Donald Trump empezó ya su fase de pato cojo, con el añadido de que la avasallante ola azul de las elecciones de mitad de período, o midterms, del 3 de noviembre de 2026, dejó al Partido Demócrata al control, a partir de enero de 2027, de ambas cámaras del Congreso federal. Desde allí, los demócratas podrán moderar, y eventualmente bloquear, la agenda del presidente republicano.

El país se enrumba a un Gobierno dividido que podría resultar en una cohabitación o en parálisis, dependiendo de si el Congreso y la Casa Blanca deciden colaborar en mínimos de gobernabilidad u optan por ir a un choque de poderes que podría devenir en una crisis constitucional.

Es es imposible predecir cuál de las dos vías será la más probable, pero tenemos indicios a partir de las declaraciones que han dado parte y parte tras los resultados de las midterms: los demócratas prometiendo restablecer el trabajo de supervisión y balance de poder del Legislativo (lo que puede implicar investigaciones a varias acciones de Trump de los primeros dos años de gobierno) y Trump amenazando con usar su poder de veto para bloquear leyes del Congreso que a él no le gusten (aunque el presidente también ha dicho que está dispuesto a negociar con los demócratas). 

Abrir investigaciones al Ejecutivo

Desde antes de las elecciones, algunos demócratas de alto rango dejaron entrever que usarían el Congreso para abrir investigaciones sobre las políticas de la administración Trump.

Robert Garcia, el demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, quien en enero asumirá la presidencia de ese comité, presentó un breve comunicado dirigido a la administración y a la familia Trump que resume las intenciones: “Busquen un abogado”.

Entre los asuntos que quieren revisar los demócratas están los ataques contra embarcaciones que Estados Unidos señala como vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico que empezaron en septiembre de 2025 y que ha dejado 243 muertos hasta el 27 de octubre de 2026, según el conteo de InsightCrime, un centro de estudios sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina. 

Otros asuntos sobre los que los demócratas han expresado sus intenciones de hacer averiguaciones son el negocio petrolero con Venezuela (que Trump llamó el mayor acuerdo energético de la historia), o el rescate financiero otorgado a Argentina en octubre de 2025.

En la mira están funcionarios del gobierno federal, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth; o el de Salud, Robert F. Kennedy. Al primero muchos demócratas lo critican por la agresiva restructuración del estamento militar que ha hecho en el Pentágono despidiendo a 18 generales y almirantes y 4 altos mandos civiles del departamento (en septiembre Hegseth anunció un plan para reducir en 20% el número de generales en dos años). 

Kennedy está en la mira de los demócratas, que lo acusan de socavar la salud pública al difundir información falsa sobre las vacunas y erosionar la confianza en las agencias federales de salud.

Los negocios de la familia Trump

Los demócratas también han amenazado con poner la lupa sobre el vínculo que se ha creado en los últimos dos años entre la Casa Blanca, funcionarios del gobierno y empresas privadas que han intentado ejercer influencia sobre la Casa Blanca, que para algunos representa corrupción.

Entre sus prioridades figuran los negocios de la familia Trump en criptomonedas.En 2025, el presidente reportó ganancias por más de 2,200 millones de dólares, de los cuales, más de 1,400 millones de dólares provinieron de negocios relacionados con criptomonedas, como indicó en el reporte obligatorio sobre sus finanzas que presentó en julio de 2026, según reportó The New York Times.

El negocio de las criptomonedas es uno donde los demócratas sospechan que hay un serio conflicto de interés, en parte porque el 49% de la firma creada, junto a otros socios, por los hijos del presidente, Eric y Donald Jr., World Liberty Financial, fue comprada por una empresa vinculada a un alto funcionarios del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos pocos días antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, y porque la administración eliminó mediante una orden ejecutiva del 23 de enero de 2025 muchas de las regulaciones sobre la industria que habían sido establecidas durante el gobierno de Joe Biden.

La guerra contra Irán

Los sondeos durante la campaña y las encuestas a boca de urna de la jornada electoral mostraron que una de las motivaciones para votar en contra del Partido Republicano fue la guerra en Irán, que disparó los precios de los combustibles y significó la ruptura de una promesa de Trump de no embarcar al país en aventuras militares.

“Vamos a poner fin a la guerra”, prometió durante una conferencia de prensa el 4 de noviembre de 2026 el actual líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien se perfila como líder de la mayoría a partir de enero

“Y los padres fundadores contaban con el poder sobre el presupuesto como una de las formas de disuadir a un presidente que emprende una guerra sin el consentimiento del pueblo estadounidense”, dijo Schumer, lo que abre la posibilidad de que usen las negociaciones pendientes para extender el financiamiento del Gobierno federal más allá del 11 de diciembre de 2026 para forzar cambios en la estrategia militar de la Casa Blanca. 

Controlar a ICE

El representante demócrata por Misisipi, Bennie Thompson, quien buscará encabezar el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes a partir del próximo año dijo que la administración Trump “finalmente se enfrentará a una verdadera supervisión”, en referencia a los operativos de ICE y la acción, en general, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Investigaremos cómo la administración ha utilizado el departamento (...) como arma contra los estadounidenses, sus políticas migratorias fuera de control y sus actos de corrupción flagrante en beneficio propio”, afirmó Thompson en un comunicado citado por Federal News Network, un medio especializado en cobertura sobre el gobierno y sus contratistas.

Sin embargo, como advirtió en un mensaje en su cuenta X (exTwitter) el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, “las deportaciones van a continuar”. De hecho, el departamento cuenta con los recursos suficientes para mantener sus operaciones, gracias a los aportes que recibió con la One Big Beautiful Bill y con la Secure America Act. Además, cualquier iniciativa de los legisladores para retirar fondos ya aprobados, como los de la política migratoria, podría ser vetada por Trump.

Bloquear nominados a puestos en la administración federal

Actualmente hay 21 nominados a tribunales federales de diferente nivel que esperan la aprobación del Senado. Es previsible que la mayoría republicana aproveche los dos meses que le quedan para aprobarlos, para evitar que la nueva mayoría bloquee, o al menos complique, el camino de esos nominados a los puestos para los que han sido propuestos.

Otros cargos que, además de los jueces federales, requieren confirmación del Senado, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2, Sección 2 de la Constitución, como miembros del gabinete, directores de departamentos, embajadores o militares de alto rango, podrían ver reducidas sus perspectivas de ser rápidamente aprobados por la mayoría demócrata.

El calendario del Senado muestra 32 postulados a la espera de confirmación en el pleno de la cámara, mientras que hay 97 nominados esperando aprobación en los comités relacionados con sus actividades.

Si estos nominados no reciben la aprobación antes de que finalice sus funciones el actual Congreso, al mediodía del 3 de enero de 2027 (u otro día que decida el saliente Legislativo) el presidente tendrá que postularlos nuevamente y el proceso de confirmación empezará desde cero, es decir, a nivel de comité antes de ir a votación del pleno del Senado.

Aunque el Ejecutivo maneja la política exterior, el Congreso tiene la responsabilidad de crear las leyes de gastos, que los asigna independientemente de lo que solicite la Casa Blanca, y es lo que se conoce como el ‘poder de la bolsa’.

Revertir políticas de Trump

A lo largo de la campaña electoral, los demócratas dijeron que querían reestablecer la ampliación de los créditos fiscales para las primas de la Ley de Cuidados de Salud Asequible (conocida también como Obamacare) que fueron incluidos durante la pandemia de Covid-19 y se prorrogó hasta finales de 2025, pero venció al no ser renovada por el Congreso.,. También quieren revertir los recortes a Medicaid establecidos en la llamada Big Beautiful Bill, el paquete legislativo aprobado por Trump en 2025,  que incluyó recortes de gastos y rebajas de impuestos.

Además de revisar la política de aranceles del Ejecutivo que ha generado mayores costos a los consumidores, en un intento por retomar el poder de establecer aranceles que le consagra la Constitución, pero que administraciones de ambos partidos han esquivado apelando a necesidades de seguridad nacional o comercio exterior.

La política de aranceles ha impactado la economía estadounidense, particularmente  sectores de la agroindustria en estados del medio oeste, y han significado un aumento de impuestos “en un promedio de 820 dólares por hogar estadounidense”, según estimaciones para 2026 de la Tax Foundation, un grupo de tendencia libertaria que aboga por reducir impuestos.

¿Y qué puede hacer Trump?

Mientras la mayoría demócrata controlará los comités y tendrá la facultad de emitir citaciones (subpoenas) que podrían obligar a la administración a responder ante el Congreso la Casa Blanca podría retomar la estrategia de dilación que empleó durante el primer mandato de Trump.

“Estamos peleando todas las citaciones judiciales”, dijo Trump a los periodistas a las afueras de la Casa Blanca el 24 de abril de 2019, cuando los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaban las investigaciones que conducirían al primer impeachment de Trump por la retención de ayuda militar a Ucrania.

En aquel tiempo, los abogados del Gobierno lograron posponer lo máximo posible la entrega de documentos y testimonios solicitados por los legisladores, e invocaron en varias ocasiones el privilegio ejecutivo, con el que se protege el acceso a las comunicaciones entre el presidente y sus asesores.

Un caso, el que involucró al exconsejero legal de la Casa Blanca, Donald McGahn, llegó a dirimirse en la Corte Suprema, a la que se le pidió determinar la legalidad de las solicitudes de los congresistas. Un nuevo pulso legal de ese tipo podría tomar meses y hasta años, y diluir el impulso investigador de los demócratas.

Vetar leyes

El 3 de noviembre de 2026, a las 11:40 de la noche, cuando ya era claro el revés sufrido por los republicanos en las midterms, el presidente publicó un mensaje en su cuenta de su red Truth Social que mostraba la foto de una gorra roja con la palabra VETO, en vez de las tradicionales siglas de MAGA (Make America Great Again).

Porque, si bien el Congreso tiene el “poder de la bolsa” y la posibilidad de crear leyes, el Ejecutivo tiene el “poder de la pluma” y eso incluye la potestad de vetar leyes que no considere convenientes para impedir que entren en vigencia, según le está conferido en el Artículo 1, Sección 7, cláusula 2 de la Constitución.

La Constitución establece que el presidente tiene hasta diez días, sin contar los domingos, para devolver leyes que reciba del Congreso para su firma. Si lo hace, el Congreso necesitará dos tercios de los votos de ambas cámaras para superar el veto presidencial, única manera que tiene para que la ley entre en vigencia. Si el presidente deja pasar ese plazo sin firmar, este se convierte en ley, salvo que el cierre de sesiones del Congreso lo impida.

Con todo y las mayorías logradas, los demócratas no tienen los votos suficientes para eso (salvo que logren convencer a suficientes republicanos), por lo que un veto de Trump es una casi segura sentencia de muerte para legislación a la que él se oponga.

Pese a la imagen que publicó el día de la derrota, Trump adoptó un tono conciliador, sugiriendo que podría trabajar con los demócratas, para evitar el estancamiento en Washington. “No quiero quedarme ahí sentado durante dos años vetándolo todo”, dijo Trump a Politico.

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Histórico porque Gina Hinojosa, una abogada de 52 años y ascendencia mexicana, será la primera latina en ocupar el cargo en un estado que comparte frontera con México y es hogar de 12.6 millones de latinos, actualmente el grupo de población más grande (40%), según el Pew Research Center. Hinojosa le ganó al republicano Greg Abbott, tres veces gobernador, 52.82% contra 45.69%, en una contienda en la que la mayoría de las encuestas electorales daban ventaja a Abbott. Texas ha sido gobernado desde 1995 por republicanos, cuando la demócrata Ann Richards perdió en 1994 la reelección ante el republicano George W. Bush.

El resultado es histórico también porque James Talarico, un seminarista presbiteriano de 37 años, le ganó con una ventaja de 12 puntos porcentuales al fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, 55.08% contra 42.99%, según los datos de AP con el 99% de los votos contabilizados. 

Talarico llegó al Senado con un discurso contra los multimillonarios y a favor de la unidad. “Acabamos de recuperar Texas”, dijo la noche de su victoria. “Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no puede competir con el pueblo de Texas”, afirmó.

El peso del voto de las mujeres latinas 

Según el Pew Research Center, los latinos son el 32% de los ciudadanos con derecho a voto en Texas, y representaron cerca de una cuarta parte de quienes votaron en estas intermedias, señala The Voter Poll, una encuesta a boca de urna (exit poll) realizada por SSRS para AP, ABC News y otros grandes medios el día de las elecciones. 

La encuesta muestra que las mujeres latinas votaron por Hinojosa en mayor proporción que los hombres: 70% de ellas la eligió, frente a 59% de ellos. 

Crédito: Gráfico de ABC News de la encuesta de salida realizada con personas votantes el 3 de noviembre de 2026 en Texas.

La gobernadora electa nació en McAllen y se crio en Brownsville, ambas ciudades en el Valle del Río Grande, en Texas. Es abogada de derechos civiles y laborales y estudió en escuelas públicas de Brownsville, según su biografía. Justo llegó a la política cuando la escuela de su hijo estuvo amenazada de cierre por recortes presupuestarios. Organizó a otros padres, ganó un puesto en el consejo escolar de Austin en 2012 y, desde 2017, representa al Distrito 49 en la Cámara de Representantes estatal. Allí se convirtió en una de las principales opositoras al programa de vales que permite destinar fondos públicos a escuelas privadas, impulsado por Abbott.

En su discurso de victoria en Austin, Hinojosa habló de sí misma antes que de política. “Nunca me propuse ser política. Soy mamá. Una mamá que ama a sus hijos, que cree en sus maestros y que cree en las escuelas públicas de Texas”. En Texas, 3 de cada 4 docentes de escuelas públicas son mujeres: 285,148 maestras, según los datos de la Agencia de Educación de Texas (TEA) del ciclo escolar 2024-2025. Le habló directamente a las mujeres para recordarles una consigna en español que dijo que abuela le enseñó: “No te dejes”. 

En su primera conferencia tras la votación, esbozó sus primeros pasos como gobernadora en temas educativos, como aumentar los salarios docentes, terminar con los vales escolares y poner fin a los contratos estatales sin licitación. Y dijo que había solicitado detener cualquier decisión sobre la posible venta de terrenos públicos de Boca Chica a SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Su programa incluye limitar la compra masiva de casas por fondos de inversión y exigir que los grandes consumidores de energía, incluidos los centros de datos, paguen los costos que generan, dijo en esa rueda de prensa.  

Hinojosa asumirá la gobernación el 19 de enero de 2027, una semana después del comienzo de la nueva Legislatura estatal, previsto para el 12 de enero. 

Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes de Texas, pero los republicanos conservaron la mayoría en el Senado estatal, que será presidido por la vicegobernadora electa demócrata Vikki Goodwin. Ese reparto obligará a negociar parte de las reformas que Hinojosa prometió durante la campaña.

Talarico acumuló más votantes jóvenes y latinos  

Cerca de tres cuartas partes de los votantes menores de 30 años apoyaron a Talarico, según The AP Voter Poll, una encuesta postelectoral que incluyó a más de 5,000 votantes de la elección al Senado federal en Texas. Entre los votantes latinos de todas las edades, el respaldo a Talarico fue de aproximadamente el 70%, según otro análisis de AP publicado el 6 de noviembre de 2026.

Un informe centrado solo en jóvenes latinos de Texas y publicado el 5 de noviembre de 2026, a dos días de la elección, permite profundizar con detalle esta tendencia. Según datos del NORC Civic Health & Elections Project compartidos con Factchequeado por Alberto Medina, gerente de comunicaciones del Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica (Circle), una organización no partidista con sede en la Universidad de Tufts, el 69% de los jóvenes latinos votó por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes federal, el 24% por republicanos y el 7% por candidatos de otros partidos.

“Pero, interesantemente, el voto para el Senado se inclinó un poco más a los demócratas”, señaló Medina en la entrevista. En esa contienda, el 73% de los jóvenes latinos apoyó al candidato demócrata, frente al 24% que votó por el republicano y el 4% por otros candidatos. En la elección a gobernador, el apoyo demócrata fue del 66%, frente al 31% republicano y el 3% para otros candidatos.

“Son diferencias pequeñas y la tendencia general es clara: un voto contundente de los jóvenes latinos en Texas por candidatos demócratas”, enfatizó Medina.

La inmigración fue una de las preocupaciones que distinguió a este grupo de votantes.

Según Medina, el 34% de los jóvenes latinos identificó a la inmigración como una de sus prioridades electorales, frente al 26% de los jóvenes en general. “Esa parece haber sido una preocupación mayor para ese sector del electorado”, explicó, aunque aclaró que serían necesarios análisis más detallados para determinar qué motivó específicamente el voto de los jóvenes latinos en Texas.

En cuanto a la participación, Medina explicó que todavía no cuentan con estimaciones confiables desagregadas por grupos demográficos o por estado. Sin embargo, señaló que los jóvenes de entre 18 y 29 años representaron el 13% del electorado de Texas, frente al 11% a nivel nacional.

A nivel nacional, el informe de Circle estima que el 27% de los jóvenes de entre 18 y 29 años habilitados para votar participó en las elecciones de medio término. Se trata de la segunda tasa de participación juvenil más alta de los últimos 30 años para este tipo de elecciones, igualada con 2022 y solo superada por 2018. En el conjunto de estados considerados competitivos, incluido Texas, la tasa estimada fue del 30%. Estas cifras son preliminares y no permiten establecer la participación específica de los jóvenes latinos en Texas.

Como contamos en otra nota de Factchequeado, el voto latino también contribuyó a que los republicanos perdieran el control de ambas cámaras del Congreso federal.

Inmigración y costo de vida entre las preocupaciones de los latinos

Según una encuesta nacional de BSP Research para UnidosUS, realizada en octubre de 2026 entre más de 3,000 latinos, el 58% identificó el costo de vida y la inflación entre sus tres principales preocupaciones, el 27% mencionó la reforma migratoria e ICE y el 68% se opuso a destinar 240,000 millones de dólares a esa agencia. El estudio incluye una muestra de Texas, cuyos resultados se publicarán el 10 de noviembre de 2026.

Texas ha sido uno de los principales escenarios de la política migratoria del segundo gobierno de Donald Trump. La mayor parte de los arrestos migratorios se han hecho en este estado. Según datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project y analizados por Prison Policy Initiative, casi 1 de cada 4 arrestos migratorios del país (24%) ocurrió en Texas entre el 20 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026.

El día de las elecciones del 3 de noviembre de 2026, cientos de votantes desfilaron por el memorial dedicado a Lorenzo Salgado, un mexicano asesinado a tiros por un agente federal de inmigración en Houston, y dejaron allí sus calcomanías de “I Voted”: Yo voté, después de que su hijo, Ronaldo Salgado, colocara la primera en finales de octubre.

Un año antes, en marzo de 2025, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división de ICE, mataron a tiros al ciudadano estadounidense Ruben Ray Martinez, de 23 años, en South Padre Island. 

Apenas un día antes de la elección, el 2 de noviembre de 2026, el agente de ICE Mario Alberto Morales se entregó después de que un gran jurado de Houston lo acusara de agresión agravada con arma mortal por atropellar y lesionar al trabajador mexicano Miguel Parra Hernández durante una persecución. 

Del sur de Texas a California, las victorias demócratas en la frontera

Texas comparte alrededor de 2,018 kilómetros de frontera con México y allí los demócratas recuperaron terreno en distritos que se habían inclinado hacia los republicanos y Donald Trump en elecciones anteriores.

En el Distrito 15, que incluye partes del área de McAllen y comunidades hacia Corpus Christi y Rockport, el cantante Bobby Pulido (del Partido Demócrata), ganador de dos Latin Grammy y conocido por su tema “Desvelado”, derrotó por alrededor de 24.6 puntos porcentuales a la republicana Mónica De La Cruz, representante federal desde 2023.

“Este es uno de los casos más sonados porque Pulido visitó quinceañeras, llegó a comunidades pocas veces visitadas por los políticos, e hizo una campaña enfocada en la población hispana conservadora del sur de Texas, su rival republicana, De la Cruz, ni siquiera daba entrevistas en español y muchas personas sintieron una desconexión con su plataforma política”, dijo a Factchequeado Leonardo González, especialista en inmigración internacional por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

Las victorias demócratas también se extendieron a las gobernaciones de otros estados de la frontera: en Arizona, Katie Hobbs logró la reelección frente al republicano Andy Biggs, después de que el estado votara por Trump en 2024. En Nuevo México, Deb Haaland será la primera mujer indígena en alcanzar ese cargo en la historia de Estados Unidos.

Y, en California, el estado con la mayor población latina del país, ganó Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, quien será el primer gobernador latino desde 1875, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

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Electores del Condado de Macon-Bibb County, Georgia, manifestaron a NotiVision Georgia, medio aliado de Factchequeado, su interés en saber por qué el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) envió monitores electorales. Spoiler: no tiene que ver con la detección de fraude, como se afirma falsamente, ni fue algo exclusivo para Macon-Bibb County. 

Este 3 de noviembre de 2026, el DOJ emitió un comunicado en el que informa que por primera vez en la historia enviarían monitores electorales a los 50 estados. “La integridad electoral ha sido una de las principales prioridades de esta Administración y de esta División…Me enorgullece que estemos implementando el mayor operativo de monitoreo en la historia del Departamento de Justicia y que busquemos la transparencia electoral de manera firme y no discriminatoria”, declaró Harmeet K. Dhillon, la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. 

Según detalla el propio DOJ, han enviado observadores electorales desde 1965, solo que en esta oportunidad el operativo cubrió todo el país. 

El Georgia Public Broadcasting, un aliado de PBS y NPR, reportó que seis condados de Georgia recibieron cartas del DOJ en las que informaban que enviarían observadores electorales; el condado de Macon-Bibb estaba entre ellos. 

“No estoy demasiado preocupado…Si ocurre algo en cualquier centro de votación, por parte de quien sea, los responsables me llamarán, y tengo a algunas personas a las que puedo llamar dependiendo del problema, ya sea que necesitemos más presencia policial o asesoramiento legal, etc.”, declaró Tom Gillon, supervisor de elecciones del condado de Macon-Bibb, al Georgia Public Broadcasting 

Cinco días antes de las elecciones de medio término de 2026, Gillon aseguró a la televisora 13WMAZ, de Georgia, que los funcionarios electorales ya han estado allí, incluso en 2024, “y no nos dan ningún problema. Nosotros tampoco les damos ningún problema. Se van satisfechos con lo que ven. Espero que esta vez no sea diferente" 

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Es falso que un centro de votación en Kansas recibiera 100 papeletas en lugar de 100,000, como publicó Polymarket

El mapa político de Estados Unidos experimentó un vuelco integral en las elecciones intermedias (midterms) de este 3 de noviembre de 2026, en las que el Partido Demócrata se hizo con el control de ambas cámaras del Congreso, según las proyecciones y resultados reportados por AP. Para lograrlo, en varios casos los demócratas voltearon a su favor escaños tradicionalmente republicanos, como los que ganaron James Talarico en Texas, después de más de 30 años de dominio rojo; o Sherrod Brown en Ohio, quien vuelve al Senado tras perder su propia reelección en 2024 y ocupará el asiento que dejó vacío el vicepresidente, J.D. Vance.

La jornada transcurrió con tranquilidad y sin que ocurrieran las irregularidades sistémicas que auguraban algunas narrativas desinformantes y, de momento, no se han hecho denuncias de fraude. Durante el día de la votación, en Factchequeado desmentimos publicaciones de redes que mencionaban supuestas “señales de fraude” en estados como Nueva York o Florida. 

Sí tuvimos que explicar, no obstante, el posible efecto intimidatorio de advertencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el día de la elección sobre votantes no ciudadanos, otra narrativa sobre la que se difundieron falsedades durante la campaña. Aunque finalmente no aparecieron agentes de ICE en los centros de votación, como también se había difundido.

En nuestro Mapa de rumores electorales puedes consultar decenas de señalamientos que hemos verificado en los últimos días y horas.

Incluso el presidente Donald Trump reconoció al filo de la medianoche, en una llamada con Fox News, que “los demócratas hicieron un buen trabajo” para voltear el mapa político a su favor. El mandatario también dijo que no quería considerar lo ocurrido como una derrota para él porque su nombre “no estaba en las papeletas”, aunque durante la campaña había pedido a los votantes que pretendieran que sí estaba.

En Factchequeado te presentamos los hechos más destacados de la jornada: 

Los demócratas pasan a controlar el Congreso, arrebatando terreno a los republicanos

Hasta la mañana de este miércoles, cuando aún faltaban dos asientos por definirse en el Senado según el recuento de AP, los resultados en la Cámara Alta del Congreso daban cuenta de siete escaños que pasan de manos republicanas a manos demócratas en estas midterms: en Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Maine. 

En Texas, por ejemplo, el sonado triunfo de Talarico venció algunas desinformaciones en la campaña, como la que circuló el mismo Trump de que el demócrata había sido internado en un hospital mental en Ohio o la de que se hubieran decomisado 20,000 boletas electorales en Houston en la víspera de la elección, que también desmentimos en Factchequeado.

En la Cámara de Representantes, con 68 asientos aún por ser definidos, los demócratas ya habían dado vuelta  25 escaños en manos de republicanos. Entre ellos, destaca, por ejemplo, el del distrito 17 de Nueva York, arrebatado por la demócrata Cait Conley al republicano Mike Lawler, en el que no se había podido establecer un favorito previamente y en una contienda sobre la que también surgieron rumores de fraude sin evidencias, que verificamos en la misma jornada electoral.

Este avance demócrata en la Cámara Baja se materializó pese a los esfuerzos republicanos de blindar escaños mediante el gerrymandering o rediseño partidista de los mapas electorales, una estrategia de manipulación de distritos que —como ha documentado el Brennan Center for Justice, aliado institucional de Factchequeado— buscaba diluir el peso de minorías y bastiones urbanos en favor de los republicanos, pero que resultó insuficiente, según apuntaron diversos medios. No funcionó la estrategia ni en Texas ni en Florida, precisó Eloy Viera, experto de El Toque US entrevistado durante el LiveStream del Election Day de Factchequeado.

Respecto a las gobernaciones que estaban en juego, y a falta de dos por ser proyectadas por AP, los candidatos demócratas también voltearon cinco estados que estaban en control republicano: el propio Texas, Nevada, Iowa, Ohio y Georgia. Destacan el histórico triunfo de Gina Hinojosa, primera mujer latina que asumirá la gobernación de Texas; y también el de Amy Acton en Ohio, quien venció a Vivek Ramaswamy tras una carrera que la prensa catalogó como ”convulsionada” y llena de “ataques” a la vida privada de la demócrata, asuntos que fueron abordados por verificadores de FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado. 

Trump se puso en el centro de las elecciones y ahora busca distanciarse

El presidente Trump hizo que la prensa y los analistas presentaran estas midterms como un referéndum de su propio mandato, al colocarse en el centro de la campaña asistiendo a rallies por todo el país para apoyar a los candidatos republicanos y pidiendo incluso a los votantes que imaginaran que él mismo estaba en el tarjetón electoral. 

En una llamada con Fox News tras la jornada del 3 de noviembre de 2026, el mandatario reconoció que “los demócratas hicieron un buen trabajo” para lograr dominar ambas cámaras del Congreso y ganar gobernaciones clave. Y, al mismo tiempo, buscó distanciarse de los resultados, al decir que no quería considerar lo ocurrido como una derrota para él porque su nombre “no estaba en las papeletas”, contrario a lo que había venido pidiendo durante la campaña.

Esta desinformación de Pensilvania, que desmentimos el mismo día de la votación en Factchequeado, incluso buscaba hacer pensar que Trump estaba en las boletas de las midterms; mientras que imágenes de falsos mensajes atribuidos al presidente, que catalogamos como manipulados durante la campaña, querían hacer ver que el mandatario incurriría en trampas o desconocimientos en caso de victoria demócrata.

La economía fue un factor de peso a la hora de votar 

Según los exit polls, para un 89% de los electores el costo de la vida fue un factor “crucial o importante” para decidir su voto para el Congreso. Mientras que el estado actual de la economía apareció como el asunto más importante que enfrenta Estados Unidos ahora mismo para un 39% de los votantes –seguido por el estado de la democracia, para un 32%– y al menos el 74% consideró que la condición actual de la economía en el país era “no muy buena o pobre”. 

El costo de los combustibles (gasolina y diésel), de la comida, de los servicios y de la salud fue considerado como una preocupación para la mayoría de votantes encuestados, que también aseguraron en un 79% que durante el último año la inflación ha representado un golpe “severo o moderado” para ellos y sus familias. 

Este peso de la preocupación económica expresado por los votantes fue el combustible para diversas afirmaciones que circularon a lo largo de la campaña electoral y que verificamos en Factchequeado: como esta comparación del republicano Don Tracy –candidato de Illinois al Senado– de la inflación entre los gobierno de Joe Biden y Trump; la subida de los precios del diésel y el café que mencionó el demócrata Jon Ossoff, senador electo de Georgia y uno de los presidenciables del lado de los demócratas; e incluso el cheque de 5,000 dólares que prometió Trump a los estadounidenses, si los republicanos retenían el Congreso.

Una elección de primeras veces 

Las midterms de 2026 tuvieron acontecimientos inesperados: en Texas, como ya comentamos, Talarico e Hinojosa acabaron con una hegemonía republicana de más de 30 años y ella se convertirá en la primera gobernadora latina del estado. 

Mientras que Deb Haaland será la primera gobernadora indígena al ganar en Nuevo México, Keisha Lance es la primera afroamericana en ser electa gobernadora en Estados Unidos y llevará las riendas de Georgia y Amy Acton, la primera mujer en ganar la gobernación de Ohio. 

Todas ellas, contribuyen al récord, destacado por NBC News, de al menos 17 mujeres que servirán como gobernadoras en 2027. 

Entre los hombres también se registraron primeras veces: el republicano Byron Donalds será el primer gobernador afroestadounidense de Florida y el demócrata David Crowley alcanzó el mismo hito en Wisconsin, mientras que Xavier Becerra se convierte en el primer gobernador latino electo en California (hubo uno antes, como cuenta Los Angeles Times, pero no elegido en las urnas). 

Más allá de los gobernadores, en el Congreso, el demócrata Abdul El-Sayed se convertirá en el primer senador musulmán de Estados Unidos al ganar en Michigan, Chris Pappas en el primer senador abiertamente gay al alzarse con la victoria en New Hampshire; y la también demócrata Melat Kiros será la primera mujer de la Gen Z en el Congreso tras ganar un asiento en la Cámara de Representantes por Colorado.

Algunas de estas victorias se dieron a pesar de acciones virulentas de desinformantes contra los candidatos durante la campaña, como en el caso de Talarico sobre quien desmentimos un video generado con IA en el que supuestamente decía que Estados Unidos “no es una nación cristiana”; o el de El-Sayed, a quien señalaron de haber dirigido un “matadero” de mascotas.

La pérdida del voto hispano 

Como puede verse al analizar los exit polls, en principio se observa un giro importante del voto hispano respecto a las presidenciales de 2024, cuando Trump logró avances que no había tenido ningún otro candidato presidencial republicano antes en esta comunidad.

Si bien las elecciones de medio término suelen convocar menos electores que las presidenciales, quienes participaron y se identifican como latinos se movieron hacia el Partido Demócrata. El Partido Republicano bajó 11 puntos porcentuales en apenas dos años, mientras que el Demócrata capitalizó una cifra similar, de acuerdo con las encuestas de boca de urna que realizan grandes medios.

La temática migratoria ha sido una de las protagonistas de estas elecciones, sobre todo para la comunidad hispana, que en los exit polls consideró en un 76% que las políticas de inmigración fueron “cruciales o importantes” para decidir su voto para el Congreso. 

Durante la campaña, circularon narrativas desinformantes, que fuimos explicando en Factchequeado, y que tenían a la inmigración y a la comunidad hispana como centro: entre ellas, una que apuntaba sin pruebas a que miles de hispanos indocumentados estaban recibiendo correspondencia para votar de personas fallecidas y un video generado con IA de supuestos policías intimidando a votantes en la votación anticipada de las midterms.

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El ICE ha compartido a lo largo del día de las elecciones 8 publicaciones sobre supuestos arrestos de votantes no ciudadanos y advertencias sobre votar “de manera ilegal”. 

Aunque la narrativa del voto de no ciudadanos es amplificada por la administración Trump y sus aliados, hay que destacar que es un fenómeno extraordinario y representa una porción ínfima de los votantes, coinciden expertos y reportan estudios de centros progresistas y conservadores.

A las 9 a.m. (hora del este de EE. UU.), ICE anunció el arresto de una persona de nacionalidad filipina por supuestamente haber votado “en noviembre 2022” sin ser ciudadana estadounidensemientras su aplicación de naturalización estaba pendiente. A las 11:42 a.m. publicaron el mensaje: “Si votas de manera ilegal, te encontraremos. Te localizaremos, te detendremos y te procesaremos. No habrá escapatoria”.

Melisa R. Michelson, profesora de Ciencias Políticas y rectora interina en Menlo College, dijo a Factchequeado que estas publicaciones “pueden tener el efecto (intencionado o no) de intimidar a los votantes que podrían ser percibidos como indocumentados o no ciudadanos, o que provienen de familias con estatus migratorios mixtos”.

Los mensajes oficiales pueden ocasionar “temor” entre los votantes latinos ante “la posibilidad de ser cuestionados en los centros de votación”, agregó.

El Centro para un Público Informado (CIP), un centro de investigación de la Universidad de Washington, dijo en un artículo publicado el 3 de noviembre de 2026 que publicaciones de ICE podrían  “estar alimentando deliberadamente” el temor a la presencia de agentes de ICE u otros agentes federales en centros de votación. Asimismo, el CIP señaló que influencers de derecha amplificaron algunos de estos mensajes. 

CIP señala específicamente a las publicaciones realizadas en la mañana del 3 de noviembre en las cuentas en X del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin y del ICE.

• A las 10:32 a.m. (hora del este de EE. UU.), Mullin publicó desde su cuenta en X que si una persona vota “ilegalmente” el DHS lo “encontrará”, “localizará” y procesará “con todo el rigor de la ley".

• 11:42 a.m. (hora del este de EE. UU.), ICE publicó un mensaje similar al de Mullin. “Si votas de manera ilegal, te encontraremos. Te localizaremos, te detendremos y te procesaremos. No habrá escapatoria”, dice la publicación.

De acuerdo con el reporte del CIP, algunas cuentas de tendencia derechista en X están animando “a sus audiencias a enviar reportes falsos a sistemas de respuesta rápida y monitoreo electoral que fueron creados por organizaciones a favor de la democracia para hacer frente a la intimidación de votantes” o a la presencia del “ICE en los centros de votación”.

Anuncio del despliegue de monitores electorales federales también alimentan el temor, aseguró CIP

De acuerdo al CIP, otra publicación que estaría alimentando el temor a la presencia de agentes federales en centros de votación es el anuncio de que estarían enviando por primera vez a los 50 estados del país a 1,000 monitores electorales desplegados por el Departamento de Justicia (DOJ). Entre las jurisdicciones mencionadas se encuentran los condados de Maricopa y Pima, en Arizona; Los Ángeles y San Diego, en California; Miami-Dade y Palm Beach, en Florida; Nueva York y Westchester, en Nueva York; y Dallas y Harris, en Texas. 

No es la primera vez que el gobierno federal envía monitores electorales. El DOJ ha desplegado a monitores electorales para las elecciones de medio término de 2022 y las elecciones presidenciales de 2024. Solo que el contexto es otro a partir del drástico cambio en la política migratoria que impulsó Trump desde que volvió a la Casa Blanca. 

¿Qué recomienda el CIP ante reportes sobre la presencia de ICE en centros de votación?

El CIP recomienda no involucrarse ni republicar amenazas no específicas sobre la presencia de ICE en los centros de votación, incluso si provienen directa o indirectamente del gobierno, ya que podrían desalentar la participación electoral. 

Si desea compartir reportes verificados para proteger a la comunidad, se recomienda especificar la ubicación exacta donde ocurrió el incidente. Se sugiere incluir el condado y centro de votación específico.

Recuerda que enviar agentes federales a los centros de votación es ilegal y nadie puede intimidarte a la hora de ejercer el voto, según explicó el Brennan Center, organización aliada de Factchequeado.

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Puedes seguir los resultados minuto a minuto desde que comiencen a cerrarse los centros de votación en la costa este a las 7 pm (hora del este) en este mapa electoral facilitado por el programa electoral 2026 del AP Fund for Journalism, la organización sin fines de lucro de The Associated Press.

Recuerda que en Estados Unidos no hay conteo oficial durante la noche electoral y son los medios quienes, en base a datos oficiales, declaran a los ganadores. Algunos resultados se sabrán pronto y otros, podrían tardar semanas, porque el escrutinio varía según las leyes de cada estado.

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En Factchequeado, con la colaboración de nuestro aliados y de la comunidad, llevamos días verificando rumores de todo el país sobre las midterms del 3 de noviembre de 2026. 

Todas las verificaciones las hemos plasmado en este Mapa de rumores electorales interactivo, que te invitamos a alimentar y compartir para que ayudar a parar la desinformación.

Y si eres de un medio u organización y quieres insertarlo en tu web, dale clic a compartir y sumarte así a la lucha contra la desinformación en esta jornada electoral. 

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El 20 de octubre de 2026, la cuenta oficial en X del Comité Republicano del Condado de Maricopa, Arizona, compartió una entrevista de Sergio Arellano, presidente del Partido Republicano en Arizona, en la que afirma que su partido ha estado “recibiendo reportes de varias personas que no han recibido sus boletas de votación” y que no era “un incidente aislado”.

De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina del Registrador del Condado de Maricopa al medio KJZZ Phoenix, entre el 8 y 16 de octubre de 2026, su línea de asistencia para votantes atendió más de 400 consultas que podrían estar relacionadas con boletas que no habían sido entregadas o que estaban por entregarse. 

De estas consultas, 323 fueron clasificadas como “impaciencia por la entrega de boletas” y 101 como “solicitud general de reemplazo”. Juntas, estas consultas representan aproximadamente un 0.0223% de los 1.9 millones de boletas por correo que la Oficina del Registrador del Condado de Maricopa habría entregado al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) para ser enviadas a los votantes en el condado de Maricopa. 

A 26 personas que contactaron a la Oficina del Registrador se les habría informado que no estaban inscritas en la Lista de Votación Anticipada Activa (AEVL), que permite a los votantes recibir una boleta por correo para cada elección. El Registrador tuvo que confirmar la dirección de otras 16 personas que contactaron a la oficina después de que el USPS notificará sobre posibles problemas con sus direcciones, según KJZZ.

Contactamos en Factchequeado a la Oficina del Registrador del Condado de Maricopa para consultar sobre los problemas en la entrega de boletas y la cantidad de personas que los reportaron, pero no han respondido hasta el cierre de esta nota.

A inicios de octubre de 2026, la Oficina del Registrador advirtió que la entrega de las boletas podría retrasarse debido, específicamente, al supuesto cierre de un centro de procesamiento del USPS en Phoenix, Arizona. Sin embargo, el USPS dijo en un comunicado al medio local Arizona  Republic que no ha cerrado ningún centro de procesamiento en Phoenix y que contaba con la capacidad “más que suficiente para procesar con éxito el volumen de correo electoral local”.  

En un comunicado el 14 de octubre de 2026, la Oficina del Registrador del Condado de Maricopa reiteró que ya había advertido que “el gran volumen de boletas y los recientes cambios operativos en el Servicio Postal de los Estados Unidos podrían provocar retrasos en la entrega de las boletas enviadas por correo”.

Los últimos días para solicitar una boleta de voto por correo (23 de octubre) y enviarla (27 de octubre) en el condado de Maricopa ya pasaron. Sin embargo, los votantes todavía pueden elegir a sus representantes y depositar sus boletas en un buzón electoral seguro o votar en persona en cualquier centro de votación hasta el 3 de noviembre de 2026, según informa la Oficina de Elecciones del Condado de Maricopa. 

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Los sobres pertenecían a Vincent y Jackie Hill, residentes del condado de Dauphin, que habían enviado sus papeletas por correo desde una oficina postal de Susquehanna Township, según explicaron a al medio abc27.

El condado explicó en un comunicado enviado a este medio que se puso en contacto inmediatamente con el USPS, que confirmó que se trataba de un incidente aislado causado por un error humano.

Según explicó el Servicio Postal a abc27, un empleado había introducido accidentalmente las papeletas en el sistema de reenvío de correspondencia. Tras detectar el error, se recordó a los trabajadores de la oficina postal local cuáles eran los procedimientos adecuados para gestionar este tipo de correo. 

Los Hill entregaron después sus papeletas en persona a la oficina electoral del condado de Dauphin y recibieron un correo electrónico que confirmaba que habían sido recibidas y almacenadas de forma segura para su procesamiento el día de las elecciones, según el mismo medio. 

El Departamento de Estado de Pensilvania también señaló al mismo medio que no tenía información que indicara que se tratara de algo más que "incidentes aislados causados por un error humano".

En los comentarios de la publicación que circula en redes, varios usuarios desaconsejan votar por correo. En esta nota de Factchequeado te explicamos por qué el voto por correo es seguro. Las autoridades electorales de cada estado toman distintas medidas para asegurar la transparencia del proceso electoral.

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Circulan publicaciones que aseguran que se retiraron tres máquinas de votación electrónica en Beaumont, en el condado de Jefferson en Texas, después de que varios votantes denunciaran que sus selecciones aparecían cambiadas por las de otros candidatos. Las autoridades retiraron los equipos y los sometieron a pruebas, en las que, según informó el responsable electoral del condado, no encontraron ningún error. Las máquinas no volverán a utilizarse durante el resto del proceso electoral, indicaron las autoridades. 

Las autoridades dicen que no encontraron errores al probar las máquinas 

La secretaria del condado de Jefferson, Roxanne Acosta-Hellberg, confirmó a 12News que su oficina había sido notificada sobre estos incidentes. Según explicó, las autoridades prueban y calibran los equipos de votación antes de las elecciones y los votantes pueden revisar sus selecciones antes de imprimir sus boletas.

Aaron Kelly, responsable de las elecciones del condado de Jefferson, dijo al mismo medio que el condado siguió su protocolo tras recibir los informes: retiró las máquinas y las sometió a pruebas.

"Seguimos nuestro protocolo, y nuestro protocolo exige que retiremos las máquinas. Retiramos las máquinas, las probamos y no encontramos ningún error", señaló Kelly. Según el condado, estas máquinas no se utilizarán durante el resto de las elecciones, que concluyen el 3 de noviembre de 2026.

Qué hacer si detectas un error en tu boleta al votar 

Los votantes pueden revisar sus selecciones en la máquina antes de imprimir sus boletas en Estados Unidos. 

En varios de los condados donde se han difundido recientemente en redes sociales contenidos sobre supuestas manipulaciones de votos se utilizan dispositivos de marcado de papeletas ExpressVote, fabricados por la empresa Election Systems & Software (ES&S), según recoge la agencia AP.

Katina Granger, gerente sénior de relaciones públicas de ES&S, explicó a AP que, si un votante tiene dificultades durante el proceso, debe pedir ayuda a un funcionario electoral. Si ya ha impreso una boleta que no refleja sus selecciones, también debe avisar a un funcionario electoral en lugar de depositarla.

Ben Adida, director ejecutivo de VotingWorks, una organización sin fines de lucro que proporciona máquinas de votación y ha trabajado para procesos electorales en Estados Unidos dijo a Factchequeado que cuando los votantes revisen la papeleta de votación antes de emitir el voto, “si algo no es de su agrado antes de emitir el voto, pueden solicitar una nueva papeleta (y anular la anterior)”.

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Salió a recoger basura en Baltimore junto a otros voluntarios días después de que el presidente Donald Trump dijera en 2019 que uno de los distritos de esa ciudad era un “caos asqueroso, infestado de ratas y roedores”. Fue cofundador del movimiento Gays for Trump, que promovió marchas a favor del presidente durante su primer mandato. Fundó Early Vote Action, un comité de acción política (PAC) para promover el registro de votantes conservadores y el voto anticipado en los estados péndulo de cara a las presidenciales de 2024. Pronto concentró sus esfuerzos en Pensilvania.  

Es Scott Presler, un activista conservador que en palabras de Lara Trump –nuera del presidente y ex copresidenta del Comité Nacional Republicano (RNC)–, ha registrado más republicanos “que cualquier otra persona viva”.

Desde entonces, el activista dice que ha recorrido 40 estados instalando puestos frente a negocios para promover el voto entre los residentes, incluidos los de las comunidades amish, un grupo cristiano de vida sencilla y uso limitado de la tecnología. 

Pero, ¿por qué detenernos en la trayectoria de Presler? Este activista es uno de los mayores amplificadores de la narrativa de fraude electoral supuestamente cometido por el voto o registro de no ciudadanos, según pudimos identificar luego de un análisis de datos realizado por Cazadores de Fake News y Factchequeado a 3,319 publicaciones virales. Esta narrativa circula principalmente en inglés, pero impacta directamente en las comunidades latinas en Estados Unidos porque retrata a los inmigrantes como delincuentes.

“Cuando deportamos a extranjeros ilegales, estamos deportando su base electoral”, escribió en agosto de 2026 en su cuenta de X (antes Twitter), en referencia a los demócratas. Luego añadía –en esa publicación, que acumulaba casi 254,000 vistas– que “solo quieren los cuerpos para el censo y sus votos”. En otro mensaje, al atribuir un choque mortal a un hombre al que identificaba como mexicano, concluyó que a los demócratas les importaban más “el poder y los votos de los extranjeros ilegales que proteger vidas estadounidenses”.

“Soy un milenial gay, que habla español, estudió árabe, organicé la limpieza de Baltimore y rechazo al Partido Demócrata. Votaré por Donald Trump”. Con esas palabras, Presler reafirmaba en Facebook su apoyo a Trump cuando ocurría uno de los debates para las elecciones primarias demócratas, en octubre de 2019.

La duración de su activismo a favor de Trump puede medirse por el largo de su cabello castaño: en 2017 apenas le rozaba los hombros; en 2026, le llega a la cintura. Suele vestir de negro y, en las fotos de grupo, sobresale hasta una cabeza por encima de quienes lo rodean. “Support ICE” (Apoya a ICE), reza el eslogan de una de sus camisetas.

En mayo de 2026, fue elegido miembro del Comité Estatal del Partido Republicano de Pensilvania en representación del condado de Beaver.

Cómo Presler amplifica la sospechas sobre el voto de no ciudadanos 

En una revisión de 3,319 publicaciones virales de Presler difundidas entre el 1 de junio de 2024 y el 21 de octubre de 2026, encontramos que al menos 118 publicaciones en X y otras 78 en Telegram incluyen mensajes con afirmaciones o solicitudes de investigar posibles registros o votos irregulares de no ciudadanos. Solo en X, esas publicaciones reúnen más de 40 millones de vistas y cuentan con más de 900,000 reposteos. 

En enero de 2025, Presler afirmó que hasta el 40% de los no ciudadanos en Maine podrían haber votado en las presidenciales de 2024 o que se habrían emitido votos en sus nombres. Un año después, difundió declaraciones de un funcionario de Michigan según las cuales 14 no ciudadanos identificados en una lista de posibles jurados parecían haber estado registrados para votar y uno parecía haber votado varias veces. Ambas publicaciones superan, individualmente, los dos millones de vistas. 

En un mensaje del 18 de marzo de 2026, dijo que “los demócratas quieren que los extranjeros ilegales voten en nuestras elecciones” porque los legisladores demócratas habían votado en contra de una propuesta para deportar a inmigrantes sin documentos que hubieran recibido beneficios públicos de forma fraudulenta. 

En otro post de septiembre de 2026, Presler dijo que “descubrió 371,595 personas no ciudadanas y personas que ‘no saben leer, escribir ni comprender el idioma inglés’ en Filadelfia”, para luego señalar que se identificaron 50,000 votantes con coincidencias de extranjeros, sin aportar documentación que sustentara que existe alguna relación entre ambos datos. 

Mientras promueve el voto anticipado y por correo a través de su comité de acción política, Presler también alimenta sospechas sobre esos procesos: en diferentes ocasiones ha afirmado que hubo manipulación con las boletas por correo en las presidenciales de 2020 que dieron como ganador al demócrata Joe Biden (narrativa que fracasó en más de 60 demandas judiciales y que ya hemos desmentido en Factchequeado).

Hay un dato clave: Elon Musk ha citado con comentarios al menos 21 tweets de Presler que superaron los 10 millones de vistas. Así, ha multiplicado su alcance.

Cómo Musk ayudó a transformar a Presler de activista local a voz nacional

Presler cuenta su paso de activista local a figura nacional como una historia de persistencia, que es el título de su libro de 2026. Los datos de su cuenta de X agregan a ese relato la validación de figuras políticas de alcance nacional por medio de entrevistas difundidas en redes sociales y, especialmente, el apoyo digital y financiero de Elon Musk.

En febrero de 2026, Presler pasó por una mesa redonda organizada por el grupo parlamentario  Republican Study Committee (Comité de Estudio Republicano) para promover la aprobación del SAVE America Act en el Senado. Luego, habló del tema en el capítulo 33 del podcast “Right to the Point”, llamado “Presler va a Washington a salvar Estados Unidos”, que fue conducido por el representante por Texas, Chip Roy.

Allí Presler ratificó su apoyo a la agenda política y narrativa de Trump y sostuvo que “además de asegurar la frontera y deportar a los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, lo más importante y transformador que podemos hacer para proteger verdaderamente nuestra nación es garantizar la integridad electoral, empezando por la ley SAVE America Act”. La propuesta de ley, que pasó la Cámara de Representantes el 11 de febrero de 2026 pero no ha sido aprobada en el Senado donde necesita 60 votos, propone exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse o votar.

Unas semanas después también habló con Lara Trump para su podcast, “The Right View”, sobre su nuevo libro “The Persistence: How Scott Presler Cleaned Up America's Voter Registration Movement” (“La persistencia: cómo Scott Presler saneó el movimiento de registro de votantes en Estados Unidos”) y la historia de su activismo.

Presler recordó en la entrevista cuando Lara Trump lo invitó a subir al escenario durante el mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania, el 5 de octubre de 2024, el mismo lugar donde el entonces candidato presidencial había sufrido un atentado casi tres meses antes. Luego contó que en junio de ese año Elon Musk lo había llamado por X y conversaron unos 20 minutos sobre cómo ayudarlo, lo que lo llevó a conseguir fondos para contratar, según él, a 87 trabajadores en los 67 condados de Pensilvania y registrar a 50,000 votantes para apoyar el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Pero Presler no habló de la cifra de donación en la entrevista. El 16 de julio de 2024, le pidió fondos a Musk en un post en X. Según el registro de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés), Musk donó un millón de dólares en agosto de 2024 a Early Vote Action, el PAC de Presler. De acuerdo con un reportaje de Mother Jones, ese monto triplicaba todo lo que Early Vote Action había recaudado desde su creación en diciembre de 2022.

Millones de vistas y desmentidos oficiales

Para profundizar en el impacto de los contenidos publicados por Presler, esta investigación analizó 3,319 tuits de su cuenta en X con al menos 5,000 me gusta y 5,000 retuits, o que tuviesen al menos 10,000 me gusta, publicados entre el 1 de junio de 2024 y el 21 de octubre de 2026.

De ellos, 21 tienen más de 10 millones de visualizaciones y todos fueron citados por Musk, diez en las tres horas siguientes a su publicación y el resto, en un plazo de hasta 20 horas.

Los 21 posteos citados por Musk promediaron 24 millones de visualizaciones, casi 38 veces la media de 635,500 del resto, aunque X no informa el origen de las visualizaciones y con datos públicos no es posible medir cuántas aportó cada cita.

Por ejemplo, el 27 de octubre de 2024, a las 10:03 de la mañana (hora del este), Presler difundió que, según la gerente del condado de Luzerne, al noreste de Pensilvania, una exdirectora electoral había entregado numerosas solicitudes de registro, la mayoría fechadas en junio, el último día para registrarse, y pidió al fiscal que investigara. 

Once horas y media después, Musk citó ese tuit con el texto “esto debe ser investigado”. Su publicación alcanzó casi 28 millones de visualizaciones y la original de Presler llegó a casi 32 millones, una cifra que equivale a casi cien veces la población de Luzerne, de unos 326.000 habitantes.

Las autoridades desmintieron la denuncia al día siguiente, señalando que sólo se entregaron 20 a 30 solicitudes de registro a último minuto, y ninguna de ellas resultó fraudulenta. 

En otro caso, Musk solamente añadió la palabra “Yes” al tuit de Presler de enero de 2026 que aseguraba tener “pruebas de que una persona que no es ciudadana fue citada para formar parte de un jurado en Pensilvania. Al parecer, este es un problema a nivel nacional”. Al 21 de octubre de 2026, Musk obtuvo 10,4 millones de visualizaciones mientras que Presler 11,1 millones.

El secretario de Estado de Pensilvania, el republicano Al Schmidt, ha criticado el método usado por Presler, e incluso por el gobierno federal, para afirmar que hay personas que no son ciudadanos en las listas de votantes, y lo calificó como un ejercicio con “metodologías defectuosas”. Según Schmidt, ese método se nutre de fuentes como los registros de licencias de conducir o las listas de jurados, que no contienen suficiente información para cruzarlas de forma confiable con las listas de votantes. 

Las citas a presentarse como jurados no son inusuales. Algunas firmas de abogados en Estados Unidos ofrecen servicios de asesoría legal a inmigrantes que las reciben por error, recomendando no ignorar la comunicación estatal. Un consejo similar puede encontrarse en un video publicado en 2022 por Telemundo, que explicó que la notificación puede llegar por haber obtenido una licencia de conducir y que debe notificarse al tribunal correspondiente por correo electrónico, que no se cumplen los requisitos.

En agosto de 2026 Schmidt se unió a otros funcionarios provenientes de grandes ciudades para combatir la desinformación electoral. “Es de admitir que resulta un desafío competir contra personas que mienten para ganarse la vida y no tienen que explicar las leyes en Pensilvania y a nivel federal”, dijo.

La amplificación de Musk se repitió el 3 de agosto de 2026 con un tuit en el que Presler aseguraba que los demócratas habían perdido decenas de miles de votantes tras una “purga” de las listas de votantes por parte del Departamento de Estado de Pensilvania. Musk lo citó dos horas y media después con el texto “Nice work” (“Buen trabajo”) y al 16 de octubre de 2026 el tuit acumulaba más de 10.5 millones de visualizaciones. 

En agosto de 2026, el comisionado republicano de Filadelfia, Seth Bluestein, aclaró que esos votantes pasaron a “inactivos” por mantenimiento rutinario, pero que seguían habilitados para votar y que los cambios en los listados de la ciudad son normales, comunes y no tenían relación con Presler. No hubo tal purga. Pero antes, en febrero de 2025, Vote Beat, un medio de periodismo local especializado en elecciones, ya había desmentido que la depuración de listados de votantes fuese consecuencia del trabajo de Presler, sino que respondía a evaluaciones rutinarias.

Un apoyo recíproco entre Presler y Musk

Una revisión del canal oficial de Presler en Telegram muestra un reconocimiento narrativo y político hacia Elon Musk que data de mucho tiempo antes. Por ejemplo, en noviembre de 2022, el activista le avisó a sus suscriptores que el entonces nuevo dueño de Twitter había tuiteado que restituiría la cuenta a Donald Trump, añadiendo que “2023 va a ser divertido”.

La publicación obtuvo 880 reacciones, con dos emojis de duda y un pulgar hacia abajo.

Antes había notificado que tan sólo 24 horas después de la compra de la red social por parte de Musk, había ganado 30 mil nuevos seguidores, permitiéndole llegar a un millón. Entonces prometió que dedicaría los siguientes seis meses a la victoria republicana —en referencia a las midterms de 2022— y que los siguientes dos años se enfocaría en “recuperar la Casa Blanca”.

De las 21 publicaciones de Presler que superaron los 10 millones de visualizaciones, tres son de 2024, diez de 2025 y ocho de 2026, una cifra que aún puede crecer antes de las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre del 2026. 

El modus operandi de Presler y Musk sigue un mismo patrón en los casos revisados: Presler presenta como irregularidad un procedimiento administrativo habitual, Musk lo cita en cuestión de horas y las autoridades electorales, incluidas las republicanas de varios estados, desmienten la denuncia cuando el mensaje ya acumula millones de vistas.

Las narrativas de Presler sobre el voto de no ciudadanos no son nuevas y fueron desmentidas en años anteriores. Lo que cambió en este ciclo es el creciente respaldo digital de Musk, que multiplica su alcance a pocos días de que los votantes acudan a las urnas.

Desde Factchequeado y Cazadores de Fake News contactamos a Scott Presler vía correo electrónico para preguntarle por evidencia sobre las afirmaciones electorales que difunde y por  el apoyo que recibe de Musk, pero al momento de la publicación de este texto, no hemos recibido respuesta. 

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Metodología

Esta investigación partió de un rastreo sobre las narrativas del voto de no ciudadanos en Estados Unidos, que combinó búsquedas manuales en X, Facebook y Threads con una búsqueda sistemática de los actores que las impulsaron entre enero de 2025 y septiembre de 2026. Con ese material se construyó un mapa de 151 actores y 209 vínculos documentados, cuyo análisis de comunidades situó a Scott Presler entre los nodos centrales del circuito de amplificación.

Sobre esa base, el equipo extrajo con herramientas OSINT los 3.,19 tuits de Presler publicados entre junio de 2024 y octubre de 2026 que superaron los 5.000 retuits y los 5,000 "me gusta", o los 10,000 "me gusta", con sus vistas exactas. También reunió los 5,448 mensajes de su canal de Telegram desde 2021 y las transcripciones de 31 videos de YouTube, y el cruce entre Telegram y X mostró que la narrativa no apareció en el canal antes de julio de 2024.

Las 25 citas y 33 respuestas de Elon Musk a esos tuits se verificaron manualmente contra cada original, y su aporte de un millón de dólares a Early Vote Action, el comité de Presler, contra el registro de la Comisión Federal Electoral. El código de extracción y análisis se escribió con asistencia de Claude, el modelo de Anthropic, bajo la dirección y supervisión del equipo, que contrastó cada resultado con los datos crudos. El mapa registra vínculos documentados y no afirma coordinación encubierta entre sus actores.

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Por qué los casos de no ciudadanos registrados para votar o que han votado en E.E. U.U. no prueban que haya fraude generalizado ni que hayan impactado en los resultados electorales

En la antesala de las elecciones de medio término de 2026, los aliados de la administración de Donald Trump han planteado la posibilidad de que los agentes federales de inmigración interfieran en los sitios de votación este otoño, una situación que violaría las leyes federales y estatales.

Steve Bannon, fiel simpatizante de Trump desde hace muchos años, dijo en marzo de 2026  que desplegar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos es el “entrenamiento perfecto para el otoño de 2026”.

El senador Markwayne Mullin de Oklahoma afirmó durante su audiencia de confirmación para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que ICE podría ser enviado a los sitios de votación en caso de una “amenaza específica”.

La Casa Blanca y un oficial sénior del DHS anteriormente precisaron que no hay planes para desplegar a los agentes de ICE en los sitios de votación. Esas afirmaciones, sin embargo, hacen poco para apaciguar las preocupaciones de que esos persistentes llamados intimiden al electorado y disuadan la participación electoral.

Parte de la iniciativa para desplegar a los agentes de ICE en los sitios de votación nace de la insistencia de la administración Trump, sin pruebas, de que multitudes de personas no ciudadanas están votando. La votación no ciudadana es ilegal y extremadamente infrecuente. Además, los estados ya implementan múltiples controles que garantizan que solo las personas ciudadanas de los Estados Unidos voten.

A continuación, lo que sabemos del por qué desplegar a los agentes de ICE u otras tropas federales armadas en los sitios de votación es ilegal y qué pueden hacer los votantes y funcionarios electorales si la administración Trump intenta de todos modos enviar a los agentes.

¿Puede el presidente enviar agentes de ICE a los sitios de votación?

No. Las elecciones son especiales. Hay leyes federales y estatales específicas que hacen que este tipo de acciones sean ilegales.

Enviar a ICE o a otros agentes federales armados a las urnas es ilegal porque las leyes federales prohíben a los oficiales federales interferir en las elecciones. También es ilegal porque una ley federal prohíbe a las tropas y a los agentes federales armados ser desplegados en cualquier lugar “dónde se esté celebrando una elección”.

Aunque esa ley (18 U.S.C.§ 592) se aprobó en 1865, en las elecciones de hoy en día esto aplica a los lugares donde se estén emitiendo y contando votos, incluyendo los sitios de votación, instalaciones de conteo de votos y buzones de devolución de las boletas. Y cualquier tipo de intimidación al votante, incluyendo por parte de los agentes federales, es ilegal según las leyes federales y estatales, sin importar dónde suceda.

¿Pueden los agentes de ICE estar cerca de los centros de votación si permanecen en el exterior?

ICE no tiene razón por la cual estar en o cerca de las urnas. ICE forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, el cual no cumple ningún papel en la aplicación de las leyes electorales.

Dadas las acciones extremas de los agentes de ICE en Minneapolis en enero de 2026 y en otros lugares, su sola presencia en o cerca de los sitios de votación puede intimidar a los votantes o a cualquier persona que esté administrando las elecciones, lo cual es ilegal.

¿No debería la policía poder responder si hay algún tipo de amenaza de violencia en un sitio de votación?

Son los funcionarios electorales estatales y locales quienes administran las elecciones y tienen como responsabilidad principal garantizar la seguridad en los sitios de votación. 

La presencia de policías en las urnas puede ser intimidatoria, entonces las autoridades electorales trabajan mano a mano con policías estatales y locales para garantizar que estén preparados para responder de forma apropiada en caso de una emergencia, sin necesidad de generar intimidación.

En contadas ocasiones, podría resultar útil contar con el apoyo de las fuerzas del orden federales, pero solo si están trabajando conjuntamente con las fuerzas policiales locales, y no mediante un despliegue armado en los centros de votación. De hecho, la ley federal que prohíbe la presencia de los agentes federales armados en los sitios de votación está en vigor desde la Guerra Civil. No hay circunstancia alguna bajo la cual tenga sentido involucrar a los agentes de inmigración.

¿Qué pueden hacer las personas votantes si llegan los agentes de ICE a su sitio de votación?

Si cualquier votante, funcionario electoral o trabajador de las urnas es intimidado durante las elecciones, pueden acudir a un tribunal para proteger sus derechos. Los tribunales tienen procesos para fallar rápidamente y prevenir interrupciones a las elecciones o la intimidación de votantes.

Las personas votantes deberían reportar la presencia de los agentes de ICE a sus oficiales de policía local. También pueden llamar o enviar un mensaje de texto al número 866-OUR-VOTE (866–687–8683) si tienen algún problema votando o alguna pregunta sobre cómo votar.

La ciudadanía debería también revisar ahora el estatus de su registro para votar, informarse sobre las opciones que tiene para votar mucho antes de los comicios y hacer un plan para votar de forma anticipada según el método que escojan (ya sea votando en persona, utilizando una boleta enviada por correo o en un buzón de devolución de boletas donde esté disponible).

¿Qué pueden hacer las autoridades electorales?

Las autoridades electorales se esfuerzan constantemente para garantizar que las elecciones sean libres, justas, seguras y precisas, además de garantizar que cada votante elegible puede votar sin ser intimidado.

Previo a las elecciones de medio término, esta preparación involucra coordinar con la policía local y los fiscales del condado, además de la realización de simulacros para practicar cómo responder en caso de que se envíe a los agentes de ICE a los sitios de votación.

Las autoridades electorales también pueden acercarse a los grupos comunitarios locales, a las organizaciones que promueven la participación electoral y a las personas que administran las escuelas, bibliotecas y otros centros de votación para dialogar sobre cómo ayudar a que la comunidad se sienta segura.

Traducción de Laura Gómez.

Este artículo fue publicado originalmente por Brennan Center en Español, medio aliado de Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

El Departamento de Justicia solicita a Washington que aparte las papeletas de 400 votantes

Los fiscales federales del estado de Washington solicitaron el 26 de octubre de 2026 a las autoridades electorales estatales que apartaran las papeletas de más de 400 personas que, según las autoridades federales, podrían haberse registrado para votar sin ser ciudadanas estadounidenses.

Para votar en las elecciones federales de Estados Unidos es necesario ser ciudadano estadounidense, tener al menos 18 años y cumplir los requisitos de registro electoral del estado correspondiente, como te contamos en esta nota de Factchequeado.

"Hemos identificado a más de 400 personas que no son ciudadanas y que están registradas para votar y han participado en múltiples elecciones. Esto es solo la punta del iceberg. Continuaremos investigando e identificando a quienes cometen delitos al votar ilegalmente", afirmó Neil Floyd, fiscal federal interino del Distrito Oeste de Washington.

En una carta dirigida al secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, las autoridades federales solicitaron que se apartaran las papeletas de las personas señaladas hasta que se confirmara su ciudadanía. Según recoge la agencia AP, la investigación se refiere a alrededor de 1,500 votos emitidos en elecciones anteriores por más de 400 personas que presuntamente no eran ciudadanas estadounidenses.

El comunicado también señala que la Fiscalía federal ha recibido casos de titulares de la green card que podrían haber sido registrados para votar sin su conocimiento a través del programa Washington Motor Voter. Según el texto, estas personas podrían recibir papeletas por correo y creer erróneamente que están habilitadas para votar.

Washington cuestiona las acusaciones sobre votantes no ciudadanos

El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, aseguró que la información proporcionada por el gobierno federal contiene "varias deficiencias evidentes": "No indica cómo se recopiló la información ni qué fuentes se utilizaron. Tampoco aporta documentación que respalde sus afirmaciones. Dados los recientes actos de injerencia electoral del Departamento de Justicia en California, Alaska y ahora en Washington, sería particularmente inapropiado que Washington simplemente diera por ciertas las acusaciones infundadas del Departamento".

Hobbs afirmó que una revisión preliminar encontró ciudadanos estadounidenses entre las personas incluidas, además de registros duplicados y personas que ya no estaban registradas activamente. Por su parte, AP informó de que la lista incluía registros antiguos, uno de ellos correspondiente a una persona cuyo último voto se remontaba a 1994, según la información recogida por la agencia.

También criticó que la lista se entregara en formato PDF, sin documentación que respaldara las acusaciones y con poco tiempo para revisarla antes de las elecciones del martes 3 de noviembre de 2026.

El secretario advirtió de que apartar papeletas sin pruebas individuales de que una persona no cumple los requisitos para votar, podría ser ilegal. No obstante, señaló que su oficina estaba dispuesta a investigar los casos si el Gobierno federal aportaba pruebas concretas.

La solicitud a Washington es la tercera actuación del Departamento de Justicia (DOJ) contra un estado por cuestiones relacionadas con el proceso electoral este mes, tras acciones similares en California y Alaska.

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Pero, este tipo de casos no significa que exista un fraude electoral generalizado a una magnitud capaz de cambiar los resultados de las elecciones.

Eliza Sweren-Becker, subdirectora en el Programa de Derechos al Voto y Elecciones del Brennan Center, aliado institucional de Factchequeado, dijo que “es algo extraordinariamente inusual que una persona que no reúne los requisitos llegue a inscribirse y a votar”. 

Organizaciones que han investigado el registro electoral y voto no ciudadano, como el Centro de Políticas Bipartidistas, organización sin fines de lucro que “que identifica soluciones de política pública mediante el análisis, la negociación razonada y el diálogo, y que combina la formulación de políticas”, o el Migration Policy Institute (MPI), un centro de estudios independiente apartidista y sin fines de lucro dedicado al análisis y estudio de la migración humana a nivel mundial, llegaron a la misma conclusión.  

Las personas no ciudadanas “enfrentan hasta 5 años de prisión federal tan solo por inscribirse para votar, y el voto ilegal puede acarrear consecuencias migratorias, incluida la deportación”, precisa el MPI.

Sweren-Becker también dijo que el “patrón” entre los no ciudadanos registrados para votar es que lo hicieron por error o porque “no se dieron cuenta de que no eran elegibles”.

Las autoridades electorales de cada estado tienen mecanismos para verificar la elegibilidad de la ciudadanía estadounidense de los votantes, incluyendo la comparación de datos entre diferentes agencias, como la que emite las licencias de conducir. Los votantes deben declarar bajo juramento y bajo sanción penal que son ciudadanos.

Investigaciones, incluidas las realizadas por el gobierno de Trump, encuentran cifras muy bajas de no ciudadanos registrados para votar

Varias investigaciones de padrones electorales encontraron cifras muy bajas de no ciudadanos registrados para votar o que intentaron registrarse. Por ejemplo, una investigación realizada en Georgia en 2022 detectó 1,634 casos de posibles no ciudadanos que habían intentado registrarse para votar entre 1997 y 2022. A estas personas, así como a otras 624 sobre las que el estado no pudo obtener información necesaria para verificar su ciudadanía, no se les permitió votar debido a los controles electorales estatales. En las elecciones de medio término de 2022 en Georgia votaron 3.96 millones de personas.

Dos años después, Georgia identificó 20 personas no ciudadanas registradas para votar entre 8.2 millones de votantes registrados. Esto equivale al 0.00024% de todos los votantes registrados en el estado.

Por su parte, Ohio identificó 521 casos de posibles votantes no ciudadanos entre 2019 y 2023, pero, según reportó el medio Ohio Capital Journal, solo una persona no ciudadana terminó siendo acusada de fraude electoral. 

Incluso las investigaciones actuales del gobierno federal impulsadas por Donald Trump han encontrado cifras muy pequeñas de presuntos no ciudadanos registrados para votar en las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. 

Una demanda, entablada el 13 de octubre de 2026 por el Departamento de Justicia (DOJ) en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca impedir que alrededor de 20,000 personas “probablemente no ciudadanas” puedan votar en California. Sin embargo, el juez federal de distrito, David O. Carter, rechazó la solicitud del DOJ el 28 de octubre de 2026 asegurando que se basó en “alegaciones no probadas”. “Si el Poder Ejecutivo puede desestimar votos y amenazar un proceso electoral en curso basándose en acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro.

Este Tribunal se niega a ser partícipe de tal proceso”, dijo el juez Carter en su decisión.

El DHS había informado, sin mostrar pruebas, el 17 de julio de 2026 que supuestamente detectaron más de 190,000 posibles no ciudadanos registrados para votar en California.

El 19 de octubre de 2026, el DOJ imputó a 28 ciudadanos extranjeros en California por delitos electorales. 11 de ellos fueron arrestados ese mismo día. Estas personas figuran “en la lista de más de 20,000 personas registradas que, probablemente, no son ciudadanas”, afirmó Trent McCotter, fiscal general adjunto interino del DOJ, en un comunicado. Como te contamos en Factchequeado, los supuestos 28 no ciudadanos registrados para votar representan el 0.00012% de todos los votantes registrados en California.

Además, el 26 de octubre de 2026, el DOJ solicitó al estado de Washington que apartara 400 boletas de votantes que podrían no ser ciudadanos estadounidenses. Si se confirmara que efectivamente los 400 casos corresponden a personas no ciudadanas, representarían el 0.0078% de los 5.1 millones de votantes registrados del estado. En un comunicado sobre la petición del DOJ, el secretario del estado de Washington, Steve Hobbs, afirmó que la lista “incluye ciudadanos estadounidenses y no es fiable”. Además, agregó que sería “irresponsable e ilegal” no procesar la boleta de un votante registrado “sin una prueba individualizada de inelegibilidad”.

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No es necesariamente una maniobra sino un fenómeno que sucede en paralelo en el proceso de escrutinio que se ha definido, por un lado, como el “espejismo rojo” y, por el otro, como el “sesgo azul”. Es cuando los candidatos republicanos (los rojos) inicialmente muestran ventaja en el conteo hasta el momento en el que los demócratas (azules) empiezan a acortar distancia y, en algunos casos, tomar la delantera. Ese fenómeno se ha profundizado en las últimas dos décadas en la medida que se ha popularizado el voto por correo.

Así pasó tras las primarias en California del 2 de junio de 2026, cuando el candidato republicano a alcalde de Los Ángeles, Spencer Pratt, parecía que lograría el segundo lugar para enfrentarse a la alcaldesa demócrata, Karen Bass, en las elecciones de medio término (midterms) del 6 de noviembre de 2026. El sistema californiano de primarias sin afiliación partidista hace que los dos candidatos más votados en la primaria compitan por el puesto en los comicios generales, independientemente del partido al que pertenezcan.

Aunque la agencia AP declaró esa misma noche que Bass había logrado el primer lugar en las primarias, se tomó cinco días para darle el segundo lugar a la concejal demócrata Nithya Raman, debido a la conocida lentitud del proceso de recuento de votos de California, en el que se contabiliza el voto ausente o por correo recibido hasta siete días después de la jornada electoral si está sellado el día de los comicios. En el condado de Los Ángeles, casi el 82% de los votos depositados en las primarias fue mediante correo, de acuerdo con los datos oficiales.

“¿Alguien ha estado observando la elección FRAUDULENTA que está ocurriendo en California?”, escribió el presidente Donald Trump en su red Truth Social el 7 de junio de 2026 a las 11:02 pm, unas tres horas después de que Raman superara a Pratt en el escrutinio en el que finalmente se impuso, sugiriendo –sin pruebas– que la tendencia que favorecía a la demócrata era producto de alguna manipulación.

Las razones por las que fluctúa el voto

Pese a lo que se empeña en repetir Trump,  la historia enseña que una fluctuación en los resultados, incluso un cambio radical, no es evidencia de fraude, porque los números que empiezan a conocerse apenas cerradas las mesas de votación son incompletos, dependen de los precintos que vayan reportándose y, finalmente, del conteo del voto por correo, cuyas reglas para procesarlo cambian de estado a estado.

Una vez cerrados los centros electorales, cada precinto empieza su proceso de conteo y comunicación de votos a la junta electoral del condado. Eso se va produciendo por lotes, por lo que es normal que durante la noche electoral las tendencias cambien a medida que avanzan las horas, según los precintos sean mayoritariamente demócratas o republicanos.

“Los funcionarios electorales suelen contar y comunicar los resultados por lotes, lo que significa que miles de votos pueden sumarse a los totales de una sola vez. Se trata de una parte habitual del proceso”, dice David Scott, vicepresidente de elecciones de AP, en una nota en la que la agencia habla sobre el trabajo que realiza en las elecciones para declarar a los ganadores antes de que se tengan los resultados certificados, un trabajo que hace desde 1848 ante la falta de un ente electoral nacional que cumpla esa función en Estados Unidos, como explicamos en esta nota de Factchequeado.

Por la llamada Cláusula Electoral de la Constitución (Artículo 1, Seccióin 4), cada estado administra las elecciones según sus propias normas. El voto presencial el día de las elecciones tiene similitudes, salvo horarios y los sistemas de votación que se emplean. Las grandes diferencias radican en cómo procesan y cuentan boletas enviadas por correo, boletas provisionales y las emitidas por personal militar o ciudadanos que estén viviendo en el extranjero, como indica en esta página la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Por ejemplo, mientras estados como Florida, Georgia y Delaware, entre otros, tienen como límite para recibir el voto por correo la hora de cierre de las urnas del día de la elección, California, Nevada, Alaska y otros más, aceptan esas boletas hasta varios días después de los comicios, siempre que el sello postal haya sido puesto a más tardar ese mismo día de la votación. Luisiana tiene un sistema único en el país que exige que los votos por correo se reciban hasta las 4:30 pm del día previo a las elecciones.

Eso puede complicar el conteo, pues, mientras en algunos estados los votos por correo se van procesando a medida que se reciben y se suman al empezar el escrutinio la noche electoral, en otros su certificación y conteo empieza al cierre de las mesas de votación. En el caso de los estados que aceptan votos varios días después de las elecciones, ese caudal de sufragios por correo puede terminar cambiando el resultado inicial, como fue el caso de las recientes primarias para la alcaldía de Los Ángeles.

Las diferencias entre partidos al votar por correo

Diversos estudios indican que hay una división partidista en el uso del voto por correo: es más usado por votantes demócratas que por republicanos. Una investigación del Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés) indica que en las elecciones presidenciales de 2024, el 37% de los demócratas votó en ausencia, frente al 24 % de los republicanos. En 2020, con las restricciones que se impusieron durante la pandemia del coronavirus, esa cifra llegó a ser del 60% entre demócratas y 32% entre republicanos. Pese a la baja registrada en las presidenciales de 2024, el estudio asegura que la modalidad gana cada vez más aceptación.

Hay ocho estados que envían automáticamente boletas por correo a todos los votantes registrados activos antes del día de las elecciones: California, Colorado, Hawái, Nevada, Oregón, Utah, Vermont y Washington. En 29 estados cualquier votante puede solicitar y enviar una boleta por correo sin tener que justificar el motivo, y en 13 estados, se conceden solicitudes de boletas por correo cuando el votante expone una razón por la cual no puede votar en persona.

En otro trabajo en el que se estudia el “sesgo azul” (demócrata), los investigadores del MIT indican que “los resultados de las elecciones presidenciales se vuelven ‘más azules’ —es decir, más favorables a los demócratas— durante el periodo de recuento posterior a la noche electoral” y que ese desplazamiento se debe “probablemente a que tanto las papeletas enviadas por correo (voto ausente), que llegaron tarde como las papeletas provisionales tendían a favorecer de manera desproporcionada a los demócratas”.

Ese fenómeno ha sido aprovechado por Trump y otros que difunden narrativas sin fundamento sobre el proceso electoral para denunciar supuestas irregularidades en los escrutinios, sugiriendo que los cambios en las tendencias se debe a que los demócratas están “volcando votos” a última hora para garantizar el triunfo.

Pese a que Trump suele votar por correo, él ha sido muy crítico de la modalidad, que asegura, sin que haya presentado pruebas que lo respalden, que es un mecanismo que favorece el fraude a favor de los demócratas y ha tratado de limitar su uso desde el Ejecutivo.

El 31 de marzo de 2026, el presidente firmó una orden ejecutiva con la que buscaba prohibir al Servicio Postal (USPS) enviar papeletas de voto por correo a cualquier votante que no figurara en una lista federal, pero el 14 de septiembre de 2026 la Corte Suprema bloqueó la posibilidad de que se aplicara esa decisión para las midterms de 2026 argumentado que violaría “la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que los funcionarios electorales estatales y locales no disponen de tiempo suficiente para implementar la norma de manera razonable antes de dichos comicios”.

El 4 de noviembre de 2020, al día siguiente de las elecciones que terminaría perdiendo ante el demócrata Joe Biden, Trump se preguntaba en un mensaje en su cuenta de Twitter (ahora X): “¿Cómo es que, cada vez que se contabilizan remesas de votos por correo, los resultados son tan devastadores en cuanto a su porcentaje y su poder de destrucción?”, sugiriendo, en un mensaje posterior, que en “estados dirigidos y controlados por demócratas (...) esos votos empezaron a desaparecer mágicamente a medida que se contabilizaban remesas de papeletas que aparecieron por sorpresa. ¡MUY EXTRAÑO!”.

La agencia AP señala que los funcionarios electorales “cometen errores de vez en cuando. Esos errores casi siempre se detectan en cuestión de minutos. A veces, en cuestión de segundos” que la publicación de datos electorales por lotes tras el cierre de las urnas es la razón por la que se producen grandes cambios en los totales mostrados. Además, expertos de organizaciones que promueven los derechos ciudadanos, como el Brennan Center for Justice, aliada de Factchequeado, advierte que los resultados que se muestran la noche de las elecciones no son finales ni marcan una tendencia irreversible, por lo que los cambios que se vean en el proceso de escrutinio no son producto de una manipulación de votos para favorecer a algún candidato o partido.

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Las leyes electorales con las que algunos estados restringen el voto 

En las horas posteriores al triunfo electoral de Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) en las elecciones de Brasil, circularon numerosas versiones sobre el paradero de su contendiente, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal). Su última aparición pública había sido el lunes 26 de octubre de 2026 por la tarde, un día después del balotaje, cuando publicó un video en redes sociales en el que contó que la Policía Federal lo había citado para entregar su pasaporte.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Bolsonaro ingresó al país con su familia a las 22:50 del martes 27 de octubre, por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, Argentina. A las 11:30 pm, abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador. Su destino, según los trascendidos, sería Estados Unidos, donde pediría asilo político.

Por qué la Justicia canceló los pasaportes de Bolsonaro

El lunes, al día siguiente de la victoria de Lula, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, canceló los pasaportes de Bolsonaro y prohibió, de esta manera, su salida del país. 

A su vez, el candidato del Partido Liberal fue intimado por la Policía Federal a entregar en un plazo de hasta 24 horas sus pasaportes ordinario y diplomático, además de eventuales pasaportes de otras nacionalidades. Bolsonaro no presentó esa documentación y se sospecha que ya no está en el país. 

La decisión de Moraes se tomó en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al abogado Willer Tomaz y al senador. La Policía Federal investiga si el delito se cometió a través de casas de apuestas y empresas pertenecientes al abogado, amigo de Flávio Bolsonaro. Ambos niegan las acusaciones. 

Además de la investigación que está en manos de Moraes, Bolsonaro también está siendo investigado por blanqueo de dinero, evasión fiscal y corrupción en el contexto de la financiación de “Dark Horse”, la película biográfica del ex presidente Jair Bolsonaro (PL).

En el video que publicó en sus redes sociales, Bolsonaro dijo que el motivo sería una declaración de su hermano, Eduardo Bolsonaro, que había dicho que el candidato debía abandonar Brasil si era derrotado. “Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, dijo Flávio.

Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde el 27 de febrero de 2025, según informó la Cámara de Diputados de Brasil. El ex legislador se instaló en Texas y anunció que permanecería en el país norteamericano para denunciar lo que considera “una persecución política contra su familia y promover sanciones contra autoridades judiciales brasileñas”. 

En diciembre de 2025 perdió su mandato parlamentario por inasistencias y, en junio de 2026, fue condenado por el Supremo Tribunal Federal a 4 años y 2 meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial. 

En julio de 2026 declaró a Reuters que había obtenido la residencia permanente estadounidense mediante la categoría EB-1A. 

Qué es el asilo político y cómo funciona en Estados Unidos

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, “cualquier extranjero que se encuentre físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a los Estados Unidos (ya sea en un puerto de llegada designado o no, e incluyendo a un extranjero que sea llevado a los Estados Unidos después de haber sido interceptado en aguas internacionales o de los Estados Unidos), independientemente de su estatus, puede solicitar asilo”.

Una persona puede pedir asilo en Estados Unidos si sufrió persecución o tiene un temor fundado de sufrirla debido a raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o por su opinión política.

Según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante los primeros 9 meses del año fiscal 2026 —del 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026— se registraron 254,680 resoluciones de casos de asilo en las cortes migratorias. De ese total, 7,231 (2.8%) terminaron con la aprobación del asilo y 89,740 (35.2%) fueron rechazadas. Además, 92,081 casos (36,2%) se clasificaron como abandonados. El resto se distribuyó entre solicitudes no adjudicadas, retiradas y cierres administrativos. 

Las estadísticas oficiales no permiten identificar cuántos casos fueron presentados específicamente por persecución política, ya que no distinguen entre los 5 motivos legales para solicitar asilo. 

Este artículo fue publicado originalmente por Chequeado, medio cofundador de Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

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La víspera de la publicación de Trump, la agencia Associated Press (AP) y otros medios le dieron a Biden el triunfo en Pensilvania y, con eso, superó la barrera de los 270 votos del Colegio Electoral que necesitaba para garantizar su elección como presidente de Estados Unidos para el período 2021-2025. Es una victoria que Trump nunca reconoció y a partir de la cual construyó la falsa narrativa de un supuesto fraude que han sido descartados en más de 60 demandass y ya hemos desmontado repetidamente en Factchequeado.

Antes de responder a aquella pregunta de Trump, hay una aclaratoria necesaria: en Estados Unidos los medios no “deciden” quién gana la Presidencia, como decía en su mensaje Trump, los medios declaran a un ganador basado en el conteo de votos condado por condado y la verificación de tendencias hasta que estas son consideradas irreversibles. Y así se hará también en las elecciones de medio término, o midterms, del 3 de noviembre de 2026.

Eso es algo que viene haciéndose desde las elecciones de 1848, cuando AP inauguró su operación de conteo de votos en los comicios en los que Zachary Taylor (quien sería el último presidente electo por el hoy desaparecido Partido Whig, entonces el otro gran polo del sistema estadounidense) se impuso a Lewis Cass, del Partido Demócrata.

La razón es simple: en Estados Unidos las elecciones son administradas por los estados de acuerdo con el Artículo 1, Sección 4 de la Constitución y, por tanto, no existe un organismo federal que realice el conteo de votos o difunda los resultados. Esperar por resultados oficiales certificados provenientes de estados con diferentes reglas y ritmos puede tomar semanas, cuando el interés público impone la necesidad de conocer la información sobre ganadores de contiendas lo antes posible.

“Hace más de 170 años, poco después de nuestra fundación, AP intervino para ayudar a cubrir ese vacío. El objetivo era garantizar que el público contara con una fuente de información independiente y apartidista sobre los procesos electorales; ese es el papel que AP sigue desempeñando, casi dos siglos después”, explica Julie Pace, vicepresidenta sénior y editora ejecutiva de AP en una nota en la que la agencia explica cuál es su papel en el conteo de votos.

Desde entonces, otros grandes medios han creado sus propias operaciones para hacer seguimiento a las votaciones. Las tres grandes cadenas televisivas (ABC, CBS y NBC) empezaron a proyectar ganadores en las elecciones presidenciales de 1960 en las que el demócrata John F. Kennedy se impuso al republicano Richard Nixon. Diarios como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal tienen una operación de monitoreo de elecciones que suelen combinar con el servicio que les presta AP para, en ocasiones, hacer sus propias proyecciones.

Cómo hacen los medios para determinar quién ganó una elección

En el sistema electoral descentralizado que rige en Estados Unidos, cada estado establece la fecha en la que los resultados de los comicios deben ser certificados, a nivel de condado y luego estatal. Los tiempos pueden variar desde unos días (como en el caso de Delaware) hasta un mes después del día de las elecciones (como sucede en California), según indica la Asociación Nacional de Directores Estatales de Elecciones.

La espera puede parecer larga, sobre todo en elecciones presidenciales, o en contiendas muy reñidas, como se espera en algunas de las que se disputarán en varios distritos en las midterms del 3 de noviembre de 2026, que definirán qué partido controlará las cámaras del Congreso.

Para hacer el conteo, AP recopila los votos a partir de la información proporcionada por secretarios de condado y otros funcionarios locales con responsabilidad en la administración de elecciones. Además, monitorea los resultados de los sitios web estatales o de condado. AP explica en esta nota que los ganadores los determina su Equipo de Decisión especializado, compuesto por analistas electorales, investigadores y proyectistas de resultados que procesan la información la noche electoral.

La agencia dice que no presenta proyecciones ni predicciones sobre supuestos ganadores y sostiene que solo declara un ganador cuando se ha determinado que es imposible para el candidato contrincante alcanzar el triunfo.

“Cada declaración de un ganador por parte de AP se fundamenta en hechos. Si bien tenemos en cuenta factores como la trayectoria política de un estado o contienda, la recaudación de fondos, las encuestas previas a la elección y las estadísticas del voto anticipado, nunca declaramos a un ganador basándonos únicamente en estos elementos; porque una declaración de AP no es una suposición”, indica la agencia en esa misma nota.

AP asegura que en las últimas elecciones generales su precisión “ha superado el 99.9 %”. Solo en dos ocasiones de elecciones para legislaturas locales la declaración fue incorrecta y en “uno de ellos se debió a resultados erróneos proporcionados por las autoridades electorales, lo cual, históricamente, constituye la causa principal de los errores en la declaración de ganadores”. 

¿Nunca se equivocan los medios al declarar o proyectar ganadores?

El caso más emblemático de un error al momento de declarar un ganador ocurrió en las elecciones presidenciales de 2000, cuando varios medios dieron el triunfo al candidato demócrata, el entonces vicepresidente Al Gore, por encima de George W. Bush, en Florida, que entonces era uno de los campos de batalla más codiciados por su condición de ‘estado péndulo’, esos que suelen cambiar de manos entre los partidos de una elección a otra y que le daba los votos necesarios en el Colegio Electoral para garantizar su elección como presidente.

La noche de las elecciones, el 7 de noviembre de 2000, cerca de una hora después de cerradas las mesas de votación en Florida, CBS, ABC, NBC, Fox, CNN y AP dieron el triunfo a Gore en el estado. Pero pocas horas después, ante la evidencia de algunos problemas con la interpretación de resultados de encuestas a boca de urna y un grave error en el conteo computarizado en el condado de Volusia (donde un precinto de 600 votantes le restó 16,000 votos al demócrata antes de que se corrigiera el error), se retractaron para declarar ganador a Bush. Tuvieron que corregir nuevamente para declarar la competencia “muy estrecha para declarar” (too close to call). AP también corrigió la primera declaración a favor de Gore, pero se abstuvo de nombrar a Bush como ganador.

Luego se sumó la disputa por los votos descartados o mal asignados en el condado de Palm Beach a causa del diseño de las boletas de votación (las llamadas papeletas mariposa) que supuestamente facilitaban que algunos electores marcaran al candidato conservador Pat Buchanan, (candidato postulado por el Partido Reformista), cuando tenían la intención de votar por Gore.

La campaña demócrata solicitó un reconteo manual en cuatro condados disputados, algo que concedió la Corte Suprema estatal, pero que la Corte Suprema de Justicia en Washington suspendió el 9 de diciembre de 2000 y en su sentencia, del 12 de diciembre, revocó la orden por considerar que “no se podría llevar a cabo de una manera constitucionalmente válida dentro del plazo establecido por la ley federal para resolver estas controversias”, indica en su fallo con el que se definió el resultado de la elección a favor de Bush. Gore aceptó su derrota el 13 de diciembre de 2000.

Medio siglo antes, se produjo una notable declaración de victoria equivocada: la que hizo el diario Chicago Daily Tribune el 3 de noviembre de 1948 al poner en circulación una versión que decía a página entera: “Dewey derrota a Truman”, en los comicios que enfrentaban al presidente demócrata Harry Truman y el gobernador republicano de Nueva York, Thomas Dewey.

Es una de las fotos más famosas de la historia política de Estados Unidos, un sonriente Truman muestra al público la edición del diario con ese titular que el mismo medio ha reconocido como “La más famosa equivocación en la historia electoral”, en un artículo publicado el 31 de octubre de 2020.

En esa ocasión no se trató de una falla en el conteo de votos. En su nota, el Chicago Tribune (que quitó el ‘Daily’ de su nombre en 1963) explica que una huelga de impresores obligó a producir la primera edición antes de lo habitual.

Las encuestas y la mayoría de los análisis políticos daban como claro favorito a Dewey sobre Truman. El diario tomó la decisión editorial de salir en su primera edición con esa noticia, basado en la experiencia de su veterano corresponsal en Washington, Arthur Sears Henning, quien pronosticó con total seguridad la victoria del republicano.

Ya se habían impreso cerca de 150,000 ejemplares cuando los resultados revelaron que la elección estaba mucho más reñida de lo previsto. El periódico modificó el titular en las ediciones posteriores, pero la foto quedó para la historia de las equivocaciones electorales.

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Tras la victoria de Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, realizada el 25 de octubre de 2026, el candidato opositor Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) anunció que solicitará la anulación de las elecciones de Brasil y acusó al Tribunal Supremo Federal (TSF) de favorecer al oficialismo al extender el horario de votación.

“Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal”, declaró durante un breve discurso desde Brasilia.

En paralelo, grupos públicos en Telegram afines a Bolsonaro acusaron al organismo de un supuesto golpe de Estado y de estar confabulado con el partido de Lula. 

Sin embargo, los documentos oficiales muestran que las campañas de ambos candidatos solicitaron extender el horario de votación, aunque por motivos diferentes. 

Además, un relevamiento de G1, el portal de noticias del Grupo Globo, basado en datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), registró 35,521 votos después de las 17 del domingo 25 de octubre. Esa cifra representa menos del 1% de la diferencia final entre Lula y Flávio Bolsonaro, que superó los 4 millones de votos.

Documentos prueban que la extensión del horario de votación fue solicitada por ambas campañas

El domingo 25 de octubre, el ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin ordenó extender hasta las 7 pm hora local el horario de votación, inicialmente previsto hasta las 5 pm. La medida se conoció poco antes del cierre previsto de las urnas y se aplicó en las mesas electorales que todavía permanecían abiertas.

En grupos públicos en Telegram, la decisión del Tribunal Supremo fue interpretada como un “crimen electoral” y un intento de “anular” al Tribunal Superior Electoral (TSE). Además, algunas publicaciones también cuestionaron la intervención de Zanin porque había sido abogado de Lula antes de incorporarse al Supremo, en agosto de 2023.

Sin embargo, esas publicaciones omitieron que la ampliación del horario también había sido solicitada por la campaña de Bolsonaro.

Según informó el sitio brasileño de verificación Agencia Lupa, miembro de la red LatamChequea igual que Factchequeado, la campaña de Lula había pedido extender la votación ante las dificultades de acceso a los centros electorales, especialmente por la falta de colectivos y las restricciones en el transporte público en ciudades como Salvador, en el estado de Bahía.

El PT presentó pedidos ante el TSE desde las primeras horas de la tarde. Ante la falta de una respuesta, solicitó al STF extender la votación hasta las 7 pm en todo el país. El pedido llegó al Supremo a las 4:22 pm y Zanin recibió el caso a las 4:33 pm, después de ser designado relator por sorteo.

Por su parte, los abogados de Bolsonaro enviaron 2 documentos al Tribunal Electoral que solicitan “prorrogar la votación por 2 horas, hasta las 19 horas (hora de Brasilia)” en 5 municipios afectados por “intensas lluvias”. El primer documento al que accedió Lupa pide la extensión en los estados de San Pablo, Paraná y Santa Catarina, mientras que la segunda carta pide lo mismo para Minas Gerais y Río Grande del Sur.

Captura de los documentos enviados por la campaña de Flávio Bolsonaro al Tribunal Superior Electoral.

“El candidato tiene un interés directo en la regularidad de la segunda vuelta y en la participación plena del electorado. Sin embargo, el pedido no busca una ventaja para ninguna candidatura, sino garantizar que los electores de esos estados no se vean impedidos de votar debido a fenómenos climáticos, en beneficio de todos los candidatos y del propio resultado electoral”, explican los documentos.

Por lo tanto, la ampliación del horario no respondió exclusivamente a una solicitud de la campaña de Lula.

Además, Zanin explicó que actuó ante la urgencia de los hechos y que el expediente había llegado al Supremo poco antes del cierre previsto de las urnas. El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, terminó respaldando la decisión aproximadamente una hora después.

Hubo 35,521 votos después de las 5 pm y Lula ganó por más de 4 millones de votos

Un sondeo realizado por el portal de noticias G1 (perteneciente al Grupo Globo) en base a datos oficiales del TSE revela que se registraron 35,521 votos después de las 5 pm del domingo (hora local de Brasilia).

De estos 35,521 votos confirmados registrados en todo el país, 30,866 provienen de colegios electorales cuyos datos han sido verificados con los informes de las urnas y cuya transmisión aparece como “Totalizada”. En tanto, 4,655 votos corresponden a secciones pendientes de validación.

La ventaja de Lula fue de 4.4 millones de votos: recibió 64,256,232 (51.79% de los votos válidos), mientras que Bolsonaro obtuvo 59,826,041 (48.21%), según los datos del Tribunal Electoral. Es decir que los votos registrados después de las 17 fueron una fracción muy pequeña (0.8%) de la diferencia final entre los candidatos.

Más de 128 millones de ciudadanos brasileños emitieron su voto en esta segunda vuelta. La abstención fue de alrededor del 19.2%, una cifra inferior al 21.08% de la primera vuelta del 4 de octubre.

Quiénes difundieron la narrativa sobre el supuesto fraude

Las narrativas sin pruebas de un golpe de Estado y de fraude electoral se viralizaron en Argentina, por ejemplo, a través de cuentas de X vinculadas con La Libertad Avanza.

El director de la Fundación Faro, Agustín Laje, puso en duda el proceso electoral por la extensión del horario de votación en Brasil. “Con urnas ya cerradas y el escrutinio iniciado, los amigos de Lula del Supremo Tribunal Federal ordenó (sic) extender dos horas la votación en todo el país. El conteo tuvo que suspenderse. ¿Cómo se garantiza ahora la transparencia del proceso electoral? Huele muy mal lo que está pasando en Brasil”, sostuvo.

Por su lado, el medio digital La Derecha Diario –que fue fundado por el consultor político Fernando Cerimedo, quien fue asesor de presidentes como Javier Milei o Jair Bolsonaro, y hoy es propiedad de Javier Negre– difundió que “Nunes Marques reveló que no existía ninguna normativa que autorizara la prórroga electoral ordenada por Cristiano Zanin”. Si bien es cierto que el propio Marques reconoció que la medida fue inédita, también lo es que respaldó la decisión de Zanin.

La narrativa también fue viralizada por el propio Javier Negre y por el “influencer” de derecha Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “Gordo Dan”.

Este artículo fue publicado originalmente por Chequeado, medio cofundador de Factchequeado. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Según el Pew Research Center, unos 36,2 millones de latinos eran elegibles para votar en Estados Unidos en 2024. En un análisis posterior sobre la participación electoral, el centro encontró que, entre los adultos hispanos que eran elegibles para votar en las elecciones de 2020, 2022 y 2024, el 41 % no votó en ninguna de las tres, mientras que apenas el 25 % participó en las tres.

En Pensilvania, alrededor de 620,000 latinos eran elegibles para votar en 2023, según datos del U.S. Census Bureau; pero para las elecciones generales de 2024, la firma de datos L2 Political identificó apenas unos 317.000 votantes hispanos en su archivo electoral del estado. Las cifras reflejan la existencia de un enorme electorado potencial, y a la vez, el desafío de lograr que quienes tienen derecho a votar cuenten con la información necesaria para hacerlo y decidan ir a las urnas.

Para conocer mejor las razones de esta brecha y formas de reducirla, conversamos con Diana Robinson, codirectora ejecutiva de Make the Road PA, una organización que trabaja con inmigrantes latinos en Allentown, Reading, Hazleton y Filadelfia.

Registro y desencanto

Robinson identifica la falta de información como uno de los principales obstáculos, especialmente entre los nuevos ciudadanos estadounidenses.

“Muchas personas no conocen el proceso electoral y no saben que para votar primero deben registrarse. Por eso, Make the Road PA mantiene durante todo el año programas de registro de votantes y acompañamiento a las comunidades”, explica en conversación con Te Lo Cuento News, medio aliado de Factchequeado.

El problema no termina necesariamente con el registro. Según Robinson, algunas personas dejan algún requisito pendiente. En esos casos, el Departamento de Estado de Pensilvania puede enviarles una comunicación para solicitar información adicional. Si la persona no completa este paso, puede llegar al día de las elecciones sin estar habilitada para votar.

El poder de las elecciones locales

Muchas veces el contacto de los políticos que aspiran a cargos de elección popular  con los votantes se intensifica únicamente durante las campañas electorales. En cambio, la estrategia de Make the Road PA consiste en conversar con la comunidad durante todo el año y explicar que votar es una herramienta para impulsar cambios.

Robinson insistió en la importancia de no concentrar la atención únicamente en las elecciones presidenciales o federales.

Las elecciones municipales, locales y estatales tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades y ofrecen oportunidades concretas para ejercer influencia sobre las decisiones públicas.

Pensilvania, además, registra un crecimiento importante de las comunidades latinas. El Censo de 2020 reportó 1.05 millones de hispanos o latinos en el estado, equivalentes a 8.1% de la población, con un incremento de casi 49% desde 2010. La Oficina de Salud Rural de Pensilvania contabilizó posteriormente un crecimiento de 185,000 latinos entre 2020 y 2024.

A juicio de Robinson, se hace todavía más necesario que la comunidad hispana ejerza su poder electoral.

“Votar por un candidato no significa que todos los problemas vayan a resolverse de inmediato. Pero sí permite exigir posteriormente responsabilidades por las promesas realizadas durante las campañas y escoger candidatos cuyos valores y propuestas estén más cerca de las necesidades de la comunidad”, detalla.

Cuando el candidato no representa a la comunidad

Uno de los obstáculos que también abordamos con Robinson fue la sensación de falta de representación.

Para algunos votantes latinos, no encontrar candidatos que reflejen su comunidad, sus experiencias o sus prioridades puede convertirse en una razón para no votar.

La representante de Make the Road PA reconoce que se trata de un problema real, pero cree que la respuesta no debe limitarse a escoger entre los candidatos disponibles. “Es necesario identificar y preparar a los propios líderes comunitarios para que puedan convertirse en candidatos”.

La apuesta incluye pensar en personas que puedan postularse a juntas escolares, cargos municipales y, eventualmente, posiciones en el Gobierno estatal.

En ese sentido, considera fundamental ofrecer a los miembros de las comunidades las herramientas necesarias para participar directamente en las instituciones y no limitarse únicamente a elegir a quienes ya están en las boletas.

Una “escuelita cívica” en Reading

Una de las iniciativas de Make the Road PA es su “escuelita cívica” en Reading.

El programa busca explicar a los residentes cómo funciona el sistema de gobierno estatal, cuáles son los distintos cargos públicos y qué responsabilidades tienen. Entre los temas abordados están las juntas escolares, los jueces, los concejos municipales y las distintas ramas del Gobierno.

El objetivo es que las personas comprendan quién toma determinadas decisiones, qué facultades tiene cada cargo y cómo pueden participar en la democracia estadounidense.

Robinson considera que muchas veces el problema no es la falta de voluntad para participar en la política, sino la falta de información.

También marca una diferencia entre recibir información de manera puntual durante una campaña y mantener un proceso de educación cívica durante todo el año, a través de organizaciones, vecinos, familiares y personas conocidas dentro de la propia comunidad.

La desinformación también aleja a los votantes

A la falta de información se suma la circulación de contenidos falsos o engañosos.

Robinson alertó que las comunidades latinas son blanco de desinformación y puso como ejemplo una afirmación falsa que sigue circulando: que ya no es posible votar por correo.

Tal como hemos explicado en Factchequeado, el voto por correo es seguro y  hay evidencia de que no es corrupto. Robison también rechazó que esa afirmación tenga fundamento y defendió el voto por correo como una alternativa disponible para los electores. Además mencionó las opciones de entregar la boleta mediante un buzón electoral o acudir personalmente a un lugar habilitado para completar y entregar una boleta por correo.

Para ella, combatir la desinformación requiere algo más que transmitir datos. “La información debe llegar en el idioma en el que cada persona se sienta más cómoda y a través de alguien en quien confíe”, aconseja.

Además, debe existir un espacio donde los ciudadanos puedan hacer preguntas sin sentirse juzgados por no conocer determinados aspectos del proceso electoral.

Jóvenes, independientes y una comunidad en movimiento

Al preguntarle por la evolución de la participación latina, Robinson describió un escenario de avances y retrocesos.

Asegura que se ha observado una mayor participación entre los jóvenes y también una tendencia de personas que se identifican como independientes y no con un partido político.

Esto tiene consecuencias en las elecciones primarias de Pensilvania, que son cerradas: en ellas solo pueden participar quienes están registrados como demócratas o republicanos en los respectivos procesos internos partidistas.

También señaló que la población latina ha cambiado geográficamente. Muchas personas se han trasladado desde grandes ciudades fuera del estado, como Nueva York, o hacia comunidades más pequeñas como Reading, Hazleton y Allentown que, entre otros, han recibido migrantes de origen dominicano. 

La manera en que las estadísticas clasifican la raza y el origen hispano puede complicar el análisis. Robinson se identifica como afrolatina y explicó que existen personas que son simultáneamente latinas y negras, así como otras que se identifican como blancas y latinas. Esa diversidad puede dificultar la interpretación de las cifras electorales.

El idioma marca la diferencia

La importancia del idioma quedó especialmente clara a partir de una experiencia ocurrida en Allentown en 2022. “Una mujer puertorriqueña que nunca se había registrado para votar decidió hacerlo después de conversar con una organización comunitaria que le explicó el proceso en español”, recuerda.

Ella considera que esa experiencia demuestra que incluso una persona que comprende inglés puede responder de manera diferente cuando recibe información electoral en el idioma con el que se siente más cómoda.

“Un voto no hace todo el cambio”, es la idea central de su mensaje, pero agrega que “cada voto es un paso”.

Esta nota fue originalmente publicada por Te Lo Cuento News el 6 de octubre de 2026:

Información y confianza, claves para aumentar el voto latino. El texto es parte del proyecto colaborativo La red electoral 2026 que coordina Factchequeado con 10 medios aliados y 10 creadores de contenido en diferentes estados. 

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Las leyes electorales con las que algunos estados restringen el voto 

Ahora, en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 (midterms, en inglés), el tema ha cobrado especial relevancia para las autoridades federales, con el presidente Donald Trump tratando de restringir este tipo de votación con algunas medidas que no han prosperado.

Los 50 estados del país permiten votar por correo de alguna forma, y en 8 de ellos, más Washington, D.C., la boleta llega sola a todos los votantes activos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL). 

Pero en estas intermedias, dos estados pesan no solo porque ahí se vota mucho por correo: en Arizona, 3 de cada 4 votantes lo hicieron así en la presidencial de 2024, y en Nevada, más de 4 de cada 10. A diferencia de California o Washington, donde casi siempre gana el mismo partido, Nevada y Arizona son estados clave, con contiendas reñidas por la gubernatura y por escaños clave en la Cámara de Representantes, donde unas miles de boletas pueden decidir un resultado. 

Tienen estos estados, además, algunos de los electorados latinos más grandes en proporción: 1 de cada 4 votantes elegibles en Arizona y más de 1 de cada 5 en Nevada, de acuerdo con datos del Pew Research Center. Y este año, los votantes de los dos estados decidirán si en el futuro se pedirá identificación, o datos de identificación, para votar por correo.

Te explicamos cómo funciona en cada estado

Nevada: la boleta es enviada a todos los votantes activos, salvo a quienes pidieron no recibirla, según dice la ley. Para que cuente el voto por correo debe llevar matasellos del día de la elección o antes y llegar a las autoridades electorales en los cuatro días siguientes, o dejarse en un buzón oficial del condado antes del cierre de las casillas.

La Secretaría de Estado de Nevada recomienda enviarla por correo al menos una semana antes. La razón: desde el 24 de diciembre de 2025, una regla del Servicio Postal aclara que el matasellos se pone cuando el sobre llega a un centro de procesamiento, no cuando se deposita. Según el condado de Storey, Nevada, eso puede tardar de uno a tres días, así que una boleta enviada el mismo día de la elección podría quedar fuera. El 20 de octubre de 2026, el propio Servicio Postal reiteró la recomendación de la semana de anticipación. Quien la mande a última hora puede pedir en la ventanilla de una oficina postal un matasellos manual con la fecha del día, o dejarla en un buzón oficial del condado.

Arizona: la boleta solo llega a quienes están inscritos en la Lista Activa de Votación Anticipada (AEVL) o a quienes la pidieron para esa elección, con un plazo que vence 11 días antes. Aquí no cuenta el matasellos: la boleta tiene que estar en manos del condado a las 7 p.m. del día de la elección, o no se cuenta. Por eso la Secretaría de Estado recomienda enviarla por correo una semana antes. Si ya no da tiempo, se puede entregar en un buzón oficial, en la oficina del registrador o en cualquier centro de votación del condado, incluso el día de la elección. Si hay un problema con la firma del sobre, el votante tiene 5 días después de la elección para corregirlo.

Ahora, ¿qué se vota en estas midterms?

Arizona: la Proposición 144 propone reformar la Constitución estatal para que todos los votantes, incluidos los que votan por correo, muestren una identificación oficial en cada elección. Hoy, no se pide identificación con la boleta por correo: la identidad se verifica comparando la firma del sobre con la que tiene registrada el condado. El resumen de la medida no especifica cómo lo harían quienes votan por correo. La medida fue enviada a la boleta por la Legislatura, controlada por los republicanos, e incluye otros cambios a las reglas electorales.

Nevada: la Pregunta 7 propone solicitar a quienes votan en persona mostrar una identificación con fotografía. A quienes votan por correo les pediría anotar los últimos 4 dígitos de su licencia de conducir de Nevada o, si no tienen, de su número de Seguro Social. Si no tienen ninguno de los dos, anotarían el número que les dio el condado al registrarse. Como es una reforma constitucional, la ley de Nevada exige aprobarla en dos elecciones. En 2024 obtuvo 73.3% de los votos, y esta será la segunda y definitiva votación.

Lo que se intentó cambiar desde el gobierno de Trump

En los últimos meses, el voto por correo también se peleó a nivel federal, pero ningún intento prosperó para estas elecciones.

Por orden ejecutiva: el 31 de marzo de 2026, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que pedía al Servicio Postal regular las boletas, con reglas que le permitieran no entregar las que no cumplieran nuevos requisitos. Jueces federales en Massachusetts y Washington, D.C. frenaron el plan y, el 14 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revivirlo para estas elecciones, aunque no decidió si es legal. El 20 de octubre de 2026, el propio Servicio Postal confirmó que no aplicará esas reglas en las elecciones intermedias de noviembre.

En la Corte Suprema: el Partido Republicano pidió que no se contaran las boletas enviadas a tiempo que llegaran después del día de la elección. El 29 de junio de 2026, en el caso Watson vs. Comité Nacional Republicano, la Corte Suprema de Estados Unidos falló 5 contra 4 que ese plazo lo decide cada estado. Por eso, Nevada puede seguir contando boletas que llegan hasta 4 días después.

En el Congreso: la SAVE America Act, impulsada por los republicanos y respaldada por Trump, propone exigir una copia de una identificación al pedir y al regresar la boleta por correo. La propuesta de ley pasó la Cámara de Representantes el 11 de febrero de 2026, por 218 votos contra 213, pero no ha sido aprobada en el Senado, donde necesita 60 votos.

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Según la web especializada en elecciones, Ballotpedia, hasta 64 del total de las 5,807 elecciones a asambleas legislativas estatales que tuvieron lugar en Estados Unidos en 2024 “se decidieron por menos de 100 votos”. Y de las 85 cámaras legislativas que celebraron elecciones, 21 de ellas “tuvieron al menos una contienda que se decidió por menos de 100 votos”. 

El Center for American Progress, que se presenta como “un instituto de políticas independiente y no partidista” y de ideas “progresistas”, analizó, en septiembre de 2024, los datos recopilados por el MIT Election Lab de las elecciones al Senado de los Estados Unidos desde 1976 hasta el 5 de enero de 2021; de las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 1976 hasta 2022; y de los resultados de los cargos estatales en 2016. Llegaron a la conclusión de que “las elecciones clave a menudo se deciden por tan solo un puñado de votos”.

Sobre este último caso, registraron que en las elecciones estatales de 2016, más de 340 votaciones se decidieron por menos de 500 votos y, de estas, más de 85 por menos de 100. El análisis advertía que el informe no abarcaba los comicios locales, pero que esas elecciones “suelen decidirse por márgenes excepcionalmente estrechos”. Y ponía como ejemplo Ohio donde, en noviembre de 2021, “18 elecciones locales terminaron en empate”.

En cuanto a las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes en los periodos analizados, fueron “más” de 85 en las primeras y “más” de 410 contiendas de las segundas las que se decidieron por una diferencia inferior al 3% del total de votos emitidos. 

En Factchequeado repasamos algunos de los casos en los que un candidato ha ganado unas elecciones por un voto o tras vencer en un desempate decidido con una mano de póker. 

Una mano de póker

En las primarias republicanas de 1992 para elegir a su representante en la Cámara de Representantes estatal para las elecciones por el Distrito 6 de Arizona (Maricopa), el resultado fue de empate a 3,760 votos entre John Gaylord y Richard Kyle. El recuento ordenado determinó que el empate había sido a 3,762 votos. Lejos de ampliar la discusión, ambos candidatos decidieron jugarse la victoria con una mano de póker. Kyle la ganó.  

El mismo caso ocurrió en las elecciones para alcalde en la ciudad de Estancia (Nuevo México) en 1998. James Farrington y Joann Carlson recibieron ambos 68 votos cada uno, informaba The New York Times. También una mano de póker determinó que el desempate lo ganaba Farrington.

El nombre en un sombrero, un tazón o una moneda al aire

El 8 de noviembre de 1994, los ciudadanos del Distrito 21 de Wyoming elegían al candidato para la Cámara de Representantes entre el republicano Randall Luthi y el independiente Larry Call. Ambos obtuvieron 1,941 apoyos. Ante esta situación, y tras un recuento que dio el mismo resultado, la Junta Electoral estatal introdujo sus nombres en bolas dentro del sombrero de cowboy del entonces gobernador, Mike Sullivan. La bola de Luthi fue la agraciada y así resultó ganador. 

En diciembre de 2017, los virginianos del Distrito 94 tenían que escoger a su representante para el Congreso estatal. La votación arrojó un resultado de 11,608 votos para la demócrata Shelly Simonds, frente a los 11.607 del republicano David Yancey. Una revisión posterior de los votos dio a Yancey uno más, por lo que el resultado fue empate. Ante esta situación, el 4 de enero de 2018, la Junta Electoral de Virginia decidió el vencedor de los comicios introduciendo el nombre de ambos en unas cajitas, dentro de un tazón. El afortunado fue el republicano Yancey. 

En las municipales de noviembre de 2023, los candidatos a la alcaldía de Monroe (Carolina del Norte) Robert Burns y Bob Yanacsek obtuvieron 970 votos cada uno. Ambos rechazaron la posibilidad de recuento y se procedió a escoger al vencedor con el lanzamiento de una moneda. Yanacsek pidió “cara”, pero salió “cruz”, por lo que Burns fue proclamado ganador de las elecciones. 

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Todos los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en disputa, mientras que en el Senado se definen 35, una tercera parte de los 100 puestos que lo integran. Y de todos esos, la pelea por el control del legislativo se reduce a lo que vaya a pasar en el 10% de los puestos: las mayorías se definirán en unos 50 distritos de la Cámara Baja y una decena en el Senado.

Esas estimaciones salen del seguimiento que hacen a las competencias políticas en Estados Unidos dos publicaciones especializadas que suelen usarse como referencia: la Bola de Cristal de Sábato, de Lary Sabato, director del Centro para la Política de la Universidad de Virginia, y el Reporte Político Cook, una publicación especializada independiente. Mientras el primero es considerado de tendencia centro izquierda, el segundo es valorado como de “mínimo sesgo” por la organización Media Bias Factcheck.

En el caso de la Cámara de Representantes, dentro de los distritos competitivos están los llamados distritos en disputa (o toss up, como se dice en inglés al acto de lanzar una moneda al aire), porque ninguno de los partidos tiene una ventaja clara para ganar. Representan en torno al 5% de los puestos en competencia. No son iguales para ambas publicaciones: el 20 de octubre de 2026 Sabato actualizó su conteo de distritos toss ups y los redujo de 20 a 12 (9 pasaron a “inclinados a demócratas”, mientras que uno que lucía inclinado a republicano pasó a toss up): Tres días después, el Cook redujo de 21 a 17 su lista de distritos catalogados como en disputa.  

Hay otro grupo de distritos que también se consideran competitivos, pero donde uno de los partidos luce con mayores oportunidades de ganar, son los inclinados (lean, en inglés). Para el 23 de octubre de 2026, Cook tenía en esa lista 33 distritos (16 demócratas y 17 republicanos), mientras que Sabato marcaba 36 (20 demócratas y 16 republicanos).

En el resto de los distritos, demócratas o republicanos tienen asegurada la victoria por la consolidación partidista que se ha venido produciendo en las últimas décadas y que hace que cada vez los votantes de algunas zonas del país luzcan sólidamente alineadas en términos políticos, un fenómeno acrecentado por la polarización que ha sido definido como el “electorado atascado”.

Hay varios factores que hacen que los distritos sean competitivos: desde el historial de votación y las fortalezas de los candidatos –sobre todo si ya ocupa el cargo y aspira a la reelección–, al estado de las encuestas y la recaudación de fondos de campaña. En Estados Unidos, cada vez más el clima político nacional altera las dinámicas locales que son las que deberían condicionar elecciones locales y regionales como las midterms. A tal punto que “las elecciones legislativas actuales pueden describirse (...) no solo como nacionalizadas, sino también como cada vez más centradas en la figura presidencial”, indica un grupo de académicos encabezados por Jamie Carlson de la Universidad de Georgia, en un estudio publicado el 11 de julio de 2025 en la Revista Trimestral de Estudios Presidenciales.

El factor gerrymandering en las midterms 2026

La mayoría de los distritos en competencia para estas midterms están concentrados en Arizona, California, Texas, Florida, Iowa, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte, Virginia y Wisconsin (ver mapa de los distritos).

En el caso de California, Carolina del Norte, Texas, Ohio y Florida puede tener incidencia en el resultado el rediseño de algunos de esos distritos que se hizo en 2025, a mitad de década (y no como suele hacerse al final de esta, luego de los datos decenales del Censo). Se trata de un uso novedoso, por la escala a la que se ha hecho, del llamado gerrymandering, como se conoce a la manipulación de circunscripciones electorales para favorecer electoralmente a determinado partido político.

Para las midterms de 2026 Texas y Florida redibujaron sus distritos acatando el deseo expresado por el presidente Donald Trump de hacerlo para tratar de garantizar que los republicanos mantengan sus mayorías en el Congreso. Texas creó cinco distritos supuestamente favorables a los republicanos con la intención de reducir la delegación demócrata de los 12 representantes actuales a 8, y Florida dibujó cuatro que llevarían de ocho a cuatro el número de legisladores demócratas.

Las legislaturas de Alabama, Luisiana, Carolina del Norte y Tennessee, controladas por los republicanos, también redibujaron distritos para darle las posibilidades de un puesto más a los republicanos. Ohio hizo lo mismo, pero en su caso se debió al mandato constitucional que forzaba al estado a crear nuevos distritos porque los usados en los dos ciclos electorales previos no fueron adoptados con el apoyo bipartidista que manda la ley estatal. La medida facilitará a los republicanos desplazar a los dos representantes demócratas que tiene actualmente el estado.

En reacción al gerrymandering texano, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, impulsó la iniciativa deordenó suspender los distritos que estaban vigentes y que habían sido diseñados por la comisión independiente que se encarga de esa tarea desde 2010 y, tras la aprobación en un referendo, se crearon cinco nuevas circunscripciones electorales en los que los demócratas compiten con ventaja y que llevaría de ocho representantes a tres el número de republicanos en la delegación de California en el Congreso federal.

En favor de los demócratas, en Utah, en noviembre de 2025, un juez estatal anuló un mapa elaborado por la legislatura controlada por los republicanos por considerar que estaba injustamente sesgado en contra de los demócratas y ordenó que se adoptara un mapa alternativo propuesta por un grupo centrista que preserva un distrito de tendencia demócrata que rodea Salt Lake City.

El factor Trump y su (im)popularidad

Sin embargo, el gerrymandering por sí solo no garantiza que el partido que promovió el mapa que le luce favorable termine quedándose con esos puestos. Un factor importante que se toma en cuenta es la tradición histórica estadounidense: desde las midterms del segundo mandato del demócrata Franklin Delano Roosevelt en 1938, el partido que controla el Poder Ejecutivo casi siempre ha perdido escaños en la Cámara de Representantes, como muestra este trabajo de Brookings, un centro de estudios políticos de tendencia centroizquierda.

La popularidad del presidente ha sido un elemento en la ecuación, al punto que se considera que la baja aprobación de quien ocupa la Casa Blanca influye mucho en las posibilidades de éxito del partido de gobierno. De hecho, las dos excepciones a la regla se produjeron en 1998 y 2002. El primero, durante el gobierno de Bill Clinton, cuando los demócratas ganaron cuatro escaños tras el juicio político al presidente por el escándalo de Mónica Lewinsky favorecidos por el rechazo a lo que una mayoría considerba la politización del affaire del presidente con la exbecaria Monica Lewinsky que lo llevó a un juicio político en el Senado en febrero de 1999. 

En 2002, los republicanos sumaron ocho representantes bajo el mandato del presidente George W. Bush, por el espaldo popular que tenía tras los ataques del 11 de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El punto de la popularidad presidencial no favorece a los republicanos para estas elecciones, considerando que el presidente Trump está atravesando por el punto más bajo de popularidad durante su segundo mandato. Entre el 28 de septiembre de 2026 al 9 de octubre de 2026, registró un 60.1% de rechazo, el máximo de su presidencia, de acuerdo con el consolidado de encuestas de la página especializada RealClearPolitics.

La marcha de la economía y la persistencia de la inflación, el aumento del costo de los combustibles impulsado por la guerra en Irán, un conflicto muy impopular, son temas que las encuestas identifican como los que evalúan mal los ciudadanos en la gestión del presidente, una mayoría de los cuales considera que sus políticas ha perjudicado a la economía, de acuerdo con una encuesta de NBC publicada el 20 de septiembre de 2026. 

El factor hispano y los casos de Texas y Florida

El deterioro de la popularidad de Trump puede hacer que los republicanos pierdan el terreno que habían logrado en las elecciones de noviembre de 2024 en el electorado hispano cuando obtuvo el 48% del voto hispano, de acuerdo con una investigación del Pew Center, lo que ha sido el mejor desempeño obtenido por un candidato presidencial republicano entre la comunidad latina desde que empezó a contabilizarse esos datos con las primeras  encuestas a la salida de los centros de votación en las elecciones presidenciales de 1972.

La aprobación del trabajo de Trump entre los votantes hispanos registrados ha bajado a, 24% según un informe del Pew Research Center publicado el 16 de octubre de 2026. Al comienzo de su segundo mandato, en febrero de 2025, era del 38%: una caída de 14 puntos porcentuales.

Pew estima que nacionalmente los hispanos votaron 51% por Kamala Harris y 48% por Trump. No existen en este análisis estimaciones verificadas para cada distrito: ni la composición demográfica ni el resultado total permiten deducirlas.

De acuerdo con el estudio de Pew, los demócratas tienen ahora una ventaja de 27 puntos porcentuales sobre los republicanos entre el conjunto de los votantes hispanos registrados, pero el 65% de los hispanos que votaron por Trump en 2024 dijeron que apoyan al candidato republicano en su distrito para estas midterms, mientras que el 11% indicó que votaría por el candidato demócrata.

Ese es uno de los factores que complica las perspectivas de triunfo de los republicanos en distritos que fueron creados con la intención de favorecerlos en estas elecciones, como varios en el sur de Texas (15, 28, 34 y 35) y otro grupo en Florida (14, 22 y 25), donde existen importantes comunidades hispanas que contribuyeron a la victoria de Trump en 2024

El 25% de los votantes latinos de Trump en 2024 afirman que, probablemente o con seguridad, no volverían a votar por él, de acuerdo con una encuesta publicada el 27 de mayo de 2026 por UnidosUS, la mayor organización hispana de defensa de derechos civiles de de la comunidad latina en Estados Unidos. En comparación, ese estudio indica que solo el 5% de los que votaron por la demócrata Harris en 2024 señalan que no volverían a votar por ella.

La impopularidad del Partido Demócrata

Hay que considerar que el descontento con Trump y la administración republicana no se traduce de manera directa en un cambio de voto hacia los demócratas. Los votantes insatisfechos pueden abstenerse de participar o esperar hasta última hora para decidir a quién apoyar y, en ese caso, decantarse por algún republicano.

Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publicada el 3 de octubre de 2026 mostraba que los demócratas habían ganado terreno en temas clave como economía o costo de vida (affordability), que son donde Trump está peor valorado.

El 37% de los votantes registrados consultados se inclinaron por los demócratas en la pregunta de quién manejaría mejor la economía (casi el doble de los que lo hacían en febrero) ante el 31% que optó por los republicanos. Además, 38% de los votantes registrados afirmó que los demócratas gestionarían mejor el costo de vida, frente al 27% que opinó lo mismo de los republicanos.

Aunque son datos positivos para los candidatos demócratas, la encuesta indica que pocos votantes creen que alguno de los dos partidos se centre en personas como ellos y tienen poca confianza en que los demócratas tengan presentes sus problemas.

Además, los sondeos de opinión indican que el 53.4%  de los votantes tiene una opinión desfavorable del Partido Demócrata, de acuerdo con el agregado de encuestas de la página especializada FiftyPlusOne. Ese mismo monitoreo muestra a los republicanos en una posición ligeramente peor, con el 56.4%.

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Las leyes electorales con las que algunos estados restringen el voto 

El presidente Donald Trump presentó las demoras en el conteo de votos en elecciones anteriores en California y en las ciudades de Detroit y Filadelfia como supuesta prueba de fraude electoral cuando celebró la rapidez del escrutinio de la primera vuelta de los comicios presidenciales de Brasil, del 4 de octubre de 2026. 

“125 millones de personas votaron hoy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se dieron a conocer poco después del cierre de la votación, el MISMO DÍA! En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de EE. UU., los resultados —con cifras mucho menores— a menudo tardan semanas en ser amañados... quiero decir, calculados. ¡¡¡El sistema electoral en Estados Unidos es CORRUPTO!!!”, dice una publicación en Truth Social del presidente del mismo 4 de octubre de 2026.

El Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA, por sus siglas en inglés), organización aliada de Factchequeado, identificó, tras ese mensaje del presidente, al menos 557 publicaciones en redes sociales que cuestionaban la integridad del conteo de los votos en California. Como te contamos en Factchequeado, que California tome varios días para contar los votos no es una señal de que se esté cometiendo fraude electoral sino que obedece al procedimiento de conteo de votos vigente en el estado más populoso del país.

Es posible que las personas tengan que esperar más tiempo del previsto para saber quiénes son los ganadores en las elecciones de medio término, particularmente en las contiendas más cerradas. Esto no necesariamente significa que haya problemas con el conteo de votos, sino que los medios de comunicación pueden necesitar más tiempo para proyectar un ganador si la diferencia es pequeña. “Cuando las encuestas a pie de urna y los análisis iniciales muestran una ventaja considerable, los medios de comunicación pueden anunciar un ganador poco después del cierre de los recintos electorales”, explicó el Center for Election Innovation and Research (CEIR), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. que describe su misión principal como “trabajar con los funcionarios electorales y generar confianza en las elecciones en las que los votantes deberían confiar y confían”.  

“Si una contienda electoral parece reñida, los medios de comunicación esperarán hasta que se haya contabilizado la casi totalidad de los votos, lo cual puede llevar varios días”, señala CEIR en un artículo sobre cómo funciona la cobertura de los resultados de las elecciones publicado en junio de 2026.

A poco más de dos semanas de las elecciones, existen 21 contiendas para la Cámara de Representantes, 7 en el Senado y 4 para gobernador consideradas “toss up”, que se refiere a carreras en las que los candidatos de ambos partidos políticos tienen una probabilidad razonable de ganar, según el Cook Political Report, que se describe como una organización que realiza análisis independiente, no partidistas de las elecciones y campañas para el Congreso, Presidente y tendencias de la política estadounidense.

El conteo de los votos puede tardar mucho tiempo debido a las diferentes controles para asegurar la precisión e integridad

Cada estado es encargado de contar los votos y verificar la precisión de los resultados. El personal electoral utiliza máquinas de conteo de votos denominadas “tabuladores” (tabulators, en inglés) para realizar el recuento de votos de manera segura y precisa, lo que podría tardar días o incluso semanas, asegura CEIR. Estos tabuladores se someten a pruebas antes del proceso de conteo y no se conectan a internet. Muchos estados permiten que grupos externos u otras personas observen el proceso de escrutinio.  

Este proceso incluye el conteo de los votos por correo (que toman más tiempo para contabilizarse que los votos en persona), votos de personal militar y los votos provisionales (los emitidos por personas cuya elegibilidad para votar no puede confirmarse en el momento de la votación y debe ser verificada por las autoridades electorales antes de contabilizarlos). 

Al menos 45 estados y Washington D.C. permiten o exigen el procesamiento de los sobres de las boletas enviadas por correo postal antes del día de las elecciones. El procesamiento varía entre estados pero podría incluir la verificación de elegibilidad e identidad de los votantes mediante las firmas o números de identificación, la corrección de errores o información faltante y la clasificación de sobres. 

En 33 estados y en Washington D.C. se permite que las boletas sean escaneadas con los tabuladores antes del día de elecciones. Independiente de cuándo comience el procesamiento o el conteo, los resultados no se divulgan hasta después del cierre de los centros de votación, explica CEIR. 

Este preprocesamiento “mejora la eficiencia administrativa” ya que da a los funcionarios electorales “más tiempo para detectar, investigar y abordar posibles errores o irregularidades”. También “facilita la divulgación oportuna de los resultados electorales, lo cual puede reducir el margen de tiempo para la propagación de información errónea tras el día de las elecciones”, indicó CEIR. 

En California, por ejemplo, donde algunos condados reciben hasta el 50% de sus boletas por correo postal el mismo día de las elecciones, esto significa mayor volumen de votos para procesarse, según reportó NPR el 19 de octubre. “Es un estado progresista, fomenta el voto por correo y recibe boletas –con el sello postal correspondiente– incluso después del día de las elecciones", señaló al medio Stephen Richer, exfuncionario electoral. "Todo esto, en conjunto, crea una situación bastante polémica".

Independientemente de cuando comience el conteo, los resultados no se publican hasta después del cierre de los centros de votación, explica CEIR.

“La lentitud general en la actualización de datos en muchos lugares (como California) es simplemente parte del funcionamiento del proceso”, dijo Michael Alvarez, profesor de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales Computacionales en Caltech, a Factchequedo.

“Según mi experiencia, los retrasos respecto a los tiempos de reporte previstos suelen deberse a que los funcionarios electorales se esfuerzan por hacer las cosas correctamente”, agregó.

Después del conteo inicial, las autoridades electorales locales revisan y verifican los resultados mediante un proceso denominado “canvassing” en inglés, que incluye comprobar que el número de votos contabilizados sea correcto y que se hayan seguido los procedimientos establecidos. Posteriormente, se certifican los resultado a nivel local y, según el tipo de elección, también a nivel estatal. En algunos casos se llevan a cabo recuentos de los votos de manera automática, a petición de los interesados o de ambas maneras, dependiendo de la legislación del estado. 

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Estas cámaras de vigilancia están cada vez más presentes en las calles del país: según el sitio Finding Flock, había 144,180 cámaras lectoras de placas en Estados Unidos hasta el 20 de octubre de 2026, como ya te contamos en Factchequeado.

Las cámaras Flock, en la boleta de Texas y Maine

En League City, Texas, los votantes decidirán el 3 de noviembre si su policía debe seguir usando sus 55 cámaras Flock. La votación anticipada ya comenzó. Aunque la pregunta en la boleta no es legalmente vinculante, el concejo municipal se comprometió por unanimidad a desactivarlas o retirarlas en un plazo de 72 horas si gana el “no”.

Según su alcalde, Nick Long, quien busca la reelección en estas elecciones, es la primera ciudad de Texas en someter el tema a referéndum.

En York, Maine, los votantes también decidirán el 3 de noviembre, pero a diferencia de League City, allí la votación es vinculante. La pregunta llegó a la boleta por una iniciativa ciudadana que reunió unas 115 firmas. Propone prohibir los lectores automáticos de placas, como las cámaras Flock, y exigir la aprobación de los votantes antes de instalar otros en el futuro. Según su organizador, Alex Fedyk, el objetivo era que los vecinos pudieran decidir sobre unas cámaras que se instalaron sin consultarles.

El 14 de septiembre, cuando la pregunta ya estaba en la boleta, el jefe de policía de York anunció que el municipio retiraría sus cuatro cámaras Flock. Así, lo que está en juego el 3 de noviembre es si se prohíbe esta tecnología a futuro.

En muchas ciudades, nadie votó para instalarlas

El reclamo de York no es aislado. El debate llega mientras una investigación de NBC News, publicada el 19 de octubre de 2026, muestra que en muchas comunidades ni los vecinos ni sus representantes electos votaron nunca sobre las miles de cámaras Flock instaladas en las calles del país.

La investigación encontró dos cosas: 1) contratos firmados por unos pocos dólares menos de la cifra que obliga a pedir la aprobación del concejo municipal; en algunos casos, los propios funcionarios reconocieron que lo hicieron para evitar esa votación. 2) Algo más común: contratos sin licitación, es decir, sin comparar ofertas de otras empresas, con el argumento de que la tecnología de Flock era única.

Dallas, por ejemplo, firmó así un contrato de 5.7 millones de dólares, según InvestigateTV. 

La mayoría de los votantes rechaza las cámaras Flock, aunque no por igual en todos los partidos

A lo largo del país el rechazo a las cámaras no es de un solo partido, aunque no con la misma fuerza. 

En una encuesta de septiembre de 2026 de Data for Progress, una encuestadora progresista, el 52% de los votantes tenía una opinión negativa de estas cámaras, frente al 41% en agosto. El rechazo es mayor entre demócratas e independientes; entre los republicanos, las opiniones están casi divididas.

Ese rechazo se refleja en las campañas. En Texas, la demócrata Gina Hinojosa culpa a Abbott de su expansión. En Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro y la republicana Stacy Garrity apoyan prohibirlas. En Wisconsin, ninguno de los dos candidatos pide prohibirlas, pero ambos proponen limitarlas. Y en Florida, el tema entró en la contienda en la que se elegirá al sucesor del gobernador republicano Ron DeSantis.

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Cámaras Flock: ¿son legales?

Además, con inteligencia artificial (IA) crea una especie de “huella” de cada auto, independiente de la placa: registran la marca, el modelo, el color y hasta detalles como calcomanías, rayones o abolladuras. El nombre viene de la empresa que más las vende: Flock Safety, con sede en Atlanta, fundada en 2017 por Garrett Langley, Matt Feury y Paige Todd, egresados de la universidad Georgia Tech.

¿Cuántas cámaras Flock hay en Estados Unidos? 

Desde Factchequeado no encontramos un conteo oficial —al menos público—, encontramos que son voluntarios quienes las registran. El proyecto más conocido es DeFlock, creado en octubre de 2024 por el ingeniero de software Will Freeman y crítico de estas cámaras. Allí los vecinos anotan dónde ven una cámara y esa ubicación se publica en OpenStreetMap, un mapa abierto que cualquiera puede consultar. Con esos datos, el sitio Finding Flock contaba 144,180 cámaras documentadas todo Estados Unidos al 20 de octubre de 2026, y casi el 80% de las que tienen fabricante identificado eran de Flock. La propia empresa Flock dice que opera más de 120,000. 

Fuente: https://www.findingflock.com/stats. 

Entonces, ¿son legales?

Por ahora, sí. No hay, hasta el momento, una ley federal que las regule y ningún tribunal de apelaciones las ha declarado inconstitucionales.

La discusión gira en torno a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables por parte de las autoridades. En determinadas circunstancias, las autoridades necesitan una orden judicial para revisar esos registrosl. ¿Fotografiar una placa es un registro? Hasta ahora, los tribunales han dicho que no, porque la placa está a la vista de todos en la calle. Chester Fernandez, profesor de Derecho en la Universidad Quinnipiac, explica que los jueces han revisado estos casos uno por uno y no han encontrado violaciones. Por ejemplo, el Quinto Circuito, la corte federal de apelaciones que cubre Texas, concluyó que en la calle no hay expectativa de privacidad. Pero Fernandez advierte que la pregunta de fondo es otra: una foto suelta no revela mucho, pero miles de fotos juntas pueden mostrar adónde va alguien todos los días. ¿Cuánto se puede seguir a una persona así antes de necesitar la orden de un juez?

Otros expertos creen que la respuesta no es sencilla. Orin Kerr, profesor de Derecho en Stanford y exfiscal federal, explicó en una conferencia reciente en esa universidad que una sola cámara se parece a un policía mirando la calle, pero una red capaz de reconstruir adónde va alguien por toda una ciudad es algo muy distinto. 

“No hay una solución intermedia fácil”, dijo Kerr, quien prevé que los tribunales terminen divididos.

El 29 de junio de 2026, la Corte Suprema decidió por 6 votos contra 3, en el caso Chatrie v. United States, que obtener de Google el historial de ubicación de una persona cuenta como un registro sujeto a la Cuarta Enmienda. Ese caso no era sobre placas, pero los críticos de Flock lo usan como argumento en contra de estas cámaras. Neil Richards, experto en privacidad de la Universidad de Washington en St. Louis, sostiene que las bases de datos de Flock violan la Constitución. Y a principios de octubre de 2026 llegó el primer fallo en esa línea: según Jeff Welty, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte, una jueza federal de Oklahoma concluyó que una búsqueda en Flock sin orden judicial violó la Cuarta Enmienda. La empresa respondió que espera que esa decisión sea revocada.

Cuando el abuso termina en la cárcel

Algunos casos de mal uso de estas cámaras ya llegaron a los tribunales penales. En Milwaukee, Wisconsin, el agente de la policía Josue Ayala usó en secreto la aplicación de Flock para ubicar a su pareja 124 veces, y a la expareja de ella 55 veces, según una denuncia penal presentada en febrero de 2026 y reportada por CNN. Ayala renunció y aceptó declararse culpable de intento de mala conducta en un cargo público. 

Meses después, uno de los detectives que lo había investigado, Tehrangi Chapman, fue arrestado: admitió haber usado Flock para rastrear a dos personas y haber puesto un GPS escondido en el auto de una de ellas, según otra denuncia penal. 

En Georgia, la Oficina de Investigaciones del estado, conocida como GBI, arrestó en julio a 5 expolicías de Albany acusados de usar mal los datos de placas y de violar su juramento, después de que una auditoría interna detectara que consultaron el sistema para asuntos que no tenían nada que ver con su trabajo.

El Institute for Justice, un bufete de interés público sin fines de lucro que también representa a los vecinos que demandaron a la ciudad de Norfolk, Virginia, cuenta al menos dos docenas de casos de agentes que renunciaron o fueron arrestados por usar estas cámaras para acosar a parejas o exparejas, según CNN. El fiscal adjunto del condado de Milwaukee, Matthew Torbenson, dijo en la audiencia de Ayala que la gran mayoría de los policías usa la herramienta de forma correcta. Flock, por su parte, lanzó una herramienta que avisa a los auditores cuando detecta búsquedas fuera de lo normal. Varios departamentos de Georgia anunciaron arrestos después de empezar a usarla, lo que sugiere que había abusos que antes no se detectaban.

¿Y qué tiene que ver ICE? 

Para muchas familias inmigrantes, esta es la pregunta más importante: quién más puede ver estos datos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene contrato con Flock. Sin embargo, eso no ha impedido que agentes federales accedan a información obtenida por estas cámaras. Según datos revisados por 404 Media, un medio periodístico independiente, agentes federales pidieron a policías estatales y locales que hicieran búsquedas por ellos. Y no una ni dos veces sino más de 4,000 consultas con fines migratorios. 

En agosto de 2025, Flock admitió que tenía un programa de prueba que daba a agentes federales de inmigración acceso directo a datos de policías locales, después de haberlo negado durante meses. En Illinois, el secretario de Estado, Alexi Giannoulias, del Partido Demócrata, dijo que las búsquedas de la Patrulla Fronteriza violaron una ley estatal pensada para proteger datos sobre inmigración y salud reproductiva. 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington reveló que agencias federales de inmigración habían accedido a los sistemas de vigilancia de al menos 18 departamentos de policía de ese estado, utilizando la red de cámaras de Flock Safety para rastrear vehículos, muchas veces sin que ellas lo supieran. Y en Georgia, una agente de Savannah fue despedida después de prestarle su cuenta de Flock a su esposo, agente de ICE, que hizo 983 búsquedas en 6 estados, la mayoría sobre conductores hispanos, según registros obtenidos por la televisora local WJCL.

Flock Safety aseguró que suspendió sus programas de prueba con el gobierno federal, prohibió las búsquedas a nivel nacional y estatal, y restringió el acceso a los datos de los estados santuario. Asimismo, la empresa aclaró que el intercambio de información con entidades federales está desactivado de manera predeterminada y que ICE no cuenta con acceso directo a sus dispositivos.

Texas está en el centro de la pelea

Según el mapa de voluntarios DeFlock, Texas tiene al menos 17,252 lectores de placas, la segunda cifra más alta del país, luego de California, y más del 90% son de Flock. A finales de agosto de 2026, el gobernador Greg Abbott, del Partido Republicano, congeló el dinero estatal para estas cámaras. De acuerdo con el medio The Texas Tribune, lo hizo cuando sus periodistas preparaban una investigación sobre cómo una agencia estatal había dado al menos 30 millones de dólares para construir esa red. Abbott también pidió al Departamento de Transporte de Texas que dejara de dar permisos para instalarlas en carreteras estatales. 

El 13 de octubre de 2026, el contralor estatal Don Huffines, también republicano, prohibió usar subvenciones del estado para comprar o contratar cámaras o sistemas de seguimiento de matrículas. Desde entonces se han desconectado al menos 900 cámaras, y 14 ciudades y condados cancelaron o redujeron sus contratos, según una investigación de The Texas Tribune, basada en las aprobaciones de presupuesto de la Autoridad de Prevención de Delitos en Vehículos Motorizados de Texas (MVCPA). 

Fuente: https://www.findingflock.com/stats. 

Otros estados y el Congreso también se mueven

Algunos gobernadores actuaron por su cuenta, sin esperar a sus legislaturas. El 31 de agosto de 2026, el Departamento de Transporte de Florida, bajo el gobierno de Ron DeSantis, del Partido Republicano, revocó todos los permisos policiales para estas cámaras y ordenó quitarlas de las carreteras estatales en 30 días. El 16 de septiembre de 2026, el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, también republicano, firmó una orden ejecutiva que no prohíbe las cámaras, pero les pone reglas: la mayoría de los datos deben borrarse en 30 días, las empresas no pueden vender ni compartir la información de los conductores de Missouri y no se puede combinar con reconocimiento facial. Kehoe dijo que el gobierno no debería construir un registro permanente de adónde van los ciudadanos que cumplen la ley.

Algunos estados pusieron un límite de días para guardar los datos: Washington, desde el 30 de marzo, y Connecticut, desde el 1 de octubre, obligan a borrarlos a los 21 días, y Oregón, desde el 31 de marzo, a los 30. Otros limitaron quién puede verlos: el 4 de marzo, Nuevo México prohibió compartirlos para casos de inmigración o investigaciones relacionadas con el acceso al aborto. En abril de este año, Kentucky, con una legislatura de mayoría republicana, limitó quién puede recibir estos datos: la policía, las aseguradoras que investigan fraudes y los bancos que recuperan autos por falta de pago.

No todos los estados van en la misma línea. El 7 de julio de 2026, Carolina del Norte, con la firma del gobernador demócrata Josh Stein, aprobó dentro de su presupuesto ampliar el uso de estas cámaras a todas las carreteras estatales, aunque los datos solo pueden guardarse 90 días. Recién este 19 de octubre, la Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó un proyecto que obligaría a la policía a obtener una orden judicial antes de buscar en estos datos; ahora le toca al Senado estatal. 

Aun así, en agosto de 2026, el Policing Project de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, un centro académico que se define como no partidista —aunque ha recibido críticas por aceptar fondos de empresas de tecnología policial—, evaluó las leyes de los 50 estados sobre el uso de estos lectores de placas a partir de 7 criterios: 

1. Si exigen orden judicial o borrar los datos en 30 días o menos.

2. Si obligan a confirmar una alerta antes de detener a alguien.

3. Si controlan cómo se comparten los datos entre agencias.

4. Si prohíben usar las cámaras para vigilar protestas.

5. Si exigen auditorías periódicas para detectar abusos.

6. Si obligan a informar sobre estos sistemas al público

Si castigan con multas o demandas a quien rompe las regla. Ningún estado cumplió los 7 criterios. Connecticut, Oregón, Virginia y Washington sacaron la “mejor nota”, 6 de 7. En el otro extremo, 26 estados, entre ellos Texas, no tienen ninguna ley específica sobre estos lectores de placas. (Puede revisar aquí la calificación de tu estado). 

En Washington D. C., el 2 de septiembre, los congresistas republicanos Thomas Massie y Eric Burlison presentaron la llamada “Flock-Off Act”, copatrocinada también por el demócrata Ro Khanna, para impedir que se use dinero federal en estas cámaras. Massie aclaró que su propuesta no las prohíbe: solo dice que el gobierno federal no pagará por ellas. En el Senado, el republicano Josh Hawley abrió en agosto de 2026 una investigación sobre Flock y convocó una audiencia para el 23 de septiembre, a la que no se presentó ninguno de los directores ejecutivos invitados, incluido el de Flock. 

El director del FBI, Kash Patel, defendió ante el Senado, también en septiembre, que estas cámaras recogen información en lugares públicos y que su agencia colabora con ellas caso por caso.

¿Qué dicen quienes las defienden?

La policía y Flock aseguran que estas cámaras salvan vidas. 

Según una encuesta de la propia empresa Flock a unas 700 agencias policiales clientes, en 2025 su tecnología apoyó cerca de 1 millón de investigaciones, participó en 1 de cada 5 casos resueltos en las ciudades donde opera y ayudó a encontrar a unas 10,000 personas desaparecidas. 

La empresa aclara que son estimaciones, no cifras auditadas, y una revisión de CBS News concluyó que no hay evidencia para afirmar que resolvió un millón de crímenes. 

El jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, defiende las 650 cámaras de su ciudad, y la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, dijo que han ayudado a atrapar a asesinos y a encontrar a niños desaparecidos. Incluso al congelar los fondos, la oficina de Abbott las llamó una herramienta importante de seguridad pública.

Ante las críticas, en agosto de 2026, Flock redujo de 30 a 7 días el tiempo que guarda los datos de forma predeterminada y empezó a exigir un número de caso antes de cada búsqueda.

¿Son legales, entonces, estas cámaras? La respuesta hoy día sigue siendo “sí”, pero determinados usos pueden vulnerar derechos constitucionales o infringir leyes estatales. Los jueces, las legislaturas y los votantes están decidiendo dónde están los límites.

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