin duda” los costos de los bancos. 

“Nuevos procedimientos de incorporación, actualizaciones del sistema, auditorías y supervisión legal. No son algo puntual, son continuos”, agregó.

El cambio podría hacer que los costos de implementación se agreguen a las tarifas de las cuentas, o que los bancos pierdan clientes y dinero principalmente de clientes internacionales o de alto patrimonio ya que tienen la posibilidad de trasladar sus servicios bancarios a otro lugar, dijo Braunegg

Anil Kashyap, profesor de economía y finanzas en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, dijo a Business Insider que la orden ejecutiva podría generar preocupaciones sobre la privacidad de quienes no quieren compartir “aún más información con los bancos”.

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El cierre del DHS –que duró 76 días– inició el 13 de febrero de 2026, cuando algunas de sus operaciones quedaron en pausa porque el presupuesto para operar no había sido aprobado. 

¿Por qué se había quedado sin financiamiento el DHS?

Varias agencias del gobierno de Estados Unidos dependen de fondos que deben ser aprobados por el Congreso, y si los congresistas no acuerdan un presupuesto (como ocurrió en octubre 2025, cuando ocurrió el shutdown del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos y en febrero de 2026, con el DHS), estas agencias “cierran” –pausan algunas de sus operaciones– hasta tanto lleguen a un acuerdo.

¿Por qué no había acuerdo en el Congreso?

Los demócratas exigían que el proyecto de ley presupuestaria para el DHS incluyera regulaciones para agentes migratorios, como la prohibición del uso de máscaras para taparse el rostro, además de hacer obligatorio el uso de cámaras corporales y reafirmar que los funcionarios necesitan una orden judicial para poder entrar a hogares (esto último, según expertos, es un principio del debido proceso establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución). Los republicanos, por su parte, exigían un financiamiento completo a todas las agencias (incluyendo ICE y CBP) sin condiciones.

Finalmente, el 30 de abril de 2026, la Cámara de Representantes votó a favor de un proyecto que había sido previamente respaldado por el Senado. Esta ley financia el DHS hasta el 30 de septiembre de 2026, pero –como pedían los demócratas– no incluye fondos adicionales para ICE ni para operaciones de seguridad fronteriza de la Patrulla Fronteriza, según una revisión hecha por Factchequeado a la ley aprobada. No obstante, los demócratas no lograron incluir en la ley sus demandas de mayores regulaciones para los agentes migratorios.

Sin embargo, en febrero de 2026, Todd Lyons, quien era entonces director interino de ICE, afirmó que era correcto decir que un cierre del DHS no tendría mucho impacto en las operaciones de la agencia por los 75,000 millones de dólares que recibió ICE gracias a la One Big Beautiful Bill (OBBB). 

Los 75,000 millones de dólares que la OBBB destinó a ICE la convirtió en una agencia “a prueba de shutdown”, afirma Dominik Lett, analista en temas presupuestarios del think-tank libertario Cato Institute.

El caso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es similar al de ICE. La CBP recibió alrededor de 65,000 millones de dólares bajo la OBBB. Es decir, tuvo fondos disponibles durante el cierre del DHS. La OBBB permite que tanto ICE como CBP puedan “continuar y expandir sus operaciones sin la aprobación de los encargados de las asignaciones presupuestarias del Congreso”, indica Lett.

El cierre sí impactó a los empleados de TSA

El cierre afectó al 95% de los empleados de TSA a quienes se les exigió trabajar sin recibir paga mientras duró el cierre, informó ante el Congreso Ha Nguyen McNeill, administradora interina de TSA. Esto se tradujo en retrasos en las filas de seguridad en los aeropuertos, de manera similar a cierres anteriores.  Para finales de marzo, más de 3,200 trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (que representa casi 11%) faltaron a sus labores, y alrededor de 460 habían renunciado a la agencia, informó Nguyen McNeill en un testimonio ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

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* Esta nota fue actualizada el 1 de mayo de 2026 luego de que se aprobara una nueva ley de financiamiento para el DHS.

Los centros de crisis de embarazo –crisis pregnancy centers o CPC, en inglés– son organizaciones sin fines de lucro, en su mayoría religiosas, que ofrecen servicios de salud reproductiva gratuitos (como ultrasonidos y pruebas de embarazo) y se autodenominan “proveedores de información basada en evidencia”, “precisa” y “basada en hechos” para mujeres con embarazos no planificados. Sin embargo, varios estudios liderados por médicos y una revisión independiente llevada a cabo por Factchequeado y Public Good News muestran que estos centros, en realidad, buscan disuadir a las personas embarazadas de acceder al aborto a través de afirmaciones falsas o engañosas sobre los riesgos del aborto. 

“He tenido pacientes que me han informado que [en estos centros] les han dicho una edad gestacional de sus embarazos que no coincidía con la que nosotros medíamos en la clínica”, afirma el Dr. Jonas Swartz, ginecobstetra y profesor asociado de obstetricia en la Universidad de Duke. “He visto pacientes que han recibido diagnósticos erróneos de aborto espontáneo o de embarazo ectópico, o confusión sobre la localización y la viabilidad del embarazo, y que les han dicho cosas como: ‘es muy probable que tengas un aborto espontáneo, así que probablemente no necesitas realizarte un aborto’”.

La mayor concentración de estos centros está en Texas (205 centros), seguido de Florida (161), según datos de 2024 del Crisis Pregnancy Map, un proyecto liderado por la Dra. Andrea Swartzendruber, profesora asociada en el departamento de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Georgia y la Dra. Danielle Lambert, profesora de la escuela de Salud Pública en la misma universidad. Ambos estados, de alta concentración de población latina, financian a estos centros con dinero de los contribuyentes.

Revisamos más de una decena de páginas web de centros de crisis de embarazo en Texas y en Florida y encontramos varias narrativas desinformantes que se repiten.

Afirman que “la píldora abortiva se puede revertir”, pero eso no está respaldado por la ciencia

En Venice, Florida, Pregnancy Solutions afirma en su página web: “It may not be too late to save your pregnancy” (puede que no sea muy tarde para salvar tu embarazo), ofreciendo la supuesta reversión del aborto a través de medicamentos. También en Florida, First Coast Women’s Services dice que provee un servicio de “rescate” para quienes hayan ingerido la pastilla. En Waco, Texas, Care Net of Central Texas, también asegura que si una persona ha tomado sólo la primera pastilla puede “posiblemente revertir los efectos” si actúa rápido.

Pero esas afirmaciones “no están respaldadas por la ciencia”, afirma en su página web el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología (ACOG, por sus siglas en inglés), añadiendo que no cumplen estándares clínicos de seguridad o eficacia.

“[Los centros de crisis de embarazo] afirman que, al tomar una dosis alta de progesterona después de haber tomado la primera pastilla del régimen de aborto con medicamentos, pueden revertir los efectos de la primera pastilla, [sin embargo], no hay datos revisados por pares que respalden eso”, explica Swartz a Factchequeado y Public Good News.

Dicen que el aborto “puede causar infertilidad en el futuro”, pero no explican que el riesgo es bajo y que ocurre sólo durante procedimientos quirúrgicos

En Texas, el Heart of Texas Pregnancy Resource Center afirma en su página web que provee “información precisa y factual”, pero incluye entre los “riesgos físicos” del aborto el de “infertilidad futura”. En Florida, First Coast Women’s Services –que se describe como proveedor de información médica basada en evidencia– también asegura que un aborto quirúrgico puede “afectar la fertilidad futura”.

Los expertos a los que consultamos, Swartzendruber y Swartz, confirmaron que el aborto no causa infertilidad. Además, un reporte de 2018 de una comisión de expertos de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM, por su siglas en inglés) también concluyó que tener un aborto no aumenta el riesgo de infertilidad secundaria. El Colegio de Obstetras, por su parte, afirma que “la evidencia muestra que el aborto no está asociado con un mayor riesgo de infertilidad” y enumera esta afirmación entre las que suelen hacer estos centros para divulgar “riesgos falsos” sobre el aborto.

La Clínica Mayo explica que en el caso de abortos quirúrgicos, en los que los médicos extraen el tejido del embarazo del útero a través de la vagina, “algunos estudios han encontrado que puede aumentar ligeramente el riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo o bajo peso al nacer en futuros embarazos”, pero que otras investigaciones “no encontraron ese aumento del riesgo”.

La Clínica Mayo también indica que ese procedimiento quirúrgico también puede causar síndrome de Asherman, que es la formación de tejido cicatricial dentro del útero o del cuello uterino y que puede ocasionar dificultad para quedar embarazada. El riesgo de que ocurra, según la Clínica Mayo, es bajo y, según el Colegio de Obstetras, “usualmente puede revertirse con cirugía".

Un estudio publicado en 2021 en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el riesgo de desarrollar este síndrome era de 1.6%. Este riesgo aumenta 4.6 veces a partir de 3 o más abortos, indica el estudio. 

Aseguran que el aborto aumenta el riesgo de “depresión y conductas suicidas”, pero no se ha probado una relación causal entre ambos, indican expertos

En Texas, Heart of Texas Pregnancy Resource Center incluye en “riesgos para la salud mental” causados por un aborto, “la depresión o pensamientos suicidas”. También en Texas, Hope Pregnancy Center afirma que muchas mujeres sufren efectos emocionales y psicológicos por “años o incluso décadas” después de un aborto. 

En Florida, First Coast Women’s Services asegura que la píldora abortiva está asociada con problemas mentales de largo plazo relacionados con “trauma, ansiedad y depresión". Y Care Net of Indian River County, en Vero Beach, también en Florida, enumera “posibles efectos en la salud mental después de un aborto”, como “depresión, ansiedad, baja autoestima, abuso de sustancias y conductas suicidas”.

Sin embargo, los expertos consultados confirman que no ha sido demostrado que el aborto tenga una relación directa con problemas de salud mental o conductas suicidas. Al contrario, como afirma Andrea Swartzendruber, cocreadora del mapa de centros de crisis de embarazo, las investigaciones han demostrado que al comparar a “personas que obtuvieron un aborto con personas que ya estaban demasiado avanzadas en su gestación y no pudieron acceder al aborto que deseaban; a lo largo de cinco años, quienes no obtuvieron el aborto que querían tuvieron los peores resultados en cuanto a salud mental”. De igual manera, la comisión de expertos de las NASEM concluyó que el aborto no aumenta el riesgo de trastornos mentales como depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático.

Algunos estudios, como los de Fergusson et al. (2006, 2008) y de Coleman et al. (2011), reportaron una asociación entre aborto y problemas de salud mental, pero un grupo multidisciplinario de investigadores, indicaron en 2024, que esos trabajos tienen “serios problemas metodológicos” incluyendo “errores de interpretación, incluida la atribución errónea de efectos causales”.

Los expertos advierten que estos estudios no tomaron en cuenta si las mujeres ya enfrentaban factores que elevan el riesgo de depresión o ansiedad, como antecedentes de salud mental, desventaja socioeconómica, estigma social o violencia interpersonal, y tampoco tomaron en cuenta si el embarazo era no deseado.

Estos expertos destacan en su revisión de estudios sobre el tema que algunos han encontrado que “las tasas de problemas de salud mental en mujeres con un embarazo no deseado eran las mismas, independientemente de si abortaban o daban a luz” y que “el predictor más confiable de problemas de salud mental después del aborto era tener antecedentes de problemas de salud mental antes del aborto”. Los investigadores indican que en diciembre de 2026 publicarán sus conclusiones definitivas sobre los estudios que se han hecho sobre el tema.

Afirman que el aborto causa un síndrome llamado “síndrome post-aborto”, pero esta afección no existe, según expertos

Pregnancy Resource Center East, en Texas, afirma que el síndrome post-aborto se refiere a que “frecuentemente luego de un aborto, las mujeres padecen una variedad de problemas mentales y psicológicos”. Además, Mosaic Sexual Clinic, en Florida, también afirma que “el síndrome de estrés post-aborto es muy real”. Sin embargo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría afirma que no hay evidencia de que esta afección exista y que no es una condición “reconocida como un diagnóstico oficial ni por la Academia Estadounidense de Psiquiatría ni por la Academia Estadounidense de Psicología”.

Afirman que el aborto causa cáncer de seno, pero estudios han demostrado que el aborto provocado no aumenta el riesgo de cáncer de seno

Foundations of Life, en Florida, menciona “vínculos entre el aborto y el cáncer de seno” y Restore Reproductive Health, en Texas, enlaza y recomienda la lectura de un artículo de la Asociación Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras Provida que afirma que un aborto inducido aumenta el riesgo de cáncer de seno. 

Sin embargo, según el Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad Americana contra el Cáncer y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, estudios recientes han demostrado que no existe ninguna relación de causa entre el aborto quirúrgico y un aumento en el riesgo de cáncer de seno. 

Como lo explica la Sociedad Americana contra el Cáncer, estudios de los años 90 sugirieron que el aborto quirúrgico “estaba asociado a un mayor riesgo de cáncer de seno”, pero esos estudios presentaban límitaciones. La organización afirma que estudios más recientes y más rigurosos han encontrado consistentemente que el aborto no aumenta el riesgo cáncer de seno.

Desinformación financiada con dinero de los contribuyentes

Las legislaturas de Texas y Florida destinan dinero público al financiamiento de los centros de crisis de embarazo. Para los años fiscales 2026 y 2027, Texas aportó 90 millones de dólares para apoyar a estos centros, a través del programa Thriving Texas Families, según muestra la ley presupuestaria aprobada en 2025.

En Florida, la legislatura estatal, para el año fiscal 2025 - 2026, aprobó 29.5 millones de dólares para este tipo de centros. 

Estos casos responden a un patrón

Un análisis de 2014 de 254 sitios web que representaban 348 CPC en 12 estados, realizado por investigadores del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, concluyó que 80% de las páginas incluía al menos una afirmación falsa o engañosa sobre los riesgos del aborto, siendo las más frecuentes la asociacion del aborto con riesgos de salud mental (48% de los sitios), parto prematuro (21%), cáncer de mama (20%) e infertilidad futura (13%).

Un estudio publicado en 2025 realizado por un grupo multidisciplinario de investigadores, incluyendo de la Escuela de Salud Pública de Ohio State University y del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Cincinnati, encontró que los mensajes desinformantes impulsados por los CPC coincidían con materiales de capacitación de las organizaciones cristianas antiaborto Heartbeat International (que asegura tener más de 1,445 CPCs afiliados) y Care Net (que asegura tener más de 1,200 CPC afiliados). Entre los mensajes identificados por los investigadores está que el aborto con medicamentos puede “revertirse”, que el aborto causa trauma psicológico o que algunos anticonceptivos son abortivos y que su uso de anticonceptivos aumenta la susceptibilidad a infecciones de transmisión sexual.

En 2024, un análisis de 1,825 sitios web de CPC en todo el país, publicado en JAMA Internal Medicine por expertos de la University of Michigan Medical School, la University of California San Diego y la Johns Hopkins University, halló que el 30.4% de las páginas promocionaba la supuesta “reversión” de la píldora abortiva. 

Expertos afirman que los centros de crisis de embarazo son engañosos 

“[Estos centros dicen] que apoyan todas las opciones y que ofrecen asesoramiento sobre las opciones en caso de un embarazo, sin embargo, no son transparentes sobre sus posturas antiaborto”, agrega Swartzendruber a Factchequeado y Public Good News. “Su ‘asesoramiento’ está diseñado básicamente para disuadir a las personas o desviarlas de siquiera considerar y obtener abortos”. 

Además, como afirman los expertos que consultamos y varios estudios, incluidos los de Polcyn, et al (2020) y Montoya, et al (2022), estos centros intentan hacerse pasar por clínicas de aborto o de salud reproductiva legítimas, pero en su mayoría, quienes trabajan allí no son médicos ni proveedores de atención médica operando bajo licencia, sino voluntarios.

La fiscalía general de Nueva Jersey investiga si First Choice Women’s Resource Centers, uno de los centros de recursos para embarazadas del estado, ha dado información “engañosa” a mujeres y donantes. La Fiscalía General del estado sostiene que algunos materiales de First Choice podían llevar a donantes a creer que la organización proveía abortos, aunque First Choice no los ofrece ni conecta a pacientes con proveedores de aborto. En medio de esa investigación, la fiscalía emitió una citación para que First Choice entregara información personal de sus donantes, pero el centro se negó con el argumento de que la exigencia violaba su derecho de libertad de asociación bajo la Primera Enmienda. La Corte Suprema sentenció por unanimidad, el 29 de abril de 2026, que First Choice puede desafiar esa citación ante una corte federal. *

Cómo identificar un centro de crisis de embarazo en línea

Según los expertos que consultamos, estas son algunas de las características usuales de las páginas web de los centros de crisis de embarazo, según comprobamos en esta investigación:

• Énfasis en ofrecer ultrasonidos gratis, como forma de captar pacientes

• Ofrecen la “reversión del aborto”

• Mencionan el “asesoramiento sobre el aborto”, “asesoramiento posterior al aborto”, “atención posterior al aborto” o “síndrome post aborto”, que Swartz afirma que es un síndrome inventado

• Ofrecen “grupos de apoyo post aborto”

• No mencionan ni muestran a quienes trabajan en sus clínicas o sus credenciales 

• No ofrecen métodos anticonceptivos (como condones o pastillas anticonceptivas)

• En la sección inferior del sitio web, advierten que no ofrecen servicios de aborto ni derivación a servicios de aborto

Para saber si una clínica es un centro de crisis de embarazo (CPC) o no, puedes verificar en la herramienta de búsqueda del mapa de centros de crisis de embarazo, con el código postal o el nombre del centro. Y para encontrar información sobre salud reproductiva en tu estado, visita Bedsider, que ofrece centros de salud reproductiva que ofrecen anticonceptivos. En Abortion Finder ofrecen un buscador de proveedores de aborto.

Este artículo es una colaboración entre Factchequeado y Public Good News. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

* Esta nota fue actualizada el 30 de mayo de 2026 tras el fallo de la Corte Suprema a favor de First Choice

Lo que muestran los datos

Algunos cubanos tienen la posibilidad de ajustar su estatus a residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. USCIS explica que, bajo esta ley, aquellos cubanos que cumplan ciertos requisitos –como haber sido inspeccionados en un puerto de entrada y admitidos o haber recibido parole y haber estado físicamente presentes en Estados Unidos durante al menos un año– pueden aplicar para obtener residencia permanente.

Sin embargo, los cubanos fueron impactados por la suspensión del proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, conocido como CHNV o parole humanitario, y están sujetos a la pausa administrativa de procesamiento de solicitudes migratorias (incluyendo las de residencia permanente) impuesta por USCIS en diciembre de 2025 (y expandida en enero de 2026) a ciudadanos de 40 países, incluyendo Cuba y Venezuela, por ser considerados de “alto riesgo”.

Los datos oficiales muestran que en enero de 2025, USCIS, recibió 22,880 solicitudes de residencia permanente de cubanos mediante el Formulario I-485 y aprobó 10,034. Un año después, en enero de 2026 (el dato más reciente disponible), recibió 7,086 solicitudes, pero aprobó 15. Eso representa una caída de 99.9% en comparación.

En paralelo, los datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project y analizados por Factchequeado, muestra que los arrestos administrativos (los que se llevan a cabo por infracciones migratorias) de cubanos por parte de ICE aumentaron de 207 arrestos en enero de 2025 a 1,008 en enero de 2026. Es decir, un incremento de 387%.

Factchequeado construyó estas gráficas a partir de la data mensual de aprobaciones de residencia permanente para cubanos disponible en los reportes mensuales de USCIS.

No es un fenómeno que ocurre sólo en solicitudes de cubanos

El centro de investigación libertario Cato Institute publicó en abril de 2026 n análisis que muestra que USCIS redujo las aprobaciones de green cards en general “casi a la mitad”, con los recortes más fuertes en categorías humanitarias, incluidas las de refugiados y asilados. 

El centro de investigación Niskanen Center también ha documentado una caída en el procesamiento de beneficios migratorios por parte de USCIS. En su actualización de marzo de 2026, señaló que USCIS completó en enero de 2026 casi 59% menos casos que en enero de 2025 entre los formularios reportados, y que el año fiscal 2025 terminó con 11.65 millones de casos pendientes, un aumento de 23% frente al final del año fiscal 2024.

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Luego del tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C. el 25 de abril de 2026, en la que por primera vez participaba Donald Trump como presidente, comenzaron a circular teorías de conspiración y desinformaciones sobre lo ocurrido, afirmando –sin evidencias– que se había tratado de un operativo de “bandera falsa” (una acción hostil llevada a cabo por un grupo, pero diseñada para responsabilizar a otro) orquestado por el mismo gobierno de Trump o por el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu.

Minutos después de que ocurriesen los tiroteos, la frase “bandera falsa” y las oraciones que relacionaban “Trump” y “montaje” se dispararon en Facebook, Instagram, X, y YouTube, desde cuentas basadas en México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con un análisis hecho por Factchequeado en la herramienta Talkwalker de Hootsuite.

No es un fenómeno nuevo: en Factchequeado te hemos advertido que cuando ocurren eventos impactantes, los desinformantes buscan divulgar en redes sociales y medios contenidos falsos o dar explicaciones sin evidencias para ganar fama, dinero o poder.

Afirmaciones de que fue un “montaje” 

En publicaciones, como esta o esta en TikTok o esta en Facebook, afirman que el ataque del 25 de abril de 2026 durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca fue un montaje. Algunos de estos contenidos dicen que es sospechoso que el ataque ocurriera cuando se registran cifras bajas de aprobación de Trump en su segundo mandato. Según un promedio de encuestas realizado por The New York Times, Trump tenía un 38% de aprobación y 58% de desaprobación para el 22 de abril de 2026. 

Pero, no hay información que sustente que se trata de un montaje. Como te contamos en Factchequeado, el atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Durante el ataque, el sospechoso intercambió disparos contra agentes del Servicio Secreto. Uno de los agentes fue impactado en una ocasión y fue hospitalizado durante unas horas. 

Allen compareció ante una corte en Washington DC el 27 de abril de 2026. Su caso será procesado por los fiscales federales adjuntos Jocelyn Ballentine, Charles Jones y Adam Barry. Fue imputado por 3 cargos penales: intento de asesinar al presidente, transporte interestatal de armas y disparar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. El 30 de abril se llevará a cabo una audiencia de detención y el 11 de mayo una audiencia preliminar, informó la BBC.

La frase de “habrá algunos disparos” de Karoline Leavitt se refería al discurso de Trump

Algunas de las publicaciones, como esta en TikTok, o esta y esta en Facebook, justifican la afirmación de que el ataque fue un montaje a partir de una entrevista con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, transmitida por la cadena Fox News antes del ataque. 

Leavitt dice “it'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room”. Si traducimos esta frase de manera literal al español significa “será divertido, será entretenido. Habrá algunos disparos esta noche en la sala”. Sin embargo, la frase “shots fired” también es usada de manera humorística en inglés para referirse a algo que puede ser polémico y Leavitt pronunció esa frase en el contexto del discurso que Trump iba a decir en ese evento. 

Poco antes de la respuesta de Leavitt, el presentador del programa Fox News Saturday Night, Jimmy Failla le había preguntado si Trump estaba listo para el evento, a lo que ella respondió: “Está listo para la batalla, se lo aseguro. El discurso de esta noche será un clásico de Donald J. Trump. Será divertido, será entretenido”. Esta primera parte de la entrevista, donde precisa que ella se refiere al discurso, no está incluida en las publicaciones desinformantes.  

Fox News no cortó una entrevista donde una periodista supuestamente admitía que fue una operación de bandera blanca

Otro elemento que utilizan los contenidos desinformantes, como este en X o este en Facebook, es una entrevista por llamada telefónica de Fox News con la periodista Aishah Hasnie, que supuestamente fue cortada o interrumpida cuando parecía indicar que el ataque fue “una operación de bandera blanca”. Hasnie estaba contando al medio que el esposo de Leavitt estaba sentado junto a ella durante el evento y que le estaba aconsejando que debía cuidarse mucho antes de que se quedara en silencio. 

“Se inclinó un poco hacia mí y me dijo: ‘¿Sabes? Te veo en la televisión; haces un gran trabajo. Tienes que tener mucho cuidado’. Y se puso muy serio al decirme eso. Luego miró a su alrededor y añadió: ‘¿Sabes? Hay algunos…’”, dijo Hasnie antes de quedarse en silencio. Uno de los presentadores dijo posteriormente: “Parece que perdimos la conexión con el teléfono de Aishah. Por cierto, esto suele ocurrir, especialmente cuando hay tantas personas intentando utilizar el mismo servicio al mismo tiempo”.

En una publicación del 26 de abril de 2026 desde su cuenta en X, Hasnie  dijo que las llamadas se cortaban “ya que apenas hay cobertura en ese salón de baile” y terminó de contar la historia que estaba compartiendo al aire. “Para terminar la historia, él me estaba diciendo que tuviera cuidado con mi propia seguridad, porque el mundo está loco. Algo que mi propio padre y otras personas también me han comentado recientemente”, dice parte de la publicación de Hasnie.

Circuló una imagen del sospechoso con una camiseta del Ejército israelí, pero la imagen tiene inconsistencias

Tanto cuentas en inglés (incluyendo el medio estatal ruso RT y el medio estatal iraní Tasnim News) como en español divulgaron una imagen de baja resolución en la que aparece el sospechoso en una silla con una camiseta de las Fuerzas de Defensa de Israel, para afirmar que todo había sido un montaje llevado a cabo por el Mossad (la agencia de inteligencia israelí).

Sin embargo, la imagen tiene inconsistencias y algunas herramientas detectan que pudo ser generada con inteligencia artificial, como Undetectable AI y Deep AI, que dan como resultado que la imagen fue generada con IA.

No todas las herramientas dieron un alto grado de probabilidad de que la imagen haya sido generado con IA (por ejemplo, Hive Moderation arrojó un 2.2% de probabilidad que lo fuese y Sight Engine, un 48%), pero es allí donde la observación es clave.

Al analizar detalladamente la imagen se observan inconsistencias, como la textura del pantalón fusionada con el sillón y la mano derecha mezclada con la lata.

Contactamos al Departamento de Justicia (que ya presentó cargos criminales contra el sospechoso) para confirmar si la imagen realmente corresponde con el acusado, pero para el momento en el que publicamos esta nota, no habíamos obtenido respuesta.

Vance fue evacuado antes que Trump

Algunos contenidos, como este o este en X, incluyen un video en los que se ve que evacuan al vicepresidente JD Vance antes que a Trump y sugieren que eso prueba que el incidente fue un montaje. En las imágenes se puede ver cómo dos personas retiran a Vance e inmediatamente después entran  agentes armados y con chalecos antibalas que se colocan frente al puesto de Trump en la mesa poco antes de que el presidente fuera escoltado fuera del lugar. 

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos, dijo ao Newsweek –a propósito de los mensajes que circulan sobre la salida de Vance primero– que, aunque él entiende que “las cosas puedan parecer de cierta manera”, qu “por favor tengan la certeza de que los equipos de protección mantienen comunicación por radio en tiempo real y existe un proceso metódico para el traslado seguro de las personas bajo protección”. 

“En cada lugar donde se brinda protección, el Servicio Secreto despliega un sofisticado marco de seguridad por niveles. Estas medidas se calibran rigurosamente durante el proceso de planificación previa y resultaron fundamentales para mitigar la amenaza y evitar daños graves”, agregó.

Mark Herrera, presidente y estratega jefe de seguridad de Global Awareness Professionals (GAP), una compañía de Texas especializada en capacitación en seguridad y liderazgo, dijo a Newsweek que el hecho de que Vance fue evacuado antes se debe a que “él se encontraba en una posición que permitía su extracción de manera segura y rápida”. El equipo de seguridad de Trump, por otro lado, “requirió unos segundos cruciales para interponerse como escudo, evaluar la amenaza y tomar el control de la situación antes de evacuarlo”, agregó.

No hay pruebas de que Usha Vance aparezca con el atacante en reporte de noticias de 2017

Después del tiroteo en la cena de los corresponsales, se difundió como actual un reporte del medio ABC7 LA de 2017, en el que Allen, descrito como un estudiante del Instituto Tecnológico de California, explica su prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas. El reportaje corresponde a la conferencia “Aging into the Future” (Envejeciendo hacia el futuro) que permitió a los asistentes probar los productos con “potencial de enriquecer las vidas de las personas mayores” y tuvo lugar el 16 de febrero de 2017. En uno de los clips del reportaje. frente de un cartel con el logo de la organización SmallCircles, se ve una mujer de tez morena y cabello negro con una bufanda azul y blanco.. 

Usuarios en redes sociales, como este en X, afirman que esa mujer es Usha Vance, esposa del vicepresidente de Estados Unidos; pero, no hay pruebas que lo corroboren. En la web de SmallCircles –según una versión archivada de la página del “About us” de 2018 ubicada por el medio de verificación Snopes– se ve la foto de una mujer muy parecida a la del video de 2017 que es identificada como Arati Desai Wagabaza, fundadora y directora ejecutiva de la organización. 

SmallCircles se describe en X como “una aplicación móvil que conecta a cuidadores familiares de personas mayores en comunidades locales, pequeñas y privadas para compartir recursos, experiencias e ideas”. Al buscar el nombre de Wagabaza en Google encontramos un perfil de LinkedIn de una mujer parecida a la del reportaje de 2017 que incluye en la sección de experiencia laboral la posición de “fundadora y directora ejecutiva” de SmallCircles entre 2015 y 2018. 

Usha Vance, en cambio, trabajó como asistente del presidente de la Corte Suprema durante la sesión 2017-2018 y residía en Washington DC en ese entonces, señaló Snopes.

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La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que las organizaciones Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways, además de el condado de El Paso, no podían continuar con la demanda porque no tienen standing, que significa que para poder demandar a alguien en una corte federal estadounidense tienes que demostrar que el asunto afecta directamente a quien demanda, no a la sociedad en general.

Los jueces no pronunciaron nada sobre si era constitucional o no, sino que las organizaciones que la impugnaban no tenían el derecho legal de hacerlo.

Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la medida cautelar que bloqueaba la SB4 permanece técnicamente en vigor hasta el 15 de mayo de 2026, fecha en que el Quinto Circuito emitirá su mandato oficial. 

Cómo y cuándo surgió la SB4 

El 27 de noviembre de 2023, la legislatura de Texas, dominada por el Partido Republicano, envió al escritorio del gobernador Greg Abbott (también republicano) el proyecto de ley del Senado número 4 (mejor conocida como SB4, por Senate Bill 4, en inglés). Abbott promulgó el proyecto el 18 de diciembre de 2023, convirtiéndolo, así, en ley.

Esto es una versión simplificada de lo que ha pasado en las Cortes con la SB4 hasta el 19 de marzo de 2024**:

• 18 de diciembre de 2023: SB4 es promulgada y se espera que entre en vigencia en marzo de 2024.

• 29 de febrero de 2024: el juez federal de Texas David Ezra bloquea la ley por considerar que entra en conflicto con leyes federales.

• 2 de marzo de 2024: la Corte de Apelaciones del 5to Circuito deja sin efecto la decisión del juez Ezra y abre la puerta para que la ley entre en vigencia mientras se decide sobre su constitucionalidad. Los demandantes piden a la Corte Suprema que intervenga.

• 12 de marzo de 2024: uno de los magistrados de la Corte Suprema, Samuel Alito, suspende temporalmente la decisión del 5to Circuito. La ley vuelve a quedar temporalmente suspendida hasta el 18 de marzo.

• 18 de marzo de 2024: el día que expiraba la decisión de Alito, el mismo magistrado extiende la suspensión hasta que el pleno de los magistrados de la Corte Suprema decidiera si la SB4 puede entrar en vigencia o no.

• 19 de marzo de 2024: Esta parte la tenemos que dividir por horas porque muchas cosas ocurrieron ese día.

- 2:00 pm ET: la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema anuncian que todavía no pueden intervenir en la decisión del 5toCircuito. La SB4 entra en vigencia.

- 6:00 pm ET: la Corte de Apelaciones anuncia que el 20 de marzo de 2024 se realizará una audiencia sobre la posibilidad de mantenerla suspendida mientras estudia el caso.

- 11:44 pm ET: la Corte de Apelaciones se pronuncia otra vez y, antes de la audiencia del día siguiente, decide dejar sin efecto su propia decisión del 2 de marzo y bloquear nuevamente la SB4 de forma temporal.

• 20 de marzo de 2024: se realizó la audiencia en la Corte de Apelaciones del 5to Circuito. Se espera ahora que esa Corte de Apelaciones decida si mantener o no la suspensión. No obstante, durante la espera, la SB4 sigue suspendida. La Corte de Apelaciones puede tomar el tiempo que desee antes de tomar la decisión, confirmó a Factchequeado Raffi Melkonian, abogado basado en Houston con experiencia en apelaciones ante el 5to Circuito.

La SB4 había sido bloqueada por un juez federal de Texas el 29 de febrero de 2024. De acuerdo con el juez David Ezra, la SB4 entra en conflicto con la ley federal que regula el tema migratorio, y los estados no pueden ejecutar medidas migratorias a menos que estén autorizados por el gobierno federal. Texas apeló la decisión, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito indicó que la ley podría aplicarse mientras estudiaba el caso y, en ese proceso, los demandantes pidieron a la Corte Suprema que interviniera para que la volviese a bloquear.**

Sin embargo, la SB4 estuvo en vigencia el 19 de marzo de 2024 por casi 9 horas luego de que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos consideraran que, por el momento, no podían intervenir en la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, porque esa Corte todavía no había emitido una decisión sobre si suspender o no la aplicación de la ley. ***

La sentencia, redactada por la magistrada Amy Coney Barrett, dejaba abierta la posibilidad de bloquear la SB4 en el futuro, pero dependiendo de la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, que es la que está revisando la sentencia del juez Ezra de Texas. 

Tras la decisión de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones cambió su agenda: anunció a las 6:00pm ET que el 20 de marzo de 2024 realizaría una audiencia para analizar si bloquear temporalmente o no la SB4. Luego, casi a las 11:00 pm ET, anunció que mantendría la suspensión de la ley.

En diciembre de 2023 los expertos consultados por Factchequeado nos dijeron 2 cosas sobre la SB4:

1. Expresaron incertidumbre sobre cómo podría aplicarse la ley. Cuando leas esta historia te darás cuenta de que hay muchos aspectos de esta ley que no se sabe cómo se implementarían.

2. También coincidieron en que había una alta probabilidad de que la ley fuese bloqueada en las Cortes Federales antes de que entrara en vigor, algo que había ocurrido antes de la decisión de la Corte Suprema del 19 de marzo de 2024, y que volvió a ocurrir horas después tras la decisión de la Corte de Apelaciones.

Ahora sí vamos con lo que se sabe (y lo que todavía no) sobre la SB4.

1 - La ley busca establecer como una ofensa criminal estatal el cruce ilegal de la frontera

En Estados Unidos, quienes cruzan de forma irregular la frontera pueden enfrentar sanciones civiles o criminales establecidas en el Código Federal.

La ley SB4 busca establecer que Texas aplique sus propias sanciones a quienes crucen o intenten cruzar de forma irregular la frontera. La ley hace que Texas considere un cruce ilegal como un delito criminal menor en caso de una primera ofensa y un delito grave en caso de alguien que haya cruzado previamente de forma irregular y reincida.

Sin embargo, según el patrocinador de la ley, el representante republicano David Spiller, la SB4 no aplicaría para quienes hayan cruzado hace más de 2 años porque el Código Penal de Texas prohíbe que se presenten cargos por delitos menores (misdemeanors) que hubiesen ocurrido hace más de 2 años. La SB4 no es explícita en este punto, pero el Código Penal de Texas sí establece, como indicó Spiller, que los delitos menores prescriben a los 2 años.

2 - La ley busca que los jueces estatales tengan competencia en asuntos de inmigración y puedan ordenar deportaciones

Lo que se sabe: En Estados Unidos, las órdenes de deportación son emitidas por Cortes de Inmigración Federales que pertenecen al Departamento de Justicia de Estados Unidos. La ley de Texas busca que los jueces del estado (que no son jueces de inmigración) puedan ordenar a una persona que “regrese a la nación extranjera por donde entró” a Estados Unidos.

Además, la ley establece que si la persona se niega a regresar al país por donde habría ingresado ilegalmente a Texas, se le pueden presentar cargos por delito grave en segundo grado, que en ese estado acarrea una pena de entre 2 y 20 años de cárcel.

Ruby Powers, abogada de inmigración en Houston, Texas, y miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo en entrevista telefónica con Factchequeado que los jueces estatales no están entrenados en materia migratoria, por lo que no está claro cómo podrían decidir sobre asuntos migratorios que tradicionalmente se definen a nivel federal. La SB4 no precisa si existiría algún tipo de capacitación para que los jueces estatales puedan asumir competencias migratorias.

Christian Penichet-Paul, vicepresidente auxiliar de políticas públicas del National Immigration Forum, organización no partidista que “promueve el valor de los inmigrantes y la inmigración” en Estados Unidos, coincidió con la perspectiva de Powers: “[los jueces estatales] no tienen entrenamiento, ni conocimiento previo sobre las leyes de inmigración”; en cambio, “los jueces federales de inmigración necesitan tener cierto nivel de experiencia y entrenamiento para poder tomar decisiones”.

Thomas A. Saenz, presidente y director jurídico del Fondo Educacional Mexicano Americano para la Defensa Legal (MALDEF), dijo en entrevista telefónica con Factchequeado que jueces sin entrenamiento en temas migratorios pueden emitir sentencias “con gran inconsistencia” y que es por eso que la Constitución estadounidense no establece que cada estado pueda crear su propio sistema de inmigración.

3 - ¿Es cierto que con la SB4 los policías de Texas podrán pedirle papeles a cualquiera?

De acuerdo con los expertos, antes de poder pedirle a alguien sus documentos los funcionarios necesitarían una causa probable (probable cause, en inglés), es decir, deben tener alguna evidencia que les lleve a creer que la persona ha cruzado ilegalmente la frontera de Texas. No obstante, la SB4 no establece específicamente qué puede ser considerado como “causa probable”.

La abogada Powers afirma que, como la ley no lo precisa, no está claro cómo la policía estatal podría determinar que alguien posiblemente haya cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos a través de Texas. Penichet-Paul añade que tampoco está claro qué deben considerar los policías como “causa probable”.

Saenz, presidente de MALDEF, añade que los policías locales y estatales “no conocen las leyes de inmigración, ni saben cómo investigar apropiadamente” asuntos migratorios.

Spiller, el legislador que impulsó la ley, dijo en una entrevista con un medio local el 30 de noviembre de 2023 que mientras más lejos de la frontera se esté, más difícil será demostrar que alguien ha cruzado de manera irregular, pero aún así afirma que le parece importante que cada condado de Texas tenga la autoridad de aplicar la SB4. Spiller también añadió que cree que el enforcement de la SB4 ocurrirá principalmente en áreas fronterizas. Este punto no está establecido en la ley.

La SB4 establece, en cambio, lugares en donde los policías tendrían prohibido arrestar o ejercer algún tipo de acción relacionada con la ley. Esos lugares son:

1. Escuelas primarias o secundarias, públicas o privadas

2. Templos religiosos

3. Centros de salud

4. Instalaciones donde se atienden a sobrevivientes de abuso sexual, llamados en Texas Safe-Ready Facilities

4 - ¿Podrían pedirme los papeles si vivo en otro estado y estoy transitando por Texas?

No está claro. Penichet-Paul cree que es más probable que la SB4 busque aplicarse con mayor énfasis en zonas fronterizas. La abogada Powers dice que es probable que el sheriff de cada condado (fronterizo o no) determine qué tanto esfuerzo quiere que su oficina dedique al cumplimiento de la SB4.

Ante la duda, la abogada Powers recomienda que cualquier inmigrante que vaya a transitar por Texas lleve consigo los documentos que demuestren su estatus migratorio legal en Estados Unidos. Penichet-Paul dice que es poco probable que alguien que no viva en Texas se vea afectado, pero que vale la pena esperar a saber con mayor detalle cómo sería implementada la SB4.

Importante: la SB4 establece en su artículo 5B.003 que un juez no puede reducir los cargos “basado en que una determinación federal sobre el estatus migratorio del acusado está pendiente o será iniciado”.

Penichet-Paul, del National Immigration Forum, dijo a Factchequeado que este artículo permitiría que puedan ser detenidos y procesados aquellos que hayan cruzado irregularmente la frontera aunque tengan una solicitud de asilo pendiente (pending asylum, en inglés) o que manifiesten su intención de solicitar asilo. La abogada Powers coincide con esta posición. 

Esto también se lee en una carta de los 3 jueces de Texas que se pronunciaron en contra de la ley en 2023 y en la que afirmaron que la SB4 los obligaría a “deportar personas incluso si están en el proceso de solicitud de asilo”.

Las personas con asilo aprobado y con DACA (quienes llegaron a este país sin documentos cuando eran niños) sí estarían protegidas, de acuerdo con la ley.

Por otra parte, como te comentamos en el punto anterior, el autor de la ley afirma que mientras más lejos de la frontera se esté, más difícil sería probar que alguien ha cruzado ilegalmente la frontera y que cree que se aplicará principalmente en zonas fronterizas, donde las autoridades locales sí puedan probar que alguien ha cruzado irregularmente la frontera recientemente. Pero lo cierto es que la SB4 es una ley estatal, y no incluye excepciones territoriales, por lo que cualquier condado de Texas (fronterizo o no) puede implementarla.

5 - ¿Se han implementado leyes similares en otros estados? ¿Hay algún precedente?

Los expertos mencionaron 2:

1. Arizona, 2010: la legislatura aprobó ese año la SB2010, que requería que la policía averiguara el estatus migratorio de cualquier persona que los funcionarios consideraran que posiblemente no tenía estatus legal en el país. En 2012 la Corte Suprema anuló partes de esa ley por considerar que estaba interfiriendo en áreas que son competencia del gobierno federal.

2. Pensilvania, 1939: César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho de la Ohio State University, se refirió a este caso como un precedente. Ese año la legislatura de Pensilvania aprobó una ley que obligaba a crear un registro anual para los extranjeros y llevar consigo la tarjeta de registro, o de lo contrario enfrentarían cargos criminales. En 1942 la Corte Suprema invalidó la ley bajo el argumento de que el gobierno federal es el encargado de los asuntos migratorios.

* Nota actualizada el 29 de febrero de 2024, luego de que un juez federal de Texas bloqueara la SB4 antes de que entrara en vigencia.

** Nota actualizada el 19 de marzo de 2024, luego de que la SB4 entrara temporalmente en vigencia por decisión de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema y el 20 de marzo de 2024 la actualizamos de nuevo con la decisión de la Corte de Apelaciones que volvió a bloquear la ley. También añadimos que se realizó la audiencia sobre la suspensión.

*** Nota actualizada el 27 de abril de 2026, después de que una corte federal le diera luz verde al estado de Texas para comenzar a implementar la ley SB4. 

La primera publicación de esta nota es del 5 dic 2023. 

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El sospechoso no llegó a entrar al salón del evento; fue detenido y llevado a evaluación médica, según la Policía Metropolitana de Washington DC. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el chaleco antibalas y fue hospitalizado por algunas horas.

Dónde y cuándo ocurrió el incidente

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:36 pm, hora del Este, del sábado 25 de abril de 2026 durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, según precisaron la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, y el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery W. Carroll, en conferencia de prensa. 

La cena había comenzado poco antes de los disparos: el salón abrió a las 7:30 pm, el evento empezó alrededor de las 8 pm y Trump entró a las 8:15 p.m, “mientras una banda interpretaba Hail to the Chief”,  según la descripción del Washington Post.

Qué pasó

De acuerdo con la información ofrecida en la rueda de prensa de la Policía de Washington DC, un hombre armado corrió hacia un punto de control del Servicio Secreto que estaba ubicado en el vestíbulo del hotel donde ocurría la cena con los corresponsales y el presidente. 

El sospechoso llevaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Hubo intercambio de disparos entre los agentes y el sospechoso. “Mientras corría a través del puesto de control, agentes del orden público pertenecientes al Servicio Secreto interceptaron a dicho individuo. (...) Confirmamos que las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el individuo”, señaló el jefe interino de la Policía Metropolitana. El sospechoso fue detenido, esposado y llevado a evaluación médica, aunque no fue herido. 

Las autoridades creen, por ahora, que actuó solo. No han confirmado que Trump fuera el objetivo. La investigación sigue abierta. Un oficial del Servicio Secreto fue impactado en el chaleco y hospitalizado por unas horas. Fue dado de alta en la mañana del 26 de abril, según confirmó el Servicio Secreto al medio 7News. 

Quién es el sospechoso

El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, según informaron dos funcionarios policiales a la agencia de noticias The Associated Press (AP). Según el jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Carroll también dijo que las autoridades creen que el hombre estaba alojado en el hotel. Allen “se describía a sí mismo como un desarrollador de videojuegos” en cuentas de Facebook y LinkedIn que parecen estar vinculadas a él, según señala The New York Times.

Qué cargos se le imputan al sospechoso

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dijo que el sospechoso enfrenta cargos preliminares relacionados con el uso de un arma de fuego y agresión contra un oficial con un arma peligrosa. También indicó que podrían presentarse más cargos.

El 27 de abril de 2026 el Departamento de Justicia acusó al sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, transportar un arma de fuego y municiones entre estados con intención de cometer un delito grave, y disparar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento. *

Qué dijo Trump

A dos horas del incidente (a las 10:37 pm), todavía vestido de esmoquin, Trump dio una rueda de prensa en la que ofreció detalles del tiroteo. Dijo que el incidente en la cena de corresponsales fue “inesperado”. Que al oír los disparos pensó que se trataba de una bandeja que había caído, pero Melania le dijo que le parecía “un mal ruido”. Trump comentó que la cena era “un acto dedicado a la libertad de expresión” y “se suponía que iba a reunir a miembros de ambos partidos con representantes de la prensa. Y, en cierto modo, así fue”. Dijo que el sospechoso “no había traspasado la zona en absoluto” y que “estaba bastante lejos” del salón. Elogió la respuesta del Servicio Secreto y de otras agencias de seguridad. Mencionó que había hablado con el agente que fue baleado, que se encontraba “en excelente forma” y estaba de muy buen ánimo. 

Trump defendió la necesidad de construir un ballroom en la Casa Blanca, argumentando que el Washington Hilton “no es un edificio particularmente seguro” y que el nuevo salón tendría vidrio antibalas y protección contra drones. También afirmó que había querido quedarse y continuar el evento, pero que los protocolos de seguridad lo impidieron. Dijo sentirse “honrado” por el incidente, porque quienes han sido asesinados o recibido atentados “son personas muy influyentes”. 

Añadió que la cena será reprogramada dentro de los próximos 30 días y que no quiere que hechos de violencia obliguen a cancelar la vida pública. También dijo que había preparado un discurso contundente, pero que probablemente lo cambiará: “Les dije a los miembros de mi equipo: ‘Este sería el discurso más inoportuno jamás pronunciado si lo dijera ahora, así que tendré que guardármelo’. No sé si alguna vez podré ser tan duro como tenía pensado ser esta noche. Creo que, probablemente, seré muy amable”.

El tercer incidente 

El incidente en la cena de corresponsales ocurre después de dos intentos de asesinato contra Trump durante la campaña de 2024: uno en julio, en Butler, Pensilvania, cuando fue herido con una bala en la oreja derecha; y otro en septiembre, en su campo de golf en West Palm Beach, Florida, donde según informó el FBI un hombre armado fue detectado por el Servicio Secreto cuando tenía la intención de dispararle al presidente.

Qué es la cena de los corresponsales de la Casa Blanca y qué dijo la organización

La cena de corresponsales de la Casa Blanca es una gala anual que se celebra desde 1921 en Washington para celebrar el valor de la Primera Enmienda y de una prensa libre. 

Organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca –WHCA, por sus siglas en inglés–, el evento suele reunir al presidente con periodistas, funcionarios y políticos republicanos y demócratas. También suele haber discursos políticos con tono humorístico. Desde hace décadas, esta gala se celebra en el hotel Washington Hilton. 

La WHCA tiene cerca de 900 miembros provenientes de 300 medios de comunicación y esta cena es el principal evento de recaudación de fondos para la organización. 

Durante su primer mandato, Trump no asistió a ninguna de las cenas de corresponsales de la Casa Blanca organizadas por la WHCA.Tampoco asistió a la primera gala organizada en 2025 durante su segundo mandato.

Weijia Jiang, presidenta de la WHCA y corresponsal de CBS en la Casa Blanca publicó un comunicado en su cuenta en X, el 26 de abril de 2026, agradeciendo que todos los asistentes salieran ilesos: “Sé que muchos de ustedes todavía están procesando lo que pasó anoche. Gracias al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las agencias de aplicación de la ley que nos mantuvieron a salvo”.

El mismo hotel donde ocurrió el atentado a Reagan

El presidente Ronald Reagan resultó herido en las afueras del hotel Washington Hilton el 30 de marzo de 1981 cuando salía de un encuentro con la federación de sindicatos la AFL-CIO y recibió una bala rebotó en la limusina presidencial que lo impactó debajo de la axila izquierda, según recoge la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan. También fueron heridos entonces el secretario de prensa James Brady, el agente del Servicio Secreto Timothy McCarthy y el policía Thomas Delahanty. Reagan permaneció hospitalizado 12 días antes de regresar a la Casa Blanca.

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* Esta nota fue actualizada el 27 de abril de 2026 con los cargos imputados al sospechoso

¿Cuándo son las elecciones de medio término de 2026? 

La elección general federal será el 3 noviembre de 2026, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, como ocurre cada 2 años. La Comisión de Elecciones Federales (FEC), que tiene jurisdicción sobre el financiamiento de las campañas de candidatos a la Cámara de Representantes, el Senado, la Presidencia y la Vicepresidencia, publica el calendario de primarias y los plazos por estado.

¿Se vota por presidente en noviembre de 2026? 

No. En las elecciones al Congreso se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Además, habrá 39 elecciones para gobernador y elecciones legislativas estatales en 46 estados. La siguiente elección presidencial será en 2028. 

¿Qué se elige exactamente en las intermedias? 

A nivel federal:

• Toda la Cámara de Representantes: 435 escaños.

• Un tercio del Senado: 35 escaños, 33 regulares y 2 especiales, que cubrirán las sillas que quedaron vacantes cuando J. D. Vance asumió como vicepresidente y Marco Rubio, como secretario de Estado. 

Cargos ejecutivos estatales:

• Gobernadores en 36 estados y 3 territorios (Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes)

• Fiscales estatales (attorneys general) en 30 estados 

• Secretarios de Estado en 26 estados 

• Otros cargos estatales: tesoreros, auditores, comisionados de agricultura, superintendentes de educación.

Legislaturas:

• Estatales: 88 cámaras legislativas en 46 estados, más elecciones especiales

• Territoriales: 5 cámaras (Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes)

Cargos locales y de condado:

• Sheriffs y fiscales de distrito: aproximadamente 2,400 elecciones (ve aquí los estados donde se eligen). 

• Alcaldes en ciudades grandes y pequeñas.

• Juntas escolares en miles de distritos del país.

• Oficiales de condado: comisionados, auditores, tesoreros, secretarios, forenses.

• Jueces: cortes estatales, de circuito, distritales y locales. 

¿Cuáles son los temas clave para estas elecciones? 

Los temas principales son economía, integridad electoral e inmigración, según múltiples encuestas. Una encuesta de Quinnipiac de diciembre de 2025 encontró que economía (24%) y preservar la democracia (24%) empataron como los temas más urgentes, seguidos por inmigración (18%). NBC News reportó en marzo de 2026 que las amenazas a la democracia han surgido como prioridad máxima, empatando con inflación al 26%.

¿Cómo actualizo mi dirección para poder votar? 

Si cambiaste de nombre o de dirección en el mismo estado, debes actualizar esa información en tu registro de votante. 

Si te mudaste a otro estado, debes registrarte para votar en ese estado. Entra a vote.gov, selecciona tu estado o territorio y revisa la fecha límite para cambiar el lugar de votación. 

¿Cómo cambiar de partido político? 

En algunos estados, la afiliación al partido político puede ser un requisito para votar en las elecciones primarias. Cambia tu afiliación en la oficina de elecciones estatal o local si quieres participar en las primarias de un partido. 

¿Cuáles son las fechas límite para registrarse para votar? 

Cada estado tiene sus propios plazos de registro electoral. En todos los estados, excepto Dakota del Norte, es necesario registrarse como votante. Algunos cierran las inscripciones hasta un mes antes del día de las elecciones; otros permiten registrarse el mismo día de las elecciones. Entra a vote.gov  para consultar los plazos o contacta a tu oficina de elecciones estatal o local.

¿Puedo votar por correo o de forma anticipada? 

Sí, en la mayoría de los estados, pero los plazos para solicitar y devolver boletas varían mucho según el lugar donde vives. La Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 exige que los estados establezcan fechas límite de registro de votantes no más de 30 días antes de una elección federal. Todos los estados, excepto Dakota del Norte, requieren que las personas se registren si desean convertirse en votantes. Verifica las fechas límite en vote.gov. 

Voto anticipado en persona: en 47 estados y DC se permite el voto anticipado sin excusa. Sólo Alabama, Mississippi y New Hampshire no ofrecen voto anticipado sin excusa, según Ballotpedia.

Voto anticipado por correo: en 36 estados más el Distrito de Columbia no se requiere excusa para solicitar una boleta por correo; en 14 estados sí se necesita una excusa válida, como enfermedad, viaje o discapacidad. Luego, 8 estados: California, Colorado, Hawái, Nevada, Oregón, Utah, Vermont y Washington, más DC, envían automáticamente boletas por correo a todos los votantes registrados. 

¿Necesito identificación para votar?

Tienes que saber que 36 estados ya tenían algún tipo de requisito de ID para votar, pero en los últimos 2 años, las cosas se han puesto más estrictas. En 2025, 7 estados promulgaron nuevas leyes para limitar los tipos de documentos que pueden usar los votantes: Kentucky, Montana y Virginia Occidental eliminaron las opciones de ID sin foto. 

En Kansas, en febrero de 2026, entró en vigor la Ley SB 244 que, entre otras cosas, prohíbe actualizar el marcador de género en licencias y actas de nacimiento estatales. Además, invalida los documentos ya emitidos que indiquen una identidad de género distinta a la asignada al nacer. Por lo tanto, el ID para elecciones tiene que coincidir con el género de nacimiento, no el de elección. La medida se impuso pese al veto de la gobernadora. Dos resistentes transgénero de Kansas presentaron una demanda ante un tribunal estatal. 

La ley SAVE America, que todavía no está aprobada por el Senado, requeriría que todos los estadounidenses presenten prueba de ciudadanía para registrarse a votar, como un pasaporte o certificado de nacimiento. 

Oklahoma votará en agosto de 2026 si agregan requisitos de ID a su Constitución estatal. Y California tiene un proyecto de ley propuesto que requeriría foto ID por primera vez.

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Un hombre fue detenido el 25 de abril de 2026 luego de tirotearse con agentes del Servicio Federal a 45 metros del lugar donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba de la cena anual de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton, en D.C.

Por el incidente, Trump y otros funcionarios de su gobierno fueron evacuados del lugar, una persona fue detenida por el Servicio Secreto y un agente resultó herido y fue hospitalizado durante unas horas.

El presidente Trump publicó en su perfil de la red Truth Social el video del momento en que el atacante irrumpe en el lugar y se enfrenta con los agentes, y posteriormente una imagen del sospechoso detenido.

Según autoridades judiciales, el atacante estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos, y días antes se había alojado en el hotel donde se realizó la cena anual de los corresponsales. 

El atacante fue identificado como Allen Cole, un hombre de 31 años de California, informaron dos funcionarios policiales a la agencia de noticias The Associated Press (AP)

Según surge de su cuenta en LinkedIn, Cole es docente en una institución especializada en la preparación de jóvenes para el ingreso a la universidad. A su vez, en forma autónoma, tiene un proyecto de desarrollo de videojuegos. Tiene un título en ingeniería mecánica por la California Institute of Technology y una maestría en ciencias de la computación obtenida en la Universidad Estadual de California. 

Según reportes de medios estadounidenses, Cole es un votante registrado en el Estado de California, sin preferencias partidarias –lo que constituye un requisito para votar en las elecciones primarias–. 

En octubre de 2024 realizó una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris, de acuerdo a información de la Federal Election Comission. Este constituye su único aporte a una campaña que consta en registros públicamente accesibles.

Cole envió un mensaje a miembros de su familia pocos minutos antes del ataque, en el cual expresó sus objetivos y motivaciones. El texto, cuya existencia fue referida por Donald Trump en la conferencia de prensa del día domingo, fue publicado por CBS News. 

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La empresa, en su informe, indica que, en sus inicios en 2003, desarrollaba software “para apoyar investigaciones y operaciones antiterroristas” para “la comunidad de inteligencia de Estados Unidos”. Datos públicos e investigaciones de prensa muestran que Palantir es una de las empresas que ha desarrollado softwares y herramientas con inteligencia artificial (IA) para asistir a ICE en sus operativos de deportación. 

Chinmayi Sharma, profesora asociada de Derecho en la Universidad de Fordham, especializada en gobernanza de Internet, ciberseguridad e inteligencia artificial, y coautora del paper académico “Intermediarios de la Política Migratoria” junto con Sam Adler, indica en la investigación que Palantir, a diferencia de otras empresas que proveen software para ICE, diseñó “ImmigrationOS”, una herramienta que actúa “como el nodo central de un amplio aparato de vigilancia masiva construido sobre innumerables flujos de datos públicos y privados y sobre tecnologías del sector privado” y que se ha convertido en “la columna vertebral de la aspiración final del gobierno federal: una aplicación migratoria automatizada de extremo a extremo”.

Aquí te explicamos.

ICE pagó millones de dólares a Palantir para que creara “ImmigrationOS”

Según la descripción oficial de ICE, ImmigrationOS es un sistema con tres objetivos:

• Primero, agilizar la identificación y aprehensión de personas priorizadas para su deportación, como "criminales violentos", miembros de “organizaciones criminales transnacionales conocidas”  y quienes han excedido su visa. 

• Segundo, hacer seguimiento de “autodeportaciones”: rastrear y reportar con "visibilidad casi en tiempo real" a quienes salen voluntariamente del país. 

• Tercero, hacer más eficiente el proceso de deportación, desde la identificación del extranjero hasta su remoción.

ICE, el 17 de abril de 2025, publicó una justificación de fuente única explicando por qué Palantir era el único proveedor capaz de crear este software sin “retrasos inaceptables”. Una “justificación de fuente única" es un documento en el que el gobierno explica por qué quiere darle el contrato a una sola empresa sin abrir una licitación. El documento de la justificación tiene oculto el monto que pagaría ICE a Palantir, pero una búsqueda hecha por Factchequeado en USASpending.gov –la página web del gobierno federal donde se publican contrataciones– muestra que el monto estimado por los servicios era de 29.9 millones de dólares.

Según ICE, la falta de este sistema limitaba “gravemente” la capacidad de la agencia para “ejecutar las órdenes ejecutivas del presidente” y para “actuar eficazmente contra organizaciones transnacionales, como el Tren de Aragua (TdA) y la Mara Salvatrucha (MS-13), que representan amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos”.El Tren de Aragua es una banda criminal originada en Venezuela y la MS-13 es una banda criminal originada en Los Ángeles en los 80, pero que posteriormente se extendió por Centroamérica.

Según explican Sharma y Adler, ImmigrationOS “centraliza registros dispersos” de los distintos proveedores de herramientas de IA a ICE.

En agosto de 2025, Amnistía Internacional le envió una carta formal a Palantir señalando que el uso de ImmigrationOS "arriesga crear un aparato de vigilancia sin precedentes que permite el monitoreo masivo y la toma de decisiones automatizada que afecta los derechos humanos".

Sharma y Adler afirman que esta automatización genera un “daño estructural” que hace que la “aplicación de la ley deje de parecer una serie de actos aislados que pueden discutirse o impugnarse” y que comience a funcionar como un sistema “activado por máquinas” en el que “una persona puede ser marcada sin saberlo, convertida en objetivo sin entender por qué, y arrastrada a la detención o a la expulsión del país sin una forma real de examinar los datos, el modelo o la lógica –construida por contratistas– que produjo ese resultado”.

Palantir creó para ICE la herramienta ELITE para ubicar a inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional, en su base de datos de inventario de herramientas de IA descargada y analizada por Factchequeado, indica que el sistema ELITE, que por sus siglas, corresponde en español a Identificación y Localización de Objetivos para Operativos es una herramienta creada por Palantir que usa ICE para “extraer direcciones difíciles de leer en registros como antecedentes penales y órdenes judiciales”, con el fin de generar “pistas enriquecidas” que luego revisan oficiales de la agencia para decidir cuáles son “accionables”.

Durante un caso federal en Oregon (M-J-M-A- v. Wamsley) presentado en octubre de 2025 y en el que se se impugna la legalidad de los arrestos migratorios realizados por ICE en ese estado, un agente de ICE testificó que ELITE funciona “algo parecido a Google Maps” y que toma registros judiciales, información migratoria (incluyendo el Alien Number o número A, que es el serial asignado por DHS a cada extranjero) para estimar qué probabilidad hay de encontrar a la persona que están buscando en un sitio específico. 

Sin embargo, el agente dijo que la aplicación “puede decir 100 por ciento [de probabilidad de que alguien esté en un sitio específico] y estar equivocada”, y añadió que los agentes todavía tenían que “hacer sus verificaciones” de forma independiente. La base de datos del DHS indica que las pistas que arroja este sistema “no sirven como base principal para decisiones o acciones con efectos legales, materiales, vinculantes o significativos sobre las personas”.

Luego del primer reporte de enero de 2026 sobre el uso de esta aplicación, hecho por el medio independiente 404Media, Palantir sostuvo que el sistema ELITE se usa para “mostrar las direcciones probables de personas específicas, como aquellas con órdenes finales de deportación o con cargos penales de alta gravedad” y que “el objetivo de esta herramienta es identificar la ubicación de extranjeros conocidos que cumplen criterios de expulsión”.

Sin embargo, un instructivo sobre el uso de ELITE filtrado a 404Media señala que durante "Operaciones Especiales", los operadores pueden “desactivar filtros” para "mostrar todos los objetivos dentro de un conjunto de datos".

Dato: Sharma y Adler indican en su trabajo académico que ImmigrationOS se puede alimentar de datos de ELITE, al igual que de otras herramientas que de IA que utiliza el DHS y que no pertenecen a Palantir. Es el caso de las torres de vigilancia fronteriza de la empresa Anduril, el sistema de reconocimiento facial de Clearview AI, o la información de matrículas que captura las cámaras Flock. Como te hemos contado en Factchequeado, si bien la empresa de estas cámaras –FlockSafey– no tiene acuerdos con el DHS, las policías locales que las usan pueden elegir compartir la información con agencias federales migratorias.  

El CEO y el presidente de la Junta Directiva han expresado su respaldo a las políticas de Trump

Alex Karp, CEO y cofundador de Palantir, ha expresado su apoyo a las políticas del presidente Donald Trump, incluyendo su respaldo a las acciones de ICE. Por otro lado, Peter Thiel, cofundador y presidente de la Junta Directiva de Palantir, apoyó la candidatura de Donald Trump en 2016 y, en junio de 2025, afirmó que Trump sigue siendo “la mejor opción” para las compañías tecnológicas. Además, el vicepresidente J.D. Vance solía trabajar para una empresa de Thiel, dijo que lo consideraba un “mentor”, y Thiel financió con al menos 15 millones de dólares su candidatura a senador de Ohio en 2022.

El tema en el Congreso

En un comunicado del 16 de abril de 2026, un grupo de 33 congresistas demócratas informaron que habían enviado una carta al DHS y a ICE solicitando información sobre “todas las bases de datos, programas de análisis de datos y aplicaciones” usados por la agencia, así como sobre “todos los contratos” activos o no con Palantir, incluyendo aquellos vinculados a operativos migratorios.

A pesar de la IA, la mayoría de los detenidos por ICE no tienen antecedentes penales

Como te hemos informado en Factchequeado, la gran mayoría de las personas detenidas por ICE no están condenadas por haber cometido delito alguno.

Según TRAC, un proyecto de investigación de datos asociado a la Universidad de Syracuse, al 4 de abril de 2026 (dato más reciente) había 60,311 personas en detención de ICE y 70.8% no tenía condena penal.

Dato adicional: En su justificación presupuestaria para el año fiscal 2027, el DHS solicitó ante el Congreso 7.5 millones de dólares para “desarrollar un prototipo operativo de smart glasses (gafas inteligentes) que permita la identificación biométrica de extranjeros ilegales”. El Congreso no había aprobado el presupuesto para el momento en el que publicamos esta nota.

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Stacey Foley comenzó a consumir opioides mientras estaba en una relación abusiva. Cuando la relación terminó, su consumo de opioides aumentó.

“No sabía cómo procesar el trauma”, afirma Foley a Public Good News, medio aliado de Factchequeado. “No sabía cómo manejar mi sistema nervioso, así que los opioides se convirtieron en mi escape”.

Años después, tras iniciar una nueva relación y tener dos hijos, Foley reconoció que su consumo de opioides estaba afectando la crianza de sus hijos y decidió hacer un cambio. Ahora, la conferencista y escritora canadiense lleva siete años en recuperación del trastorno por consumo de opioides.

Foley no está sola. Después de que un médico le recetara opioides a Lauren Wassum para manejar el dolor de una lesión, comenzó a usar el medicamento para sobrellevar la muerte de su tío.

“Sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. En realidad, era que no sabía cómo lidiar con el duelo”, afirma Wassum. Diez años después, luego de una sobredosis, ingresó a tratamiento. Ahora Wassum es especialista certificada en recuperación en Pensilvania y ayuda a otras personas con trastorno por consumo de sustancias a llevar vidas más saludables.

Tanto Foley como Wassum dicen que el apoyo de otras personas ha sido fundamental en su recuperación.

“Cada adicción es diferente. Cada persona es diferente. Lo mejor que realmente puedes hacer por alguien es estar ahí para apoyarlo cuando lo necesite”, agrega Foley.

Aquí te contamos más sobre cómo puedes apoyar a tus seres queridos que experimentan trastorno por consumo de opioides.

¿Cómo ocurre la adicción a los opioides?

Tomar opioides repetidamente, o de una manera distinta a la prescrita, puede cambiar el funcionamiento del cerebro. El cuerpo puede producir menos endorfinas, las sustancias químicas que ayudan a regular el dolor y el estrés. 

Cuando las personas intentan dejar o reducir el consumo de opioides, pueden experimentar síntomas de abstinencia, como cambios en la temperatura corporal, irritabilidad, temblores, dificultad para dormir y deseos intensos de consumir. Esto puede hacer que sea difícil dejar los opioides y puede conllevar al trastorno por consumo de opioides.

El trastorno por consumo de opioides es una afección crónica de salud que puede causar angustia mental y física. Debido a que los opioides pueden desacelerar o detener la respiración, este trastorno también puede aumentar el riesgo de sobredosis y muerte. Además, puede afectar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida.

“No hay ningún grupo que esté exento del trastorno por consumo de opioides”, explica Sarah S. Kawasaki, especialista en medicina de la adicción y profesora asociada de la Facultad de Medicina de Penn State.

¿Cuáles son las señales de que un ser querido podría estar experimentando trastorno por consumo de opioides?

El trastorno puede causar síntomas físicos, como cambios en el tamaño de las pupilas, somnolencia, cambios en el apetito y el peso, y síntomas similares a los de la gripe. También puede reflejarse en el comportamiento, incluyendo el distanciamiento de la familia, el trabajo o las responsabilidades diarias.

“Cualquier adicción gira en torno a un deseo patológico”, agrega Kawasaki. “Ese deseo lleva a dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a pensar en cómo conseguir dinero para la próxima dosis, cómo obtenerla, cómo evitar los síntomas negativos de la abstinencia. Todo esto ocurre mientras se descuidan las relaciones familiares, laborales y las obligaciones financieras, con un gran riesgo para la libertad y la seguridad personal”.

James Sherman, coordinador de investigación clínica y especialista en la orientación en cuanto al consumo de sustancias en el Center for Addiction Medicine and Policy de la Universidad de Pensilvania, está en recuperación de este trastorno y ha experimentado esos cambios de comportamiento.

“Durante mi adicción, a menudo evitaba interactuar con mis seres queridos porque sentía mucha culpa y vergüenza debido a mi consumo de opioides”, dice Sherman. “En mi consumo de drogas, el trabajo, los eventos familiares, ir al médico, cumplir con mis responsabilidades legales, todo quedó en segundo plano”.

Las personas con este trastorno también pueden mostrar señales de angustia emocional o cambios de humor.

“Creo que mi esposo siempre tuvo una sospecha de que consumía opioides, porque los altibajos causan cambios de humor bastante intensos”, agrega Foley.

Consultar a varios proveedores de atención médica para obtener recetas de opioides o quedarse sin medicamentos antes de tiempo también puede ser una señal de que alguien necesita ayuda.

“Si alguien tiene una receta de opioides, pero se le acaba antes de tiempo, necesita cada vez más, acude frecuentemente a urgencias porque se queda sin medicamento y no se siente bien, y a veces utiliza múltiples prescriptores, eso también es una señal de adicción”, señala Kawasaki.

¿Cómo puedo apoyar a un ser querido que está experimentando este trastorno o está en recuperación?

Mantente abierto y sin juzgar. La vergüenza puede impedir que las personas busquen tratamiento o se mantengan en recuperación. Un enfoque sin prejuicios puede ayudar a los seres queridos a tomar decisiones más saludables.

“Empatiza con la persona centrándote en la preocupación en lugar de la crítica”, dice Sherman. “Enfatiza ‘me importas…’ en lugar de ‘¿cómo pudiste hacer esto?’”.

La pareja de Wassum adoptó ese enfoque cuando ella buscó tratamiento.

“Cuando ocurrió mi sobredosis, él dijo: ‘Estaré aquí contigo en cada paso. Sé que puedes lograrlo. Sé que eres una buena madre’. Tener ese apoyo marca una gran diferencia”, agrega.

Las palabras y el lenguaje centrado en la persona también importan.

“Cambiar nuestro lenguaje es muy importante: no llamar a alguien adicto o drogadicto”, añade Sherman. “Es una persona con un trastorno de consumo. Es alguien a quien quieres ayudar a mejorar, en lugar de culparlo”.

Mantén contacto con la persona regularmente.

Las personas en recuperación pueden aislarse, incluso cuando la conexión con otros podría ayudar. Foley dice que las llamadas, los mensajes e invitaciones regulares pueden marcar la diferencia.

“El apoyo realmente consiste en asegurarte de que esa persona sepa que estás ahí, que estás pendiente y que la apoyas, porque habrá muchos días en los que la tentación de consumir volverá”, agrega.

Sé paciente.

Es posible que tu ser querido no esté listo para buscar ayuda de inmediato.

“Cuando la gente intenta presionarte para que entres en tratamiento y no estás listo, es de lo más difícil”, dice Wassum. “Sientes que tienes que ir solo para hacerlos felices, y luego terminas abandonando o empeorando la situación”.

Ser alentador, en lugar de exigente, puede ayudar.

“He descubierto que usar frases con ‘nosotros’ ayuda a que los seres queridos sientan que no están solos: ‘Deberíamos programar una cita’, ‘Deberíamos intentar conseguirte tratamiento’”, agrega Sherman.

Cuando esté listo, ayúdalo a encontrar el tratamiento adecuado.

El tratamiento puede variar e incluir terapia, apoyo entre pares, tratamiento residencial o medicamentos que ayudan a dejar o reducir el consumo. Aprender sobre el plan de tratamiento y apoyarlo puede ayudar a mantener la recuperación.

“Con demasiada frecuencia, los tratamientos para el trastorno por consumo de opioides están tan estigmatizados como la propia enfermedad, y eso puede ser letal”, dice Kawasaki.

Los medicamentos para este trastorno a menudo se malinterpretan como “cambiar” una adicción por otra, pero no es así.

“Puedes pensar en estos medicamentos como cualquier otro que necesitas para controlar una enfermedad crónica”, explica Kawasaki. “Si tienes presión arterial alta, diabetes o VIH, dependes de medicamentos para controlar la enfermedad. Si dejas de tomarlos, eventualmente necesitarás atención de emergencia. Lo mismo ocurre en esta situación”.Encuentra recursos de tratamiento contactando la línea nacional de ayuda de SAMHSA (1-800-662-HELP) o hablando con un proveedor de atención médica.

Este artículo contó con el apoyo de Life Unites Us, una campaña de salud que recibe financiación del Departamento de Programas de Drogas y Alcohol de Pensilvania. Public Good News conserva el control editorial total sobre sus reportajes.

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Aunque en los últimos meses la crisis energética se ha intensificado, especialistas independientes advierten que sus causas son estructurales.

En esta nota te explicamos qué está pasando y qué papel juega Estados Unidos en este escenario.

1. ¿Qué tan grave es la crisis eléctrica?

Imagina vivir 30 horas seguidas sin luz. Luego dos horas con electricidad. Y luego otras veintitantas sin nada. Justo esto es lo que están viviendo los habitantes en la isla, según reportes ciudadanos documentados por elTOQUE, medio aliado de Factchequeado. Con el calor en Cuba (por estas fechas las temperaturas rondan los 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius), la energía se necesita para mantener refrigerada la comida y que no se eche a perder, para los ventiladores; y también es indispensable para recargar los teléfonos, acceder a internet, comunicarse con los seres queridos en el país o fuera de este, y mantenerse informados en medio de la oscuridad. 

En los últimos 18 meses, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba ha colapsado por completo: por lo menos 7 veces, con el país entero desconectado de punta a punta. Solo en marzo de 2026, se han registrado 2 colapsos totales, la isla entera se queda sin electricidad. El último ocurrió el 21 de marzo. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, reconoció públicamente que la isla lleva meses sin recibir combustible. 

El país produce una parte muy pequeña de su propia energía; tiene algunos paneles solares y un par de generadores eólicos, pero no alcanza, según documentamos.  

2. ¿Por qué no hay petróleo? 

Venezuela fue el principal proveedor de crudo para Cuba durante años, a cambio de médicos, asesores de inteligencia y apoyo político. Eso terminó de golpe. El 3 de enero de 2026, el gobierno de Donald Trump ejecutó una operación militar para derrocar a Nicolás Maduro, y lo capturó y trasladó a una prisión en Nueva York. Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo.

Tras esta operación —en la que murieron al menos 32 militares cubanos que eran parte de la seguridad de Maduro—, la administración Trump anunció el corte del suministro de petróleo venezolano. Estados Unidos había presionado a Cuba desde el año pasado, cuando Trump emitió una orden ejecutiva para oficializar un “bloqueo petrolero” a la isla, con la amenaza de imponer más aranceles a los países que le vendieran combustible, pero la medida fue revertida. 

Aunque esa orden no surtió efecto, ningún buque petrolero se atrevió a llegar a la isla ante el riesgo de sanciones, dijo el abogado y analista Eloy Viera en su programa Ahora Qué de elTOQUE, medio aliado de Factchequeado.

México, otro de los grandes proveedores en 2024 y 2025, suspendió temporalmente los envíos de crudo a Cuba en enero de 2026 tras las advertencias de Trump. Lo confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, en una de sus habituales conferencias matutinas. Su  gobierno dice que está analizando opciones; por ahora solo ha enviado ayuda humanitaria. “Si México no puede exportar, Cuba tiene un problema enorme”, advirtió Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético de México y Estados Unidos.

El gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, por su parte, envió combustible a Cuba el 29 de enero de 2026 y, un mes más tarde, intentó mandar el buque Ocean Mariner, pero la Guardia Nacional de EE. UU. lo interceptó en el Caribe.

Rusia rompió el cerco cuando el petrolero con bandera rusa, Anatoly Kolodkin (con 730,000 barriles de crudo), llegó a Cuba el 30 de marzo de 2026. Después de días de incertidumbre, Estados Unidos le permitió sortear el embargo petrolero estadounidense de facto sobre la isla caribeña.

Dos buques cargados de petróleo ruso se dirigieron al puerto cubano de Matanzas y el Departamento del Tesoro les cerró el paso. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó una licencia que, aunque autorizaba de forma temporal la venta de petróleo ruso para aliviar la presión en los mercados globales por la guerra en Irán, dejó a Cuba explícitamente fuera.

El otro buque ruso se llama Sea Horse (con 190,000 barriles de diésel) y ha pasado semanas a la deriva con bandera de Hong Kong. Según Reuters, se habría desviado a Trinidad y Tobago.

Si el chavismo dejaba de enviar petróleo a Cuba sería una “sentencia de muerte” para el régimen del Partido Comunista, dijo Piñón. 

El gobierno de Trump ha intervenido petroleros incluso fuera de la región, como ocurrió el 24 de febrero de 2026 con el buque Bertha en el océano Índico, acusado de intentar evadir restricciones sobre cargamentos vinculados a crudo venezolano.

Estas acciones muestran que no existe un “bloqueo naval” formal, una figura asociada a un estado de guerra. Washington presiona por medio de vigilancia marítima (que ha impedido la entrada de varios petroleros), sanciones financieras (como los aranceles, aunque con la orden ejecutiva del 20 de febrero de 2026 fueron eliminados) y medidas legales (como las sanciones) para controlar el flujo de petróleo. 

El 25 de febrero de 2026, Estados Unidos anunció que permitirá la reventa de crudo venezolano al sector privado cubano con licencias específicas para fines comerciales o humanitarios; pero excluye a entidades militares, de inteligencia o del Estado cubano.

Según Reuters, el sector privado en Cuba ha recibido desde Estados Unidos casi 30,000 barriles de combustible (unos 4.8 millones de litros) en 2026. La mayor parte del suministro está llegando al puerto de Mariel, en La Habana.

3. ¿Qué quiere Trump de Cuba? 

Trump ha hablado sobre Cuba y un posible cambio del régimen autoritario del Partido Comunismo, impuesto hace más de seis décadas, con actualmente, al menos, 1,213 presos políticos en cárceles cubanas, según subregistros de organizaciones de derechos humanos.

“Lo que está pasando con Cuba es asombroso. Y creemos que primero debemos acabar con Irán”, dijo Trump el 5 de marzo de 2026. “Pero eso será solo cuestión de tiempo”. Días después en una entrevista en la Casa Blanca, el presidente estadounidense declaró: “Tendré el honor de tomar Cuba, un Estado fallido”. “Creo que podré hacer con ella lo que quiera, a decir verdad. Son una nación muy debilitada”.

Durante su segundo mandado, Trump volvió a designar a Cuba como patrocinador del terrorismo y está presionando con el suministro de petróleo, como te contamos. 

Washington pide la excarcelación de presos políticos, apertura del sector energético y cambios de liderazgo político, según las diferentes declaraciones públicas emitidas desde la Casa Blanca, el presidente Trump, o el secretario de Estado, el cubanoestadounidense, Marcos Rubio. 

Rubio argumenta que el modelo económico socialista de la isla es insostenible y que “Cuba tiene que cambiar”, aunque no de un día para otro, y que están viendo “cómo se desarrolla ese proceso, por ejemplo, en Venezuela”. 

4. ¿Hay conversaciones entre Estados Unidos y Cuba?

Sí. Axios reveló en febrero de 2026 que existían contactos discretos fuera de los canales diplomáticos habituales. 

Según la publicación de Axios, el interlocutor clave no es el presidente Díaz-Canel, sino Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto y exguardespaldas del expresidente Raúl Castro, sin ningún cargo oficial. Las conversaciones, lideradas por el secretario de Estado, Marco Rubio, se presentaron como “discusiones sobre el futuro de Cuba”, no como una negociación formal.

Díaz-Canel reconoció esas conversaciones a inicios de marzo de 2026 y aseguró que las “discusiones” están dirigidas por él mismo y por Raúl Castro. Algo que de manera independiente no ha podido confirmar ni elTOQUE ni Factchequeado.

La agencia de noticias AP publicó el 17 de abril de 2026 que un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. El reporte señala, citando a un segundo funcionario federal, que el secretario de Estado, Marco Rubio, no formó parte de la delegación.

El régimen cubano confirmó el encuentro, pero negó que La Habana acatará un “ultimátum” de EE. UU. para liberar a presos políticos como parte de nuevas conversaciones.  

Cuba ha liberado a un grupo de presos políticos —con mediación del Vaticano— y ha anunciado medidas económicas que permiten, de forma limitada, inversiones de cubanos en el exterior. 

Las autoridades cubanas anunciaron a inicios de abril de 2026 un indulto a 2,010 personas presentado por el gobierno como un “gesto humanitario” con motivo de la Semana Santa. Es la segunda medida de este tipo en menos de un mes.

Amnistía Internacional (AI) exigió “mayor transparencia en el proceso de excarcelaciones” y denunció que ninguna de las personas que la organización reconoce como presas de conciencia había sido liberada en ninguno de los dos indultos anunciados desde marzo. Otras organizaciones de derechos humanos también denuncian que, entre los excarcelados del indulto de inicios de abril, no se incluye ningún preso político. 

El viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, dijo el 22 de marzo de 2026 que las Fuerzas Armadas están “listas para movilizarse” ante una posible agresión militar de Estados Unidos.

5. ¿Qué está pasando en la calle?

Desde inicios de marzo de 2026 se registran protestas continuas en distintas partes de Cuba, hay más de 40 personas detenidas recientemente, además de los más de mil presos políticos, según subregistros de organizaciones independientes. En Morón, un pueblo de la provincia de Ciego de Ávila, una multitud irrumpió en la noche del 14 de marzo de 2026 en la sede local del Partido Comunista, sacó cosas y le prendió fuego. A un joven le dispararon en un pie. 

Algunas personas en la isla tienen baterías portátiles (power banks) para mantener el ventilador funcionando durante el apagón. La gente que puede y tiene familiares en el extranjero recibe remesas, pero con tanta escasez de productos básicos —comida, artículos básicos de higiene, medicinas, entre otros— a veces no hay mucho que comprar con el dinero.

6. El factor migración

La isla ha vivido en los últimos años el mayor éxodo migratorio de su historia contemporánea: más de 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos entre finales de 2021 y 2024. Muchas personas han usado rutas irregulares cada vez más riesgosas a través de Centroamérica y el Caribe. 

En esta administración Trump ha deportado a 1,901 cubanos, y si se suman los datos de su primer periodo presidencial (2017-2021), el total asciende a 5,286 deportados cubanos. La cifra general es mucho mayor que la registrada bajo Joe Biden (978), Brack Obama (341) y George Bush (416), según datos recogidos en informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, citados por elTOQUE en este explicador. 

El tema migratorio ha sido uno de los puntos más sensibles y constantes en la relación bilateral entre los dos países históricamente. Este año, por ejemplo, las autoridades cubanas aceptaron el regreso de personas convictas por delitos graves en Estados Unidos. 

El régimen cubano también comenzó a recibir algunos vuelos de sus ciudadanos con orden final de deportación en Estados Unidos: más de 42,000, de acuerdo con Fox News, quien cita datos exclusivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

* Esta nota fue actualizada con información de la llegada de barco ruso con suministro de petróleo, el anunció de la excarcelación de 2,000 presos (ninguno preso político) y la confirmación de una reunión de funcionarios estadounidenses en La Habana recientemente. 

** Fecha de primera publicación de esta nota: 26 de marzo de 2026.  

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En menos de un año, 4 estados eliminaron sus programas; otros siguen en litigio en las cortes para mantenerlos. Según el informe Undocumented Students in U.S. Higher Education, de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, una organización de incidencia y coordinación entre instituciones educativas, en 2024, el último dato disponible, había aproximadamente 408,000 estudiantes indocumentados en educación superior en Estados Unidos.

La administración Trump activó la política migratoria contra los estudiantes indocumentados con la orden ejecutiva del 28 de abril de 2025, en la que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “detener leyes estatales que favorezcan a extranjeros sobre ciudadanos estadounidenses de manera ilegal”, incluyendo matrícula estatal para indocumentados que no se ofrece a ciudadanos de otros estados.

El argumento legal del gobierno federal se centra en dos puntos:

1.  La ley federal 8 USC §1623, que establece que los estados no pueden dar beneficios de educación postsecundaria a indocumentados a menos que también los ofrezcan a todos los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los defensores de estos beneficios argumentan que la matrícula estatal no es técnicamente un subsidio público, sino una tarifa diferenciada por residencia.

2. La Sección 5 de la orden ejecutiva señala que las "leyes que proporcionan matrícula estatal a extranjeros pero no a ciudadanos de otros estados violan la ley federal".

El DOJ también cita la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, en inglés) de 1996. Pero ojo, esta ley no prohíbe explícitamente la matrícula estatal, que legalmente cae en una excepción permitida.

Florida

El estado de Florida fue el primero en revocar una ley de 2014, la HB 851, que exigía que los colegios comunitarios (college), las universidades y las instituciones de educación superior eximieran del pago de la matrícula a ciertos estudiantes indocumentados graduados de la escuela preparatoria en el estado. 

El gobernador Ron DeSantis firmó el Senate Bill 2-C y, desde el 1 de julio de 2025, los jóvenes inmigrantes sin documentos pagan tarifas foráneas, que pueden ser mucho más altas que las tarifas estatales. El cambio sí afecta a jóvenes inmigrantes sin documentos y jóvenes con DACA y TPS.

En la University of Florida, la matrícula estatal para residentes es 6,381 dólares anuales (2024-25), mientras que la foránea, que ahora deben pagar los estudiantes sin documentos, con DACA o TPS supera los 30,900 dólares por año: casi 5 veces más alta. En Florida Atlantic University (FAU), la matrícula estatal es de 5,984 dólares anuales para los estudiantes residentes, mientras que la matrícula para foráneos es de 22,888 dólares anuales: casi 4 veces más.

Según el Florida Policy Institute, una organización sin fines de lucro y no partidista, solo en el año académico 2023-24, más de 6,000 estudiantes universitarios de Florida se beneficiaron de exenciones para no residentes, y desde 2014 se han concedido más de 63,000 exenciones.

Texas

Texas es un caso emblemático porque, en 2001, se convirtió en el primer estado del país en aprobar una ley que permitía que ciertos estudiantes indocumentados calificaran para la matriculación estatal y la ayuda financiera estatal en universidades y colegios comunitarios. 

El gobernador republicano Rick Perry firmó la ley HB 1403, conocida como “Texas Dream Act”. Para ser elegible, los estudiantes debían haber vivido en Texas durante al menos 3 años antes de graduarse de una preparatoria de Texas, haberse graduado o haber recibido un GED en Texas, y haber firmado una declaración jurada en la que afirmaran su intención de solicitar el estatus legal tan pronto como fueran elegibles. 

Durante 24 años, la ley abrió las puertas de la educación superior a miles de estudiantes. Según el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro y no partidista, para 2025 había 57,000 estudiantes indocumentados cursando educación superior en Texas bajo este programa, además de 197,000 estudiantes menores de 18 años en preparatorias que eventualmente se beneficiarían.

Los recipientes de DACA, los titulares de TPS y otros individuos considerados “legalmente presentes” no se ven afectados por la orden judicial: estos estudiantes podrían seguir siendo elegibles bajo los requisitos del estado, según FIEL Houston, una organización comunitaria y de derechos civiles liderada por inmigrantes en Houston, Texas. “Estos estudiantes comprenden una pequeña parte de los inscritos indocumentados”, señala FIEL.

El DOJ presentó una demanda contra Texas el 4 de junio de 2025: alegó que la HB 1403 discriminaba contra ciudadanos de otros estados. En lugar de defenderse en la corte, el fiscal general republicano Ken Paxton inmediatamente se unió al DOJ y pidió al juez federal que bloqueara la propia ley de Texas.

Kentucky 

Terminó su programa ante la demanda del DOJ en junio de 2025, sin esperar un fallo judicial. Organizaciones de derechos civiles como MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund) están intentando intervenir legalmente para revertir la decisión.

Oklahoma 

Recibió una demanda del DOJ el 5 de agosto de 2025: tenía su propia política de matrícula estatal desde 2007, pero el fiscal general republicano Gentner Drummond tampoco defendió la ley y, el 29 de agosto de 2025, el juez del Distrito Este de Oklahoma falló a favor del DOJ. Aproximadamente entre 400 y 1,500 estudiantes han sido afectados con tarifas que saltaron de alrededor de 4,800 dólares a más de 14,000 dólares por semestre; que serían de 9,600 dólares por año académico anteriormente a 28,000 dólares anuales.

Minnesota, una primera victoria nacional

Minnesota se defendió ante la demanda del DOJ del 26 de junio de 2025 y mantiene la Ley del Sueño de Minnesota (Ley de Prosperidad), promulgada el 24 de mayo de 2013, que permite a estudiantes indocumentados acceder a tarifas de matrícula estatal, ayuda financiera privada y ayuda financiera estatal.

El 21 de marzo de 2026, la jueza Katherine Menendez del Distrito de Minnesota desestimó la demanda del DOJ; resolvió que el gobierno federal no demostró discriminación contra ciudadanos estadounidenses.

Esta es la primera victoria judicial contra la administración Trump. Minnesota mantiene su Ley del Sueño de 2013 y su programa “North Star Promise”, que ofrece universidad gratuita a estudiantes de familias que ganan menos de 80,000 dólares al año, independientemente del estatus migratorio.

Virginia, el caso sigue en curso 

El Departamento de Justicia demandó a Virginia el 29 de diciembre de 2025 por su “Virginia Dream Act” de 2020. Según el Higher Ed Immigration Portal —una plataforma que integra datos, análisis de políticas y recursos para apoyar a los beneficiarios de DACA y a los estudiantes indocumentados, refugiados, otros inmigrantes y estudiantes internacionales—, más de 13,000 estudiantes indocumentados asisten a instituciones de educación superior en Virginia, y alrededor de 5,000 se gradúan de preparatoria cada año. El litigio del DOJ contra Virginia sigue en curso.

California e Illinois anunciaron que pelearán en cortes 

El Departamento de Justicia también demandó a California e Illinois, pero ambos —controlados por demócratas— han indicado que pelearán las demandas en la corte.

Estados como California, Nueva York y Washington prohíben explícitamente la discriminación por motivos de ciudadanía o situación migratoria.

¿Qué estados siguen con programas para jóvenes inmigrantes que no tienen un estatus de residente o ciudadano? 

Según el National Immigration Law Center, una organización de defensa de inmigrantes, al menos 14 estados, entre ellos California, Colorado, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia, siguen ofreciendo ayuda financiera estatal a estudiantes que cumplen ciertos criterios, independientemente de su estatus migratorio.

Aproximadamente el 61% de la población nacida en el extranjero reside en estados con leyes o políticas de equidad en las matrículas universitarias, y otros estados están considerando medidas similares, de acuerdo con la misma organización.

Investigaciones contra becas para estudiantes DACA

Además de las demandas estatales sobre matrícula estatal, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de Trump, el 23 de julio de 2025 abrió investigaciones contra 5 universidades por ofrecer becas específicas a estudiantes DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Las universidades investigadas son:

• Universidad de Louisville, en Kentucky, por la beca “Sagar Patagundi Scholarship” para estudiantes DACA e indocumentados. 

• Universidad de Nebraska Omaha, UNO, por la beca "Dreamer's Pathway Scholarship” para estudiantes DACA o elegibles para DACA. 

• Universidad de Miami, en Florida, por la beca “U Dreamers Program” para estudiantes DACA e indocumentados. 

• Universidad de Michigan, en Ann Arbor, por la beca “Dreamer Scholarship” para estudiantes indocumentados o con estatus DACA. 

• Western Michigan University, por la beca “WMU Undocumented/DACA Scholarship" para estudiantes sin elegibilidad para ayuda federal.

Las autoridades federales dicen que investigan si estas becas violan el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por origen nacional en instituciones que reciben fondos federales. 

La investigación inició a raíz de denuncias por parte de la Legal Insurrection Foundation's Equal Protection Project, un grupo conservador que se opone a políticas basadas en raza o estatus migratorio.

Nebraska eliminó la “Dreamer's Pathway Scholarship” de su sitio web de becas vigentes y ahora redirige a una beca genérica sólo para residentes de Nebraska.

Organizaciones civiles señalan que tras la presión de Trump para reducir los apoyos a estudiantes que viven en el país pero nacieron en el extranjero, han visto deserción escolar masiva, reducción de carga académica, migración interna a otros estados que mantienen sus programas y crisis de salud mental por estrés, ansiedad y depresión por el panorama incierto. 

Por ahora, el acceso a educación superior para jóvenes inmigrantes dependerá del lugar donde vive y si su estado está dispuesto a ir en contra de la demanda federal y pelear en las cortes.

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Una semana después del día de Pascua de 2026, celebrado el 5 de abril, la religión católica continuó siendo el tema central de las conversaciones en línea entre los latinos hispanohablantes de Estados Unidos, según señala el monitoreo de  contenidos virales de grupos públicos de WhatsApp y Telegram realizado por el Instituto Democracia Digital de las Américas (DDIA, por sus siglas en inglés), organización aliada de Factchequeado.

A continuación se detallan los hallazgos encontrados por DDIA en su monitoreo, difundidos en su boletín semanal REDESCover:

Se inició el 7 de abril un intercambio de acusaciones sin precedentes entre el papa León XIV y el presidente Donald Trump después de que el papa criticara la postura militar de la administración hacia Irán y rechazara dos días después una invitación para visitar Washington durante las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos. El mismo 7 de abril, Trump había amenazado en su red Truth Social con destruir toda la civilización iraní: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”.

Trump tildó al papa de “débil ante la delincuencia” y de "liberal" e insinuó que debía su cargo a la presidencia de Trump. La tensión generó una gran interacción en las plataformas de redes sociales y se intensificó aún más cuando el presidente de Estados Unidos publicó (y posteriormente borró) una imagen generada por IA en la que aparecía similar a la representación de Jesucristo, y de la que él luego afirmó que era una imagen suya vestido de médico.

Un análisis de las publicaciones en español con mayor interacción realizadas en Facebook, X, YouTube, Instagram, TikTok y BlueSky por DDIA revela tres narrativas dominantes que dan forma a la conversación:

La primera (y más importante) es el elogio generalizado a la postura desafiante del pontífice. La segunda es una profunda indignación por el uso que hace Trump de la inteligencia artificial para representarse a sí mismo como una figura mesiánica, y la tercera es la división entre los aliados geopolíticos conservadores, con algunos sugiriendo que el papa es de izquierdas y otros alineándose con el discurso antibélico del pontífice. 

Narrativa 1: el papa como un soberano firme

La narrativa más destacada en español encontrada por DDIA en su monitoreo de redes presenta al pontífice como un contrapeso moral necesario frente a la "diplomacia de la fuerza" del Gobierno estadounidense. Su decisión de no asistir a los actos de la Casa Blanca para visitar a los migrantes del norte de África se interpreta como una afirmación deliberada y valiente de soberanía espiritual.

Entre los latinos de EE. UU., esta narrativa está generando un fuerte compromiso, especialmente a través de los principales agregadores de noticias, donde la "falta de miedo" del papa parece presentarse como prueba de autoridad moral sobre el poder político.

Uno de los ejemplos más virales proviene del medio, enfocado en México, Latinus. Al destacar que Donald Trump atacó al papa León XIV y que el pontífice respondió diciendo que "no teme a este gobierno", una publicación en TikTok generó más de 315,000 interacciones, en su mayoría positivas, en menos de 24 horas.

De manera similar, el medio religioso estadounidense ACI Prensa obtuvo más de 40,000 interacciones en un solo día con una publicación en Facebook que citaba directamente al papa: "No tengo miedo ni de la administración Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que creo que estoy llamado a hacer". El tono emocional predominante es de orgullo y convicción moral.

Narrativa 2: la versión generada por IA de la “blasfemia”

Una segunda conversación dominante en Internet entre la comunidad latina de EE. UU. identificada por DDIA gira en torno a la intensa reacción religiosa desencadenada por las imágenes mesiánicas generadas con IA de Donald Trump. Para muchos hispanohablantes, la publicación cruzó una línea crítica y fue percibida como una blasfemia.

La controversia también puso de manifiesto fracturas dentro de los ecosistemas pro-Trump en español. Destacadas voces conservadoras, entre ellas el actor y activista político mexicano Eduardo Verástegui, se posicionaron en defensa del papado, rechazando la personalización de los ataques contra el papa y reforzando la idea de que el pontífice no es un actor político ni está subordinado a ningún gobierno. El tono de la conversación aquí es de indignación.

Narrativa 3: el papa como infiltrado “progresista”

Impulsadas por los líderes de la agenda de la derecha, las publicaciones de este grupo narrativo –según los hallazgos de DDIA– pretenden deslegitimar al papa León XIV presentándolo como un actor partidista alineado con la "izquierda radical". Las publicaciones se centran en gran medida en una reunión entre el papa y David Axelrod (antiguo asesor de Barack Obama) para insinuar una subversión de la Iglesia. La participación de los latinos alineados con el movimiento MAGA (Make America Great Again) se caracteriza por el cinismo y un esfuerzo estratégico por trasladar la lealtad del Vaticano a Trump como el "verdadero" protector del cristianismo.

El influencer de tendencia conservadora Eduardo Menoni es la voz más difundida en el universo de esta narrativa. Con niveles de participación de12,600 interacciones en un día, ha promovido la idea de que "Trump ha hecho más por los cristianos que el papa progre".

El tono emocional principal en este tercer grupo narrativo analizado por DDIA es de cinismo y recelo.

Más allá de las propias narrativas, los investigadores del DDIA identificaron el uso de técnicas de manipulación recurrentes (el marco de las "4 D" de Ben Nimmo) que moldean el debate. Llamar la atención sobre estos patrones ofrece una oportunidad valiosa (y quizá única) para reforzar la alfabetización mediática y ayudar al público a comprender mejor cómo funciona la manipulación en tiempo real.

• Desprecio/desánimo: la autoridad del papa se ve socavada al presentarlo como un actor político fracasado. En publicaciones difundidas por medios como UHN Plus, Trump tilda al pontífice de "débil ante la delincuencia" y "pésimo en política exterior", desviando la conversación hacia la crítica partidista. Cabe señalar aquí que el papa León también utilizó palabras contundentes (aunque no dirigidas directamente a Trump) cuando afirmó que "Dios no está con los malvados, con los arrogantes, con los orgullosos".

• Distorsionar: ante las acusaciones de blasfemia sobre la imagen de Trump similar a la representación de Jesús, la administración estadounidense intentó replantear la imagen, y Trump sugirió que su intención era representarse "como un médico". Esta reinterpretación busca diluir el simbolismo religioso original y minimizar el daño a su reputación.

• Distraer: cuando Trump afirma que el pontífice le debe su cargo a él (una narrativa difundida a través de medios como La Derecha Diario), intenta desviar la atención de la crítica del papa a las acciones militares de EE. UU. en Irán.

* Este artículo fue parte del boletín REDESCover del 16 de abril de 2026 de DDIA, organización aliada de Factchequeado. Puedes suscribirte al boletín aquí.

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Sin embargo, un estudio del Budget Lab de la Universidad de Yale estima que el acuerdo firmado entre el IRS y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en abril de 2025 puede provocar pérdidas multimillonarias para el gobierno federal, porque podría haber disuadido a muchos de declarar impuestos en 2026, generando una pérdida de ingresos federales de alrededor de 25,000 millones sólo en este año (por las declaraciones de 2025), y de 313,000 millones por las declaraciones de los años de 2026 y 2035.

El acuerdo firmado entre el ICE y IRS permite que ambas agencias  compartan datos confidenciales de contribuyentes, como nombres, direcciones, datos fiscales y datos de dependientes.

El mismo Budget Lab identifica dos vías principales por las que se produciría esa pérdida: que los inmigrantes dejen de presentar su declaración de impuestos y que empleadores o trabajadores migren hacia acuerdos de contratación informales en los que no se retienen impuestos de nómina. Si aumenta la proporción de trabajadores indocumentados empleados "bajo la mesa", el gobierno perdería no sólo los impuestos sobre la renta sino también los impuestos de nómina. 

¿Cuánto pagan en impuestos los inmigrantes indocumentados?

Según la organización sin fines de lucro American Immigration Council, en 2023 (dato más reciente disponible) los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados pagaron 89,800 millones de dólares en impuestos totales: 33,900 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales, y 55,800 millones de dólares en impuestos federales.

El Budget Lab de la Universidad de Yale llegó a una cifra similar: estima que en 2023, los trabajadores inmigrantes indocumentados pagaron 66,000 millones en impuestos federales (aproximadamente 43,000 millones en impuestos de nómina (payroll taxes) y 22,000 mil millones en impuestos sobre la renta (income taxes).

El Instituto Cato –un centro de investigación libertario–  concluyó en un estudio reciente que  los inmigrantes pagaron aproximadamente 17% más en impuestos entre 1994 y 2023 que el estadounidense promedio. También señala que los inmigrantes indocumentados “redujeron el déficit [fiscal] en al menos 1.7 billones de dólares” en ese mismo período.

La investigación de Cato también concluye que los inmigrantes indocumentados “probablemente también pagaron más en impuestos de lo que recibieron en beneficios gubernamentales”. Como te hemos explicado en Factchequeado, los inmigrantes indocumentados, por ley federal, no pueden tener acceso a la gran mayoría de los beneficios federales. La única excepción es el llamado Medicaid de Emergencia, un programa que comenzó en 1986 y que reembolsa a los hospitales por la atención de emergencias médicas para personas que no tengan seguro y no tengan cómo pagar. Medicaid de Emergencia representó, en el año fiscal 2023 (el dato más reciente disponible), el 0.4% del gasto total de Medicaid.

Esto también ha sido documentado por el centro de investigación no partidista Tax Policy Center en 2024, que explica que los inmigrantes indocumentados contribuyen para el Seguro Social y para Medicare, aunque no califiquen para obtener beneficios de estos programas.

Las personas indocumentadas pueden declarar impuestos a través de un número de identificación individual del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) proporcionado por el IRS, que permite pagar taxes sin tener un número de Seguro Social.

El IRS debilitado

El Budget Lab de Yale también advierte que, más allá del problema relacionado con el acuerdo con ICE, los recortes de personal y financiamiento al IRS habrán resultado en aproximadamente 861,000 millones de dólares en ingresos no recaudados entre 2026 y 2035.

Para mediados de 2025, según el mismo laboratorio, el IRS había perdido más de 3,600 agentes de recaudación de impuestos –aproximadamente el 31% de todo su personal de auditorías– que son los encargados de examinar declaraciones complejas de personas de altos ingresos y corporaciones.

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We received a question through our Instagram account asking “if it's true what people say” that President Barack Obama deported more immigrants than Donald Trump. To answer our follower, Factchequeado reviewed the public deportation data available from 1993 to March 2026, to compare the policies of both presidents and other administrations.

Deportation statistics (“removals”) are not available in a single repository, updated information is lacking, and there are limitations that we note at the end of this text in the methodology section.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) does not have publicly available deportation figures for Trump's second term. It has data through December 2024, but not all of it is in the same link or in a statistical record that breaks it down by year.

Given this lack of updated figures, at Factchequeado we analyzed the existing publicly available data on the websites of both the Department of Homeland Security (DHS) and ICE. Additionally, we analyzed two datasets from ICE obtained by the Deportation Data Project through the Freedom of Information Act (FOIA), which extend the data through March 20, 2026. We published our first report on August 20, 2025; this second one updates the statistics with the new data.

The Data Project is an academic and litigation initiative that collects and publishes datasets on U.S. government immigration control and is led by David Hausman, professor at UC Berkeley School of Law; Graeme Blair, professor at the University of California, Los Angeles (UCLA); and Amber Qureshi, an attorney specializing in federal immigration and FOIA litigation.

What 30+ Years of Deportations Show Across 5 Presidents

Despite the challenges posed by current migration figures, data compiled and analyzed by Factchequeado shows that President Obama deported more immigrants than any other president in the last three decades.

Obama's immigration policies primarily focused on deporting immigrants with criminal charges and those considered national security threats, especially during his final years in office. By contrast, under President Trump, criminal priorities were eliminated, categorizing all undocumented individuals as deportable.

For instance, in this article, we explained that 80% of immigrants taken to detention centers in the first months of Trump's second term had no criminal record. Yet  authorities publicly describe them as "the worst of the worst." Additionally, detentions of immigrants without crimes rose from 1,048 in January 2025 to 11,972 in June 2025.

Our analysis covers fiscal year 1993 through June 26 of fiscal year 2025, encompassing the administrations of Democrat Bill Clinton, Republican George W. Bush, Democrat Barack Obama, Democrat Joe Biden, and Republican Donald Trump.

We provide a breakdown of the statistics by president and by period of government.

Bill Clinton (1993-2000) - 8 years

863,958 deportations | Annual average: 107,994 | Daily average over 8 years: 296

All figures are based on fiscal years (October-September)

• FY 1993: 42,469 deportations (125/day).

• FY 1994: 45,621 deportations (125/day).

• FY 1995: 50,873 deportations (139/day).

• FY 1996: 69,588 deportations (191/day).

• FY 1997: 114,292 deportations (313/day).

• FY 1998: 172,547 deportations (473/day).

• FY 1999: 180,101 deportations (493/day).

• FY 2000: 188,467 deportations (516/day).

Context of the period: Under Clinton, deportations focused primarily on people with criminal backgrounds and immigration violations. The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 expanded deportation categories and reduced available legal defenses.

George W. Bush (2001-2008) - 8 years

2,021,965 deportations | Annual average: 252,745 | Daily average over 8 years: 692

• FY 2001: 189,026 deportations (518/day).

• FY 2002: 165,168 deportations (453/day).

• FY 2003: 211,098 deportations (578/day).

• FY 2004: 240,665 deportations (659/day).

• FY 2005: 246,431 deportations (675/day).

• FY 2006: 280,974 deportations (770/day).

• FY 2007: 319,382 deportations (875/day).

• FY 2008: 369,221 deportations (1,012/day).

Context of the period: Following the 9/11 terrorist attacks on the Twin Towers in 2001, Bush prioritized deportations for national security reasons. He expanded the operations of the newly created ICE (2003) and intensified workplace raids. Deportations included both criminals and those accused of civil immigration violations.

Obama's First Administration (2009-2012)

1,589,451 deportations | Annual average: 397,362 | Daily average: 1,088

• FY 2009: 389,834 deportations (1,068/day).

• FY 2010: 392,862 deportations (1,076/day).

• FY 2011: 396,906 deportations (1,087/day).

• FY 2012: 409,849 deportations (1,123/day).

In 2012, a historic peak was reached, with an average of 1,123 deportations per day. This unprecedented figure led immigrant organizations to label Obama the “Deporter in Chief.”

Context of the period: Obama's first administration maintained the Secure Communities program launched in 2008 under Bush's presidency, a system where local police sent fingerprints to the FBI for identification, and the FBI sent the information to ICE to detect immigrants without legal status or with deportation orders. Deporting people with serious crimes and recent border crossers became a priority. Expulsions of immigrants without 

criminal records in the country's interior decreased.

However, of the 375,000 immigrants expelled during the 6 years the program operated (active until 2014), more than 70% did not have crimes considered a national security threat, according to data from Syracuse University's TRAC Center (Transactional Records Access Clearinghouse).

Amid criticism over the high number of deportations, Obama announced on June 15, 2012 the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program.

Obama's Second Administration (2013-2016)

1,160,255 | Annual average: 290,063 | Daily average: 794

FY 2013: 368,644 deportations (1,010/day).

FY 2014: 315,943 deportations (866/day).

FY 2015: 235,413 deportations (645/day).

FY 2016: 240,255 deportations (658/day).

Context of the period: During the first fiscal year of Obama's second administration, thousands of immigrants were deported for entering without authorization (46,759 cases), a misdemeanor; driving under the influence of alcohol (29,852 cases); and for traffic violations (15,548 cases), despite the goal being to focus on level 1 criminals.

In 2014, Secure Communities closed, and DHS created the Priority Enforcement Program (PEP) with 4 categories for deportation:

• Priority 1: national security threats (terrorists, spies), dangerous criminals, and recent border arrivals after January 1, 2014.

• Priority 2: people with an extensive history of immigration violations (those who had recently crossed the border but were not priority 1).

• Priority 3: immigrants with minor crimes but sentences of more than 90 days (DUI, domestic violence, theft, etc.).

• Priority 4: people with final deportation orders issued after January 1, 2014.

• With the new priority system, deportations dropped in the last three years of his administration to less than 1,000 per day.

The Obama years: From 2009 to 2016, his administration deported 2,749,706 individuals, averaging 343,713 deportations per year—the highest in 32 years. In 2012, the daily peak reached 1,123 deportations.

Trump's First Administration (2017-2020)

935,346 deportations | Annual average: 233,836 | Daily average: 641

• FY 2017: 226,119 deportations (620/day).

• FY 2018: 256,085 deportations (702/day).

• FY 2019: 267,258 deportations (732/day).

• FY 2020: 185,884 deportations (509/day).

Context of the period: Trump reversed the changes with PEP, and his administration eliminated the DHS's 4 deportation priority categories. He signed an executive order to return to the Secure Communities system and arrests intensified in the country's interior. Deportations due to traffic violations increased again (138% after 9 months of the government change).

He implemented, with the endorsement of former Mexican President Andrés Manuel López Obrador, the “Remain in Mexico” policy, a program that forced non-Mexican asylum seekers to wait in Mexico for months or years while U.S. immigration courts resolved their cases. 

Migrant communities, including families with children, set up tents on the Mexican side of the border and were exposed to extortion, kidnapping, and other crimes. The measure faced judicial restrictions.

Joe Biden (2021-2025) - 4 years

545,252 deportations | Annual average: 136,313 | Daily average: 373

• FY 2021: 59,011 deportations (162/day).

• FY 2022: 72,177 deportations (198/day).

• FY 2023: 142,580 deportations (391/day).

• FY 2024: 271,484 deportations (744/day).

Context of the period: Biden ordered a 100-day pause on interior deportations for people with final removal orders, except for national security threats, recent border crossings (after November 1, 2020), and cases where the law required deportation. But a federal judge in Texas blocked it after 6 days.

His administration formally ended the “Remain in Mexico” program, and implemented more selective interim priorities focused on 3 categories: (1) national security threats, (2) recent border crossings, and (3) people released from prison with convictions for serious aggravated felonies who represent a public threat.

The DHS established “Prosecutorial Discretion Guidelines” that maintained the three categories but added mitigating factors (age, time in the United States, military service, family ties) that agents had to consider before arresting or deporting someone, even if they were in a priority category.

Interior deportations fell and returns at the southern border and immigrants convicted of serious crime increased. He launched the CBP One program, a mobile application to request an appointment from outside the United States to process asylum.

Title 42 Expulsions under Trump and Biden from March 2020 to May 2023

Between March 2020 and May 2023, Customs and Border Protection (CBP) carried out 2,381,810 expedited removals under Title 42 at the southern border. Expelled immigrants had no right to asylum process, and these figures are not included in formal removals.

Title 42 is a 1944 public health provision that allows restricting entry to prevent disease. 

Trump began using it for immigration expulsions in March 2020 as a COVID-19 measure, and Biden maintained it during part of his term.

Expedited removals by fiscal year:

• 2020: 206,770.

• 2021: 1,071,074.

• 2022: 1,103,966.

Trump's Second Administration (Jan. 20, 2025, to March 10, 2026)

• Fiscal year 2025: 367,407 deportations (1,006/day).

• Fiscal year 2026 (Oct. 1, 2025, to March 10, 2026): 191,268 deportations (1,188/day).

For the entire fiscal year 2025, we analyzed ICE deportation statistics obtained by the Deportation Data Project. We also have data for part of fiscal year 2026, but only from Oct. 1, 2025, to March 10, 2026. After this date, no more statistics are available.

President Trump's second administration began Jan. 20, 2025, and since our analysis is focused on fiscal years, 3 months and 19 days were under Joe Biden's government. If we discount these days with Biden and examine only the total days under Trump from the available data — 415 days from inauguration day until March 10, 2026 — the statistic yields 452,491 deportations: an average of 1,090 people deported per day.

For now, the analyzed figures show that fiscal year 2025 deportations averaged 1,006 per day, very close to the record in deportations under Obama (1,123 daily in 2012). As for fiscal year 2026, it is incomplete and we only have data for 161 days; however, the daily average of deported people exceeds that of all previous years, at 1,188. If this continues, it could become the worst year in recent history.

Broken down by month, fiscal year and president in office:

FY 2025 - Under Biden's government

• October 2024: 30,543 / with Biden | Average per day: 985.

• November 2024: 28,958 / with Biden | Average per day: 965.

• December 2024: 31,472 / with Biden | Average per day: 1,015.

FY 2025 - Under Biden and Trump's government

• January 2025: 26,132 / Biden + Trump | Average per day: 843.

FY 2025 - Under Trump's government

• January 2025 (Jan. 20-31): 10,921 deportations (910 in 12 days).

• February 2025: 27,505 / with Trump | Average per day: 982

• March 2025: 30,440 / with Trump | Average per day: 982.

• April 2025: 30,341 / with Trump | Average per day: 1,011.

• May 2025: 32,525 / with Trump | Average per day: 1,049.

• June 2025: 29,540 / with Trump | Average per day: 985.

• July 2025: 31,216 / with Trump | Average per day: 1,040.

• August 2025: 32,978 / with Trump | Average per day: 1,064.

• September 2025: 35,757 / with Trump | Average per day: 1,192.

FY 2026 - Under Trump's government

• October 2025: 38,412 deportations | Average per day: 1,239.

• November 2025: 36,429 deportations | Average per day: 1,214.

• December 2025: 39,597 deportations | Average per day: 1,277.

• January 2026: 35,407 deportations | Average per day: 1,142.

• February 2026: 33,030 deportations | Average per day: 1,179.

• March 2026 (March 1-10): 8,393 deportations | Average per day: 839.

Period Context: Trump began his second administration exceeding the average of more than 1,000 deportations per day in April 2025. (We clarify that in a previous version of this analysis published Aug. 20, 2025, we noted that for that same day we had published that there had been more than 2,000 deportations. If the number changes now, it is due to new ICE data obtained by the Data Project and reviewed by us).

The peak of deportations under Trump was recorded in the month of December 2025, with 1,277 daily; then October 2025, with 1,239; followed by November 2025, with 1,217; followed by September 2025, with 1,192; February 2026, with 1,179; and January 2026, with 1,142.

Only 29% of people deported by this administration fall under the convicted criminal  category. 

Trump has implemented anti-immigrant executive orders, large-scale military-style raids and expanded cooperation with local authorities.

He signed agreements with third countries to receive expelled immigrants, without granting them the right to due process, for example, Costa Rica, Panama, Rwanda, Kosovo or South Sudan. The United States sent 238 Venezuelans to a maximum-security prison in El Salvador under the Alien Enemies Act of 1798 and labeled most of them as members of Tren de Aragua based on their tattoos, even though they were not. Several of these decisions have faced challenges and blocks in federal courts.

In January 2026, in one of the ICE and CBP operations focused on Minnesota, agents killed U.S. citizens Renee Good and Alex Pretti. Weeks later it became known that ICE had also killed U.S. citizen Ruben Ray Martinez on Padre Island, Texas, on March 15, 2025, whose family is of Latino origin.

Arrests during Trump's term have broken records: the number of people in detention centers exceeded 60,000 on Aug. 11, 2025, according to ICE data, and 8 out of 10 have no criminal record, as we told you in this article.

Methodology

We examined the Immigration Statistics Yearbooks from the Department of Homeland Security (DHS), available only through fiscal year 2022; ICE annual reports through December 2024. Additionally, at Factchequeado we analyzed new datasets on deportations and arrests from fiscal year 2025 and the first 5 months of fiscal year 2026, provided by ICE to the Deportation Data Project via FOIA request.

It's important to clarify that the term “deportation” commonly used does not correspond to the official terminology in U.S. government public records, where they are called “removals.” Removals are formal orders to leave the country issued by an immigration judge or ICE officer that have severe legal consequences: removed persons are prohibited from returning to the United States for periods ranging from five years to permanent bans, depending on the case.

*This analysis was updated April 20, 2026, with ICE data through March 10, 2026, obtained by the Deportation Data Project after the Trump administration stopped making deportation statistics publicly available. The number of arrests was also updated through March 10, 2026. 

**Originally published Aug. 20, 2025.

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Read also:

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Por ejemplo, Cox Automotive, que provee análisis de datos de la industria automotriz, estima que 1.73 millones de vehículos fueron embargados en 2024 (último año con datos disponibles). Esto representa un incremento del 42% respecto de los 1.21 millones de embargos registrados en 2022. En 2021, se registraron 1.13 millones de embargos.

Asimismo, Fitch Ratings, es una empresa que evalúa la integridad de instrumentos de deuda, como los bonos, registró en los últimos años un aumento de morosidad más marcado en prestatarios con puntajes crediticios más bajos que aquellos con puntajes más altos (prime). 

Específicamente, la empresa señala que en enero y febrero de 2026, el 6.9% y 6.8% de los préstamos subprime tenían pagos atrasados  por más de 60 días, respectivamente. Estas cifras han ido aumentando desde su punto más bajo registrado en mayo de 2021, cuando el 2.58% de estos préstamos estaban en morosidad. Mientras que los préstamos prime con morosidad de 2 meses aumentaron de 0.14% en mayo de 2021 a 0.42% en febrero de 2026, según datos de Fitch Ratings.

“Estas cifras muestran claramente una creciente presión financiera entre los consumidores, especialmente aquellos que ya se encuentran en situaciones financieras vulnerables”, dijo a Factchequeado por correo electrónico Sandra Tobón, directora de asesoramiento en vivienda y alcance comunitario de Consolidated Credit –organización de asesoramiento crediticio sin fines de lucro–. Además, aquellos prestatarios con puntajes más bajos “son más sensibles a cambios en la economía, tales como la inflación, el aumento de los costos de los seguros y el alza de las tasas de interés”. 

Estimaciones de CU Repossession, que se describe como un medio de noticias e industria centrado en el negocio de los embargos, que registraron casi 1.9 millones de embargos de autos en 2024, concluyeron que el año 2025 iba encaminado a cerrar con más de 3 millones de autos embargados, según un reporte publicado en octubre de 2025 (últimos datos disponibles). 

Consecuencias de un embargo de un auto

Un embargo de un auto se mantiene en tu historial crediticio por 7 años, según indica Experian, una de las 3 principales agencias de crédito de Estados Unidos. 

Simon Goodall, CEO de Caribou, una entidad tecnológica financiera de refinanciación de préstamos de autos, dijo en un correo electrónico a Factchequeado que esto podría resultar  en una reducción del puntaje de crédito de entre 50 y 150 puntos, lo cual afectará la capacidad de “obtener un [nuevo] préstamo automotor, alquilar un apartamento y, en ocasiones, incluso conseguir un empleo”. 

También puede resultar en intereses más altos para futuros préstamos, dijo Tobón. 

Tanto Tobón como Goodall coinciden en que recuperar el puntaje crediticio (credit score) requiere “tiempo y disciplina”, realizar pagos puntuales en todas las cuentas, así como usar tarjetas de crédito aseguradas o préstamos para construir crédito. 

En Factchequeado consultamos con expertos y fuentes oficiales sobre qué se puede hacer en caso de enfrentar problemas con los pagos de los préstamos para automóviles o un posible embargo.

Contacta a la entidad prestamista

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) aconseja contactar a tu prestamista o administrador del préstamo para consultar qué opciones tienes a tu disposición tan pronto como sepas que no puedes realizar los pagos. Los embargos pueden ocurrir después de tan solo un pago incumplido dependiendo del estado en el que te encuentres, advierten Tobón, Goodall y la CFPB.

Muchas instituciones pueden ofrecer “programas de asistencia para casos de dificultad económica o acuerdos de pago”, dijo Tobón. Otras opciones incluyen “refinanciar” el préstamo, “solicitar una modificación” o “un aplazamiento de los pagos”, en caso de que estas opciones estén disponibles, agregó.

La CFPB recomienda obtener el acuerdo con tu entidad financiera por escrito para evitar malos entendidos o, en caso de que necesites, “impugnar el error ante el prestamista o las agencias de informes de crédito”. 

Crea un presupuesto realista priorizando los pagos del auto

Goodall aconseja que antes de dejar de hacer los pagos de tu auto puedes reducir, en su lugar, otros gastos como “suscripciones, comer fuera o gastos discrecionales”. 

“Tu carro es lo que te lleva al trabajo, así que protégelo por encima de la mayoría de las demás obligaciones”, dijo Goodall.

Considera vender tu vehículo o devolverlo voluntariamente

En caso de que tu deuda sea menor al valor de tu auto, venderlo “y comprar algo más asequible es una opción real e inmediata”, dijo Goodall. Lo primero que debes hacer es averiguar cuánto es el monto de tu deuda y el costo aproximado del auto, indica la CFPB.

“Consulta en Carvana, CarMax (minoristas de carros usados) y en los concesionarios locales de tu misma marca, ya que a menudo pagan más por vehículos de su propia marca”, dijo Goodall.

Otra opción es devolver el vehículo al prestamista antes de que sea embargado. A esto se lo conoce como entrega voluntaria (repossession), según explica el medio NerdWallet. Esta opción te puede ayudar a que evites penalidades o cargos extra por embargo, que futuros prestamistas te vean de manera más favorable o que tú controles las condiciones de retiro del vehículo por falta de pago.

La entidad financiera se encargará de revender el vehículo y cubrir tu préstamo con ese dinero, al igual que ocurre durante un embargo normal. Podrías quedar con una deuda residual en caso de que el auto sea vendido por una cantidad menor a la que debes. Asimismo, tu puntaje crediticio también puede ser impactado negativamente y la entrega voluntaria también queda registrada en tu historial crediticio.

Busca refinanciar tu préstamo con otra entidad financiera

Los expertos consultados recomiendan refinanciar el préstamo para tener pagos más bajos. La CFPB recomienda hablar con diferentes entidades financieras para obtener un interés más bajo o para distribuir tus pagos a lo largo de un plazo más extenso.

Goodall dijo a NBC News que una persona puede no haber tenido un buen puntaje de crédito al momento de comprar el auto. Sin embargo, este puede haber “mejorado” tras haber realizado los pagos “de manera constante”.

Un mejor puntaje crediticio puede resultar en una tasa de interés más baja, indica Experian.

Cosas a tener en cuenta antes de comprar un auto

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Tras una orden ejecutiva de la administración de Donald Trump que promueve la producción de glifosato, algunos demócratas han afirmado que el herbicida causa cáncer. Pero la evidencia científica es compleja. Si bien existe cierta evidencia que vincula al glifosato con cánceres en animales de laboratorio o con un tipo de cáncer de la sangre, el linfoma no Hodgkin, en trabajadores arícolas, los resultados han sido inconsistentes.

Los organismos reguladores de todo el mundo, incluida la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), han llegado a la conclusión de que es poco probable que el glifosato suponga riesgos cancerígenos.

En una orden ejecutiva del 18 de febrero de 2026, el presidente Trump promovió la producción de herbicidas a base de glifosato (creado originalmente en 1974 por Monsanto para el herbicida Roundup) como necesarios para la seguridad nacional. 

Esta medida fue vista por muchos como contraria al movimiento Make America Healthy Again (MAHA), que generalmente se opone a los pesticidas, y en particular al glifosato. Bayer, que adquirió Monsanto en 2018, es la única empresa que fabrica glifosato en Estados Unidos, aunque también existen versiones genéricas importadas.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., líder de facto de MAHA, ha afirmado por mucho tiempo que el glifosato causa cáncer, pero ahora defendió la orden ejecutiva.

Los demócratas no tardaron en percatarse de la contradicción y formularon sus propias afirmaciones sobre el glifosato.

“Esta orden ejecutiva es una bofetada para los miles de estadounidenses que han contraído cáncer a causa del glifosato”, declaró el senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, en un comunicado del 19 de febrero de 2026. 

Mientras tanto, el senador demócrata Ed Markey, de Massachusetts, mencionó el glifosato durante la audiencia de confirmación del nominado a director general de Salud pública, el 25 de febrero de 2026, afirmando que Trump está “poniéndose del lado de la empresa fabricante de productos químicos que, de hecho, está causando cánceres”.

Aunque defendió la medida de Trump, Kennedy ha seguido señalando que el glifosato es peligroso. Por ejemplo, en una aparición el 27 de febrero de 2026 en el programa “Joe Rogan Experience”, mencionó la relación con el linfoma no Hodgkin (LNH), el cáncer de sangre detectado en algunos estudios en personas que aplican glifosato.

Otros republicanos, como la representante Nancy Mace de Carolina del Sur, también han reaccionado, aunque en su caso su afirmación sobre el cáncer fue más suave, diciendo que el glifosato solo “se ha relacionado” con el cáncer.

“El glifosato y otros pesticidas no deberían estar en nuestros alimentos ni en el cuerpo de nuestros hijos”, escribió en una publicación del 8 de marzo de 2026 en X. “Nos estamos envenenando sistemáticamente”.

Hay pocos indicios de que el glifosato cause cáncer en las mínimas cantidades presentes en los alimentos. Algunos estudios han identificado asociaciones entre la exposición al glifosato y el cáncer, ya sea en humanos que utilizaron el herbicida o en animales expuestos en el laboratorio. Sin embargo, los hallazgos han sido inconsistentes y los investigadores han llegado a conclusiones diferentes sobre la evidencia en general.

Un amplio estudio de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) que evaluó la exposición en trabajadores agrícolas, publicado en 2017, no encontró ninguna relación entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin u otros tipos de cáncer. Esta falta de una conexión concreta ha llevado a muchos organismos reguladores a concluir que es improbable que el glifosato cause cáncer.

Al mismo tiempo, un informe de 2015 ampliamente citado de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que el glifosato era “probablemente cancerígeno para los humanos”, basándose en datos de animales de laboratorio y en evidencia “limitada” del mundo real que vinculaba el glifosato con el cáncer en humanos.

“El panorama general con el glifosato es confuso”, dijo a FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado, David Eastmond, profesor emérito de la Universidad de California, Riverside, quien estudió toxicología genética y carcinogénesis química. Eastmond formó parte, en 2016, de un comité de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) que concluyó que era improbable que la exposición humana al glifosato en la dieta causara cáncer. “Los estudios en humanos son confusos, los estudios en animales son confusos, los estudios mecanicistas son confusos. Y uno intenta sacar conclusiones dentro de esa confusión, y diferentes personas las interpretan de diferentes maneras”.

A continuación, repasaremos las pruebas sobre el glifosato que han evaluado los organismos reguladores y otros actores, así como las pruebas más recientes que se están considerando.

Amplia exposición, pero escaso consenso sobre los riesgos

Los herbicidas a base de glifosato son los más comúnmente utilizados en el mundo. Por lo tanto, un gran número de personas entra en contacto con ellos, al menos en alguna cantidad. 

El monitoreo realizado por los CDC, encargados del control de enfermedades.  ha revelado que la mayoría de las personas presentan niveles detectables de glifosato en la orina. Sin embargo, los investigadores de la agencia han señalado que esto, por sí solo, “no significa que el glifosato cause enfermedades o efectos adversos”. El glifosato no se acumula significativamente en el organismo y se elimina rápidamente.

Los trabajadores agrícolas son quienes tienen mayor exposición al glifosato. El químico también se encuentra en pequeñas cantidades en diversos alimentos, especialmente cereales y legumbres. Se ha observado que las personas que viven cerca de los campos donde se fumigan presentan niveles elevados de glifosato en la orina, en comparación con quienes viven más lejos.

Además de utilizarse en explotaciones agrícolas, los herbicidas a base de glifosato se vendían anteriormente para uso residencial, aunque a partir de 2023 Bayer ha comercializado nuevos productos que incluyen herbicidas distintos del glifosato, alegando la necesidad de “reducir aún más el riesgo de futuros litigios”.

A pesar de estos litigios, no está claro qué impacto tiene la exposición a los herbicidas a base de glifosato (diseñados para interferir con una vía metabólica clave compartida por las plantas y algunos microbios, pero no por los humanos) en las personas y en qué medida.

El glifosato no es muy tóxico a corto plazo. Los científicos pueden evaluar la toxicidad aguda de una sustancia química administrándola a roedores y midiendo la dosis a la que muere la mitad de los animales. Se necesitan más de 4.000 miligramos de glifosato por kilogramo de peso corporal para matar a la mitad de las ratas; esto significa que el glifosato es menos precisamente tóxico a corto plazo que la sal de mesa. Sin embargo, en el caso del cáncer, los científicos están interesados en los efectos a largo plazo.

Algunos investigadores afirman que la evidencia general indica que el glifosato puede causar cáncer. “El glifosato y los herbicidas a base de glifosato (HBG) perjudican la salud humana y pueden causar cáncer”, escribió un grupo de 50 médicos, científicos y otras personas, entre ellas la activista de MAHA, Kelly Ryerson, en un comunicado del 27 de marzo de 2026. “La evidencia exhaustiva respalda esta conclusión y la evidencia epidemiológica más sólida vincula la exposición con un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin, un cáncer del sistema linfático”. El comunicado se emitió tras un simposio sobre los efectos del glifosato en la salud, celebrado en la Universidad de Washington, que reunió a investigadores académicos y gubernamentales, consultores, abogados y representantes de organizaciones sin fines de lucro.

Otros se han mostrado menos convencidos, incluyendo, como ya hemos mencionado, a los organismos reguladores de diversas regiones y países, como Canadá, Japón y la Unión Europea. Algunos epidemiólogos y comunicadores de salud han señalado que, por lo general, los riesgos de cáncer en roedores se han observado a dosis superiores a las que una persona suele estar expuesta a través de su dieta, si bien reconocen que podría haber motivos de preocupación para las personas con exposiciones más extremas. Y, como ya hemos indicado, un amplio y riguroso estudio epidemiológico en humanos no mostró ninguna asociación entre el glifosato y el cáncer.

Para complicar aún más este debate, por mucho tiempo ha existido preocupación por la influencia que Monsanto pudo haber ejercido sobre la literatura científica relativa a la seguridad de su producto. (Bayer adquirió Monsanto en 2018). En diciembre, una revista retractó un artículo de revisión de 2000 sobre la seguridad del glifosato porque un empleado de Monsanto sugirió en un correo electrónico interno que había sido escrito por una persona pagada para escribirlo.

En un comunicado del 4 de diciembre, Bayer afirmó que la participación de Monsanto en el artículo de 2000 “no alcanzó el nivel de autoría y se divulgó adecuadamente en los agradecimientos”. En un comunicado que fue enviado a FactCheck.org por correo electrónico, un portavoz de Bayer enfatizó la seguridad y las exhaustivas pruebas a las que se han sometido los productos de la compañía a base de glifosato: “Lo cierto es que ningún organismo regulador de la salud en el mundo ha encontrado que el glifosato representa una amenaza para la salud humana”.

Mientras tanto, tras la designación del glifosato como “probablemente cancerígeno” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC, por sus siglas en inglés) en 2015, personas con linfoma no Hodgkin, con la ayuda de abogados, incluido Kennedy, interpusieron miles de demandas contra Bayer alegando daños causados por Roundup. (Un asesor de Booker, el senador de Nueva Jersey,  comentó por correo electrónico que “la estimación de que miles de estadounidenses han contraído cáncer a causa del glifosato está respaldada por las demandas presentadas por miles de personas en Estados Unidos que desarrollaron cáncer tras usar herbicidas a base de glifosato”).

El 17 de febrero de 2026, Bayer propuso un acuerdo de 7.250 millones de dólares para resolver los casos actuales y futuros. Mientras tanto, la Corte Suprema escuchará este mes los argumentos sobre si las personas pueden presentar demandas contra Bayer bajo la ley estatal por no advertir sobre los riesgos en las etiquetas de los productos que contienen glifosato. (La administración Trump presentó un escrito de amicus curiae el 1 de diciembre de 2025 en apoyo de la postura de Bayer). Diversos grupos de defensa también han impugnado las conclusiones de la EPA. Se espera que la EPA emita una decisión revisada en octubre.

“Este año, la EPA llevará a cabo una revisión científica exhaustiva, transparente y rigurosa del glifosato para evaluar su uso y garantizar que las decisiones estén plenamente alineadas con la mejor ciencia disponible, así como con la salud humana y la protección del medio ambiente”, dijo un portavoz de la EPA por correo electrónico.

El litigio relacionado con el glifosato ha llevado a que científicos actúen como peritos para ambas partes.

“Todos tenemos prejuicios en cierta medida, pero algunos están influenciados por factores externos”, dijo Eastmond. Mencionó los casos del estudio pagado de Monsanto, así como los conflictos que pueden surgir al testificar como perito. “Si uno trabaja para una de las partes, tiende a estudiar e investigar para respaldar ese punto de vista”, afirmó. Añadió que no tiene conocimiento de ningún conflicto de intereses por su parte.

Otra posible explicación para las conclusiones divergentes entre la IARC y los organismos reguladores de pesticidas es que los grupos emplearon procedimientos diferentes y evaluaron cuestiones distintas. La IARC evaluaba si el glifosato representa un peligro, es decir, si tiene la capacidad teórica de causar daño. Otros grupos evaluaban el riesgo del glifosato, o la probabilidad de que cause daño en determinadas circunstancias, como en exposiciones típicas.

Por ejemplo, el comité de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que evaluó el glifosato en 2016 tuvo que determinar si la exposición dietética a niveles muy bajos de residuos de pesticidas conllevaba riesgo de cáncer, lo cual es diferente de la cuestión de si un nivel muy alto de exposición podría causar cáncer. Los organismos reguladores también suelen evaluar el riesgo bajo niveles de exposición realistas.

Sin embargo, un análisis de los argumentos de diferentes grupos y científicos también revela desacuerdos más fundamentales sobre cómo interpretar la ciencia, y múltiples situaciones en las que evaluar la carcinogenicidad no es una tarea sencilla.

Evidencia inconsistente en humanos

Los estudios disponibles en humanos llegan a conclusiones divergentes sobre si el glifosato está asociado con el cáncer en quienes lo aplican. Sin embargo, no hay evidencia en humanos de que las bajas exposiciones en alimentos estén asociadas con el cáncer. Resulta difícil estudiar si el glifosato causa cáncer en humanos, tanto porque el cáncer tarda muchos años en desarrollarse como porque es complicado evaluar la cantidad de herbicida a la que las personas han estado expuestas durante un período prolongado.

Cuando la IARC evaluó la evidencia en humanos sobre la carcinogenicidad del glifosato como “limitada”, existían media docena de estudios que analizaban el glifosato y el linfoma no Hodgkin en humanos, explicó Laura Beane Freeman, epidemióloga del Instituto Nacional del Cáncer, durante una presentación el 25 de marzo de 2026 en el Simposio sobre glifosato de Seattle. “La mayoría de los estudios, aunque no todos, presentaban alguna evidencia de asociación con el linfoma no Hodgkin en general”, afirmó. “Y utilizo este término de forma general. No implica necesariamente significación estadística, sino simplemente alguna evidencia de una asociación positiva”.

Los estudios que inicialmente suscitaron preocupación fueron los estudios de casos y controles. Este tipo de estudio identifica a personas en una población que desarrollaron un tipo de cáncer, así como a controles de la misma población que no padecieron cáncer y luego evalúa su exposición retrospectivamente. Los estudios se basaron en preguntas a los participantes o a sus familiares sobre su exposición previa al glifosato.

En una revisión de la evidencia publicada en 2017, la EPA señaló que no todos los estudios tuvieron en cuenta si las personas estuvieron expuestas a otros pesticidas, que podrían haber tenido sus propios efectos en la salud, y que muchos estudios tenían muestras pequeñas. “En los estudios epidemiológicos, no se encontró evidencia de una asociación entre la exposición al glifosato y diversos tipos de cáncer; sin embargo, debido a los resultados contradictorios y las diversas limitaciones identificadas en los estudios que investigan el linfoma no Hodgkin, no se puede llegar a una conclusión sobre la asociación entre la exposición al glifosato y el riesgo de LNH con base en los datos disponibles”, concluyó la revisión de la agencia.

El Estudio de Salud Agrícola (AHS, por sus siglas en inglés) es un estudio de cohorte prospectivo que incluyó a aplicadores de pesticidas con licencia y los ha seguido durante muchos años. Una ventaja de este tipo de estudio prospectivo es que las estimaciones de las personas sobre la cantidad de pesticidas que utilizaron no pueden verse sesgadas por el hecho de saber si posteriormente desarrollaron cáncer, a diferencia de los estudios que piden a las personas con cáncer que recuerden sus exposiciones pasadas. Además, este tipo de estudio permite analizar una mayor variedad de tipos de cáncer.

Un análisis del estudio realizado en 2005 no halló ninguna relación entre el glifosato y el cáncer. Un análisis actualizado de 2018, que incluyó a más de 54.000 participantes, tampoco encontró ninguna relación entre el uso de glifosato y ningún tipo de cáncer. (En el caso de la leucemia mieloide aguda, se observó un número mayor de casos entre los agricultores con mayor exposición, pero el resultado no fue estadísticamente significativo).

Para algunos, los resultados negativos del AHS son convincentes, sobre todo teniendo en cuenta que el uso de glifosato ha aumentado desde su comercialización en la década de 1970, pero el linfoma no Hodgkin ha disminuido ligeramente en general desde su pico en 2007. “Según tengo entendido, el estudio más sólido hasta la fecha es el Estudio de Salud Agrícola”, afirmó Eastmond. “Simplemente no encontraron ninguna evidencia” de cáncer, con la excepción del posible aumento de la leucemia mieloide aguda.

“Ese estudio a largo plazo sobre trabajadores agrícolas, con una exposición relativamente bien definida durante casi 20 años, no muestra evidencia de riesgo de cáncer”, dijo a FactCheck.org Alan Boobis, profesor emérito de Toxicología del Imperial College de Londres. Boobis dirigió el comité de la FAO/OMS que evaluó el glifosato en 2016.

Otros investigadores se han mostrado reacios a interpretar el AHS como una justificación del glifosato. “Aunque el Estudio de Salud Agrícola fue en gran medida negativo, existen otros estudios que fueron claramente positivos”, dijo a FactCheck.org Philip Landrigan, pediatra y médico de salud pública del Boston College, quien firmó la declaración del Simposio sobre el Glifosato de Seattle.

En el simposio, calificó un metaanálisis de 2019 como el “más relevante” de los estudios recientes en humanos. (Los metaanálisis también buscan comprender los datos en su conjunto combinando los resultados de múltiples estudios). Un portavoz de Mace, la representante de Carolina del Sur, había mencionado este estudio cuando se le preguntó sobre los datos que respaldaban sus preocupaciones acerca del glifosato.

El estudio halló que los grupos que informaron el nivel más alto de exposición a herbicidas a base de glifosato tenían una tasa de linfoma no Hodgkin un 41% mayor que aquellos que no informaron de su uso.

“Creo firmemente que la evidencia científica que implica al glifosato y a los herbicidas a base de glifosato como carcinógenos es muy sólida”,  comentó a FactCheck.org Luoping Zhang, primera autora del estudio y profesora adjunta emérita de toxicología en la Universidad de California, Berkeley. Zhang formó parte de un panel de la EPA en 2016 que revisó el glifosato y fue una de las firmantes de la declaración del Simposio sobre el Glifosato de Seattle. Ha actuado como perito para los demandantes en juicios relacionados con el glifosato.

Sin embargo, una revisión de la EPA de 2020 sobre el metaanálisis de Zhang cuestionó si los investigadores tenían una buena justificación para centrarse en los grupos con mayor exposición. La revisión enfatizó que el estudio actualizado de AHS (que calificó como “el estudio más extenso y de mayor calidad”) no encontró indicios de un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin en personas expuestas a niveles más altos de glifosato.

Zhang defendió la decisión de su equipo de analizar los grupos de alta exposición como una cuestión de sentido común. “Si se piensa que la exposición a la sustancia química A puede causar cáncer, todo el mundo creería que cuanto mayor sea la exposición, mayor será la probabilidad de padecer cáncer”, dijo.

Interpretaciones divergentes de los estudios sobre roedores

Los científicos suelen analizar datos obtenidos en roedores para comprender mejor si una sustancia química podría ser perjudicial para los humanos, ya que es posible exponer a ratones y ratas a cantidades precisas de la sustancia y evaluar sus efectos durante un período de tiempo relativamente corto. Sin embargo, los grupos discreparon en su evaluación de los datos sobre el glifosato: la IARC encontró evidencia “suficiente” en animales de que podría causar cáncer, mientras que los organismos reguladores se mostraron más escépticos ante los datos sobre el cáncer en roedores.

Un factor importante es que los distintos grupos que evaluaron el glifosato no se basaron exactamente en los mismos datos, afirmó Eastmond. La IARC solo considera los datos de acceso público. Los organismos reguladores consideran los datos confidenciales presentados por las empresas, y el grupo FAO/OMS también tuvo acceso a estos datos. 

Algunos científicos han argumentado que la IARC no tuvo debidamente en cuenta las numerosas comparaciones estadísticas en los datos de roedores. Con más comparaciones, aumenta la probabilidad de obtener resultados estadísticamente significativos por mero azar. “Esa es una de las razones por las que las personas pueden interpretar las cosas de forma tan diferente”, afirmó Eastmond.

Para llegar a su conclusión sobre la carcinogenicidad del glifosato, la IARC citó una mayor incidencia de una forma rara de cáncer de riñón en un tipo de ratón de laboratorio macho expuesto al glifosato y un aumento del cáncer de los vasos sanguíneos en ratones macho expuestos, así como un aumento de algunos tumores renales benignos.

Otros grupos interpretaron los datos de roedores de manera diferente. “Con base en las evaluaciones de la evidencia, la agencia ha concluido que ninguno de los tumores evaluados en estudios individuales de carcinogenicidad en ratas y ratones está relacionado con el tratamiento”, por diversas razones, concluyó la EPA en su revisión. La agencia no encontró un aumento significativo de tumores renales en ratones, luego de que un nuevo análisis encontrara un tumor adicional en los ratones de control que no se había observado previamente. La revisión de la EPA también señaló que algunos ratones en el estudio recibieron dosis atípicamente altas de glifosato.

La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) concluyó de forma similar en 2022 que los datos obtenidos en ratones “no demostraban pruebas convincentes de tumores inducidos por glifosato”. El grupo sí detectó un aumento de tumores renales poco frecuentes en ratones macho expuestos a niveles muy altos de glifosato, pero consideró que su relevancia para los humanos era “baja” debido a la elevada dosis.

Mientras tanto, el grupo de la FAO/OMS del que formaban parte Eastmond y Boobis concluyó que el glifosato no es cancerígeno en ratas, pero no pudo descartar la posibilidad de que lo sea en ratones a dosis muy altas, según el informe de 2016 sobre sus conclusiones. Sin embargo, el grupo, cuya única tarea era evaluar los efectos de los pesticidas en los alimentos, concluyó que “dichos efectos se observaron a dosis tan altas que no consideramos que fueran relevantes para las decisiones que estábamos tomando sobre los residuos de pesticidas en la dieta alimenticia”, afirmó Eastmond.

Algunas personas preocupadas por el glifosato citan un estudio realizado en ratas en junio de 2025 como prueba de que el herbicida puede ser cancerígeno incluso a dosis bajas. (El asesor de Booker, el senador de Nueva Jersey, citó este estudio, entre otras fuentes que sugieren que el glifosato es cancerígeno). El estudio halló tasas elevadas de diversos tipos de cáncer en ratas expuestas al glifosato o a herbicidas a base de glifosato desde la etapa fetal y durante toda su vida. Esto incluyó un aumento de la leucemia en la primera infancia, una enfermedad poco común en el tipo de ratas estudiadas. Los investigadores utilizaron dosis de glifosato que se ajustaban a los límites reglamentarios europeos para la exposición diaria.

“Esto me indica que los niveles a los que las personas están expuestas hoy en día a través de los alimentos (…) esos niveles representan un riesgo”, afirmó Landrigan, añadiendo que el estudio demuestra que el glifosato causa cáncer. “El riesgo para una persona individual puede ser relativamente bajo, pero cuando millones de personas están expuestas (…) siempre habrá quienes consuman alimentos más contaminados que otros y siempre habrá personas en la población biológicamente más sensibles que otras (…) por lo tanto, si se expone a toda una población a una sustancia química con capacidad cancerígena, se incrementará el riesgo para toda la población”.

Sin embargo, algunos científicos han criticado el estudio por utilizar métodos estadísticos y de otro tipo inusuales, al tiempo que señalan que sus conclusiones contrastan con las de otros estudios realizados con ratas.

En una revisión de julio de 2025, por ejemplo, científicos del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (el grupo que dirigió la revisión de seguridad más reciente de la Unión Europea sobre el glifosato) escribieron que “debido a su diseño, el estudio tiene una comparabilidad muy limitada con los numerosos estudios a largo plazo sobre el glifosato que ya están disponibles” y “no refuta sus hallazgos”. La revisión alemana señaló que estudios anteriores con exposiciones mucho mayores no habían obtenido resultados similares.

El diseño “inusual” del nuevo estudio con ratas “no invalida el estudio en sí, pero implica que debe someterse a escrutinio”, afirmó Boobis. “Se han mostrado muy reacios a permitir que personas ajenas accedan a los datos brutos, las muestras histológicas, etc., para realizar una evaluación independiente”. También calificó de “sumamente poco convencional” la forma en que el estudio contabilizó los tumores y comparó los grupos de ratas.

Analizando los datos mecanicistas

La tercera línea de evidencia que los científicos utilizan para evaluar si una sustancia química es cancerígena es si existe una explicación mecanicista, es decir, si hay un mecanismo por el cual pueda causar cáncer. Nuevamente, diversos grupos han llegado a conclusiones divergentes sobre si el glifosato produce cambios relacionados con el cáncer.

La IARC halló pruebas mecanicistas “contundentes” de que el glifosato causa cáncer, citando evidencia de que daña el ADN, lo que se conoce como genotoxicidad. El grupo también halló evidencia de estrés oxidativo, una medida más indirecta de posible carcinogenicidad. Se considera que las células están bajo estrés oxidativo cuando no logran eliminar adecuadamente las moléculas reactivas de oxígeno. A largo plazo, esto puede provocar cáncer.

Por el contrario, la revisión de la EPA concluyó que los datos disponibles demostraban que el glifosato no causa mutaciones en el ADN cuando se ingiere. El grupo FAO/OMS tampoco encontró efectos genotóxicos del glifosato en mamíferos expuestos por vía oral, y la evaluación de la ECHA europea también concluyó que el glifosato no causaba mutaciones.

Eastmond, quien ayudó a liderar los esfuerzos del grupo FAO/OMS para evaluar la evidencia mecanicista, afirmó que las conclusiones sobre la genotoxicidad pueden variar en parte debido a la gran cantidad de estudios sobre el tema, de calidad muy diversa, y a que la IARC solo consideró estudios publicados, mientras que otros contaban con datos del fabricante. “Nos centramos en lo que consideramos más relevante para el riesgo humano por vía oral”, explicó. “Al hacerlo, concluimos que la evidencia era claramente abrumadoramente negativa en cuanto a la genotoxicidad”. 

Más recientemente, investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) también tomaron muestras de orina de trabajadores agrícolas en el estudio AHS y  encontraron algunos signos de mayor estrés oxidativo en la orina que contenía más glifosato.

Sin embargo, Boobis y Eastmond señalaron que muchas sustancias provocan estrés oxidativo y que esto no siempre conduce al cáncer.

Otro estudio reciente del NCI halló que, entre los trabajadores agrícolas que participaron en el estudio AHS, una mayor exposición autoinformada al glifosato a lo largo del tiempo se asoció con ciertos cambios cromosómicos, aunque los autores señalaron que sus resultados tendrían que ser replicados.

Otra pregunta es si existe alguna diferencia entre la exposición al glifosato puro y la exposición a herbicidas a base de glifosato, que contienen otros ingredientes, algunos de ellos de propiedad exclusiva. Algunos estudios mecanísticos recientes sugieren que es improbable que el glifosato cause cambios cancerígenos en las células, pero plantean la posibilidad de que los herbicidas a base de glifosato, que también incluyen otros ingredientes, puedan provocar dichos cambios.

Eastmond reconoció que, a pesar de la gran cantidad de datos sobre el glifosato, aún existen posibles lagunas. Señaló que la demanda original fue interpuesta por una persona que estuvo expuesta de forma extensa a través de la piel, mientras que la mayoría de los estudios se centran en la exposición oral. “Se podría argumentar que existe una diferencia”, afirmó. Añadió que aconseja a la gente que tome precauciones al aplicar pesticidas, pero que, en general, “no me preocupo demasiado por lo que como y bebo”.

Este artículo fue publicado originalmente por FactCkeck.org, medio aliado Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Ya está aquí la primavera y, de su mano, las alergias. La explosión reproductiva estacional de las plantas impregna el ambiente de polen, su mecanismo de multiplicación. Las abejas, mariposas y pájaros de todo tipo echan una mano en la dispersión de los granos microscópicos. Y el viento también hace lo suyo, claro. Todo florece y el campo, los bosques, los jardines nos deleitan con una explosión de colores. Bueno, a todos no. Los alérgicos experimentan, además, de otro tipo de estallido: el del picor de ojos y nariz, mocos, de ataques de tos y estornudos incontrolables, que son algunos de los síntomas de la alergia… Todo ello por el polen. Un suplicio. 

Según los CDC, encargados del control de enfermedades, en 2024 (últimas cifras disponibles), un 25.2% de adultos sufría de “alergia estacional”, que es como se conoce médicamente a la alergia al polen, cifra que en menores de 18 años se quedaba en 20.6%. Los CDC contabilizaron en ese mismo año 4.1 millones de visitas médicas por rinitis alérgica, dolencia que comprende a la mayoría de los males sufridos por los alérgicos al polen.

Datos de los CDC señalan que la rinitis alérgica afecta “hasta 60 millones de personas” en el país. Los costes médicos calculados relacionados con el polen “superan los 3.000 millones de dólares al año, y casi la mitad de ellos, se debe al coste de los medicamentos recetados”. Apuntan, además, que la primavera es la principal época de alergias, pero, en realidad, todo el año es temporada de alergias, solo que la primavera es la más intensa.

Según la Fundación del Asma y las Alergias de Estados Unidos (AAFA por sus siglas en inglés), de febrero a abril tenemos la alergias que producen el polen de los árboles –periodo de tiempo que amplía a “diciembre o enero” a “algunas regiones del país”–, en abril se suma el polen de las hierbas, y desde agosto a la “primera helada fuerte” quedarían las “malas hierbas”.

La AAFA aumenta el número de personas afectadas por la rinitis a 82 millones de personas en todo el país y añade a los datos de los costes médicos de los CDC, que la dolencia genera disminución de la calidad de vida, días perdidos de escuela y trabajo y “un empeoramiento de enfermedades relacionadas, como el asma, que puede poner en peligro la vida”.

En cuanto a los latinos, la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI, por sus siglas en inglés), señaló que la Encuesta Nacional de Salud de 2021 reveló que “casi el 19% de los adultos hispanos y el 15% de los niños padecían alergias estacionales”.

Y la situación no va a mejorar.

El cambio climático como dinamizador del polen

El estudio “El cambio climático provocado por el hombre está agravando las temporadas de polen en América del Norte”, liderado por el profesor de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Utah, William Anderegg, concluyó que el cambio climático ya había agravado “las temporadas de polen en las últimas tres décadas, con los consiguientes efectos perjudiciales para la salud respiratoria”. Para el trabajo utilizaron los datos de polen “a largo plazo de 60 estaciones norteamericanas entre 1990 y 2018”.  

“Observamos un avance generalizado y un alargamiento de las temporadas de polen (+20 días) y un aumento de las concentraciones de polen (+21 %) en toda América del Norte, fenómenos que están estrechamente relacionados con el calentamiento observado”, concluye el trabajo.

El 6 de marzo de 2026, la organización Climate Central publicó los resultados sobre su estudio en cerca de 200 ciudades del país del aumento de la temporada sin heladas. El trabajo, titulado “Temporada de crecimiento más cálida, temporada de alergias más larga”, concluye que “las tendencias de calentamiento provocan más días sin heladas cada año, dando a las plantas más tiempo para crecer y liberar polen que induce alergias”.

El cambio climático, señala, “contribuye a que las temporadas de alergias sean más tempranas, más largas y más intensas para millones de personas” en el país “afectadas por las alergias al polen”.

En las 198 ciudades analizadas, la temporada de crecimiento sin heladas “se alargó en 21 días en promedio entre 1970 y 2025” en 173 de ellas. 

A nivel nacional, añade, “todas las regiones climáticas de Estados Unidos han visto alargarse sus temporadas de crecimiento sin heladas”. La lista la encabeza la zona del Noroeste “con un promedio de 31 días más en comparación con principios de la década de 1970”. 

Otros estudios a nivel mundial o centrados en otros países y ciudades llegaron a las mismas conclusiones: el cambio climático está ampliando la época de polinización y, de la mano, la de las alergias. Uno de ellos calcula que, de darse determinados aumentos de temperatura del planeta derivados de ese cambio climático, podrían impulsar las emisiones de polen de finales de siglo XXI “hasta un 200%”.

La AAFA apunta en su informe anual “2026 Allergy Capitals. The Most Challenging Places to Live with Pollen Allergy” que “las intensas tormentas, el aumento de las temperaturas y la sequía han provocado un mayor aumento de los niveles de polen y temporadas de polen más prolongadas en el oeste” del país. 

Esa subida de las temperaturas, añade, “hace que las plantas empiecen a crecer antes y produzcan un polen más alergénico”, entendiendo esa “alergenicidad” como “la intensidad de la respuesta alérgica al polen”, explica.

La AAFA confecciona todos los años la lista de las 100 ciudades del país con un mayor índice de polen en el aire. En la imagen, las 20 ciudades más difíciles en las que vivir en 2026 siendo alérgico al polen.

Desde los CDC suman, a la variación en la intensidad de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, la “disminución de los días de heladas” recogidas en el estudio de Climate Central y un “incremento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera” que puede afectar:

• El inicio, el final y la duración de la temporada de polen cada año.

• La cantidad de polen que producen las plantas y, de la mano de esto, la cantidad presente en el aire y al que estamos expuestos. 

Además, amplían el problema también al interior de las viviendas y espacios cerrados en general, ya que “las lluvias torrenciales y el aumento de las temperaturas” pueden también “provocar la aparición de moho en el interior, lo que agrava los problemas respiratorios de las personas con asma o alergias al moho y dificulta el control del asma”.

Consejos para sufrir menos

La AAFA recuerda que la alergia estacional al polen se puede “controlar” con “cuidados personales y un plan de tratamiento” de la dolencia. Además de consultar con el médico el tratamiento a seguir, la organización facilita esta serie de consejos:

• Consultar todos los días los niveles de polen. La organización informa que puedes hacerlo en aplicaciones como pollenwise.com o en la web de la Oficina Nacional de Alergias de la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología.

• Tomar medidas para que el polen entre en la vivienda, entre las que se encuentran cerrar puertas y ventanas el mayor tiempo posible y usar purificadores de aire. 

• Lavarse la nariz con una solución salina y ducharse antes de irse a la cama para eliminar el polen que pueda haberse pegado al cuerpo. 

• Comenzar a tomar los medicamentos contra la alergia un par de semanas antes de que comience la temporada para adelantarse a los síntomas.  

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Recibimos una consulta por medio de nuestra cuenta de Instagram preguntando “si es verdad eso que dicen” de que el presidente Barack Obama deportó más que Donald Trump. Para responder a nuestro seguidor, en Factchequeado revisamos los datos públicos de deportaciones disponibles de 1993 a marzo de 2026, con el fin de comparar las políticas de ambos presidentes y las demás administraciones.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene las estadísticas de deportaciones (“removals”) en un repositorio único, no las ha actualizado durante el segundo mandato de Trump actualiza y los datos con los que cuenta tienen limitaciones que señalamos al final de este texto en la metodología. 

Los últimos datos publicados por las autoridades migratorias son de diciembre de 2024.

Ante esta falta de cifras, en Factchequeado analizamos las existentes en las páginas de internet tanto del Departamento de Seguridad (DHS) como de ICE. Y analizamos dos conjuntos de datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project, a través de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA). La primera publicación la hicimos el 20 de agosto de 2025; esta segunda la  actualizamos con las nuevas estadísticas hasta el 20 de marzo de 2026.

El Data Project es una iniciativa académica y de litigio que recopila y publica conjuntos de datos sobre control migratorio del gobierno estadounidense y es encabezado por David Hausman, profesor de la Facultad de Derecho de de California en Berkeley; Graeme Blair, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y Amber Qureshi, una abogada especializada en litigios federales de inmigración y FOIA.

Lo que muestran los datos disponibles sobre deportaciones durante más de 30 años y 5 presidentes

Aún con las limitaciones actuales para acceder a los datos, las cifras migratorias recopiladas y analizadas por Factchequeado muestran que Obama deportó a más inmigrantes que ningún otro presidente en las últimas tres décadas. 

Las políticas migratorias con Obama se centraron en la deportación de inmigrantes con cargos criminales y amenazas a seguridad nacional sobre todo en sus últimos años de gobierno; mientras que con Trump se eliminaron las prioridades criminales para etiquetar como deportable a cualquier inmigrante indocumentado.

Por ejemplo, en esta nota te contamos que el 80% de los inmigrantes llevados a centros de detención en los primeros meses del segundo mandato de Trump no tenía antecedentes penales. A pesar de eso, las autoridades los califican públicamente como “lo peor de lo peor”. Además, el número de inmigrantes arrestados sin delitos violentos se ha mantenido en una proporción de casi 4 de cada 10. Sólo en enero, esos arrestos pasaron de 2,629 en 2025 a 17,769 en 2026, casi 7 veces más.

Nuestro análisis de deportaciones abarca desde del año fiscal 1993 hasta el 10 de marzo de 2026 (año fiscal 2026). Comprende las administraciones del demócrata Bill Clinton, el republicano George W. Bush, el demócrata Obama, el demócrata Joe Biden y el republicano Trump.

Desglosamos las estadísticas por presidente y periodos de gobierno:

Bill Clinton (1993-2000) - 8 años

863,958 deportaciones | Promedio anual: 107,994 | Promedio por día los 8 años: 296

• Año fiscal 1993: 42,469 deportaciones (125/día).

• Año fiscal 1994: 45,621 deportaciones (125/día).

• Año fiscal 1995: 50,873 deportaciones (139/día).

• Año fiscal 1996: 69,588 deportaciones (191/día).

• Año fiscal 1997: 114,292 deportaciones (313/día).

• Año fiscal 1998: 172,547 deportaciones (473/día).

• Año fiscal 1999: 180,101 deportaciones (493/día).

• Año fiscal 2000: 188,467 deportaciones (516/día).

Contexto del periodo: con Clinton las deportaciones se centraron principalmente en personas con antecedentes criminales y violaciones de inmigración. La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 amplió las categorías de deportación y redujo las defensas legales disponibles.

George W. Bush (2001-2008) - 8 años

2,021,965 deportaciones | Promedio anual: 252,745 | Promedio por día los 8 años: 692

• Año fiscal 2001: 189,026 deportaciones (518/día).

• Año fiscal 2002: 165,168 deportaciones (453/día).

• Año fiscal 2003: 211,098 deportaciones (578/día).

• Año fiscal 2004: 240,665 deportaciones (659/día).

• Año fiscal 2005: 246,431 deportaciones (675/día).

• Año fiscal 2006: 280,974 deportaciones (770/día).

• Año fiscal 2007: 319,382 deportaciones (875/día).

• Año fiscal 2008: 369,221 deportaciones (1012/día).

Contexto del periodo: tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas el 9/11 de 2001, Bush priorizó deportaciones por motivos de seguridad nacional. Expandió las operaciones del entonces recién creado ICE (2003) e intensificó las redadas en lugares de trabajo. Las deportaciones incluyeron tanto a criminales como a acusados de violaciones civiles de inmigración.

Primer mandato de Obama (2009-2012)

1,589,451 deportaciones | Promedio anual: 397,362 | Promedio por día: 1,088

• Año fiscal 2009: 389,834 deportaciones (1,068/día).

• Año fiscal 2010: 392,862 deportaciones (1,076/día).

• Año fiscal 2011: 396,906 deportaciones (1,087/día).

• Año fiscal 2012: 409,849 deportaciones (1,123/día).

El año 2012 había marcado el pico histórico en las tres últimas décadas con un promedio de deportaciones de 1,123 cada día en un año, hasta la llegada de Trump en su segundo mandato. El nivel de operativos con Obama llevó a que organizaciones de migrantes lo calificaran como el “deportador en jefe” (Deporter in Chief).

Contexto del periodo: la primera administración de Obama mantuvo el programa Comunidades Seguras lanzado en 2008 durante la presidencia de Bush, un sistema las policías locales enviaban al FBI huellas dactilares para su identificación, y el FBI mandaba la información a ICE para detectar inmigrantes sin estatus legal o con órdenes de deportación. Deportar a personas con antecedentes o condenas por delitos graves y a recién llegadas por la frontera se convirtió en prioridad. Las expulsiones de inmigrantes sin historial delictivo en el interior del país disminuyeron.

Sin embargo, de los 375,000 inmigrantes expulsados durante los 6 años en los que el programa operó (vigente hasta 2014), más del 70% no contaba con delitos considerados una amenaza para la seguridad nacional, según datos del Centro TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) de la Universidad de Syracuse. 

En medio de críticas por el alto número de deportaciones, Obama anunció el 15 de junio de 2012 el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

Segundo mandato de Obama (2013-2016)

1,160,255 | Promedio anual: 290,063 | Promedio por día 794

• Año fiscal 2013: 368,644 deportaciones (1,010/día).

• Año fiscal 2014: 315,943 deportaciones (866/día).

• Año fiscal 2015: 235,413 deportaciones (645/día).

• Año fiscal 2016: 240,255 deportaciones (658/día).

Contexto del periodo: durante el primer año fiscal de la segunda administración Obama miles de inmigrantes fueron deportados por entrar sin autorización (46,759 casos), un delito menor; conducir bajo la influencia del alcohol (29,852 casos); y por infracciones de tránsito (15,548 casos), a pesar de que el objetivo era centrarse en criminales de nivel 1.  

En 2014, Comunidades Seguras cerró y el DHS creó el Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP, por sus siglas en inglés) con 4 categorías para deportación:

• Prioridad 1: amenazas a la seguridad nacional (terroristas, espías), criminales peligrosos y recién llegados por la frontera tras el 1 de enero de 2014. 

• Prioridad 2: personas con un historial extenso de violaciones migratorias (aquellos que hayan cruzado la frontera recientemente, pero no eran prioridad 1). 

• Prioridad 3: inmigrantes con delitos menores pero penas de más de 90 días (DUI, violencia doméstica, robo, etcétera).

• Prioridad 4: personas con orden final de deportación emitida a partir del 1 de enero de 2014.

Con el nuevo sistema de prioridades, las deportaciones bajaron en esos  3 años a menos de 1,000 por día. 

Ambos periodos de Obama, totales: ICE deportó a 2,749,706 personas durante sus 8 años en el cargo, con el promedio anual más alto de deportaciones de los últimos 32 años (343,713 anuales) y el pico diario más elevado en 2012 con 1,123 deportaciones por día.

Primera administración de Trump (2017-2020)

935,346 deportaciones | Promedio anual: 233,836 | Promedio por día: 641

• Año fiscal 2017: 226,119 deportaciones (620/día).

• Año fiscal 2018: 256,085 deportaciones (702/día).

• Año fiscal 2019: 267,258 deportaciones (732/día).

• Año fiscal 2020: 185,884 deportaciones (509/día).

Contexto del periodo: Trump llegó a revertir los cambios con el PEP y su administración eliminó las 4 categorías de prioridad de deportación del DHS. Firmó una orden ejecutiva para volver al sistema de Comunidades Seguras y los arrestos se intensificaron al interior del país. Volvieron a aumentar las deportaciones a raíz de una infracción de tránsito (138% tras los 9 meses del cambio de gobierno).

Implementó con el aval del ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la política de “Permanecer en México”, un programa que obligó a solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en México durante meses o años mientras las cortes de inmigración estadounidense resolvían sus casos. Comunidades migrantes, que incluía a familias con niños, instalaron casas de campaña en la frontera del lado mexicano y quedaron expuestas a extorsiones, secuestros y otro tipo de delitos.

La medida enfrentó restricciones judiciales.

Joe Biden (2021-2025) - 4 años

545,252 deportaciones | Promedio: 136,313 anuales | Promedio por día: 373

• Año fiscal 2021: 59,011 deportaciones (162/día).

• Año fiscal 2022: 72,177 deportaciones (198/día).

• Año fiscal 2023: 142,580 deportaciones (391/día).

Año fiscal 2024: 271,484 deportaciones (744/día).

Contexto del periodo: Biden ordenó una pausa de 100 días en deportaciones al interior del país para personas con órdenes finales de remoción, excepto amenazas a seguridad nacional, cruces fronterizos recientes (después del 1 de noviembre  de 2020), y casos donde la ley requiera deportación. Pero un juez federal de Texas la bloqueó a los 6 días.

Terminó formalmente con el programa “Permanecer en México”.

Implementó prioridades interinas más selectivas, enfocadas en tres categorías: (1) amenazas a seguridad nacional, (2) cruces fronterizos recientes, y (3) personas liberadas de prisión con condenas por delitos graves agravados que representen amenaza pública. 

Estableció las “Pautas de Discreción Procesal” que mantuvieron las tres categorías, pero añadieron factores atenuantes (edad, tiempo en Estados Unidos, servicio militar, lazos familiares) que los agentes debían considerar antes de arrestar o deportar a alguien, incluso si estaba en una categoría prioritaria.

Las deportaciones del interior cayeron y aumentaron las devoluciones en la frontera sur y de inmigrantes condenados por delitos serios. Lanzó el programa CBP One, una aplicación móvil para solicitar desde fuera de Estados Unidos una cita para tramitar asilo.

Expulsiones bajo el Título 42 con Trump y Biden de marzo de 2020 a mayo de 2023 

Entre marzo de 2020 y mayo de 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizó 2,381,810 expulsiones rápidas bajo el Título 42 en la frontera sur. Los inmigrantes expulsados no tuvieron derecho a proceso de asilo, y estas cifras no se incluyen en las deportaciones formales.

El Título 42 es una disposición de salud pública de 1944 que permite restringir el ingreso para prevenir enfermedades. Trump comenzó a usarla para expulsiones migratorias en marzo de 2020 como medida contra la pandemia de  COVID-19 y Biden lo mantuvo durante parte de su mandato.

Expulsiones rápidas por año fiscal:

• 2020: 206,770.

• 2021: 1,071,074.

• 2022: 1,103,966.

Segunda administración de Trump (20 de enero de 2025 al 10 de marzo de 2026)

• Año fiscal 2025: 367,407 deportaciones (1,006/día).

• Año fiscal 2026 (1 de octubre 2025 al 10 de marzo 2026): 191,268 deportaciones (1,188/día). 

Para todo el año fiscal 2025 analizamos las estadísticas de deportaciones de ICE obtenidas por el Deportation Data Project. Asimismo, tenemos los datos de una parte del año fiscal 2026, pero sólo desde el 1 de octubre de 2025 al 10 de marzo de 2026. Después de este día, no hay más estadísticas disponibles.

La segunda administración del presidente Trump comenzó el 20 de enero de 2025 y, como nuestro análisis está centrado en años fiscales, 3 meses y 19 días estuvieron bajo el gobierno de Joe Biden. Si descartamos estos días con Biden y examinamos sólo el total de días bajo Trump de la data disponible —415 días desde la fecha de toma de posesión hasta el 10 de marzo de 2026—, la estadística arroja 452,491 deportaciones: un promedio de 1,090 personas deportadas por día. 

Por ahora , las cifras analizadas muestran que las deportaciones del año fiscal de 2025 promediaron 1,006 por día, muy cerca del récord en deportaciones con Obama (1,123 diarias en 2012). En cuanto al año fiscal 2026, está incompleto y solo tenemos datos para 161 días; sin embargo, el promedio diario de personas deportadas supera el de todos los años anteriores, con 1,188. De continuar así, podría convertirse en el peor año de la historia reciente.

Desglosado por mes, año fiscal y presidente en turno:

• Octubre 2024: 30,543 / con Biden | Promedio por día: 985. 

• Noviembre 2024: 28,958 / con Biden | Promedio por día: 965.

• Diciembre 2024: 31,472 / con Biden | Promedio por día: 1,015. 

• Enero 2025: 26,132 / Biden + Trump | Promedio por día: 843.

• Enero 2025 (20-31 enero): 10,921 deportaciones (910 en 12 días).

• Febrero 2025: 27,505 | Promedio por día: 982

• Marzo 2025: 30,440 | Promedio por día: 982.

• Abril 2025: 30,341 | Promedio por día: 1,011.

• Mayo 2025: 32,525 | Promedio por día: 1,049.

• Junio 2025: 29,540 | Promedio por día: 985.

• Julio 2025: 31,216 | Promedio por día: 1,040.

• Agosto 2025: 32,978 | Promedio por día: 1,064.

• Septiembre 2025: 35,757 | Promedio por día: 1,192.

• Octubre 2025: 38,412 deportaciones | Promedio por día: 1,239.

• Noviembre 2025: 36,429 deportaciones | Promedio por día: 1,214. 

• Diciembre 2025: 39,597 deportaciones | Promedio por día: 1,277. 

• Enero 2026: 35,407 deportaciones  | Promedio por día: 1,142.

• Febrero 2026: 33,030 deportaciones  | Promedio por día: 1,179.

• Marzo 2026 (1-10 marzo): 8,393 deportaciones | Promedio por día: 839.

Contexto del periodo: Trump inició su segunda administración superando el promedio de más de 1,000 deportaciones por día en abril de 2025. El 23 de enero de 2025, llegó a las 1,390 deportaciones, sólo en ese día, según los números obtenidos por el Deportation Data Project y analizados por Factchequeado. (Aclaramos que en una versión anterior de este análisis publicado el 20 de agosto de 2025, señalamos que para ese mismo día habíamos publicado que habían sido más de 2,000 deportaciones. Si ahora el número cambia es por los nuevos datos de ICE obtenidos por el Data Project y revisados por nosotros).  

El pico de deportaciones bajo Trump se registró en el mes de diciembre de 2025, con 1,277 diarias; luego octubre de 2025, con 1,239; después de noviembre de 2025, con 1,217; seguido de septiembre de 2025, con 1,192; febrero de 2026, con 1,179; y enero de 2026, con 1,142.

Solo el 29% de las personas deportadas por esta administración tenía condenas penales.

Trump ha implementado órdenes ejecutivas antiinmigrantes, redadas a gran escala de tipo militar y ampliación de cooperación con autoridades locales.  

Firmó acuerdos con terceros países para que reciban a inmigrantes expulsados, sin darles derecho al debido proceso, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, Ruanda, Kosovo o Sudán del Sur. El Salvador envió a 238 venezolanos a una prisión de máxima seguridad bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y a la mayoría los etiquetó como miembros del Tren de Aragua por sus tatuajes, aunque no lo eran. Varias de esas decisiones han enfrentado impugnaciones y bloqueos en tribunales federales.

En enero de 2026, en uno de los operativos de ICE y CBP centrado en Minnesota, los agentes mataron a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti. Semanas después se supo que ICE también había asesinado el 15 de marzo de 2025 al ciudadano estadounidense Ruben Ray Martinez en la Isla del Padre, Texas, cuya familia es de origen latino.  

Los arrestos durante el mandato de Trump han batido récords: el número de personas en centros de detención superó las 60,000 el 11 de agosto de 2025, según datos de ICE, y 8 de cada 10 no tienen antecedentes penales, como te lo contamos en esta nota.

Metodología

Examinamos los Anuarios de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), disponibles solo hasta el año fiscal 2022; los reportes anuales de ICE hasta diciembre de 2024. Además, en Factchequeado analizamos nuevos conjuntos de datos sobre deportaciones y arrestos del año fiscal 2025 y los primeros 5 meses del año fiscal 2026, proporcionados por ICE al Deportation Data Project vía solicitud FOIA.

Es importante aclarar que el término “deportación” que usamos comúnmente no corresponde a la terminología oficial en los registros públicos del gobierno estadounidense, donde se denominan "removals" (remociones). Los “removals” son órdenes formales de salida del país emitidas por un juez de inmigración o un oficial de ICE, y estas tienen consecuencias legales severas: las personas removidas tienen prohibido regresar a Estados Unidos por periodos que van de 5 años o más, dependiendo el caso.

*Actualizamos esta nota el día 20 de abril de 2026 con datos de ICE hasta el 10 de marzo de 2026 obtenidos por el Deportation Data Project, ya que el gobierno de Trump dejó de hacer públicas las estadísticas de deportaciones. También actualizamos el número de arrestos hasta el 10 de marzo de 2026. 

Publicación original el día 20 de agosto de 2025. 

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El trabajo titulado “Efectos del consumo reciente y a lo largo de la vida de cannabis sobre la función cerebral” buscaba responder a la siguiente pregunta: “¿El consumo reciente de cannabis y el consumo de cannabis a lo largo de la vida están relacionados con diferencias en la función cerebral durante las tareas cognitivas?”. Y la respuesta es sí, aunque con peros.

Publicado en enero de 2025 en la web médica JAMA Network, el estudio concluyó que “los antecedentes de consumo intensivo de cannabis a lo largo de la vida se asocian con una menor activación cerebral relacionada con la memoria de trabajo, con un impacto del efecto de pequeño a mediano”.

“Las pruebas respaldaron que tanto el consumo reciente como el consumo intensivo de cannabis a lo largo de la vida se asocian con una disminución de la activación cerebral y del rendimiento cognitivo durante la memoria de trabajo”, añade. 

En la investigación, explican, se evaluó la activación cerebral durante el desarrollo de siete tareas relacionadas con, además de la memoria del trabajo, la recompensa, la emoción, el lenguaje, la motricidad, la evaluación relacional y la teoría de la mente de 1,003 adultos jóvenes de entre 22 y 36 años.  

Los hallazgos, afirma, “ponen de manifiesto los efectos negativos asociados al consumo intensivo de cannabis a lo largo de la vida y a la memoria de trabajo en adultos jóvenes sanos, que podrían ser duraderos”.

Reconoce, sin embargo, que los resultados “podrían no ser extrapolables a otros grupos de edad” y que el consumo intensivo de cannabis “se definió como un historial acumulado de más de 1,000 consumos o un diagnóstico de dependencia” de la sustancia. Esa muestra, añade, “podría representar un nivel relativamente bajo de gravedad de la adicción”.

Otro estudio, titulado “Análisis de los efectos agudos del cannabis en diversos ámbitos de la memoria: un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo”, y llevado a cabo con 120 consumidores de marihuana detectó “efectos agudos” por el consumo de la sustancia “sobre la memoria prospectiva y la memoria del orden temporal”.

Publicado en febrero de 2026 en la Revista de Psicofarmacología, de la Asociación Británica de Psicofarmacología, los resultados indican, según la conclusión, “que el consumo agudo de cannabis tiene amplios efectos perjudiciales en la mayoría de los ámbitos de la memoria, en lugar de afectar selectivamente a un número limitado de ellos”.

Situación de la marihuana en el país

La marihuana es ilegal a nivel federal, pero 24 estados, el Distrito de Columbia y dos territorios permiten su uso recreativo en pequeñas dosis. Es la droga ilegal más consumida en Estados Unidos, según datos recogidos en la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y la Salud (NSDUH, por sus siglas en inglés). Se calcula que en 2024, últimos datos disponibles, cerca de 64.2 millones de personas de al menos 12 años consumieron la sustancia. 

Entre 2023 y 2024, el consumo de marihuana entre mayores de 12 años se incrementó en alrededor de 2.3 millones de personas. 

“El porcentaje de personas de 12 años o más que declararon haber consumido marihuana en el último mes aumentó gradualmente del 6.1 % en 2008 al 15.4 % en 2024, un periodo durante el cual la mayoría de los estados derogaron las prohibiciones penales estatales sobre la marihuana y permitieron su uso recreativo y/o médico”, afirma el trabajo del Servicio de Investigación del Congreso titulado “La situación legal de la marihuana a nivel federal y la discrepancia normativa con los estados”.

Los movimientos para la despenalización de la marihuana en el país son amplios y están extendidos por toda su geografía. La organización The Marijuana Policy Project (MPP, por sus siglas en inglés) contabiliza “dos docenas de estados” donde el consumo de cannabis es legal para adultos y un total de 42 donde esa legalización alcanza, además del consumo, la producción y la venta “de al menos algunos productos de cannabis medicinal que son ilegales a nivel federal”.

Ese estatus de sustancia ilegal a nivel federal, según MPP, “plantea riesgos y dificultades para los consumidores, los organismos reguladores, las fuerzas del orden y las empresas”.

La organización defiende que “millones de estadounidenses han experimentado los beneficios médicos del cannabis” y denuncia que desde la Casa Blanca se clasifica “erróneamente” a la marihuana “como sustancia de la Lista I, categoría reservada a drogas como la heroína, que presentan un alto potencial de abuso y escasos o nulos beneficios médicos”.

La Lista I es el nivel de control más alto de los cinco que existen. Como explica la DEA, organismo cuya misión es hacer cumplir las leyes antidrogas del país, “se clasifican en cinco categorías o listas distintas, según su uso médico aceptable y su potencial de abuso o dependencia”.  

En ese sentido, Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 18 de diciembre de 2025 por el que instruyó a la entonces fiscal general, Pam Bondi, para que tomara “las medidas necesarias para trasladar sin demora la marihuana de la Lista I a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en inglés)”. 

Sin embargo, para que se apruebe ese cambio de una lista a otra hay que seguir una serie de pasos que involucran a organismos como la DEA y el Departamento de Salud. También al Congreso, donde varios republicanos se han mostrado en desacuerdo con el posible cambio.

El paso de la Lista I a la III calificaría a la marihuana, según la DEA, como una droga “con un potencial de dependencia física y psicológica de moderado a bajo”, al mismo nivel que productos por unidad o dosis “con menos de 90 miligramos de codeína, ketamina, esteroides anabólicos o testosterona”.

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La Ley 240 de Wisconsin permite a beneficiarios de DACA obtener credenciales profesionales (como dentistas, electricistas, barberos e incluso jueces de deportes de combate sin armas) emitidas por el Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales (DSPS) de Wisconsin. La ley entró en efecto el 11 de abril de 2026, un día después de su publicación, como establece la ley estatal.  

“Esto es lo correcto para nuestras comunidades, nuestra economía, nuestra fuerza laboral y para Wisconsin”, dijo Evers en una publicación en su cuenta en X (antes Twitter) el mismo día de la promulgación de la ley.

Alrededor de 5,160 beneficiarios de DACA viven en Wisconsin, según estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI), un centro no partidista “dedicado al estudio del movimiento de personas en todo el mundo”.

Joel Kitchens, asambleísta estatal republicano de Wisconsin y autor de la ley, dijo que su propuesta solucionaría la “escasez de mano de obra” del estado en un testimonio al Comité de la Asamblea sobre la Reforma de las Licencias Regulatorias del 14 de enero de 2026. Citando cifras del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin, Kitchens afirmó que había 140,000 vacantes de empleos en el Estado a julio de 2025. Cifras preliminares de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sobre vacantes de empleo para diciembre de 2025 registraron 119,000 vacantes en Wisconsin.

El Senado de Wisconsin, con mayoría republicana, aprobó la iniciativa con 31 votos a favor y 2 en contra, el 17 de marzo de 2026 antes de ser enviada al gobernador Evers, según la Legislatura del Estado de Wisconsin.

Para calificar para una licencia profesional en Wisconsin, los beneficiarios de DACA deben tener un permiso de trabajo otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vigente, según el texto de la ley, además de cumplir con todas las “normas y estatutos específicos de cada profesión” (que lo puedes consultar aquí).

La última sección de la ley indica que no alcanzará a nuevos beneficiarios de DACA, en caso de que el programa reanude la aprobación de nuevas solicitudes, confirmó a Factchequeado la Oficina de Referencia Legislativa de Wisconsin. Por el momento, USCIS no está procesando aplicaciones iniciales de DACA sino únicamente renovaciones, como ya te contamos en Factchequeado. 

Qué es DACA

El programa DACA constituye “un ejercicio de discrecionalidad procesal que otorga un alivio temporal frente a la deportación (acción diferida) y autorización de trabajo” a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, explica el Consejo Americano de Inmigración. 

Los requisitos para el programa incluyen: haber residido en EE. UU. de manera continua desde el 15 de junio de 2007; haber estado físicamente presente en el país el 15 de junio de 2012; y haber llegado al país antes de cumplir los 16 años de edad, de acuerdo con USCIS.

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En Factchequeado revisamos las publicaciones de Trump en su red social TruthSocial y otras declaraciones públicas y encontramos que el mandatario ha pasado de presentar a EE. UU. como garante de la navegación en el estrecho de Ormuz a sugerir que podía asumir un rol mucho más directo, “tomar” el estrecho, o establecer una operación conjunta con Irán. También ha anunciado un esfuerzo conjunto con aliados y países consumidores de petróleo que no ha ocurrido, después sostuvo que quienes reciben petróleo por Ormuz debían encargarse de proteger el paso, porque EE. UU. “no lo necesita”, pero más adelante anunció un bloqueo marítimo.

Como te hemos ​​explicado en Factchequeado, el estrecho de Ormuz es un paso de agua de unas 24 millas de ancho –en su zona más angosta– entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos por donde se transporta una quinta parte (20%) del comercio de petróleo del mundo (alrededor de 21 millones de barriles de petróleo diarios).

Cronología de las declaraciones de Trump sobre el estrecho de Ormuz

El 3 de marzo de 2026, Trump afirmó en su red Truth Social que la Marina de EE. UU. podría escoltar buques por el estrecho “si fuera necesario” y aseguró que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional del gobierno estadounidense ofrecería seguros de riesgo político y garantías financieras para el comercio marítimo en el Golfo.

El 9 de marzo de 2026, en una entrevista con CBS News, dijo que “la guerra estaba bastante completa”, que el estrecho estaba “abierto”, con barcos transitando por la zona, pero que estaba “pensando en tomarlo”. Ese mismo día también habló de escoltas navales “si fuera necesario” y de seguros para los buques.

El 13 de marzo de 2026 advirtió a Irán, también desde su red, que consideraría atacar la infraestructura petrolera de la isla Jark (localizada en el golfo Pérsico) si Irán “o cualquier otro, interfiere con el paso libre de embarcaciones” a través del estrecho.  

El 14 de marzo de 2026, en la mañana, Trump dijo en un mensaje en su red que otros países, “especialmente aquellos impactados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz” enviarían buques de guerra para trabajar en conjunto con Estados Unidos para mantenerlo abierto. No mencionó cuáles países ni hay evidencia pública de que haya ocurrido alguna acción conjunta, pero en la misma publicación dijo que “ojalá” China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido enviaran buques a la zona.

El 14 de marzo de 2026, en la tarde, Trump escribió otro mensaje diciendo que los países “que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben ocuparse de ese paso” y que Estados Unidos ayudaría. También aseguró que a partir de ese momento comenzaría un “esfuerzo en equipo”, sin mencionar qué país supuestamente iban a apoyar a Estados Unidos.

El 17 de marzo de 2026, en conversación con medios de comunicación, Trump dijo que Estados Unidos “no necesita la ayuda” de otros para reabrir el estrecho de Ormuz.

El 20 de marzo de 2026, nuevamente desde su red Truth Social, Trump criticó en la mañana a los países miembros de la OTAN por “quejarse por los altos precios del petróleo” pero no ayudar a abrir el estrecho de Ormuz y en la tarde afirmó que el estrecho tendría que ser “guardado y vigilado” por los países que lo usan, porque “Estados Unidos no lo usa”.

El 1 de abril de 2026, en un discurso a la nación sobre las operaciones militares en Irán, Trump dijo que las importaciones de petróleo desde el estrecho de Ormuz a EE. UU. representan “casi nada” y que el país “no lo necesita”. También repitió que los países que dependen de esa ruta “deben tomar la iniciativa” para protegerla, aunque añadió que EE .UU. sería “de ayuda”. En el mismo discurso afirmó que, cuando terminara el conflicto, el estrecho “se abrirá naturalmente”.

El 3 de abril de 2026, Trump escribió en Truth Social que, con “un poco más de tiempo”, EE. UU. podía “abrir” el estrecho de Ormuz, “tomar el petróleo” y “hacer una fortuna”.

El 8 de abril de 2026 Trump dijo a ABC News que el estrecho de Ormuz podría ser administrado conjuntamente por Estados Unidos e Irán.

El 12 de abril de 2026, después de que no hubiese acuerdo en las conversaciones entre EE. UU. e Irán, Trump anunció un bloqueo naval al estrecho de Ormuz y anunció que la Marina estadounidense interceptaría buques que hubieran pagado peajes a Irán.

El 15 de abril de 2026, Trump, en medio del bloqueo naval, dijo en Truth Social que estaba “abriendo permanentemente” el estrecho de Ormuz y que China estaba satisfecha con esa decisión. 

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¿Cuál es la función de los jueces de inmigración?

Los jueces de inmigración son quienes deciden “si una persona extranjera puede permanecer en Estados Unidos o debe salir del país”, explica la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Justicia (DOJ).

Los jueces –que son abogados designados por el fiscal general de Estados Unidos y que, según la ley federal, actúan como sus “delegados”– “resuelven casos relacionados con protección de asilo, detención y fianza, ajuste a un estatus migratorio legal y pérdida del estatus migratorio legal”, indica la EOIR.

La página oficial de la EOIR señala, para el 14 de abril de 2026, que hay 600 jueces de inmigración en todo Estados Unidos, 100 menos de los que había un año atrás, de acuerdo con lo que encontramos en una versión archivada de la misma página web del 11 de abril de 2025.

¿Por qué los jueces de inmigración no son independientes del Ejecutivo?

Como te comentamos en el punto anterior, los jueces son nombrados por el fiscal general (que en Estados Unidos pertenece a la rama ejecutiva del gobierno) y, “como empleados del Departamento de Justicia, pueden ser instruidos para resolver casos de acuerdo con las políticas y prioridades de la administración de turno”, indica la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

Como pertenecen al DOJ, los jueces de inmigración “no son verdaderamente neutrales ni independientes” del gobierno, indica en este artículo, publicado en la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), la abogada de inmigración Evangeline Chan.

Sin embargo, la legalidad de los despidos masivos de los jueces de inmigración está bajo la lupa y se decidirá en la Corte de Apelaciones de Washington D.C. En este caso, 2 jueces argumentan que fueron despedidos sin causa ni debido proceso, mientras que el DOJ asegura que tiene la discrecionalidad de remover sin más a estos funcionarios.

Más de dos docenas de jueces dijeron a The New York Times que nunca habían recibido tanta presión de un gobierno para cumplir con su agenda migratoria. Un memorándum de junio de 2025, firmado por Sirce Owen, quien entonces era la directora interina de la EOIR, advirtió a los jueces que serían sujetos a medidas disciplinarias si su oficina determinaba que algún juez actuaba con una “parcialidad dirigida contra el DHS” y a “a favor del extranjero”.

El gobierno de Trump ha llenado los vacíos de algunos despidos con el nombramiento de abogados militares del Pentágono como jueces temporales.  Pero la organización sin fines de lucro American Immigration Council, advirtió que estos abogados “no están calificados” para ejercer el cargo, destacando que, anteriormente, sólo abogados con experiencia en temas migratorios podían ser designados como jueces temporales, pero estos requisitos fueron eliminados por el DOJ en agosto de 2025.

En medio de estos cambios, el índice de aprobación de casos de asilos en cortes de inmigración bajó, en febrero de 2026, a un 7%, versus un 50% de aprobaciones que se registraban durante el mandato de Joe Biden, de acuerdo con datos de The New York Times.

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El aumento  del 10.9% registrado en el índice de la energía, que incluye un incremento en la gasolina del 21.2%, representó casi tres cuartas partes del aumento mensual del índice general del IPC, según el reporte publicado el 10 de abril de 2026.

El incremento de la inflación de marzo fue “impulsado enteramente por los precios más altos de la energía, relacionados con el conflicto en Medio Oriente”, indicó un análisis de Wells Fargo proporcionado a Factchequeado. Otro análisis de JP Morgan también señala que los precios de energía aumentaron debido al conflicto con el Medio Oriente.

Aunque el aumento de los costos de energía “no parece estar teniendo mucho impacto en las otras categorías”, dijo Todd Knoop, profesor de Economía y Negocios en Cornell College, a Factchequeado, podría verse reflejado en el futuro en otras categorías, como los alimentos, debido a los costos de combustible para transportarlos o a que es un componente de fertilizantes, importantes para la agricultura. 

Como explican nuestros aliados de PolitiFact, la escasez de azufre, un subproducto de petróleo y gas que se utiliza para la elaboración de fertilizantes, es uno de varios efectos del conflicto en Medio Oriente y la situación con el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra en Irán.  

“Creo que la categoría a la que hay que prestar especial atención es, precisamente, la de los precios de los alimentos en los próximos tres, seis o nueve meses”, agregó.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán el 28 de febrero de 2026, los precios de la gasolina han aumentado, como te contamos en Factchequeado. Irán detuvo el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz, un paso de unas 24 millas de ancho –en su zona más angosta– entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos por donde se transporta una quinta parte (20%) del comercio de petróleo del mundo (alrededor de 21 millones de barriles de petróleo diarios). Además, el conflicto afecta el flujo mundial de gas natural (20%) y fertilizantes (entre 20% y 30%) que se transporta por el estrecho, según las Naciones Unidas. 

Por ahora, Estados Unidos e Irán se encuentran en medio de un cese al fuego temporal de 2 semanas anunciado el 7 de abril de 2026. Las negociaciones entre ambos países, que concluyeron el 12 de abril, no alcanzaron un acuerdo de paz, según reportaron medios como PBS y The New York Times.  

El 13 de abril, Estados Unidos inició un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes, según informó The New York Times. En una publicación desde su cuenta en Truth Social, el presidente Donald Trump dijo que había instruido a la Armada estadounidense a buscar e interceptar a todas las embarcaciones en aguas internacionales que hayan pagado a Irán un peaje “ilegal” por atravesar el estrecho de Ormuz. También dijo que destruirían todas las minas que Irán colocó en el estrecho. Como te contamos en este artículo, se reportó que Irán estaba desplegando minas en el estrecho a inicios de marzo.

El número de cruces de buques comerciales por el estrecho descendió a 6 el 13 de abril, una cifra menor a los 14 registrados el día anterior, según datos de Kpler, una empresa que ofrece herramientas de inteligencia comercial para comercio global. Antes del conflicto, el tránsito era de aproximadamente 100 buques comerciales.

Aceite combustible y otras categorías que aumentaron de precio, según el reporte

Entre las categorías que también registraron un aumento en el reporte del IPC se encuentran el aceite combustible, que aumentó un 30.7% en marzo de 2026 comparado con el 11.1% en febrero. Las tarifas aéreas aumentaron 3.4% en marzo y 14.9% a nivel interanual.

Otras categorías que aumentaron en marzo incluyen la ropa, muebles y funcionamiento del hogar, educación y vehículos nuevos, según el reporte.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, registró un aumento más moderado

La inflación subyacente, que excluye el índice de energía y alimentos por su volatilidad (es decir, que suben y bajan rápidamente) para poder tener una medida más precisa de la inflación, subió un 0.2% mensual y un 2.6% a nivel interanual, cerca del 2% que busca la Reserva Federal. El alojamiento, autos usados, servicios de cuidado de salud, costos de transporte y seguro de autos son algunas de las categorías que forman parte de la inflación subyacente. 

“Más allá del impacto energético, consideramos que este informe del IPC fue, en general, alentador”, dijo Wells Fargo.

Si también se excluye la categoría de tarifas aéreas, la inflación subyacente sería de un 0.17% a nivel mensual, según Wells Fargo. 

“Las tarifas aéreas constituyen una de las categorías del IPC subyacente más sensibles a los precios de la energía, y cabe esperar lecturas adicionales elevadas en este sector durante los próximos meses”, dice el mismo análisis del reporte de IPC.

Un informe de TD Economics explica que el reporte de IPC no indica que el aumento de los precios de energía haya impactado todavía a las categorías de la inflación subyacente. Sin embargo, al igual que Knoop, afirma que tomará meses para que los efectos se vean reflejados en estas categorías.

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Según el análisis publicado por el Deportation Data Project de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y UC Berkeley, el número de deportaciones en el interior del país llegó a ser 5 veces mayor en el primer año de la segunda administración Trump en comparación con los últimos 6 meses del mandato de Biden. 

Los investigadores examinaron registros individuales de arrestos y detenciones obtenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mediante solicitudes de acceso a la información (FOIA). 

El conjunto de datos abarca desde el 1 de julio de 2024 hasta el 10 de marzo de 2026; e identifica el mes que tuvo el pico más alto durante el mandato de Trump y lo compara con el promedio mensual de los últimos 6 meses de Biden. Específicamente compara el pico de enero de 2026 con el promedio mensual del periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024. 

Aclaran los autores que no significa que el número total de deportaciones en 2025 haya sido 5 veces mayor que en 2024, pero sí específicamente en el mes de enero de 2026, que coincide con el operativo en Minnesota y los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Renne Good y Alex Pretti, a manos de agentes de inmigración. Las estadísticas son valiosas porque, hasta donde se conoce, son las más actualizadas hasta ahora.

Los investigadores señalan que durante este periodo se dieron grandes cambios: 

• Hubo más arrestos callejeros

• Menos liberaciones

• Más personas firmaron “salidas voluntarias”

• La tasa de deportación se duplicó. 

   

Te explicamos con más detalles cada uno. 

Más arrestos callejeros en todo el país

Los arrestos del ICE que resultaron en detención se cuadruplicaron (4.4 veces). Pero lo más llamativo no fue el volumen, sino el tipo de operación.

Históricamente, ICE realizaba la mayoría de sus arrestos en cárceles y prisiones. Tomaba a personas que ya habían sido detenidas por cuerpos policiales por otros delitos y las transfería a centros de detención migratoria. Ese modelo no ha desaparecido, al contrario: las transferencias desde cárceles y prisiones se duplicaron. 

Al mismo tiempo, otra cosa ocurrió: los arrestos en la calle aumentaron 11 veces, incluyendo operativos y detenciones en vecindarios, en juzgados de inmigración y durante citas de presentación obligatoria ante oficinas de ICE.

Estos “arrestos callejeros” a esta escala son, en palabras de los investigadores, un fenómeno nuevo. Operativos de gran escala se llevaron a cabo en Los Ángeles, Washington D.C., Chicago y Minneapolis-St. Paul. En la semana en que alcanzaron su pico, los arrestos en Minneapolis representaron solo el 15% de los arrestos callejeros en EE.UU.

Muchas más personas detenidas sin antecedentes criminales 

La gran mayoría del crecimiento en detenciones no ha sido de personas con historial criminal, sino de personas que no habían sido condenadas por ningún delito, una tendencia de la que ya te habíamos contado en Factchequeado.

La administración Biden tenía una política de prioridades: el foco de ICE eran las personas con antecedentes penales graves. Como Trump eliminó esa distinción, los arrestos de personas sin antecedentes se dispararon 8.7 veces (770%), mientras que los de personas con condenas por delitos violentos apenas subieron 37%

Más celdas y más tiempo de detención

Arrestar a más personas requiere tener dónde alojarlas y, durante 2025, el número de camas de detención disponibles para personas arrestadas solo en el interior del país se cuadruplicó: pasó de un promedio diario de 14,000 en el segundo semestre de 2024 (todavía con Biden) a unas 57,000 en enero de 2026 (con Trump).

¿De dónde sale ese espacio? Los autores del análisis señalan dos razones. Primero: el total de camas de detención en todo el sistema —incluidas las detenciones en la frontera y las del interior del país— aumentó de alrededor de 40,000 en enero de 2025 a unas 70,000 en enero de 2026, en gran parte gracias a fondos aprobados por el Congreso en la llamada “One Big Beautiful Bill”. Segundo: como los arrestos en la frontera cayeron, una tendencia que comenzó en el último año de Biden, las celdas que antes alojaban a migrantes fronterizos quedaron disponibles para personas detenidas en el interior del país.

Sin embargo, ampliar la capacidad no era suficiente si los detenidos podían salir bajo fianza. Así que la administración hizo otro cambio: ICE ahora prácticamente no libera a nadie antes de una decisión final de deportación, y también dificulta que los jueces de inmigración otorguen fianzas.

En julio de 2025, ICE emitió una nueva regla para establecer que quienes habían entrado al país sin pasar por un punto de control oficial no eran elegibles para fianza, sin importar cuánto tiempo llevaran viviendo en Estados Unidos. En septiembre de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una resolución en el mismo sentido, vinculante para todos los jueces migratorios. Cientos de jueces federales declararon esa política ilegal en casos individuales. 

Aun así, ICE y los tribunales de inmigración siguen aplicándola.

Para personas sin condenas penales y sin una orden de deportación previa, la tasa de liberación dentro de los primeros 60 días, según el estudio, cayó del 35% al 7%, y la tasa de deportación en ese mismo periodo se duplicó, del 26% al 52%. 

Incremento de salidas voluntarias

Ante la perspectiva de permanecer detenidos por mucho tiempo sin posibilidad de fianza, muchas personas optaron por no pelear su caso, dice el estudio. Una señal clara de eso es el aumento de las llamadas “salidas voluntarias”: acuerdos en los que la persona acepta irse del país a cambio de no recibir una orden formal de deportación, lo que le permite eventualmente intentar regresar de manera legal en el futuro. 

Ese tipo de salida aumentó 28 veces durante 2025.

Pausa temporal tras los asesinatos de Good y Pretty 

En enero de 2026, agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza mataron a los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis durante operativos de detención. Tras sus muertes, según el estudio, la administración redujo temporalmente el ritmo de los arrestos callejeros, que volvieron a niveles similares a los de septiembre de 2025. Esa desaceleración, sin embargo, no se tradujo en una caída de las deportaciones antes del cierre del período analizado.

Los investigadores del análisis advierten que es incierto si la pausa se mantendrá: los fondos aprobados por el Congreso siguen disponibles para contratar más agentes y ampliar la capacidad de detención.

Para entender el alcance de estos datos

Este nuevo informe es valioso porque son datos extraídos del gobierno federal a través de litigios judiciales encabezados por la profesora Elora Mukherjee, de Columbia Law School e investigadora del proyecto, y la abogada Amber Qureshi, codirectora de la iniciativa. 

Aun así, el análisis tiene limitaciones: los investigadores aclaran que sus cifras no representan el total absoluto de deportaciones en 2025, porque ese número es difícil de establecer con certeza. Lo que sí muestran es cuánto aumentaron proporcionalmente las deportaciones que siguieron a un arresto del ICE dentro del país. 

Los datos completos están disponibles públicamente en deportationdata.org.

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Esto ocurre un mes y medio después de que DTTM Operations LLC, empresa manejada por la familia Trump, presentara solicitudes de registro de marca por el uso de “President Donald J. Trump International Airport”, “Donald J. Trump International Airport” y las iniciales “DJT”, según registros de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) a los que accedió Factchequeado.

El cambio está sujeto, en parte, a un acuerdo con el titular de los derechos de ese nombre (la organización de Trump, DTTM) que deberá otorgar su uso, así como el de “abreviaturas o variaciones del mismo”, de manera “perpetua e irrestricta” y sin costo alguno, según el texto de la ley promulgada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. 

Según Alexandra Roberts a Factchequeado, profesora de Derecho y Medios con especialización en derecho federal de marcas y publicidad de la Universidad Northeastern, Boston, Massachusetts, DTTM no podría cobrar por el uso del nombre “President Donald J. Trump International Airport” en el aeropuerto de Palm Beach en Florida debido al texto de la ley promulgada. Pero, sí podría beneficiarse de la venta de productos asociados que lleven el nombre del presidente. 

La Organización Trump (Trump Organization) dijo en un comunicado previo a la promulgación de la ley que está dispuesta a otorgar el derecho del nombre “sin costo alguno” y que “el presidente y su familia no recibirán ninguna regalía, tarifa de licencia ni contraprestación financiera de ningún tipo derivada del propuesto cambio de nombre del aeropuerto”. Debbie Mayfield y Meg Weinberger, legisladoras republicanas estatales y promotoras de la ley, dijeron que Trump no se beneficiaría del uso de su nombre por parte del aeropuerto, según reportó el Miami Herald.

“Para que quede claro: el presidente y su familia no recibirán ninguna regalía, tarifa de licencia ni contraprestación financiera de ningún tipo derivada de la propuesta de cambio de nombre del aeropuerto. El proyecto de ley para el cambio de nombre del aeropuerto, que actualmente se tramita en la Legislatura de Florida, exige un acuerdo de licencia por parte de la Organización Trump”, dijo Weinberger.

No obstante, es inusual que un presidente en funciones o una entidad suya registre los derechos de su nombre para un aeropuerto. Actualmente existen al menos 8 aeropuertos en Estados Unidos que llevan nombres de sus expresidentes, pero estos nombramientos ocurrieron después de que dejaron la Casa Blanca (algunos después de décadas) o después de su muerte. Solo el nombre del Ronald Reagan Washington National Airport en Arlington, Virginia, que lleva el nombre del presidente Ronald Reagan, tiene registro de marca, pero su titular es la Metropolitan Washington Airports Authority, la entidad pública que posee y opera el aeropuerto, según dijo al medio Law360 Josh Gerben, un abogado de marcas y fundador de la firma Gerben Perrott PLLC.

El intento de obtener derechos de marca para un aeropuerto se alinea a la trayectoria del presidente como empresario, aseguró Gerben. Pero, dar el nombre de un presidente a un aeropuerto es “una distinción honorífica”, agregó.

“Las aplicaciones [de registro de marca para el nombre de Trump] de DTTM corresponden a solicitudes de ‘intención de uso’ (intent-to-use), lo que significa que la empresa se reserva el derecho de utilizar las marcas más adelante”, informó Law360, un servicio de noticias jurídicas. La USPTO indica que no se necesita usar la marca antes de presentar una aplicación de registro, pero el solicitante debe demostrar “el uso efectivo de la misma en el comercio mediante la presentación de documentos y el pago de tasas adicionales dentro de plazos específicos para que su marca pueda ser registrada”. 

Roberts explicó que los solicitantes con intención de uso tienen 6 meses para “comenzar a utilizar la marca en el comercio”, pero pueden solicitar y obtener hasta 5 prórrogas de 6 meses, lo que significa un total “de 3 años al tiempo de tramitación”. 

Los registros del nombre como marca no permitirían a la empresa de la familia de Trump cobrar por el uso del nombre del presidente en el aeropuerto de Florida, según el texto de la ley

El texto de la nueva ley de Florida dice:

“El ‘Palm Beach International Airport,’ pasará a denominarse ‘President Donald J. Trump International Airport’, sujeto a la aprobación de la Administración Federal de Aviación y a la celebración de un acuerdo con el titular de los derechos que autorice el uso comercial de la denominación ‘President Donald J. Trump International Airport’ por parte del condado de Palm Beach; dicho acuerdo deberá, como mínimo, otorgar al condado de Palm Beach el derecho perpetuo e irrestricto de utilizar el nombre ‘President Donald J. Trump International Airport’, así como sus abreviaturas razonables o variaciones del mismo, sin costo alguno, en señalización, publicidad, mercadotecnia, comercialización de productos y promociones, así como para la identidad de marca del aeropuerto y de sus operaciones, servicios e instalaciones, y para todos los fines relacionados”.

Según Roberts, esto implica que “la entidad titular de la marca comercial ‘President Donald J. Trump International Airport’ debe ceder los derechos de uso de dicha marca al aeropuerto, sin costo alguno, en relación con los usos especificados” de la ley.

El proyecto de ley no exigía un acuerdo de licencia cuando fue presentado inicialmente, perofue incorporado posteriormente, según el Miami Herald. 

La empresa de la familia de Trump sí podría beneficiarse de la venta de productos o mercadeo, según expertos

Las solicitudes de registro de marca hechas por DTTM listan varios productos incluyendo:

Accesorios: relojes, joyería, bolsos de mano y mochilas.

Ropa: sudaderas, chaquetas, pantalones y faldas. También zapatillas de plástico, calzado o calcetines utilizados al pasar por controles de seguridad, camisas para su uso en el entorno aeroportuario al pasar por el control de seguridad.

Roberts indica que los registros de marca del nombre del presidente Trump pueden permitirle a DTTM beneficiarse económicamente por la venta de estos productos ya que “no establece que el condado de Palm Beach deba ser el licenciatario exclusivo o el único usuario de las marcas”.

De este modo, “las marcas comerciales pueden seguir generando ingresos para Trump”, agregó.

“Los registros de marcas permiten a DTTM Operations controlar y monetizar la mercancía de marca asociada a dicha ubicación”, dijo Gerben en un análisis en su blog.

Sin embargo, cómo se dividirán los ingresos derivados de la venta de estos artículos aún está por determinarse, dijo Joseph Abruzzo, administrador del condado, al Miami Herald. Este y otros factores, como “el grado en que las empresas del presidente podrían lucrarse con los fondos públicos canalizados hacia el cambio de nombre”, está sujeto a negociaciones a puerta cerrada, reportó el Miami Herald.

El lucro de otros servicios listados en el registro de marca, como restaurantes o estacionamientos, estarían sujetos a la interpretación de la ley

Los servicios listados en las solicitudes de registro de marca del nombre de Trump por DTTM incluyen restaurantes, transporte de pasajeros entre estacionamientos del aeropuerto, transporte en bus, reserva de boletos para viajes aéreos, estacionamiento y prestación de servicios de salas VIP. También incluyen control de seguridad de personas y equipaje en aeropuertos e inspección de seguridad de equipaje aeroportuario.

Roberts dijo que DTTM podría beneficiarse del uso del nombre del presidente en restaurantes. No obstante, cobrar por el uso del nombre en otros servicios depende de la interpretación que se dé del uso “irrestricto” (unrestricted) que se especifica en la ley de Florida, agregó. 

Si se interpreta que esos servicios están incluidos como parte del uso irrestricto del nombre por el condado de Palm Beach, DTTM no podría cobrar por el uso de la marca en estos casos. En caso de que el uso “irrestricto” de la marca no incluya estos servicios, DTTM “puede prestar algunos de esos servicios y recibir un pago por hacerlo”, dijo.

Craig Simmeron, abogado de marcas, difiere con esta interpretación. Simmeron dijo al medio Axios que las solicitudes de DTTM podría otorgarle algunos elementos como “relojes”, pero no “servicios de seguridad o las salas VIP de aeropuertos”.

Otra de las aplicaciones de DTTM también aborda la construcción y reparaciones del aeropuerto.

DTTM podría tener control sobre cómo se presenta el nombre de Trump

Roberts también dijo a Factchequeado que DTTM podría “ejercer cierto control sobre la manera en que el condado de Palm Beach, en su calidad de licenciatario, utiliza la marca comercial de Trump”. Por ejemplo, podría exigir que “Trump” siempre figure con el mayor tamaño en cualquier letrero” o que “cualquier imagen del presidente Trump que acompañe a las marcas está sujeta a su aprobación”, aseguró.

Inusual, pero acorde con el historial de peticiones de Trump

Nancy Mertzel, abogada de propiedad intelectual y fundadora de Mertzel Law PLLC, dijo a Law360 que la marca del aeropuerto es inusual, pero también agregó que no es sorprendente dada la práctica de Trump de “comercializar su nombre”.

“La empresa del presidente Trump, DTTM Operations, posee más de 140 solicitudes o registros de marcas comerciales, incluido un registro de 1992 para ‘Trump Tower’”, afirmó en declaraciones escritas a Law360.

Los aeropuertos comerciales que llevan nombres de expresidentes suelen ser bautizados así después de que estos dejan la Casa Blanca o mueren

Desde Factchequeado encontramos 8 aeropuertos comerciales en distintas partes del país que fueron bautilizado en honor a presidentes estadounidenses. Pero estos nombramientos ocurrieron luego de finalizado su término –décadas después, en algunos casos–, o tras su muerte.

• Abraham Lincoln Capital Airport en Springfield, Illinois. Fue renombrado en 2004, casi un siglo y medio después de la muerte del presidente Abraham Lincoln, cuando pasó de ser Capital Airport a llevar el nombre del presidente número 16, según señala la Sociedad Histórica del Condado de Sangamon.

• Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport en Dickinson, Dakota del Norte. Originalmente llevaba el nombre de Dickinson Municipal Airport y fue construido en 1944 como un aeropuerto de emergencia de guerra y posteriormente donado a la ciudad de Dickinson en 1949, según la página oficial del aeropuerto. Pese a que en Factchequeado no encontramos cuándo el aeropuerto adoptó el nombre del presidente número 26,  se construyó más de dos décadas después de la muerte de Roosevelt.

• Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport en Wichita, Kansas. En 2014, el Consejo de la ciudad de Wichita aprobó la adopción del nombre del presidente Dwight D. Eisenhower, según indica la página oficial del aeropuerto y medios de Kansas como KSAL o The Sunflower . Eisenhower falleció en 1969, 45 años antes de este cambio.

• John F. Kennedy International Airport en Nueva York, Nueva York. El aeropuerto New York International Airport (conocido comúnmente como Idlewild Airport) se cambió a John F. Kennedy International Airport la Nochebuena de 1963, semanas después del asesinato de Kennedy, según la Port Authority of New York and New Jersey.

• Gerald R. Ford International Airport en Grand Rapids, Michigan. El Kent County International Airport adoptó el nombre del presidente número 38, Gerald R. Ford,en diciembre de 1999, según la página oficial del aeropuerto.

• Ronald Reagan Washington National Airport en Arlington, Virginia. En 1998, el Washington National Airport, en honor al primer presidente de Estados Unidos, adoptó también el nombre del presidente Ronald Reagan, según su página oficial. Es el único aeropuerto cuyo nombre (Reagan National) fue registrado, pero el titular del registro de marca es la organización pública Metropolitan Washington Airports Authority.  

• George Bush Intercontinental Airport en Houston, Texas. En 1997, el Houston Intercontinental Airport, que comenzó sus operaciones en 1969, fue renombrado en honor al presidente H.W. Bush, según la Asociación Histórica del Estado de Texas y Los Angeles Times. El cambio se dio 4 años después de que el presidente terminara su mandato. 

• Bill and Hillary Clinton National Airport en Little Rock, Arkansas. En marzo de 2012 se reveló el nombramiento del aeropuerto en honor al expresidente Bill Clinton, nacido en Arkansas, y su esposa, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado. Este nombre sustituyó el de Little Rock National Airport/Adams Field, según la página del aeropuerto, Politico, y el medio local Little Rock Public Radio

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La misión Artemis II reverdece la falsedad de que el hombre no llegó a la Luna. Spoiler: sí llegó, y en 1969 por primera vez

Trump engaña sobre la ciudadanía y el turismo de nacimiento antes de que la Corte Suprema decida sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por derecho de nacimiento

Una nueva misión a la Luna, y un nuevo regreso de las falsedades en torno a la llegada del hombre al satélite. Con la misión Artemis II la NASA se planteó el reto, conseguido, de enviar a sus cuatro astronautas al lado oculto de la Luna. En ese recorrido Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han conseguido, además de ser los primeros en ver con ojos humanos esa parte del satélite, ser los seres humanos que más lejos han estado del planeta en toda nuestra Historia.

Vimos al cohete salir desde su plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida el 1 de abril de 2026 y perderse de vista en busca del espacio. Vimos a los astronautas hablar flotando por la gravedad 0 espacial, hemos sabido de sus problemas con el inodoro, situación con la que el mismo presidente, Donald Trump, bromeó, y la misma Casa Blanca posteó en su cuenta de X (antes Twitter) la imagen tomada desde la órbita de la Luna de nuestro planeta tomada por los viajeros.

Nada de eso le alcanza a los defensores de la falsa teoría que afirma, con esta nueva misión, que se está repitiendo la supuesta mentira de que el 20 de junio de 1969, Neil Amstrong, comandante de la misión Apollo 11, fue el primer hombre en pisar la Luna. 

“La misión lunar Artemis II demostró que el alunizaje de 1969 fue un engaño”, asegura un mensaje en X. Otro post en esa misma red social dice que las rocas lunares que el Apolo 11 se trajo en la primera visita de la Humanidad al satélite “eran falsas” y que eso “se descubrió en 2009”. 

Más falsedades, ahora también generadas con IA

Circula una imagen que supuestamente muestra que uno de los livestream de la tripulación fue frente a un croma (pantalla de fondo unicolor), pero al fijarse detenidamente en la imagen se aprecian errores clásicos que cometen las aplicaciones de creación imágenes con inteligencia artificial (IA), como problemas al generar las manos (recuadros rojos) y otros más flagrantes, como que la astronauta Christina Koch no está sujeta por ningún cable (recuadro azul) o como se entrelazan sus piernas con la del compañero detrás de ella (recuadro amarillo).

También pasamos la imagen por Hive Moderation, My Detection y AI Image Detection tres herramientas de detección de imágenes creadas con IA. El primer programa dictaminó que la probabilidad de que la imagen fuese creada con IA era del 78.3%; en el segundo, del 99.54% y en el tercero, del 100%.

Una imagen que circula en X muestra a los astronautas supuestamente frente a un croma para sostener que todo fue un montaje, pero pueden notarse errores típicos de las imágenes creadas con IA. 

También se ha dicho que el lanzamiento es un montaje porque el cohete se inclina y cambia de dirección en el aire. Ese movimiento del cohete, como explica la BBC, tiene como objetivo reducir el gasto de combustible generado por la atracción gravitacional a la vez que  busca equiparar el alejamiento del suelo y la caída para que la nave entre en órbita. 

El “truco”, apunta la BBC, consiste no solo en volar en vertical “hacia arriba”, sino “también en volar ‘hacia abajo’ con la suficiente velocidad para que, a medida que la gravedad tira del cohete, este siga la curvatura de la Tierra y entre en un estado de caída libre perpetua”. 

Además ha circulado que el comandante de la misión, Wiseman, supuestamente dijo en una rueda de prensa que con Artemis II sería “la primera vez que enviamos seres humanos a la Luna”. La declaración está recortada, ya que Wiseman añadió a continuación “y en órbita terrestre baja al mismo tiempo”, refiriéndose a la tripulación de la Estación Espacial Internacional con quienes mantuvieron una conversación el 7 de abril de 2026. 

Pruebas de que sí llegamos a la Luna

No es la primera vez que se viaja a la Luna

Como recuerda la NASA en su web, además de integrantes del Apolo 11, astronautas de las misiones Apolo 12, 14, 15, 16 y 17 también pisaron la Luna. En total han pisado el satélite 12 hombres, todos estadounidenses. Y un total de 24 han hecho el viaje de ida y vuelta.

Rocas lunares más viejas que la Tierra 

En el primero de los viajes exitosos, el del Apolo 11, los astronautas volvieron con 800 libras (algo más de 362 kilos) de rocas lunares. En una entrevista con la Agencia Sinc, Richard Carlson, investigador del Carnegie Institution for Science y autor de un trabajo publicado en la revista Science en 2019 por el 50 aniversario de la llegada al satélite, explicó que “la mayoría” de la superficie de nuestro planeta es “bastante joven en términos geológicos, de apenas 200 millones de años”.

Eso se debe, añadía, a que la Tierra es un planeta “vivo” en cuanto que es “activo geológicamente” y “cualquier registro de los procesos implicados en su formación hace tiempo que fue eliminado por esta actividad continua”. Eso sí, añadía, “la mayoría de la superficie lunar tiene más de 4,000 millones de años, y algunas partes se acercan a los 4,400”.

Es decir, tenemos piedras de la Luna en la Tierra… más antiguas que las propias piedras terrenales.  

Otras desinformaciones relacionadas con la llegada a la Luna

Las huellas dejadas por Neil Armstrong no coinciden con su traje

Como ya explicamos en Factchequeado, se compartió un video en el que se utilizaba el falso argumento de que las huellas dejadas por Neil Armstrong no coincidían con su traje para decir que la misión del Apolo 11 fue un montaje. La explicación era más sencilla: la foto que se difundió como la huella de Amstrong en realidad era de su compañero Edwin “Buzz” Aldrin, el segundo hombre en la Historia de la Humanidad en pisar la Luna. 

La bandera no ondea 

Un clásico de las teorías conspiranoicas es que dicen que el primer alunizaje era un montaje porque la bandera que clavaron no se mueve. ¿Cómo puede estar la bandera que los integrantes del Apolo 11 clavaron en suelo lunar ondeando si no hay atmósfera en nuestro satélite, y por tanto nada de viento sino el vacío? Simple: se le añadió una varilla metálica en su parte superior horizontal para que se mantuviera firme, como explica el Instituto de Física del Reino Unido e Irlanda en su web.

La bandera “no se mueve en absoluto”, asegura, y apunta que la “impresión” de que ondea se debe a que “la débil gravedad lunar no es lo suficientemente fuerte como para alisar la bandera”. 

“Tras ondear ligeramente mientras los astronautas las clavaban en la superficie lunar, ha permanecido inmóvil desde entonces”, sentencia el instituto. 

Los retroreflectores (que viste en The Big Bang Theory)

El Apolo 11 no fue solo a pasear a la Luna. El tiempo que estuvieron en su superficie lo aprovecharon para hacer todo tipo de experimentos y desplegar equipo científico. Uno de ellos fueron los retroreflectores.

Como explica la NASA en su web, estos aparatos son “pequeños conjuntos de espejos” a  los que los científicos apuntan láseres. Al calcular el tiempo que tardan en ir y volver facilita “mediciones excepcionalmente precisas de la órbita y la forma de la Luna, incluyendo cómo cambiaba ligeramente debido a la fuerza gravitatoria de la Tierra”.

Si eres fan de la serie The Bing Bang Theory, recordarás el capítulo en el que los cuatro científicos protagonistas hicieron esas mismas mediciones. 

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Sin embargo, 2 de las monedas incluidas en esos cálculos dejaron de circular hace más de 20 años. Se tratan del sucre de Ecuador y el colón de El Salvador, que fueron reemplazados por el dólar estadounidense en los años 2000 y 2001, respectivamente, según el Banco Central del Ecuador y el Banco Central de Reserva de El Salvador.

Hasta el 8 de abril de 2026, no encontramos publicaciones de ICE reconociendo o rectificando el error. Tampoco encontramos publicaciones o reportes de medios de comunicación sobre alguna el gobierno de Ecuador o el de El Salvador abordando el tema.

Asimismo, la publicación oficial indica que la moneda oficial de Perú es el “nuevo sol”. Sin embargo, desde el 15 de diciembre de 2015, se conoce  la moneda nacional peruana como “sol”, según el Banco Central de la Reserva del Perú.

Ecuador adoptó el dólar estadounidense en 2000

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, el país reemplazó el sucre ecuatoriano por el dólar estadounidense el 9 de enero del 2000, “como una medida urgente para frenar la crisis económica y financiera que atravesaba el país”.

Dato: el sucre ecuatoriano fue acuñado en honor al mariscal Antonio José de Sucre, “uno de los héroes y precursores de las guerras independentistas que pusieron fin a la dominación española”, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. 

El sucre sufrió una de las peores devaluaciones en su historia antes de la dolarización, según recoge el medio ecuatoriano Primicias. Pasó de 4,493 sucres por dólar en enero de 1998 a 7,119 en enero de 1999. En diciembre de 1999 llegó a 18,287 sucres por dólar, una devaluación del 276% en ese año, según datos del Banco Central del Ecuador recolectados por Primicias.

El Salvador adoptó el dólar estadounidense en 2001

El Salvador reemplazó su moneda nacional, el colón, por el dólar estadounidense con la aprobación de la Ley de Integración Monetaria (LIM), que entró en vigor el 1 de enero de 2001, según recoge un análisis de Claudio de Rosa, economista e investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Gavidia. A diferencia de la situación económica de Ecuador antes de la dolarización, la economía salvadoreña era bastante estable, dijo de Rosa a Bloomberg Línea. 

Sin embargo, “las tasas de interés de instrumentos denominados en colones” eran más elevadas “que las ofrecidas por los instrumentos denominados en dólares”, según Bloomberg Línea. De Rosa concluye en su análisis que la dolarización en El Salvador logró que bajaran las tasas de inflación e interés, los plazos de los créditos se ampliaron y la economía entró en una estabilidad muy sólida.

Dato: el colón fue llamado así en homenaje a Cristóbal Colón “en el cuarto centenario del descubrimiento de América” (1892), según el Ministerio de Cultura del Gobierno de El Salvador. 

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Usuarios en redes sociales viralizaron la publicación de la NASA afirmando que es una muestra de los efectos del cambio climático. Si bien, como te hemos dicho en Factchequeado, el cambio climático es real y es causado por la actividad humana, la diferencia de ambas imágenes no se debe al cambio climático sino a la iluminación que recibía la Tierra en el momento en el que fue tomada y a la tecnología que se usó, según explica la NASA.  

“La [foto] de 2026 muestra que desapareció gran parte del planeta Tierra a consecuencia de: la era de hielo en los 70s, el calentamiento global de los 90s, y el cambio climático actual”, dijo otro usuario en una publicación, con casi 300 reacciones y 358 comentarios, en Facebook.

“No sé si antes tenían más definición las cámaras o la Tierra se ve diferente por todo lo que los humanos hemos hecho”, dijo un usuario en TikTok con más de 1.2 millones de seguidores. 

Un vocero de la NASA dijo a Factchequeado que la Tierra aparece “más apagada” en las nuevas fotografías porque “fueron tomadas durante la noche, con la superficie terrestre iluminada únicamente por la luz de la Luna”.

Lauren Low, vocera de la NASA, dijo a nuestros aliados de PolitiFact que la imagen de 1972 fue tomada bajo la luz directa del sol. Además, ambas imágenes fueron procesadas de manera diferente, según Low.

Asimismo, Matt Kendall, fotógrafo que reside en Alabama, dijo a PolitiFact que la película fotográfica (film) usada en las cámaras analógicas, con lo que se tomó la fotografía de la Tierra en 1972, realza de forma natural la saturación y el contraste, lo que hace que las imágenes parezcan más vibrantes. “Además, presenta una respuesta distinta ante la luz, acentuando a menudo los tonos azules y cálidos de un modo que resulta más ‘impactante’", agregó.

Las cámaras digitales modernas tienden a ofrecer menos precisión cromática por lo que las fotos parecen “menos vívidas”, dijo Kendall.

¿Qué es Artemis II?

La misión Artemis II es un vuelo de prueba alrededor de la luna del programa Artemis de la NASA. Este vuelo despegó del Kennedy Space Center en Florida el 1 de abril y está previsto finalizar con su aterrizaje en las costas de San Diego, California el 10 de abril a las 8:07 p.m. ET. El programa Artemis II de la NASA “enviará astronautas a explorar la Luna para llevar a cabo descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, para el beneficio de todos”, según informa un resumen de la misión en la página de la NASA.

El 6 de abril de 2026, el vuelo alcanzó una distancia de 248,655 millas de la Tierra, superando el récord previo del Apolo 13 en 1970.

Los 4 tripulantes de la nave espacial Orion son:

• Reid Wiseman, comandante 

• Victor Glover, piloto

• Christina Koch, especialista de la misión

• Jeremy Hansen, especialista de la misión

El programa se llama Artemis en honor a la diosa griega de la Luna y hermana gemela de Apolo, dios del Sol, según la NASA. El programa Apolo llevó al ser humano a poner pie por primera vez en la Luna el 20 de julio de 1969.

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Uno de los fallos más importantes de la Corte Suprema que se espera este año es si se debe mantener la protección constitucional que establece que los bebés nacidos en Estados Unidos son ciudadanos.

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en su primer día de mandato con el objetivo de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Las cortes inferiores dictaminaron que su orden era inconstitucional y ahora la Corte Suprema emitirá su fallo antes del 4 de julio de 2026.

Días antes de las audiencias orales del 1 de abril de 2026, Trump arremetió contra la ciudadanía por derecho de nacimiento, diciendo que la histórica práctica de otorgar la ciudadanía automática a los bebés nacidos en EE.UU. es abusada por parte de extranjeros ricos, que estaba destinada a los hijos de personas esclavizadas y que EE.UU. es una excepción.

Es hora de verificar los hechos.

Algunos extranjeros dan a luz en EE.UU. porque desean que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense, pero esto representa una pequeña porción de los nacimientos anuales, y existen políticas para evitarlo. La 14ª Enmienda aprobada tras la abolición de la esclavitud, es una disposición legal clave que otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento. Sin embargo, las cortes han dictaminado desde entonces que la enmienda se aplica a los hijos de inmigrantes, no solo a los hijos de personas esclavizadas. Y EE.UU. no es el único país que otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento. 

La orden de Trump que elimina la ciudadanía por derecho de nacimiento, de implementarse, afectaría a unos 255,000 bebés nacidos cada año durante décadas, según un escrito presentado a la corte por 141 profesores que se oponen a la orden de Trump. Quitarles el acceso a la ciudadanía perjudicaría su capacidad para ir a la universidad y contribuir a la economía, dice el escrito.

El turismo de nacimiento representa una pequeña parte de los nacimientos en EE.UU.

En los últimos días, Trump ha atacado el "turismo de nacimiento".

"La ciudadanía por derecho de nacimiento no se trata de personas ricas de China y del resto del mundo que quieren que sus hijos, y cientos de miles más, POR PAGO, se conviertan ridículamente en ciudadanos de los Estados Unidos de América", publicó el 30 de marzo de 2026 en su red social Truth Social.

No está claro cuántas mujeres vienen a EE.UU. a dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía; ninguna agencia estadounidense lleva un registro de ello. Podemos extraer conclusiones limitadas de los datos federales. Los CDC, encargados del control de enfermedades, estimaron que en 2024 se registraron 9,500 nacimientos de padres que declararon una dirección fuera de EE.UU. como su lugar de residencia. Es probable que esta cifra sea inferior a la real, ya que es posible que algunas personas no declaren su domicilio.

The Center for Immigration Studies (CIS, por sus siglas en ingles), un grupo de expertos que aboga por bajos niveles de inmigración, estima 70,000 nacimientos de hijos de visitantes temporales en 2023, lo que representa menos del 2% de los 3.5 millones de nacimientos registrados ese año. Esta cifra corresponde a personas con visas temporales de larga duración, como estudiantes y trabajadores invitados, no a personas con visas de turista. El Niskanen Center, otro grupo de expertos, ha dicho que la estimación del CIS es excesiva.

Las visas de turista no pueden otorgarse "con el propósito principal de obtener la ciudadanía estadounidense para un niño dando a luz en EE.UU.". El Departamento de Estado, bajo la administración Trump, ha hecho hincapié en esta norma. Los funcionarios de inmigración pueden impedir la entrada al país a mujeres embarazadas con una visa de turista si consideran que podrían dar a luz durante su visita a EE.UU.

Mentir a las autoridades de inmigración es un delito. 

Los fiscales federales, tanto en la administración Trump como en la del expresidente Joe Biden, han presentado cargos contra personas en California y Nueva York por delitos de fraude de visas e inmigración relacionados con el turismo de nacimiento.

"Si el turismo de nacimiento es un problema, la solución es hacer cumplir esa normativa", le dijo a PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, Amanda Frost, profesora de derecho migratorio de la Universidad de Virginia.

La orden del Día 1 de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es impugnada en la corte

En la publicación de Truth Social del 30 de marzo de 2026, Trump dijo que la ciudadanía por derecho de nacimiento se trata de "¡los BEBÉS DE ESCLAVOS! ... ¡Miren las fechas de esta legislación de hace mucho tiempo: ¡EL FINAL EXACTO DE LA GUERRA CIVIL!"

La noción de ciudadanía por derecho de nacimiento se remonta a 1608 con el caso de Calvino, una decisión británica que pasó a formar parte de la ley común adoptada en los inicios del sistema legal estadounidense. El caso de Calvino otorgó la condición de súbdito — un concepto británico que posteriormente evolucionó hasta convertirse en ciudadanía — a todos los niños nacidos en Escocia, excepto a los hijos de diplomáticos y tropas enemigas bajo ocupación hostil.

El marco constitucional al que Trump se refirió se remonta a la época posterior a la Guerra Civil. 

La 14ª Enmienda establece que "Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida".

Esta enmienda, ratificada en 1868, "sin duda tenía como objetivo amparar a los hijos de inmigrantes indocumentados, es decir, a los hijos de personas esclavizadas traídas aquí por delincuentes tras la prohibición del comercio de esclavos", dijo Gabriel (Jack) Chin, profesor de derecho de la Universidad de California, Davis. (Una ley de 1952 reiteró el lenguaje de la 14ª Enmienda).

Las cortes han dictaminado que la ciudadanía por derecho de nacimiento no se aplica únicamente a los hijos de personas esclavizadas. Los hijos de inmigrantes también son elegibles.

En 1898, la Corte Suprema dictaminó en el caso Wong Kim Ark, que lleva el nombre de un trabajador nacido en 1873 en San Francisco. Sus padres eran chinos y residían legalmente en los Estados Unidos. 

Alrededor de los 17 años, Wong viajó a China y regresó a Estados Unidos sin incidentes. Luego, a los 21 años, volvió a viajar a China, pero al final de ese viaje se le negó la entrada a EE.UU. porque el funcionario de aduanas argumentó que no era ciudadano estadounidense. 

Esto ocurrió durante la época de las estrictas leyes antiasiáticas conocidas como la Ley de Exclusión China.

En su decisión mayoritaria de 6 a 2, los magistrados de la Corte Suprema dictaminaron que Wong — y otros nacidos en suelo estadounidense, con algunas claras excepciones — reunían los requisitos para obtener la ciudadanía en virtud de la 14ª Enmienda.

EE.UU. no es el único país que otorga ciudadanía por nacimiento

Trump presenta falsamente a EE.UU. como una excepción a nivel mundial por ofrecer la ciudadanía por derecho de nacimiento. "Somos el único país del mundo que dignifica este tema con un debate", escribió Trump el 30 de marzo de 2026.

Pero alrededor de tres docenas de países tienen ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones, también conocida como "ius soli" o "derecho de suelo". A EE.UU. se unen sus vecinos Canadá y México, junto con casi todos los países de Centroamérica y Sudamérica.

Estados Unidos y Canadá son considerados los únicos dos países "desarrollados", según la definición del International Monetary Fund. Los países que ofrecen la ciudadanía por derecho de nacimiento se encuentran casi exclusivamente en el hemisferio occidental. Ningún país de Europa o Asia oriental, por ejemplo, tiene una política similar.

Algunos países ofrecen una versión de la ciudadanía por derecho de nacimiento. En Alemania y el Reino Unido, por ejemplo, la ciudadanía se concede automáticamente a las personas nacidas dentro de las fronteras de estos países, siempre que al menos uno de sus padres sea ciudadano o residente permanente.

Este artículo fue publicado originalmente por Politifact, medio aliado de Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Casi 4 de cada 10 niños inscritos en Head Start se identifican como hispano o latino, el grupo más numeroso, según el reporte anual del año fiscal 2024 en su sitio web (el último disponible); el 29% son de raza negra o afroamericano, no hispano ni latino. Además, alrededor del 35% de los niños matriculados están aprendiendo dos idiomas, de los cuales casi dos tercios (63%) proceden de familias que hablan principalmente español en casa.

Desde 2025, el gobierno federal comenzó a reducir el presupuesto, el personal y los recursos para Head Start, con el argumento —sin evidencia— de que incentiva la “migración ilegal” y es un programa que “promueve” lecciones de “identidad de género”, “raza” y libros ilustrados sobre “pingüinos homosexuales”. 

En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó a todas las agencias federales a identificar y restringir los programas que atendían a inmigrantes indocumentados. 

Así, el 14 de julio de 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) reclasificó Head Start, centros de salud comunitarios y programas de salud mental, entre otros, como “beneficio público federal”, una categoría legal que desde 1996 excluye a inmigrantes indocumentados y beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), TPS (Estatus de Protección Temporal) y visas temporales. 

La reclasificación de Head Start para excluir niños sin documentos fue bloqueada en 2025

La reclasificación de Head Start entró en vigor el 24 de julio de 2025. Y, a raíz de esto, las organizaciones de padres de familia de Parent Voices Oakland, Family Forward Oregon y las asociaciones de Head Start de los estados de Washington, Illinois, Pensilvania y Wisconsin, encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda en contra del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., con el argumento central de que Head Start nunca había sido “beneficio público” bajo esa ley porque es un programa educativo, no de asistencia directa a individuos, como sí lo son el seguro médico Medicaid, los cupones de alimentos SNAP o la asistencia económica TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).

Mes y medio después del cambio en el programa, el 11 de septiembre de 2025, el juez federal Ricardo Martinez, del Distrito Oeste de Washington —nombrado por el presidente George W. Bush— emitió una orden de bloqueo nacional.

Martinez destacó que, desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés), el Congreso revisó cuatro veces los requisitos de elegibilidad de Head Start y nunca mencionó el estatus migratorio como criterio. Señaló que el HHS está obligado por la Ley Head Start a consultar con expertos y proveedores antes de hacer cambios, y que esa misma ley prohíbe adoptar modificaciones que reduzcan los servicios. El departamento no siguió ninguno de esos pasos.

La disputa central gira en torno a la PRWORA, que establece que los "beneficios públicos federales" solo son para ciudadanos, residentes legales y asilados. El HHS argumentó que Head Start cae en esa categoría y el juez determinó que no.

Ante el argumento del gobierno de que la restricción desincentivaría la migración irregular, el juez respondió: “La corte está pasmada por este argumento. No hay nada en el expediente que permita inferir que el acceso a Head Start incentiva la inmigración ilegal, o que una acción inmediata requiera saltarse las barreras de las leyes, ignorando el plazo de 30 días para notificación y comentarios”.

El bloqueo es para todo el país. Aunque la Corte Suprema limitó en 2025 el uso de órdenes nacionales, Martinez determinó que era necesaria aquí porque varios proveedores operan en múltiples estados, incluyendo los programas para hijos de trabajadores agrícolas migrantes que cruzan fronteras estatales. “El interés público se inclina a favor de mantener a los niños en la escuela, alimentados y cuidados, con sus familias capaces de acudir al trabajo, mantenerlos y participar en la sociedad”, escribió el juez.

Según las propias estimaciones del HHS citadas en la orden judicial, la reclasificación abrupta dejaría fuera del programa a más de 500,000 niños, entre ellos 115,000 ya inscritos que serían dados de baja. El juez argumentó que el propio gobierno calculó que implementar el cambio tendría un costo de hasta $374 millones anuales. 

El 10 de septiembre de 2025, la jueza federal Mary McElroy de Rhode Island —nombrada por el propio Trump— bloqueó la misma directiva en 20 estados y el Distrito de Columbia, tras una demanda de sus fiscales generales. El bloqueo judicial también protege a los inmigrantes indocumentados para acceder a educación para adultos y servicios federales de emergencia, como refugios para víctimas de violencia doméstica y personas sin hogar. 

Entre julio y septiembre de 2025, hasta que llegó el bloqueó nacional, hubo niños que no se inscribieron o familias que retiraron a los suyos por miedo a verificaciones migratorias y deportaciones, incluso si legalmente calificaban. Por ejemplo, en Los Ángeles, California, la matrícula bajó 20% y la asistencia 10%.

Oficinas regionales cerradas y palabras eliminadas

El 1 de abril de 2025, la administración Trump cerró de golpe 5 de las 10 oficinas regionales de Head Start: en Boston, Chicago, Nueva York, San Francisco y Seattle, y despidió a todo su personal. Esas oficinas atendían a casi el 44% de los niños inscritos en el programa, en 22 estados y 5 territorios. Los fondos aprobados dejaron de llegar, los directores de programas enviaban mensajes a una dirección de correo sin respuesta, y algunos centros empezaron a planear cierres.

El 5 de diciembre de 2025, algunos programas Head Start de educación infantil temprana recibieron instrucciones del gobierno federal para eliminar una lista de casi 200 palabras y frases de sus solicitudes de financiación, o de lo contrario podrían ser rechazadas, de acuerdo con documentos judiciales revisados por Factchequeado, citados primero por NPR. La lista incluye: “accesible”, “pertenecer”, “negro”, “discapacidad”, “femenino”, “minoría”, “trauma”, "tribal" y “mujeres”. 

En enero de 2026, el mismo juez Martinez emitió una segunda medida cautelar para bloquear tanto los despidos masivos y cierres de oficinas regionales como la prohibición de los casi 200 términos en solicitudes de fondos.

Actualmente, los niños inmigrantes sin documentos pueden acceder al programa y los dos litigios siguen en proceso. 

En el caso del que lleva el juez Martinez (Washington State Association of Head Start and Early Childhood Education and Assistance Program v. Kennedy, Case 2:25-cv-00781-RSM), el gobierno puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y podría llegar a la Corte Suprema. El caso de Rhode Island (State of New York v. U.S. Department of Justice. Case 1:25-cv-00345-MSM-PAS) ) sigue su camino en los tribunales del Primer Circuito.

Sobre el presupuesto 2027, el Congreso tiene la última palabra. En 2024, el presupuesto federal total de Head Start rondó los 12.2 mil millones de dólares; para 2026 se aprobaron 12.36 mil millones de dólares.

Head Start, creado en 1965, ofrece servicios educativos y de apoyo a niños, familias y mujeres embarazadas en todo Estados Unidos, el Distrito de Columbia y 6 territorios. Incluye programas preescolares para niños de 3 y 4 años, Early Head Start para bebés y embarazadas, programas para comunidades indígenas y de Alaska, y Migrant and Seasonal Head Start, para familias de trabajadores agrícolas. Desde su fundación, ha atendido a más de 40 millones de niños y el gobierno federal financia el 80% de sus costos, según el sitio web.

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• “Ningún presidente en pleno uso de sus facultades prometería públicamente erradicar a toda una civilización. Por eso estoy de acuerdo con los republicanos que han puesto sobre la mesa la Enmienda 25”, indicó en su cuenta de X el senador demócrata de Connecticut Chris Murphy.

• “Donald Trump es un guerrerista desquiciado y un criminal de guerra que usa la violencia para beneficio y lucro personal, mientras gente inocente paga las consecuencias (...) la Enmienda 25 debe ser invocada”, afirmó el representante Maxwell Frost, de Florida. 

• “¡ENMIENDA 25! No ha caído ni una sola bomba sobre Estados Unidos. No podemos matar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”, señaló Marjorie Taylor Greene, excongresista republicana por Georgia y exaliada del presidente Trump. 

• “¿Cómo le aplicamos la Enmienda 25 de una vez?”, preguntó Alex Jones durante su show en InfoWars. Jones públicamente se ha opuesto a los ataques de Estados Unidos en Irán, calificando las amenazas de Trump como “genocidas”.

Trump, en la noche del 7 de abril, anunció un acuerdo de cese al fuego con Irán por 2 semanas.

El llamado a invocar la Enmienda 25 también ha captado la atención en español, tanto en redes sociales como en búsquedas en Google.

La Enmienda 25 sólo la puede invocar el gabinete de Trump

La Enmienda 25 de la Constitución establece el mecanismo de sucesión en caso de que ocurra una vacante presidencial, ya sea por muerte, renuncia o por cualquier otro motivo que haga que el presidente no tenga capacidad para ejercer el cargo.

La Sección 4 de la Enmienda 25 establece que “cuando el vicepresidente y una mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos”, es decir, el gabinete, “transmitan” al líder del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes “su declaración escrita de que el presidente no puede desempeñar los poderes y deberes de su cargo, el vicepresidente asumirá inmediatamente los poderes y deberes del cargo como presidente en funciones”.

Es decir, para remover a Trump a través de esta enmienda, se necesita el respaldo del vicepresidente J.D. Vance y de la mayoría del gabinete de Trump. Hasta ahora, ninguno ha expresado ni descontento ni oposición frente a las acciones de Trump en Irán ni en relación a la amenaza de poner fin a su civilización, según una revisión que hicimos en Factchequeado de las cuentas de X de los 15 secretarios y en la del vicepresidente Vance. 

El 7 de abril de 2026, J.D. Vance, desde Hungría, dijo que los iraníes “deben saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido usar” y que “el presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y decidirá hacerlo si los iraníes no cambian su conducta”.

Michael J. Gerhardt, profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Norte, dijo a PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, que la Enmienda 25 “tiene un alcance limitado en cuanto a si un presidente es física o mentalmente incapaz de desempeñar su cargo” y que “no es un remedio para una conducta indebida que el presidente pudiera haber cometido”.

Un presidente también puede ser removido por el Congreso, a través del impeachment (juicio político), pero para ello se necesita el voto mayoritario en la Cámara de Representantes y en el Senado, y ambos cuerpos legislativos actualmente están dominados por el Partido Republicano al que pertenece Trump.

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Una investigación de Data Center Watch realizada entre mayo de 2024 y marzo de 2025 encontró que alrededor de 64,000 millones de dólares en proyectos de centros de datos han sido bloqueados o retrasados ante la oposición local. Por ejemplo, en la ciudad de Pekin, en Illinois, residentes aplaudieron el anuncio de que no se construirá un centro de datos en la comunidad, según NPR Illinois. También, en el norte de Virginia, residentes de Warrenton destituyeron en las elecciones de noviembre de 2024 a todos los concejales que apoyaron un centro de datos propuesto por Amazon.

Los motivos de las oposiciones a estos centros varían, pero algunos de los más repetidos son la preocupación por facturas de electricidad más altas, el incremento en el consumo de agua o el ruido que generan. La promesa de la creación de empleos nuevos e ingresos fiscales para las comunidades donde se planean construir los centros no ha mitigado esta oposición, según el reporte.

Te contamos los impactos negativos documentados de los centros de datos en las comunidades donde se instalan.

Primero, algunos datos sobre los centros de datos

Hasta el 17 de marzo de 2026, se estima que existen 4,088 centros de datos en Estados Unidos y se han planificado o se encuentran en construcción alrededor de 3,785 nuevos centros, según indican Data Center Map, un directorio global de centros de datos, y Aterio, un proveedor de inteligencia sobre infraestructura y energía, respectivamente. 

Un reporte elaborado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) de la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que la demanda de electricidad de los centros de datos se ha triplicado en la última década y se duplicará o triplicará para 2028.

Más de 5 millones de galones de agua consume un centro de datos grandes, según estimaciones del EESI

Como te contamos en Factchequeado, los centros de datos requieren de grandes cantidades de agua, principalmente para refrigerar sus servidores. 

De acuerdo con el Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos (EESI), organización que desde 1984 proporciona “recursos educativos basados en la ciencia a los responsables políticos y al público general”, el consumo hídrico en el contexto de los centros de datos se refiere al agua extraída de fuentes azules (como aguas superficiales y subterráneas) y de fuentes grises (agua recuperada purificada) menos el agua descargada por los centros. El agua consumida es generalmente aquella que se evapora o que queda fuera del uso humano inmediato. “La extracción de agua dulce de arroyos locales o acuíferos subterráneos puede provocar el agotamiento de estos, especialmente en zonas con estrés hídrico” señala el instituto.

El EESI estima que los centros de datos medianos consumen más de 300,000 galones de agua diarios para fines de enfriamiento, mientras que los más grandes hasta 5 millones de galones de agua. Una familia estadounidense promedio de cuatro personas utiliza alrededor de 400 galones de agua al día, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Además, la construcción de un centro de datos en una comunidad puede impactar en el suministro de agua de otras comunidades. Por ejemplo, el agua utilizada por centros de datos en Virginia del Norte afectaría el suministro de agua del río Potomac, que atraviesa Washington, D.C., según señala el  Instituto Lincoln de Política de Suelo.

“Donde quiera que decidan instalar un centro de datos, es como una pajita gigante que extrae agua de esa cuenca”, dijo Peter Colohan, director de alianzas e innovación de programas en el Instituto Lincoln. El instituto sugiere que colocar estos centros en lugares más fríos y húmedos puede ayudar a reducir la cantidad de agua que utilizan. 

Sin embargo, casi dos tercios de los centros de datos construidos desde 2022 han sido localizados en regiones con mayor demanda de agua que la disponible (con estrés hídrico), de acuerdo a un análisis de Bloomberg de mayo de 2025. Cinco estados (67% en Virginia, 26% en Arizona, 26% en Texas, 23% en Illinois y 17% en California) tienen 72% de los nuevos centros en áreas de alto estrés hídrico. El consumo de agua aumenta en centros de datos ubicados en climas más cálidos, agregó el EESI.

Más aguas residuales

Por otra parte, el EESI también indica que el agua que no se pierde al evaporarse, se descarga en instalaciones municipales de tratamiento de aguas residuales. Este gran volumen de aguas residuales puede saturar instalaciones locales existentes que no fueron diseñadas para gestionar un volumen tan elevado.

El Foro Económico Mundial explicó en noviembre de 2024, que las aguas residuales de los centros de datos están contaminadas con polvo, químicos y minerales.

Pese a que existe una alternativa de enfriamiento que consume menos agua –enfriación líquida para los servidores que suministra líquido refrigerante directamente a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y a las unidades centrales de procesamiento (CPU)– es más costosa que el enfriamiento a través de la evaporación del agua, según el EESI. 

Incremento de las facturas eléctricas de los residentes

En este artículo de Factchequeado explicamos que existen dos formas en que los centros de datos aumentan las facturas de electricidad:

1. Las compañías proveedoras de electricidad deben construir miles de millones de dólares en infraestructura adicional para abastecer el aumento de la demanda de electricidad ocasionado por los centros de datos. Los costos de nueva infraestructura de las empresas de servicios públicos se distribuyen a todos los clientes. 

2. Si la energía proporcionada por los proveedores de electricidad no aumenta al ritmo de la demanda, los precios suben. Algunos proveedores compran “electricidad a través de mercados y esos precios suben porque la demanda crece en el mercado y la construcción de nuevas centrales lleva tiempo”.

Pese a que ejecutivos de compañías como Amazon, Google y Open AI se comprometieron con la iniciativa del presidente Donald Trump para que las grandes compañías tecnológicas cubran sus necesidades energéticas, expertos consultados por Politico dijeron que es muy improbable que protejan a los consumidores de los incrementos de los costos de electricidad. 

Trevor Higgins, vicepresidente senior del departamento de Energía y Medio Ambiente del Center for American Progress, una organización que se describe como un instituto de políticas independiente y no partidista, calificó la iniciativa como “un compromiso voluntario” y que es “simplemente un esfuerzo vago y prácticamente sin sentido que no ofrece a los usuarios ninguna protección garantizada contra el aumento desorbitado de las tarifas de los servicios públicos”. 

Contaminación del aire

Algunos centros de datos utilizan instalaciones de generación eléctrica a base de gas para sus operaciones diarias, lo cual genera contaminación continua del aire y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), según el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute), una organización sin fines de lucro que investiga sobre políticas medioambientales en el mundo. Los gases de efecto invernadero, como el CO2, retienen el calor de la atmósfera y tal como te hemos explicado en Factchequeado influyen en el cambio climático.