El sábado 23 de mayo de 2026, un tiroteo tuvo lugar en uno de los puntos de control que hay en los alrededores de la Casa Blanca. El atacante falleció en un intercambio con los agentes del Servicio Secreto. Este es el cuarto incidente en el que la seguridad de Donald Trump se ve comprometida por armas de fuego –aunque no en todos los casos hubo disparos–, ya sea durante un discurso o porque se encontraba en el área. 

El incidente, informó el Servicio Secreto, “sigue bajo investigación y se compartirá información adicional a medida que esté disponible”. No se han ofrecido detalles sobre los motivos que llevaron al tirador a tomar tal decisión. 

¿Qué pasó, cuándo y dónde?

El Servicio Secreto informó poco después del tiroteo, el mismo 23 de mayo de 2026, que “poco después de las 6 pm del sábado, un individuo en el área de la calle 17 y la Avenida Pennsylvania sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar”.

Durante el tiroteo “la Policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona donde se confirmó su fallecimiento” y “ningún oficial sufrió heridas”. Un transeúnte sí sufrió heridas. Según el NYT se encuentra ingresado y su condición de salud es “estable”.  

“El hombre armado ha fallecido tras un tiroteo con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca”, confirmó también el presidente Trump a través de su cuenta en la red social Truth Social.

¿Dónde estaba Trump?

El presidente Trump se encontraba en la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto. “El presidente se encontraba en la Casa Blanca durante el incidente; sin embargo, ninguna de las personas bajo protección ni las operaciones se vieron afectadas”, precisó la misma fuente.

¿Qué ocurrió con el tirador?

El tirador falleció tras un intercambio de disparos con los agentes del Servicio Secreto. Según distintos medios, como CNN, BBC, NBC y AP, se llamaba Nasire Best y tenía 21 años.

Best era un viejo conocido de los servicios de seguridad de la Casa Blanca, ya que, por ejemplo, bloqueó un carril de acceso al edificio en junio de 2025 afirmando, tras ser detenido, que era “dios”. Tras ser detenido en ese entonces fue ingresado en una institución mental. 

Un mes después, en julio de 2025, el Servicio Secreto lo detuvo de nuevo tras intentar entrar en el camino de acceso al complejo de la Casa Blanca. Investigaciones posteriores, siempre según estos medios, descubrieron que Best había afirmado en redes sociales que era “el verdadero” Osama bin Laden.

¿Quién tiene a cargo la investigación de los hechos?

El Servicio Secreto, con el apoyo del FBI y de la Policía Metropolitana de Washington DC.

Cuatro incidentes 

Con el incidente del 23 de mayo de 2026, Trump se ha visto envuelto en cuatro situaciones con armas de fuego desde que fue elegido candidato repubicano para su reelección. El primero ocurrió cuando el entonces candidato recibió un disparó en su oreja derecha mientras daba un discurso en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024.

El segundo, unos 2 meses después, el 15 de septiembre de 2024, cuando jugaba al golf en Florida. Agentes del Servicio Secreto detectaron el cañón de un rifle entre los arbustos. Las autoridades detuvieron a un sospechoso.

El tercero ocurrió durante la última cena de corresponsales que cubren la Casa Blanca, el 25 de abril de 2026, en Washington DC, cuando una persona trató de entrar al salón donde se celebraba el evento y llegó a hacer varios disparos. Consiguió herir a un agente del Servicio Secreto, pero tanto Trump, como el vicepresidente J.D. Vance fueron evacuados rápidamente del lugar. El responsable de los disparos fue detenido y llevado a evaluación médica, según la Policía Metropolitana de Washington DC.

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Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando dos aviones cazas MiG de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias de Cuba echaron abajo a un par de avionetas Cessna de la organización de exiliados Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida. En el derribo murieron tres ciudadanos de Estados Unidos y un cubano residente de Miami. El caso terminó provocando entonces una fuerte reacción internacional que aumentó las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. 

“Durante 30 años, las familias estadounidenses estaban esperando por justicia”, dijo Blanche entre aplausos. 

A Castro —ahora de 94 años y hermano de Fidel Castro— se le acusa de su presunta responsabilidad en la cadena de mando que autorizó el derribo de las dos avionetas, cuando ejercía como ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba.

En concreto, enfrenta siete cargos penales federales en Estados Unidos: un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato por la muerte de las víctimas del derribo y dos cargos por la destrucción de las dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, de acuerdo con la acusación.

Un audio difundido primero por Wilfredo Cancio de El Nuevo Herald, sería un elemento clave en la acusación contra Castro. Se trata de una grabación de junio de 1996 durante una reunión con periodistas cubanos, en la que se escucha decir a Raúl Castro: “Tumben las avionetas en el mar cuando se aparezcan”.

Antes de esa frase, Castro les había dicho que las avionetas anticastristas estaban entrando en el espacio aéreo sobre La Habana y anticipaba que el contacto entre las aeronaves generara una bola de fuego que caería sobre la ciudad. 

De acuerdo con CNN, el primer borrador de la acusación se basó en el impulso del procesamiento de Manuel Noriega, el dictador panameño depuesto tras la invasión de Panamá en 1989 y condenado en 1992 en Estados Unidos por crimen organizado y narcotráfico. “Tras el caso Noriega, redoblamos francamente nuestros esfuerzos para que este caso avanzara”, dijo a CNN Guy Lewis, exfiscal federal de Miami.

Raúl Castro renunció al liderazgo del Partido Comunista de Cuba en 2021, pero sigue siendo una de las figuras más importantes del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito” y también como “El Cangrejo”, es considerado el representante de Castro y ha sido un enlace entre Cuba y Estados Unidos.

¿Quiénes son los Hermanos al Rescate? 

Hermanos al Rescate fue una organización activa en los años 90 conformada por exiliados cubanos y aviadores civiles, basada en Miami, que decía dedicarse a rescatar balseros cubanos en el mar y a brindar ayuda humanitaria. El grupo se convirtió en un símbolo de la oposición al régimen de Fidel Castro.

¿Quiénes fueron las víctimas del derribo de los aviones? 

Murieron los estadounidenses Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Carlos Costa, y el cubano residente en Miami, Pablo Morales.

Una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó que los aviones fueron abatidos en aguas internacionales y que se trataba de aeronaves civiles desarmadas, lo que provocó una condena internacional y una histórica demanda civil ganada por las familias de las víctimas en tribunales de Florida.

¿Quiénes son los otros acusados?

Además de Raúl Castro, los otros cinco acusados por el DOJ eran los pilotos de los cazas MiG de la DAAFAR (Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria) que derribaron las avionetas de la organización Hermanos al Rescate:

• Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.

• Emilio José Palacio Blanco.

• José Fidel Gual Barzaga.

• Raúl Simanca Cárdenas.

• Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Según precisa la acusación (el indictment), estos pilotos participaron en el despliegue y en la operación que culminó con el derribo de las dos Cessna 337 de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. También dice que formaban parte de las escuadrillas que despegaron de San Antonio de los Baños, en Cuba, localizaron las avionetas civiles y las persiguieron hasta derribarlas en el norte de la isla que, de acuerdo con investigaciones de Estados Unidos, la OEA y la OACI, eran aguas internacionales.

En el caso de Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, la acusación dice que le atribuye un papel diferenciado: habría sido uno de los pilotos que disparó los misiles que destruyeron las aeronaves en aguas internacionales, lo que lo convertiría en ejecutor directo del ataque.

¿Por qué Estados Unidos podría procesar a Raúl Castro?

Estados Unidos sostiene que puede procesar penalmente a Raúl Castro porque sus leyes federales, según señala el Título 18 del Código de Estados Unidos, permiten castigar ciertos crímenes graves aunque se cometan fuera de su territorio, cuando las víctimas son ciudadanos estadounidenses. 

En este caso, tres de los cuatro fallecidos eran estadounidenses y los vuelos estaban vinculados a una organización con base en Miami. Ese vínculo activa la jurisdicción extraterritorial prevista en el código y faculta a los fiscales federales en Miami a intentar llevar el caso ante un tribunal estadounidense.

Las presiones crecientes de Estados Unidos sobre Cuba 

El presidente Donald Trump presionó públicamente más a Cuba en enero de 2026, después de la operación militar estadounidense en Venezuela en la que el dictador venezolano Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Venezuela era un socio clave de Cuba, especialmente con el abastecimiento de petróleo; mientras que Cuba tenía personal militar cubano en Venezuela para tareas de seguridad.

Foto: Raúl Castro (tercero de izquierda a derecha), junto al venezolano Nicolás Maduro y otros líderes latinoamericanos el 23 de junio de 2016, durante la Firma de Cese al Fuego del Diálogo de Paz en Chile. Crédito: Gobierno de Chile.

A partir de eso, los apagones de luz y la crisis económica en Cuba han ido aumentando.   

El 12 de mayo de 2026, durante una comparecencia ante el Congreso y en respuesta a preguntas del congresista republicano Mario Díaz-Balart, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el 14 de mayo de 2026 con el nieto de Castro.Ratcliffe dijo que, según ha dicho Trump, EE. UU. está "dispuesto a abordar seriamente los asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, según informó a la agencia de noticias AP un funcionario de la CIA. El funcionario añadió que Cuba "ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental".

El medio de comunicación Axios publicó el 17 de mayo de 2026 que Cuba adquirió más de 300 drones militares y que recientemente había comenzado a discutir planes para utilizarlos para atacar la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West (Cayo Hueso), Florida, a 90 millas (145 kilómetros) al norte de La Habana.

Según funcionarios estadounidenses, Cuba ha estado adquiriendo drones de ataque de “diversas capacidades” de Rusia e Irán desde 2023, y los ha almacenado en lugares estratégicos de toda la isla, de acuerdo con Axios.

El 20 de mayo (cuando se hizo finalmente la acusación a Castro) coincide con el aniversario de la Independencia de Cuba, una fecha clave para el exilio que reúne a cubanos en la Freedom Tower de Miami. 

El secretario de Estado, Marco Rubio, dirigió un mensaje en un video en español al pueblo cubano. En su discurso, responsabiliza al gobierno comunista y al conglomerado militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), por la crisis de electricidad, combustible y alimentos en la isla. Según Rubio, GAESA fue fundado por Castro y cuenta con activos estimados en 18,000 millones de dólares y controla el 70% de la economía cubana a través de su control de hoteles, construcción, bancos, tiendas y remesas de efectivo desde Estados Unidos.

*Corregimos esta nota para precisar que el medio que difundió primero el supuesto audio de Raúl Castro, ordenando que tumbaran las avionetas civiles, fue El Nuevo Herald, medio del Miami Herald Media Company. Aclaramos también que la comparecencia de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, fue el 12 de mayo de 2026 y no el 19 de mayo de 2026.  

Primera fecha de publicación de esta nota: 20 de mayo de 2026. 

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Esto es lo que sabemos de la acusación que implica a los dos países en un caso sobre presuntos nexos con el tráfico internacional de drogas y que toca al partido que gobierna México y al que pertenece la presidenta Claudia Sheinbaum, Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena.

1- ¿Cuándo y cómo se dio a conocer la imputación? 

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios el 29 de abril de 2026. 

Estados Unidos los acusa de presunta asociación con “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “el Chapo”, señala expresamente el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Dos días después, Rocha Moya pidió licencia temporal para separarse del cargo. Al 19 de mayo de 2026, una de las claves del caso está en una cárcel de Brooklyn: el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien se entregó en Arizona el 11 de mayo de 2026 y era uno de los 10 acusados.Fue trasladado a Nueva York y se declaró “no culpable”. 

Nota importante: la acusación forma parte del expediente penal S9 23 Cr. 180 y no nació con Rocha Moya. En 2023, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, la oficina del gobierno de Estados Unidos encargada de acusar penalmente en Manhattan, abrió una investigación en contra del Cártel de Sinaloa/Los Chapitos. Esta es la novena vez que la fiscalía amplía esa acusación para sumar nuevos imputados. Quien encabeza la acusación es el fiscal federal Jay Clayton. La jueza federal Katherine Polk Failla, asignada al caso desde su apertura, supervisará el proceso y eventualmente dictará sentencia. .

Puedes leer la acusación en español aquí y en inglés, acá.

2- Antes, ¿quiénes son “Los Chapitos”? 

Según la imputación, la organización de “Los Chapitos” es una facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el narcotraficante sentenciado a cadena perpetua por un jurado federal de Nueva York el 12 de febrero de 2019. Los cuatro hijos señalados como parte de la organización son Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán. 

De acuerdo con el DOJ, tras la extradición de “El Chapo” en 2017, asumieron el control de la red familiar de tráfico y desde 2024 se enfrentan en “una guerra interna” con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, otro presunto narcotraficante detenido en Estados Unidos desde el 25 de julio de 2024. 

El expediente indica que el gobernador Rocha Moya y los demás funcionarios les habrían dado protección a cambio de pagos mensuales y control sobre sus policías estatales.

La administración de Donald Trump, en febrero de 2025, designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). 

3- Ahora, ¿quiénes son los 10 imputados y de qué los acusan?

Estos son los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos y los delitos que se les imputan. Las penas para estos cargos podrían alcanzar un mínimo de 40 años de cárcel, según el DOJ. 

1. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal para separarse del cargo: 

El origen político de la historia se remonta a 2021, durante la campaña para la de Sinaloa. De acuerdo con la imputación, antes de las elecciones de junio de ese año, Rocha Moya se reunió con Iván y Ovidio Guzmán López en un rancho de Sinaloa, en encuentros custodiados por sicarios armados con ametralladoras. 

Durante las reuniones, señalan, los líderes de “Los Chapitos” prometieron apoyar su candidatura; a cambio, el político habría ofrecido colocar en puestos estratégicos del gobierno estatal a funcionarios favorables al cártel, si ganaba los comicios. Dato: Estados Unidos le revocó la visa al gobernador en 2025. Sinaloa lo gobernó el PRI (Partido Revolucionario Institucional) hasta el 31 de octubre de 2021. Morena llegó a la gubernatura el 1 de noviembre de 2021 con Rocha Moya. Pero la acusación imputa conductas que arrancan mucho antes. 

2. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas:

Según la acusación, otro de los imputados, el entonces futuro secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, en ese tiempo en campaña,  entregó a los Guzmán una lista con nombres y direcciones de los rivales electorales de Rocha Moya, con el objetivo de que fueran “intimidados y forzados a retirarse de la contienda”. 

El día de la elección, siempre según el relato de los fiscales, sicarios del cártel robaron urnas, secuestraron opositores y amenazaron a votar en casillas de ciudades como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, mientras los mandos de la Policía Estatal ordenaban a sus agentes mantenerse alejados de los centros de votación, incluso cuando recibían llamadas denunciando delitos.

3. Enrique Inzunza Cázarez, senador federal y exsecretario general de Sinaloa: 

Tras la victoria para gobernador, los fiscales describieron una segunda ronda de reuniones entre Rocha Moya, su entonces secretario general, Enrique Inzunza Cázarez, y líderes del cártel. En ellas, el nuevo gobernador habría prometido consolidar el control de “Los Chapitos” sobre las corporaciones de seguridad del estado: la Fiscalía General de Sinaloa, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán.

4. Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado: 

La acusación señala que Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa desde octubre de 2021 hasta ahora, y funcionario de la Fiscalía estatal en distintos cargos desde 1998, aparece en las listas manuscritas del cártel bajo el alias “Culiacán Regio”. Según el documento, habría recibido durante al menos 3 años sobornos mensuales en efectivo de unos 200,000 pesos (unos 11,000 dólares) a cambio de avisar al cártel de operativos coordinados con la DEA contra laboratorios y bodegas. 

Los fiscales precisan en la acusación  que obtuvieron la información a través del “jefe de plaza” de Culiacán, que le indicaba qué laboratorios y qué integrantes de “Los Chapitos” estaban en la mira de la DEA. Con esos avisos, afirma la imputación, los narcotraficantes alcanzaban a destruir o trasladar pruebas antes de cada operativo. Añade que ordenaba detener a rivales del cártel en lugar de a sus miembros y que entregaba información sobre investigaciones en curso, cateos e incautaciones planificadas por el Ejército y la Marina de México.

5. Marco Antonio Almanza Áviles, exjefe de la Policía de Investigación: 

Según la acusación, Marco Antonio Almanza Áviles encabezó la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa desde aproximadamente 2017 hasta noviembre de 2022. En las listas manuscritas de la nómina del cártel figura bajo el alias “R1” y se le atribuye haber recibido alrededor de 300,000 pesos mensuales (unos 16,670 dólares) en efectivo de “Los Chapitos”. Los fiscales afirman que, hacia 2017 o 2018, se reunió en persona con Iván y Ovidio Guzmán en un rancho de Sinaloa para sellar el acuerdo: a cambio del dinero, habría dejado operar a la facción sin interferencia y así permitir el tránsito de precursores químicos para fentanilo por el estado, librar órdenes de detención contra rivales del cártel cuando se lo pedían y entregar información reservada sobre operativos del Ejército y la Marina mexicanas contra laboratorios y casas de secuestro. 

La imputación añade un detalle: hasta 2020, habría cobrado “cuotas” directamente a laboratorios de metanfetamina ajenos a “Los Chapitos” para encarecer la operación y beneficiarse personalmente, además de ordenar la liberación de miembros del cártel detenidos por delitos de drogas.

6. Alberto Jorge Contreras Núñez alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación:

Según la acusación, sucedió a Almanza Áviles al frente de la Policía de Investigación entre noviembre de 2022 y febrero de 2026. Heredó también el alias “R1” en la nómina del cártel y el mismo monto: cerca de 300,000 pesos mensuales (unos 16.670 dólares). 

Los fiscales sostienen que su designación fue hecha por el gobernador Rocha Moya con la aprobación explícita de los líderes de “Los Chapitos”. A cambio del soborno, habría permitido a la facción operar libremente. Señala el documento que ordenó la liberación de integrantes detenidos por narcotráfico, ayudó en la protección de cargamentos en tránsito hacia Estados Unidos y apoyó al cártel a localizar y eliminar a sus enemigos.

7. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública: 

El 11 de mayo de 2026, Mérida Sánchez, militar retirado, fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y renunció en diciembre de 2024. Estados Unidos dice que recibía 100,000 dólares mensuales en efectivo a cambio de garantizar que la Policía Estatal, bajo su mando, no estorbara las operaciones de “Los Chapitos”. Eso implicaba no detener a sus miembros, avisarles con antelación de redadas a laboratorios y ordenar la captura de rivales del cártel. 

Como ejemplo concreto, el documento sostiene que solo en 2023 advirtió a la facción de al menos 10 operativos contra laboratorios de drogas, lo que permitió evacuar personal y narcóticos antes de la llegada de la policía. Mérida Sánchez se entregó en Arizona a las autoridades de Estados Unidos. Fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York, en Brooklyn, donde se declaró “no culpable”. Su representante es Sarah Krissoff, exfiscal adjunta de esa misma corte.

8. José Antonio Dionisio Hipólito "Tornado", ex subdirector de la Policía Estatal: 

La acusación lo describe en tres etapas dentro de la Policía Estatal de Sinaloa: comandante entre 2012 y 2016, subdirector entre 2017 y 2022, y de nuevo comandante de 2022 a julio de 2024. En las listas del cártel aparece como “Tornado”, con pagos de unos 100,000 pesos mensuales (alrededor de 5,450 dólares), aunque el expediente se refiere también a un esquema de 6,000 dólares mensuales en efectivo. Según los fiscales, se reunió con Iván y Ovidio Guzmán para confirmar que él y sus comandantes estaban “al servicio” del cártel y recibió de los líderes una radio para mantener comunicación directa y avisarles sobre operativos antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública.

La imputación le atribuye haber colocado a otros agentes “en la nómina de Los Chapitos” en cargos clave dentro de la Policía Estatal. EE. UU. le atribuye otras tres conductas: 1) Habría vendido munición y cargadores para rifles de asalto directamente a miembros del cártel. 2) Habría modificado informes de detención para que los integrantes capturados figuraran como desarmados, lo que después facilitara ordenar su liberación. 3) Habría permitido que el cártel vendiera droga abiertamente en la calle y que sus miembros portaran armas sin que los agentes a su mando intervinieran.

9. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán: 

En el ámbito municipal, la acusación señala que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, habría recibido más de 10,000 dólares mensuales desde 2022 para permitir que la facción de “Los Chapitos” operara sin interferencia del gobierno local. Según el documento, usaba su autoridad sobre la Policía Municipal de Culiacán para garantizar que el cártel circulara libremente, protegía las operaciones de tráfico de drogas dentro de su jurisdicción y evitaba que sus miembros fueran detenidos. 

Los fiscales lo presentan como una de las figuras que permitieron a “Los Chapitos” consolidar el control sobre la policía municipal y mantener a la capital sinaloense como un entorno sin estorbos para sus actividades.

10. Juan Valenzuela Millán "Juanito", excomandante de la Policía Municipal de Culiacán: 

El comandante Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, habría administrado una bolsa de aproximadamente 41,000 dólares mensuales que se repartía entre él y más de 40 agentes municipales. A cambio le darían a la organización criminal un “acceso total a patrullas, radios y recursos de la corporación policial. 

Valenzuela Millán enfrenta los mismos cargos que el resto más otro por secuestro con resultado de muerte: el plagio, tortura y asesinato, en octubre de 2023, de una fuente confidencial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y uno de sus familiares. La pena conlleva a cadena perpetua obligatoria.

¿Cómo funcionaba la presunta nómina del narco? 

La acusación estadounidense dibuja un entramado de sobornos mensuales pagados en efectivo a funcionarios clave. Lo hace apoyándose en un elemento central: listas manuscritas con alias y montos, obtenidas en México durante la investigación. En esas hojas aparecen referencias como “Culiacán Regio” para el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, “R1” para los jefes de la Policía de Investigación, “Tornado” para el mando estatal José Antonio Dionisio Hipólito y “Juanito” para el comandante municipal Juan Valenzuela Millán.

Según el documento, esas listas muestran pagos mensuales de aproximadamente 200,000 pesos al vicefiscal (unos 10,893 dólares), 300,000 pesos a los jefes de la Policía de Investigación (unos 16,670 dólares), 100,000 pesos a “Tornado” (unos 5,450 dólares) y 30,000 pesos a “Juanito” (unos 1,667 dólares).

A cambio, afirman los fiscales, estos funcionarios se comprometían a realizar una serie de tareas: evitar la detención de miembros de “Los Chapitos”, liberar a los que eran arrestados, no interferir en sus operaciones y suministrarles información sobre cateos e investigaciones en curso.

¿Qué rutas y métodos describe la acusación?

La imputación señala rutas y métodos del tráfico de drogas. Detalla embarcaciones, avionetas privadas, vehículos con compartimentos ocultos, remolques con mercancías comerciales, equipajes y “mulas” que cruzan por los puertos de entrada oficiales. También menciona túneles entre México y Estados Unidos y “vuelos negros” en los que los pilotos apagan los transpondedores para volar sin ser detectados.

La acusación enumera varios decomisos en Estados Unidos entre 2022 y 2025. 

Mayo de 2022: las autoridades federales incautaron en Phoenix unas 189,000 pastillas de fentanilo, 2 kilos de fentanilo en polvo, medio kilo de cocaína y 15 libras de metanfetamina, cargamento que se atribuye al cártel. 

Julio de 2022: decomiso de aproximadamente 5,000 kilos de metanfetamina en el sur de California, cerca de la frontera.

Agosto de 2022: agentes estadounidenses encontraron en una casa de seguridad en Phoenix 41.2 kilos de fentanilo en polvo, 630,000 pastillas de fentanilo, más de 5 kilos de heroína y más de 5 kilos de cocaína, junto con 22,000 dólares en efectivo; algunos paquetes llevaban sellos con la palabra “Chapiza” y el alias “Ratón”, identificados como símbolos de “Los Chapitos”. En decomisos posteriores, entre 2023 y 2025, se reportan cientos de kilos de metanfetamina líquida, cocaína y miles de pastillas de fentanilo con un valor estimado de millones de dólares.

Los fiscales vinculan estos cargamentos con un impacto directo en Estados Unidos: señalan que el fentanilo, más de 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre estadounidenses de 18 a 49 años, y que la mayor parte del fentanilo que llega hoy al país proviene de traficantes radicados en México, encabezados por el Cártel de Sinaloa.

Presunto secuestro y homicidio de un testigo protegido por la DEA

La acusación dedica un capítulo específico a un episodio ocurrido en octubre de 2023. Ese mes, de acuerdo con el documento, el comandante municipal Juan Valenzuela Millán y agentes bajo su mando participaron en el secuestro de Alexander Meza León, una fuente confidencial que colaboraba con la DEA, y de un familiar suyo, identificado como “Familiar-1”.

Los fiscales sostienen que la orden vino de Iván Guzmán y otro miembro principal de “Los Chapitos”, en represalia por la información que Meza León habría proporcionado a las autoridades estadounidenses. Según el relato, agentes municipales detuvieron al informante y a su familiar en una patrulla, en apariencia como parte de un operativo regular, pero en realidad para entregarlos a sicarios del cártel. 

Ambos fueron torturados y asesinados, y se afirma que entre las víctimas de ese episodio había un menor de 13 años.

Según la acusación, la estructura policial municipal se utilizaba no solo para proteger el tráfico de drogas, sino también para eliminar a posibles testigos que colaboran con Estados Unidos.

¿Por qué un tribunal de Nueva York puede juzgar esto?

Según los fiscales, Estados Unidos tiene jurisdicción bajo el principio de efectos extraterritoriales. Las leyes federales de narcóticos y secuestro permiten perseguir conductas ocurridas en el extranjero cuando se conspira para introducir droga en el mercado estadounidense o cuando la víctima es un informante del gobierno de Estados Unidos. 

El 30 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió “pruebas contundentes” al gobierno de Estados Unidos sobre estas nuevas imputaciones. El 1 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció que no ejecutaría las detenciones provisionales por considerar que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia”. 

El mismo 1 de mayo de 2026, Rocha pidió licencia para dejar temporalmente el cargo mientras avanzaban las investigaciones y tachó las acusaciones de “falsas y dolosas”. El 2 de mayo de 2026, el Congreso de Sinaloa nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. 

Después, el 6 de mayo de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a Washington exigiendo pruebas materiales.

La fiscalía general mexicana sostiene que los documentos enviados, incluida una imagen de una presunta "narco-nómina", no alcanzan el estándar del sistema penal acusatorio mexicano para vincular a proceso. Morena denunció que la divulgación pública por el DOJ violó la confidencialidad prevista en los instrumentos bilaterales.

México puede solicitar pruebas adicionales bajo el Artículo 12 del Tratado de Extradición México–Estados Unidos, que se titula precisamente “Pruebas Adicionales”. Permite que México, en lugar de rechazar la extradición de plano, solicite a Estados Unidos más evidencia y complete el expediente antes de decidir si lleva a cabo la extradición. 

Hasta ahora, oficialmente solo 1 de los 10 funcionarios y exfuncionarios se ha entregado.  La FGR mantiene su negativa a ejecutar detenciones provisionales. Medios mexicanos dicen que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, también se entregó a las autoridades de Estados Unidos, pero Factchequeado no lo pudo confirmar.

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Esta cronología reúne los principales hechos que marcaron la escalada desde Washington durante la segunda presidencia de Trump.

20 de enero de 2025

En el primer día de la segunda presidencia de Trump, la Casa Blanca revocó la certificación que retiraba a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, que había sido firmada el 14 de enero de 2025 por el entonces presidente, Joe Biden.

30 de junio de 2025

Trump firmó un Memorando presidencial de seguridad nacional sobre Cuba en el que estableció como política de Estados Unidos mantener el embargo económico, restringir prácticas económicas que beneficiaran al régimen cubano o a sus agencias militares, de inteligencia o seguridad, hacer cumplir la prohibición legal del turismo a Cuba y apoyar el acceso a internet, la prensa libre, la libre empresa y los viajes lícitos.

La Casa Blanca publicó ese mismo día una hoja informativa en la que dijo que el memorando prohibía transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), que según el secretario de Estado, Marco Rubio, fue fundada por Raúl Castro. 

4 de enero de 2026

Un día después de la operación militar estadounidense en Venezuela, que terminó con la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Rubio dijo que el gobierno cubano estaba “in a lot of trouble” (en serios problemas).

Venezuela era un socio clave de Cuba, especialmente con el abastecimiento de petróleo; mientras que Cuba tenía personal militar cubano en Venezuela para tareas de seguridad.

11 de enero de 2026

Trump advirtió en TruthSocial al gobierno cubano que hiciera un acuerdo “antes de que sea tarde". Ese mismo día, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel respondió públicamente en X, con un mensaje que decía que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana” y que “nadie nos dicta qué hacer”. También señalaba que el país es agredido “por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

29 de enero de 2026

Trump firmó una orden ejecutiva en la que afirmó que las “políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba” constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria”para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La orden también estableció un sistema para imponer aranceles adicionales a bienes de países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, directa o indirectamente.

27 de febrero de 2026

Trump dijo que Estados Unidos estaba en conversaciones con La Habana y mencionó la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”, sin ofrecer detalles. La agencia de noticias Associated Press (AP) también reportó que Trump dijo que Rubio estaba en conversaciones con líderes cubanos “at a very high level” (a un nivel muy alto).

13 de marzo de 2026

Díaz Canel confirmó que hay conversaciones con Estados Unidos “orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”.

9 de abril de 2026

En una entrevista con NBC News, Díaz-Canel dijo que no renunciaría a la presidencia de Cuba. “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, respondió, cuando la entrevistadora Kristen Welker le preguntó si consideraría dimitir para “salvar a su país”.

16 de abril de 2026

Díaz-Canel, durante un acto por el 65 aniversario de la declaración del “carácter socialista” de la revolución cubana, dijo que Cuba debía estar lista para enfrentar “serias amenazas”, incluida “la agresión militar”. “No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”, dijo.

1 de mayo de 2026

Trump firmó una orden ejecutiva que impone sanciones contra los “responsables de la represión en Cuba y por amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

14 de mayo de 2026

La cuenta de X de la CIA divulgó fotos de su director, John Ratcliffe, durante reuniones con funcionarios cubanos. De acuerdo con AP, Ratcliffe tuvo reuniones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro –también conocido como El Cangrejo–, nieto del exdictador Raúl Castro; con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos.

17 de mayo de 2026

El medio de comunicación Axios publicó el 17 de mayo de 2026 que Cuba adquirió más de 300 drones militares y que recientemente había comenzado a discutir planes para utilizarlos para atacar la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West (Cayo Hueso), Florida, a 90 millas (145 kilómetros) al norte de La Habana.

18 de mayo de 2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a varios individuos cubanos y a la Dirección de Inteligencia de Cuba, además de otras agencias del gobierno cubano, incluyendo a miembros del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional Revolucionaria. 

20 de mayo de 2026

El Departamento de Justicia acusó formalmente a Raúl Castro y a otras cinco personas por asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

La acusación se centra en su presunta participación en la cadena de mando de Cuba en el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate que habían salido de Florida y en las que viajaban tres ciudadanos estadounidenses y un residente cubano de Miami. 

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Durante semanas, decenas de portales que simulan cubrir al menos 12 países han publicado a diario noticias sobre política argentina, economía mexicana o actualidad colombiana. Portales como Panorama Federal, Chile en Datos, Informe Austral, México en Datos parecen medios independientes con agenda propia, pero forman parte de una sola red coordinada que, entre otros mensajes, promueve una imagen favorable de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Cazadores de Fake News, miembro de la red LatamChequea al igual de Factchequeado, documentó recientemente la existencia y las fases de esta operación, identificada como Hispan Online, que involucró la contratación de actores residentes en Argentina para actuar como periodistas de falsos noticieros, la apertura de al menos 90 cuentas en YouTube, Instagram y Facebook y el registro de 30 sitios web vinculados entre sí.

Aunque la mayor parte de los canales y cuentas de la red ya no están activos en YouTube e Instagram, los 30 sitios web continúan publicando artículos a un ritmo inviable para una redacción humana. En sus textos, firmas e imágenes quedan huellas técnicas que apuntan a una generación de contenido asistida por inteligencia artificial. 

Hasta ahora, Cazadores de Fake News no ha identificado señales de una amplificación significativa de esos contenidos en redes sociales ni evidencia de que hayan tenido un impacto visible en la conversación pública. El hallazgo principal está en la existencia de una infraestructura activa, capaz de producir y distribuir contenidos en gran volumen.

Varios portales, mismo mensaje

En la entrega anterior se documentó que muchos artículos publicados por sitios web de la red Hispan Online aparecen replicados en varios portales, incluso cuando cubren asuntos distintos —desde política venezolana hasta economía, petróleo o temas regionales—. Esos artículos se reconocen porque comparten títulos bastante similares, la misma imagen destacada y cuerpos de texto que parecen partir de una misma nota base, pero con reescrituras parafraseadas de sus contenidos.

Para describir ese patrón de cerca, Cazadores de Fake News tomó como muestra 20 versiones de un mismo artículo, cada una publicada en un portal diferente. El artículo seleccionado reproducía un pronunciamiento del Grupo Parlamentario Libertad, conformado por 12 diputados de la Asamblea Nacional venezolana, que planteó que cualquier convocatoria electoral debe estar supeditada a una previa reinstitucionalización del país y a mejoras económicas.

Once de esas versiones se publicaron el 15 de abril y nueve, el 16. Que un mismo contenido aparezca en 20 portales de siete países distintos —Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, España, Colombia y México— en una ventana de 24 horas no es propio de una reportería independiente y apunta a una distribución coordinada desde un mismo origen.

Aunque los portales publican en esencia el mismo artículo, con una estructura y argumentos prácticamente idénticos, cada versión introduce pequeñas variaciones tanto en el título como en el cuerpo del texto. 

En algunos casos, las diferencias consisten en sustituir palabras por sinónimos o reordenar expresiones, una técnica habitual en la generación automatizada de contenido para evitar la detección como copia literal. Muchos de estos textos fueron evaluados con la herramienta GPTZero y los resultados coincidieron: tienen una alta probabilidad de haber sido creados con Inteligencia artificial.

Las firmas también apuntan a una gestión centralizada. Tres portales que se presentan como independientes en México, España y Colombia firman sus notas con el mismo seudónimo: “Periodista4”. En otros sitios, el campo de autoría se reduce a “Redacción” seguido del nombre del medio.

La coincidencia de un mismo alias en sitios web sin relación aparente sugiere que detrás de esos dominios opera un actor común. Esa pista se refuerza con otro patrón: muchas publicaciones de distintos portales usan imágenes de portada idénticas, aunque con pequeñas variaciones en sus nombres de archivo —por ejemplo, “imagen-162”» o “imagen-182”—. Ese patrón sugiere que las imágenes podrían provenir de una misma base centralizada o de un sistema de gestión de contenidos compartido.

Un volumen de contenidos difícil de sostener sin automatización

En dos meses, los 30 sitios superan más de 50,000 artículos publicados, un volumen poco probable de sostener por medios emergentes mediante un equipo humano. La red opera con publicaciones diarias y registra dos picos notables: el 18 de marzo de 2026, con más de 2,200 publicaciones, y el 29 de abril, con alrededor de 2,000.

En cada una de estas jornadas, la red publicó más de 340 artículos que abordaban temas sociales, políticos y económicos de Venezuela, muchos de ellos enmarcados como logros de la gestión de Delcy Rodríguez. Este despliegue masivo y coordinado en todos los sitios no es un episodio aislado: el patrón de cobertura concentrada en Venezuela es constante desde que se puso en marcha la red de sitios web.

Aunque muchos textos cubren la actualidad nacional del país que cada portal aparenta representar —lo que refuerza la apariencia de medios regionales con agenda propia— Venezuela ocupa un lugar central cuando la red publica sobre temas internacionales. En esos casos, la cobertura sobre Venezuela concentra una proporción importante de los artículos (aproximadamente 16.79%) y los presenta de forma sistemáticamente favorable a la administración Rodríguez.

Los 30 sitios web de Hispan Online

Los 30 dominios fueron registrados en apenas nueve días, entre el 17 y el 25 de febrero de 2026, y catorce —casi la mitad— el 20 de febrero. Pero esa concentración de fechas es apenas uno de los patrones que conectan estos sitios entre sí.

Otro rastro aparece en los registros de dominio: en varios de esos sitios figura QSocial como titular del registro, una empresa argentina de comunicación política. Es la misma firma que, según el diario La Nación, produjo los videos de los falsos noticieros en YouTube.

Estos son los 30 dominios, agrupados según el país al que cada uno aparenta dirigirse. Los seis con nombres en inglés simulan ser medios estadounidenses, aunque publican sus artículos en español:

Una infraestructura preparada para escalar propaganda

Los patrones documentados —el mismo artículo replicado en decenas de portales en cuestión de horas, las firmas compartidas, las imágenes con nombres internos similares y el volumen sostenido de publicaciones— muestran que Hispan Online no opera como un conjunto de medios digitales regionales, sino como una infraestructura de distribución de propaganda con apariencia de consenso informativo regional.

Hasta ahora, Cazadores de Fake News no ha identificado señales de una amplificación significativa de esos contenidos en redes sociales ni evidencia de un impacto visible en la conversación pública. La operación parece, por ahora, encapsulada en la publicación masiva de artículos dentro de sus propios sitios web.

Lo relevante no es el impacto que la red ha tenido hasta ahora, sino la infraestructura que ya existe: lista para ser activada, ampliada o reutilizada en cualquier momento como parte de una operación de influencia política.

Este artículo ha sido publicado en Factchequeado gracias a nuestra alianza con Cazadores de Fake News, como parte de la red LatamChequea. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

Minutos antes de que se hiciese pública la acusación, en una conversación con periodistas latinos llevada a cabo en las oficinas del Senado en Washington D.C., 3 de los 4 senadores latinos demócratas que hay en el Congreso expresaron a Factchequeado su rechazo a cualquier medida que pueda tomar la administración de Donald Trump similar a la acción militar llevada a cabo en Venezuela el 3 de enero de 2026, cuando fue capturado el exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rubén Gallego, senador demócrata de Arizona y miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, dijo a Factchequeado que está “a favor de que Cuba tenga una transición hacia la democracia, respete los derechos humanos, y que haya un verdadero cambio de régimen, pero sin la fuerza de las armas”. 

Gallego añadió que espera que este anuncio de cargos contra Castro no sea “una excusa para que intentemos hacer una acción de cambio de régimen en Cuba como la que ocurrió con Venezuela y Maduro”.

El gobierno de Trump justificó la operación en Venezuela basándose en la acusación criminal por narcotráfico que pesa sobre Maduro y Flores en el distrito sur de Nueva York, y en la que ambos se han declarado inocentes. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró el 4 de enero de 2026 que la operación se llevó a cabo para hacer cumplir la orden de arresto.

Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, dijo durante el anuncio de los cargos contra Castro que espera que el exdictador cubano “se presente” en territorio estadounidense para “comparecer ante la justicia”, bien sea “por voluntad propia, o de otra manera”.

Catherine Cortez Masto, senadora demócrata de Nevada, dijo a Factchequeado que el gobierno federal “no está diseñado para que el presidente de Estados Unidos pueda tomar una decisión unilateral de usar la fuerza militar”. Aseguró que ni Rubio ni Hegseth han comunicado transparentemente sus intenciones con respecto a Cuba.

Ben Ray Luján, senador demócrata de Nuevo México, añadió que “este es el tipo de conversación que corresponde a una audiencia abierta, en un espacio abierto, con honestidad hacia el pueblo de Cuba, el pueblo de Estados Unidos y el resto del mundo, que está observando”.

La administración de Trump ha sido criticada por llevar adelante ataques militares sin autorización del Congreso, como lo establece la Resolución de Poderes Guerra. Expertos consultados por Factchequeado han asegurado que estas acciones militares son ilegales. 

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Por ejemplo, la cuenta UHN Plus, con base en Coral Gables, Florida que en el pasado ha divulgado desinformaciones, y que se describe como “powered by Polymarket”, ha realizado en mayo de 2026 publicaciones como “Polymarket ya coloca en 51% las probabilidades de un choque militar entre Estados Unidos y la dictadura comunista cubana”, y “Polymarket proyecta un 62% la probabilidad de que Estados Unidos presente cargos federales contra Raúl Castro”. 

UHN Plus también ha utilizado ese mercado como predictor de algún resultado electoral, por ejemplo, sobre Argentina afirmó el 3 de mayo de 2026 que “según datos recientes de Polymarket, el presidente Javier Milei sería reelegido en las elecciones de 2027” y, en relación con las elecciones presidenciales en Colombia, aseguró, el 19 de mayo de 2026, en tono noticioso, que el “desplome” de la candidata Paloma Valencia en las predicciones de Polymarket “reconfigura el tablero opositor”. La publicó 13 contenidos relacionados con Polymarket entre el 1 y el 18 de mayo de 2026, según un análisis de Factchequeado.

Otras cuentas influyentes siguen patrones similares. Por ejemplo, un usuario basado en Miami, sobre las elecciones en Colombia, afirmó el 13 de mayo de 2026 que el candidato de izquierda, Iván Cepeda, “parece haber alcanzado su techo en Polymarket” y que esas son “malas noticias” para el aspirante presidencial. Este otro usuario afirmó el 8 de mayo de 2026 que, “según Polymarket, [Marco] Rubio está cada vez más cerca de ser el favorito a candidato presidencial republicano”.

Sin embargo, es importante que sepas 2 cosas:

• Varias cuentas, incluyendo las mencionadas en esta historia, están en un “paid partnership” (colaboración pagada) con Polymarket, es decir, reciben algún tipo de compensación a cambio de amplificar lo que ocurre en ese mercados de predicción. La etiqueta de paid partnership en X aparece en letras pequeñas debajo de la publicación.

  

• Las proyecciones de los mercados de predicción no siempre se cumplen, aunque, según diversos estudios, suelen acertar en una mayoría de escenarios, sobre todo cuando se acerca la fecha del evento. En el caso de Polymarket, un estudio de investigadores de la London Business School y la Universidad de Yale encontró que buena parte de esas predicciones acertadas ocurren gracias a una pequeña “minoría informada” de alrededor del 3% de las cuentas –todas anónimas– y que concentra cerca del 30% de las ganancias, mientras que el 68% de los usuarios pierde dinero.

En esta nota te explicamos qué son los mercados de predicción con énfasis en Polymarket, porque es la que hemos detectado con mayor circulación en cuentas en español.

Qué son los mercados de predicción y cuáles son sus riesgos

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) explica que los mercados de predicción son plataformas donde se compran y venden contratos sobre eventos que podrían pasar en el futuro.

Los mercados de predicción modernos tienen una raíz académica en Estados Unidos. En 1988, la Universidad de Iowa lanzó el Iowa Electronic Markets como “un experimento para predecir al ganador de la elección presidencial de ese año” Ese experimento, según la misma universidad, “sentó las bases” para plataformas actuales como Kalshi, Polymarket y PredictIt.

La CFTC explica que en estos mercados, una persona puede apostar a si ocurrirá o no un evento, e incluye, como ejemplo, un mercado que abre apuestas sobre si lloverá mañana. En ese caso, si el “sí” cuesta 70 centavos, eso significa que el mercado cree que hay más posibilidades de que llueva. Si compras el “sí” por 70 centavos y al día siguiente sí llueve, el contrato paga 1 dólar y como pagaste 70 centavos, tu ganancia sería de 30 centavos. Pero si no llueve, pierdes los 70 centavos que pusiste. En cambio, si compras el no” por 30 centavos y finalmente no llueve, el contrato te paga $1, y ganas 70 centavos. Pero si llueve, pierdes los 30 centavos.

“Como es el caso con todo tipo de mercado, participar conlleva un riesgo financiero”, advierte la CFTC.

Estas plataformas deben registrarse ante la CFTC

Kalshi y PredicIt están registrados ante la CFTC, según muestran los registros oficiales.

Polymarket, por otro lado, ha tenido restricciones en Estados Unidos porque no estaba registrado como exigían los reguladores. En 2022, la CFTC multó a la empresa detrás de Polymarket con 1.4 millones de dólares por operar y ofrecer contratos de eventos sin estar registrado como mercado regulado.

Sin embargo, Polymarket volvió a operar legalmente en el mercado estadounidense en septiembre de 2025, luego de comprar QCEX, una empresa con licencia de la CFTC, y pasó a operar en EE. UU. como Polymarket US.

No obstante, Polymarket también tiene una plataforma internacional, que no está regulada por la CFTC, y que “opera globalmente a través de entidades separadas legalmente”. Las operaciones en este portal se hacen con criptomonedas. Esta plataforma sí sigue afectada por la decisión de 2022 de la CFTC y, por ende, es ilegal que se hagan apuestas en ella desde Estados Unidos.

Se apuesta sobre cualquier evento, pero sólo ganan unos pocos y no está exento de manipulaciones

En la versión estadounidense de Polymarket los mercados se centran principalmente en eventos deportivos o entretenimiento, mientras que la internacional incluye desde política hasta guerras. Para el 19 de mayo de 2026, se había apostado un total de 123 millones de dólares en fechas para predecir cuándo Estados Unidos e Irán firmarían un acuerdo de paz, 4 millones en apuestas sobre si EE. UU. atacaría o no a Cuba antes del 31 de diciembre 2026, y 62 millones de dólares en si Jesús volverá o no antes de 2027. Las apuestas en la versión internacional de Polymarket son anónimas.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por investigadores de la London Business School y la Universidad de Yale, basándose en la transacciones hechas en Polymarket entre 2023 y 2025, los “traders hábiles” que representan aproximadamente el 3% de la totalidad de los usuarios capturaron aproximadamente el 30% de las ganancias totales, mientras que 68% perdió dinero.

Otro estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Columbia y publicado en noviembre de 2025 encontró que, tomando en cuenta las transacciones de Polymarket entre 2022 y 2025, aproximadamente el 25% de la actividad era consistente con wash trading, es decir, compra y venta repetida del mismo activo financiero para inflar artificialmente un mercado.

También hay casos de insider trading –la compra o venta de activos usando información que no es pública– en Polymarket. Por ejemplo, el caso de Gannon Ken Van Dyke, un militar activo del Ejército de Estados Unidos, acusado por la CFTC de hacer insider trading en operaciones de Polymarket relacionados con la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. 

Según la demanda, Van Dyke tenía información clasificada y no pública sobre la operación estadounidense para la captura y, entre el 30 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 (un día antes de la operación), compró en el mercado más de 436,000 acciones que daban sí (“Yes”) a la opción de “Maduro Out by January 31, 2026?” (¿Maduro fuera del poder antes para el 31 de enero de 2026?). La CFTC afirma que con esas operaciones Van Dyke obtuvo más de 404,000 dólares en ganancias y resaltó que esta era la primera vez que se hacía una acusación de este tipo relacionada con mercados de predicción.

Por otro lado, CBS reportó el 17 de mayo de 2026 que una firma de análisis de datos llamada Bubblemaps, identificó nueve cuentas conectadas en Polymarket que habrían ganado en conjunto 2.4 millones de dólares apostando casi exclusivamente sobre operaciones militares de Estados Unidos vinculadas a Irán. Según Bubblemaps, esas cuentas hicieron más de 80 apuestas y tuvieron una tasa de acierto de 98%, algo que, según el CEO, Nicolas Vaiman, “no puede ser explicado simplemente por la suerte”.

No son un reemplazo de las encuestas de opinión 

Courtney Kennedy, vicepresidenta de métodos e innovación del Pew Research Center, dijo al medio  Undark: "Nunca uso los mercados de predicción para entender la opinión pública. ¿De dónde vienen esos datos? Científicamente, prefiero datos rigurosos del público real y no las suposiciones de alguien sobre lo que ese público piensa”.

El medio también cita al politólogo Christopher Wlezien, de la Universidad de Texas, quien dice que comparar encuestas con mercados de predicción es “algo tonto”, porque se está comparando “un dispositivo de pronóstico”, es decir, donde se trata de anticipar quién ganará, con “un dispositivo que registra preferencias”, donde se busca medir qué piensa o prefiere la gente en un momento determinado.

"Entiendo que para algunas personas el valor de las encuestas está en la predicción. Pero la razón por la que hacemos encuestas es para entender los porqués", dijo al medio californiano Capitol Weekly, Mark Baldassare, director de encuestas del Public Policy Institute of California.

Por otro lado, Paul Mitchell, vicepresidente de la firma Political Data, añadió a Capitol Weekly que las encuestas son “muy superiores” a los mercados de predicción, debido a la data demográfica que reúne, la muestra representativa de la población que se intenta alcanzar, mientras que en estos mercados “no se sabe quién está haciendo las apuestas, ni por qué”.

Kennedy añadió otra diferencia: “Las encuestas no están obteniendo ganancias del sufrimiento humano, de la inestabilidad política ni de nada por el estilo” sino que “están diseñadas para aumentar la comprensión” de un fenómeno.

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Un brote de ébola, causado por el virus Bundibugyo, se ha detectado en la zona fronteriza del noreste de la República Democrática del Congo (RDC) con Uganda y constituye, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no cumple los criterios de emergencia pandémica”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el 19 de mayo de 2026 que hay más de 500 casos y 130 muertes “sospechosas” de haber ocurrido por el virus. 

Estas cifras, aseguró, “​​irán cambiando a medida que se intensifiquen las operaciones sobre el terreno, lo que incluye el refuerzo de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio”. Adhanom añadió que le preocupa “profundamente la magnitud y la rapidez de la epidemia”.

En su comunicado más reciente, del 16 de mayo de 2026, la OMS advierte de que el suceso “supone un riesgo para la salud pública” de la RDC y Uganda y alerta de que el resto de países fronterizos con ellos “corren un alto riesgo de propagación [del virus] debido a la movilidad de la población, los vínculos comerciales y de viaje, y la incertidumbre epidemiológica actual”.

El organismo llama a la “coordinación y cooperación internacional” para “comprender el alcance del brote, coordinar los esfuerzos de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad de aplicar medidas de control”.

En Estados Unidos, los CDC, encargados del control de enfermedades, informaron el 17 de mayo de 2026 que un ciudadano estadounidense “había estado expuesto” al virus debido a su labor con enfermos en la RDC y “dio positivo en la prueba de la enfermedad del Ébola Bundibugyo”.

El gobierno está trabajando para trasladar a esa persona a Alemania para que reciba “tratamiento y cuidados” ya que, señalan, además de que ese país está más cerca de la RDC, “cuenta con experiencia previa en la atención a pacientes con ébola”.

“Los contactos de alto riesgo relacionados con esta exposición también están siendo trasladados a Alemania”, añaden.

La mayoría de casos se han dado en una zona del noreste de la RDC. Fuente: CDC. 

En su comunicado más reciente, del 16 de mayo de 2026, la OMS advierte de que el suceso “supone un riesgo para la salud pública” de la RDC y Uganda y alerta de que el resto de países fronterizos con ellos “corren un alto riesgo de propagación [del virus] debido a la movilidad de la población, los vínculos comerciales y de viaje, y la incertidumbre epidemiológica actual”.

El organismo llama a la “coordinación y cooperación internacional” para “comprender el alcance del brote, coordinar los esfuerzos de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad de aplicar medidas de control”.

En Estados Unidos, los CDC, encargados del control de enfermedades, informaron el 17 de mayo de 2026 que un ciudadano estadounidense “había estado expuesto” al virus debido a su labor con enfermos en la RDC y “dio positivo en la prueba de la enfermedad del Ébola Bundibugyo”.

El gobierno está trabajando para trasladar a esa persona a Alemania para que reciba “tratamiento y cuidados” ya que, señalan, además de que ese país está más cerca de la RDC, “cuenta con experiencia previa en la atención a pacientes con ébola”.

“Los contactos de alto riesgo relacionados con esta exposición también están siendo trasladados a Alemania”, añaden. 

Desde el 18 de mayo de 2026, Estados Unidos activó, para los próximos 30 días, “controles de viaje reforzados, restricciones de entrada y medidas de salud pública” para evitar la posible entrada del virus. Las restricciones de entrada afectan a los titulares de pasaportes no estadounidenses que hayan estado en Uganda, la RDC o Sudán del Sur en los 21 días previos a la publicación del comunicado.

A pesar de esas medidas, los CDC consideran que “el riesgo inmediato” para la población general de Estados Unidos en relación con el virus “es bajo”. Sin embargo, recomiendan acudir al médico “de inmediato” si ha viajado por los países afectados y presenta síntomas compatibles con el ébola en los 21 días posteriores a su viaje a las zonas afectadas.

La recomendación de los CDC es “reconsiderar viajes no esenciales a las provincias de Ituri y Nord-Kivu de la RDC, que están en el nivel 3 de los 4 en los que califica el riesgo, siendo 4 el más grave.  

¿Qué es el ébola?

Como explica la OMS, el ébola es “una afección grave, a menudo mortal, que afecta a los seres humanos y a otros primates”. Desde los CDC explican que la enfermedad es causada por un grupo de virus conocidos como ortoebolavirus.

Esta familia de virus se descubrieron en 1976 en la RDC “y se encuentran principalmente en el África subsahariana”, añaden.

Hay cuatro tipos de ortoebolavirus que causan enfermedades en las personas. El causante del brote actual es el bundibugyoense. 

¿Cómo se transmite? 

Se puede contraer el virus mediante el contacto con los fluidos corporales de una persona infectada “ya sea viva o fallecida”, advierten desde los CDC. “En contadas ocasiones, algunas personas pueden contraer la enfermedad por contacto con un animal infectado, como un murciélago o un primate no humano”, añaden.

La OMS recomienda también no tocar “objetos o superficies contaminados por líquidos o secreciones corporales” de infectados o fallecidos por el virus

¿Cuáles son los síntomas del ébola y cuándo aparecen? 

La OMS refiere un periodo de incubación de entre 2 y 21 días. Una persona infectada, añade, “no puede transmitir la enfermedad hasta que desarrolla síntomas”.

Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer “de forma repentina” e incluyen:

• fiebre

• fatiga

• malestar general

• dolor muscular, de cabeza y de garganta

A estos males le siguen:

• vómitos

• diarrea

• dolor abdominal

• erupciones cutáneas

• síntomas de alteración de las funciones renales y hepáticas. 

En casos menos frecuentes, añaden, “pueden producirse hemorragias internas y externas”,  como sangrado de las encías o en las heces.

Según los CDC, los virus del ébola pueden alcanzar una tasa de mortalidad muy alta, que oscila entre “el 80 o el 90% por ciento”. En el caso de la cepa bundibugyoense se encuentra, “históricamente”, entre el 25 y el 50%. 

¿Existe tratamiento?

No, para la cepa de Bundibugyo no existe tratamiento. Uno de los brotes de ébola más importantes en la RDC ocurrió entre  2018 y 2019 y fue causado por la cepa zairense, para la que sí existe una vacuna, aprobada en Estados Unidos, pero solo sirve para prevenir el contagio, no como tratamiento una vez infectado. Por estos motivos, la OMS considera este último brote como “extraordinario”.

Si una persona se infecta, el tratamiento consiste en cuidados de apoyo, como líquidos y electrolitos por vía oral o intravenosa y medicamentos para mantener la presión arterial, reducir los vómitos y la diarrea, y controlar la fiebre y el dolor. 

¿Cómo prevenir infectarse? 

Los CDC recomiendan evitar el contacto con fluidos corporales de personas enfermas como: 

• sangre

• orina

• heces

• saliva

• sudor

• vómito

• leche materna

• líquido amniótico

• semen y secreciones vaginales

En el caso del semen, recomiendan evitar el contacto hasta que las pruebas demuestren que el virus ya no está presente.

También recomiendan evitar tocar ropa, ropa de cama, agujas, equipo médico u otros artículos “que puedan haber estado en contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona infectada” y el cuerpo de alguien sospechoso o confirmado de haber tenido la enfermedad.

En cuanto a los animales, advierten sobre tocar murciélagos, antílopes del bosque, primates, “y sangre, fluidos o carne cruda de estos animales o de animales desconocidos”.

“Utilice equipo de protección personal si entra en contacto con personas enfermas o fallecidas a causa de la enfermedad del ébola, su sangre y fluidos corporales, u objetos cubiertos con su sangre o fluidos corporales”, recomiendan.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873-6087o afactchequeado.com/whatsapp.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, dijo, durante una entrevista con CBS News, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no “detendrá masivamente” (round up) a los aficionados en el Mundial, pero no descartó que ocurran arrestos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración.

“Bueno, ICE siempre lleva a cabo la aplicación de las leyes de inmigración, eso es algo que siempre haremos, pero no estamos allí con ese único propósito. Estamos allí para cumplir con nuestra labor como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”, dijo Mullin. También dijo que ICE siempre ha estado en eventos deportivos donde, según él, siempre se encuentran “productos falsificados, entradas falsas [e], incluso, se vende ropa falsificada en las calles”.

“No estamos allí para ir por ahí deteniendo masivamente a las personas, pero estamos buscando lo peor de lo peor”, agregó. También dijo que realizan arrestos de personas en listas de “vigilancia de terroristas”, “traficantes sexuales”, “narcotraficantes” e “individuos buscados por asesinato en otras partes del país sobre los cuales disponemos de órdenes de detención de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal)”. La frase de “lo peor de lo peor” (worst of the worst) ha sido utilizada por la administración actual para referirse a los inmigrantes detenidos o que son objeto de los operativos de migración. 

Durante la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en febrero de 2026, el actual director interino de ICE, Todd Lyons, no se comprometió a suspender las operaciones de la agencia. Sin embargo, afirmó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agencia de ICE encargada de investigar “delitos y amenazas transnacionales”, es una pieza clave para la seguridad del Mundial.  

El jefe de policía de Foxborough, Massachusetts, Michael A. Grace, y el presidente del comité anfitrión de Miami para el Mundial, Rodney Barreto, afirmaron, respectivamente, que la administración y Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, les habían asegurado que ICE no estaría presente en las celebraciones del Mundial en sus respectivas ciudades. Sin embargo, desde Factchequeado no encontramos información en las páginas de DHS, ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que confirmara las afirmaciones de Grace o Barreto.

Lo que sí encontramos son menciones de que DHS y sus agencias asistirán en tareas de “seguridad” y “verificación de viajeros” del Mundial y una asignación de 250 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a los 11 estados en Estados Unidos que albergarán los partidos del torneo “para fortalecer su capacidad de detectar, identificar, rastrear o mitigar sistemas de aeronaves no tripuladas, también conocidos como drones”. 

Iniciativas que buscan evitar que ICE esté en el Mundial

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), que se describe como “una federación voluntaria de 65 sindicatos nacionales e internacionales, con más de 15 millones de miembros”, hizo un llamado al liderazgo de la FIFA para mantener a agentes de inmigración del DHS fuera de las ciudades sede del Mundial. 

En una carta, del 8 de mayo de 2026, dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a la directora de Estrategia y Planificación de la Copa Mundial 2026, la federación destacó “el grave riesgo que la colaboración prevista de la FIFA con las autoridades de control migratorio de la administración Trump representa para los miles de trabajadores de los sectores de la hostelería, el transporte, la producción de eventos y otras industrias, para quienes la Copa Mundial será su lugar de trabajo”.

A mediados de abril de 2026, The Athletic de The New York Times, reportó que la alta directiva de la FIFA estaba conversando con Infantino sobre solicitar a Trump un aplazamiento total de las redadas de ICE en todo Estados Unidos durante la duración del Mundial. Sin embargo, hasta el 19 de mayo de 2026, no se ha reportado que este plan se haya formalizado.

Asimismo, Unite Here Local 11, el sindicato que representa a alrededor 2,000 empleados del estadio SoFi en Los Ángeles, California, donde se llevarán a cabo 8 partidos del Mundial, amenazó con iniciar una huelga de no impedirse el acceso de los agentes del ICE. 

La presencia de ICE en grandes eventos deportivos no es inusual

Pese a la controversia pública sobre la presencia de ICE en el Mundial, no es inusual que la agencia esté presente en grandes eventos deportivos. La agencia estuvo durante el Super Bowl de 2026, proporcionando seguridad adicional, según recoge NBC News. 

La página oficial de ICE describe que las actividades de la agencia durante el Super Bowl fueron para “ayudar a proteger al millón de aficionados”, verificar “los antecedentes de las personas” que solicitaron credenciales, “identificar e investigar la venta de artículos falsificados, brindar apoyo en materia de capacidades de vigilancia para el festival Super Bowl LIVE” y ofrecieron “respaldo táctico el día del partido, entre muchas otras tareas críticas”. 

Desde Factchequeado no encontramos que se hubieran publicado reportes de operativos migratorios durante o en los alrededores del Super Bowl. La misma Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) dijo que no estaban planeados operativos de migración durante este evento, informó ABC News.

Asimismo, en junio de 2025, el DHS anunció que personal de ICE y de la CBP estarían presentes en el Mundial de Clubes de la FIFA. En este torneo participaron clubes de fútbol de diferentes países y continentes y se celebró en Estados Unidos en el verano de 2025. No obstante, la CBP eliminó la publicación del anuncio en Facebook posteriormente, informó The Athletic. Desde Factchequeado no encontramos reportes de operativos migratorios a gran escala durante el Mundial de Clubes de la FIFA. 

Solo encontramos un reporte de Human Rights Watch, sobre el arresto y deportación de un solicitante de asilo mientras se dirigía a la final del torneo. Esta persona, según The Athletic, fue detenida por la Policía Estatal de Nueva Jersey, tras intentar volar un dron cuando estaba en vigor una directiva de la Administración Federal de Aviación (FAA) que prohibía el vuelo de drones en estadios y sus alrededores durante eventos deportivos. Los agentes de la policía le habrían dicho que le daría una multa, pero posteriormente le preguntaron sobre su estatus migratorio y lo entregaron a ICE, según Human Rights Watch. 

También encontramos una publicación en la cuenta oficial en X del del Dodger Stadium, en Los Ángeles, California, en la que se informaba que agentes de ICE solicitaron permiso para ingresar a los estacionamientos del estadio el 19 de junio de 2025, cuando estaba programado un partido de béisbol. Sin embargo, les negaron el acceso, según la misma publicación. Tricia McLaughlin, ex vocera del DHS, dijo en un comunicado a AP que eran agentes de la CBP que estuvieron en el estacionamiento de manera breve, pero su presencia no  estaba relacionada con una “operación o medida de cumplimiento”.

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El número ITIN permite que personas sin número de Seguro Social –como los inmigrantes indocumentados– puedan pagar sus impuestos. 

En este artículo exploramos algunas de las inquietudes que existen y lo que han dicho expertos de migración. Si tienes dudas sobre un posible impacto migratorio, debes consultar a un abogado de inmigración.

Corte de Apelaciones rechazó solicitud de bloqueo del acuerdo entre IRS y ICE para compartir información

El 5 de febrero de 2026, la jueza de distrito Indira Talwani prohibió temporalmente al IRS compartir información de los contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado entre ambas agencias en abril de 2025. Sin embargo, el 24 de febrero de 2026, un Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el pedido de un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes para impedir temporalmente el intercambio de información entre las agencias. 

El acuerdo autoriza el intercambio de información sensible de contribuyentes extranjeros en caso de que estén bajo investigaciones criminales federales o tengan órdenes finales de expulsión, como te contamos en Factchequeado. 

El acuerdo, sin embargo, no autoriza “el envío de información por parte del IRS al DHS sin que se le solicite”, dijo a Factchequeado Jacqueline Watson, abogada de inmigración y segunda vicepresidenta nacional de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Talwani había sido la segunda jueza federal en bloquear esta medida después de que la jueza Colleen Kollar-Kotelly lo hiciera en noviembre de 2025. Kollar-Kotell ordenó, en ese entonces, al IRS no divulgar información confidencial a ICE e impidió que el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, que desempeña como comisionado interino del IRS, divulgar información de contribuyentes al DHS salvo que se trate de una investigación penal relevante no relacionada con impuestos.  

La Ley de Privacidad de 1974 prohíbe “la divulgación de registros sobre una persona de un sistema de registros sin su consentimiento por escrito, a menos que la divulgación se realice conforme a una de las 12 excepciones legales”.

IRS compartió por error información confidencial de 47,000 personas con ICE

The Washington Post informó el 11 de febrero de 2026 que, según personas que hablaron con sus reporteros en condición de anonimato por temor a represalias, el IRS compartió aparentemente por error la información confidencial de los impuestos de 47,000 personas con el DHS. En una presentación judicial, el IRS confirmó que la divulgación de esta información ocurrió “incluso cuando los funcionarios del DHS no pudieron proporcionar datos suficientes para identificar con certeza a una persona específica”. 

De acuerdo con el reporte: este error fue descubierto recientemente; ICE y el DHS acordaron “no inspeccionar, ver, usar, copiar, distribuir, confiar en o actuar de otro modo sobre cualquier información de declaración que haya sido obtenida o divulgada por el IRS”; las personas afectadas podrían tener derecho a una compensación económica por cada vez que se compartió su información indebidamente; y los funcionarios gubernamentales podrían enfrentarse a sanciones civiles y penales por compartir la información.

Presentar impuestos es obligatorio y cuenta como prueba de buen carácter moral

Bajo la ley federal, es obligatorio que los ciudadanos, residentes permanentes e inmigrantes indocumentados paguen impuestos en Estados Unidos. Este último grupo no es elegible para un Número de Seguro Social (SSN), pero puede presentar sus declaraciones con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), según el Centro de Política Bipartidista. 

Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) indica que pagar impuestos se encuentra dentro de lo que el USCIS considera prueba de buen carácter moral. El buen carácter moral “significa un carácter que esté a la altura de los estándares del ciudadano promedio de la comunidad donde reside el extranjero”. 

La abogada Watson  dijo a Factchequeado que “presentar declaraciones de impuestos sobre la renta es obligatorio por ley y el estatus migratorio no exime de cumplir con la ley. Además, no presentar declaraciones correctas puede considerarse una falta de buena conducta en relación con algunas solicitudes de beneficios migratorios”.

El no declarar impuestos puede acarrear “multas y penalidades, lo cual puede causar delitos criminales”, dijo Haim Vasquez, abogado de inmigración, a la cadena N+ Univision. El IRS indica que es posible que los contribuyentes tengan que pagar una multa si no hacen su declaración de impuestos y posible un enjuiciamiento penal si no la presentan deliberadamente. 

Actualización*: este artículo fue actualizado el 19 de mayo de 2026 para incluir el fallo del la Cortede Apelaciones del Distrito de Columbia del 24 de febrero de 2026.

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Tres muertos de ocho casos infectados confirmados, dos casos probables y “uno sin estar confirmado se le están realizando más pruebas” es el resultado del brote de hantavirus registrado en un crucero de lujo, según la información más reciente facilitada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo reiteró que el riesgo de contagio para la población mundial es “bajo”.

El barco llegó el lunes 18 de mayo de 2026 al puerto de Róterdam, en los Países Bajos, bandera bajo la que navegaba el crucero, con 25 miembros de la tripulación y dos del personal médico, informa CNN. Todos serán puestos en cuarentena y el barco desinfectado. 

En cuanto a los pasajeros, tras la coordinación de la OMS con el gobierno español, todos desembarcaron en un puerto de las españolas Islas Canarias entre altas medidas de control sanitario y ubicados en vuelos de regreso a sus países de origen. 

Según la OMS, el navío transportaba a 147 pasajeros y tripulantes de 23 países. Entre ellos había 18 estadounidenses que salieron el 11 de mayo de 2026 de España, según informó el Departamento de Salud en su cuenta de X.

Dos de ellos, informó ese organismo en otro post, viajaron de regreso a Estados Unidos “en las unidades de biocontención del avión por precaución”. Un pasajero presentaba síntomas leves y otro había dado positivo leve en la prueba PCR para la variante de los Andes del hantavirus, especificaron. Esta última habría dado negativo en una segunda PCR según el Ministerio de Sanidad de España. La persona que había dado positivo en la prueba de hantavirus –obtenido antes de su regreso a Estados Unidos– dio negativo en la prueba confirmatoria del PCR realizada en Nebraska el 13 de mayo.

Estas dos personas estaban en el Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes Especiales (RESPTC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Emory en Atlanta, informaron desde el Departamento de Salud de Estados Unidos. Los 16 restantes se encuentran en el RESPCT situado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska/Nebraska Medicine en Omaha, Nebraska. 

El Departamento de Salud, en un comunicado del 10 de mayo de 2026, calificó de “extremadamente bajo” el riesgo del hantavirus en su variante andina para la población estadounidense. El hantavirus, explica, “no suele transmitirse de persona a persona; la transmisión es poco frecuente y se limita a situaciones de contacto cercano”.   

Posible contagio en Argentina o Chile antes de embarcar 

La OMS cuenta en su último informe del 13 de mayo de 2026 que la hipótesis de trabajo es que “el primer caso contrajo la infección antes de embarcar en el crucero, tras haber estado expuesto al virus en tierra” en Argentina o Chile. “Los datos actuales apuntan a una posterior transmisión de persona a persona a bordo del barco”, añaden. 

En su informe del 8 de mayo, la OMS señaló que el primer caso fue considerado como “probable” porque “no se le realizaron pruebas microbiológicas”. Se trató de un hombre adulto que embarcó el 1 de abril de 2026 “tras más de tres meses de viaje por Argentina, Chile y Uruguay”. Falleció el 11 de abril de 2026. 

El segundo caso, una mujer adulta “que era contacto estrecho del caso 1, con quien viajó y embarcó, desembarcó en Santa Elena el 24 de abril de 2026 con síntomas gastrointestinales”. Su estado de salud, informan desde la OMS, “se agravó durante un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica) el 25 de abril” y falleció al día siguiente en una clínica de Johannesburgo. “El 4 de mayo se confirmó mediante prueba de PCR que padecía infección por hantavirus”, señalan. 

Los CDC recuerdan que la variante de los Andes es “el único tipo de hantavirus del que se ha documentado que se transmite de persona a persona”. Pero, especifican, que es “poco frecuente” ya que la ese tipo de transmisión “suele requerir un contacto cercano y prolongado con una persona sintomática”.

“Esto podría incluir el contacto físico directo, pasar mucho tiempo en espacios cerrados o de proximidad, y la exposición a la saliva, las secreciones respiratorias u otros fluidos corporales de la persona infectada”, aclaran. 

Como recogen medios españoles, el crucero atracó hace unas semanas en Ushuaia, en el sur de Argentina, desde donde hizo varios viajes a la Antártida antes de partir hacia las Islas Canarias. 

En Argentina se registraron 37 casos de hantavirus en lo que va de 2026, según el último Boletín Epidemiológico Nacional revisado por Chequeado, medio cofundador de Factchequeado. Añaden que tras la situación en el crucero, el Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego “confirmó en un comunicado que no hay evidencia de contagios en la provincia”.

En su reporte del 13 de mayo, la OMS informa de que está haciendo seguimiento y ubicando “todos los contactos de los casos de hantavirus relacionados con el crucero”.

Esto incluye, añaden, “a los pasajeros que desembarcaron en Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril; en Praia (Cabo Verde) el 6 de mayo; y en Tenerife (España) los días 10 y 11 de mayo”. Además, “se ha identificado y contactado a los pasajeros que viajaron en vuelos y que podrían haber estado expuestos a casos confirmados posteriormente”.

“Las autoridades sanitarias locales están realizando un seguimiento de los contactos en sus respectivos países”, aseguran.

La OMS considera que el riesgo para la salud pública relacionado con el crucero “es moderado” y, a nivel mundial, “bajo”. El organismo no aclara, hasta el  momento, cómo se produjeron los contagios. 

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite? 

Los CDC, encargados del control de enfermedades, informan que los hantavirus “son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y la muerte” y se contraen “principalmente” cuando una persona se expone a la orina, excremento y saliva “de roedores como ratas y ratones”. Eso incluye inhalar aire contaminado con el virus. 

El virus de los Andes –que es el que ocasionó el brote en el crucero– “es el único tipo de hantavirus que se sabe que se propaga de persona a persona”, señala los CDC, pero precisa que esta propagación ocurre cuando las personas tienen “contacto cercano con la persona enferma”.

Los hantavirus causan enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, e incluso “pueden causar enfermedades graves y la muerte”. 

El organismo cifra en 890 casos el total de notificaciones por hantavirus registradas en Estados Unidos a finales de 2023 “desde que se iniciara la vigilancia en 1993”. 

En el hemisferio norte, explican, los hantavirus presentes pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus. Especifican que en Estados Unidos “se propaga a través del ratón ciervo”. 

Este síndrome, que puede ser mortal, “afecta los pulmones” con síntomas que, por lo general, aparecen entre la primera y la octava semana después del contacto con un roedor infectado. 

Los síntomas incluyen: 

• fatiga

• fiebre

• dolores musculares, en especial en músculos grandes como los muslos y la espalda. 

Además, la mitad de los infectados por hantavirus también pueden sufrir:

• dolores de cabeza

• mareos

• escalofríos

• problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal

Alrededor de cuatro a diez días después de la fase inicial pueden aparecer otros síntomas, que incluyen tos y dificultad para respirar. 

“Puede que los pacientes sientan presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido”, añaden.

El 38% de las personas que presentan este síndrome podrían morir a causa de la enfermedad, según el organismo.

La fiebre hemorrágica con síndrome renal se da más en Europa y Asia, también puede derivar en enfermedad muy grave y muerte. Sus síntomas, siempre según los CDC,  aparecen antes, “generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición” y suelen incluir: 

• dolores de cabeza intensos

• dolor en la espalda y el abdomen

• fiebre/escalofríos, náuseas y visión borrosa.

Desde los CDC advierten que “no existe un tratamiento específico” contra la infección por hantavirus.

¿Cómo evitar exponerse?

Los CDC recomiendan: 

• Evitar la exposición a los roedores y su orina y heces. Esa es  “la mejor manera de prevenir la infección".

• Sellar agujeros y grietas en su casa o garaje para no permitir que entren roedores en estos espacios. 

• Instale trampas dentro y fuera de la casa para disminuir la infestación.

• Deshacerse de los alimentos fáciles de alcanzar que podrían atraer a los animales.

• Si hay ratones o ratas en su casa o alrededor de ella, es importante limpiar de manera segura donde hayan estado.

• Evitar tener “roedores mascota” en familias con niños de 5 años o menores, con mujeres embarazadas o personas con el sistema inmunitario debilitado, “ya que están en mayor riesgo de enfermarse gravemente”. De tenerlos, consultar con un veterinario y hacerles las pruebas necesarias. 

* ACTUALIZACIÓN: Esta nota fue actualizada el 12 de mayo de 2026  con información de la OMS, los CDC y el Ministerio de Sanidad de España sobre los casos de hantavirus en el crucero y la repatriación de los pasajeros y tripulantes a sus países y volvió a actualizarse el 18 de mayo para confirmar que el número de fallecidos seguía siendo el mismo y que el riesgo, según la OMS seguía siendo “bajo” para la población mundial. 

** Fecha de primera publicación de esta nota: 5 de mayo de 2026.  

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El 24 de abril de 2026, una corte federal de apelaciones había levantado la medida provisional que impedía la aplicación de la ley SB4 en Texas. La SB4 establece como una ofensa criminal estatal el cruce irregular de la frontera (punto que entró en vigencia). La ley también otorgaría a los jueces estatales competencias en asuntos de inmigración y les permitiría ordenar deportaciones, pero estas disposiciones quedaron bloqueadas con la medida cautelar del 14 de mayo. 

Los jueces federales todavía no se han pronunciado sobre si la ley es constitucional o no.

Cómo y cuándo surgió la SB4 

El 27 de noviembre de 2023, la legislatura de Texas, dominada por el Partido Republicano, envió al escritorio del gobernador Greg Abbott (también republicano) el proyecto de ley del Senado número 4 (mejor conocida como SB4, por Senate Bill 4, en inglés). Abbott promulgó el proyecto el 18 de diciembre de 2023, convirtiéndolo, así, en ley, aunque se encuentre parcialmente bloqueada.

Esto es una versión simplificada de lo que ha pasado en las Cortes con la SB4 hasta el 19 de marzo de 2024**:

• 18 de diciembre de 2023: SB4 es promulgada y se espera que entre en vigencia en marzo de 2024.

• 29 de febrero de 2024: el juez federal de Texas David Ezra bloquea la ley por considerar que entra en conflicto con leyes federales.

• 2 de marzo de 2024: la Corte de Apelaciones del 5to Circuito deja sin efecto la decisión del juez Ezra y abre la puerta para que la ley entre en vigencia mientras se decide sobre su constitucionalidad. Los demandantes piden a la Corte Suprema que intervenga.

• 12 de marzo de 2024: uno de los magistrados de la Corte Suprema, Samuel Alito, suspende temporalmente la decisión del 5to Circuito. La ley vuelve a quedar temporalmente suspendida hasta el 18 de marzo.

• 18 de marzo de 2024: el día que expiraba la decisión de Alito, el mismo magistrado extiende la suspensión hasta que el pleno de los magistrados de la Corte Suprema decidiera si la SB4 puede entrar en vigencia o no.

• 19 de marzo de 2024: Esta parte la tenemos que dividir por horas porque muchas cosas ocurrieron ese día.

- 2:00 pm ET: la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema anuncian que todavía no pueden intervenir en la decisión del 5toCircuito. La SB4 entra en vigencia.

- 6:00 pm ET: la Corte de Apelaciones anuncia que el 20 de marzo de 2024 se realizará una audiencia sobre la posibilidad de mantenerla suspendida mientras estudia el caso.

- 11:44 pm ET: la Corte de Apelaciones se pronuncia otra vez y, antes de la audiencia del día siguiente, decide dejar sin efecto su propia decisión del 2 de marzo y bloquear nuevamente la SB4 de forma temporal.

- 20 de marzo de 2024: se realizó la audiencia en la Corte de Apelaciones del 5to Circuito. Se espera ahora que esa Corte de Apelaciones decida si mantener o no la suspensión. No obstante, durante la espera, la SB4 sigue suspendida. La Corte de Apelaciones puede tomar el tiempo que desee antes de tomar la decisión, confirmó a Factchequeado Raffi Melkonian, abogado basado en Houston con experiencia en apelaciones ante el 5to Circuito.

La SB4 había sido bloqueada por un juez federal de Texas el 29 de febrero de 2024. De acuerdo con el juez David Ezra, la SB4 entra en conflicto con la ley federal que regula el tema migratorio, y los estados no pueden ejecutar medidas migratorias a menos que estén autorizados por el gobierno federal. Texas apeló la decisión, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito indicó que la ley podría aplicarse mientras estudiaba el caso y, en ese proceso, los demandantes pidieron a la Corte Suprema que interviniera para que la volviese a bloquear.**

Sin embargo, la SB4 estuvo en vigencia el 19 de marzo de 2024 por casi 9 horas luego de que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos consideraran que, por el momento, no podían intervenir en la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, porque esa Corte todavía no había emitido una decisión sobre si suspender o no la aplicación de la ley. ***

La sentencia, redactada por la magistrada Amy Coney Barrett, dejaba abierta la posibilidad de bloquear la SB4 en el futuro, pero dependiendo de la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, que es la que está revisando la sentencia del juez Ezra de Texas. 

Tras la decisión de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones cambió su agenda: anunció a las 6:00 pm ET que el 20 de marzo de 2024 realizaría una audiencia para analizar si bloquear temporalmente o no la SB4. Luego, casi a las 11:00 pm ET, anunció que mantendría la suspensión de la ley.

En diciembre de 2023 los expertos consultados por Factchequeado nos dijeron 2 cosas sobre la SB4:

1. Expresaron incertidumbre sobre cómo podría aplicarse la ley. Cuando leas esta historia te darás cuenta de que hay muchos aspectos de esta ley que no se sabe cómo se implementarían.

2. También coincidieron en que había una alta probabilidad de que la ley fuese bloqueada en las Cortes Federales antes de que entrara en vigor, algo que había ocurrido antes de la decisión de la Corte Suprema del 19 de marzo de 2024, y que volvió a ocurrir horas después tras la decisión de la Corte de Apelaciones.

Ahora sí vamos con lo que se sabe (y lo que todavía no) sobre la SB4.

1 - La ley busca establecer como una ofensa criminal estatal el cruce ilegal de la frontera

En Estados Unidos, quienes cruzan de forma irregular la frontera pueden enfrentar sanciones civiles o criminales establecidas en el Código Federal.

La ley SB4 busca establecer que Texas aplique sus propias sanciones a quienes crucen o intenten cruzar de forma irregular la frontera. La ley hace que Texas considere un cruce ilegal como un delito criminal menor en caso de una primera ofensa y un delito grave en caso de alguien que haya cruzado previamente de forma irregular y reincida.

Sin embargo, según el patrocinador de la ley, el representante republicano David Spiller, la SB4 no aplicaría para quienes hayan cruzado hace más de 2 años porque el Código Penal de Texas prohíbe que se presenten cargos por delitos menores (misdemeanors) que hubiesen ocurrido hace más de 2 años. La SB4 no es explícita en este punto, pero el Código Penal de Texas sí establece, como indicó Spiller, que los delitos menores prescriben a los 2 años.

2 - La ley busca que los jueces estatales tengan competencia en asuntos de inmigración y puedan ordenar deportaciones

Lo que se sabe: En Estados Unidos, las órdenes de deportación son emitidas por Cortes de Inmigración Federales que pertenecen al Departamento de Justicia de Estados Unidos. La ley de Texas busca que los jueces del estado (que no son jueces de inmigración) puedan ordenar a una persona que “regrese a la nación extranjera por donde entró” a Estados Unidos.

Además, la ley establece que si la persona se niega a regresar al país por donde habría ingresado ilegalmente a Texas, se le pueden presentar cargos por delito grave en segundo grado, que en ese estado acarrea una pena de entre 2 y 20 años de cárcel.

Ruby Powers, abogada de inmigración en Houston, Texas, y miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo en entrevista telefónica con Factchequeado que los jueces estatales no están entrenados en materia migratoria, por lo que no está claro cómo podrían decidir sobre asuntos migratorios que tradicionalmente se definen a nivel federal. La SB4 no precisa si existiría algún tipo de capacitación para que los jueces estatales puedan asumir competencias migratorias.

Christian Penichet-Paul, vicepresidente auxiliar de políticas públicas del National Immigration Forum, organización no partidista que “promueve el valor de los inmigrantes y la inmigración” en Estados Unidos, coincidió con la perspectiva de Powers: “[los jueces estatales] no tienen entrenamiento, ni conocimiento previo sobre las leyes de inmigración”; en cambio, “los jueces federales de inmigración necesitan tener cierto nivel de experiencia y entrenamiento para poder tomar decisiones”.

Thomas A. Saenz, presidente y director jurídico del Fondo Educacional Mexicano Americano para la Defensa Legal (MALDEF), dijo en entrevista telefónica con Factchequeado que jueces sin entrenamiento en temas migratorios pueden emitir sentencias “con gran inconsistencia” y que es por eso que la Constitución estadounidense no establece que cada estado pueda crear su propio sistema de inmigración.

3 - ¿Es cierto que con la SB4 los policías de Texas podrán pedirle papeles a cualquiera?

De acuerdo con los expertos, antes de poder pedirle a alguien sus documentos los funcionarios necesitarían una causa probable (probable cause, en inglés), es decir, deben tener alguna evidencia que les lleve a creer que la persona ha cruzado ilegalmente la frontera de Texas. No obstante, la SB4 no establece específicamente qué puede ser considerado como “causa probable”.

La abogada Powers afirma que, como la ley no lo precisa, no está claro cómo la policía estatal podría determinar que alguien posiblemente haya cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos a través de Texas. Penichet-Paul añade que tampoco está claro qué deben considerar los policías como “causa probable”.

Saenz, presidente de MALDEF, añade que los policías locales y estatales “no conocen las leyes de inmigración, ni saben cómo investigar apropiadamente” asuntos migratorios.

Spiller, el legislador que impulsó la ley, dijo en una entrevista con un medio local el 30 de noviembre de 2023 que mientras más lejos de la frontera se esté, más difícil será demostrar que alguien ha cruzado de manera irregular, pero aún así afirma que le parece importante que cada condado de Texas tenga la autoridad de aplicar la SB4. Spiller también añadió que cree que el enforcement de la SB4 ocurrirá principalmente en áreas fronterizas. Este punto no está establecido en la ley.

La SB4 establece, en cambio, lugares en donde los policías tendrían prohibido arrestar o ejercer algún tipo de acción relacionada con la ley. Esos lugares son:

1. Escuelas primarias o secundarias, públicas o privadas

2. Templos religiosos

3. Centros de salud

4. Instalaciones donde se atienden a sobrevivientes de abuso sexual, llamados en Texas Safe-Ready Facilities

4 - ¿Podrían pedirme los papeles si vivo en otro estado y estoy transitando por Texas?

No está claro. Penichet-Paul cree que es más probable que la SB4 busque aplicarse con mayor énfasis en zonas fronterizas. La abogada Powers dice que es probable que el sheriff de cada condado (fronterizo o no) determine qué tanto esfuerzo quiere que su oficina dedique al cumplimiento de la SB4.

Ante la duda, la abogada Powers recomienda que cualquier inmigrante que vaya a transitar por Texas lleve consigo los documentos que demuestren su estatus migratorio legal en Estados Unidos. Penichet-Paul dice que es poco probable que alguien que no viva en Texas se vea afectado, pero que vale la pena esperar a saber con mayor detalle cómo sería implementada la SB4.

Importante: la SB4 establece en su artículo 5B.003 que un juez no puede reducir los cargos “basado en que una determinación federal sobre el estatus migratorio del acusado está pendiente o será iniciado”.

Penichet-Paul, del National Immigration Forum, dijo a Factchequeado que este artículo permitiría que puedan ser detenidos y procesados aquellos que hayan cruzado irregularmente la frontera aunque tengan una solicitud de asilo pendiente (pending asylum, en inglés) o que manifiesten su intención de solicitar asilo. La abogada Powers coincide con esta posición. 

Esto también se lee en una carta de los 3 jueces de Texas que se pronunciaron en contra de la ley en 2023 y en la que afirmaron que la SB4 los obligaría a “deportar personas incluso si están en el proceso de solicitud de asilo”.

Las personas con asilo aprobado y con DACA (quienes llegaron a este país sin documentos cuando eran niños) sí estarían protegidas, de acuerdo con la ley.

Por otra parte, como te comentamos en el punto anterior, el autor de la ley afirma que mientras más lejos de la frontera se esté, más difícil sería probar que alguien ha cruzado ilegalmente la frontera y que cree que se aplicará principalmente en zonas fronterizas, donde las autoridades locales sí puedan probar que alguien ha cruzado irregularmente la frontera recientemente. Pero lo cierto es que la SB4 es una ley estatal, y no incluye excepciones territoriales, por lo que cualquier condado de Texas (fronterizo o no) puede implementarla.

5 - ¿Se han implementado leyes similares en otros estados? ¿Hay algún precedente?

Los expertos mencionaron 2:

1. Arizona, 2010: la legislatura aprobó ese año la SB2010, que requería que la policía averiguara el estatus migratorio de cualquier persona que los funcionarios consideraran que posiblemente no tenía estatus legal en el país. En 2012 la Corte Suprema anuló partes de esa ley por considerar que estaba interfiriendo en áreas que son competencia del gobierno federal.

2. Pensilvania, 1939: César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho de la Ohio State University, se refirió a este caso como un precedente. Ese año la legislatura de Pensilvania aprobó una ley que obligaba a crear un registro anual para los extranjeros y llevar consigo la tarjeta de registro, o de lo contrario enfrentarían cargos criminales. En 1942 la Corte Suprema invalidó la ley bajo el argumento de que el gobierno federal es el encargado de los asuntos migratorios.

* Nota actualizada el 29 de febrero de 2024, luego de que un juez federal de Texas bloqueara la SB4 antes de que entrara en vigencia.

** Nota actualizada el 19 de marzo de 2024, luego de que la SB4 entrara temporalmente en vigencia por decisión de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema y el 20 de marzo de 2024 la actualizamos de nuevo con la decisión de la Corte de Apelaciones que volvió a bloquear la ley. También añadimos que se realizó la audiencia sobre la suspensión.

*** Nota actualizada el 27 de abril de 2026, después de que una corte federal le diera luz verde al estado de Texas para comenzar a implementar la ley SB4. 

**** Esta nota fue actualizada el 15 de mayo de 2026 con el nuevo bloqueo parcial a la ley.

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Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, afirmó que el DOJ está “presentando acciones de desnaturalización a un ritmo récord” para “restaurar la integridad” en el proceso de naturalización.

En este contexto, algunos de los medios aliados de Factchequeado nos han comunicado que sus comunidades han preguntado cómo es el proceso de desnaturalización, en qué casos aplica y qué recursos legales tiene un ciudadano naturalizado en caso de enfrentarse a uno. Te explicamos.

Es importante que sepas esto: la ley federal establece que el DOJ, para poder revocar la ciudadanía de un estadounidense naturalizado, debe presentar el caso ante una corte federal y allí demostrar que la persona cometió fraude durante el proceso de naturalización. “USCIS no puede desnaturalizarte, sólo una corte federal puede hacerlo”, indicó a Factchequeado Muzaffar Chishti, abogado e investigador sénior de la organización no partidista Migration Policy Institute, dedicada a analizar datos migratorios y ofrecer soluciones de políticas públicas.

Qué es la desnaturalización

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) explica que la desnaturalización es la revocación de la ciudadanía por naturalización y que ésta “sólo puede ocurrir en una corte federal”, mediando un proceso civil o como consecuencia de un caso penal, y no por un acto administrativo.

La Enmienda 14 de la Constitución establece que son ciudadanos de Estados Unidos “todas las personas nacidas o naturalizadas” y la Corte Suprema, en 1964, estableció que “los derechos de ciudadanía de una persona nacida en EE.UU. y de una persona naturalizada tienen la misma dignidad y extensión” y que la única diferencia que plantea es la constitución es en la Presidencia, ya que el Artículo 2 exige que el presidente sea “natural born citizen”, es decir, ciudadano por nacimiento.

En qué casos se puede llevar a cabo una desnaturalización

USCIS explica que las causales generales para la revocación civil de la naturalización son dos:

1- Obtención ilegal de la naturalización 

2- Ocultamiento de un hecho material o tergiversación intencional

No obstante, añade USCIS, “el gobierno tiene una alta carga de prueba cuando intenta revocar la naturalización de una persona” y que debe consistir en “evidencia clara, convincente e inequívoca”.

Chishti dio como ejemplo un caso en el que una persona se haya naturalizado tras haber obtenido su residencia permanente mediante fraude. “Si obtuviste tu residencia permanente mediante un matrimonio fraudulento y luego te convertiste en ciudadano, si ese fraude matrimonial se descubre, eres deportable porque pueden desnaturalizarte”, dijo.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de la organización no partidista National Partnership for New Americans, que promueve campañas de naturalización, en entrevista con Factchequeado, añadió como ejemplo que “si alguien perteneció alguna vez a una organización considerada por el gobierno como vinculada al terrorismo y no lo revela en su proceso migratorio, esa es una base para la desnaturalización”.

Según un memorando del DOJ del 11 de junio de 2025, entre las categorías prioritarias para desnaturalización están: casos de seguridad nacional, terrorismo, membresía a pandillas y carteles, espionaje, tortura, crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, entre otros delitos graves no revelados durante la naturalización.

Cómo es el proceso de desnaturalización

Según la ley federal (8 U.S.C. § 1451), el proceso civil debe ser iniciado por los fiscales federales en una corte federal de distrito y la persona naturalizada debe ser notificada y tener un plazo de 60 días para responder.

Pero Melaku aclaró que “no es un proceso en el que alguien simplemente puede enviarte una carta y entonces tu ciudadanía desaparece. Es un proceso largo y costoso. El Departamento de Justicia tendría que llevarte a una corte civil. Tú te defenderías con un abogado” y tendrías derecho a apelar en caso de recibir un fallo en contra.

Ejemplos de casos recientes anunciados por el Departamento de Justicia

Según un comunicado del Departamento de Justicia del 8 de mayo de 2026, el DOJ presentó acciones de desnaturalización en cortes federales contra 12 personas acusadas de “delitos graves, incluido proporcionar apoyo material a un grupo terrorista, cometer crímenes de guerra y abusar sexualmente de un menor”. 

Según ese mismo comunicado del DOJ, la lista también incluye acusaciones relacionadas con financiamiento o apoyo a Al Qaeda y Al Shabaab, espionaje para Cuba, tráfico de armas, matrimonios fraudulentos, uso de identidades falsas, fraude financiero y ocultamiento de antecedentes criminales o migratorios durante el proceso de naturalización.

Qué parece haber cambiado con Trump

Las desnaturalizaciones no son nuevas. Según la organización no partidista National Immigration Forum, que promueve “soluciones balanceadas” en asuntos migratorios, el DOJ presentó 305 casos de desnaturalización entre 1990 y 2017, un promedio de 11 por año. Sin embargo, esta organización destaca que “históricamente Estados Unidos ha reservado los procesos de desnaturalización para personas que cometieron delitos atroces, incluidas aquellas que fueron identificadas como criminales de guerra y financiadores del terrorismo”.

No obstante, “parece que el argumento que está construyendo el gobierno de Trump es que ahora cualquiera podría estar sujeto a una revisión de su ciudadanía”, afirmó Melaku.

Chishti coincidió, afirmando que lo nuevo de la segunda administración de Trump es que están “publicitando estos casos para darles un perfil alto, y eso significa que están tratando de enviar una señal, más allá de simplemente procesar estos casos”.

Qué debes saber si eres un ciudadano naturalizado

“Si recibes una carta del Departamento de Justicia y, por lo tanto, quedas involucrado en un procedimiento civil, debes asegurarte de contar con un abogado de inmigración”, dijo Melaku a Factchequeado.

Sin embargo, Melaku recordó que “este no es un proceso en el que alguien simplemente puede ir por ahí, enviarte una carta y entonces tu ciudadanía desaparece”, sino que el DOJ “tendría que llevarte a una corte” en la que “tú te defenderías con un abogado”.

“Si no había ningún factor descalificante en tu solicitud, entonces no deberías preocuparte”, dijo Chishti. Al igual que Melaku, recordó que “el gobierno tiene la carga de probar que cometiste el supuesto delito, pero tienes derecho a defenderte”.

Y ojo, Melaku resaltó que si una persona comete un delito después de haberse convertido en ciudadano naturalizado, “no puede ser removida ni desnaturalizada por ese delito, a menos que el delito esté relacionado con la forma en la que obtuvo la naturalización”.

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Las cifras analizadas provienen del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las obtuvo el Deportation Data Project por medio de solicitudes de FOIA, la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. Para esta nota revisamos las deportaciones desde el 20 de enero de 2025, cuando Trump tomó el cargo, al 10 de marzo de 2026, la última fecha con estadísticas disponibles. 

En los siguientes párrafos y gráficos te decimos más sobre estos niños y adolescentes y, al final de la nota, te explicamos a detalle cómo hicimos nuestro trabajo.

Ciudadanía de los menores deportados

Los principales países de ciudadanía registrada entre los niños y adolescentes identificados como deportados son México, Honduras, Guatemala, Colombia y Brasil. En conjunto, estos 5 países concentran 9,079 casos, el 65.71% del total.

¿A qué países fueron enviados?

En conjunto, México, Honduras, Guatemala, Colombia y El Salvador concentran el 63.16% de todas las deportaciones de menores en los primeros 14 meses del gobierno de Trump. 

Los principales países de destino registrados por ICE para los 13,816 niños y adolescentes deportados del 20 de enero de 2025 al 10 de marzo de 2026 son los siguientes: 

Deportados a terceros países: menores enviados a países que no son suyos

El país al que se deportó al niño o adolescente no siempre coincide con su ciudadanía registrada. Casi 1 de cada 5 niños y adolescentes fueron enviados a un “tercer país”. 

Factchequeado identificó 2,665 deportaciones de niños y adolescentes hacia un país distinto al de su ciudadanía, lo que representa el 19.29% de los 13,816 encontrados en el análisis. Otros 45 casos no pueden clasificarse porque el país de destino aparece como “desconocido”.

Los 5 países a los que fueron deportados niños y adolescentes registrados con una ciudadanía distinta son: 

1. Panamá: 601

2. El Salvador: 380

3. Colombia: 331

4. México: 299

5. Canadá: 224

Este patrón coincide con una de las estrategias migratorias más documentadas de la segunda administración Trump: acuerdos bilaterales con terceros países para recibir deportados de otras nacionalidades. Desde enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos firmó al menos 27 acuerdos con países dispuestos a recibir migrantes deportados que no son sus ciudadanos, según el Migration Policy Institute (MPI). Entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, MPI estima que se realizaron alrededor de 15,000 deportaciones a terceros países, de las cuales unas 13,000 fueron a México.

Los acuerdos más conocidos incluyen:

El Salvador: un acuerdo —del que todavía no se ha hecho público el texto completo— entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, por el cual Estados Unidos paga 6 millones de dólares para que El Salvador reciba migrantes de otras nacionalidades, incluidos venezolanos que han sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Panamá: Un memorando firmado en julio de 2024 y extendido en 2025, con un compromiso adicional de 7 millones de dólares. Entre el 12 y el 15 de febrero de 2025, Human Rights Watch documentó la expulsión masiva de 299 nacionales de terceros países desde Estados Unidos hacia Panamá, “negándoles sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo”.

Con los datos disponibles no es posible determinar si los menores incluidos en este análisis fueron deportados bajo estos acuerdos específicos. Sin embargo, los registros muestran casos consistentes con este patrón: niños y adolescentes de Venezuela, Colombia, Honduras, Ecuador, Perú y otros países que fueron enviados a destinos como Panamá, El Salvador, México o terceros países geográficamente lejanos.

• Entre los 2,665 niños o adolescentes enviados a un tercer país, las ciudadanías que más aparecen son las siguientes, juntas concentran el 55.65%: 

1. Colombia: 388 14.56%

2. Venezuela: 348 13.06%

3. Honduras: 322 12.08%

4. Ecuador: 233 8.74%

5. Perú: 192 7.20%

• En esta tabla desglosamos la nacionalidad de los niños y adolescentes que tuvieron el mayor porcentaje de deportaciones a un tercer país. Haití, Chile, Rusia, Rumania y Venezuela encabezan la lista. 

• En esta otra tabla desglosamos por país de origen de los niños o adolescentes deportados y país de destino

Factchequeado identificó 5 niños y adolescentes nacidos en Argentina en los registros de ICE. Tenían edades aproximadas de 7, 9, 10, 13 y 13 años al momento de la deportación. Solo uno aparece con Argentina como país de destino; los otros figuran enviados a Canadá, Panamá, Perú y Bolivia.

¿Cuántos años tenían los niños y adolescentes cuando fueron deportados?

Más de la mitad de los niños y adolescentes incluidos en la base de datos tenía entre 6 y 12 años, según la edad aproximada calculada a partir de su año de nacimiento y la fecha de salida registrada por ICE. Otros 3,102 tenían entre 0 y 5 años, y 3,733 tenían entre 13 y 17 años.

Como la fecha exacta de nacimiento no está disponible, la edad se calcula de forma aproximada con el año de deportación menos el año de nacimiento.

Deportados según el país de origen y el grupo de edad 

Los datos muestran que México, Honduras, Guatemala y Colombia aparecen entre los principales países de ciudadanía registrada en todos los grupos de edad. Ecuador aparece entre los 5 primeros solo en el grupo de 0 a 5 años, mientras que Brasil entra entre los principales países a partir de los 6 años.

Niños de 0 a 5 años

México encabeza la lista de ciudadanía registrada con 585 niños deportados (19% del rango), seguido de Colombia (430), Honduras (408), Guatemala (334) y Ecuador (271).

Niños de 6 a 10 años

Honduras pasa al primer lugar de ciudadanía registrada con 887 menores deportados (17%), seguido por México (832), Guatemala (683), Colombia (627) y Brasil (453).

Menores de 11 a 17 años

México vuelve a encabezar la lista de ciudadanía registrada con 1,010 deportados (18%), seguido de Honduras (805), Guatemala (714), Colombia (641) y Brasil (434).

Género de los menores deportados

De los 13,816 registros analizados por Factchequeado, 7,282 figuran como de género masculino, el 52.71%, y 6,532 como de género femenino, el 47.28%. Otros 2 figuran con género desconocido.

¿Cuántas deportaciones se hicieron por aire, tierra y mar?

Texas ha sido el principal punto de salida para la deportación durante lo que va del mandato de Trump, seguido lejos por Florida, California, Nueva York y Luisiana. El dato no indica necesariamente que vivieran o fueran detenidos en estos estados, sino que ICE registró allí su deportación.

Estos son los números y los porcentajes por estado, considerando el universo de 13,816 niños y adolescentes expulsados de Estados Unidos. 

Entre los 13,816 niños y adolescentes en los datos, más de la mitad (7,290 menores, el 52.76%) fueron deportados en avión, desde aeropuertos internacionales. 

Principales aeropuertos desde donde salieron de EE.UU. los menores deportados: 

• Aeropuerto Internacional de Miami, Florida: 1,261 menores

• Aeropuerto John F. Kennedy, Nueva York: 978

• Aeropuerto Internacional de Alexandria, Luisiana: 855

• Aeropuerto Logan, Boston, Massachusetts: 615

• Aeropuerto O'Hare, Chicago, Illinois: 578

Otros 1,766 menores (12.78%) fueron deportados en su mayoría a través de cruces fronterizos con México: 

• El Paso, Texas (418)

• Eagle Pass, Texas(352)

• San Ysidro, California (246)

• Hidalgo, Texas (189)

• Brownsville. Texas (121).

Una cantidad menor —141 menores (1.02%)— salió desde puertos marítimos, sobre todo desde la terminal de Baltimore, Maryland (127).

Un tercio de los casos no se puede clasificar con certeza: el problema es que 4,495 casos (el 32.53%) aparecen registrados con nombres de ciudades —como "Harlingen, TX", "Houston, TX", "Dallas, TX", "Los Ángeles, CA" o "San Francisco, CA"— sin especificar si la persona salió en avión, por un cruce terrestre o por un puerto marítimo. Ocurre porque esas ciudades cuentan con varios tipos de instalaciones fronterizas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y los datos no precisan cuál se usó en cada caso.

Por eso, las cifras por tipo de salida las colocamos aquí como un mínimo.

Promedio de deportaciones por día 

Cuando comenzó su gobierno el 20 de enero de 2025 y hasta el 30 de abril de 2025, el promedio diario de niños y adolescentes que aparece en los registros de ICE es de 76.1 por día, un total de 7,690 niños y adolescentes. 

A partir del 1 de mayo de 2025 y hasta el 10 de marzo de 2026, las cifras bajaron a un promedio de 19.5 deportaciones por día, un total de 6,126 niños y adolescentes.

Aunque las deportaciones disminuyeron a partir de ese momento, la deportación de menores ha continuado.

Niños y adolescentes sin condenas ni cargos criminales pendientes

Casi todos los niños y adolescentes deportados no tenían condenas ni cargos criminales pendientes. De los 13,816 casos, 13,742 (99.46%,) figuran como “otra infracción migratoria”, una categoría que no equivale a un delito grave ni a una condena penal.

Solo 17 casos aparecen como “condena criminal registrada” y 57 como “cargos criminales pendientes”. Los registros administrativos de ICE no describen de qué tipo, pero no corresponden a expedientes judiciales.

¿Cómo llegamos a esta cifra de niños y adolescentes deportados? 

En los archivos de ICE se registran 16,854 niños y adolescentes que salieron del país desde el día en que Trump asumió su segundo mandato hasta el 10 de marzo de 2026, el último día con datos disponibles. Pero no todas esas salidas son deportaciones en sentido estricto. Algunas están registradas como salidas voluntarias, retornos voluntarios o retiros de solicitud de admisión.

Para mayor precisión, en Factchequeado separamos únicamente los casos clasificados por ICE como remoción, deportación o exclusión forzada. Así llegamos a 13,944 registros.

Sin embargo, esos 13,944 registros no son necesariamente personas distintas: un mismo niño o adolescente puede aparecer más de una vez en la base si fue deportado en más de una ocasión (por ejemplo, si fue removido, reingresó al país y fue removido nuevamente).

Para llegar a un número real de menores distintos, revisamos el "identificador anónimo" que ICE asigna a cada caso. Este identificador no revela el nombre ni los datos personales del menor, pero permite detectar cuándo un mismo caso aparece repetido en los registros.

Con ese cruce, identificamos al menos 13,816 niños y adolescentes distintos. 

Otros 54 registros no contaban con identificador anónimo, por lo que no pudimos determinar si correspondían a personas únicas o repetidas. Esos casos no se incluyeron en el conteo final. 

Metodología

Análisis basado en datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project mediante solicitudes FOIA. Los registros fueron filtrados aplicando 4 criterios:

1. Filtrado por “identificador individual único anonimizado”, que es un número que se basa en el Número de Registro de Extranjero (número A). Los números A son asignados a los no ciudadanos por ICE o USCIS. Los no ciudadanos indocumentados que no han tenido ningún contacto con el gobierno de Estados Unidos, así como las personas con visas de no inmigrante, generalmente no tienen un número A. Hicimos esto para evitar repetir casos de niños o adolescentes que aparecen más de una vez en la base de datos. 

2. Edad: Se incluyeron registros donde la diferencia entre el año de salida y el año de nacimiento es igual o menor a 17, criterio que identifica a menores de 18 años al momento de la deportación. No hay fecha fecha exacta de nacimiento en las bases de datos analizadas porque ICE entrega la información bajo las exenciones (b)(6) y (b)(7)(C) del Freedom of Information Act (FOIA), que protegen la información personal y los datos compilados con fines de aplicación de la ley. Estas exenciones aparecen literalmente como "b(6), b(7)c" en la columna “Birth Date” de todos los registros.

3. Estatus del caso: En la columna de “estatus del caso” en las bases de datos, solo nos enfocamos en 3 categorías de deportación: 

• Excluido o removido por inadmisibilidad (13,419 casos): la autoridad determinó que la persona no era admisible para entrar o permanecer en EE.UU. y la removió. (Ver definición de USCIS). 

• Excluido, deportado o removido (286 casos): categoría formal que combina exclusión y deportación ejecutada por orden de la autoridad.

• Deportado o removido por deportabilidad (111 casos): la autoridad determinó que la persona, aunque ya estaba dentro del país, era removible o deportable (por crimen, violación de visa, etc.) y la deportó.

No incluimos en nuestro análisis las salidas voluntarias que corresponden a las siguientes 3 categorías y suman un total adicional de 2,910 menores que salieron del país: 

• "Salidas voluntarias confirmadas" (2,297 casos): acuerdos legales donde la persona firma que acepta salir por su cuenta del país dentro de un plazo (30-120 días), para evitar una orden formal de deportación en su récord. 

• "Retornos voluntarios presenciados" (527 casos): Casos en los que una persona acepta regresar a su país sin pasar por un proceso formal de deportación. ICE o CBP supervisan la salida. Generalmente pasa en las zonas fronterizas.

• "Retiros permitidos de solicitud de admisión" (86 casos): Personas que solicitaron entrar a Estados Unidos en un puerto de entrada y, antes de que se completara el proceso, firmaron el formulario I-275 para retirar dicha petición. No es una orden formal de expulsión (deportación), pero indica que se le consideró inadmisible y que se le ha registrado en los sistemas del DHS, lo que puede afectar a futuras solicitudes de visado.

4. Fechas: "Departed Date" (fecha de salida) entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, este último siendo el día más reciente disponible en el conjunto de datos publicado por el Deportation Data Project en marzo de 2026.

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Por Jessica McDonald de FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado

Es un argumento común y engañoso en los círculos antivacunas: las vacunas infantiles podrían ser inseguras porque pocas, si acaso alguna, se han sometido a ensayos controlados con placebo antes de su aprobación. Sin embargo, esta afirmación malinterpreta el proceso de pruebas de seguridad de las vacunas y se basa en una definición restrictiva de placebo, según han dicho los científicos a FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado.

“Ninguna vacuna infantil incluida en el calendario de vacunación ha pasado jamás por un ensayo doble ciego controlado con placebo antes de su autorización”, declaró Del Bigtree, un destacado activista vinculado con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en una conferencia celebrada el 9 de marzo de 2026 que se presentó como una charla sobre una “epidemia masiva” de daños causados por las vacunas. “Ahora es un hecho conocido que nunca se realizaron. Ningún ensayo con placebo a la vista”, añadió Bigtree.

Kennedy lleva años haciendo afirmaciones similares. El secretario fue director de Children’s Health Defense, un grupo que afirma que su “misión es acabar con las epidemias de salud infantil mediante la eliminación de exposiciones a sustancias tóxicas”, y escribe con frecuencia sobre los supuestos daños de las vacunas, y contrató a Bigtree como su director de comunicaciones durante su campaña presidencial de 2024. En los últimos meses, en general, Kennedy se ha abstenido de hablar sobre vacunas, pero en una audiencia del Congreso el 21 de abril, reiteró la afirmación al declarar que “nunca he sido antivacunas”.

“No creo que todas las vacunas sean malas. Nunca he dicho eso. Lo que sí he dicho es que deberían someterse a pruebas de seguridad”, declaró Kennedy, señalando que el gobierno está financiando el desarrollo de una vacuna universal contra la gripe y vacunas contra el cáncer. (En un pódcast de 2023, afirmó que “ninguna vacuna” es segura y eficaz, y posteriormente negó haber hecho esas declaraciones).

“Con una sola excepción, ninguna de las 92 dosis de las 18 vacunas que se administran actualmente a nuestros hijos ha sido sometida a un ensayo controlado aleatorizado con placebo”, continuó. “Y lo único que digo es que deberíamos conocer el perfil de riesgo para poder informar a los padres”.

Kennedy repitió básicamente lo mismo sobre los ensayos controlados con placebo en, al menos, tres ocasiones en enero de 2026.

“Los niños de hoy reciben entre 80 y 92 vacunas, y la única que ha sido sometida a pruebas de seguridad en un ensayo aleatorizado controlado con placebo es la vacuna contra el COVID-19. Ninguna de las demás lo ha sido”, declaró Kennedy en una entrevista con USA Today el 16 de enero de 2026. (Como ya han mencionado en FactCheck.org, este número de vacunas recomendadas rutinariamente es solo posible contando cada dosis, incluyendo las vacunas anuales contra la gripe y el COVID-19 hasta los 18 años, y separando las vacunas que se dan combinadas). “Por lo tanto, desconocemos si estas vacunas están provocando efectos secundarios”, como enfermedades crónicas.

En declaraciones similares durante un mitin el 21 de enero de 2026 en Pensilvania, afirmó que sin tales ensayos, “no sabemos cuál es el perfil de riesgo”.

Un argumento convincente, aunque engañoso

A primera vista, parece un argumento convincente. La mayoría de los estadounidenses tienen suficientes conocimientos científicos como para saber que comparar un producto médico con un placebo es la forma más rigurosa de determinar su eficacia. Además, estos ensayos pueden revelar efectos secundarios comunes.

Según los expertos, todas las vacunas aprobadas han sido sometidas a pruebas de seguridad, pero esto no siempre implica el uso de un placebo de solución salina, como Kennedy y otros suelen afirmar. Existen razones científicas y éticas para elegir otros controles, como otra vacuna o una solución con ingredientes inactivos, tal como explica el Centro Internacional de Acceso a Vacunas de Johns Hopkins.

Además, si bien el proceso de ensayo garantiza cierto nivel de seguridad, es improbable que los ensayos sean lo suficientemente amplios como para descartar efectos secundarios poco frecuentes, según indica el centro. Dicha información solo puede obtenerse a partir de los sistemas de vigilancia de la seguridad de las vacunas y de estudios poblacionales con decenas de miles o millones de personas.

“La seguridad no la determina un solo estudio”, dijo John Grabenstein, vacunólogo y director de comunicaciones científicas de la organización sin fines de lucro Immunize.org. “Se determina mediante la recopilación de todos los estudios”.

La afirmación de Kennedy de que se desconoce el “perfil de riesgo” de las vacunas infantiles sin ensayos controlados con placebo es “claramente falsa”, dijo Jeffrey S. Morris, director de la división de bioestadística de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, porque “descarta todos los demás estudios y datos existentes”.

“Muchas de estas vacunas se han administrado durante muchísimo tiempo”,  dijo Kathryn Edwards, vacunóloga jubilada de la Universidad de Vanderbilt. “Sus perfiles de seguridad han sido confirmados mediante estudios observacionales en los que incluyen a millones de niños”.

Con Kennedy al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), el enfoque en ensayos controlados con placebo, definidos de manera estricta, para las vacunas ha comenzado a influir en sus comunicaciones y políticas. En mayo de 2026, como escribieron en FactCheck.org, un portavoz del HHS afirmó que se sabe “muy poco” sobre los “perfiles de riesgo reales” de las vacunas debido a la falta de pruebas con un “placebo inerte”, y sugirió que los reguladores exigirán pruebas con placebo para todas las vacunas “nuevas”. Unas semanas después, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) indicó que ahora exigiría nuevos ensayos controlados con placebo para aprobar las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para poblaciones de menor riesgo.

En diciembre de 2025, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (ACIP, por sus siglas en inglés), rediseñado por Kennedy a principios de año, recibió a Aaron Siri, un abogado especializado en lesiones causadas por vacunas, quien hizo hincapié en la falta de ensayos controlados con placebo previos a la autorización de las vacunas infantiles inyectables de rutina en una presentación de más de 90 minutos.

Cuando los CDC, encargados del control de enfermedades, redujeron unilateralmente el número de vacunas infantiles recomendadas universalmente en enero, los funcionarios señalaron la falta de ensayos controlados con placebo para algunas de ellas. (El 16 de marzo, un juez bloqueó temporalmente esa política y todas las demás adoptadas por el ACIP actual, al considerar preliminarmente que el gobierno probablemente no había seguido los procedimientos adecuados al modificar el calendario de vacunación y nombrar a los miembros del comité. Desde entonces, el HHS ha emitido un nuevo estatuto para el ACIP, modificando las normas para permitir la participación de otros expertos, incluidos aquellos especializados en la recuperación de lesiones graves causadas por vacunas).

Aunque ya han abordado en FactCheck.org la afirmación sobre el efecto placebo de las vacunas en varias ocasiones, esta idea errónea persiste. Aquí la analizamos en detalle, explicando por qué ciertas vacunas infantiles no se probaron con placebos de solución salina y por qué los científicos afirman que esto no es motivo de preocupación.

Placebos definidos de forma restrictiva

Como ya hemos explicado, quienes hacen estas afirmaciones son muy estrictos en su definición de placebo. Aceptan el agua salada, o solución salina, como control placebo, u otra sustancia que consideran “inerte”. Pero a menudo no toman en cuenta controles similares que contienen ingredientes inactivos para imitar aspectos de la formulación de la vacuna, pero que carecen del antígeno, que es la parte clave de la vacuna a la que responde el sistema inmunitario para generar protección.

Estos ingredientes inactivos pueden incluir tensioactivos para mantener la vacuna bien mezclada; estabilizadores, conservantes o amortiguadores para que las vacunas sean seguras y duraderas; así como trazas de ingredientes que quedan del proceso de fabricación.

“Aunque no se trata de un placebo salino, se considera un placebo válido”, dijo Morris.

De hecho, quizás el ensayo de vacunas controlado con placebo más famoso (el masivo ensayo de la vacuna contra la polio de Salk de 1954) utilizó un líquido rojizo prácticamente idéntico al de la vacuna, pero sin el virus de la polio inactivado, como placebo. Como explica el pediatra Vincent Iannelli en su blog Vaxopedia, esto se hizo para evitar que los participantes y los responsables del ensayo supieran quiénes recibían un placebo y quiénes una vacuna real, lo que se conoce como enmascaramiento.

La vacuna contra la varicela también se comparó con un placebo que contenía un estabilizador y una pequeña cantidad del antibiótico neomicina. La vacuna contiene una pequeña cantidad de neomicina porque se elabora cultivando virus debilitados en células, y el antibiótico se utiliza para prevenir la contaminación. Si bien la mayor parte de la neomicina se elimina durante la purificación, queda una cantidad residual.

No hay evidencia de que este antibiótico presente en cantidades mínimas cause problemas, salvo en casos excepcionales de personas alérgicas, explica el Proyecto de Conocimiento sobre Vacunas de la Universidad de Oxford. Incluso para quienes son alérgicos, el riesgo es teórico, señala el Hospital Infantil de Filadelfia, ya que nunca se ha demostrado claramente que cantidades ínfimas de antibióticos en las vacunas causen reacciones alérgicas graves.

“Estudios realizados con aproximadamente 11.000 niños y adultos, a quienes se les dio seguimiento durante períodos de entre 2 y 12 años, demostraron que la vacuna era segura y eficaz”, escribieron dos científicos de la FDA en la revista Journal of Pediatrics, explicando la decisión de la agencia de aprobar la vacuna contra la varicela en 1995. “No se reportaron efectos secundarios graves atribuibles a la vacunación en personas sanas”, agregaron.

La vigilancia continua de la seguridad, que incluye la revisión de 22 años de datos de seguridad posteriores a la comercialización, ha confirmado la seguridad general de la vacuna contra la varicela.

Las dos vacunas contra el rotavirus disponibles, que se administran por vía oral, también utilizaron soluciones con diversos ingredientes inactivos como controles placebo cuando se evaluaron en ensayos controlados aleatorios.

Otros controles

Los activistas que se oponen al calendario de vacunación infantil tampoco aceptan los controles que incluyen adyuvantes, que son ingredientes que ayudan al sistema inmunitario a responder a una vacuna y a generar una respuesta más protectora, reduciendo a veces el número de dosis necesarias o la cantidad de antígeno. Los adyuvantes suelen provocar reacciones locales temporales, como enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, por lo que pueden ser útiles cuando un ensayo es a ciegas.

Uno de los problemas con los placebos de solución salina es que, por lo general, no provocan la típica reacción leve a las vacunas, lo que podría indicar a alguien que ha recibido un placebo. Si las personas saben que han recibido un placebo, podrían modificar su comportamiento, lo que podría alterar su riesgo de contraer la enfermedad en cuestión o cambiar su percepción de posibles efectos secundarios.

Los ensayos que utilizan controles con adyuvantes aíslan el efecto del ingrediente activo de la vacuna, o antígeno, y determinan si este es responsable de efectos secundarios adicionales, explican Johns Hopkins y el Hospital Infantil de Filadelfia. Un adyuvante de uso común es el aluminio, que grupos como Children’s Health Defense han afirmado por mucho tiempo que es problemático. Sin embargo, la evidencia científica disponible no indica que sea peligroso en las pequeñas cantidades presentes en las vacunas, como ya han explicado en FactCheck.org al informar sobre estas afirmaciones en el pasado.

“El proceso de fabricación del aluminio permite que la vacuna permanezca cerca del lugar de la inyección y se libere más lentamente con el tiempo”, explicó Charlotte Moser, codirectora del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. Esta exposición prolongada genera una fuerte respuesta inmunitaria, pero suele causar dolor, enrojecimiento e inflamación en el lugar de la inyección. Incluir el adyuvante en el grupo de control “hace que el experimento sea más sólido”, afirmó Moser.

En otros casos, se utilizan otras vacunas como control, tanto para preservar el enmascaramiento como por razones éticas. 

“A menudo, lo que se hace es comparar una vacuna nueva con una antigua”, dijo Edwards. Si ya existe una vacuna contra un patógeno en particular, generalmente no es ético no administrarla. “Los niños no vacunados pueden contraer enfermedades peligrosas”, explica la Academia Estadounidense de Pediatría. “Los padres de los niños del grupo placebo no sabrían que no recibieron la vacuna y que su hijo está desprotegido”. Y en muchos casos, parte de la cuestión científica es si la nueva vacuna es al menos tan buena como la anterior.

Incluso con una nueva vacuna, se podrán seguir utilizando otras vacunas como controles si se determina que hacerlo es necesario para brindar algún beneficio a todos los participantes.

El especialista en ética médica de la Universidad de Nueva York, Arthur Caplan, y sus colegas escribieron en un artículo publicado en julio de 2025 en EMBO Reports que los controles con placebo “rara vez son éticos en los ensayos de vacunas” y solo se permiten si existe una incertidumbre genuina, o lo que los investigadores llaman “equipoise”, sobre el beneficio de la vacuna.

El tema de los placebos es particularmente complejo en los estudios con niños. Si bien la FDA tradicionalmente no ha tenido sus propias directrices para los placebos en los ensayos de vacunas, sí ha emitido directrices especializadas para productos médicos que involucran a niños, haciendo hincapié en que los ensayos deben “maximizar el beneficio y minimizar el riesgo“.

La agencia nos comunicó en 2023 que “no se requiere un control con placebo, como solución salina, para determinar la seguridad (o eficacia) de una vacuna” y que, en algunos casos, “se considera poco ético”.

El uso de un adyuvante u otra vacuna como control no significa que la vacuna no haya sido suficientemente estudiada en cuanto a su seguridad, dijeron los expertos.

“Las preocupaciones que se están planteando en torno a la necesidad de placebos totalmente inertes tienen como objetivo desviar la atención”, dijo Moser, y agregó que “la idea de que las empresas están fabricando vacunas y no las están probando adecuadamente es completamente infundada”.

“Todas las vacunas infantiles se estudian exhaustivamente antes de su autorización, y la FDA y sus homólogos en todo el mundo deben aprobar los diseños de los estudios incluso antes de que estos se lleven a cabo”, dijo Grabenstein. “Corresponde a la FDA elegir el comparador aceptable”.

Cuando la FDA revisa un producto, señaló Grabenstein, los reguladores examinan minuciosamente los datos revisando la información de cada participante del estudio.

“Solo están viendo la punta del iceberg”, dijo refiriéndose a la información que se presenta en el prospecto de una vacuna. “Los organismos reguladores han revisado datos originales mucho más extensos”. (Grabenstein trabajó para Merck Vaccines durante más de una década. Afirmó no tener ningún vínculo financiero con la empresa actualmente).

Antes de que se autorice cualquier vacuna nueva importante, un comité independiente de expertos suele asesorar a la agencia sobre si aprobar o no la vacuna; un proceso similar se produce dentro de los CDC cuando la agencia decide cómo se utilizarán las vacunas aprobadas.

En un correo electrónico, Bigtree se opuso a la idea de aceptar ensayos con placebos no inertes si la FDA los autoriza, afirmando que “para eso existen grupos de defensa del consumidor como ICAN”, la organización sin fines de lucro de Bigtree, y señaló casos de fallos de la FDA. Admitió que los ensayos de eficacia podrían usar otros controles, pero afirmó que, para los ensayos de seguridad, el placebo no debe tener ningún efecto farmacológico. “Para establecer una base de seguridad real equivalente a la de una persona que no recibe absolutamente nada, solo es aceptable un placebo de solución salina”, declaró. “No es mi opinión, es un hecho científico”.

Bigtree también afirmó que “prácticamente todos los expertos independientes que han evaluado sistemas como VAERS”, el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas de los CDC y la FDA, “los describen como imprecisos, con poca potencia estadística y fundamentalmente poco fiables”, aunque seguía pensando que podrían “generar estudios significativos (…) si existiera algún interés institucional por la transparencia y la investigación honesta”.

Como ya han explicado en FactCheck.org, VAERS es solo uno de los varios sistemas de vigilancia que el gobierno utiliza para monitorear la seguridad de las vacunas. Si bien VAERS es pasivo y acepta informes voluntarios y no verificados sobre posibles efectos secundarios de las vacunas, otros sistemas son activos y recopilan información automáticamente a intervalos regulares. Aunque ningún sistema es perfecto, los sistemas de vigilancia han logrado identificar problemas con ciertas vacunas, lo que ha llevado a restricciones o a la retirada de algunas del mercado.

Un placebo “puede ser solución salina o cualquier otra sustancia considerada inerte. Sin embargo, esto no incluiría, por ejemplo, adyuvantes”, declaró un socio principal del bufete de abogados de Siri cuando le formulamos varias preguntas sobre las declaraciones de Siri en su presentación ante el ACIP. “Las presentaciones y escritos de Siri, disponibles públicamente, ponen de manifiesto los problemas relacionados con la seguridad posterior a la autorización de comercialización”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a la solicitud de comentarios de FactCheck.org.

Cabe destacar que, para algunas vacunas, también se han realizado ensayos controlados aleatorios, con o sin placebo, después de su autorización. Las afirmaciones de los activistas sobre los ensayos controlados con placebo suelen centrarse en los estudios previos a la autorización, pero los estudios realizados después de la aprobación en Estados Unidos forman parte de la evidencia general sobre una vacuna o un antígeno vacunal en particular.

Los científicos “siguen estudiando las vacunas después de que se autorizan, y sí, se incluyen grupos de control”, dijo Moser.

Vacuna neumocócica

En su presentación ante el ACIP, Siri afirmó repetidamente que las vacunas infantiles no habían sido suficientemente probadas en cuanto a su seguridad.

“La preocupación radica en que ninguna de ellas fue autorizada basándose en un ensayo clínico controlado con placebo, inerte”, afirmó, refiriéndose a las vacunas infantiles “rutinarias, inyectadas una vez” incluidas en el calendario de vacunación. “Tampoco se utilizó ninguna vacuna como control para autorizar ninguna de las vacunas autorizadas basándose en un ensayo controlado con placebo”.

Como ejemplo clave, Siri destacó la vacuna neumocócica, señalando que las vacunas neumocócicas infantiles actuales se autorizaron basándose en ensayos con versiones anteriores de la vacuna, pero que la primera vacuna autorizada, Prevnar 7, se había probado frente a una vacuna experimental que aún no había sido aprobada.

“Ese no es un control apropiado. No establece un nivel de seguridad básico”, afirmó. Anteriormente, en la reunión, había dicho que, dado que Prevnar 7 era la primera de su tipo, “sin duda no había excusa para no usar un control inerte en ese ensayo”. Siri, quien ha representado y asesorado a Kennedy, ha presentado peticiones en nombre de ICAN para suspender la distribución de vacunas o retirarlas del mercado. También señaló que los datos del ensayo de la vacuna neumocócica “plantean serias preocupaciones de seguridad”.

Sin embargo, los científicos dijeron a FactCheck.org que había razones éticas para elegir una vacuna experimental como control, y que su seguridad había sido estudiada exhaustivamente.

“Someter a la mitad de más de 37.000 niños a cuatro inyecciones, y se trata de bebés y niños pequeños, sin ningún beneficio potencial no era ético”, nos dijo Steven Black, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y veterano investigador de ensayos clínicos de vacunas que participó en el ensayo original de Prevnar. La vacuna neumocócica se administra a los 2, 4, 6 y entre los 12 y los 15 meses de edad.

Según explicó, la decisión inicial de utilizar otra vacuna como control fue suya, pero cuando presentó el plan al Comité de Ética Institucional del estudio, un comité independiente que protege los derechos y el bienestar de los participantes en el ensayo, el grupo “coincidió en que,dada la opción de una vacuna de control activo que podría aportar beneficios, vacunar a tantos niños con cuatro dosis de solución salina era poco ético”.

“Consideramos que proporcionar una vacuna de control contra la enfermedad meningocócica, para la cual no existía ninguna vacuna en uso en Estados Unidos en ese momento, brindaría la posibilidad de cierta protección a esos bebés”, dijo Black.

La decisión de utilizar una vacuna experimental surgió por necesidad.

“Teníamos un menú realmente limitado”, explicó Black. “La mayoría de las vacunas que se podían elegir ya se recomendaban de forma rutinaria”, lo que impedía incluirlas como control en un ensayo.

Por lo tanto, el equipo eligió una vacuna meningocócica que, al igual que la vacuna neumocócica, había superado la fase 2 de los ensayos clínicos. La fase 2 es la etapa previa al ensayo principal a gran escala, pero posterior a las pruebas básicas de seguridad realizadas en la fase 1.

Black, codirector de la Red Mundial de Datos sobre Vacunas, señaló que, tras el ensayo de Prevnar, la vacuna experimental se utilizó en el Reino Unido durante un brote de meningitis meningocócica. “El Reino Unido se sintió satisfecho con los datos de seguridad del grupo de control”, afirmó.

Black afirmó que la evaluación de seguridad del ensayo de Prevnar “fue la más exhaustiva de todas las evaluaciones de seguridad realizadas en Estados Unidos para un ensayo de fase 3 hasta la fecha”. Según explicó, los profesionales médicos supervisaban cada vez que un niño de cualquiera de los grupos vacunados solicitaba atención médica para detectar posibles problemas relacionados con la vacuna, y cualquier incidente grave se notificaba a la FDA.

“Cuando se presentaron los resultados del ensayo al comité de revisión de la FDA, el presidente del comité comentó que, en términos de evaluación de seguridad, este ensayo había elevado el listón para la realización de futuros ensayos”, dijo Black.

El comité de monitoreo de seguridad de datos supervisó todos los eventos adversos a medida que ocurrían, agregó Black, y si se hubiera producido un grupo de eventos, el ensayo se habría hecho público. “Habríamos notificado a la FDA”, dijo. “Así que no solo estábamos analizando eventos individuales, sino que también buscábamos patrones, y no encontramos ninguno”.

Se obtuvieron datos de seguridad adicionales en estudios posteriores a la autorización de la vacuna original, así como en ensayos que compararon versiones más recientes de la vacuna con sus predecesoras. Las vacunas neumocócicas actuales para niños están dirigidas a 15 o 20 serotipos bacterianos de neumococo.

Según Black, la vacuna ha sido “sumamente eficaz para reducir el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva en niños” e indirectamente ha disminuido la transmisión de la bacteria y la incidencia de la enfermedad en padres y abuelos. “El número de vidas salvadas ha sido enorme”, afirmó. “Y, a pesar de haberse administrado millones de dosis, no se han detectado problemas de seguridad graves ni confirmados”.

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Te explicamos algunas curiosidades sobre las elecciones (midterms y elecciones presidenciales) en Estados Unidos.

La fecha de los midterms y elecciones presidenciales se debe al pasado mayormente agrario de Estados Unidos

Bajo la ley federal, el día de las elecciones (Election Day) se lleva a cabo el martes después del primer lunes de noviembre en los años pares. Por este motivo, esta fecha cae entre el 2 y 8 de noviembre dependiendo del año. En esta fecha se elige a los representantes del Congreso, a los senadores, al vicepresidente y al presidente. 

¿Cómo se escogió esta fecha?

El Congreso estadounidense adoptó este día único para las elecciones en 1845, empezando con las elecciones del presidente y vicepresidente. En 1872, el Congreso aprobó que se  sumaran las elecciones de congresistas  este mismo día y, en 1914, las elecciones de los senadores por parte del público en lugar de las legislaturas estatales tras la aprobación de la Enmienda 17, según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), una entidad que sirve como personal compartido y no partidista para los comités del Congreso y los miembros del mismo y opera exclusivamente bajo la dirección del Congreso.

La decisión de que las elecciones sean a inicios de noviembre se debe a que Estados Unidos era una sociedad mayormente agraria. Celebrar las elecciones en estas fechas permitía evitar la temporada de cosecha y el clima riguroso del invierno. 

La decisión de que ocurran un martes se debió a que los votantes se encontraban en áreas remotas y debían viajar durante la noche para acudir a las urnas. De esta manera, se evitaba exigirles viajar un domingo, día de reposo para la mayoría de cristianos (la mayoría de los primeros estadounidenses eran cristianos, según un artículo de 2000 de la Universidad de Chicago). L decisión de que las elecciones no ocurrieran el 1 de noviembre se debe a que muchos comerciantes “utilizaban el primer día del mes para hacer el balance del mes anterior”, según el CRS y History.com.

Orígenes del burro y elefante como símbolos del Partido Demócrata y del Partido Republicano

Los usos de los símbolos de los partidos Demócrata (burro) y Republicano (elefante) tienen sus raíces en el siglo XIX. En 1828, Andrew Jackson, presidente 7 de Estados Unidos, lo adoptó como símbolo después de que sus oponentes lo llamaran “jackass” (asno, en español), de acuerdo a History.com. El “burro” fue parte de los carteles de campaña de Jackson, quien redefinió al animal como “firme, decidido y tenaz, en lugar de desacertado, lento y obstinado”, según Smithsonian Magazine.

Por su parte, la imagen del elefante como símbolo republicano se utilizó en al menos una caricatura política e ilustración de un periódico durante la Guerra Civil (1861-1865), como una expresión utilizada por los soldados para representar experiencia en combate, según  History.com.

Sin embargo, se acredita al caricaturista Thomas Nast de Harper’s Weekly, una revista estadounidense de política y comentario social del siglo XIX, el haber vinculado permanentemente el burro al Partido Demócrata y el elefante al Partido Republicano, coinciden la Universidad de Texas en Austin, la Smithsonian Magazine y History.com.  

El día de las elecciones no es un feriado nacional

A diferencia de lo que ocurre en otros países (como Argentina, Austria, Bélgica, Costa Rica o México), el día de las elecciones en Estados Unidos no es un feriado nacional. Esto permitiría a los votantes tener “el tiempo y la libertad para votar sin tener que pedir permiso en el trabajo”, indica  Brookings, organización independiente sin fines de lucro cuyos expertos “testifican ante el Congreso e interactúan con funcionarios gubernamentales en Estados Unidos y en el extranjero”.

Sin embargo, 28 estados más el Distrito de Columbia requieren que los empleadores concedan a sus empleados el tiempo libre para votar –en algunos casos, pagado–, según Ballotpedia. Estos estados incluyen a California, Nueva York y Texas, donde vive una alta proporción de latinos.

George Washington fue el único presidente que no representó a un partido político

El primer presidente de Estados Unidos, George Washington (1789-1797), no se afilió a ningún partido político, aunque apoyó varias de las políticas del Partido Federalista (una de los primeros partidos políticos del país y que abogaba por un “gobierno central fuerte”), según recoge Ballotpedia.

Wyoming, el primer estado en otorgar el derecho al voto a las mujeres

Antes de convertirse en el estado 44 de Estados Unidos, Wyoming otorgó el derecho al voto a las mujeres el 10 de diciembre de 1869, según la página oficial del estado. National Geographic y la página estatal de Wyoming indican que fue el primer gobierno en el mundo en otorgar a las mujeres igualdad de derechos de voto. 

Cuando finalmente se convirtió en estado 1890, también se convirtió en el primer estado donde las mujeres podían votar.  

Otros territorios estadounidenses que permitieron a las mujeres votar antes de convertirse en estados fueron Utah (1870), Washington (1883), Montana (1887), y Alaska (1913), según informa la Universidad Rutgers.

Finalmente, la ratificación de la Enmienda 19, el 4 de junio de 1919, “codificó el sufragio femenino a nivel nacional”.

La Enmienda 19 dice: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún Estado por razón de sexo”.

Barreras electorales para latinos duraron una década después de la Ley de Derechos Electorales de 1965

Según la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, aunque la Ley de Derecho al Voto de 1965 buscó eliminar las barreras raciales al sufragio, muchos latinos siguieron enfrentando obstáculos durante una década, especialmente por el idioma. 

Activistas mexicano-estadounidenses descubrieron en los años 70 que los votantes hispanohablantes aún sufrían discriminación en las urnas y no podían acceder fácilmente a materiales electorales en español. No fue hasta 1975, diez años después de la ley original, que el presidente Gerald Ford (1974-1977) amplió la legislación para proteger a las “minorías lingüísticas”, obligando a ofrecer materiales y asistencia electoral en otros idiomas. Esta reforma fortaleció la participación política de latinos, asiático-estadounidenses y comunidades indígenas.

Antes de 1971 era requerido tener 21 años para votar

En los inicios de Estados Unidos, el voto estaba reservado para “hombres blancos que tuvieran al menos 21 años de edad y poseyeran cierta cantidad de propiedades, entre otros requisitos”, según Constitution Annotated, un registro exhaustivo, sancionado por el gobierno, de las interpretaciones de la Constitución.

La ratificación de la Enmienda 26, el 1 de julio de 1971, bajó el requisito de edad para votar de 21 a 18 años, precisa la Librería Presidencial de Ronald Reagan y Constitution Annotated.

No existe la “ley seca” en Estados Unidos durante las elecciones

A diferencia de algunos países (como Argentina, Ecuador, Perú o Venezuela), Estados Unidos no prohíbe a nivel nacional la venta y consumo de alcohol durante el día de elecciones, según CRS. A esto se le conoce como “ley seca” en otros países. 

Tras la ratificación de la Enmienda 21 en 1933, que eliminó la prohibición de alcohol a nivel nacional y delegó su regulación a los estados, algunos continuaron prohibiendo la venta de alcohol durante el día de elecciones. Con el tiempo, los estados abandonaron la práctica y Carolina del Sur fue el último en hacerlo en 2014, según CRS.

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De acuerdo con expertos, esta decisión que anula ese mapa electoral –tomada por la mayoría de los magistrados (los 6 conservadores votaron a favor y las 3 magistradas liberales en contra)– hace que sea más difícil impugnar la creación de distritos electorales que puedan diluir el voto de las comunidades minoritarias, incluyendo el de comunidades latinas. Te explicamos.

De qué trataba el caso en Luisiana

En el caso de Louisiana v. Callais, la mayoría de los magistrados decidió que el mapa congresional aprobado por Luisiana en 2024 violaba la Constitución porque, según la Corte, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965 “no exigía que Luisiana creara un distrito adicional” de mayoría negra, y calificó ese mapa electoral como un “gerrymander inconstitucional”. El gerrymandering es como se le llama en Estados Unidos a la acción de diseñar distritos electorales para favorecer a un partido político o grupo en particular.

Este caso de Luisiana tiene implicaciones a nivel nacional, porque en la sentencia, la Corte cambió la forma en la que interpreta la Sección 2 de la citada ley, que era clave para denunciar mapas que pudiesen diluir el voto de comunidades minoritarias.

La Sección 2 de la Voting Rights Act

La Voting Rights Act de 1965 prohibió las prácticas discriminatorias que implementaron los estados sureños después de la Guerra Civil para evitar que ciudadanos negros pudiesen votar. Por ejemplo, en Tennessee exigían a personas negras pagar un “impuesto electoral” para poder votar, en Alabama implementaron una “prueba de alfabetización” como requisito para que personas negras pudiesen registrarse para votar y en Luisiana se introdujo la “cláusula del abuelo”, que dificultaba el registro electoral para descendientes de personas esclavizadas, porque sólo extendía el derecho al sufragio a los descendientes de quienes hayan podido votar antes de 1867, período en el que las personas negras no tenían derecho al voto.

La Sección 2 de la ley establece que “ningún requisito electoral o prerrequisito para votar, ni ninguna norma, práctica o procedimiento, será impuesto o aplicado por ningún estado o subdivisión política de manera que resulte en la negación o restricción del derecho de cualquier ciudadano de los Estados Unidos a votar por motivos de raza o color”.

El Departamento de Justicia (DOJ) explica que la Sección 2 también protege a grupos de minorías lingüísticas reconocidos por ley, que incluye a personas de habla hispana.

Cambio en la interpretación de la Sección 2

Según la opinión mayoritaria escrita por el magistrado Samuel Alito, la Sección 2, “cuando se interpreta correctamente”, aplica “sólo cuando la evidencia respalda una fuerte inferencia de que el estado trazó intencionalmente sus distritos para dar a los votantes minoritarios menos oportunidades debido a su raza” y no limita “la prerrogativa de los estados de trazar distritos con base en factores no raciales, incluso para lograr una ventaja partidista”.

Esta interpretación es distinta a la que mantenía previamente la Corte. La magistrada Elena Kagan, en su voto disidente, explica que el espíritu de la ley y la interpretación que ha dado la Corte previamente se ha enfocado no tanto en la “intención” con la que se trace un mapa electoral sino en “prohibir el uso de cualquier mecanismo electoral que resultara en que los ciudadanos pertenecientes a minorías tuvieran menos oportunidades que los ciudadanos no pertenecientes a minorías de elegir a sus representantes políticos”.

La nueva interpretación de la Corte implica que “si un estado o una localidad caracteriza sus decisiones al trazar líneas electorales como ‘decisiones de naturaleza partidista’, puede salirse con la suya, incluso si el efecto final es discriminar contra votantes de color”, dijo a Factchequeado Michael Li, abogado experto en derechos electorales del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado.

Cuando Factchequeado le preguntó a Li si, bajo esa lógica, era legal dibujar un mapa con el objetivo explícito de que el otro partido pierda una elección, el experto respondió: “Sí, tan agresivamente como quieran”.

La jueza Kagan, en una disidencia acompañada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, indicó que la decisión de la mayoría deja la Sección 2 “prácticamente como letra muerta”, porque evitará la revisión de “cualquier práctica, incluido cualquier esquema de distribución de distritos electorales, cuando un estado diga que tiene alguna justificación neutral respecto de la raza”, ya que el estado ahora “no necesita hacer nada más que afirmar que el gerrymander es partidista”.

Según Li, el fallo de 2026 de Louisiana v. Callais “elevó el partidismo a casi un principio sagrado” y le da a los estados “vía libre para dibujar mapas sobre la base del partidismo, incluso si su verdadero motivo es discriminar contra votantes de color”, porque lo único que tienen que hacer es “ponerle una apariencia partidista a lo que hacen”.

Eso realmente amplifica lo que era la ley. Ahora los estados tienen vía libre para dibujar mapas sobre la base del partidismo, incluso si su verdadero motivo es discriminar contra votantes de color. Sólo tienen que ponerle una apariencia partidista a lo que hacen. Y eso es suficiente.

Por otro lado, Travis Crum, profesor de Derecho en Washington University in St. Louis, afirmó en un artículo publicado por el portal Election Law Blog que “la Corte prácticamente vació la Sección 2 de la Voting Rights Act y abrió la puerta al desmantelamiento de distritos de mayoría minoritaria en todo el país, particularmente en el Sur”.

Qué puede significar para los votantes latinos

Li dijo a Factchequeado que espera ataques legales futuros contra distritos electorales de mayoría latina, particularmente en Texas y Florida, aunque añadió que los primeros cambios probablemente se enfoquen en distritos negros en estados del Sur, como Luisiana, Alabama, Tennessee o Mississippi.

Juan Proaño, director ejecutivo de La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dijo en un comunicado que el fallo despoja a los votantes latinos, negros, y a otros bloques minoritarios “de la herramienta más poderosa que teníamos para defendernos contra la discriminación en las urnas” y advirtió que la decisión abre la puerta para que “Texas actúe para dividir el Valle del Río Grande” y que Florida haga lo mismo “contra comunidades negras y puertorriqueñas”.

De forma similar, el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y la organización Voto Latino también advirtieron que el fallo puede facilitar que estados y gobiernos locales intenten reducir la fuerza electoral de comunidades negras, latinas y otras minorías usando el argumento de que sus decisiones fueron partidistas y no raciales.

De acuerdo con un análisis de las organizaciones sin fines de lucro Black Voters Matters y Fair Fight Action, sin la Sección 2, el 11% de los miembros del Caucus Hispano del Congreso estarían en riesgo de perder el cargo. Lo mismo ocurriría con entre el 25% y el 30% de los miembros del Caucus Negro.

Algunas acciones que se han tomado tras el fallo

• Luisiana, 30 de abril de 2026: el gobernador republicano Jeff Landry suspendió las primarias congresionales para dar tiempo a aprobar un nuevo mapa tras el fallo.

• Alabama, 30 de abril de 2026: el fiscal general Steve Marshall presentó mociones para levantar bloqueos judiciales contra mapas electorales del estado.

• Florida, 4 de mayo de 2026: el gobernador republicano Ron DeSantis firmó el proyecto HB 1-D, que redibuja los 28 distritos congresionales del estado.

• Tennessee, 7 de mayo de 2026: el estado aprobó un nuevo mapa congresional que divide el distrito de mayoría negra de Memphis.

• Carolina del Sur, 7 de mayo de 2026: legisladores republicanos presentaron un proyecto para redibujar los distritos congresionales.

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El programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) otorga alivio contra la deportación y permisos de trabajo a alrededor de 525,210 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad (también llamados dreamers), según datos de USCIS actualizados hasta el 31 de marzo de 2025. Esto les permite vivir en el país legalmente, participar en la fuerza laboral, pagar impuestos y contribuir al crecimiento económico local, estatal y federal, explica el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), que se describe como “un instituto de políticas independiente y no partidista, dedicado a mejorar la vida de todos los estadounidenses”.

Un reporte publicado el 30 de abril de 2026 por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) recopila varios análisis sobre el impacto económico del programa a nivel local y federal, así como las pérdidas económicas para el país si los beneficiarios pierden las protecciones contra la deportación y sus permisos de trabajo.

Te contamos las cifras del reporte de LULAC, que puedes encontrar haciendo clic aquí.

La población de DACA en números, según USCIS

Los datos de USCIS, actualizados hasta el 31 de marzo de 2026, muestran que: 

- La edad promedio de los beneficiarios de DACA es de 31 años de edad. Más de la mitad de ellos son mujeres (54%) y 46%, hombres. El 31% de ellos están casados, 66% son solteros y 3%, divorciados.

-La mayoría proviene de México (~426,570), seguido por El Salvador (~20,740), Guatemala (~14,080), Honduras (~12,900), Perú (~4,690), Corea del Sur (~4,560) y Brasil (~3,880). 

-Todos los beneficiarios de DACA han vivido en Estados Unidos desde al menos el 15 de junio de 2007, que es uno de los requisitos para calificar para el programa. Actualmente, residen en todos los estados del país, además del Distrito de Columbia y territorios como Puerto Rico y Guam. La mayoría se encuentra en California (~147,440), seguido por Texas (~87,890), Illinois (~27,800), Florida (~20,590) y Nueva York (~20,520).

Miles de millones de dólares en contribuciones fiscales

Desde la implementación del programa en 2012, los beneficiarios de DACA han pagado un total de 40,000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, según un reporte actualizado en 2025 de la Coalición por el Sueño Americano, descrita por Influence Watch como una red de empresas grandes –como Amazon, Google, Meta, Microsoft y PayPal– que ejerce presión para lograr una legislación que establezca un proceso de naturalización para los beneficiarios de DACA. 

Las contribuciones anuales de los beneficiarios se estiman en alrededor de 6,200 millones de dólares en impuestos federales y 3,300 millones en impuestos estatales y locales, según análisis de noviembre de 2021 de CAP.

Una investigación del Foro de Acción Estadounidense (AAF), publicada en enero de 2018, concluye que los beneficiarios de DACA contribuyen cada año aproximadamente con 3,400 millones de dólares en impuestos y añaden 42,000 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. En ese entonces había cerca de 690,000 personas con protecciones de DACA, según el texto de la investigación.

Este grupo también tiene miles de millones de dólares en poder adquisitivo. El CAP estima que los hogares con beneficiarios de DACA tienen alrededor de 25,300 millones de poder adquisitivo anual una vez reducidos los impuestos. La Coalición por el Sueño Americano estima que han contribuido al menos 150,000 millones de dólares a la economía desde 2012 en poder adquisitivo y que los beneficiarios de DACA que tienen negocios propios tienen hasta 188,000 empleados.

El 30.7% de 560 beneficiarios encuestados por Tom K. Wong, del Centro de Política de Inmigración de los Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego, en asociación con United We Dream, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y CAP, entre octubre de 2023 y enero de 2024, dijeron ser propietarios de casas primerizos y pagar hipotecas. Un reporte de CAP publicado en noviembre de 2021, estima que este grupo posee aproximadamente 68,000 casas, pagan 760 millones de dólares en hipoteca y 2,500 millones en alquiler anualmente.

Estimaciones de las pérdidas económicas que resultarían en caso de que se terminen las protecciones de DACA

En su reporte, la Coalición por el Sueño Americano estima que eliminar DACA representaría una pérdida de hasta 1 billón de dólares a lo largo de la vida laboral (working lifetime) de los beneficiarios y potenciales beneficiarios. Esta cifra incluye 234,000 millones de dólares de beneficiarios de DACA y sus cónyuges y 648,000 millones de individuos elegibles para el programa y sus cónyuges, en caso de que dejen de trabajar a lo largo de su vida.

Como te contamos en Factchequeado, una de las propuestas del Proyecto 2025, la propuesta de gobierno por la organización Heritage Foundation, proponía eliminar gradualmente el programa al suprimir el tiempo de personal destinado a la revisión y tramitación de las solicitudes de renovación, según indica la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). Muchas propuestas del Proyecto 2025 se han implementado durante el segundo mandato de Trump, pese a que el mandatario se había distanciado del mismo durante su campaña presidencial. 

La Coalición estima que existen 1 millón de menores que califican para el programa, pero que, debido a las batallas legales (como el intento de terminar el programa en 2017, que derivó en un fallo 5-4 de la Corte Suprema en junio de 2020, en el que se determinó que la administración de Trump no siguió los procedimientos adecuados para hacerlo) no han podido beneficiarse de él. 

En 2021, el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, Andrew Hanen, falló a favor de una coalición de fiscales generales republicanos que argumentaron en una demanda que el programa era “ilegal”. Esta decisión prohibió al gobierno procesar aplicaciones iniciales de DACA, pero permitió que continuaran las renovaciones, según FWD.us, que se describe como “una organización de políticas que trabaja para promover soluciones mejores y políticamente más resilientes en materia de justicia penal e inmigración”. 

La administración Joe Biden apeló los fallos del juez Hanen en contra de DACA en 2022; sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó en dos ocasiones su determinación de que el programa es ilegal, incluso después de que la administración estableciera una norma formal para DACA. No obstante, los tribunales han seguido permitiendo que los beneficiarios actuales renueven sus protecciones mientras prosigue la batalla legal.

Asimismo, el Quinto Circuito dictaminó que, en el estado de Texas, los permisos de trabajo de DACA podrían separarse potencialmente de las protecciones contra la deportación, remitiendo la cuestión nuevamente al juez Hanen; este podría emitir un fallo sobre la forma en que esto operaría tras recibir los escritos de las partes a finales de 2025, según FWD.us

En la práctica, la mayoría de quienes obtuvieron DACA aplicaron durante los primeros cinco años del programa. Es decir, aquellos que no aplicaron durante esa ventana de 5 años no pueden obtener DACA pese a cumplir con los requisitos (como haber residido de manera continua desde el 15 de junio de 2007, haberse graduado de la escuela secundaria y haber llegado al país antes de cumplir los 16 años de edad), de acuerdo a la Coalición.

El Instituto Cato, que se describe como “una organización de investigación de políticas públicas rigurosamente apartidista e independiente”, publicó un reporte en febrero de 2018 en el que estimó que eliminar el programa costaría a la economía estadounidense 351,000 millones de dólares en 10 años (estimaciones de 2019 a 2028) y reduciría los ingresos fiscales en casi 92,900 millones anuales. 

La deportación de esta población –según el AAF, para 2018– costaría entre 7,000 y 21,000 millones de dólares. 

El CAP estimó que 25,300 millones de dólares anuales en poder adquisitivo después de impuestos y 9,500 millones de ganancias fiscales federales, estatales y locales estarían en riesgo.

La mayoría de estas pérdidas se concentrarían en los 4 estados con la población más grande de estos dreamers: California (68,000 millones de dólares), Texas (37,000 millones), Illinois (11,000 millones) y Arizona (11,000 millones).

A esto se le suma que 1 millón de familiares (incluidos cónyuges e hijos estadounidenses) podrían enfrentarse a la separación de un beneficiario de DACA. Además, 115,00 menores perderían el acceso a un seguro médico privado derivado de un padre beneficiario de DACA, de acuerdo con la Coalición por el Sueño Americano.

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El gobierno de Estados Unidos no proporciona estimaciones sobre la magnitud del llamado turismo de nacimiento, es decir, la práctica de mujeres embarazadas que viajan a Estados Unidos con visas de turismo con el fin de obtener ciudadanía estadounidense para su hijo por derecho de nacimiento. Un grupo externo ha estimado que podría tratarse de más de 20,000 nacimientos al año. Algunos argumentan que no es lo suficientemente común como para justificar la modificación de las políticas de ciudadanía por derecho de nacimiento que han estado vigentes por mucho tiempo.

Como señaló el lector que hizo la pregunta sobre qué tan real es el turismo de nacimiento a FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado, el procurador general,  D. John Sauer, citó el turismo de nacimiento en sus argumentos ante la Corte Suprema el 1 de abril de 2026 como una razón para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. 

Según una interpretación vigente por muchos años, la Constitución de los Estados Unidos otorga la ciudadanía a los niños nacidos en el país, incluso si sus padres se encuentran en el país de forma irregular. La administración Trump está cuestionando esta interpretación.

El procurador general argumentó ante la Corte Suprema que la ciudadanía por derecho de nacimiento “ha generado una extensa industria de turismo de nacimiento, en la cual miles de extranjeros de naciones potencialmente hostiles han acudido en masa a dar a luz en Estados Unidos en las últimas décadas, creando toda una generación de ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin vínculos significativos con los Estados Unidos”.

Cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, le preguntó si tenía alguna información sobre la frecuencia o la importancia del problema del turismo de nacimiento, Sauer respondió: “Nadie lo sabe con certeza”.

Se espera que este verano el Tribunal Supremo emita su fallo sobre el caso que impugna la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que emitió el primer día de su segundo mandato.

El Departamento de Estado no recopila datos sobre el turismo de nacimiento. Pero eso no ha impedido que la administración Trump comparta estimaciones elevadas.

Trump ha criticado durante mucho tiempo el turismo de nacimiento, afirmando que atrae la inmigración ilegal. En 2023, propuso una orden ejecutiva que, según dijo, “pondría fin a la práctica injusta conocida como turismo de nacimiento, en la que cientos de miles de personas de todo el planeta se alojan en hoteles durante las últimas semanas de embarazo para obtener ilegítima e ilegalmente la ciudadanía estadounidense para el niño, a menudo para luego aprovechar la cadena migratoria y así obtener la residencia permanente para sí mismos y sus familiares”. (Sin embargo, lo que firmó en 2025 fue más allá de combatir el turismo de nacimiento y exigió el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento para cualquier niño nacido en Estados Unidos de padres que no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales). 

El 4 de abril de 2026, en Fox News, el jefe de la frontera, Tom Homan, declaró: “El turismo de nacimiento ha sido un problema durante las tres décadas que llevo aplicando la ley de inmigración, especialmente por parte de ciudadanos rusos y chinos, que vienen a este país solo para dar a luz. Así pues, tenemos cientos de miles de ciudadanos chinos y rusos con hijos que son ciudadanos estadounidenses. Y si esto continúa, representa una importante amenaza para la seguridad nacional”.

En 2020, el Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por una inmigración reducida, estimó que el número posible de casos de turismo de nacimiento oscilaba entre 20.000 y 26.000 al año. A modo de comparación, ese año se registraron 3,61 millones de nacimientos en Estados Unidos.

Steven Camarota, director de investigación del CIS, explicó que llegó a esa estimación comparando los datos del censo con los registros de nacimientos. Debido a algunos cambios en los datos del censo, indicó que la estimación de 2020 es la más reciente que puede proporcionar. Pero en el transcurso de una década, dijo, esto representaría una estimación de más de 200.000 casos de turismo de nacimiento.

Operaciones comerciales de turismo de nacimiento

En sus argumentos ante la Corte Suprema, Sauer citó un informe del Congreso de 2022 elaborado por los republicanos del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, que detallaba dos operaciones de turismo de nacimiento: una que captaba clientes en China y operaba desde California, y otra que atendía a “élites rusas que venían a Miami a través de estas empresas de turismo de nacimiento”.

Sauer también señaló que, en 2015, un periódico chino informó que al menos 500 empresas ofrecían servicios de “turismo de nacimiento” en China en aquel momento.

En 2019, las autoridades federales anunciaron el primer caso federal relacionado con el turismo de nacimiento, tras el arresto de tres personas por dirigir una red en el sur de California que atendía a clientes chinos. Las acusaciones, que surgieron tras una operación encubierta en 2015, también incluyeron a otros 16 acusados prófugos.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía de los Estados Unidos de la época, “las acusaciones describen planes de turismo de nacimiento en los que ciudadanos extranjeros, en su mayoría de China, solicitaban visas de visitante para venir a Estados Unidos y mentían sobre la duración de sus viajes, dónde se alojarían y el propósito de sus viajes, que era venir a EE. UU. durante tres meses para dar a luz y que sus hijos recibieran la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento ”.

El comunicado de prensa indicaba que los operadores instruían a clientas chinas embarazadas sobre “cómo pasar la entrevista en el Consulado de Estados Unidos en China, declarando falsamente que solo permanecerían dos semanas en el país. También las instruían para engañar a la aduana estadounidense en los puntos de entrada vistiendo ropa holgada que ocultara sus embarazos. (…) Las acusaciones alegan que muchas de las clientas chinas que recurrían al turismo de nacimiento no pagaron la totalidad de los gastos médicos relacionados con sus partos en el hospital, y las deudas fueron remitidas a agencias de cobranza”.

“Recibir una visa de turismo del Gobierno de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, declaró en aquel momento Bryant Jackson, agente especial interino a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS.

Una de las empresas mencionadas en la acusación afirmaba contar con un “equipo de 100 personas” en China y haber atendido a más de 500 clientas chinas que buscaban servicios de turismo de nacimiento. La empresa utilizaba varios apartamentos en California y cobraba entre 40.000 y 80.000 dólares a sus clientes. Otra, considerada la mayor empresa de turismo de nacimiento, afirmaba haber “prestado servicios a 8.000 mujeres embarazadas (4.000 de China) desde su fundación”.

En una entrevista en Fox News en enero de 2026, Peter Schweizer, autor del libro “The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon”(El golpe invisible: cómo las élites estadounidenses y las potencias extranjeras utilizan la inmigración como un arma), dijo que China había “creado un modelo industrial para explotar la ciudadanía por derecho de nacimiento”.

“Nuestro gobierno federal no tiene ni idea de cuántos ciudadanos chinos han hecho esto”, dijo Schweizer, porque Estados Unidos no recopila datos sobre la nacionalidad de los padres en los certificados de nacimiento. “Así que nuestro gobierno federal no tiene ni idea”.

Schweizer afirmó que los funcionarios chinos estiman que en los últimos 13 años han nacido hasta 100.000 bebés chinos al año en Estados Unidos.

Legisladores republicanos también han expresado su preocupación porque la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense de 14 islas en el Pacífico occidental, se utilice como centro de turismo de nacimiento. Dado que es un territorio estadounidense, quienes nacen en las Islas Marianas del Norte obtienen ciudadanía.

En una carta del 15 de enero de 2026 dirigida a los departamentos de Seguridad Nacional e Interior, los senadores Rick Scott, Jim Banks y Markwayne Mullin argumentaron que el presidente Barack Obama había allanado el camino para el turismo de nacimiento mediante un programa de libertad condicional en 2009 que permitía a los ciudadanos chinos visitar las Islas Marianas del Norte sin visa de turismo.

“El turismo de nacimiento ha sido durante mucho tiempo una industria clandestina en las Islas Marianas del Norte, donde mujeres chinas embarazadas acuden en masa a Saipán para dar a luz, lo que automáticamente otorga la ciudadanía estadounidense a su recién nacido”, informó el Pacific Island Times el 5 de diciembre de 2017, refiriéndose a la capital de las Islas Marianas del Norte. “La mayoría de estas mujeres abandonan las Islas Marianas del Norte después de parir y recibir el pasaporte estadounidense de su bebé”.

Los nacimientos de turistas extranjeros registrados en las Islas Marianas del Norte alcanzaron un máximo de 581 en 2018, según informó el New York Times.

Ese año, la Fiscalía del Distrito de Guam y las Islas Marianas del Norte informó de la condena de un hombre por operar un negocio ilegal de turismo de nacimiento en Saipán. Un comunicado de prensa indicó que el hombre, quien fue sentenciado a un año de cárcel, declaró haber empleado a “decenas de cuidadoras, o ‘niñeras’, todas ciudadanas chinas que se encontraban en las Islas Marianas del Norte sin una autorización para trabajar”.

Kimberlyn King-Hinds, republicana y delegada sin derecho a voto de las Islas Marianas del Norte en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declaró a NPR que las autoridades locales y federales han intensificado la represión de esta práctica y reforzado la seguridad fronteriza. Según indicó, para 2025, los nacimientos de hijos de turistas extranjeros se habían reducido a 47. (Esta cifra también fue confirmada por el New York Times).

Políticas federales

En 2020, la administración Trump emitió una nueva norma que otorga al Departamento de Estado la facultad discrecional de denegar visas de turismo a un solicitante del que tenga “motivos para creer que tiene la intención de viajar con este propósito principal [turismo de nacimiento]”.

Según el informe de la minoría del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de 2022, “el cambio en la normativa dificultó que las empresas de turismo de nacimiento continuaran sus operaciones”.

Camarota afirmó que el cambio en la normativa podría haber incentivado a las autoridades federales a ser más rigurosas al examinar a quienes solicitan visas de turismo. Sin embargo, considera que el gobierno podría hacer más, como prohibir la emisión de visas de viaje a personas que presenten signos evidentes de embarazo.

“El turismo de nacimiento es un problema, no cabe duda”, nos dijo Michelle Mittelstadt, directora de comunicaciones y asuntos públicos del Migration Policy Institute, por correo electrónico. “Es un fraude a la visa y un abuso del sistema de inmigración estadounidense”.

Según la legislación estadounidense, cuando las personas vienen a Estados Unidos con visas de turismo por placer, eso “no incluye la obtención de una visa con el propósito principal de obtener la ciudadanía estadounidense para un niño mediante el nacimiento en Estados Unidos”.

“Dicho esto, el turismo de nacimiento es un fenómeno muy poco frecuente: de los 3,6 millones de nacimientos anuales en Estados Unidos, una pequeña fracción proviene de mujeres extranjeras que no residen habitualmente en el país y que vienen aquí con el propósito de dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para su hijo”, dijo Mittelstadt.

En 2024, los CDC, encargados del control de enfermedades, informaron de 9.576 nacimientos en Estados Unidos de madres residentes en el extranjero. Mittelstadt reconoce que las cifras de los CDC podrían subestimar el turismo de nacimiento y que muchas mujeres podrían indicar una dirección en Estados Unidos aunque no tengan intención de residir allí tras dar a luz.

“Aun así, incluso las estimaciones más extensas sobre el turismo de nacimiento (…) sitúan el total en un máximo de 26.000 nacimientos al año”, dijo Mittelstadt, refiriéndose a las estimaciones de la CEI.

“Existen maneras eficaces de abordar el turismo de natalidad sin debilitar las protecciones constitucionales y sin aumentar el tamaño de la población no autorizada ni crear una categoría de individuos de segunda clase, como ocurriría si se eliminara la ciudadanía por derecho de nacimiento”, dijo Mittelstadt.

Por ejemplo, Mittelstadt afirmó que el gobierno podría reforzar los controles consulares y fronterizos, incluyendo un “interrogatorio exhaustivo sobre el propósito del viaje y los arreglos financieros para la atención médica. 

Además, señaló que viajar principalmente para dar a luz en Estados Unidos podría ser motivo explícito de inadmisibilidad o denegación de visa de visitante”. Asimismo, indicó que se podrían añadir preguntas a los formularios de solicitud de visa “sobre el embarazo y la intención de dar a luz en Estados Unidos, con prohibiciones de visa a largo plazo o de por vida para quienes presenten información falsa”. 

También se podrían establecer regulaciones que estipulen hasta qué etapa del embarazo las mujeres pueden viajar desde destinos internacionales a Estados Unidos. Además, las fuerzas del orden podrían procesar con mayor rigor a los operadores de turismo de nacimiento.

Camarota coincidió en que existen maneras en que Estados Unidos podría reducir el turismo de nacimiento sin necesidad de prohibir la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Probablemente se pueda solucionar gran parte del problema simplemente adoptando una postura firme”, dijo Camarota. “No se podría eliminar, pero (…) probablemente se podría reducir considerablemente con diferentes normas del Departamento de Estado y diferentes controles fronterizos”.

Camarota dijo que también desearía que la administración hubiera comenzado con una orden ejecutiva más específica dirigida al turismo de nacimiento, la cual, en su opinión, podría tener más posibilidades de éxito en la Corte Suprema.

“El turismo de natalidad es probablemente el mejor argumento en contra de la ciudadanía automática por derecho de nacimiento”, dijo Camarota. “La mayoría de los estadounidenses dicen: ‘Sí, eso no parece correcto en absoluto’. Y creo que probablemente ese sea el punto de partida”.

En la audiencia de la Corte Suprema del 1 de abril de 2026 para considerar la abolición total de la ciudadanía por derecho de nacimiento, el presidente del Tribunal Supremo, Roberts, preguntó a Sauer, el procurador general, si estaba de acuerdo en que el turismo de nacimiento “no tiene ningún impacto en el análisis legal que tenemos ante nosotros”.

Sauer respondió que el turismo de nacimiento es un ejemplo de que la interpretación de la 14.ª Enmienda “tiene implicaciones que no podrían haber sido aprobadas por los redactores de esta enmienda en el siglo XIX”.

Sauer señaló que ahora vivimos en un mundo “donde 8.000 millones de personas están a un solo vuelo de tener un hijo que sea ciudadano estadounidense”.

“Bueno, es un mundo nuevo”, dijo Roberts. “La Constitución es la misma”.

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Durante un tiempo, Spirit Airlines había tratado de conseguir un rescate financiero de 500 millones de dólares para mantenerse a flote. Pese a que el presidente Donald Trump señaló que estaría de acuerdo con el salvataje, el rescate no se concretó. 

La aerolínea había solicitado la bancarrota en dos ocasiones desde 2024, según CBS. En el comunicado afirman que el “proceso de liquidación se produce tras los exhaustivos e integrales esfuerzos realizados por la compañía” pero que el “reciente y sustancial aumento en los precios del petróleo, sumado a otras presiones sobre el negocio, ha impactado significativamente las perspectivas financieras de Spirit”. Medios como CNN mencionan la“mala gestión”, “problemas financieros” y un “mal servicio al cliente” como los factores que influyeron en el colapso de la aerolínea, que fue acelerado por el “aumento del precio del combustible” por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los pasajeros pueden visitar https://spiritrestructuring.com para obtener más información sobre el proceso de cierre de Spirit, concluye el comunicado.

El cierre de Spirit afecta no solo a quienes tenían un vuelo con la aerolínea sino a sus trabajadores, que se quedaron sin empleo y en algunos casos, varados en otro país. Te contamos qué puedes hacer si este es tu caso.

Acuerdos entre aerolíneas y Departamento de Transporte

El secretario del Departamento de Transporte (DOT), Sean P. Duffy, anunció el 2 de mayo de 2026 una “serie de acciones en coordinación con aerolíneas estadounidenses para brindar apoyo a los pasajeros con boletos de Spirit, al público viajero en general y a los empleados de las aerolíneas afectados”.

Precios máximos de boletos: United, Delta, JetBlue y Southwest están fijando un límite máximo en los precios de los boletos para clientes de Spirit que tengan que volver a reservar los vuelos que fueron cancelados. Se requiere el número de confirmación de vuelo de Spirit y un comprobante de pago. Puedes consultar hasta cuándo estarán disponibles estas tarifas especiales directamente en las páginas de las aerolíneas. 

Tarifas reducidas: American Airlines y Delta están ofreciendo tarifas reducidas en las rutas de alto volumen que tenía Spirit. Allegiant se comprometió a congelar los precios en rutas que coincidan con las de Spirit. Frontier ofrece hasta un 50% de descuento en las tarifas base en toda su red hasta el 10 de mayo, según el DOT.

Para exempleados de Spirit

La mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses están extendiendo los beneficios de pasajes de viaje y los asientos de reserva disponibles para los pilotos, tripulantes de cabina y otros empleados de Spirit que necesiten llegar a casa. También han ofrecido entrevistas de trabajo preferenciales a los ex empleados de Spirit. Además, American Airlines y United Airlines están creando micrositios para exempleados de Spirit que deseen continuar su carrera en el sector de la aviación, según el DOT.

Para obtener un reembolso o compensación

En el comunicado donde anunció su cierre, Spirit asegura que procesará los reembolsos de manera automática para los vuelos comprados a través de su plataforma con una tarjeta de crédito o débito. Quienes obtuvieron un vuelo con una agencia de viajes deben contactar a la agencia directamente para solicitar un reembolso. En caso de que se hayan utilizado otros métodos como vouchers, crédito o puntos “Free Spirit”, la compensación se determinará en una fecha posterior según determine el proceso de bancarrota.

El DOT recomienda contactar a la compañía de la tarjeta de crédito utilizada para la compra del pasaje y solicitar una “devolución de cargo” (chargeback) por servicios no prestados. Podrías estar protegido por la Ley de Facturación Justa de Crédito (Fair Credit Billing Act) que, entre otras cosas, protege contra cargos por productos o servicios que no fueron entregados según lo prometido, de acuerdo con Experian. 

Si tienes seguro de viaje (travel insurance), contacta al proveedor para ver si la póliza cubre la “insolvencia” o la “suspensión” del servicio.

También, según el DOT,  podrás presentar un reclamo durante el proceso de quiebra, pero aclara que este proceso puede tomar tiempo y es posible que sólo obtengas un reembolso parcial. 

El cierre de Spirit podría hacer que los vuelos suban de precio

Ahmed Abdelghany, vicedecano de investigación y profesor de Gestión de operaciones en la Embry-Riddle Aeronautical University, dijo al medio USA TODAY que los pasajeros podrían pagar más por un vuelo ante la ausencia de Spirit. Los precios de la aerolínea “beneficiaba al consumidor y obligaba a otras aerolíneas, en muchos mercados, a igualar esa tarifa reducida en algunas de sus clases de reserva”, afirmó.

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El aumento del costo de la energía afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, en los que, en promedio, deben destinar el 6% de sus ingresos a gastos de energía, 3 veces más que el 2% estimado para hogares que no son de bajos ingresos, de acuerdo con el  Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

Sin embargo, en varios estados y ciudades, los votantes tienen el poder de elegir en las elecciones de medio término o midterms a las autoridades encargadas de aprobar, modificar, rechazar o condicionar aumentos que terminan en la factura eléctrica. Te explicamos.

Quién decide cuánto pagas de electricidad: pon el ojo en las Public Service Commissions

En Estados Unidos, las Comisiones de Servicios Públicos –Public Utility Commissions o Public Service Commissions, según el estado– son organismos estatales que regulan servicios públicos esenciales (como electricidad, gas natural, telecomunicaciones y agua). Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), estas comisiones intervienen en la fijación de las tarifas “justas y razonables” para los consumidores.

De acuerdo con NARUC, una organización sin fines de lucro que agrupa a reguladores estatales de servicios públicos, las Comisiones de Servicios Públicos deben equilibrar la capacidad de las empresas de obtener ganancias con el derecho del público a recibir servicios a tarifas razonables.

La NCSL también explica que la forma de elegir a quienes integran estas comisiones varía por estado: la mayoría de los comisionados son nombrados por la gobernadora o gobernador y confirmados por el Senado estatal. No obstante, en 10 estados son elegidos directamente por los votantes, mientras que en Carolina del Sur y en Virginia los comisionados son seleccionados por la legislatura estatal.

Estos son los 10 estados en los que los votantes eligen directamente a sus comisionados:

• Alabama 

• Arizona 

• Georgia 

• Luisiana 

• Mississippi 

• Montana 

• Nebraska 

• Dakota del Norte

• Oklahoma 

• Dakota del Sur

De la lista anterior, todos menos Mississippi tendrán elecciones de comisionados públicos en las elecciones de medio término o midterms del 3 de noviembre de 2026.

Casos concretos en los que una Comisión frenó un aumento

Nueva Orleans, Luisiana

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal de Nueva Orleans es la autoridad que regula Entergy New Orleans, la compañía eléctrica que presta servicio a la ciudad.

En octubre de 2023, Entergy propuso un plan de 1,000 millones de dólares para fortalecer la red eléctrica de la ciudad y reducir tiempos de apagones.

En enero de 2024, el Concejo optó por una versión mucho más limitada que la propuesta original: aprobó 110 millones de dólares para la fase inicial, en lugar de los 559 millones que Entergy había propuesto y dejó el resto para futuras revisiones. El resultado, de acuerdo con el Concejo, se traduce en un aumento aproximado de máximo $1.52 mensual en la factura para 2028, en lugar del aumento de $11.86 proyectado con el plan original propuesta por Entergy.

Arizona

La Arizona Corporation Commission (ACC), el organismo estatal que regula servicios públicos en Arizona, rechazó en febrero de 2024 una propuesta de $200 millones en aumentos presentada por Arizona Public Service, una empresa eléctrica regulada en ese estado.

En otro caso, la Arizona Corporation Commission indicó que en marzo de 2025 aprobó una solicitud de Tucson Electric Power, otra empresa eléctrica regulada en Arizona, para ajustar su mecanismo de costos de combustible y compra de energía. La comisión aseguró que esa decisión redujo la factura residencial promedio en aproximadamente $4.38 al mes.

En diciembre de 2025, la Comisión también informó que una enmienda recortó más de $50 millones en recargos anuales propuestos por APS.

Georgia

La Georgia Public Service Commission aprobó en julio de 2025 un plan para mantener estables las tarifas base hasta fines de 2028 de Georgia Power, la empresa eléctrica privada regulada que presta servicio en el estado, aunque permitió que los costos relacionados con tormentas o huracanes y combustible se tratasen por separado.

Sin embargo, antes de esta congelación, la Comisión había permitido aumentos escalonados en las tarifas base de Georgia Power, y según la encuesta residencial de tarifas eléctricas hecha por la misma Comisión, la factura estimada de Georgia Power para un cliente residencial que consumió 1,000 kWh en verano llegó a $188.93 en 2025, un aumento de aproximadamente 41% al compararla con el monto de la misma encuesta para verano de 2021, cuando fue de $133.58.

En este contexto, en las elecciones especiales estatales del 4 de noviembre de 2025, los votantes de Georgia eligieron a dos demócratas para la Georgia Public Service Commission: Alicia Johnson y Peter Hubbard. El medio local The Atlanta Journal-Constitution describió la contienda electoral de ese momento como un “referéndum sobre las facturas de Georgia Power” con ambos candidatos haciendo campaña con mensajes relacionados a tarifas eléctricas más justas.

Los republicanos siguen teniendo mayoría (3-2) en la Comisión, pero esto podría  cambiar en estas elecciones de noviembre de 2026.

Qué puedes hacer ya

Revisa qué empresa aparece en tu factura e identifica quién regula o gobierna esa empresa. En esta página de NARUC puedes ver una lista de todas las Comisiones de Servicios Públicos por estado.

Luego puedes revisar en Can I Vote (de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado), Vote.gov (del gobierno federal) o en la oficina electoral de tu estado si esos cargos aparecerán en tu boleta electoral.

Si tienes dudas adicionales, contáctanos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp +1 (646) 873 60 87. 

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El 31% de los votantes latinos elegibles tiene entre 18 y 29 años, comparado con el 20% del electorado nacional. Mientras el 48% de todos los votantes elegibles tiene más de 50 años, entre los hispanos esa cifra es solo el 33%.

Además, la población latina sigue concentrada básicamente en los mismos estados que en 2024; lo que cambia rumbo a 2026 no es el mapa demográfico, sino qué estados y distritos dentro de ese mapa se han vuelto decisivos para el control del Congreso.

Según el análisis más reciente del Pew Research Center, publicado en 2024 y basado en datos del Censo 2022, más de la mitad de los votantes latinos elegibles sigue concentrada en 5 estados: California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona. El Pew estima que aproximadamente el 25% del electorado elegible en Arizona es latino (1 de cada 4); en Nevada, la proporción ronda entre el 20% y 22%, es decir, aproximadamente 1 de cada 5 votantes elegibles. 

El dato reciente de una encuesta publicada en abril de 2026 por Somos Votantes, una organización de participación cívica latina, indica 8 estados donde las elecciones del 3 de noviembre de 2026 podrían estar más reñidas: Arizona, Nevada, Texas, Wisconsin, Michigan, Georgia, Carolina del Norte y Nuevo México.

De acuerdo con el Pew Research Center, en 2024 los latinos representaban alrededor del 14.7% de todos los votantes elegibles en Estados Unidos (36.2 millones de personas), una cifra que ronda el 15% y que pesa en la disputa por el Congreso. Con base en ese mismo ritmo de crecimiento, Pew calcula que el electorado latino aumenta en torno a 1.4 millones de personas por año.

El voto latino: ni rojo ni azul 

Los latinos no votan en bloque y nunca lo han hecho. La votación de las presidenciales en 2024 y lo que se ve venir, según las proyecciones de las encuestas, para las elecciones intermedias de 2026, muestra un electorado impredecible. 

Por ejemplo, en Texas, el Distrito 9 del Senado estatal (SD‑9), en el área de Fort Worth y alrededores, era un asiento legislativo considerado “históricamente republicano”: llevaba más de 30 años en manos del Partido Republicano; Donald Trump lo había ganado por alrededor de 17 puntos en 2024. En una elección especial de 2026, ese distrito eligió para el escaño en el Senado estatal al demócrata Taylor Rehmet, que derrotó a la republicana Leigh Wambsganss pese al respaldo directo de Trump y a que ella gastó mucho más en la campaña (ver aquí el comparativo entre Rehmet y Wambsganss con datos públicos). Análisis posteriores muestran que el cambio se debió, en buena medida, a un giro fuerte del voto latino en el distrito. Los latinos representan casi el 34% del Distrito 9 del Senado. 

Un informe de Voto Latino habla de “participación histórica” de los latinos en las elecciones primarias demócratas de marzo de 2026 en condados de mayoría latina de Texas, con un aumento del 149% de participación respecto a 2022; en esa misma elección casi el 69% de los votantes latinos emitiendo su voto durante el periodo de votación anticipada. Para esta organización, estos datos son la prueba de una “Latino Wave” (ola latina) que puede alterar la cartografía política en la elección de medio término.

Fuera de Texas, en el Valle Central de California, un reportaje de The New York Times describe un panorama donde el giro hacia los republicanos observado en 2024 entre trabajadores agrícolas latinos hace que varios distritos que eran claramente demócratas pasen a estar en disputa, y donde tanto el Partido Republicano como el Demócrata invierten recursos sin dar por sentado el comportamiento de los votantes hispanos. 

El perfil demográfico de los votantes latinos que describimos para las elecciones de 2024 en Factchequeado, con datos del Pew Research Center, sigue vigente: 

• El electorado latino sigue siendo el más joven del país, aunque eso no se traduce en votos: los jóvenes latinos votan menos que los mayores.

• Con una proporción de mayores de 50 años muy inferior a la del electorado general.

• Con niveles de educación universitaria algo más bajos que la media nacional.

Un descenso en el apoyo a Trump

En 2024, Trump obtuvo el 48% del voto latino —el porcentaje más alto para un candidato republicano en la historia, según el Pew Research Center, pero una encuesta nacional de la Florida International University publicada en abril de 2026 confirma que ese apoyo se evaporó fuera de Florida: casi 7 de cada 10 de los latinos (67%) ahora desaprueba a Trump. 

El 60% de esos votantes latinos encuestados dijo que votará demócrata el 3 de noviembre de 2026, y solo el 29% de los latinos independientes —el grupo que más incidió en el resultado de 2024— aprueba su gestión. 

Mientras en estados como California, Texas y Arizona los latinos desaprueban a Trump por márgenes amplios, en Florida la diferencia es mucho menor. Entre los cubanos el contraste es aún más marcado: el 53% apoya a Trump —el grupo con mayor respaldo al presidente en todo el electorado— y el 71% respalda sus políticas de deportación. En cambio, entre puertorriqueños y mexicoamericanos el rechazo es de los más altos de toda la encuesta. 

Varias encuestas muestran ventaja demócrata entre latinos de cara a 2026, aunque la magnitud varía notablemente según la fuente y el momento en que se hicieron. 

• En noviembre de 2025, una encuesta bipartidista de UnidosUS sobre votantes latinos  —difundida por CBS News como parte del proyecto The Road to 2026— detectó una ventaja de más de 20 puntos a favor de los demócratas entre hispanos en la boleta genérica para el Congreso. 

• En marzo de 2026, Equis Research, una organización especializada en el electorado latino que se autodefine como no partidista, situó esa ventaja en 19 puntos (54% vs. 35%) en su sondeo nacional exclusivo de votantes latinos. 

• Fox News, que suele difundir proyecciones cualitativas y sondeos nacionales de voto general, ha publicado varias encuestas sobre las elecciones de medio término de 2026, pero sin desgloses detallados del voto latino en la boleta al Congreso. Sin embargo, en marzo de 2026, Rasmussen Reports, una encuestadora históricamente más favorable a los republicanos, publicó que entre los “hispanos y otras minorías”, la brecha en la boleta genérica se reducía a solo 3 puntos (44% a favor de los candidatos demócratas al Congreso, frente a 41% por los republicanos)

Según datos comparativos de las principales encuestas postelectorales de minorías de 2020 y 2024, los márgenes demócratas cayeron 23 puntos entre los hombres latinos en ese periodo, lo que mantiene viva la preocupación de estrategas demócratas sobre un flanco masculino y de clase trabajadora más abierto al discurso republicano.

La economía, el mismo tema que alejó a los latinos de Biden en 2024, es ahora lo que más los aleja de Trump

Entre los votantes latinos, la economía es uno de los temas que encabezan las preocupaciones. Según un análisis del Pew Research Center de noviembre de 2025, el 65% dijo desaprobar el enfoque del gobierno en materia de inmigración y el 61% afirmó que las políticas económicas de Trump habían empeorado la situación monetaria. 

Según una encuesta de Equis Research realizada entre el 10 y el 20 de marzo de 2026 con 2,000 votantes hispanos registrados, la relevancia de la inmigración cayó tras la guerra con Irán —del 27% al 8% como tema prioritario—, mientras la economía subió del 35% al 44%. La inmigración, sin embargo, sigue siendo un tema importante para este electorado.

De acuerdo con el mismo estudio, los latinos siguen siendo los más propensos a aprobar el control en la frontera, pero rechazan el enfoque de control migratorio en el interior del país. Casi tres de cada cuatro latinos (72%) quieren ver cambios, ya sea que eso signifique apoyar la reforma del ICE para prevenir la violencia y garantizar la rendición de cuentas (37%) o abolir el ICE porque está fuera de control y ninguna formación o rendición de cuentas podría reformarlo (35%). 

Los datos lo confirman: no existe un “voto latino” único, este electorado apoya candidaturas según sus resultados, premia o castiga si la economía va bien o va mal; puede elegir a un republicano para presidente y a un demócrata para el Congreso en la misma boleta, según Equis Research, UnidosUS y otros estudios.

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Nuestros aliados de Se Habla Media de Seattle, Washington, nos comunicaron que en su comunidad se pregunta si los bancos están recolectando información de ciudadanía de sus clientes.

En Factchequeado investigamos y hasta el 4 de mayo de 2026 no se ha firmado ninguna orden ejecutiva que obligue a los bancos a recopilar datos sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, según una revisión de las páginas de la Casa Blanca y del Registro Federal, donde se publican las regulaciones federales y las órdenes ejecutivas del presidente.

Existe el proyecto de Ley Conozca a su Cliente Estadounidense (Know Your American Customer Act), del senador republicano por Arkansas Tom Cotton que, de aprobarse, requeriría un estatus legal o ciudadanía para abrir una cuenta bancaria. Este proyecto de ley fue introducido el 25 de marzo de 2026, según un comunicado de la oficina de Cotton. Sin embargo, no ha sido sometido a votación en ninguna de las dos cámaras del Congreso hasta la fecha de publicación de este artículo.

Los bancos deben verificar la identidad de sus clientes, pero por el momento no requieren información sobre el estatus migratorio o ciudadanía

Según explica Thomson Reuters, el Programa de Identificación de Clientes (CIP), un mandato federal, requiere que las instituciones financieras, como bancos o cooperativas de crédito, verifiquen la identidad de personas y entidades que solicitan abrir nuevas cuentas. Las organizaciones financieras deben hacer esa verificación de identidad como parte de sus esfuerzos de “conocer a su cliente” (know your customer o KYC, en inglés) y de prevención de lavado de dinero (anti-money laundering o AML). 

El requisito del CIP fue establecido bajo el USA Patritot Act de 2001 y tiene como base la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act o BSA) de 1970. 

La información que se recoge para verificar la identidad actualmente incluye el nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información de identificación —como un número de identificación fiscal (tax ID) o número de Seguro Social (SSN). 

El estatus de ciudadanía no es uno de los datos requeridos, según indicó American Action Forum, un think tank de centro derecha.

Bancos como Chase, Bank of America o PNC explican en sus páginas que los no residentes pueden abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin un SSN utilizando un número de  identificación personal del contribuyente (ITIN). Los bancos también solicitan pasaporte extranjero o identificación consular.

De implementarse, representaría un costo adicional para los bancos y podría plantear preocupaciones sobre la privacidad

George Braunegg, profesor de la Universidad del Sur de California, dijo a Business Insider que la orden ejecutiva, de implementarse, incrementará “sin duda” los costos de los bancos. 

“Nuevos procedimientos de incorporación, actualizaciones del sistema, auditorías y supervisión legal. No son algo puntual, son continuos”, agregó.

El cambio podría hacer que los costos de implementación se agreguen a las tarifas de las cuentas, o que los bancos pierdan clientes y dinero principalmente de clientes internacionales o de alto patrimonio ya que tienen la posibilidad de trasladar sus servicios bancarios a otro lugar, dijo Braunegg

Anil Kashyap, profesor de economía y finanzas en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, dijo a Business Insider que la orden ejecutiva podría generar preocupaciones sobre la privacidad de quienes no quieren compartir “aún más información con los bancos”.

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El cierre del DHS –que duró 76 días– inició el 13 de febrero de 2026, cuando algunas de sus operaciones quedaron en pausa porque el presupuesto para operar no había sido aprobado. 

¿Por qué se había quedado sin financiamiento el DHS?

Varias agencias del gobierno de Estados Unidos dependen de fondos que deben ser aprobados por el Congreso, y si los congresistas no acuerdan un presupuesto (como ocurrió en octubre 2025, cuando ocurrió el shutdown del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos y en febrero de 2026, con el DHS), estas agencias “cierran” –pausan algunas de sus operaciones– hasta tanto lleguen a un acuerdo.

¿Por qué no había acuerdo en el Congreso?

Los demócratas exigían que el proyecto de ley presupuestaria para el DHS incluyera regulaciones para agentes migratorios, como la prohibición del uso de máscaras para taparse el rostro, además de hacer obligatorio el uso de cámaras corporales y reafirmar que los funcionarios necesitan una orden judicial para poder entrar a hogares (esto último, según expertos, es un principio del debido proceso establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución). Los republicanos, por su parte, exigían un financiamiento completo a todas las agencias (incluyendo ICE y CBP) sin condiciones.

Finalmente, el 30 de abril de 2026, la Cámara de Representantes votó a favor de un proyecto que había sido previamente respaldado por el Senado. Esta ley financia el DHS hasta el 30 de septiembre de 2026, pero –como pedían los demócratas– no incluye fondos adicionales para ICE ni para operaciones de seguridad fronteriza de la Patrulla Fronteriza, según una revisión hecha por Factchequeado a la ley aprobada. No obstante, los demócratas no lograron incluir en la ley sus demandas de mayores regulaciones para los agentes migratorios.

Sin embargo, en febrero de 2026, Todd Lyons, quien era entonces director interino de ICE, afirmó que era correcto decir que un cierre del DHS no tendría mucho impacto en las operaciones de la agencia por los 75,000 millones de dólares que recibió ICE gracias a la One Big Beautiful Bill (OBBB). 

Los 75,000 millones de dólares que la OBBB destinó a ICE la convirtió en una agencia “a prueba de shutdown”, afirma Dominik Lett, analista en temas presupuestarios del think-tank libertario Cato Institute.

El caso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es similar al de ICE. La CBP recibió alrededor de 65,000 millones de dólares bajo la OBBB. Es decir, tuvo fondos disponibles durante el cierre del DHS. La OBBB permite que tanto ICE como CBP puedan “continuar y expandir sus operaciones sin la aprobación de los encargados de las asignaciones presupuestarias del Congreso”, indica Lett.

El cierre sí impactó a los empleados de TSA

El cierre afectó al 95% de los empleados de TSA a quienes se les exigió trabajar sin recibir paga mientras duró el cierre, informó ante el Congreso Ha Nguyen McNeill, administradora interina de TSA. Esto se tradujo en retrasos en las filas de seguridad en los aeropuertos, de manera similar a cierres anteriores.  Para finales de marzo, más de 3,200 trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (que representa casi 11%) faltaron a sus labores, y alrededor de 460 habían renunciado a la agencia, informó Nguyen McNeill en un testimonio ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

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* Esta nota fue actualizada el 1 de mayo de 2026 luego de que se aprobara una nueva ley de financiamiento para el DHS.

Los centros de crisis de embarazo –crisis pregnancy centers o CPC, en inglés– son organizaciones sin fines de lucro, en su mayoría religiosas, que ofrecen servicios de salud reproductiva gratuitos (como ultrasonidos y pruebas de embarazo) y se autodenominan “proveedores de información basada en evidencia”, “precisa” y “basada en hechos” para mujeres con embarazos no planificados. Sin embargo, varios estudios liderados por médicos y una revisión independiente llevada a cabo por Factchequeado y Public Good News muestran que estos centros, en realidad, buscan disuadir a las personas embarazadas de acceder al aborto a través de afirmaciones falsas o engañosas sobre los riesgos del aborto. 

“He tenido pacientes que me han informado que [en estos centros] les han dicho una edad gestacional de sus embarazos que no coincidía con la que nosotros medíamos en la clínica”, afirma el Dr. Jonas Swartz, ginecobstetra y profesor asociado de obstetricia en la Universidad de Duke. “He visto pacientes que han recibido diagnósticos erróneos de aborto espontáneo o de embarazo ectópico, o confusión sobre la localización y la viabilidad del embarazo, y que les han dicho cosas como: ‘es muy probable que tengas un aborto espontáneo, así que probablemente no necesitas realizarte un aborto’”.

La mayor concentración de estos centros está en Texas (205 centros), seguido de Florida (161), según datos de 2024 del Crisis Pregnancy Map, un proyecto liderado por la Dra. Andrea Swartzendruber, profesora asociada en el departamento de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Georgia y la Dra. Danielle Lambert, profesora de la escuela de Salud Pública en la misma universidad. Ambos estados, de alta concentración de población latina, financian a estos centros con dinero de los contribuyentes.

Revisamos más de una decena de páginas web de centros de crisis de embarazo en Texas y en Florida y encontramos varias narrativas desinformantes que se repiten.

Afirman que “la píldora abortiva se puede revertir”, pero eso no está respaldado por la ciencia

En Venice, Florida, Pregnancy Solutions afirma en su página web: “It may not be too late to save your pregnancy” (puede que no sea muy tarde para salvar tu embarazo), ofreciendo la supuesta reversión del aborto a través de medicamentos. También en Florida, First Coast Women’s Services dice que provee un servicio de “rescate” para quienes hayan ingerido la pastilla. En Waco, Texas, Care Net of Central Texas, también asegura que si una persona ha tomado sólo la primera pastilla puede “posiblemente revertir los efectos” si actúa rápido.

Pero esas afirmaciones “no están respaldadas por la ciencia”, afirma en su página web el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología (ACOG, por sus siglas en inglés), añadiendo que no cumplen estándares clínicos de seguridad o eficacia.

“[Los centros de crisis de embarazo] afirman que, al tomar una dosis alta de progesterona después de haber tomado la primera pastilla del régimen de aborto con medicamentos, pueden revertir los efectos de la primera pastilla, [sin embargo], no hay datos revisados por pares que respalden eso”, explica Swartz a Factchequeado y Public Good News.

Dicen que el aborto “puede causar infertilidad en el futuro”, pero no explican que el riesgo es bajo y que ocurre sólo durante procedimientos quirúrgicos

En Texas, el Heart of Texas Pregnancy Resource Center afirma en su página web que provee “información precisa y factual”, pero incluye entre los “riesgos físicos” del aborto el de “infertilidad futura”. En Florida, First Coast Women’s Services –que se describe como proveedor de información médica basada en evidencia– también asegura que un aborto quirúrgico puede “afectar la fertilidad futura”.

Los expertos a los que consultamos, Swartzendruber y Swartz, confirmaron que el aborto no causa infertilidad. Además, un reporte de 2018 de una comisión de expertos de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM, por su siglas en inglés) también concluyó que tener un aborto no aumenta el riesgo de infertilidad secundaria. El Colegio de Obstetras, por su parte, afirma que “la evidencia muestra que el aborto no está asociado con un mayor riesgo de infertilidad” y enumera esta afirmación entre las que suelen hacer estos centros para divulgar “riesgos falsos” sobre el aborto.

La Clínica Mayo explica que en el caso de abortos quirúrgicos, en los que los médicos extraen el tejido del embarazo del útero a través de la vagina, “algunos estudios han encontrado que puede aumentar ligeramente el riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo o bajo peso al nacer en futuros embarazos”, pero que otras investigaciones “no encontraron ese aumento del riesgo”.

La Clínica Mayo también indica que ese procedimiento quirúrgico también puede causar síndrome de Asherman, que es la formación de tejido cicatricial dentro del útero o del cuello uterino y que puede ocasionar dificultad para quedar embarazada. El riesgo de que ocurra, según la Clínica Mayo, es bajo y, según el Colegio de Obstetras, “usualmente puede revertirse con cirugía".

Un estudio publicado en 2021 en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el riesgo de desarrollar este síndrome era de 1.6%. Este riesgo aumenta 4.6 veces a partir de 3 o más abortos, indica el estudio. 

Aseguran que el aborto aumenta el riesgo de “depresión y conductas suicidas”, pero no se ha probado una relación causal entre ambos, indican expertos

En Texas, Heart of Texas Pregnancy Resource Center incluye en “riesgos para la salud mental” causados por un aborto, “la depresión o pensamientos suicidas”. También en Texas, Hope Pregnancy Center afirma que muchas mujeres sufren efectos emocionales y psicológicos por “años o incluso décadas” después de un aborto. 

En Florida, First Coast Women’s Services asegura que la píldora abortiva está asociada con problemas mentales de largo plazo relacionados con “trauma, ansiedad y depresión". Y Care Net of Indian River County, en Vero Beach, también en Florida, enumera “posibles efectos en la salud mental después de un aborto”, como “depresión, ansiedad, baja autoestima, abuso de sustancias y conductas suicidas”.

Sin embargo, los expertos consultados confirman que no ha sido demostrado que el aborto tenga una relación directa con problemas de salud mental o conductas suicidas. Al contrario, como afirma Andrea Swartzendruber, cocreadora del mapa de centros de crisis de embarazo, las investigaciones han demostrado que al comparar a “personas que obtuvieron un aborto con personas que ya estaban demasiado avanzadas en su gestación y no pudieron acceder al aborto que deseaban; a lo largo de cinco años, quienes no obtuvieron el aborto que querían tuvieron los peores resultados en cuanto a salud mental”. De igual manera, la comisión de expertos de las NASEM concluyó que el aborto no aumenta el riesgo de trastornos mentales como depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático.

Algunos estudios, como los de Fergusson et al. (2006, 2008) y de Coleman et al. (2011), reportaron una asociación entre aborto y problemas de salud mental, pero un grupo multidisciplinario de investigadores, indicaron en 2024, que esos trabajos tienen “serios problemas metodológicos” incluyendo “errores de interpretación, incluida la atribución errónea de efectos causales”.

Los expertos advierten que estos estudios no tomaron en cuenta si las mujeres ya enfrentaban factores que elevan el riesgo de depresión o ansiedad, como antecedentes de salud mental, desventaja socioeconómica, estigma social o violencia interpersonal, y tampoco tomaron en cuenta si el embarazo era no deseado.

Estos expertos destacan en su revisión de estudios sobre el tema que algunos han encontrado que “las tasas de problemas de salud mental en mujeres con un embarazo no deseado eran las mismas, independientemente de si abortaban o daban a luz” y que “el predictor más confiable de problemas de salud mental después del aborto era tener antecedentes de problemas de salud mental antes del aborto”. Los investigadores indican que en diciembre de 2026 publicarán sus conclusiones definitivas sobre los estudios que se han hecho sobre el tema.

Afirman que el aborto causa un síndrome llamado “síndrome post-aborto”, pero esta afección no existe, según expertos

Pregnancy Resource Center East, en Texas, afirma que el síndrome post-aborto se refiere a que “frecuentemente luego de un aborto, las mujeres padecen una variedad de problemas mentales y psicológicos”. Además, Mosaic Sexual Clinic, en Florida, también afirma que “el síndrome de estrés post-aborto es muy real”. Sin embargo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría afirma que no hay evidencia de que esta afección exista y que no es una condición “reconocida como un diagnóstico oficial ni por la Academia Estadounidense de Psiquiatría ni por la Academia Estadounidense de Psicología”.

Afirman que el aborto causa cáncer de seno, pero estudios han demostrado que el aborto provocado no aumenta el riesgo de cáncer de seno

Foundations of Life, en Florida, menciona “vínculos entre el aborto y el cáncer de seno” y Restore Reproductive Health, en Texas, enlaza y recomienda la lectura de un artículo de la Asociación Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras Provida que afirma que un aborto inducido aumenta el riesgo de cáncer de seno. 

Sin embargo, según el Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad Americana contra el Cáncer y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, estudios recientes han demostrado que no existe ninguna relación de causa entre el aborto quirúrgico y un aumento en el riesgo de cáncer de seno. 

Como lo explica la Sociedad Americana contra el Cáncer, estudios de los años 90 sugirieron que el aborto quirúrgico “estaba asociado a un mayor riesgo de cáncer de seno”, pero esos estudios presentaban límitaciones. La organización afirma que estudios más recientes y más rigurosos han encontrado consistentemente que el aborto no aumenta el riesgo cáncer de seno.

Desinformación financiada con dinero de los contribuyentes

Las legislaturas de Texas y Florida destinan dinero público al financiamiento de los centros de crisis de embarazo. Para los años fiscales 2026 y 2027, Texas aportó 90 millones de dólares para apoyar a estos centros, a través del programa Thriving Texas Families, según muestra la ley presupuestaria aprobada en 2025.

En Florida, la legislatura estatal, para el año fiscal 2025 - 2026, aprobó 29.5 millones de dólares para este tipo de centros. 

Estos casos responden a un patrón

Un análisis de 2014 de 254 sitios web que representaban 348 CPC en 12 estados, realizado por investigadores del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, concluyó que 80% de las páginas incluía al menos una afirmación falsa o engañosa sobre los riesgos del aborto, siendo las más frecuentes la asociacion del aborto con riesgos de salud mental (48% de los sitios), parto prematuro (21%), cáncer de mama (20%) e infertilidad futura (13%).

Un estudio publicado en 2025 realizado por un grupo multidisciplinario de investigadores, incluyendo de la Escuela de Salud Pública de Ohio State University y del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Cincinnati, encontró que los mensajes desinformantes impulsados por los CPC coincidían con materiales de capacitación de las organizaciones cristianas antiaborto Heartbeat International (que asegura tener más de 1,445 CPCs afiliados) y Care Net (que asegura tener más de 1,200 CPC afiliados). Entre los mensajes identificados por los investigadores está que el aborto con medicamentos puede “revertirse”, que el aborto causa trauma psicológico o que algunos anticonceptivos son abortivos y que su uso de anticonceptivos aumenta la susceptibilidad a infecciones de transmisión sexual.

En 2024, un análisis de 1,825 sitios web de CPC en todo el país, publicado en JAMA Internal Medicine por expertos de la University of Michigan Medical School, la University of California San Diego y la Johns Hopkins University, halló que el 30.4% de las páginas promocionaba la supuesta “reversión” de la píldora abortiva. 

Expertos afirman que los centros de crisis de embarazo son engañosos 

“[Estos centros dicen] que apoyan todas las opciones y que ofrecen asesoramiento sobre las opciones en caso de un embarazo, sin embargo, no son transparentes sobre sus posturas antiaborto”, agrega Swartzendruber a Factchequeado y Public Good News. “Su ‘asesoramiento’ está diseñado básicamente para disuadir a las personas o desviarlas de siquiera considerar y obtener abortos”. 

Además, como afirman los expertos que consultamos y varios estudios, incluidos los de Polcyn, et al (2020) y Montoya, et al (2022), estos centros intentan hacerse pasar por clínicas de aborto o de salud reproductiva legítimas, pero en su mayoría, quienes trabajan allí no son médicos ni proveedores de atención médica operando bajo licencia, sino voluntarios.

La fiscalía general de Nueva Jersey investiga si First Choice Women’s Resource Centers, uno de los centros de recursos para embarazadas del estado, ha dado información “engañosa” a mujeres y donantes. La Fiscalía General del estado sostiene que algunos materiales de First Choice podían llevar a donantes a creer que la organización proveía abortos, aunque First Choice no los ofrece ni conecta a pacientes con proveedores de aborto. En medio de esa investigación, la fiscalía emitió una citación para que First Choice entregara información personal de sus donantes, pero el centro se negó con el argumento de que la exigencia violaba su derecho de libertad de asociación bajo la Primera Enmienda. La Corte Suprema sentenció por unanimidad, el 29 de abril de 2026, que First Choice puede desafiar esa citación ante una corte federal. *

Cómo identificar un centro de crisis de embarazo en línea

Según los expertos que consultamos, estas son algunas de las características usuales de las páginas web de los centros de crisis de embarazo, según comprobamos en esta investigación:

• Énfasis en ofrecer ultrasonidos gratis, como forma de captar pacientes

• Ofrecen la “reversión del aborto”

• Mencionan el “asesoramiento sobre el aborto”, “asesoramiento posterior al aborto”, “atención posterior al aborto” o “síndrome post aborto”, que Swartz afirma que es un síndrome inventado

• Ofrecen “grupos de apoyo post aborto”

• No mencionan ni muestran a quienes trabajan en sus clínicas o sus credenciales 

• No ofrecen métodos anticonceptivos (como condones o pastillas anticonceptivas)

• En la sección inferior del sitio web, advierten que no ofrecen servicios de aborto ni derivación a servicios de aborto

Para saber si una clínica es un centro de crisis de embarazo (CPC) o no, puedes verificar en la herramienta de búsqueda del mapa de centros de crisis de embarazo, con el código postal o el nombre del centro. Y para encontrar información sobre salud reproductiva en tu estado, visita Bedsider, que ofrece centros de salud reproductiva que ofrecen anticonceptivos. En Abortion Finder ofrecen un buscador de proveedores de aborto.

Este artículo es una colaboración entre Factchequeado y Public Good News. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

* Esta nota fue actualizada el 30 de mayo de 2026 tras el fallo de la Corte Suprema a favor de First Choice

Lo que muestran los datos

Algunos cubanos tienen la posibilidad de ajustar su estatus a residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. USCIS explica que, bajo esta ley, aquellos cubanos que cumplan ciertos requisitos –como haber sido inspeccionados en un puerto de entrada y admitidos o haber recibido parole y haber estado físicamente presentes en Estados Unidos durante al menos un año– pueden aplicar para obtener residencia permanente.

Sin embargo, los cubanos fueron impactados por la suspensión del proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, conocido como CHNV o parole humanitario, y están sujetos a la pausa administrativa de procesamiento de solicitudes migratorias (incluyendo las de residencia permanente) impuesta por USCIS en diciembre de 2025 (y expandida en enero de 2026) a ciudadanos de 40 países, incluyendo Cuba y Venezuela, por ser considerados de “alto riesgo”.

Los datos oficiales muestran que en enero de 2025, USCIS, recibió 22,880 solicitudes de residencia permanente de cubanos mediante el Formulario I-485 y aprobó 10,034. Un año después, en enero de 2026 (el dato más reciente disponible), recibió 7,086 solicitudes, pero aprobó 15. Eso representa una caída de 99.9% en comparación.

En paralelo, los datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project y analizados por Factchequeado, muestra que los arrestos administrativos (los que se llevan a cabo por infracciones migratorias) de cubanos por parte de ICE aumentaron de 207 arrestos en enero de 2025 a 1,008 en enero de 2026. Es decir, un incremento de 387%.

Factchequeado construyó estas gráficas a partir de la data mensual de aprobaciones de residencia permanente para cubanos disponible en los reportes mensuales de USCIS.

No es un fenómeno que ocurre sólo en solicitudes de cubanos

El centro de investigación libertario Cato Institute publicó en abril de 2026 n análisis que muestra que USCIS redujo las aprobaciones de green cards en general “casi a la mitad”, con los recortes más fuertes en categorías humanitarias, incluidas las de refugiados y asilados. 

El centro de investigación Niskanen Center también ha documentado una caída en el procesamiento de beneficios migratorios por parte de USCIS. En su actualización de marzo de 2026, señaló que USCIS completó en enero de 2026 casi 59% menos casos que en enero de 2025 entre los formularios reportados, y que el año fiscal 2025 terminó con 11.65 millones de casos pendientes, un aumento de 23% frente al final del año fiscal 2024.

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Luego del tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C. el 25 de abril de 2026, en la que por primera vez participaba Donald Trump como presidente, comenzaron a circular teorías de conspiración y desinformaciones sobre lo ocurrido, afirmando –sin evidencias– que se había tratado de un operativo de “bandera falsa” (una acción hostil llevada a cabo por un grupo, pero diseñada para responsabilizar a otro) orquestado por el mismo gobierno de Trump o por el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu.

Minutos después de que ocurriesen los tiroteos, la frase “bandera falsa” y las oraciones que relacionaban “Trump” y “montaje” se dispararon en Facebook, Instagram, X, y YouTube, desde cuentas basadas en México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con un análisis hecho por Factchequeado en la herramienta Talkwalker de Hootsuite.

No es un fenómeno nuevo: en Factchequeado te hemos advertido que cuando ocurren eventos impactantes, los desinformantes buscan divulgar en redes sociales y medios contenidos falsos o dar explicaciones sin evidencias para ganar fama, dinero o poder.

Afirmaciones de que fue un “montaje” 

En publicaciones, como esta o esta en TikTok o esta en Facebook, afirman que el ataque del 25 de abril de 2026 durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca fue un montaje. Algunos de estos contenidos dicen que es sospechoso que el ataque ocurriera cuando se registran cifras bajas de aprobación de Trump en su segundo mandato. Según un promedio de encuestas realizado por The New York Times, Trump tenía un 38% de aprobación y 58% de desaprobación para el 22 de abril de 2026. 

Pero, no hay información que sustente que se trata de un montaje. Como te contamos en Factchequeado, el atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Durante el ataque, el sospechoso intercambió disparos contra agentes del Servicio Secreto. Uno de los agentes fue impactado en una ocasión y fue hospitalizado durante unas horas. 

Allen compareció ante una corte en Washington DC el 27 de abril de 2026. Su caso será procesado por los fiscales federales adjuntos Jocelyn Ballentine, Charles Jones y Adam Barry. Fue imputado por 3 cargos penales: intento de asesinar al presidente, transporte interestatal de armas y disparar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. El 30 de abril se llevará a cabo una audiencia de detención y el 11 de mayo una audiencia preliminar, informó la BBC.

La frase de “habrá algunos disparos” de Karoline Leavitt se refería al discurso de Trump

Algunas de las publicaciones, como esta en TikTok, o esta y esta en Facebook, justifican la afirmación de que el ataque fue un montaje a partir de una entrevista con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, transmitida por la cadena Fox News antes del ataque. 

Leavitt dice “it'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room”. Si traducimos esta frase de manera literal al español significa “será divertido, será entretenido. Habrá algunos disparos esta noche en la sala”. Sin embargo, la frase “shots fired” también es usada de manera humorística en inglés para referirse a algo que puede ser polémico y Leavitt pronunció esa frase en el contexto del discurso que Trump iba a decir en ese evento. 

Poco antes de la respuesta de Leavitt, el presentador del programa Fox News Saturday Night, Jimmy Failla le había preguntado si Trump estaba listo para el evento, a lo que ella respondió: “Está listo para la batalla, se lo aseguro. El discurso de esta noche será un clásico de Donald J. Trump. Será divertido, será entretenido”. Esta primera parte de la entrevista, donde precisa que ella se refiere al discurso, no está incluida en las publicaciones desinformantes.  

Fox News no cortó una entrevista donde una periodista supuestamente admitía que fue una operación de bandera blanca

Otro elemento que utilizan los contenidos desinformantes, como este en X o este en Facebook, es una entrevista por llamada telefónica de Fox News con la periodista Aishah Hasnie, que supuestamente fue cortada o interrumpida cuando parecía indicar que el ataque fue “una operación de bandera blanca”. Hasnie estaba contando al medio que el esposo de Leavitt estaba sentado junto a ella durante el evento y que le estaba aconsejando que debía cuidarse mucho antes de que se quedara en silencio. 

“Se inclinó un poco hacia mí y me dijo: ‘¿Sabes? Te veo en la televisión; haces un gran trabajo. Tienes que tener mucho cuidado’. Y se puso muy serio al decirme eso. Luego miró a su alrededor y añadió: ‘¿Sabes? Hay algunos…’”, dijo Hasnie antes de quedarse en silencio. Uno de los presentadores dijo posteriormente: “Parece que perdimos la conexión con el teléfono de Aishah. Por cierto, esto suele ocurrir, especialmente cuando hay tantas personas intentando utilizar el mismo servicio al mismo tiempo”.

En una publicación del 26 de abril de 2026 desde su cuenta en X, Hasnie  dijo que las llamadas se cortaban “ya que apenas hay cobertura en ese salón de baile” y terminó de contar la historia que estaba compartiendo al aire. “Para terminar la historia, él me estaba diciendo que tuviera cuidado con mi propia seguridad, porque el mundo está loco. Algo que mi propio padre y otras personas también me han comentado recientemente”, dice parte de la publicación de Hasnie.

Circuló una imagen del sospechoso con una camiseta del Ejército israelí, pero la imagen tiene inconsistencias

Tanto cuentas en inglés (incluyendo el medio estatal ruso RT y el medio estatal iraní Tasnim News) como en español divulgaron una imagen de baja resolución en la que aparece el sospechoso en una silla con una camiseta de las Fuerzas de Defensa de Israel, para afirmar que todo había sido un montaje llevado a cabo por el Mossad (la agencia de inteligencia israelí).

Sin embargo, la imagen tiene inconsistencias y algunas herramientas detectan que pudo ser generada con inteligencia artificial, como Undetectable AI y Deep AI, que dan como resultado que la imagen fue generada con IA.

No todas las herramientas dieron un alto grado de probabilidad de que la imagen haya sido generado con IA (por ejemplo, Hive Moderation arrojó un 2.2% de probabilidad que lo fuese y Sight Engine, un 48%), pero es allí donde la observación es clave.

Al analizar detalladamente la imagen se observan inconsistencias, como la textura del pantalón fusionada con el sillón y la mano derecha mezclada con la lata.

Contactamos al Departamento de Justicia (que ya presentó cargos criminales contra el sospechoso) para confirmar si la imagen realmente corresponde con el acusado, pero para el momento en el que publicamos esta nota, no habíamos obtenido respuesta.

Vance fue evacuado antes que Trump

Algunos contenidos, como este o este en X, incluyen un video en los que se ve que evacuan al vicepresidente JD Vance antes que a Trump y sugieren que eso prueba que el incidente fue un montaje. En las imágenes se puede ver cómo dos personas retiran a Vance e inmediatamente después entran  agentes armados y con chalecos antibalas que se colocan frente al puesto de Trump en la mesa poco antes de que el presidente fuera escoltado fuera del lugar. 

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos, dijo ao Newsweek –a propósito de los mensajes que circulan sobre la salida de Vance primero– que, aunque él entiende que “las cosas puedan parecer de cierta manera”, qu “por favor tengan la certeza de que los equipos de protección mantienen comunicación por radio en tiempo real y existe un proceso metódico para el traslado seguro de las personas bajo protección”. 

“En cada lugar donde se brinda protección, el Servicio Secreto despliega un sofisticado marco de seguridad por niveles. Estas medidas se calibran rigurosamente durante el proceso de planificación previa y resultaron fundamentales para mitigar la amenaza y evitar daños graves”, agregó.

Mark Herrera, presidente y estratega jefe de seguridad de Global Awareness Professionals (GAP), una compañía de Texas especializada en capacitación en seguridad y liderazgo, dijo a Newsweek que el hecho de que Vance fue evacuado antes se debe a que “él se encontraba en una posición que permitía su extracción de manera segura y rápida”. El equipo de seguridad de Trump, por otro lado, “requirió unos segundos cruciales para interponerse como escudo, evaluar la amenaza y tomar el control de la situación antes de evacuarlo”, agregó.

No hay pruebas de que Usha Vance aparezca con el atacante en reporte de noticias de 2017

Después del tiroteo en la cena de los corresponsales, se difundió como actual un reporte del medio ABC7 LA de 2017, en el que Allen, descrito como un estudiante del Instituto Tecnológico de California, explica su prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas. El reportaje corresponde a la conferencia “Aging into the Future” (Envejeciendo hacia el futuro) que permitió a los asistentes probar los productos con “potencial de enriquecer las vidas de las personas mayores” y tuvo lugar el 16 de febrero de 2017. En uno de los clips del reportaje. frente de un cartel con el logo de la organización SmallCircles, se ve una mujer de tez morena y cabello negro con una bufanda azul y blanco.. 

Usuarios en redes sociales, como este en X, afirman que esa mujer es Usha Vance, esposa del vicepresidente de Estados Unidos; pero, no hay pruebas que lo corroboren. En la web de SmallCircles –según una versión archivada de la página del “About us” de 2018 ubicada por el medio de verificación Snopes– se ve la foto de una mujer muy parecida a la del video de 2017 que es identificada como Arati Desai Wagabaza, fundadora y directora ejecutiva de la organización. 

SmallCircles se describe en X como “una aplicación móvil que conecta a cuidadores familiares de personas mayores en comunidades locales, pequeñas y privadas para compartir recursos, experiencias e ideas”. Al buscar el nombre de Wagabaza en Google encontramos un perfil de LinkedIn de una mujer parecida a la del reportaje de 2017 que incluye en la sección de experiencia laboral la posición de “fundadora y directora ejecutiva” de SmallCircles entre 2015 y 2018. 

Usha Vance, en cambio, trabajó como asistente del presidente de la Corte Suprema durante la sesión 2017-2018 y residía en Washington DC en ese entonces, señaló Snopes.

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Qué se sabe de los disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Quién es y qué se sabe del hombre que disparó durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El sospechoso no llegó a entrar al salón del evento; fue detenido y llevado a evaluación médica, según la Policía Metropolitana de Washington DC. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el chaleco antibalas y fue hospitalizado por algunas horas.

Dónde y cuándo ocurrió el incidente

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:36 pm, hora del Este, del sábado 25 de abril de 2026 durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, según precisaron la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, y el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery W. Carroll, en conferencia de prensa. 

La cena había comenzado poco antes de los disparos: el salón abrió a las 7:30 pm, el evento empezó alrededor de las 8 pm y Trump entró a las 8:15 p.m, “mientras una banda interpretaba Hail to the Chief”,  según la descripción del Washington Post.

Qué pasó

De acuerdo con la información ofrecida en la rueda de prensa de la Policía de Washington DC, un hombre armado corrió hacia un punto de control del Servicio Secreto que estaba ubicado en el vestíbulo del hotel donde ocurría la cena con los corresponsales y el presidente. 

El sospechoso llevaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Hubo intercambio de disparos entre los agentes y el sospechoso. “Mientras corría a través del puesto de control, agentes del orden público pertenecientes al Servicio Secreto interceptaron a dicho individuo. (...) Confirmamos que las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el individuo”, señaló el jefe interino de la Policía Metropolitana. El sospechoso fue detenido, esposado y llevado a evaluación médica, aunque no fue herido. 

Las autoridades creen, por ahora, que actuó solo. No han confirmado que Trump fuera el objetivo. La investigación sigue abierta. Un oficial del Servicio Secreto fue impactado en el chaleco y hospitalizado por unas horas. Fue dado de alta en la mañana del 26 de abril, según confirmó el Servicio Secreto al medio 7News. 

Quién es el sospechoso

El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, según informaron dos funcionarios policiales a la agencia de noticias The Associated Press (AP). Según el jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Carroll también dijo que las autoridades creen que el hombre estaba alojado en el hotel. Allen “se describía a sí mismo como un desarrollador de videojuegos” en cuentas de Facebook y LinkedIn que parecen estar vinculadas a él, según señala The New York Times.

Qué cargos se le imputan al sospechoso

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dijo que el sospechoso enfrenta cargos preliminares relacionados con el uso de un arma de fuego y agresión contra un oficial con un arma peligrosa. También indicó que podrían presentarse más cargos.

El 27 de abril de 2026 el Departamento de Justicia acusó al sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, transportar un arma de fuego y municiones entre estados con intención de cometer un delito grave, y disparar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento. *

Qué dijo Trump

A dos horas del incidente (a las 10:37 pm), todavía vestido de esmoquin, Trump dio una rueda de prensa en la que ofreció detalles del tiroteo. Dijo que el incidente en la cena de corresponsales fue “inesperado”. Que al oír los disparos pensó que se trataba de una bandeja que había caído, pero Melania le dijo que le parecía “un mal ruido”. Trump comentó que la cena era “un acto dedicado a la libertad de expresión” y “se suponía que iba a reunir a miembros de ambos partidos con representantes de la prensa. Y, en cierto modo, así fue”. Dijo que el sospechoso “no había traspasado la zona en absoluto” y que “estaba bastante lejos” del salón. Elogió la respuesta del Servicio Secreto y de otras agencias de seguridad. Mencionó que había hablado con el agente que fue baleado, que se encontraba “en excelente forma” y estaba de muy buen ánimo. 

Trump defendió la necesidad de construir un ballroom en la Casa Blanca, argumentando que el Washington Hilton “no es un edificio particularmente seguro” y que el nuevo salón tendría vidrio antibalas y protección contra drones. También afirmó que había querido quedarse y continuar el evento, pero que los protocolos de seguridad lo impidieron. Dijo sentirse “honrado” por el incidente, porque quienes han sido asesinados o recibido atentados “son personas muy influyentes”. 

Añadió que la cena será reprogramada dentro de los próximos 30 días y que no quiere que hechos de violencia obliguen a cancelar la vida pública. También dijo que había preparado un discurso contundente, pero que probablemente lo cambiará: “Les dije a los miembros de mi equipo: ‘Este sería el discurso más inoportuno jamás pronunciado si lo dijera ahora, así que tendré que guardármelo’. No sé si alguna vez podré ser tan duro como tenía pensado ser esta noche. Creo que, probablemente, seré muy amable”.

El tercer incidente 

El incidente en la cena de corresponsales ocurre después de dos intentos de asesinato contra Trump durante la campaña de 2024: uno en julio, en Butler, Pensilvania, cuando fue herido con una bala en la oreja derecha; y otro en septiembre, en su campo de golf en West Palm Beach, Florida, donde según informó el FBI un hombre armado fue detectado por el Servicio Secreto cuando tenía la intención de dispararle al presidente.

Qué es la cena de los corresponsales de la Casa Blanca y qué dijo la organización

La cena de corresponsales de la Casa Blanca es una gala anual que se celebra desde 1921 en Washington para celebrar el valor de la Primera Enmienda y de una prensa libre. 

Organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca –WHCA, por sus siglas en inglés–, el evento suele reunir al presidente con periodistas, funcionarios y políticos republicanos y demócratas. También suele haber discursos políticos con tono humorístico. Desde hace décadas, esta gala se celebra en el hotel Washington Hilton. 

La WHCA tiene cerca de 900 miembros provenientes de 300 medios de comunicación y esta cena es el principal evento de recaudación de fondos para la organización. 

Durante su primer mandato, Trump no asistió a ninguna de las cenas de corresponsales de la Casa Blanca organizadas por la WHCA.Tampoco asistió a la primera gala organizada en 2025 durante su segundo mandato.

Weijia Jiang, presidenta de la WHCA y corresponsal de CBS en la Casa Blanca publicó un comunicado en su cuenta en X, el 26 de abril de 2026, agradeciendo que todos los asistentes salieran ilesos: “Sé que muchos de ustedes todavía están procesando lo que pasó anoche. Gracias al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las agencias de aplicación de la ley que nos mantuvieron a salvo”.

El mismo hotel donde ocurrió el atentado a Reagan

El presidente Ronald Reagan resultó herido en las afueras del hotel Washington Hilton el 30 de marzo de 1981 cuando salía de un encuentro con la federación de sindicatos la AFL-CIO y recibió una bala rebotó en la limusina presidencial que lo impactó debajo de la axila izquierda, según recoge la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan. También fueron heridos entonces el secretario de prensa James Brady, el agente del Servicio Secreto Timothy McCarthy y el policía Thomas Delahanty. Reagan permaneció hospitalizado 12 días antes de regresar a la Casa Blanca.

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* Esta nota fue actualizada el 27 de abril de 2026 con los cargos imputados al sospechoso

¿Cuándo son las elecciones de medio término de 2026? 

La elección general federal será el 3 noviembre de 2026, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, como ocurre cada 2 años. La Comisión de Elecciones Federales (FEC), que tiene jurisdicción sobre el financiamiento de las campañas de candidatos a la Cámara de Representantes, el Senado, la Presidencia y la Vicepresidencia, publica el calendario de primarias y los plazos por estado.

¿Se vota por presidente en noviembre de 2026? 

No. En las elecciones al Congreso se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Además, habrá 39 elecciones para gobernador y elecciones legislativas estatales en 46 estados. La siguiente elección presidencial será en 2028. 

¿Qué se elige exactamente en las intermedias? 

A nivel federal:

• Toda la Cámara de Representantes: 435 escaños.

• Un tercio del Senado: 35 escaños, 33 regulares y 2 especiales, que cubrirán las sillas que quedaron vacantes cuando J. D. Vance asumió como vicepresidente y Marco Rubio, como secretario de Estado. 

Cargos ejecutivos estatales:

• Gobernadores en 36 estados y 3 territorios (Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes)

• Fiscales estatales (attorneys general) en 30 estados 

• Secretarios de Estado en 26 estados 

• Otros cargos estatales: tesoreros, auditores, comisionados de agricultura, superintendentes de educación.

Legislaturas:

• Estatales: 88 cámaras legislativas en 46 estados, más elecciones especiales

• Territoriales: 5 cámaras (Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes)

Cargos locales y de condado:

• Sheriffs y fiscales de distrito: aproximadamente 2,400 elecciones (ve aquí los estados donde se eligen). 

• Alcaldes en ciudades grandes y pequeñas.

• Juntas escolares en miles de distritos del país.

• Oficiales de condado: comisionados, auditores, tesoreros, secretarios, forenses.

• Jueces: cortes estatales, de circuito, distritales y locales. 

¿Cuáles son los temas clave para estas elecciones? 

Los temas principales son economía, integridad electoral e inmigración, según múltiples encuestas. Una encuesta de Quinnipiac de diciembre de 2025 encontró que economía (24%) y preservar la democracia (24%) empataron como los temas más urgentes, seguidos por inmigración (18%). NBC News reportó en marzo de 2026 que las amenazas a la democracia han surgido como prioridad máxima, empatando con inflación al 26%.

¿Cómo actualizo mi dirección para poder votar? 

Si cambiaste de nombre o de dirección en el mismo estado, debes actualizar esa información en tu registro de votante. 

Si te mudaste a otro estado, debes registrarte para votar en ese estado. Entra a vote.gov, selecciona tu estado o territorio y revisa la fecha límite para cambiar el lugar de votación. 

¿Cómo cambiar de partido político? 

En algunos estados, la afiliación al partido político puede ser un requisito para votar en las elecciones primarias. Cambia tu afiliación en la oficina de elecciones estatal o local si quieres participar en las primarias de un partido. 

¿Cuáles son las fechas límite para registrarse para votar? 

Cada estado tiene sus propios plazos de registro electoral. En todos los estados, excepto Dakota del Norte, es necesario registrarse como votante. Algunos cierran las inscripciones hasta un mes antes del día de las elecciones; otros permiten registrarse el mismo día de las elecciones. Entra a vote.gov  para consultar los plazos o contacta a tu oficina de elecciones estatal o local.

¿Puedo votar por correo o de forma anticipada? 

Sí, en la mayoría de los estados, pero los plazos para solicitar y devolver boletas varían mucho según el lugar donde vives. La Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 exige que los estados establezcan fechas límite de registro de votantes no más de 30 días antes de una elección federal. Todos los estados, excepto Dakota del Norte, requieren que las personas se registren si desean convertirse en votantes. Verifica las fechas límite en vote.gov. 

Voto anticipado en persona: en 47 estados y DC se permite el voto anticipado sin excusa. Sólo Alabama, Mississippi y New Hampshire no ofrecen voto anticipado sin excusa, según Ballotpedia.

Voto anticipado por correo: en 36 estados más el Distrito de Columbia no se requiere excusa para solicitar una boleta por correo; en 14 estados sí se necesita una excusa válida, como enfermedad, viaje o discapacidad. Luego, 8 estados: California, Colorado, Hawái, Nevada, Oregón, Utah, Vermont y Washington, más DC, envían automáticamente boletas por correo a todos los votantes registrados. 

¿Necesito identificación para votar?

Tienes que saber que 36 estados ya tenían algún tipo de requisito de ID para votar, pero en los últimos 2 años, las cosas se han puesto más estrictas. En 2025, 7 estados promulgaron nuevas leyes para limitar los tipos de documentos que pueden usar los votantes: Kentucky, Montana y Virginia Occidental eliminaron las opciones de ID sin foto. 

En Kansas, en febrero de 2026, entró en vigor la Ley SB 244 que, entre otras cosas, prohíbe actualizar el marcador de género en licencias y actas de nacimiento estatales. Además, invalida los documentos ya emitidos que indiquen una identidad de género distinta a la asignada al nacer. Por lo tanto, el ID para elecciones tiene que coincidir con el género de nacimiento, no el de elección. La medida se impuso pese al veto de la gobernadora. Dos resistentes transgénero de Kansas presentaron una demanda ante un tribunal estatal. 

La ley SAVE America, que todavía no está aprobada por el Senado, requeriría que todos los estadounidenses presenten prueba de ciudadanía para registrarse a votar, como un pasaporte o certificado de nacimiento. 

Oklahoma votará en agosto de 2026 si agregan requisitos de ID a su Constitución estatal. Y California tiene un proyecto de ley propuesto que requeriría foto ID por primera vez.

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Un hombre fue detenido el 25 de abril de 2026 luego de tirotearse con agentes del Servicio Federal a 45 metros del lugar donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba de la cena anual de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton, en D.C.

Por el incidente, Trump y otros funcionarios de su gobierno fueron evacuados del lugar, una persona fue detenida por el Servicio Secreto y un agente resultó herido y fue hospitalizado durante unas horas.

El presidente Trump publicó en su perfil de la red Truth Social el video del momento en que el atacante irrumpe en el lugar y se enfrenta con los agentes, y posteriormente una imagen del sospechoso detenido.

Según autoridades judiciales, el atacante estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos, y días antes se había alojado en el hotel donde se realizó la cena anual de los corresponsales. 

El atacante fue identificado como Allen Cole, un hombre de 31 años de California, informaron dos funcionarios policiales a la agencia de noticias The Associated Press (AP)

Según surge de su cuenta en LinkedIn, Cole es docente en una institución especializada en la preparación de jóvenes para el ingreso a la universidad. A su vez, en forma autónoma, tiene un proyecto de desarrollo de videojuegos. Tiene un título en ingeniería mecánica por la California Institute of Technology y una maestría en ciencias de la computación obtenida en la Universidad Estadual de California. 

Según reportes de medios estadounidenses, Cole es un votante registrado en el Estado de California, sin preferencias partidarias –lo que constituye un requisito para votar en las elecciones primarias–. 

En octubre de 2024 realizó una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris, de acuerdo a información de la Federal Election Comission. Este constituye su único aporte a una campaña que consta en registros públicamente accesibles.

Cole envió un mensaje a miembros de su familia pocos minutos antes del ataque, en el cual expresó sus objetivos y motivaciones. El texto, cuya existencia fue referida por Donald Trump en la conferencia de prensa del día domingo, fue publicado por CBS News. 

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La empresa, en su informe, indica que, en sus inicios en 2003, desarrollaba software “para apoyar investigaciones y operaciones antiterroristas” para “la comunidad de inteligencia de Estados Unidos”. Datos públicos e investigaciones de prensa muestran que Palantir es una de las empresas que ha desarrollado softwares y herramientas con inteligencia artificial (IA) para asistir a ICE en sus operativos de deportación. 

Chinmayi Sharma, profesora asociada de Derecho en la Universidad de Fordham, especializada en gobernanza de Internet, ciberseguridad e inteligencia artificial, y coautora del paper académico “Intermediarios de la Política Migratoria” junto con Sam Adler, indica en la investigación que Palantir, a diferencia de otras empresas que proveen software para ICE, diseñó “ImmigrationOS”, una herramienta que actúa “como el nodo central de un amplio aparato de vigilancia masiva construido sobre innumerables flujos de datos públicos y privados y sobre tecnologías del sector privado” y que se ha convertido en “la columna vertebral de la aspiración final del gobierno federal: una aplicación migratoria automatizada de extremo a extremo”.

Aquí te explicamos.

ICE pagó millones de dólares a Palantir para que creara “ImmigrationOS”

Según la descripción oficial de ICE, ImmigrationOS es un sistema con tres objetivos:

• Primero, agilizar la identificación y aprehensión de personas priorizadas para su deportación, como "criminales violentos", miembros de “organizaciones criminales transnacionales conocidas”  y quienes han excedido su visa. 

• Segundo, hacer seguimiento de “autodeportaciones”: rastrear y reportar con "visibilidad casi en tiempo real" a quienes salen voluntariamente del país. 

• Tercero, hacer más eficiente el proceso de deportación, desde la identificación del extranjero hasta su remoción.

ICE, el 17 de abril de 2025, publicó una justificación de fuente única explicando por qué Palantir era el único proveedor capaz de crear este software sin “retrasos inaceptables”. Una “justificación de fuente única" es un documento en el que el gobierno explica por qué quiere darle el contrato a una sola empresa sin abrir una licitación. El documento de la justificación tiene oculto el monto que pagaría ICE a Palantir, pero una búsqueda hecha por Factchequeado en USASpending.gov –la página web del gobierno federal donde se publican contrataciones– muestra que el monto estimado por los servicios era de 29.9 millones de dólares.

Según ICE, la falta de este sistema limitaba “gravemente” la capacidad de la agencia para “ejecutar las órdenes ejecutivas del presidente” y para “actuar eficazmente contra organizaciones transnacionales, como el Tren de Aragua (TdA) y la Mara Salvatrucha (MS-13), que representan amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos”.El Tren de Aragua es una banda criminal originada en Venezuela y la MS-13 es una banda criminal originada en Los Ángeles en los 80, pero que posteriormente se extendió por Centroamérica.

Según explican Sharma y Adler, ImmigrationOS “centraliza registros dispersos” de los distintos proveedores de herramientas de IA a ICE.

En agosto de 2025, Amnistía Internacional le envió una carta formal a Palantir señalando que el uso de ImmigrationOS "arriesga crear un aparato de vigilancia sin precedentes que permite el monitoreo masivo y la toma de decisiones automatizada que afecta los derechos humanos".

Sharma y Adler afirman que esta automatización genera un “daño estructural” que hace que la “aplicación de la ley deje de parecer una serie de actos aislados que pueden discutirse o impugnarse” y que comience a funcionar como un sistema “activado por máquinas” en el que “una persona puede ser marcada sin saberlo, convertida en objetivo sin entender por qué, y arrastrada a la detención o a la expulsión del país sin una forma real de examinar los datos, el modelo o la lógica –construida por contratistas– que produjo ese resultado”.

Palantir creó para ICE la herramienta ELITE para ubicar a inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional, en su base de datos de inventario de herramientas de IA descargada y analizada por Factchequeado, indica que el sistema ELITE, que por sus siglas, corresponde en español a Identificación y Localización de Objetivos para Operativos es una herramienta creada por Palantir que usa ICE para “extraer direcciones difíciles de leer en registros como antecedentes penales y órdenes judiciales”, con el fin de generar “pistas enriquecidas” que luego revisan oficiales de la agencia para decidir cuáles son “accionables”.

Durante un caso federal en Oregon (M-J-M-A- v. Wamsley) presentado en octubre de 2025 y en el que se se impugna la legalidad de los arrestos migratorios realizados por ICE en ese estado, un agente de ICE testificó que ELITE funciona “algo parecido a Google Maps” y que toma registros judiciales, información migratoria (incluyendo el Alien Number o número A, que es el serial asignado por DHS a cada extranjero) para estimar qué probabilidad hay de encontrar a la persona que están buscando en un sitio específico. 

Sin embargo, el agente dijo que la aplicación “puede decir 100 por ciento [de probabilidad de que alguien esté en un sitio específico] y estar equivocada”, y añadió que los agentes todavía tenían que “hacer sus verificaciones” de forma independiente. La base de datos del DHS indica que las pistas que arroja este sistema “no sirven como base principal para decisiones o acciones con efectos legales, materiales, vinculantes o significativos sobre las personas”.

Luego del primer reporte de enero de 2026 sobre el uso de esta aplicación, hecho por el medio independiente 404Media, Palantir sostuvo que el sistema ELITE se usa para “mostrar las direcciones probables de personas específicas, como aquellas con órdenes finales de deportación o con cargos penales de alta gravedad” y que “el objetivo de esta herramienta es identificar la ubicación de extranjeros conocidos que cumplen criterios de expulsión”.

Sin embargo, un instructivo sobre el uso de ELITE filtrado a 404Media señala que durante "Operaciones Especiales", los operadores pueden “desactivar filtros” para "mostrar todos los objetivos dentro de un conjunto de datos".

Dato: Sharma y Adler indican en su trabajo académico que ImmigrationOS se puede alimentar de datos de ELITE, al igual que de otras herramientas que de IA que utiliza el DHS y que no pertenecen a Palantir. Es el caso de las torres de vigilancia fronteriza de la empresa Anduril, el sistema de reconocimiento facial de Clearview AI, o la información de matrículas que captura las cámaras Flock. Como te hemos contado en Factchequeado, si bien la empresa de estas cámaras –FlockSafey– no tiene acuerdos con el DHS, las policías locales que las usan pueden elegir compartir la información con agencias federales migratorias.  

El CEO y el presidente de la Junta Directiva han expresado su respaldo a las políticas de Trump

Alex Karp, CEO y cofundador de Palantir, ha expresado su apoyo a las políticas del presidente Donald Trump, incluyendo su respaldo a las acciones de ICE. Por otro lado, Peter Thiel, cofundador y presidente de la Junta Directiva de Palantir, apoyó la candidatura de Donald Trump en 2016 y, en junio de 2025, afirmó que Trump sigue siendo “la mejor opción” para las compañías tecnológicas. Además, el vicepresidente J.D. Vance solía trabajar para una empresa de Thiel, dijo que lo consideraba un “mentor”, y Thiel financió con al menos 15 millones de dólares su candidatura a senador de Ohio en 2022.

El tema en el Congreso

En un comunicado del 16 de abril de 2026, un grupo de 33 congresistas demócratas informaron que habían enviado una carta al DHS y a ICE solicitando información sobre “todas las bases de datos, programas de análisis de datos y aplicaciones” usados por la agencia, así como sobre “todos los contratos” activos o no con Palantir, incluyendo aquellos vinculados a operativos migratorios.

A pesar de la IA, la mayoría de los detenidos por ICE no tienen antecedentes penales

Como te hemos informado en Factchequeado, la gran mayoría de las personas detenidas por ICE no están condenadas por haber cometido delito alguno.

Según TRAC, un proyecto de investigación de datos asociado a la Universidad de Syracuse, al 4 de abril de 2026 (dato más reciente) había 60,311 personas en detención de ICE y 70.8% no tenía condena penal.

Dato adicional: En su justificación presupuestaria para el año fiscal 2027, el DHS solicitó ante el Congreso 7.5 millones de dólares para “desarrollar un prototipo operativo de smart glasses (gafas inteligentes) que permita la identificación biométrica de extranjeros ilegales”. El Congreso no había aprobado el presupuesto para el momento en el que publicamos esta nota.

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Stacey Foley comenzó a consumir opioides mientras estaba en una relación abusiva. Cuando la relación terminó, su consumo de opioides aumentó.

“No sabía cómo procesar el trauma”, afirma Foley a Public Good News, medio aliado de Factchequeado. “No sabía cómo manejar mi sistema nervioso, así que los opioides se convirtieron en mi escape”.

Años después, tras iniciar una nueva relación y tener dos hijos, Foley reconoció que su consumo de opioides estaba afectando la crianza de sus hijos y decidió hacer un cambio. Ahora, la conferencista y escritora canadiense lleva siete años en recuperación del trastorno por consumo de opioides.

Foley no está sola. Después de que un médico le recetara opioides a Lauren Wassum para manejar el dolor de una lesión, comenzó a usar el medicamento para sobrellevar la muerte de su tío.

“Sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. En realidad, era que no sabía cómo lidiar con el duelo”, afirma Wassum. Diez años después, luego de una sobredosis, ingresó a tratamiento. Ahora Wassum es especialista certificada en recuperación en Pensilvania y ayuda a otras personas con trastorno por consumo de sustancias a llevar vidas más saludables.

Tanto Foley como Wassum dicen que el apoyo de otras personas ha sido fundamental en su recuperación.

“Cada adicción es diferente. Cada persona es diferente. Lo mejor que realmente puedes hacer por alguien es estar ahí para apoyarlo cuando lo necesite”, agrega Foley.

Aquí te contamos más sobre cómo puedes apoyar a tus seres queridos que experimentan trastorno por consumo de opioides.

¿Cómo ocurre la adicción a los opioides?

Tomar opioides repetidamente, o de una manera distinta a la prescrita, puede cambiar el funcionamiento del cerebro. El cuerpo puede producir menos endorfinas, las sustancias químicas que ayudan a regular el dolor y el estrés. 

Cuando las personas intentan dejar o reducir el consumo de opioides, pueden experimentar síntomas de abstinencia, como cambios en la temperatura corporal, irritabilidad, temblores, dificultad para dormir y deseos intensos de consumir. Esto puede hacer que sea difícil dejar los opioides y puede conllevar al trastorno por consumo de opioides.

El trastorno por consumo de opioides es una afección crónica de salud que puede causar angustia mental y física. Debido a que los opioides pueden desacelerar o detener la respiración, este trastorno también puede aumentar el riesgo de sobredosis y muerte. Además, puede afectar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida.

“No hay ningún grupo que esté exento del trastorno por consumo de opioides”, explica Sarah S. Kawasaki, especialista en medicina de la adicción y profesora asociada de la Facultad de Medicina de Penn State.

¿Cuáles son las señales de que un ser querido podría estar experimentando trastorno por consumo de opioides?

El trastorno puede causar síntomas físicos, como cambios en el tamaño de las pupilas, somnolencia, cambios en el apetito y el peso, y síntomas similares a los de la gripe. También puede reflejarse en el comportamiento, incluyendo el distanciamiento de la familia, el trabajo o las responsabilidades diarias.

“Cualquier adicción gira en torno a un deseo patológico”, agrega Kawasaki. “Ese deseo lleva a dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a pensar en cómo conseguir dinero para la próxima dosis, cómo obtenerla, cómo evitar los síntomas negativos de la abstinencia. Todo esto ocurre mientras se descuidan las relaciones familiares, laborales y las obligaciones financieras, con un gran riesgo para la libertad y la seguridad personal”.

James Sherman, coordinador de investigación clínica y especialista en la orientación en cuanto al consumo de sustancias en el Center for Addiction Medicine and Policy de la Universidad de Pensilvania, está en recuperación de este trastorno y ha experimentado esos cambios de comportamiento.

“Durante mi adicción, a menudo evitaba interactuar con mis seres queridos porque sentía mucha culpa y vergüenza debido a mi consumo de opioides”, dice Sherman. “En mi consumo de drogas, el trabajo, los eventos familiares, ir al médico, cumplir con mis responsabilidades legales, todo quedó en segundo plano”.

Las personas con este trastorno también pueden mostrar señales de angustia emocional o cambios de humor.

“Creo que mi esposo siempre tuvo una sospecha de que consumía opioides, porque los altibajos causan cambios de humor bastante intensos”, agrega Foley.

Consultar a varios proveedores de atención médica para obtener recetas de opioides o quedarse sin medicamentos antes de tiempo también puede ser una señal de que alguien necesita ayuda.

“Si alguien tiene una receta de opioides, pero se le acaba antes de tiempo, necesita cada vez más, acude frecuentemente a urgencias porque se queda sin medicamento y no se siente bien, y a veces utiliza múltiples prescriptores, eso también es una señal de adicción”, señala Kawasaki.

¿Cómo puedo apoyar a un ser querido que está experimentando este trastorno o está en recuperación?

Mantente abierto y sin juzgar. La vergüenza puede impedir que las personas busquen tratamiento o se mantengan en recuperación. Un enfoque sin prejuicios puede ayudar a los seres queridos a tomar decisiones más saludables.

“Empatiza con la persona centrándote en la preocupación en lugar de la crítica”, dice Sherman. “Enfatiza ‘me importas…’ en lugar de ‘¿cómo pudiste hacer esto?’”.

La pareja de Wassum adoptó ese enfoque cuando ella buscó tratamiento.

“Cuando ocurrió mi sobredosis, él dijo: ‘Estaré aquí contigo en cada paso. Sé que puedes lograrlo. Sé que eres una buena madre’. Tener ese apoyo marca una gran diferencia”, agrega.

Las palabras y el lenguaje centrado en la persona también importan.

“Cambiar nuestro lenguaje es muy importante: no llamar a alguien adicto o drogadicto”, añade Sherman. “Es una persona con un trastorno de consumo. Es alguien a quien quieres ayudar a mejorar, en lugar de culparlo”.

Mantén contacto con la persona regularmente.

Las personas en recuperación pueden aislarse, incluso cuando la conexión con otros podría ayudar. Foley dice que las llamadas, los mensajes e invitaciones regulares pueden marcar la diferencia.

“El apoyo realmente consiste en asegurarte de que esa persona sepa que estás ahí, que estás pendiente y que la apoyas, porque habrá muchos días en los que la tentación de consumir volverá”, agrega.

Sé paciente.

Es posible que tu ser querido no esté listo para buscar ayuda de inmediato.

“Cuando la gente intenta presionarte para que entres en tratamiento y no estás listo, es de lo más difícil”, dice Wassum. “Sientes que tienes que ir solo para hacerlos felices, y luego terminas abandonando o empeorando la situación”.

Ser alentador, en lugar de exigente, puede ayudar.

“He descubierto que usar frases con ‘nosotros’ ayuda a que los seres queridos sientan que no están solos: ‘Deberíamos programar una cita’, ‘Deberíamos intentar conseguirte tratamiento’”, agrega Sherman.

Cuando esté listo, ayúdalo a encontrar el tratamiento adecuado.

El tratamiento puede variar e incluir terapia, apoyo entre pares, tratamiento residencial o medicamentos que ayudan a dejar o reducir el consumo. Aprender sobre el plan de tratamiento y apoyarlo puede ayudar a mantener la recuperación.

“Con demasiada frecuencia, los tratamientos para el trastorno por consumo de opioides están tan estigmatizados como la propia enfermedad, y eso puede ser letal”, dice Kawasaki.

Los medicamentos para este trastorno a menudo se malinterpretan como “cambiar” una adicción por otra, pero no es así.

“Puedes pensar en estos medicamentos como cualquier otro que necesitas para controlar una enfermedad crónica”, explica Kawasaki. “Si tienes presión arterial alta, diabetes o VIH, dependes de medicamentos para controlar la enfermedad. Si dejas de tomarlos, eventualmente necesitarás atención de emergencia. Lo mismo ocurre en esta situación”.Encuentra recursos de tratamiento contactando la línea nacional de ayuda de SAMHSA (1-800-662-HELP) o hablando con un proveedor de atención médica.

Este artículo contó con el apoyo de Life Unites Us, una campaña de salud que recibe financiación del Departamento de Programas de Drogas y Alcohol de Pensilvania. Public Good News conserva el control editorial total sobre sus reportajes.

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Aunque en los últimos meses la crisis energética se ha intensificado, especialistas independientes advierten que sus causas son estructurales.

En esta nota te explicamos qué está pasando y qué papel juega Estados Unidos en este escenario.

1. ¿Qué tan grave es la crisis eléctrica?

Imagina vivir 30 horas seguidas sin luz. Luego dos horas con electricidad. Y luego otras veintitantas sin nada. Justo esto es lo que están viviendo los habitantes en la isla, según reportes ciudadanos documentados por elTOQUE, medio aliado de Factchequeado. Con el calor en Cuba (por estas fechas las temperaturas rondan los 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius), la energía se necesita para mantener refrigerada la comida y que no se eche a perder, para los ventiladores; y también es indispensable para recargar los teléfonos, acceder a internet, comunicarse con los seres queridos en el país o fuera de este, y mantenerse informados en medio de la oscuridad. 

En los últimos 18 meses, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba ha colapsado por completo: por lo menos 7 veces, con el país entero desconectado de punta a punta. Solo en marzo de 2026, se han registrado 2 colapsos totales, la isla entera se queda sin electricidad. El último ocurrió el 21 de marzo. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, reconoció públicamente que la isla lleva meses sin recibir combustible. 

El país produce una parte muy pequeña de su propia energía; tiene algunos paneles solares y un par de generadores eólicos, pero no alcanza, según documentamos.  

2. ¿Por qué no hay petróleo? 

Venezuela fue el principal proveedor de crudo para Cuba durante años, a cambio de médicos, asesores de inteligencia y apoyo político. Eso terminó de golpe. El 3 de enero de 2026, el gobierno de Donald Trump ejecutó una operación militar para derrocar a Nicolás Maduro, y lo capturó y trasladó a una prisión en Nueva York. Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo.

Tras esta operación —en la que murieron al menos 32 militares cubanos que eran parte de la seguridad de Maduro—, la administración Trump anunció el corte del suministro de petróleo venezolano. Estados Unidos había presionado a Cuba desde el año pasado, cuando Trump emitió una orden ejecutiva para oficializar un “bloqueo petrolero” a la isla, con la amenaza de imponer más aranceles a los países que le vendieran combustible, pero la medida fue revertida. 

Aunque esa orden no surtió efecto, ningún buque petrolero se atrevió a llegar a la isla ante el riesgo de sanciones, dijo el abogado y analista Eloy Viera en su programa Ahora Qué de elTOQUE, medio aliado de Factchequeado.

México, otro de los grandes proveedores en 2024 y 2025, suspendió temporalmente los envíos de crudo a Cuba en enero de 2026 tras las advertencias de Trump. Lo confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, en una de sus habituales conferencias matutinas. Su  gobierno dice que está analizando opciones; por ahora solo ha enviado ayuda humanitaria. “Si México no puede exportar, Cuba tiene un problema enorme”, advirtió Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético de México y Estados Unidos.

El gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, por su parte, envió combustible a Cuba el 29 de enero de 2026 y, un mes más tarde, intentó mandar el buque Ocean Mariner, pero la Guardia Nacional de EE. UU. lo interceptó en el Caribe.

Rusia rompió el cerco cuando el petrolero con bandera rusa, Anatoly Kolodkin (con 730,000 barriles de crudo), llegó a Cuba el 30 de marzo de 2026. Después de días de incertidumbre, Estados Unidos le permitió sortear el embargo petrolero estadounidense de facto sobre la isla caribeña.

Dos buques cargados de petróleo ruso se dirigieron al puerto cubano de Matanzas y el Departamento del Tesoro les cerró el paso. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó una licencia que, aunque autorizaba de forma temporal la venta de petróleo ruso para aliviar la presión en los mercados globales por la guerra en Irán, dejó a Cuba explícitamente fuera.

El otro buque ruso se llama Sea Horse (con 190,000 barriles de diésel) y ha pasado semanas a la deriva con bandera de Hong Kong. Según Reuters, se habría desviado a Trinidad y Tobago.

Si el chavismo dejaba de enviar petróleo a Cuba sería una “sentencia de muerte” para el régimen del Partido Comunista, dijo Piñón. 

El gobierno de Trump ha intervenido petroleros incluso fuera de la región, como ocurrió el 24 de febrero de 2026 con el buque Bertha en el océano Índico, acusado de intentar evadir restricciones sobre cargamentos vinculados a crudo venezolano.

Estas acciones muestran que no existe un “bloqueo naval” formal, una figura asociada a un estado de guerra. Washington presiona por medio de vigilancia marítima (que ha impedido la entrada de varios petroleros), sanciones financieras (como los aranceles, aunque con la orden ejecutiva del 20 de febrero de 2026 fueron eliminados) y medidas legales (como las sanciones) para controlar el flujo de petróleo. 

El 25 de febrero de 2026, Estados Unidos anunció que permitirá la reventa de crudo venezolano al sector privado cubano con licencias específicas para fines comerciales o humanitarios; pero excluye a entidades militares, de inteligencia o del Estado cubano.

Según Reuters, el sector privado en Cuba ha recibido desde Estados Unidos casi 30,000 barriles de combustible (unos 4.8 millones de litros) en 2026. La mayor parte del suministro está llegando al puerto de Mariel, en La Habana.

3. ¿Qué quiere Trump de Cuba? 

Trump ha hablado sobre Cuba y un posible cambio del régimen autoritario del Partido Comunismo, impuesto hace más de seis décadas, con actualmente, al menos, 1,213 presos políticos en cárceles cubanas, según subregistros de organizaciones de derechos humanos.

“Lo que está pasando con Cuba es asombroso. Y creemos que primero debemos acabar con Irán”, dijo Trump el 5 de marzo de 2026. “Pero eso será solo cuestión de tiempo”. Días después en una entrevista en la Casa Blanca, el presidente estadounidense declaró: “Tendré el honor de tomar Cuba, un Estado fallido”. “Creo que podré hacer con ella lo que quiera, a decir verdad. Son una nación muy debilitada”.

Durante su segundo mandado, Trump volvió a designar a Cuba como patrocinador del terrorismo y está presionando con el suministro de petróleo, como te contamos. 

Washington pide la excarcelación de presos políticos, apertura del sector energético y cambios de liderazgo político, según las diferentes declaraciones públicas emitidas desde la Casa Blanca, el presidente Trump, o el secretario de Estado, el cubanoestadounidense, Marcos Rubio. 

Rubio argumenta que el modelo económico socialista de la isla es insostenible y que “Cuba tiene que cambiar”, aunque no de un día para otro, y que están viendo “cómo se desarrolla ese proceso, por ejemplo, en Venezuela”. 

4. ¿Hay conversaciones entre Estados Unidos y Cuba?

Sí. Axios reveló en febrero de 2026 que existían contactos discretos fuera de los canales diplomáticos habituales. 

Según la publicación de Axios, el interlocutor clave no es el presidente Díaz-Canel, sino Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto y exguardespaldas del expresidente Raúl Castro, sin ningún cargo oficial. Las conversaciones, lideradas por el secretario de Estado, Marco Rubio, se presentaron como “discusiones sobre el futuro de Cuba”, no como una negociación formal.

Díaz-Canel reconoció esas conversaciones a inicios de marzo de 2026 y aseguró que las “discusiones” están dirigidas por él mismo y por Raúl Castro. Algo que de manera independiente no ha podido confirmar ni elTOQUE ni Factchequeado.

La agencia de noticias AP publicó el 17 de abril de 2026 que un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. El reporte señala, citando a un segundo funcionario federal, que el secretario de Estado, Marco Rubio, no formó parte de la delegación.

El régimen cubano confirmó el encuentro, pero negó que La Habana acatará un “ultimátum” de EE. UU. para liberar a presos políticos como parte de nuevas conversaciones.  

Cuba ha liberado a un grupo de presos políticos —con mediación del Vaticano— y ha anunciado medidas económicas que permiten, de forma limitada, inversiones de cubanos en el exterior. 

Las autoridades cubanas anunciaron a inicios de abril de 2026 un indulto a 2,010 personas presentado por el gobierno como un “gesto humanitario” con motivo de la Semana Santa. Es la segunda medida de este tipo en menos de un mes.

Amnistía Internacional (AI) exigió “mayor transparencia en el proceso de excarcelaciones” y denunció que ninguna de las personas que la organización reconoce como presas de conciencia había sido liberada en ninguno de los dos indultos anunciados desde marzo. Otras organizaciones de derechos humanos también denuncian que, entre los excarcelados del indulto de inicios de abril, no se incluye ningún preso político. 

El viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, dijo el 22 de marzo de 2026 que las Fuerzas Armadas están “listas para movilizarse” ante una posible agresión militar de Estados Unidos.

5. ¿Qué está pasando en la calle?

Desde inicios de marzo de 2026 se registran protestas continuas en distintas partes de Cuba, hay más de 40 personas detenidas recientemente, además de los más de mil presos políticos, según subregistros de organizaciones independientes. En Morón, un pueblo de la provincia de Ciego de Ávila, una multitud irrumpió en la noche del 14 de marzo de 2026 en la sede local del Partido Comunista, sacó cosas y le prendió fuego. A un joven le dispararon en un pie. 

Algunas personas en la isla tienen baterías portátiles (power banks) para mantener el ventilador funcionando durante el apagón. La gente que puede y tiene familiares en el extranjero recibe remesas, pero con tanta escasez de productos básicos —comida, artículos básicos de higiene, medicinas, entre otros— a veces no hay mucho que comprar con el dinero.

6. El factor migración

La isla ha vivido en los últimos años el mayor éxodo migratorio de su historia contemporánea: más de 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos entre finales de 2021 y 2024. Muchas personas han usado rutas irregulares cada vez más riesgosas a través de Centroamérica y el Caribe. 

En esta administración Trump ha deportado a 1,901 cubanos, y si se suman los datos de su primer periodo presidencial (2017-2021), el total asciende a 5,286 deportados cubanos. La cifra general es mucho mayor que la registrada bajo Joe Biden (978), Brack Obama (341) y George Bush (416), según datos recogidos en informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, citados por elTOQUE en este explicador. 

El tema migratorio ha sido uno de los puntos más sensibles y constantes en la relación bilateral entre los dos países históricamente. Este año, por ejemplo, las autoridades cubanas aceptaron el regreso de personas convictas por delitos graves en Estados Unidos. 

El régimen cubano también comenzó a recibir algunos vuelos de sus ciudadanos con orden final de deportación en Estados Unidos: más de 42,000, de acuerdo con Fox News, quien cita datos exclusivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

* Esta nota fue actualizada con información de la llegada de barco ruso con suministro de petróleo, el anunció de la excarcelación de 2,000 presos (ninguno preso político) y la confirmación de una reunión de funcionarios estadounidenses en La Habana recientemente. 

** Fecha de primera publicación de esta nota: 26 de marzo de 2026.  

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En menos de un año, 4 estados eliminaron sus programas; otros siguen en litigio en las cortes para mantenerlos. Según el informe Undocumented Students in U.S. Higher Education, de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, una organización de incidencia y coordinación entre instituciones educativas, en 2024, el último dato disponible, había aproximadamente 408,000 estudiantes indocumentados en educación superior en Estados Unidos.

La administración Trump activó la política migratoria contra los estudiantes indocumentados con la orden ejecutiva del 28 de abril de 2025, en la que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “detener leyes estatales que favorezcan a extranjeros sobre ciudadanos estadounidenses de manera ilegal”, incluyendo matrícula estatal para indocumentados que no se ofrece a ciudadanos de otros estados.

El argumento legal del gobierno federal se centra en dos puntos:

1.  La ley federal 8 USC §1623, que establece que los estados no pueden dar beneficios de educación postsecundaria a indocumentados a menos que también los ofrezcan a todos los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los defensores de estos beneficios argumentan que la matrícula estatal no es técnicamente un subsidio público, sino una tarifa diferenciada por residencia.

2. La Sección 5 de la orden ejecutiva señala que las "leyes que proporcionan matrícula estatal a extranjeros pero no a ciudadanos de otros estados violan la ley federal".

El DOJ también cita la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, en inglés) de 1996. Pero ojo, esta ley no prohíbe explícitamente la matrícula estatal, que legalmente cae en una excepción permitida.

Florida

El estado de Florida fue el primero en revocar una ley de 2014, la HB 851, que exigía que los colegios comunitarios (college), las universidades y las instituciones de educación superior eximieran del pago de la matrícula a ciertos estudiantes indocumentados graduados de la escuela preparatoria en el estado. 

El gobernador Ron DeSantis firmó el Senate Bill 2-C y, desde el 1 de julio de 2025, los jóvenes inmigrantes sin documentos pagan tarifas foráneas, que pueden ser mucho más altas que las tarifas estatales. El cambio sí afecta a jóvenes inmigrantes sin documentos y jóvenes con DACA y TPS.

En la University of Florida, la matrícula estatal para residentes es 6,381 dólares anuales (2024-25), mientras que la foránea, que ahora deben pagar los estudiantes sin documentos, con DACA o TPS supera los 30,900 dólares por año: casi 5 veces más alta. En Florida Atlantic University (FAU), la matrícula estatal es de 5,984 dólares anuales para los estudiantes residentes, mientras que la matrícula para foráneos es de 22,888 dólares anuales: casi 4 veces más.

Según el Florida Policy Institute, una organización sin fines de lucro y no partidista, solo en el año académico 2023-24, más de 6,000 estudiantes universitarios de Florida se beneficiaron de exenciones para no residentes, y desde 2014 se han concedido más de 63,000 exenciones.

Texas

Texas es un caso emblemático porque, en 2001, se convirtió en el primer estado del país en aprobar una ley que permitía que ciertos estudiantes indocumentados calificaran para la matriculación estatal y la ayuda financiera estatal en universidades y colegios comunitarios. 

El gobernador republicano Rick Perry firmó la ley HB 1403, conocida como “Texas Dream Act”. Para ser elegible, los estudiantes debían haber vivido en Texas durante al menos 3 años antes de graduarse de una preparatoria de Texas, haberse graduado o haber recibido un GED en Texas, y haber firmado una declaración jurada en la que afirmaran su intención de solicitar el estatus legal tan pronto como fueran elegibles. 

Durante 24 años, la ley abrió las puertas de la educación superior a miles de estudiantes. Según el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro y no partidista, para 2025 había 57,000 estudiantes indocumentados cursando educación superior en Texas bajo este programa, además de 197,000 estudiantes menores de 18 años en preparatorias que eventualmente se beneficiarían.

Los recipientes de DACA, los titulares de TPS y otros individuos considerados “legalmente presentes” no se ven afectados por la orden judicial: estos estudiantes podrían seguir siendo elegibles bajo los requisitos del estado, según FIEL Houston, una organización comunitaria y de derechos civiles liderada por inmigrantes en Houston, Texas. “Estos estudiantes comprenden una pequeña parte de los inscritos indocumentados”, señala FIEL.

El DOJ presentó una demanda contra Texas el 4 de junio de 2025: alegó que la HB 1403 discriminaba contra ciudadanos de otros estados. En lugar de defenderse en la corte, el fiscal general republicano Ken Paxton inmediatamente se unió al DOJ y pidió al juez federal que bloqueara la propia ley de Texas.

Kentucky 

Terminó su programa ante la demanda del DOJ en junio de 2025, sin esperar un fallo judicial. Organizaciones de derechos civiles como MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund) están intentando intervenir legalmente para revertir la decisión.

Oklahoma 

Recibió una demanda del DOJ el 5 de agosto de 2025: tenía su propia política de matrícula estatal desde 2007, pero el fiscal general republicano Gentner Drummond tampoco defendió la ley y, el 29 de agosto de 2025, el juez del Distrito Este de Oklahoma falló a favor del DOJ. Aproximadamente entre 400 y 1,500 estudiantes han sido afectados con tarifas que saltaron de alrededor de 4,800 dólares a más de 14,000 dólares por semestre; que serían de 9,600 dólares por año académico anteriormente a 28,000 dólares anuales.

Minnesota, una primera victoria nacional

Minnesota se defendió ante la demanda del DOJ del 26 de junio de 2025 y mantiene la Ley del Sueño de Minnesota (Ley de Prosperidad), promulgada el 24 de mayo de 2013, que permite a estudiantes indocumentados acceder a tarifas de matrícula estatal, ayuda financiera privada y ayuda financiera estatal.

El 21 de marzo de 2026, la jueza Katherine Menendez del Distrito de Minnesota desestimó la demanda del DOJ; resolvió que el gobierno federal no demostró discriminación contra ciudadanos estadounidenses.

Esta es la primera victoria judicial contra la administración Trump. Minnesota mantiene su Ley del Sueño de 2013 y su programa “North Star Promise”, que ofrece universidad gratuita a estudiantes de familias que ganan menos de 80,000 dólares al año, independientemente del estatus migratorio.

Virginia, el caso sigue en curso 

El Departamento de Justicia demandó a Virginia el 29 de diciembre de 2025 por su “Virginia Dream Act” de 2020. Según el Higher Ed Immigration Portal —una plataforma que integra datos, análisis de políticas y recursos para apoyar a los beneficiarios de DACA y a los estudiantes indocumentados, refugiados, otros inmigrantes y estudiantes internacionales—, más de 13,000 estudiantes indocumentados asisten a instituciones de educación superior en Virginia, y alrededor de 5,000 se gradúan de preparatoria cada año. El litigio del DOJ contra Virginia sigue en curso.

California e Illinois anunciaron que pelearán en cortes 

El Departamento de Justicia también demandó a California e Illinois, pero ambos —controlados por demócratas— han indicado que pelearán las demandas en la corte.

Estados como California, Nueva York y Washington prohíben explícitamente la discriminación por motivos de ciudadanía o situación migratoria.

¿Qué estados siguen con programas para jóvenes inmigrantes que no tienen un estatus de residente o ciudadano? 

Según el National Immigration Law Center, una organización de defensa de inmigrantes, al menos 14 estados, entre ellos California, Colorado, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia, siguen ofreciendo ayuda financiera estatal a estudiantes que cumplen ciertos criterios, independientemente de su estatus migratorio.

Aproximadamente el 61% de la población nacida en el extranjero reside en estados con leyes o políticas de equidad en las matrículas universitarias, y otros estados están considerando medidas similares, de acuerdo con la misma organización.

Investigaciones contra becas para estudiantes DACA

Además de las demandas estatales sobre matrícula estatal, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de Trump, el 23 de julio de 2025 abrió investigaciones contra 5 universidades por ofrecer becas específicas a estudiantes DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Las universidades investigadas son:

• Universidad de Louisville, en Kentucky, por la beca “Sagar Patagundi Scholarship” para estudiantes DACA e indocumentados. 

• Universidad de Nebraska Omaha, UNO, por la beca "Dreamer's Pathway Scholarship” para estudiantes DACA o elegibles para DACA. 

• Universidad de Miami, en Florida, por la beca “U Dreamers Program” para estudiantes DACA e indocumentados. 

• Universidad de Michigan, en Ann Arbor, por la beca “Dreamer Scholarship” para estudiantes indocumentados o con estatus DACA. 

• Western Michigan University, por la beca “WMU Undocumented/DACA Scholarship" para estudiantes sin elegibilidad para ayuda federal.

Las autoridades federales dicen que investigan si estas becas violan el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por origen nacional en instituciones que reciben fondos federales. 

La investigación inició a raíz de denuncias por parte de la Legal Insurrection Foundation's Equal Protection Project, un grupo conservador que se opone a políticas basadas en raza o estatus migratorio.

Nebraska eliminó la “Dreamer's Pathway Scholarship” de su sitio web de becas vigentes y ahora redirige a una beca genérica sólo para residentes de Nebraska.

Organizaciones civiles señalan que tras la presión de Trump para reducir los apoyos a estudiantes que viven en el país pero nacieron en el extranjero, han visto deserción escolar masiva, reducción de carga académica, migración interna a otros estados que mantienen sus programas y crisis de salud mental por estrés, ansiedad y depresión por el panorama incierto. 

Por ahora, el acceso a educación superior para jóvenes inmigrantes dependerá del lugar donde vive y si su estado está dispuesto a ir en contra de la demanda federal y pelear en las cortes.

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Una semana después del día de Pascua de 2026, celebrado el 5 de abril, la religión católica continuó siendo el tema central de las conversaciones en línea entre los latinos hispanohablantes de Estados Unidos, según señala el monitoreo de  contenidos virales de grupos públicos de WhatsApp y Telegram realizado por el Instituto Democracia Digital de las Américas (DDIA, por sus siglas en inglés), organización aliada de Factchequeado.

A continuación se detallan los hallazgos encontrados por DDIA en su monitoreo, difundidos en su boletín semanal REDESCover:

Se inició el 7 de abril un intercambio de acusaciones sin precedentes entre el papa León XIV y el presidente Donald Trump después de que el papa criticara la postura militar de la administración hacia Irán y rechazara dos días después una invitación para visitar Washington durante las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos. El mismo 7 de abril, Trump había amenazado en su red Truth Social con destruir toda la civilización iraní: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”.

Trump tildó al papa de “débil ante la delincuencia” y de "liberal" e insinuó que debía su cargo a la presidencia de Trump. La tensión generó una gran interacción en las plataformas de redes sociales y se intensificó aún más cuando el presidente de Estados Unidos publicó (y posteriormente borró) una imagen generada por IA en la que aparecía similar a la representación de Jesucristo, y de la que él luego afirmó que era una imagen suya vestido de médico.

Un análisis de las publicaciones en español con mayor interacción realizadas en Facebook, X, YouTube, Instagram, TikTok y BlueSky por DDIA revela tres narrativas dominantes que dan forma a la conversación:

La primera (y más importante) es el elogio generalizado a la postura desafiante del pontífice. La segunda es una profunda indignación por el uso que hace Trump de la inteligencia artificial para representarse a sí mismo como una figura mesiánica, y la tercera es la división entre los aliados geopolíticos conservadores, con algunos sugiriendo que el papa es de izquierdas y otros alineándose con el discurso antibélico del pontífice. 

Narrativa 1: el papa como un soberano firme

La narrativa más destacada en español encontrada por DDIA en su monitoreo de redes presenta al pontífice como un contrapeso moral necesario frente a la "diplomacia de la fuerza" del Gobierno estadounidense. Su decisión de no asistir a los actos de la Casa Blanca para visitar a los migrantes del norte de África se interpreta como una afirmación deliberada y valiente de soberanía espiritual.

Entre los latinos de EE. UU., esta narrativa está generando un fuerte compromiso, especialmente a través de los principales agregadores de noticias, donde la "falta de miedo" del papa parece presentarse como prueba de autoridad moral sobre el poder político.

Uno de los ejemplos más virales proviene del medio, enfocado en México, Latinus. Al destacar que Donald Trump atacó al papa León XIV y que el pontífice respondió diciendo que "no teme a este gobierno", una publicación en TikTok generó más de 315,000 interacciones, en su mayoría positivas, en menos de 24 horas.

De manera similar, el medio religioso estadounidense ACI Prensa obtuvo más de 40,000 interacciones en un solo día con una publicación en Facebook que citaba directamente al papa: "No tengo miedo ni de la administración Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que creo que estoy llamado a hacer". El tono emocional predominante es de orgullo y convicción moral.

Narrativa 2: la versión generada por IA de la “blasfemia”

Una segunda conversación dominante en Internet entre la comunidad latina de EE. UU. identificada por DDIA gira en torno a la intensa reacción religiosa desencadenada por las imágenes mesiánicas generadas con IA de Donald Trump. Para muchos hispanohablantes, la publicación cruzó una línea crítica y fue percibida como una blasfemia.

La controversia también puso de manifiesto fracturas dentro de los ecosistemas pro-Trump en español. Destacadas voces conservadoras, entre ellas el actor y activista político mexicano Eduardo Verástegui, se posicionaron en defensa del papado, rechazando la personalización de los ataques contra el papa y reforzando la idea de que el pontífice no es un actor político ni está subordinado a ningún gobierno. El tono de la conversación aquí es de indignación.

Narrativa 3: el papa como infiltrado “progresista”

Impulsadas por los líderes de la agenda de la derecha, las publicaciones de este grupo narrativo –según los hallazgos de DDIA– pretenden deslegitimar al papa León XIV presentándolo como un actor partidista alineado con la "izquierda radical". Las publicaciones se centran en gran medida en una reunión entre el papa y David Axelrod (antiguo asesor de Barack Obama) para insinuar una subversión de la Iglesia. La participación de los latinos alineados con el movimiento MAGA (Make America Great Again) se caracteriza por el cinismo y un esfuerzo estratégico por trasladar la lealtad del Vaticano a Trump como el "verdadero" protector del cristianismo.

El influencer de tendencia conservadora Eduardo Menoni es la voz más difundida en el universo de esta narrativa. Con niveles de participación de12,600 interacciones en un día, ha promovido la idea de que "Trump ha hecho más por los cristianos que el papa progre".

El tono emocional principal en este tercer grupo narrativo analizado por DDIA es de cinismo y recelo.

Más allá de las propias narrativas, los investigadores del DDIA identificaron el uso de técnicas de manipulación recurrentes (el marco de las "4 D" de Ben Nimmo) que moldean el debate. Llamar la atención sobre estos patrones ofrece una oportunidad valiosa (y quizá única) para reforzar la alfabetización mediática y ayudar al público a comprender mejor cómo funciona la manipulación en tiempo real.

• Desprecio/desánimo: la autoridad del papa se ve socavada al presentarlo como un actor político fracasado. En publicaciones difundidas por medios como UHN Plus, Trump tilda al pontífice de "débil ante la delincuencia" y "pésimo en política exterior", desviando la conversación hacia la crítica partidista. Cabe señalar aquí que el papa León también utilizó palabras contundentes (aunque no dirigidas directamente a Trump) cuando afirmó que "Dios no está con los malvados, con los arrogantes, con los orgullosos".

• Distorsionar: ante las acusaciones de blasfemia sobre la imagen de Trump similar a la representación de Jesús, la administración estadounidense intentó replantear la imagen, y Trump sugirió que su intención era representarse "como un médico". Esta reinterpretación busca diluir el simbolismo religioso original y minimizar el daño a su reputación.

• Distraer: cuando Trump afirma que el pontífice le debe su cargo a él (una narrativa difundida a través de medios como La Derecha Diario), intenta desviar la atención de la crítica del papa a las acciones militares de EE. UU. en Irán.

* Este artículo fue parte del boletín REDESCover del 16 de abril de 2026 de DDIA, organización aliada de Factchequeado. Puedes suscribirte al boletín aquí.

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Sin embargo, un estudio del Budget Lab de la Universidad de Yale estima que el acuerdo firmado entre el IRS y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en abril de 2025 puede provocar pérdidas multimillonarias para el gobierno federal, porque podría haber disuadido a muchos de declarar impuestos en 2026, generando una pérdida de ingresos federales de alrededor de 25,000 millones sólo en este año (por las declaraciones de 2025), y de 313,000 millones por las declaraciones de los años de 2026 y 2035.

El acuerdo firmado entre el ICE y IRS permite que ambas agencias  compartan datos confidenciales de contribuyentes, como nombres, direcciones, datos fiscales y datos de dependientes.

El mismo Budget Lab identifica dos vías principales por las que se produciría esa pérdida: que los inmigrantes dejen de presentar su declaración de impuestos y que empleadores o trabajadores migren hacia acuerdos de contratación informales en los que no se retienen impuestos de nómina. Si aumenta la proporción de trabajadores indocumentados empleados "bajo la mesa", el gobierno perdería no sólo los impuestos sobre la renta sino también los impuestos de nómina. 

¿Cuánto pagan en impuestos los inmigrantes indocumentados?

Según la organización sin fines de lucro American Immigration Council, en 2023 (dato más reciente disponible) los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados pagaron 89,800 millones de dólares en impuestos totales: 33,900 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales, y 55,800 millones de dólares en impuestos federales.

El Budget Lab de la Universidad de Yale llegó a una cifra similar: estima que en 2023, los trabajadores inmigrantes indocumentados pagaron 66,000 millones en impuestos federales (aproximadamente 43,000 millones en impuestos de nómina (payroll taxes) y 22,000 mil millones en impuestos sobre la renta (income taxes).

El Instituto Cato –un centro de investigación libertario–  concluyó en un estudio reciente que  los inmigrantes pagaron aproximadamente 17% más en impuestos entre 1994 y 2023 que el estadounidense promedio. También señala que los inmigrantes indocumentados “redujeron el déficit [fiscal] en al menos 1.7 billones de dólares” en ese mismo período.

La investigación de Cato también concluye que los inmigrantes indocumentados “probablemente también pagaron más en impuestos de lo que recibieron en beneficios gubernamentales”. Como te hemos explicado en Factchequeado, los inmigrantes indocumentados, por ley federal, no pueden tener acceso a la gran mayoría de los beneficios federales. La única excepción es el llamado Medicaid de Emergencia, un programa que comenzó en 1986 y que reembolsa a los hospitales por la atención de emergencias médicas para personas que no tengan seguro y no tengan cómo pagar. Medicaid de Emergencia representó, en el año fiscal 2023 (el dato más reciente disponible), el 0.4% del gasto total de Medicaid.